José Miguel Vivanco y Marta Lucía Ramírez. / HWR

El director de esa organización para las Américas, José Miguel Vivanco, se reunió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para hablar de la situación del país y abogó por una restructuración de la Policía.

La vigilancia por parte de ONG nacionales e internacionales no se ha detenido desde el inicio del paro nacional, el pasado 28 de abril. Es por eso que, Human Rights Watch acaba de sumar una preocupante cifra de fallecidos a sus llamados para que el Gobierno de Estados Unidos haga más exigentes los parámetros para prestarle ayuda y financiación a las fuerzas armadas colombianas.

De acuerdo con lo publicado por el director para las Américas de dicha organización, José Miguel Vivanco, a través de su cuenta de Twitter, a la fecha “hemos recibido denuncias creíbles sobre 63 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas”. De estas, agregó, hay 26 de manifestantes o transeúntes y dos policías) tienen relación con las manifestaciones.

Las cifras son mucho mayores a las publicadas por otras entidades como el Ministerio de Defensa de Colombia, que en su último informe habla de 45 fallecimientos de civiles (17 relacionados con la protesta y 9 en proceso de verificación) y dos de miembros de la Policía; o Temblores ONG, que da cuenta de 43 casos de violencia homicida presuntamente por parte de esa institución (18 de estos en proceso de verificación”.

Dichas cifras, además, le dieron pie a HRW para elevar un llamado al Gobierno colombiano para que se haga una transformación completa, desde la institucionalidad, a la Policía. Así lo señaló el mismo Vivanco tras su reunión con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

“Le expuse nuestra preocupación por graves violaciones de DDHH, así como por el vandalismo. Insistí en necesidad de reforma policial y de permitir una visita pronta de CIDH. Se comprometió a garantizar visita de CIDH”, dijo el experto en derechos humanos.

Igualmente, señaló que su organización ya está trabajando en un reporte sobre la difícil situación que atraviesa el país en términos de violencia, abusos de autoridad y excesos de la fuerza. El mismo debería ser entregado en los próximos días y presentará los “fuertes reparos” que tiene la ONG hacia el accionar de la fuerza pública y principalmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En ese sentido, citó RCN Radio: “la situación es extraordinariamente tensa en el caso de Colombia. Nosotros lamentamos los abusos y la violencia y creemos que aquí hace falta iniciar un proceso de reforma, por parte de las autoridades de Gobierno, hacia la Policía, para que Colombia pueda contar con una Policía profesional, de alto rendimiento, cuyo desempeño no esté en cuestionamiento y que pueda satisfacer las necesidades del país, sin que esto se traduzca en violación a los Derechos Humanos”. Por ello, advirtió que esperan dar a conocer dicho informe a la opinión pública colombiana.

Vivanco también agregó sobre su reunión que “Le he reiterado a la Vicepresidenta nuestras objeciones a las actividades que no hacen parte de la protesta pacífica como son los bloqueos, el vandalismo, la destrucción de propiedad y los ataques a la propia Policía por parte de algunos que se manifiestan con violencia”.

Valga agregar, que de igual manera se refirió a las expresiones cuestionables de otros grupos que se han convertido en actores visibles del paro nacional, como aquellos que bloquean, reconociendo que dichas actividades “generan desabastecimiento y afectan la salud de la población. Son actividades ilícitas que deben ser judicializadas, pero no de cualquier manera, hay que tener mucho cuidado en cómo se logran liberar esas vías. Ojalá sobre la base de la persuasión y el diálogo y con el menor uso de fuerza pública posible”.

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Reportan fosas comunes, «casas de pique» y sitios de detención clandestinos para manifestantes en Colombia

 Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos comunicaron las denuncias que han recibido desde el pasado 13 de mayo sobre los sitios de detención clandestinos y posibles fosas comunes a donde llevan a las personas y a los cuerpos de los manifestantes del Paro Nacional de Colombia.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informaron sobre los relatos que han recibido acerca de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yombo a donde se llevan los cuerpos de jóvenes caleños manifestantes; además del uso del CAM como centro de operaciones encubiertas a donde llevan a los jóvenes para después transportarlos en camionetas polarizadas.

Las organizaciones compartieron también información sobre la movilidad de camiones que hacen parte de los medios que usa la policía colombiana para llevar a los manifestantes al sector de Mulaló, a 30 minutos de Cali, donde también descargan cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en la movilización y se encuentran desaparecidos.

Reportaron que los jóvenes son detenidos, reportados como desaparecidos y “ajusticiados” en lugares alejados de Cali por grupos de civiles armados protegidos por la policía. Denunciaron que las “dinámicas de represión se han ido sofisticando con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y criminal”.

Las organizaciones señalaron que estas operaciones violentas clandestinas demuestran la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes, víctimas y blancos directos de planes criminales.

Instaron a los entes de investigación y protección del Estado y particularmente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a tomar en cuenta la información reportada y actuar conforme a ella. Con base en la garantía y los derechos a la verdad, exigieron a las autoridades que adopten medidas eficaces e investiguen junto con expertos forenses y observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

A continuación el comunicado completo:

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.

Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del Valle desde abril 28 a hoy:

  1. Alejandro Castro
  2. Alejandro Duque González
  3. Alejandro Hoyos Salgado
  4. Alexander Martínez
  5. Andrés Arango
  6. Andrés Felipe Gómez Rivadeneira
  7. Angie Amaya
  8. Antony Jaramillo
  9. Antony López Brando Molina
  10. Brando Stiven Blandón Pérez
  11. Brayan Cavadias
  12. Brayan Steven Rayo
  13. Bryan Steven Mesa
  14. Bryan Varela
  15. Camila Jaramillo
  16. Carlos Alberto Vásquez Usma
  17. Carlos Andrés Benavides
  18. Carlos Castillo
  19. Carlos Mayorc
  20. Claudia Ospina
  21. Cristian Andrés Ocampo
  22. Cristian Camilo Duque
  23. Cristian Estiven Rentería Valencia
  24. Cristian Zúñiga
  25. Cristopher Rodriguez
  26. Daniel Becerra
  27. Daniel Steven Bonilla
  28. Daniel Zuluaga García
  29. Devi Alezander Ovalle Cabrera
  30. Deivy Alexis Gómez
  31. Devin Alegría Camacho
  32. Deyvi Farley Orozco
  33. Diana Cruz
  34. Diana Marcela Betancour Rodriguez
  35. Diana Ruiz Diego Botero
  36. Eduardo Galeano
  37. Edwin Santiago Martínez Garcés
  38. Elberth Orozco
  39. Esteban Rodríguez
  40. Estiven Jaramillo
  41. Estiven Marulanda
  42. Fabier Londoño Medina
  43. Felipe Arias Felipe Ruiz
  44. Francisco Durán
  45. Francisco Javier García
  46. Héctor Valencia
  47. Heilen Bravo
  48. Isabella Martinez
  49. Jesús David Lozano
  50. Jhon Alexander Aguirre
  51. Jhonatan Lenis
  52. Joan Francisco Herrera
  53. Joan Stiven Vélez
  54. Job Alejandro Moreno
  55. Johan Esteban Torres Urbano
  56. Jorge Alexander Lozano Perez
  57. Jose David Hurtado Moreno
  58. Jose Esteban C Angulo
  59. Juan Camilo Maiman
  60. Juan Camilo Pérez
  61. Juan Camilo Sánchez
  62. Juan Carlos Gironza Hoyos
  63. Juan Carlos Peña Meneses
  64. Juan Diego Ulloa
  65. Juan Esteban Alvarez
  66. Juan Pablo Gutiérrez
  67. Juan Pablo Guzman Rodríguez
  68. Karol López
  69. Kelvin Josué Plaza Castillo
  70. Kevin Aguilar
  71. Kevin Alexis Bedoya
  72. Kevin Jiménez
  73. Kevin Perea
  74. Kevin Stiven Rodiguez Motavita
  75. Leonardo Andrés Villegas Arana
  76. Lizeth Arévalo
  77. Lizeth Valencia
  78. Luis Dayan Montes Betancourt
  79. Luis Fernando Chávez
  80. Luis Mario Maicol
  81. Andrés Medina Ortiz
  82. Manuela Ruiz Taborda
  83. Marcela Valencia
  84. Marco Andrés Arango
  85. María Angélica Cano
  86. María del Carmen Carabai Barrera
  87. Mario Alberto Arcila Martínez
  88. Marvin Santiago Trejos
  89. Mauricio Cáceres
  90. Michele Arteaga
  91. Michell Torres
  92. Miguel Angel Escobar
  93. Miguel Ángel Henao
  94. Miguel Bolaños
  95. Mónica Mosquera
  96. Nicolás Flórez
  97. Nicolas Suarez
  98. Oscar Eduardo Arroyo
  99. Ramiro Parmenio
  100. Robert Steven Londoño Ospina
  101. Santiago Muñoz Quiroga
  102. Santiago Cruz
  103. Santiago Posada
  104. Santiago Arce
  105. Sebastián Arce
  106. Sebastián Cortés
  107. Sebastián Escobar
  108. Sebastián Ospina
  109. Sofia del Mar Gaviria
  110. Steven Riveros
  111. Valentina Campos
  112. Valentina Marin Quintero
  113. Valentina Ramirez Sánchez
  114. Valeria Serna Vanessa Navia
  115. Verónica Valencia
  116. Víctor Manuel Agudelo
  117. Wilson Loaiza
  118. Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años
  119. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21
  120. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N

Corporación Justicia y Dignidad

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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Un policía muerto y otros dos heridos tras disturbios en el barrio Calipso de Cali

En la madrugada de este sábado, en medio de confrontaciones entre uniformados de la Policía y vándalos que saqueaban establecimientos comerciales en Cali, un policía, de 21 años resultó muerto por herida con arma de fuego.

 

De acuerdo con información suministra por el Mayor General de la Policía Jorge Vargas, en medio de una rueda de prensa, el uniformado y patrullero, Juan Sebastián Bríñez, perdió la vida cuando ejercía labores de control de vandalismo en el barrio Calipso, en la ciudad de Calí. Según información preliminar, el joven de 21 años, que hacía parte del grupo de carabineros, fue impactado por una bala en su tórax durante un ataque armado a un almacén de cadena.

“Rechazamos de manera contundente el hecho registrado en Cali, donde criminales disparan contra nuestros policías que se encontraban restableciendo el orden en el sector de Calipso. Allí pierde la vida un patrullero del Escuadrón Móvil de Carabineros y dos más del Escuadrón Móvil Antidisturbios resultan gravemente heridos”, indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía.

Según el reporte de la Policía, el uniformado asesinado, al ser herido fue trasladaron a la clínica Fundación Valle del Lili, donde falleció debido a la gravedad de la herida. Bríñez, de 22 años, llevaba tres en la Policía.

Los dos uniformados del ESMAD heridos fueron identificados como Marlon Ovidio Araújo España de 33 años de edad, con herida de fuego en el brazo izquierdo y Andrés Felipe Santoyo de 22 años de edad con herida por disparo en el pie derecho.

De igual manera, la Policía Metropolitana de Cali reportó que vándalos incineraron el CAI Galerías ubicado en la autopista Simón Bolívar con carrera 56, al suroriente de la ciudad.

Estos hechos de violencia se generaron luego de que las autoridades descartaran las denuncias de que en el almacén Éxito de Calipso estuvieran escondiendo cuerpos de personas fallecidas.

Por otro lado, también en la noche de este viernes amanecer sábado, un grupo de personas incendió el CAI de la carrera 56 con autopista Simón Bolívar.

“La Policía está de luto: fue asesinado nuestro patrullero Juan Sebastián Briñez, de Carabineros de Cali, cuando cumplía con honor su deber constitucional de salvaguardar la vida de la comunidad en Cali. Se nos va un joven héroe nacido hace 22 años en Yopal”, trino el general Vargas.

De igual manera, el alto mando de la Policía afirmó que en los corrido de las protestas, el CAD y la línea 123 ha recibido 1160 denuncias de ataques con armas de fuego a uniformados de la Policía. Agregó que antes los lamentables hechos, una comisión especial de investigación criminal llegará a la ciudad de Cali, para determinar los hechos en los que murió el patrullero y así poder entablar los responsables para su respectiva judicialización.

Por el momento, no se ha determinado el tipo de arma o proyectil que terminó con la vida del patrullero Juan Sebastián, pues están a la espera de los resultado de los peritos y del protocolo de necropsia al cuerpo del joven, el cual en horas de la tarde, será trasladado al municipio de El Espinal, en el departamento de Tolima, donde lo está esperando su familia.

Ante los hechos, el presidente Iván Duque condenó el hecho y ordenó una investigación: “He dado instrucciones a Mindefensa y al director de la Policía para que se capture a los autores del vil asesinato del patrullero Juan Sebastián Briñez, víctima en Cali de un ataque perpetrado por criminales que utilizaron fusil”.

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Supermercado del grupo Éxito funciona como centro de represión ilegal en Cali

La denuncia se conoció por vecinos y periodistas. Denuncian la colaboración con la policía para realizar detenciones ilegales.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Sábado 22 de mayo | 16:28

El grupo Éxito es una empresa de origen colombiano con presencia en varios países de Latinoamérica, hoy su mayor propietario es el grupo francés Casino y el grupo empresarial antioqueño. El grupo es líder en el sector del retail en Colombia, con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y con su marca de centros comerciales Viva. También tiene presencia en Uruguay con las marcas Grupo Disco y Grupo Devoto, y en Argentina con los hipermercados Libertad.

La empresa quedó relacionada con la brutal represión a las protestas que se está viviendo en el país. En el marco del Paro Nacional el 19 y 20 de mayo, producto de las denuncias de los vecinos del almacén Éxito Calipso en la ciudad de Cali, se supo que manifestantes fueron detenidos en el interior del almacén, los vecinos denunciaron que escucharon gritos de auxilio, además de ver salida y entrada de camiones de basura y otros vehículos.

Grupos de manifestantes, en especial de la “primera línea” de Cali y junto a periodistas hicieron presencia en el lugar y por medio de videos se demostró que tanto en la zona de máquinas, ropa y cuartos fríos se encontraban rastros de sangre, al igual que en banco AV Villas.

La policía que se hallaba en el lugar impidió durante el día la entrada de periodistas y derechos humanos, se cree que con intensión de borrar las evidencias pues se encontró además de rastros de sangre, jabón y aceite derramado. Durante la noche del 20 de mayo las personas que asistieron al lugar resaltaron la falta de placas de los camiones en los que se desplazaba la policía y policías de civil manejándolos. Hasta la media noche del día 20 de mayo no había aun presencia del CTI de la Fiscalía.

La presión de los vecinos y manifestantes ante lo que ocurría en el lugar llevó a que delegados de la alcaldía de Cali se hicieran presentes en el almacén Éxito de Calipso, la funcionaria que atendió el requerimiento se limitó a levantar un acta y a decir que los hechos serán materia de investigación pues además de las denuncias la policía y el ESMAD (grupo antimotines de la policía) hacia presencia poco usual en el sector.

Los hechos recuerdan los peores años de complicidad empresarial con la represión estatal contra las protestas. En nuestro continente muchas veces poderosas patronales han colaborado con la represión, incluso prestando sus instalaciones como se demostró con la automotriz Ford en tiempos de la dictadura militar argentina, para torturar y desaparecer, propio de la alianza perversa contra los trabajadores y el pueblo que sale a defender sus derechos.

La ONG Temblores informa que al día 21 de mayo se registran 2.905 casos de abuso policial, 855 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente a manos de la policía, esto sin tener en cuenta los cuerpos desmembrados que están apareciendo en el río Cauca y en el sur de Bogotá que son materia de investigación; 1,264 detenciones arbitrarias, de las que se tienen conocimiento traslados y obstaculización del debido proceso; 575 intervenciones arbitrarias por parte de la policía, 39 víctimas de agresiones en los ojos y 21 víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con el aumento de las cifras registradas por la ONG Temblores, es evidente que la represión por parte del gobierno de Duque aumenta tras la resistencia del pueblo colombiano en búsqueda de hacer retroceder las marchas, bloqueos, expresiones artísticas, entre otras expresiones presentes en el Paro Nacional. Y también es evidente que el grupo Éxito colabora con la represión prestando sus instalaciones al gobierno en el intento por amedrentar a los manifestantes.

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2020, el año más violento en la última década con 199 líderes asesinados

 

Un reporte de Somos Defensores calificó al 2020 como “nefasto” en materia de derechos humanos.

 

Este 20 de mayo, Somos Defensores, el espacio de protección conformado por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, Asociación MINGA, Benposta Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, publicó el informe anual 2020 “La Mala Hora-Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia - SIADDHH”.

El reporte señala que 2020 fue el año más violento en más de una década para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 199 líderes que trabajaban por la vida, el territorio o la paz. Esto fue calificado como “nefasto” por la organización.

Dicha cifra supone un incremento del 60,4 % en relación con 2019, año en el que hubo 124 asesinatos. “Del 2010, cuando se registraron 32 hechos, se pasó a 199 asesinatos en 2020, lo cual representa un incremento del 522 % (167 casos más), superando incluso al 2018 que en su momento presentó la cifra más alta con 155 casos”, advirtió Somos Defensores.

Asimismo, el informe indicó que desde la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016 los asesinatos han venido en aumento. De igual forma, una de las situaciones más alarmantes que Somos Defensores puso en evidencia es que en medio de la pandemia los defensores de garantías básicas “quedaron aún más desprotegidos y expuestos a la violencia”.

La ONG señala también que los agresores aprovecharon el encierro estricto que rigió en el país entre marzo y septiembre para encontrar a sus víctimas “en sitios cercanos a su residencia o dentro de ella”, lo que devela “la ineficacia de las políticas” del gobierno para protegerlos, anotó.

“Las personas defensoras de derechos humanos también fueron víctimas de amenazas, atentados, judicializaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y robos de información. Y vimos con preocupación cómo se han incrementado estos hechos contra liderazgos como los juveniles, sindicales, LGBTI, comunitarios, comunales, académicos y defensores de DDHH; esto significa que la violencia selectiva está afectando a un espectro más amplio de causas de defensa de los derechos humanos y, por ende, a un número mayor de personas defensoras”.

Las zonas más afectadas

De acuerdo con Somos Defensores, los departamentos con mayor número de casos fueron Cauca (52), Antioquia (23) y Nariño (22), todos con alta presencia militar. En los tres departamentos operaban las FARC y ahora repunta el conflicto de la mano de grupos armados que se disputan miles de hectáreas de narcocultivos y rentas de la minería ilegal.

De igual forma, aseguró que la mayoría de los homicidios se encuentran en la impunidad y asimismo señaló que, desde 2016, la Fiscalía ha logrado condenas en un 16 % de los 417 casos que investiga.

Solo en 30 casos se ha determinado la responsabilidad de grupos herederos del paramilitarismo; en 25, de disidentes que se marginaron del pacto con las FARC, y en nueve, de guerrilleros del ELN. Ocho agentes de la fuerza pública están implicados en asesinatos de defensores, especificó la organización.

Otra de las situaciones preocupantes que visibiliza Somos Defensores es que, “los cientos de asesinatos y las miles de agresiones siguen sin alarmar a la institucionalidad que tiene el deber de proporcionar garantías para las vidas de quienes defienden los derechos humanos y de sus comunidades o colectivos, pero contrario a esto, como se ha enunciado en los últimos años, el Gobierno sigue insistiendo en la implementación de estrategias poco efectivas”.

Pese a esto, la organización resalta que, “la defensa de los derechos avanza en cada rincón del país a pesar de las amenazas y de los vacíos del Estado.

“Nos seguimos preguntando ¿hasta cuándo seguiremos restando vidas?”, concluyó Somos Defensores.

21 de Mayo de 2021

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Amnistía Internacional insta a EE.UU. a suspender venta de armas y equipo a Colombia porque son usadas para "reprimir las protestas"

La organización no gubernamental documentó que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon el lanzador múltiple de proyectiles Venom contra manifestantes.

La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano. 

"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".

La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:

  • Escopetas, armas pequeñas y municiones.
  • Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
  • Vehículos blindados.
  • Tecnologías de vigilancia de doble uso.
  • Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.

Abusos policiales

En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. 

En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.

El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.

En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.

Víctimas de violencia

El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación. 

En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública"

Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares. 

Publicado: 20 may 2021

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Martes, 18 Mayo 2021 11:26

Colombia. La masacre no cesa

Registro de la reunión en Compensar de las delegaciones del Gobierno y del Comité de Paro en procura de abrir una negociación

Como una honda expansiva que va recorriendo el país, la energía del paro nacional llega cada día a diversidad de municipos del país, no solo grandes, como el caso de las capitales de departamento, sino también a medianos y pequeños, como resaltó con el industrial municipio de Yumbo en el Valle del Cauca.

En efecto, el pasado domingo 16, con prolongación durante el lunes 17, la protesta social fue reprimida en Yumbo, carcano a la capital vallecaucana, conocido por ser territorio industrial y punto de acopio de hidrocarburos por parte de Ecopetrol y multinacionales.

Según denuncias, el Esmad, como ya es conocido, llegó a disolver la protesta pacífica de la comunidad y con ella a la Minga Indígena, la cual denunció que fue atacada con armas de fuego. En un trino la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic– denunció: “[…] la situación en Yumbo, Valle, es gravísima: El ESMAD está disparando contra los participantes en la Minga que se concentra en el punto de Ecopetrol. Continúa la vulneración a los Derechos Humanos”.

El mismo alcalde local reconoció el carácter pacífico que reinaba entre los manifestantes: “Estaban haciendo una protesta pacífica, tranquila, que lastimosamente se ha visto empañada por la violencia”. Y agregó: “Gobierno nacional, siéntese ya a debatir esas exigencias que le están haciendo. Sean responsables porque nosotros somos los que estamos pagando esa situación de orgullo del Gobierno nacional”. Horas después se supo que supuestos manifestantes atacaron su vivienda.

Por el ritmo violento y represivo de los acontecimientos el mandatario local también denunció: “Yo, alcalde del municipio de Yumbo, Jhon Jairo Santa María, quiero poner en conocimiento esta situación a la comunidad internacional, porque necesitamos la presencia de ustedes para garantizarles las vidas a nuestros yumbeños, a nuestros compatriotas, a nuestra comunidad”.

Su denuncia y preocupación por lo que estaba sucediendo no era gratuita ya que, como lo reportó el periodista Luis Alfonso Mena S. en artículo titulado: Yumbo; 24 horas de terror policial: “La violencia oficial se prolongó durante 24 horas, pues llegada la medianoche del martes 18 de mayo se seguía experimentando el terror policial, que dejó tres jóvenes asesinados a balazos, 30 heridos, la mayoría con armas de fuego, y numerosos detenidos.

Durante todo el día y la noche se produjo un incesante asedio y ataque de la policía que obraba como fuerza de ocupación en avenidas y barrios contra la población, incluso con francotiradores desde la llamada Mega Estación, a pesar de lo cual la comunidad movilizada no cedió, siguió en las calles y se enfrentó a las fuerzas coercitivas del Establecimiento,

Las personas asesinadas fueron identificadas como Maicol López Cano, de 32 años de edad; Michael Joan Vargas López, de 23 años, con heridas de bala en la cabeza, y Jhon Alexander Yotengo Chagüendo, de 21 años.

Rodrigo Vargas, defensor de derechos humanos de Yumbo, quien fue víctima de la represión y fue lesionado también por la policía, reveló el siguiente primer listado de heridos en las primeras horas del lunes: Reinaldo Manzano, Alejandro Cárdenas, José Wilmer Valencia y Andrés Cerón.

Luego, el Hospital La Buena Esperanza confirmó que allí fueron atendidos con heridas causadas con armas de fuego las siguientes personas: Héctor Manuel Vargas, Néstor Julián Bermúdez, Jarry Alejandro Bermúdez, Nicolás Peñuela Salazar, Sebastián Mosquera, Ronald Alexis Llantés Sánchez, Johanson David Preciado, Harold Yesid Medina Borrero, Daniel Andrés Ramos Domínguez, Aníbal Armando Solarte Méndez, Nicolás Arroyo Moreno y Cristian Andrés Muñoz Rendón.

En video difundido desde la entrada al hospital de Yumbo en horas de la madrugada del lunes Armando Solarte dijo que fue herido por la policía frente a su propia casa.

Heridos con arma blanca fueron atendidos en el Hospital La Buena Esperanza los ciudadanos Jaime Ángel Cabal, Víctor Manuel Rodríguez, Jean Carlos Villanueva Mesa, Brayan Alexander Guzmán y Steven Lenis.

Intoxicados con gases lacrimógenos llegaron al hospital Lesly Yulieth López, Angie Tatiana Vasco Arango y Cristhian David Acevedo.

Otras personas heridas fueron Jorge Alberto López, Óscar Payán y Miguel Amézquita.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N informó que nueve jóvenes que habían sido detenidos en horas de la mañana del lunes fueron dejados en libertad luego de sus gestiones ante instancias judiciales.

Defensores de derechos humanos denunciaron que el joven Brayan Sti Parra, de 19 años de edad, fue detenido por la policía en el sector de Ecopetrol y se encontraba desaparecido”.

En el curso de la refriega, y en repudio por la acción policial, los manifestantes llegaron hasta el CAI del barrio Las Acacias para encarar a quienes lo custodiaban. Allí la balacera también fue notable.

En medio de ello, y en lo que parece a todas luces una provocación para inculpar a los manifestantes de terrorismo o similares, o justificar una mayor matasona, personas no identificadas atentaron contra un tanque de Ecopetrol, acción que pudo transcender en un suceso de graves consecuencias para los pobladores que habitan en los alrededores del terreno donde la petrolera nacional acopia combustible.

Este lunes, Iván Duque y su gabinete se reunió con los miembros del Comité del Paro por segunda vez pero no hubo consenso. Se espera que vuelvan a encontrarse para negociar el levantamiento de las protestas el próximo 20 de mayo.


Otros territorios

 

Desde el departamento del Huila ganó eco el potencial de la movilización campesina y ciudadana, la cual mantiene vivos 23 bloqueos viales a lo largo de su territorio y los cuales impactan de manera especial sobre 13 municipios de su jurisdicción.

Un hecho sin claridad sobre quiénes lo protagonizaron afectó al municipio de La Plata, con intento de incendio del edificio municipal.

Los bloqueos se mantienen a lo largo del país, y de lo cual dio cuenta la propia policía de carreteras al informar que al día lunes 17 estos afectan 86 vías principales y 5 secundarias., también confirmó la existencia de 46 concentraciones sobre distintas vías nacionales.

En Antioquia, en cercanías a Medellín, se vivieron momentos de alta tensión por protestas por la entrada norte como sur a la ciudad, en sucesos con epicentro en los municipios de Bello –jurisdicción de Niquia– y en Caldas. También hubo intentos de bloqueo sobre la vía Las Palmas.


La negociación

 

Estos hechos acontecen mientras un segundo encuentro entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno nacional no logra sintonía, y queda citado una tercera ronda para el jueves 20.

El intento para definir una hoja de ruta que encauce de manera próspera las negociaciones está bloqueada por el rechazo del gobierno a dos solicitudes de la contraparte, reconocimiento efectivo del derecho a la protesta pacífica: 1. Que el ministro de Defensa, Diego Molano, rinda excusas públicas por los abusos policiales a los manifestantes en distintas zonas del país; 2. Retirar tanto al Ejército como del Esmad, y que la Policía Nacional no utilice armas en el control de las manifestaciones sociales.

Solicitudes ante las cuales el gobierno no responde, pero si levanta una exigencia: que quienes protestan levanten los bloqueos que mantienen sobre diversas autopistas del país. Una exigencia que va reforzada con una amplia campaña de difusión por medio de la cual quienes protestan son señalados como causantes del deterioro económico del país, así como creando el ambiente propicio para una acción represiva de amplio espectro para abrir esas vías a sangre y fuego.

Consecuente con ello, y al tiempo que las delegaciones representantes de las partes trataban de ponerse de acuerdo para instalar la mesa de negociación, el presidente Duque en mensaje al país ordenó el “despliegue de la fuerza pública” para recuperar las vías bloqueadas. De esta manera, y con los antecedentes de violencia y terror materializados por los cuerpos armados del establecimiento, cualquier cosa puede suceder en los días que vienen. Una orden librada sobre el diagnóstico maniqueo que de la protesta tiene el Gobierno, para el cual los bloqueos son realizados por delincuentes con el claro propósito de “afectar y de sabotear”.

No es casual la preocupación expresada por Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vocero del Comité de Paro, enfatizando que con la orden presidencial el presidente “Le declara la guerra al paro al ordenar desplegar el máximo de las Fuerzas Militares y de Policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país”.

Un pulso difícil de sostener, toda vez que el terrorismo en Colombia no escatima en grados de violencia y muerte. Pese a ello, el Comité de Paro Nacional convocó a una nueva jornada de parálisis para el miércoles 19, y las partes acordaron para el jueves 20 otra jornada de diálogo para ver si logran un acuerdo que de vía a la instalación de la mesa de negociaciones.

El jueves en el curso del día se conocerá si el pulso se inclina hacia alguno de los ángulos.

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Violación de derechos y derrumbe cada vez más total del Estado

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como ya en muchas otras ocasiones, se ve en el deber de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de un ente exterminador que no descansa en su propósito de acabar con nuestro proceso de vida.

Nos encontramos en momentos de movilizaciones sociales en todo el país y en otras partes del mundo. La raíz de todo esto es el afán de los poderosos de eliminar o marginar cada vez más a sus víctimas. Se enfrentan los gobiernos contra su propia ciudadanía sin que se garantice siquiera el derecho elemental a la protesta. Es claro que no les importa la vida de la gente; reformas y estrategias de “seguridad” están dirigidas a causar más hambre, exclusión y exterminio de quienes estorban los intereses de las élites.

Mientras en la ciudad se reclama por una vida digna, en los campos del país el paramilitarismo no cesa de someter a la población civil, la silencian y la atemorizan con armas amparadas por el Estado y mediante pan etos continuos la amenazan por no someterse a sus órdenes. En nuestra zona, los paramilitares tratan de cooptar a más y más gente en su propósito de exterminar nuestra Comunidad de Paz. Se apoyan en funcionarios públicos para elaborar tutelas y darle apariencia legal a su lucha de exterminio contra nosotros. Policía y Ejército están lejos de proteger a la población vulnerable; es evidente su estrategia de tolerancia total al paramilitarismo y sus componendas con ellos para alejarse tácticamente de los sitios donde ellos van a actuar y así poder responder con su fórmula trillada: “no teníamos tropas en esa área”. No entendemos para qué sirven instituciones de protección que no protegen y además toleran y usan las “ollas” de consumo de drogas.

Los fallos de tutela siguen estando a favor de los victimarios, mientras que a las víctimas se les quiere amordazar e impedirles lo más elemental: hacer conocer sus sufrimientos de la sociedad y del mundo. Los derechos a la expresión, a la denuncia y a la protesta están siendo eliminados a bala en Colombia: el número de muertos y heridos en las protestas es escalofriante y la eliminación de líderes y lideresas sociales sigue un ritmo constante, incentivado por el anonimato y la impunidad.

Los hechos más recientes que nos afectan son los siguientes:

- El martes 4 de mayo de 2021, según algunos pobladores de la zona, el señor CÉSAR JARAMILLO, después de la reunión del 01 de mayo en la vereda La Esperanza, donde convocó a las juntas de acción comunal para hacerlas rmar un pacto de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, empezó a llamar a los presidentes de juntas que no asistieron a dicha reunión, para que le rmaran el documento del pacto de exterminio.-  El jueves 6 de mayo de 2021, llegó a nuestro conocimiento por informaciones de pobladores de la zona, la presión de los paramilitares para comprar terrenos ubicados en lugares estratégicos, como los los de montaña, para poner allí sus centros de operaciones. Ya han amenazado a varios pobladores que no han querido vender sus parcelas.

 

-  El viernes 7 de mayo de 2021, en horas del día en la vereda Arenas Altas personas ajenas a nuestra Comunidad de Paz destruyeron nuestras vallas las cuales son nuestras insignias como proceso de vida.

 

- El sábado 8 de mayo de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que un grupo de pobladores de la vereda La Esperanza planearon pedirle a CORPOURABA que lleguen hasta la propiedad privada de nuestra comunidad allí y se midan 30 metros de ribera del río para iniciar la construcción de una carretera sin nuestro consentimiento.

 

-  El domingo 09 de mayo de 2021, llegó a nuestra Comunidad informaciones de que el paramilitar e integrante de la junta comunal de La Unión, ADOLFO GUZMÁN, habría lanzado amenazas contra un miembro de nuestra comunidad en la vereda la Unión.

 

-  El martes 11 de mayo de 2021, en horas de la madrugada en el casco urbano de San José y sus alrededores los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región dejaron pan etos y escritos en las paredes de las viviendas con las siglas (AGC presente).

 

-  El miércoles 12 de mayo de 2021, en horas del día, tres reconocidos paramilitares portando armas largas entraron al caserío de la vereda La Unión e ingresaron a la vivienda de un poblador.

 

- El jueves 13 de mayo de 2021, recibimos llamadas y mensajes de muchas personas, alarmadas porque se habían enterado de que la Corte Constitucional, en una votación de 5 contra 4, había decidido mantener el núcleo de la Sentencia 342/20, que le daba cierta razón a la Brigada XVII del ejército en su Acción de Tutela contra nuestra Comunidad de Paz, a rmando que nuestras Constancias ofendían su buen nombre y no debían permitirse mientras no estuvieran sustentadas en fallos judiciales. Aunque no conocemos aún el texto del fallo y ni siquiera se ha emitido el comunicado de prensa de la Corte, la noticia revela ya un derrumbe muy profundo del Estado de Derecho. Si nuestra Comunidad radicó una demanda de nulidad contra esa sentencia, la petición de nulidad la respaldamos en abundantísima jurisprudencia internacional y nacional, que a todas luces le da la primacía al derecho a la libre expresión como elemento esencial de cualquier democracia, jurisprudencia que también prohíbe que el derecho al “buen nombre” se interprete como anexo a cargos o dignidades o prescripciones, puesto que el BUEN NOMBRE se construye esencialmente con el BUEN COMPORTAMIENTO

que lleva a ganar aprecio y respeto, pero en el caso de la Brigada XVII existen condenas por crímenes de tribunales nacionales e internacionales e incluso de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En el proceso se anexaron numerosos aportes de eminentes juristas de muchos países, los cuales se apoyaron en numerosas citas de la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, la decisión de la Corte, en un momento de tanta violencia estatal y caos jurídico, sólo añade una gota más a los millares de argumentos que en estos días se propalan sobre la ilegitimidad del Estado y el derrumbe total del Estado de Derecho.

  • -  El viernes 14 de mayo de 2021, paramilitares que controlan la zona prohibieron a pobladores de la vereda Arenas Bajas tumbar monte para sembrar productos de pan coger en sus ncas heredadas de sus ancestros.

  • -  El sábado 15 de mayo de 2021, en horas del día llegaron informaciones que en la vereda La Unión se habría organizado en reunión de Junta de Acción Comunal retirar sin nuestro consentimiento la malla de protección del monumento a La Memoria construido allí por nuestra Comunidad en memoria de las víctimas de la masacre cometida por militares y paramilitares el 8 julio del 2000, según es para construir allí un supuesto parque infantil aprobado por La Alcaldía de Apartadó, el mismo presidente de la junta mani esta que ya es una decisión aprobada.

    Nuestra Comunidad de Paz que ha defendido la vida por más de 24 años rechazamos rotundamente la destrucción de nuestra la memoria histórica y a la vez le dejamos claro al gobierno local y nacional que no callaremos ante la barbarie que se viene cometiendo contra nuestro proceso de vida y la integridad de toda la población civil por parte de estructuras paramilitares, fuerza pública y demás instituciones del gobierno que con alianzas oscuras buscan cómo acabar con la vida digna de nuestra región.

    En estos tiempos en que el país está volcado en las calles en defensa de sus derechos, por la imposición de reformas que oprimen al pueblo colombiano y bene cian más bien el mismo bolsillo del gobierno, y donde las muertes violentas de los inconformes se multiplican día a día, las instituciones viven encapsuladas en un modelo de Estado represor cada vez repudiado por las grandes mayorías del pueblo.

    Hoy más que nunca agradecemos a las diversas personas y comunidades que desde el país y el mundo nos han apoyado en este largo y difícil camino, especialmente en su respaldo para insistirle a la Corte Constitucional que abriera los ojos para entender que la sentencia impugnada violaba principios muy esenciales y elementales de un Estado de Derecho y de una democracia, como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y asociaciones eminentes de juristas de varios países, así como tantas personas que conceptuaron que el mismo sentido común más elemental era el que debería predominar. Aunque los resultados no fueron los esperados, creemos que hemos ganado dignidad frente a una Corte que no le importa la vida del campesino y que se dejó cooptar por los intereses y el inexistente “buen nombre” de una brigada militar que sólo ha acumulado motivos de mal nombre, dada su enorme trayectoria criminal impune, la que quieren camu ar de “buen nombre” contra toda ética, contra toda razón y contra el sentido común más elemental.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó Mayo 17 de 2021

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Dos trabajadores de la construcción vaciando un contenedor de obra en el centro de Madrid. Álvaro Minguito

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo reconocen en un reciente informe que las jornadas de más de 55 horas a la semana provocan enfermedades cardiovasculares que pueden derivar en fallecimientos.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han hecho público un estudio en el que se concluye que las largas jornadas laborales suponen ya el principal factor de riesgo laboral y provocan aproximadamente una tercera parte del conjunto de enfermedades mortales relacionadas con el trabajo. Según sus datos, en 2016 las jornadas de trabajo de más de 55 horas a la semana provocaron un total de 745.000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica. 

El estudio también advierte de que trabajar este número de horas —o más— aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en un 17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica con respecto a una jornada laboral de 35 a 40 horas semanales.

Los organismos alertan de que el covid-19 y el teletrabajo han difuminado la línea que separa el trabajo y el hogar y que las reducciones de plantillas llevadas a cabo por muchas empresas se han traducido en la sobrecarga laboral de multitud de trabajadores

Las cifras también suponen un aumento de casi el 30% de defunciones con respecto a 2000: según las estimaciones de los organismos, entre 2000 y 2016, “el número de defunciones por cardiopatía isquémica debidas a las jornadas laborales prolongadas aumentó en un 42%, mientras que el incremento en el caso de las muertes por accidente cerebrovascular fue del 19%”.

Varones y mayores

La investigación concluye que la mayor parte de las muertes registradas en este sentido correspondieron a personas de entre 60 y 79 años que habían trabajado 55 horas o más a la semana entre los 45 y los 74 años.

Según los resultados del estudio, los problemas cardiovasculares derivados del trabajo son más notorios en hombres —el 72% de las personas fallecidas por esta causa eran varones, según las investigaciones— y se repiten con más frecuencia en las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia sudoriental y en los trabajadores de mediana edad o mayores.

La OMS reitera que “cada vez son más los trabajadores cuya jornada laboral es excesivamente prolongada”

Los organismos alertan de que el covid-19 y el teletrabajo han difuminado la línea que separa el trabajo y el hogar y que las reducciones de plantillas llevadas a cabo por muchas empresas tras la crisis para reducir costes se han traducido en la sobrecarga laboral de multitud de trabajadores, una realidad que debe instar a gobiernos, empleadores y personas trabajadoras, especifica Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS, a “colaborar para poner límites a esta situación y proteger así la salud de los trabajadores”.

En este sentido, la OMS reitera que “cada vez son más los trabajadores cuya jornada laboral es excesivamente prolongada, una tendencia que da lugar a un incremento en el número de personas que corren riesgo de sufrir discapacidades o fallecer por motivos ocupacionales”.

Redacción El Salto

17 may 2021 16:00

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Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma", denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre. 

“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.

Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.

Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.

Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.

“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.

Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.

Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.

Tapen, obstruyan, manipulen

El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.

La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.

Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.

Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

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