Martes, 12 Mayo 2020 06:42

El capitalismo del miedo

El capitalismo del miedo

Pandemia y disciplinamiento social

Nelson Cardoso advierte sobre la manera como los medios de comunicación y las redes sociales digitales se convierten, en tiempos de crisis como el que atravesamos, en herramientas de control y persuasión social. 

 

Que el miedo es un gran disciplinador social, no es nuevo, esto ya lo descubrió siglos atrás Hobbes, quien en Leviatán, asegura que el orden social se afirma en ese sentimiento.

Hoy más que nunca en momentos en que una nueva amenaza invisible recorre nuestro país y el mundo entero, somos testigos de cómo los medios de comunicación y las redes sociales, son estratégicas herramientas de utilización del miedo como forma de control y persuasión social.

El miedo es un sentimiento primario de la psiquis de los humanos. Está relacionado con el temor a tres pérdidas: protección, seguridad y certeza. Es una emoción que la moviliza el instinto de supervivencia.

Autores como Castells o Byung Chul Han, afirman que el miedo es una emoción política fundamental. Han dice que el capitalismo de las emociones explota precisamente estas cualidades a través de múltiples estrategias; entre ellas las redes sociales. Hoy más que cosas concretas consumimos emociones, así se abre un nuevo campo de consumo de carácter infinito. El autor norcoreano afirma que la psicopolítica neoliberal se apodera de la emoción para influir en las acciones. Por medio de la emoción llega a lo profundo del individuo. Así, la emoción representa un medio muy eficiente para el control psicopolítico del individuo.

En Argentina sobran ejemplos de cómo, a través de los medios masivos de comunicación tradicionales, se ha utilizado el miedo como mecanismo de persuasión y control social en diferentes etapas históricas: última dictadura militar, la hiperinflación, el riesgo país, los saqueos. En estos últimos años los grupos de poder a través de sus medios de comunicación, utilizaron el miedo a la inseguridad como forma de control social. Tanto es así que durante muchos años la inseguridad era lo que más preocupaba a los argentinos según las principales encuestadoras. La inseguridad representa simbólicamente la amenaza a la pérdida a las cosas materiales o a lo más preciado como es la vida propia o de un ser querido.

Hoy el enemigo a temer es invisible. Naomi Klein, en La doctrina del shock, a propósito del auge del capitalismo del desastre, demuestra cómo el capitalismo contemporáneo se sostiene sobre el miedo y el desorden como catalizadores de un nuevo salto hacia adelante. Según la autora “la doctrina del shock necesita algún tipo de trauma colectivo adicional, que suspenda temporalmente o permanentemente las reglas del juego democrático. Así funciona la doctrina del shock: el desastre original –llámese golpe, ataque terrorista, colapso del mercado, guerra, tsunami o huracán- lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo”.

Mientras una nueva amenaza invisible recorre el mundo dejando cada vez más muertos e infectados como un nuevo “desastre original”; está llevando al mundo y particularmente a nuestro país, a un shock colectivo, provocando: incertidumbre, tristeza, miedo, depresión.

Ayer fue la guerra, la inseguridad, los saqueos, hoy es una pandemia. Lo cierto es que los grupos de poder, que trascienden los gobiernos, se aprovechan de los momentos de crisis. Viven de las crisis; como los animales de rapiña, esperan para alimentarse de la carroña.

Una de sus principales consecuencias del mecanismo psicológico del temor es eliminar el espíritu crítico y aferrarse a lo que le dé a uno seguridad y protección. Por lo que habrá que estar muy atentos y leer entrelineas. Como dice Saúl Feldman “quienes planifican y ejecutan ese trabajo al que es sometida el alma, tienen por objetivo domesticar ese mar de emociones, para allanarla en pos de sus propios intereses”. No sea que usen este escenario de trauma o shock colectivo para sembrar el temor que dé lugar a medidas que, como dice Klein, suspenda el sentido común y la garantía de derechos individuales y colectivos que tanto nos costó lograr.

La clave es no caer en sus operaciones o mensajes tramposos, para acompañarlos en las decisiones que solo los favorecen a ellos. El enemigo invisible es el capitalismo del miedo que trabaja cuando el río está revuelto.

Por Nelson Cardoso, docente-investigador UBA-UNLaM

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La muerte silenciosa de los presos en Estados Unidos

100 mil personas podrían perder la vida por la covid-19 en las cárceles

Sólo en el país habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. De los diez brotes más grandes en el país,

siete se dan en cárceles.

 

En Estados Unidos, las muertes por coronavirus continúan acumulándose en cantidades industriales. Pero hay víctimas que son más silenciosas que otras. Si bien, como reflejara la semana pasada Raúl Kollmann , el país ya liberó a decenas de miles de presos que cumplían su condena en cárceles, el esfuerzo para aplanar la curva de contagio en esos establecimientos sigue siendo insuficiente. Al cierre de esta nota, The New York Timescontabilizaba 35.800 contagios y 345 muertos intramuros, entre presos y personal penitenciario. Pero la cifra oficial de casos positivos dice poco si se considera la escasa cantidad de detenidos que son sometidos a testeos: en el puñado de centros con tasas de prueba más altas, la mayoría de las personas dieron positivo de covid-19. La cárcel de Marion, en el estado de Ohio, es la más infectada del país, con más del 85 por ciento de sus 2.623 reclusos y 175 empleados contagiados.

Algunas cifras alcanzan para entender la magnitud de la situación. Sólo en Estados Unidos habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. Y alrededor del 40 por ciento de las personas encarceladas en el país sufren al menos una afección crónica, como asma o diabetes, lo cual constituye un caldo de cultivo para la dispersión del virus en contextos habitacionales que no respetan el tan mentado distanciamiento social. La situación se vuelve aún más caótica si se considera que de los diez brotes más grandes en el país, siete se dan en cárceles.

"El encarcelamiento masivo constituyó una crisis en la salud pública mucho antes de la pandemia, pero ahora la situación llegó a un punto límite", advierte Udi Ofer, director de la División de Justicia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en diálogo con Página/12. Una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país estima que si no se descongestiona el sistema penitenciario de forma urgente, hasta 100 mil personas podrían morir por la covid-19. Al margen de esfuerzos individuales, ninguna agencia gubernamental compila o hace públicos los datos de coronavirus en cárceles. Sucede que no existe un sistema unificado: los presos deambulan por una maraña de jurisdicciones federales, estatales y locales.

El informe de ACLU , que toma como base el análisis de una cárcel típica, la del condado de Allegheny, estado de Pensilvania, detalla que del total de 100 mil muertes que la pandemia podría generar en las cárceles del país si no se toman las medidas adecuadas, apenas 23 mil ocurrirán tras las rejas. El resto de los presos moriría en comunidades aledañas como resultado de que los reclusos propaguen el virus al ser liberados. Lo cual es un indicador de que la única solución ni siquiera viene por el lado de agilizar las prisiones domiciliarias.

"Las personas encarceladas, los oficiales correccionales y el personal que trabaja en esas instalaciones no pueden distanciarse socialmente de manera efectiva. Combina eso con el hacinamiento, la atención médica deficiente y las condiciones antihigiénicas y tendrás la receta perfecta para la rápida propagación del coronavirus", explica a este diario Ed Chung, vicepresidente de reforma a la Justicia Penal del Centro para el Progreso Americano . "Los presos no están necesariamente confinados en celdas individuales; a menudo se encuentran en áreas abiertas más grandes donde se alojan varias personas juntas", agrega el especialista en derechos civiles.

A mediados de marzo fue diagnosticado el primer caso de coronavirus en Rikers Island, el principal complejo carcelario de la ciudad de Nueva York. En apenas dos semanas, se diagnosticaron más de 200 casos dentro de esa instalación. Pero la prisión de Marion en Ohio es la más castigada por la pandemia. Marion cuenta con una capacidad máxima de 2.623 reclusos y ya tiene 2.439 casos registrados entre presos y personal carcelario, lo que lo convierte en el punto de mayor concentración del virus en todo el país. El 95 por ciento de los reclusos que dieron positivo en ese establecimiento son asintomáticos, lo cual implica una nueva dificultad en la lucha contra la pandemia. Marion es una de las pocas cárceles del país que implementa pruebas masivas. Muchos estados han ordenado pocos testeos hasta el momento, y cinco sobre un total de 50 ni siquiera ofrecen datos.

"Las instalaciones que han testeado a su población carcelaria y al personal penitenciario han encontrado una tasa de infección mayor al 70 por ciento. Pero las cárceles no están haciendo las suficientes pruebas, una lógica que lamentablemente se expande a Estados Unidos en su conjunto", asegura Chung. Por eso, en este momento no se sabe cuántas personas están o estarán infectadas en el país, y sólo existen estimaciones.

"Las prisiones que no están haciendo pruebas básicamente están permitiendo que el virus se propague, abriendo la puerta a muertes masivas. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) son parcialmente responsables de la falta de testeos, ya que solo los han recomendado en personas sintomáticas", advierte por su parte Ofer. Según datos proporcionados por ACLU, alrededor del 40 por ciento de los reclusos tienen al menos una condición de salud crónica, y hay casi 200 mil personas de 55 años o más que encarceladas en Estados Unidos, lo cual aumenta de forma exponencial el riesgo de contagio.

Liberación, ¿y después?

Numerosos colectivos que defienden los derechos civiles de los presos denuncian que, pese a algunos esfuerzos aislados, se ha hecho poco a nivel estatal y federal para liberar a los reclusos que no son violentos o están a punto de cumplir su condena. Por eso, piden ayuda a distintos actores del país: "Los gobernadores deben proporcionar liderazgo en todo el estado y emitir órdenes ejecutivas que ordenen a las muchas agencias en sus estados a reducir las poblaciones carcelarias. Los fiscales deberían negarse a procesar la mayoría de los arrestos y recomendar la libertad preventiva sin condiciones en todos los casos en que no exista riesgo de daño físico grave inminente hacia otra persona. Y la policía y los sheriffs no deberían realizar arrestos de custodia a menos que sea necesario para evitar un riesgo inminente y grave de daño corporal a otra persona", en palabras de Udi Ofer de ACLU. La organización también acaba de llamar al Congreso a presentar proyectos en ese sentido.

Para Chung, en tanto, la reducción de la población carcelaria es esencial, "especialmente cuando se considera para qué están diseñadas específicamente las cárceles: dos tercios de los presidiarios han sido acusados de delito y están a la espera de un juicio, y las reformas en los Estados Unidos han demostrado que con los servicios adecuados, la mayoría de las personas pueden permanecer en sus comunidades mientras se presenten en la corte cada vez que sean requeridos y no cometan nuevos delitos".

La amplia mayoría de esos dos tercios que cumplen prisión preventiva volverán a sus comunidades en algún momento. Y muchos de ellos, una vez liberados, se verán arrojados a una vida bajo condiciones extremas, tal como señalan las principales organizaciones civiles estadounidenses: desempleo crónico, falta de vivienda y de acceso a una atención médica de calidad a menudo son factores que alimentan la reincidencia en conductas criminales. Estos datos son apenas una llamada de atención sobre el verdadero costo de una política de 50 años de encarcelamiento masivo, y exigen una respuesta inmediata y colectiva para evitar una catástrofe mayor de la prevista en tiempos de pandemia.

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Capitalismo y crimen contra el trabajo mundial

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), 305 millones de personas perderán en todo el mundo sus empleos a tiempo completo, a causa de las medidas de confinamiento que aplican los gobiernos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 [1]. Además 1.600 millones de trabajadores de la “economía informal” perderán completamente sus fuentes de sustento y pasarán del subempleo al desempleo total, en el que ya están más de 470 millones de personas. La misma organización sostenía, antes de la catástrofe laboral desatada, que los 3.300 millones de trabajadores, que tienen empleo y remuneración, no disponen de “garantías sobre condiciones de trabajo decentes ni ingresos adecuados”[2].

El Director general de la OIT, Guy Ryder, sostienen que “Para millones de trabajadores la ausencia de ingresos equivale a falta de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente perecerán».

La organización no gubernamental Oxfam, en enero de 2020, en su informe: Tiempo para el cuidado, publicó que los 2.153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas (el 60% de la población mundial). “En América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”.[3]

La pandemia como las medidas de arresto domiciliario agudizan el desempleo y agravan una situación preexistente de explotación, marginalidad, desigualdad y contradicción social, que en el Ecuador ya alcanza los 400 mil despidos y un riesgo potencial que afectará a más de 743 mil trabajadores del sector público y privado, según un informe de la Cámara de Industrias y Producción.

Hasta diciembre de 2019 la Encuesta Nacional de Empleo, Desmpleo y Subempleo, (Enemdu), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informó que alrededor de 5 millones de ecuatorianos “están entre el desempleo y la informalidad”. [4]

En medio de esta trágica situación y en flagrante contradicción con lo manifestado por la OIT respecto a la enfermedad del Covid-19, como una enfermedad profesional que afecta principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, entre los que habrían 1.500 contagiados y más de una decena de víctimas mortales en el país, el gobierno de Moreno, enemigo de los trabajadores, confirma su ausencia de humanidad y neuronas, y emite el 28 de abril de 2020 la resolución 022 del Ministerio de Trabajo, determinando que la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional.

Moreno y el estultísimo grupo de sus asesores y secretarios desoyen lo dicho por la OIT en el sentido de que el coronavirus provoca “un trastorno de estrés postraumático” que es contraído por exposición en el trabajo, y que «en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964». Igualmente que en el caso de los familiares a cargo (cónyuge e hijos) de la persona que muere por la enfermedad del Covid-19 contraída en el marco de actividades relacionadas con el trabajo, la OIT indica que ellos, también, tienen derecho a recibir prestaciones monetarias o una indemnización, así como una asignación o prestación funeraria[5]. Esto es precisamente lo que intenta negar el gobierno a los trabajadores de la salud, considerados en la propaganda oficial como los “héroes de la patria” que enfrentan a la pandemia pero que en los hechos son las primeras víctimas y no las únicas, no solo de la enfermedad sino de un régimen torpe como cruel, que a las puertas del primero de mayo: día de los trabajadores, se permite tal humillación.

Que se recuerde hoy más que nunca que son las clases trabajadoras del mundo las que con su fuerza de trabajo colaborativa: física e intelectual crean y producen la riqueza del mundo y no el capital, que se limita a explotar y acumular injusta y egoístamente el plusvalor creado con el sudor, las lágrimas y la sangre de una vasta red social de proletarios precarizados, negados ahora incluso de los mínimos medios de subsistencia y cobertura de sus necesidades, como queda demostrado en la historia y en estas semanas de encierro forzado de millones de trabajadores en todo el mundo con la excusa de la pandemia del Covid-19.

Como lo descubrió con profundidad Marx: El capital considera al trabajador y su fuerza de trabajo una “mercancía especial” (una cosa y no un ser humano) que al ser consumida en el proceso de producción, produce más valor que lo que ella misma vale, produce plus valor que se apropia el capitalista. El trabajador que no tiene otra cosa que vender, vende su fuerza de trabajo en el mercado, a cambio de un precio que es el salario, que el capitalista paga para que la mercancía especial pueda reproducirse, paga como a toda mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se necesita para producirla, según las condiciones técnicas de cada época y lugar. Es decir, que el capitalista fija a su gusto y sazón los bienes de subsistencia como comida, ropa y vivienda que supone son necesarias para el trabajador y su familia. El capitalista calcula cuánto necesita el obrero para vivir, con el objetivo de que cada día ese obrero vuelva a trabajar y producir con un salario que es aparentemente “igual” al trabajo realizado.

En esto consiste la explotación del hombre por el hombre, del trabajador por el capitalista, la lucha de clases está viva y lo impregna todo, incluso la pandemia y el encierro, que no es igual para todos, es desesperación para quienes sienten hambre y siempre tienen necesidades insatisfechas.

La relación de dominación Amo-Esclavo desarrollada por Hegel define que “hay amos y hay siervos porque en unos el espíritu de dominación es más fuerte que su miedo a morir en la lucha por el reconocimiento. Si el siervo se constituye en tanto siervo por su miedo a morir es porque el amo se constituye en tanto amo por su decisión de matar. La pulsión de muerte le es esencial al espíritu de dominación”.[6]

Ahora que el miedo a la pandemia está demasiado inflado por los medios masivos, los gobiernos y sus fuerzas represivas normativas, policiales y militares, ahora que “hay un gran desorden bajo el cielo, la situación es excelente” habría repetido Mao Zedong.

La reclusión obligatoria del toque de queda no debería ser suficiente no solo para protestar y denunciar el crimen masivo del desempleo y el subempleo, sino debería ser el detonante de una gigantesca rebelión global en contra de las condiciones opresivas. Es la hora del “espíritu emancipatorio radical” como diría Slavoj Zizek, que sueñe e imagine “un mundo posible y mejor al igual que realizable”, como decía Lenin. Lo mismo que en términos de Lacan, deberíamos reconocer la situación presente como el momento de la “inconsistencia del gran otro [que] abre el espacio para el acto”.[7]

 

Por José Luis Bedón | 11/05/2020

 

Notas

1) https://actualidad.rt.com/actualidad/351587-alertan-300-millones-perderan-trabajo-covid

2) ttps://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-oit-preve-que-el-numero-de-desempleados-aumente-en-25m-en-el-mundo.

3) https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas

4) https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-covid19-riesgo-ecuador.html

5) https://www.vistazo.com/seccion/pais/politica-nacional/ministerio-de-trabajo-resuelve-que-el-covid-19-no-es-un-accidente-de

6) Feinmann, José Pablo, Filosofía Política del poder mediático, Ed. Planeta, 2013, p.20.

7) Zizek Slavoj, Viviendo el final de los tiempos, Ed. Akal, 2012, p.26.

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Un hombre con mascarilla hablando por su móvil, pasa delante del logo de la tecnología 5G, en una calle de Londres. REUTERS/John Sibley

Uno de los efectos inesperados de la crisis de la covid-19 en Europa ha sido el retraso momentáneo del proceso de despliegue de la nueva red 5G en muchos países, entre ellos España. Si hasta el momento contábamos ya con un amplio rango de radiaciones electromagnéticas que posibilitaban la comunicación móvil (1G, 2G, 3G, 4G), el eventual despliegue del 5G supondrá un salto de escala sin precedentes. En primer lugar, porque la enorme cantidad de antenas que los requerimientos técnicos del 5G imponen supondrá un aumento equivalente en la cantidad e intensidad de la radiación electromagnética.

Lejos de lo que solemos pensar, y a pesar de la intensa campaña de propaganda en sentido contrario, la inocuidad de la radiación electromagnética (en general, y la asociada al 5G en particular) para la salud humana y para el conjunto de la vida está lejos de estar comprobada. Es más, abundantes indicios científicos arrojan sospechas fundadas de que éstas podrían ser más bien fuentes de enfermedad y de deterioro de la vida. Investigaciones de científicos como el Dr. L. Hardell ya llevaron a la OMS a declarar las tecnologías inalámbricas como un posible cancerígeno de nivel 2B. Otros estudios han apuntado también a su posible vinculación a afecciones neurológicas y al debilitamiento del sistema inmune. En 2019, un grupo de científicos liderados por Hardell solicitaron formalmente a la Unión Europea una moratoria al desarrollo del 5G sujeta a la disponibilidad de estudios fiables e independientes (no ligados a la industria de las telecomunicaciones) sobre los efectos sobre la salud humana. También el Comité Europeo de Riesgos Emergentes (SCHEER) asignó al aumento de contaminación electromagnética que se derivaría del 5G un riesgo de 3 sobre 3 para la fauna salvaje, alertando de la posibilidad de efectos biológicos no deseados.

De hecho, aunque estos estudios y otros previamente desarrollados para otro tipo de radiaciones electromagnéticas son lo suficientemente contundentes como para invitar a la aplicación inmediata del principio de precaución, quizá la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas. Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar estudios de impacto que darían respuesta a las dudas e inquietudes de científicos, instituciones y movimientos sociales. Para ello, se amparan en los posicionamientos de grupos de «expertos» con vinculaciones con el lobby de las telecomunicaciones que adolecen de una parcialidad harto comprobada.

Sin embargo, al mismo tiempo, las administraciones responsables de la implementación de la tecnología 5G no exigen pólizas de responsabilidad civil para el mismo. Es más, en su resolución de 2009 el Parlamento Europeo ya expresó su alarma sobre el hecho de que las compañías aseguradoras estuvieran aplicando su propio principio de precaución al tender a excluir de sus pólizas los daños para la salud causados por las tecnologías inalámbricas. Por tanto, al estar dándose el despliegue del 5G sin cobertura de seguros, ¿quién responderá de los eventuales daños que se puedan derivar del mismo? Introducir tecnologías que presentan riesgos no asegurables es un indicio muy poderoso de que, desde la propia racionalidad interna de la economía capitalista, las cosas no van bien.

Pero en tiempos de la covid-19 quizá se hace más evidente que nunca la urgencia de reflexionar sobre las transformaciones cualitativas que el 5G generaría en nuestras sociedades. La necesidad de una respuesta efectiva ante los devastadores efectos del coronavirus está poniendo en primer plano el debate sobre qué estrategia seguir. Muchas voces comienzan a trazar una línea divisoria entre la reacción asiática y la reacción occidental, decantándose por la primera por su mayor efectividad.

Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente el famoso modelo chino que se nos vende como panacea? Geolocalización de teléfonos móviles, seguimiento de los movimientos de la población mediante apps, uso de drones y robots, aplicación de la inteligencia artificial al reconocimiento facial o despliegue masivo de nuevas torres para vigilar a las personas 24/7 (todas las horas del día, todos los días de la semana) y poderlas sancionar. Lo que hasta hace poco era reconocido por casi todos como el paradigma de Estado totalitario digital, hoy se convierte en modelo. Un modelo vinculado a una red 5G que sostenga el enorme nivel de conectividad e interconexión que requiere. Un modelo que, como demuestra el caso de Singapur, ni siquiera puede asegurarnos que no necesitaremos seguir recurriendo a medidas de confinamiento en el futuro.

Además de la salud, en la crisis del coronavirus están en juego la libertad y la capacidad de autoorganización social. Hoy, aunque en la UE se mantiene el decoro sobre la necesaria salvaguarda de los derechos y el discurso de la protección de la privacidad, la realidad es que muchos de estos sistemas de control están empezando a ser adoptados por nuestros gobiernos. Y, a la vista de la prensa y de algunos informes, podríamos estar asistiendo únicamente al principio de un despliegue mucho mayor. Smart cities, internet de las cosas, ciudad digital… Todas ellas son sinónimo de interconectividad masiva, recogida de datos, análisis de big data, biopolítica digital: un Ciberleviatán en ciernes con un potencial de control totalitario como la humanidad nunca conoció. Y todas ellas descansan sobre la implementación efectiva del 5G. Hoy, cuando la crisis ecológica y la tragedia climática hace que se tambalee el antiguo proyecto del progreso industrial, ¿sorprende que empresas y gobiernos se aferren con uñas y dientes a este nuevo movimiento especulativo que promete aumentar las ganancias y renovar la legitimidad de nuestro proyecto civilizatorio?

Actuar con contundencia es ahora más importante que nunca. La digitalización acelera el capitalismo precisamente cuando necesitamos desaceleración y transformación sistémica. La tecnología 5G está diseñada para llegar hasta el último rincón del planeta. A día de hoy ya se ha autorizado el despliegue de 12.000 satélites privados que llenarán el cielo, arrebatándonos un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. EEUU acaba de autorizar el despliegue de un millón  de antenas mayoritariamente en zonas rurales. Aunque en Europa la crisis sanitaria de la covid-19 ha supuesto un retraso en el despliegue de la red 5G, gobiernos como los de EE UU o China aprovechan estos momentos de incertidumbre para pisar el acelerador y dejar vía libre a su desarrollo. Todo ello, insistimos, sin la investigación previa necesaria.

Es más, en las últimas semanas estamos siendo testigos de primera mano de uno de los peligros de la centralización de la información y de la crítica social en unas pocas plataformas digitales controladas por aún menos empresas multinacionales. YouTube o Facebook han puesto en marcha una cruzada contra las fake news que, curiosamente, no elige como objetivo a los instigadores del odio de la alt right, sino a los críticos de esta nueva tecnología. Amparándose en la vinculación por parte de muchos de 5G y extensión de la covid-19, un vínculo causal sin duda insostenible, páginas y vídeos desaparecen día tras día haciendo cada vez más complicada la oposición a una tecnología en la que el capitalismo industrial se lo juega casi todo a nivel económico y de legitimidad.

Nos encontramos en un punto sin retorno. Si todos estos proyectos prosperan, probablemente será mucho más difícil o imposible dar marcha atrás: es la dinámica de las "tecnologías atrincheradas" que han denunciado los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). ¿Resulta sensato transigir con la extensión masiva de una tecnología que no ha sido investigada, una tecnología que muchos científicos señalan como potencialmente dañina, una tecnología que puede poner en riesgo nuestras ya debilitadas democracias? El principio de precaución aconseja hoy con fuerza una moratoria para el 5G: no sólo por los indicios de efectos sobre los cuerpos vivos, sino sobre todo por el daño al cuerpo social.

Por Adrián Almazán

Ecologistas en Acción

07/05/2020

“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”

“¿Cómo estamos haciendo? Pegados a Dios para que no pase nada”, respondió en entrevista con desdeabajo un recluso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, mayor foco de contagio en el departamento del Meta. El penal alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786. De esa población ya suman a la fecha 654 contagiados por covid-19 entre funcionarios y población reclusa. Es decir, que un 41 por ciento de la población de la cárcel ya contrajo el virus. 

Domingo Velázquez* vive un doble aislamiento: preso y sin derecho a tener visitas. Además su familia está en otra ciudad y no han podido hacerle llegar útiles de aseo. Preocupados por la situación tanto de él como de los demás presos del penal, le preguntamos: ¿Cómo se encuentra la situación actualmente para ustedes dentro de la cárcel? A lo que respondió: “La verdad es que no sabemos quiénes están contagiados hasta el día de hoy. Todos los días hay nuevos contagiados y a muchos no les han hecho la prueba. Así que no sirve de nada que le hagan la prueba a algunos y otros no, porque luego los vuelven a juntar en el mismo patio. No tiene lógica”.

El pasado 24 de abril en la gobernación del Meta, ciudad de Villavicencio, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con representantes del Ministerio de Justicia, también hizo presencia el director general del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), General Norberto Mujica y una representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Esta última funcionaria informó que se colocaría una carpa medicalizada al interior del centro penitenciario de Villavicencio, es por ello que le preguntamos a Domingo: la carpa de aislamiento que dicen que fue instalada, ¿está funcionando?

“Mira, en este momento estamos así: durmiendo todos juntos, somos demasiados en cada celda. Los útiles de aseo no los dan y las carpas no las hemos visto funcionar. Nos llegó un rumor que los que no teníamos el Covid-19 nos iban a trasladar a la ciudad vecina de Acacias. Pero seguimos esperando y pues, ¿cómo estamos haciendo? pegados a Dios para que no pase nada”, concluyó el recluso que se encuentra en el tercer foco de contagio en el país, después de la ciudad de Bogotá y el departamento del Valle del Cauca. Con una diferencia, el foco allí queda reducido a cientos de metros cuadrados, es decir, el tercer foco en cantidad de contagiados pero el primero por riesgo de contagio y de muerte.

Un decreto insuficiente

El 14 de abril de manera tardía el gobierno nacional expidió el decreto 546 de 2020 que pretendía deshacinar los penales por medio del traslado de los presos a sus lugares de vivienda y así evitar un contagio masivo adentro de las prisiones. Los cálculos iniciales indicaban que saldrían 5.000 mil presos pero hasta la fecha solo han salido 268 entre hombres y mujeres de los centros penitenciarios.

Un decreto insuficiente que no ha podido proteger los derechos básicos de la población carcelaria que han denunciando por medio de cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre los altos niveles de hacinamiento, la falta de un servicio continuo de agua potable, el desabastecimiento de elementos de aseo, la precariedad de la atención médica  y la falta de alimentación adecuada, condiciones agravadas por la llegada y contagio confirmado del virus Covid–19.

Es por eso que, además de las distintas denuncias, habeas corpus y tutelas realizadas y presentadas por diversas personas, al igual que por académicos, abolicionistas y la sociedad civil, se le suma la última realizada por el senador de la república Iván Cepeda Castro y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Cspp–, en la cual solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh–,  en favor de las personas privadas de la libertad en 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

Estamos, sin duda, ante un decreto, el 546 de 2020, insuficiente, el mismo que dio espacio al director del Inpec, general Norberto Mujica, para autorizar el traslado de presos contagiados de la cárcel de Villavicencio hacia otros centros penitenciarios. Ahora las cárceles de Las Heliconias en Florencia (Caquetá), Leticia (Amazonas), Guaduas (Cundinamarca), La Picota (Bogotá) y la Picaleña (Ibagué) han reportado casos positivos del virus, y entre estas las Heliconias ya suma 15, lo que asegura que el virus continuará en multiplicación, como lo evidencia Villavicencio.

SOS cárceles

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado enumerando la violencia ocurrida recientemente en al menos tres cárceles latinoamericanas, incluida la cárcel La Modelo en Bogotá donde cayeron muertos 23 presos, y otros 80 quedaron lesionados, después de que la guardia actuara a mansalva ante un cacerolazo organizado por los presos para exigir medidas drásticas para proteger su salud y vida, al momento de empezar el simulacro de cuarentena en la capital colombiana.

Rupert Colville, portavoz de la oficina, señaló en el comunicado que los países deben prevenir el contagio de coronavirus en las cárceles promoviendo medidas sanitarias y asegurando la realización de pruebas y acceso a cuidado médico para los presos. Las condiciones en las cárceles y el trato a los presos deberían ser monitoreados regularmente por organismos independientes.

Deshacinar las cárceles de Colombia para evitar un genocidio carcelario, como lo han denominado expertos en criminología y académicos internacionales y nacionales, todavía es posible. Por ejemplo, Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema autorizó excarcelaciones masivas en distintas cárceles, solo por mencionar un ejemplo:

En California, que había autorizado 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones, esta semana permitió el traslado de más internos, 5.000 sólo en Los Ángeles, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Ángeles tenía 17.000 presos tras barrotes y ahora bajó a menos de 12.000.

Asimismo, el gobierno de Turquía, famoso por su autoritarismo, permitió el traslado del 30 por ciento de los prisioneros para prevenir el contagio con Covid-19. Pasaron 90.000 presos del régimen de prisión intramuros a arresto domiciliario durante el tiempo que dure la pandemia.

Entretanto, en Colombia la voluntad política necesaria para darle curso a una medida de estas brilla por su ausencia. Una realidad más que contradictoria, como si el virus que ingresa a las cárceles no fuera a salir de allí, como si los presos no tuvieran derecho a la vida, como si la multiplicación del mismo no fuera a afectar a quienes viven por fuera del penal. Sin duda, juegan con la salud y la vida de todos y todas, no solo los detenidos sino el conjunto social.

Una realidad que tiene que dejar de predominar. Es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía en toda Colombia, lugares donde se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, 38 por ciento de las cuales aún no han sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia. Son personas, que según distintos conceptos de la Corte Constitucional y la normatividad internacional vigente tendrían derecho a estar en sus casas bajo arresto domiciliario.

Como se recordará, la vida en dignidad es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Vea en el siguiente enlace el especial de desdeabajo sobre lo sucedido en torno a la población carcelaria desde que empezó la pandemia del coronavirus:
https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

*Nombre cambiado a petición de la fuente

Artículos consultados para la realización del artículo leído:

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/05/nota/7832946/onu-alerta-sobre-deterioro-condiciones-carceles-latinoamerica-plena?&utm_source=email&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany

https://theconversation.com/turkey-releasing-murderers-but-not-political-opponents-from-prison-amid-coronavirus-pandemic-136466

https://www.minjusticia.gov.co/Noticias/minjusticia-expone-situaci243n-penitenciaria-y-carcelaria-en-consejo-de-seguridad-del-meta

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2020-268-presos-ya-recibieron-prision-domiciliaria

Publicado enColombia
Miércoles, 06 Mayo 2020 05:55

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

Mientras se instala en la Argentina una absurda discusión sobre qué hacer con el riesgo de que el coronavirus estalle en las cárceles, el resto del mundo ya lo tiene resuelto. Se pierde el tiempo aterrorizando a la población con la liberación de asesinos y violadores, algo a lo que obviamente todos se oponen, y no se toman medidas básicas con los que no cometieron delitos graves y son los que llenan los penales.

 

La insólita polémica sobre las cárceles, desatada en la Argentina por la oposición, no se repite en la mayor parte del mundo, ni siquiera en los que siempre hicieron bandera con la mano dura penitenciaria. Los presos disminuyen en la totalidad de los países. Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema, produjo decenas de miles de morigeraciones. Los datos surgen de revisar los diarios y sitios de internet de los distintos estados. 

Lo que se percibe es un temor a que explote un contagio masivo y eso contacte con el resto de la sociedad. Un ejemplo es la cárcel del condado de Cook, en Chicago, que se considera el mayor foco de virus en esa ciudad. Sucede que en una cárcel como la de Cook entran y salen centenares de personas por día: penitenciarios, médicos, enfermeros, cocineros, personal administrativo, de limpieza. Una explosión del Covid--19 en un penal, tarde o temprano repercute afuera. Y la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores es una sola. Y es escasa.

* California llevaba 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones. Esta semana, la cifra subió, sólo en Los Angeles, a 5.000, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Angeles tenía 17.000 presos y ahora bajó a menos de 12.000.

* Pero las morigeraciones se dan en casi todos los condados de California. En Marin County, una prisión que suele tener unos 280 reclusos, el viernes tenía 158, tras haber enviado a sus casas a 43 ese mismo día. De la San Diego County Jail salieron 300 internos y se le negó el beneficio a otros 200, según el San Diego Union Tribune.

* La revista The Lancet, una de las más prestigiosas publicaciones científicas a nivel mundial, publicó que en el penal Marion, de Ohio, dieron positivo 2.000 del total de 2.500 presos. La revista Alive, de Ohio, afirma que la cantidad de internos bajó en un 30 por ciento por las excarcelaciones.

* En la prisión de Maricopa, en Arizona, la cantidad de presos bajó de 7.500 a 5.306. Pero además, el penal resolvió no exponer más a todos los penitenciarios, por lo tanto decidió que 700 penitenciarios no concurran hasta nuevo aviso.

* El canal KCBY de Oregón informa que la prisión llamada Washington Jail tomó una decisión que va al revés de lo habitual: fijó un número de presos con los que se puede mantener cierto nivel de prevención del virus y mandó a casa a todo el resto, siempre de los presos considerados de bajo riesgo. De esa manera redujo la población carcelaria a la mitad: la cifra normal eran 573 presos y ahora hay 280.

* En Denver, Colorado, la población carcelaria bajó un 41 por ciento por la libertad dictada a todos los mayores de 60 años; los que tenían problemas de salud, los que tenían fianzas relativamente bajas y no pudieron pagarlas y todos los que tenían por delante pocos meses de pena. El sitio Denverite dice que aún así hay peligro de contagios en las cárceles.

* En Nueva York, las oleadas de liberaciones en el penal de Rikers Island son casi diarias. Primero fueron 1.100 presos, luego, 51, 200, 175. Según el New York Post, en el estado hay en la actualidad 4.906 y es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay menos de 5.000 presos.

* Los medios informan sobre reducción en la cantidad de internos en Virginia, Maryland, Florida, Tennessee, Pensylvania, Minnesota, Nevada, Hawai, Alabama, Texas, Maine, Massachusets, Georgia, Michigan y otros.

La totalidad de los estados registran descensos en la cantidad de presos, muy en línea con lo que impulsan la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Ambas entidades quieren evitar una catástrofe humanitaria y en el servicio de salud.

El ejemplo en la Argentina sería el siguiente. En la cárcel de Devoto hay 1.800 presos. Si se produce un contagio de envergadura, una pequeña parte de los contagiados, sobre todo los que ya venían con enfermedades, necesitarán ser hospitalizados y requerirán de camas y respiradores. El hospital más cercano es el Zubizarreta, que tiene ocho camas en terapia intensiva con respirador. Parece obvio que todas esas camas y respiradores estarían ocupadas por personas contagiadas en el penal, dado que ahí las condiciones de aislamiento son imposibles. Los vecinos de la zona, tendrían que ser alojados en otros hospitales.

Eso es justamente lo que tratan de evitar en los estados norteamericanos: que les estalle una crisis que terminé produciendo gran cantidad de fallecidos en los penales y una catástrofe en el sistema sanitario.  

Una conducta que se repite en todo el mundo, sin grandes discusiones, siguiendo las recomendaciones de la OMS y la ONU. 

Publicado enInternacional
La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Manifiesto

Contra la doctrina del shock digital

 

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presenta como frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”... usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente anuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

  1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.
  2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.
  3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.
  4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.
  5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.
  6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.
  7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

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Notas

  1. Extracto de la entrevista a Daniel Cohen en Le Monde del 3 de abril de 2020. Que lo citemos aquí no implica en ningún caso que estemos en sintonía con el tipo de categorías que Cohen utiliza: en realidad lo digital no es más que una profundización del carácter industrial del capitalismo, y la sociedad post-industrial de la que él habla simplemente no existe. 
  2. Referencia a la fórmula y la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se tradujo en España en el año 2007 y fue publicada por la editorial Paidós. En el libro este término se ejemplificaba con las oportunidades que el huracán Katrina, que impactó Luisiana en 2005, ofreció a las clases empresariales norteamericanas.
  3. Para profundizar en esta cuestión, acúdase al capítulo 2 de la traducción del libro del Grupo MARCUSE La libertad en coma: contra la informatización del mundo, Madrid 2019, Ediciones El Salmón.
  4. Edward Snowden, Vigilancia permanente, Madrid 2019, Planeta. Siendo más precisos, en lo que Snowden insiste es en la imposibilidad de hacer desaparecer por completo los datos que se registran. En lo relativo a la imposibilidad de anonimizar, recoomendamos el análisis de Luc Rocher que se reseña en el artículo «No existe el anonimato, gracias a tus datos pueden rastrearte y encontrarte», publicado el 31 de julio de 2019 en el periódico ABC.
  5. Recomendamos revisar el análisis a ese respecto que ha realizado la asociación La Quadrature du Net, publicado en su página web el 14 de abril, que entre otras cosas llama la atención sobre la poca fiabilidad de la tecnología Bluetooth, su escasa precisión a la hora de indicar contactos entre personas diagnosticadas como «positivas», en particular en zonas muy pobladas, y la dificultad de activarla o utilizarla para mucha gente.
  6. Ver los estudios de Alfonso Balmori.
  7. Se puede revisar, entre otros materiales, la síntesis de Cécile Diguet y Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, disponible en www.ademe.fr

Por Jorge Riechmann / Adrián Almazán y 300 firmas más 3/05/2020

Firmado por los siguientes colectivos y personas:

Anticapitalistas (confederal)

Redacción de la revista L’Âge de faire (Alpes de Haute-Provence)

Association Résistance 5G Nantes

Blog "El Rumor de las Multitudes", periódico El Salto

Siguen más firmas…

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Los futbolistas tendrán a su disposición exámenes médicos diarios, mientras el colectivo profesional más azotado por el coronavirus, el personal sanitario sigue a la espera en la mayoría de los casos de las pruebas diagnósticas. (EFE)

Nada simboliza con más fuerza la polémica sobre el acceso a las pruebas diagnósticas que las diferencias entre el personal sanitario y los futbolistas: mientras que los primeros aún esperan en muchos casos la realización del test, los segundos se incorporan a unos entrenamientos individualizados con todas las garantías, incluso con controles médicos diarios.

 

Ahora que el Gobierno ha trazado una hoja de ruta para salir del confinamiento, son muchas las personas, sobre todo las que vuelven a su lugar de trabajo, que demandan garantías, la certeza en definitiva, de saber si aquellos individuos con las que van a relacionarse o incluso ellas mismas tienen la covid-19. 

Hay un temor que comparten ciudadanos y autoridades en esta nueva fase de la desescalada: la posibilidad de que se produzca un rebrote. Ahí van a jugar un papel fundamental las pruebas diagnósticas, los PCR y los test serológicos. Pero la desescalada arranca sin test masivos: sólo una minoría sabrá a ciencia cierta si está contagiada o no por el coronavirus. Y además será una selecta minoría: futbolistas que vuelven estos días a los entrenamientos y todos aquellos que puedan pagarlo o cuya empresa quiera hacerlo. 

La CEOE, por ejemplo, ya ha pedido este lunes al Gobierno que autorice a las empresas a realizar test a sus trabajadores para poder detectar contagios, y que elabore un plan para las restricciones a la movilidad ante la probabilidad de un rebrote. La patronal propone llevar a cabo protocolos de vuelta que incluyan test serológicos con registro y seguimiento de estatus de infección, utilizar la geolocalización con datos anonimizados o poner puestos de control móviles en las ciudades para verificar contagios.

El Gobierno asegura que en España ya se ha practicado más de dos millones de pruebas diagnósticas. Esas pruebas, sin embargo, no llegarán a toda la población: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya dijo la semana pasada que el Gobierno no era partidario de hacer test masivos. Para saber qué porcentaje de la población puede estar infectada el Ejecutivo anunció un estudio cualitativo a 36.000 familias del que poco más se ha sabido hasta ahora.

Las prioridades del Gobierno: la detección rápida

Los tests masivos no son necesarios, viene a decir el Gobierno, que prefiere poner el acento en la detección rápida de los casos sospechosos. Sanidad quiere reducir a un máximo de 48 horas el plazo para identificar un posible positivo de coronavirus, en lugar de los hasta 15 días que se tarda actualmente entre que una persona desarrolla síntomas y recibe el diagnóstico de la enfermedad.

El objetivo del Gobierno es que toda persona con síntomas de coronavirus pueda hacerse un test. Además, quiere priorizar la identificación de nuevos casos y el seguimiento de las personas con las que el enfermo ha estado en contacto. Para ello, Sanidad se está planteando utilizar una aplicación en teléfonos móviles para rastrear los contactos de los nuevos contagiados de covid-19, aunque Simón ha puntualizado que hay que valorar que no infringen la Ley de Protección de Datos y que tienen un "valor añadido" al sistema de rastreo de contactos ya establecido en el sistema sanitario.

Esta decisión de no hacer test masivos abre las puertas al mercado: ya hay laboratorios privados que ofrecen en sus páginas web la posibilidad de hacer varios tipos de pruebas para detectar el virus, a pesar de anteriores resoluciones del Ministerio de Sanidad en las que se indicaba que debían poner a disposición de las autoridades públicas su capacidad de análisis. De hecho, este pasado lunes en el centro de Barcelona se podían ver colas de personas que esperaban, en su mayoría, poder someterse a las pruebas de detección del coronavirus.

La inevitable comparación

No todo el mundo va a ser sometido a los test del coronavirus, es cierto, pero eso no es lo más relevante. El foco de la polémica está en otro punto: el personal sanitario. Y es que el colectivo profesional más azotado por el coronavirus, que lleva casi dos meses en primera línea intentando contener la pandemia, sigue a la espera, en la mayoría de los casos, de las pruebas. 

La situación de los sanitarios es una evidencia palpable de que la realidad nunca es del todo justa, que el mercado a veces tiene otros intereses, sobre todo si se compara con la situación de otro colectivo profesional que esta semana vuelve al trabajo después de casi dos meses de parón: los futbolistas.

Los expertos ya han advertido hace tiempo de que existe una relación entre el nivel de renta y la afectación del coronavirus. A mediados de abril Pablo Iglesias pronunció unas palabras que fueron muy criticadas por la derecha, pero que de hecho ahora vuelven a cobrar actualidad: "Todos sabemos que este virus no entiende de territorios pero sí entiende de clases sociales". Trasladado al acceso a las pruebas, las preguntas surgen solas: ¿Por qué los futbolistas, los políticos o más recientemente Pedro Almodóvar pueden hacerse las pruebas del coronavirus mientras miles de ciudadanos y en especial muchos sanitarios están a la espera de una? ¿Hay también diferencia de clases para acceder a un test?

Nada simboliza con más fuerza esa polémica que las diferencias entre el personal sanitario y los futbolistas: un pálido reflejo de la desigualdad que impera en la sociedad actual. Los primeros llevan tiempo escuchando las promesas del Gobierno sobre la realización de una pruebas que en muchos casos no terminan de llegar mientras trabajan en unas condiciones precarias –no hay país en el mundo con más sanitarios infectados que España, unos 36.000–; los segundos van a incorporarse a unos entrenamientos individualizados con todas las garantías y con una prueba que certifique su buen estado de salud por delante.

"Una temeridad"

Eso, sin embargo, no aplaca la preocupación entre los sanitarios, especialmente entre los profesionales de la atención primaria que serán los que en esta nueva fase van a tener que atender a buena parte de los enfermos y asumir las altas que se están produciendo en los hospitales. Necesitan protección. Las sociedades médicas de España ven "primordial" facilitar a los médicos de familia y atención hospitalaria el acceso "inmediato" a las pruebas diagnósticas y así promover la detección temprana de los casos posibles y proceder a su confinamiento y cuarentena. 

Las reclamaciones llegan desde todos los rincones de España: este mismo lunes el sindicato SATSE de Madrid ha exigido pruebas PCR  y test serológicos para todos los profesionales de atención primaria, al tiempo que ha recordado que en muy pocos centros de salud de la Comunidad de Madrid se están realizando. 

SATSE considera una "temeridad" que haya profesionales sanitarios que desconocen si son positivo o no y, "lo que es peor, sin saber sin son vectores de contagio", asegura su secretario de Acción Sindical, Jesús García . "No se puede permitir que profesionales que tienen que cuidar no sólo a pacientes con covid-19 sino también pacientes crónicos y vulnerables, desconozcan su propio estado de salud. Es una bomba de relojería que podría echar abajo la ingente labor realizada hasta ahora".

También en Galicia denuncian "la precariedad y la falta de medios"​ del Servicio Gallego de Salud (Sergas), aunque la Xunta ha prometido que se "van a hacer 50.000 test a profesionales".  Esa conjugación en futuro contrasta con la conjugación en pasado que hacen muchos equipos de fútbol, que ya han realizado las pruebas a sus jugadores.

En Castilla y León, sin embargo, conjugan en presente: allí acaban de empezar a realizar las pruebas a los sanitarios, según explica Cristina, enfermera del hospital Río Ortega en Valladolid: "Han empezado estos días a hacer las pruebas. A mí me han dicho que me la harán la semana que viene". 

Pero tampoco vale cualquier test. El secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid, Jesús García, a través de un comunicado, afirma que los test rápidos tienen una sensibilidad o especificidad "controvertida".  "Hay que recordar que no son pruebas diagnósticas para saber si el profesional está infectado de covid-19 y su valor predictivo es escaso", advierte García, quien exige pruebas de serología mediante test Elisa e inmunoquimioluminiscencia "para todos los profesionales".

Mientras tanto, otros profesionales, los futbolistas, no tienen que preocuparse de nada. Tanto es así que el Consejo Superior de Deportes (CSD) recomienda incluso que los clubes hagan controles médicos diarios dentro de dos semanas solamente si algún deportista o miembro del cuerpo técnico o del equipo dan positivo.

madrid

04/05/2020 22:49 Actualizado: 05/05/2020 10:35

jorgeotero99

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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, RSF denuncia más de 300 periodistas encarcelados

Madrid. Reporteros sin Fronteras (RSF) conmemoró ayer el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y recordó a los más de 300 periodistas encarcelados en el mundo con el lema: "Periodismo en confinamiento", en referencia a las actuales medidas de reclusión por el Covid-19.

"En muchos países puedes acabar en la cárcel por contar la realidad, contradecir al poder, indagar corruptelas o, simplemente, por expresarte de forma individual", lamentó la organización.

RSF recuerda particularmente a informadores como el bloguero Raif Badawi, quien lleva más de siete años preso en Arabia Saudita por "insultar al islam", o a Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, defensora de derechos humanos, en prisión desde mayo de 2015.

También mencionó a periodistas como los yemeníes Abdul Khaleq Amran, Akram Al Walidi, Hareth Hamed y Tawfiq Al Mansouri, condenados por la insurgencia hutí "con arbitrariedad" y quienes pueden ser ejecutados en cualquier momento.

"Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pedimos nuevamente la libertad de todos los informadores profesionales o ciudadanos, blogueros y colaboradores de medios que están entre rejas por ejercer el periodismo, por contribuir al libre flujo de la información", señaló.

RSF tiene constancia en lo que va de 2020 de 10 periodistas asesinados, 229 en la cárcel, 116 internautas entre rejas junto con 14 colaboradores en el mundo.

La Unión Europea alertó este fin de semana de ataques a los medios de comunicación en varios países usando la pandemia del nuevo coronavirus como coartada.

África tampoco queda exenta. Human Rights Watch denunció que las autoridades de Somalia lanzaron una campaña de intimidación a los periodistas del país al amparo de la lucha contra la pandemia en la nación africana.

"A pesar de los riesgos y desafíos adicionales derivados de la crisis sanitaria, los periodistas de todo el mundo continúan con su trabajo, a veces en circunstancias difíciles", agregó.

"Son demasiados los países donde los periodistas tienen que lidiar con una legislación restrictiva, a veces atribuida a la emergencia, que frena la libertad de expresión y la libertad de prensa", concluyó.

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Centro Penitenciario de Los Llanos, en la ciudad de Guanare. TWITTER

El Gobierno de Maduro asegura que se trató de un intento de fuga. Diputados de la región señalan que fue por falta de alimentos

 

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

“Extraoficialmente se habla de más de 40 muertos. Y aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada, familiares con los que he hablado dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad. Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.

La diputada contó que los presos tenían una protesta desde temprano e intentaban negociar con las autoridades. En un momento la alteración fue mayor y un grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada. El director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una custodio también resultó herida por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.

Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está en grave hacinamiento. Fue construida para alojar a 750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis, denunció el activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos.

La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares. Luego de casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que se han suspendido las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

 

Caracas - 01 may 2020 - 22:19 COT

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