Daniel Cahen

El surgimiento de la pandemia del Covid-19 ha traído consigo, entre otras cosas, una invocación del lenguaje de la guerra. Líderes políticos en todos los continentes han descrito el nuevo coronavirus como un enemigo, enfrentándole con medidas rara vez vistas en tiempo de paz, como cierres de fronteras y toques de queda. El personal de salud en contacto con personas enfermas enfrenta riesgos tan altos que se habla de sanidad en la línea del frente.

Como integrante del Comité Internacional de la Cruz Roja, una institución dedicada a trabajar en conflictos armados y otras situaciones de violencia, y abogado especializado en derecho internacional humanitario, este discurso bélico me llama mucho la atención. Sin duda puede ser útil, si contribuye a la concientización de que la amenaza es real y requiere esfuerzos considerables para contrarrestarla. Al mismo tiempo, conflictos armados y crisis sanitarias como las pandemias son categorías muy distintas.

En una guerra, los beligerantes toman iniciativas para dañar la capacidad de su adversario de tomar decisiones y de llevar a cabo operativos defensivos u ofensivos, a menudo por medio de ataques sorpresas. Pero el Covid-19 no es el Pearl Harbor sanitario. La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas el gran riesgo que entrañan para la humanidad pandemias como la actual.

No hacen falta nuevas normas para guiar la acción de los estados. Un instrumento internacional vinculante como el Reglamento Sanitario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, estructura desde 2005 todo un sistema para reducir la propagación a escala global de enfermedades basado en monitoreo, notificaciones y medidas para detectar pandemias. Y sin saber todavía nada del Covid-19, todos los estados sin excepción aprobaron por consenso en diciembre de 2019, durante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una resolución titulada: El momento de actuar: juntos en la lucha ante epidemias y pandemias.

Si bien la lucha contra una enfermedad como el nuevo coronavirus no es una guerra (o sólo en el plano metafórico), sí hay una preocupación porque la pandemia está llegando a países en guerra. En Yemen, Siria o Nigeria, el Covid-19 es una amenaza adicional para la vida.

El derecho internacional humanitario –cuerpo de normas que busca mitigar el impacto de conflictos armados– obliga a los beligerantes a tomar en cuenta el reto de la pandemia. En estos contextos también aplica el derecho internacional de las garantías individuales. Ambos establecen salvaguardas mínimas, como la disposición de instalaciones médicas, el acceso de las comunidades a la salud y a la ayuda humanitaria y el respeto al personal e instalaciones sanitarios, entre otras. El cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar que situaciones ya de por sí críticas se degraden de manera significativa.

Por fuera de situaciones de conflicto, el derecho internacional de las garantías individuales es el marco legal bajo el que deben actuar los estados, incluso en situaciones excepcionales como la actual.

En un escenario de amenaza grave para la salud pública, tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos a nivel regional habilitan a los estados a restringir o suspender algunas garantías fundamentales. Casi todos los estados en América Latina y el Caribe han adoptado medidas extraordinarias frente al Covid-19, afectando garantías importantes (como el derecho a circular libremente, la libertad de reunión, el derecho a la libertad personal). Algunos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras o República Dominicana) han notificado la existencia de tales medidas extraordinarias de manera oficial a la Organización de Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos, lo que permite un mayor grado de transparencia.

Sin embargo, los estados no gozan de poderes ilimitados. Algunas garantías son tan fundamentales que resultan intocables: el derecho a la vida y a la integridad personal, la prohibición de la tortura, el derecho a la vida familiar, entre otras. El derecho de solicitar y de recibir asilo también debe mantenerse, así como el principio de no devolución, que implica no retornar a una persona a un lugar donde, en particular, su vida e integridad física corren peligro. Los estados están obligados por un marco estricto de necesidad y de proporcionalidad. Cualquier restricción a derechos humanos en el contexto de la pandemia debe fortalecer de manera directa la capacidad de proteger el derecho a la vida y a la salud, es decir, controlar mejor la propagación, dar acceso a medidas de prevención, garantizar una atención médica adecuada y proteger al personal y las instalaciones sanitarias.

Las decisiones en materia de salud pública y las conductas concretas de quienes las implementan deben cumplir con el principio de no discriminación, que implica que cualquier persona tenga acceso a la atención médica que requiera, sin distinción desfavorable basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Consideraciones como el estatuto migratorio, la situación de personas desplazadas por la violencia, la privación de la libertad o cualquier tipo de exclusión social no pueden obstaculizar el acceso a servicios de salud.

El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de las garantías fundamentales señalan el rumbo para diseñar planes de batalla contra la pandemia: sin una mayor inclusión de las personas vulnerables no habrá manera de salir de esta lucha de manera digna

Por Daniel Cahen, Coordinador jurídico de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central

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Coronavirus en Perú: motín en las cárceles

Casi la mitad de los presos testeados tienen covid-19

Con las cárceles hacinadas y el coronavirus fuera de control, las autoridades prometen mascarillas y realizar más pruebas.

 

Desde Lima. Con el coronavirus expandiéndose en las sobrepobladas cárceles del país, los reclusos se amotinaron denunciando estar abandonados ante la enfermedad y exigiendo atención médica. El amotinamiento de presos se veía venir, pero las autoridades hicieron poco, o nada, para evitarlo. Los motines estallaron esta semana en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, y luego se extendieron a otras cinco cárceles, tres más en la capital y dos en el interior del país. El saldo ha sido nueve reclusos muertos. Según las cifras oficiales, hay 30 presos fallecidos por covid–19 y 645 contagiados, lo que representa casi la mitad de los 1.532 internos a los que se ha sometido a las pruebas para detectar el virus. Entre los agentes penitenciarios hay 224 infectados y siete fallecidos.

En el penal Castro Castro, a las afueras de Lima, que tiene 5.500 internos cuando su capacidad es de 1.800, los presos tomaron el control del penal -los guardias se habían replegado por temor a los contagios- subieron a los techos, quemaron colchones y a gritos denunciaron que el coronavirus afecta a muchos de ellos, que hay muertos y no reciben atención. En un gran cartel levantado en una azotea se leía: “Queremos las pruebas de (la covid-19). Tenemos derecho”. En otros mensajes pedían medicinas y atención. La policía intervino para acallar la protesta lanzando gases y disparando. El saldo ha sido nueve reclusos muertos y sesenta agentes penitenciarios, cinco policías y dos internos heridos. Familiares de los presos fallecidos exigen se investigue las circunstancias en las que murieron.

Cuando se controlaba a balazos y muerte el motín en Castro Castro, la protesta prendía en el penal de Lurigancho, ubicado entre los cerros de tierra al este de Lima, la cárcel más poblada del país con poco más de diez mil reclusos, muy por encima de su capacidad de 2.500. Desde los techos y ventanas de los pabellones, los presos mostraban cartelones para enseñarlos a las cámaras de la televisión: “Nos estamos muriendo, ayúdennos”, “Medicinas y libertad”, eran algunos de los mensajes que se leían.

En Lurigancho y los otros penales, a diferencia de lo ocurrido en Castro Castro, los motines fueron reprimidos sin muertes. Pero el ambiente en los penales sigue en alta tensión. Familiares de los reclusos, que no pueden ingresar a los penales porque las visitas están prohibidas para evitar los contagios, han denunciado que las autoridades penitenciarias cobran por darles medicamentos a sus parientes recluidos. Los antiguos y graves problemas de cárceles hacinadas, con pésimas condiciones y una atención médica penosa y en muchos casos prácticamente inexistente, se han multiplicado y estallado con la llegada del coronavirus.

Uno de los presos contagiado con coronavirus es Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, condenado en 2005 a 19 años por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría, en un frustrado intento de derrocar al entonces presidente Alejandro Toledo. Antauro, militar en retiro como su hermano Ollanta, levanta una propuesta política ultranacionalista, de rasgos fascistas, que en las elecciones parlamentarias de enero de este año obtuvo 6,7 por ciento y logró meter doce legisladores en el Congreso unicameral de 130 bancas. Pretende ser candidato presidencial. Sus seguidores buscan acelerar su liberación, que debe darse en 2024, a través de un indulto o amnistía.

En respuesta a los motines, las autoridades han ofrecido aumentar las pruebas a los reclusos para detectar a los contagiados, han anunciado que en estos días repartirán mascarillas a todos ellos para que tengan algún nivel de protección y han asegurado que se han creado zonas de aislamiento en los penales para los internos con coronavirus.

En el país hay 97 mil presos, unos 30 mil en prisión preventiva sin sentencia, repartidos en 68 penales, los que, según el gobierno, tienen una capacidad para solamente 38 mil reclusos. El gobierno ha anunciado que se darán indultos y conmutación de penas para descongestionar en algo los hacinados penales.

 “Vamos a liberar a presos enfermos, a los que estén por cumplir pronto su condena, a mujeres embarazadas, madres que están en el penal con sus hijos menores, pero no vamos a abrir las cárceles para que salgan los criminales, violadores, feminicidas, narcotraficantes, los corruptos que le han robado al Estado. Eso no lo haremos. Los beneficiados serán unos tres mil. Sobre los que están en prisión sin condena, eso depende del Poder Judicial”, declaró ayer el presidente Martín Vizcarra.

Políticos acusados de corrupción buscan utilizar el grave problema en los penales por el coronavirus para conseguir su libertad. Un caso especialmente notorio de un intento de aprovechamiento de esta situación es el de Keiko Fujimori, en prisión preventiva por cargos de corrupción y lavado, que ha pedido al Poder Judicial su libertad, lo que debe decidirse la próxima semana. De 44 años, Keiko alega que su vida peligra ante un posible contagio, que da por seguro si sigue en el penal, por tener una salud supuestamente resquebrajada por una hipertensión, pero antes de estar en prisión la jefa del fujimorismo hacía alarde de una buena salud participando en competencias atléticas, y ahora está en una condición privilegiada en el penal, en una celda para ella sola y sin mayor contacto con otras reclusas, lo que aleja la posibilidad de un contagio.

En el Perú hay 33.931 casos de coronavirus y 943 fallecidos. El último día hubo 2.741 nuevos contagios y 89 muertes, la cifra más alta de fallecidos en un solo día en lo que va de la pandemia. 

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“Presidente Duque, los que van a morir te saludan”.

El 14 de abril de 2020, en medio de un panorama desolador y de desesperanza, fue expedido el Decreto No. 546 de 2020 por el Gobierno, con el cual se adoptaron medidas transitorias para que a algunas personas privadas de la libertad se les sustituyera la pena y detención preventiva por prisión y detención domiciliaria. Pero para ese entonces, los diferentes sitios de reclusión del país ya resonaban en los noticieros y en los diarios por los diversos motines de algunas personas privadas de la libertad, quienes en medio de la impotencia y la desesperación no encontraban otras formas de llamar la atención de un Estado que siempre les había dado la espalda, y que aun conociendo sus condiciones no se había pronunciado.

El 22 de marzo del año en curso, a causa de la reacción a las protestas murieron al menos 23 personas en Bogotá, y hubo varias personas heridas en otros lugares del país, y a la fecha las protestas pacíficas continúan, a través de mensajes como, por ejemplo, “Presidente Duque los que van a morir te saludan”. En Colombia, desde 1998 se decretó un estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, y el panorama que se tenía para ese entonces no ha mejorado, sino que a 2020, sin duda alguna ha empeorado. La Corte Constitucional incluso ha afirmado en reiteradas ocasiones que la gravedad de la vulneración sistemática de derechos que se presenta en los establecimientos de reclusión, es tal que no se respetan siquiera algunos mínimos asegurables para “vivir libre de humillaciones” en las cárceles colombianas, esto lo retrata una parte de la sentencia T - 762 de 2015: “se probó que la situación de salud se agrava porque el hacinamiento propicia riesgos epidemiológicos y de enfermedades para los reclusos que inician el periodo de privación de la libertad en buen estado de salud. Como se explicó en la sentencia T-388 de 2013, esa situación es propiciada, permitida y tolerada por el Estado, lo que agrava la vulneración de los derechos y la crisis humanitaria en las prisiones”.

Es por esto que, si bien nadie pronosticaba la crisis que vivimos hoy, generada por el Covid-19, sí se anunciaba el genocidio carcelario, como lo han llamado los académicos, al cual se ven sometidas las personas privadas de la libertad. En el Decreto 546 de 2020, la lista de los que no pueden acceder al beneficio es extensa y serán pocos los que lograrán escapar de un foco de contagio que en estos establecimientos será catastrófico, si nos fijamos en las tasas de hacinamiento (para que no hubiera hacinamiento se requeriría que salieran de prisión 40.000 personas y se estima que con el decreto sólo irán a domiciliaria unas 1.000). Al día de hoy se han presentado de acuerdo con el Ministerio de Salud: “12 casos registrados en el departamento de Amazonas, en Villavicencio han sido diagnosticadas, con COVID-19, más de 100 personas entre internos, guardianes y auxiliares. En la cárcel La Picota se reportan cinco internos que presentan el virus. Mientras tanto, se registra un caso en las Heliconias en Florencia (Caquetá) y otro en Guaduas (Cundinamarca). Además, se han registrado tres muertes relacionadas por coronavirus, de personas privadas de la libertad, mientras que un interno falleció pocos días después de haber quedado libre” (Recuperado de https://www.lafm.com.co/colombia/cinco-carceles-de-colombia-tienen-contagio-de-coronavirus el 24/04/2020).

Las medidas adoptadas por el Decreto No. 546 de 2020 se establecieron por un término de seis meses, es decir, no son medidas definitivas y estas personas deberán continuar cumpliendo su detención preventiva o pena como había sido establecido antes de la pandemia; razón por la cual se hace necesario hacer un llamado a los jueces a realizar un control difuso de constitucionalidad e inaplicar algunas de las exclusiones allí consagradas, por considerarse excesivas y contrarias a la Constitución, entendiendo que son violatorias de derechos humanos y fundamentales por cuanto las personas en prisión no cuentan con acceso a agua potable, insumos para protegerse del virus, ni la infraestructura para evitar su propagación, poniendo en riesgo tanto a los reclusos, como a los guardias y aquellos que necesariamente ingresan a estos centros.

Hemos conocido de la interposición de siete tutelas (los formatos para presentarlas se pueden obtener en este link:https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html) que piden esto, en todas ellas se solicitaba como medida provisional la prisión la prisión domiciliaria y en todas fue negada, desconociendo el peligro real que corre la vida de estas personas, y no dejando muchas esperanzas acerca de que vaya a ser concedido el amparo constitucional.

Este control constitucional sólo tendrá efecto en el caso concreto y permitirá que más personas, cumpliendo con otras condiciones, puedan acceder a este beneficio y desde la casa cumplan con las medidas necesarias para su cuidado y el de la sociedad. Además el confinamiento, el control del Inpec, la posibilidad de usar vigilancia electrónica y el control policial a las medidas de aislamiento social en el país, podrán asegurar el orden público, por lo que esto no puede ser un argumento para apelar a la aplicación literal del decreto.

Consideremos esta hipótesis: usted es Guillermo, sufre de hipertensión y diabetes y se encuentra detenido en una estación de policía por tráfico de estupefacientes (dicen que vendía drogas porque lo detuvieron con 10 papeletas de bazuco). Se ha enterado de la llegada del coronavirus y sabe que hace parte de la población de alto riesgo, teniendo altas probabilidades de morir, lo que ha hecho que esté más estresado y preocupado que antes. En su diario vivir, debido al hacinamiento en la estación, ya lidia con estar las 24 horas encerrado en una celda de donde cada persona cuenta con 40 cm² de baldosa para tratar de estar de pie, y en donde solo hay 2 baños que no funcionan bien, ni tienen agua corriente, soportando altas temperaturas por falta de ventilación. Pasa 18 horas sin comer hasta que por fin llega la comida podrida con agua que no es potable. No cuenta con jabón y mucho menos con gel antibacterial para estar lavándose las manos todo el día como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. No hay cómo lavar la ropa.. Sumado a todo esto, le es imposible dormir, no hay espacio suficiente y le toca esperar un turno para que otro se levante y pueda descansar en el piso, por tan solo 2 horas o menos. Hace muchos domingos (la primera y casi única medida tomada por el gobierno ante el COVID en las prisiones fue suspender todas las visitas) no ve a su familia, no sabe si se encuentran bien y ellos tampoco saben de él. Tiene miedo, ansiedad, ha pensado en quitarse la vida, su presión no ha estado bien un solo día y tampoco hay medicamentos para su tratamiento y mucho menos atención médica.

Muchos y muchas, al igual que Guillermo, han entrado en pánico. Si bien tienen enfermedades graves o son personas mayores de 60 años, no podrán ser beneficiarios de la prisión domiciliaria porque su delito está en la extensa lista de exclusiones del decreto y saben que en las condiciones en que se encuentran solo les espera morir. Día a día se levantan pensando en cuándo llegará el virus al centro de reclusión, en dónde los meterán cuando se contagien, y en cómo pasarán los pocos días de vida que probablemente les quedan.

En el centro de reclusión el distanciamiento obligatorio es imposible. Hay tantas personas que no podrían estar ni siquiera a 10 cm de distancia. El uso del tapabocas (que tampoco se ha suministrado en cantidades adecuadas) sumado a las “recomendaciones” que les dan, sólo dan la impresión de que se hace algo. Es imposible no contagiarse, y no solo del coronavirus, pues otras enfermedades amenazan con matarlos, sin que tengan lo mínimo ni básico para sobrevivir.

Como Guillermo, un sinnúmero de personas presas luego de ser contagiadas empeorarán en cuestión de días, entrando en estado crítico, contagiando al resto de personas recluidas, al personal de guardia, y a quienes entran y salen: Policías, INPEC, proveedores, etc. Finalmente los enfermos serán todos, y las personas muertas muchas.

Lo único que podrán tener las familias, es recibir una llamada o un correo electrónico con la noticia de la muerte de sus familiares, pero no podrán despedirse ya que no es posible entregar los cuerpos contagiados por el virus. Para estas familias no murió un recluso, murió un padre o una madre, abuelo/a, hijo/a o hermano/a y pensarán que si el Estado y las autoridades hubieran cumplido su deber la historia sería completamente diferente.

A las juezas y a los jueces colombianos, todos ellos y ellas con poder de efectuar control de constitucionalidad difuso sobre la ley, les queremos recordar que también la legalidad formal dice que la vida es el derecho más importante, y que acudir al argumento del principio de legalidad para negar su protección, como en otras épocas de la historia, puede traer resultados horrendos.

Así, Hanna Arendt, en su libro El juicio contra Eichmann en Jerusalén, narra cómo este teniente coronel del Servicio Secreto Alemán (SS) y sujeto activo de la orden implícita en la “solución final” durante la Segunda Guerra Mundial, expuso como defensa que estos crímenes estaban amparados en el cumplimiento de la Ley:

“Eichmann, mucho menos inteligente y prácticamente carente de educación, vislumbraba, por lo menos, de un modo vago, que no fue una orden sino una ley lo que los estaba convirtiendo a todos en criminales. […] Esta es también la razón en cuya virtud la orden dada por el Führer de que se llevara a cabo la “solución final” fue seguida por un diluvio de reglamentos y ordenanzas, documentos todos redactados por expertos juristas y no por funcionarios administrativos, la orden de Hitler, a diferencia de las órdenes corrientes, recibió el tratamiento propio de una ley. No es necesario añadir que los consecuentes formalismos jurídicos, lejos de ser una simple manifestación de pedantería o perfeccionismo alemán, cumplieron muy eficazmente la función externa de dar apariencia de legalidad a la situación existente. (Arendt, 2013, p. 219).

Por Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia / .

Colectivo abolicionista contra el castigo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Presos de Colombia: “Señor presidente, los que van a morir, te saludan” (incluye videos)

Dos vídeos puestos a circular por redes sociales por presos recluidos en la cárcel Pedregal (Medellín) y en la de máxima seguridad en Combita (Boyacá), denuncian a través de performances la crueldad y falta de garantías a sus derechos básicos con que están siendo tratados en medio de la pandemia en curso, lo que pone en peligro su vida.


Desde la cárcel Pedregal


En el primer vídeo, compañeros de prisión de Gustavo Alberto Rojas, recluido en la cárcel Pedregal (Medellín) y quien padece la enfermedad terminal VIH, en fase , expresaron al presidente Iván Duque: “Señor presidente, los que van a morir, te saludan”. Con esta frase los reclusos desnudan la crueldad con que los están tratando, crueldad que no repara en el riesgo de contagio a que están expuestos y con ello al riesgo de muerte. Denuncian, el decreto 546 de 2020 por sus limitaciones y exclusiones que impiden el supuesto de deshacinar las cárceles, además de no garantizar el paso a sus hogares de personas en riesgo eminente de muerte como sucede con Gustavo Alberto Rojas a quien su madre lo espera para pasar con él sus últimos días.

 

 

Enlace video aquí

 

Enlace video aquí


Desde Convita


En el segundo vídeo los presos de la cárcel de máxima seguridad en Combita (Boyacá), exigen al Estado colombiano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la renuncia inmediata del general Norberto Mujica, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por “ser quien propagó el covid-19 en las cárceles del país, trasladando presos contagiados de un centro penitenciario a otro”.


Los presos se refieren a los traslados realizados desde la cárcel de Villavicencio, primer centro de reclusión con contagiados y primer fallecido por el coronavirus. Algunos internos fueron trasladados desde este penal hacía la cárcel La Picota (Bogotá), Las Heliconias (Caquetá), como a la cárcel de Guaduas (Cundinamarca), donde reportaron positivos por covid-19.


Demandan en su video, además, una rebaja de penas del cincuenta por ciento, una medida consistente con otros momentos históricos, donde no hay riesgo de muerte pero sí consecuencia con sucesos políticos o similares, como la visita de un Papa, pero que en la actualidad se llevaría a cabo por humanidad, por la defensa y protección de la vida.


Voces de apoyo

Durante la semana del 20 de abril estudiantes de Derecho y abolicionistas pusieron en redes sociales sendas tutelas para que familiares e interesados en la vida de las personas presos interpusieran tal recurso en los juzgados de sus ciudades.
Al mismo tiempo, familiares de presos llevaron a cabo protestas pacíficas al frente de diversas prisiones del país.
En consonancia con estos actos, profesores de Derecho y criminólogos de resonancia internacional circularon un pronunciamiento sobre el decreto 546, evidenciando que no garantiza nada de lo que anuncia y sí expone a las decenas que están tras los muros a un “genocidio carcelario”.


Pese al riesgo evidente que se vive y a la justeza de lo demandado, el gobierno no cambia de actitud. Los días que vienen darán el veredicto sobre su falta de voluntad política y inhumana actitud. Una actitud que, cuando más, avanza con instalar carpas “medicalizadas” el interior de la cárcel de Villavicencio, donde los contagiados según El Espectador ya suman 168 –entre presos, personal de guardia y administrativos– o aislar internos (confinados dentro del confinamiento) contagiados o con sospecha de estarlo.


Vea en el siguiente link todos los artículos relacionados con la emergencia carcelaria, así como formatos de tutelas para que sindicados y condenados tengan detención domiciliaria transitoria, cartas de la comunidad internacional y nacional a favor del deshacinamiento masivo en cárceles de Colombia.


Cubrimiento especial emergencia carcelaria https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

Rumbo a un genocidio carcelario: 
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39422-rumbo-a-un-genocidio-carcelario.html
Tutela para solicitar casa por cárcel a personas condenadas:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html
Tutela para solicitar casa por cárcel a personas sindicadas:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39415-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-formato-para-personas-sindicadas-privadas-de-la-libertad-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

 

 

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Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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Domingo, 26 Abril 2020 07:36

Fuerza feminista

Fuerza feminista

Son tiempos agitados en América Latina. Eso ya era verdad antes de la emergencia de la pandemia global.

En octubre, un levantamiento de 11 días paralizó a Ecuador y una protesta estudiantil se convirtió en un estallido social prolongando en Chile. En noviembre la derecha tomó el poder en Bolivia, en diciembre Argentina volvió a ser gobernado por el kirchnerismo. Este año ya, asumieron nuevos presidentes en Guatemala y Uruguay. Y luego, vino la pandemia.

Pero en todo el continente, mientras cambiaban las caras de los gobernantes, ha habido una constante: las mujeres han tomado y han vuelto a tomar las calles de forma masiva, repudiando la deuda, el capital y la violencia. El 8-9 de marzo las mujeres mostraron que tienen una capacidad inmensa de lucha y despliegue de múltiples estrategias feministas en todo el continente.

En México, desde Ciudad Juárez hasta Tapachula, fuimos nosotras las que, de forma masiva, rechazamos la violencia y desafiamos el gobierno de la Cuarta Transformación.

En Santiago de Chile, salieron dos millones de mujeres y hombres a las calles el 8 de marzo en una huelga general, en apoyo a un programa feminista.

En Montevideo, fueron 350 mil mujeres en la calle, casi la mitad de las que viven en la capital uruguaya. Miles también tomaron las vías en la ciudad de Guatemala, denunciando el machismo, rememorando las víctimas de violencia, y clamando contra políticas de despojo.

El 9 de marzo, las mujeres armaron un paro en toda Argentina, con medio millón tan sólo en Buenos Aires. “La deuda es con nosotras y con nosotres, ni con el FMI ni con las iglesias”. Ese fue el lema bajo el cual cientos de miles mujeres se movilizaron allá. Fue el cuarto año de huelga feminista, un día de rebelión en medio de un año repleto de encuentros, asambleas y articulaciones entre mujeres.

En las ciudades más grandes de Bolivia, miles de mujeres se manifestaron el 8 de marzo, a pesar de una coyuntura polarizada y violenta. En Cochabamba, las mujeres salieron a las calles con el eslogan "no tenemos miedo, tenemos fuego".

A pocas semanas de las masivas concentraciones, marchas y juntas del 8-9 de marzo, vino lo que ahora vivimos: órdenes de cuarentena, toques de queda, distanciamiento social y estados de emergencia, a raíz de la llegada al continente de un nuevo virus sumamente contagioso y con efectos complicados y a veces letales en el cuerpo humano.

Las contradicciones, las tensiones y las injusticias se han ahondado en tiempos de pandemia. Hoy día, los temas al centro de la revolución feminista nunca han sido más relevantes.

"Nosotras en general con el movimiento feminista y el movimiento social dijimos no al pago de la deuda directamente, por ser deuda ilegítima por que la toma de deuda no pasó por el parlamento cuando es un requirimiento constitucional", me dijo Verónica Gago en una entrevista por Zoom desde Buenos Aires. La mayor parte de la deuda fue tomada por Maurico Macri durante los pasados cuatro años.

"Al escala global ahora hay una posibilidad de suspender la deuda, y además hay una necesidad acá de derivar fondos para el gasto social y público que hace actualmente imposible pensar a los términos de negociación anterior a la pandemia" dijo Gago, miembro del colectivo Ni Una Menos y autora del libro La potencia feminista.

Mientras que cuerpos envueltos en plástico se pudren en las calles de Guayaquil y los barrios marginados se militarizan, las redes de mujeres en Ecuador se siguen organizando. El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas ha surgido como resultado de la revuelta de octubre y ahora es un nodo para coordinar mujeres en todo el país.

Las ollas populares, forma de protesta pública que a la vez es estrategia alimenticia, han vuelto a ser parte de la cotidianidad en Argentina y Uruguay, debido a la profunda crisis alimentaria actual.

A principios de la llegada de la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou decretó alzas en las tarifas de luz, agua y telefonía. "Después de 15 años de progresismo, regresaron las ollas en 15 días", me comentó Mariana Menendez, feminista uruguaya e integrante del colectivo Minervas en la ciudad de Montevideo.

En Chile, el movimiento feminista ha sido central en el sostenimiento del estallido social.

"Lo que abre la revuelta en Chile desde el 18 de octubre, marca de manera muy radical una idea, que es que la vida en su conjunto es la que estaba en cuestión, la forma en la que se organizaba la vida en Chile" me comentó Javiera Manzi de la Coordinadora Feminista 8m desde Santiago. "Y eso es precisamente lo que nosotras veníamos hablando cuando nos referíamos a la reorganización de la vida".

No queda duda que las ideas sobre el cuidado y la reproducción de la vida se han vuelto todavía más centrales con la pandemia. La historia de la lucha abierta en América Latina durante los pasados años nos deja en claro que serán las mujeres, algunas feministas pero todas movilizadas, las que marquen el paso y las formas de seguir transformando la sociedad y la economía.

Por Dawn Marie Paley, periodista canadiense y autora de Capitalismo antidrogas: Una guerra contra el pueblo (Libertad Bajo Palabra, 2018).

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Cárceles de Colombia en pandemia interna por coronavirus

Con 74 contagiados por covid-19, según Minjusticia, y 89 según la alcaldía de Villavicencio, y dos muertos por igual motivo, la cárcel de Villavicencio se convierte en un potencial foco de muerte, multiplicado por un hacinamiento del 98,7 por ciento: el penal fue construido para encerrar 899 personas y al momento concentra 1.796.

 A un mes del aterrador y cruel asesinato de 22 presos en la cárcel La Modelo en Bogotá y más de 80 heridos, por reclamar a través de protesta directa por sus derechos a la salud y la vida, tiempo que también suma la declaración de emergencia carcelaria por parte de la Minjusticia, y a 10 días de la expedición del decreto 546 con el cual el Gobierno dice proteger la salud y vida de las miles de personas presas, nada de lo pretendido se ha cumplido, la crisis en que vive la cárcel de Villavicencio así lo comprueba, como la tensión que reina al interior de los centros de reclusión donde quienes los padecen ven con alarma como el virus empieza a regarse por esos sitios de venganza y muerte.

Para no llegar a esta situación, decenas de plataformas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos advirtieron que el deshacinamiento tenía que ser una medida inmediata. Pero por falta de voluntad política del gobierno central, desde su cabeza pasando por la Ministra de Justicia, así como por la dirección del Inpec, la situación al interior de los penales pasa de castaño a oscuro. La evidencia es la cárcel de Villavicencio donde a tomado cuerpo una epidemia de covid-19, con datos más que alarmantes: según la Minjusticia, 74 contagiados –20 guardias entre ellos–, cifra que la alcaldía local incrementa incluso hasta 89, además de dos muertos declarados por igual causa. El castigo no puede significar la muerte, ni la zozobra diaria por “qué será de mi vida”; angustia extendida a los familiares de las personas presas. Ante una clara violación de los derechos humanos de todas estas personas, el gobierno nacional no puede negarse a cerrar este centro de muerte por temor a que los “peligrosos delincuentes” allí recluidos pasen a otros sitios para continuar cumpliendo con sus penas, pues acá de lo que se trata es de garantizar la vida de cientos y miles de seres humanos.

Un riesgo de infección y muerte que seguirá en creciente, ya que como informó el medio independiente “El cuarto mosquetero”: “24 de (los infectados se) encargaban de hacer la comida para todos los internos, por lo que se teme que el número de contagiados aumente drásticamente”. Realidad multiplicada por la inacción gubernamental al no aplicar pruebas a todos los internos allí hacinados. Penal que alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786, es decir carga con una sobrepoblación de 887 personas, según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

La negligencia del Estado manejando la pandemia del coronavirus llevó a que decenas de docentes e investigadores en los ámbitos del Derecho Penal, la Criminología y la política criminal, tanto de instituciones internacionales como de diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobretodo, como seres humanos, se manifestaran en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus, declarando la actuación del Estado como propiciatoria de un “genocidio carcelario”.

A pesar de que familiares y presos confinados en distintas cárceles hayan realizado huelgas de hambre y protestas pacíficas, como la llevada a cabo el pasado 6 de abril, con cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles, el gobierno ha hecho y sigue haciendo caso omiso ante las demandas de los condenados y sindicados. Protestas que prosiguen: el 22 de abril, en la cárcel La Picota de Bogotá, familiares de internos se reunieron para acompañar la protesta que llevan a cabo los internos desde el 20 de abril, exigiendo una mesa de interlocución con presidencia y excarcelación humanitaria. Igual sucedió en la cárcel de la ciudad de Cúcuta.

Ante la prepotencia oficial, la sociedad civil se ha organizado en pro de los derechos fundamentales de los presos, elaborando formatos de tutelas para que todas las personas condenadas y sindicadas interpongan ante los jueves la solicitud de detención domiciliaria transitoria, al menos mientras dure la pandemia.

Mientras protestas, alegatos jurídicos, derechos de tutela y otros recursos y medios de resistencia prosiguen su curso, la solución política y humanitaria que demanda esta situación es el cierre inmediato de la cárcel de Villavicencio, y el traslado de los allí recluidos a lugares donde puedan vivir una cuarentena en condiciones dignas. Trasladarlos a otros penales es regar la epidemia por todo el país, hasta convertirse en pandemia.

Deshacinar, entre tanto, también es obligatorio, y debe actuarse por todo el país, para lo cual los sindicados, que son personas acusadas de algún delito pero sin haber sido vencidas en juicio, deben salir de estos centros del horror y ser trasladados a sus sitios de vivienda, perdiendo el derecho a la movilidad pero nada más.

La vida, en dignidad, es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Obtenga el formato de todas estás tutelas y el manifiesto anotado en el artículo aquí:

Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

Rumbo a un genocidio carcelario

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39422-rumbo-a-un-genocidio-carcelario.html

Acción de tutela a favor de todas las personas sindicadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39415-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-formato-para-personas-sindicadas-privadas-de-la-libertad-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

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Daniel Cabrera, colombiano confinado en Myanmar y uno de los líderes de esa comunidad

A raíz de la poca o nula ayuda por parte de la Cancillería de Colombia en solvencia económica, sanitaria o gestión de vuelos humanitarios que traigan de regreso a los colombianos atrapados por el mundo producto de la cuarentena declarada por diversidad de países, un grupo de colombianos con liderazgo, algunos en Colombia y otros atrapados en el extranjero, crearon la comunidad: Quiero regresar a casa, iniciativa independiente no gubernamental. 

Una iniciativa necesaria, toda vez que el gobierno de Iván Duque y la Cancillería, a cargo de Claudia Blum, no han atendido ni resuelto la situación que sufren miles de colombianos y colombianas que están en el limbo territorial y en situación de vulnerabilidad económica, mental, en salud y otros tópicos. Una realidad que desnuda la ausencia de voluntad política de un gobierno que no reacciona ante la demanda de una parte de sus gobernados, los mismos que ven como su situación llega a extremos inmanejables, situación que de así seguir cada día será peor.

Ante estas circunstancias, como evidencia de la energía que los llena y la esperanza que los motiva, los connacionales atrapados por el mundo crearon una alternativa para poder brindar apoyo a los colombianos que están en su misma situación.

desdeabajo entrevistó a Daniel Cabrera, líder de esta comunidad, confinado en Myanmar, quien contó: “Esta es una iniciativa que nace porque muchos colombianos atrapados por el mundo, y que están buscando ayuda, no encuentran una mano amiga por parte del gobierno. No quiero que esto sea una crítica al gobierno porque nadie se esperaba una pandemia pero ya se salió de control. Lamentablemente la respuesta de las embajadas colombianas no ha sido la mejor. Los colombianos nos sentimos en situación de vulnerabilidad, mientras vemos que ciudadanos de países en Europa o Estados Unidos sí tienen respuesta de sus gobiernos”.

¿Cuáles son los objetivos de esta comunidad?

Queremos hacer realidad tres objetivos, importantes e interdependientes: 1) poder regresar a Colombia, es el más importante y primordial de todos, pero para eso necesitamos de los otros objetivos, 2) Unir a los colombianos en el exterior que sufren de xenofobia, no tienen recursos y muchos no hablan el idioma donde están varados; unirnos con los connacionales que están en Colombia y que pueden apoyarlos mientras logramos volver al país. 3) Concentrar y canalizar las comunicaciones de todos, siendo una sola grande y fuerte voz.

¿Cuál es la estrategia para poder realizar esos objetivos?

La estrategia de unir estos dos mundos es lograr identificar los casos más graves que están sobrellevando muchos compatriotas y para eso nos reunimos varios líderes alrededor del mundo. Por ejemplo, si tú estás en Colombia y estás bien, y nos dices: soy abogado y podría ayudar legalmente, soy psicólogo y podría brindar terapias o dentro de mis posibilidades podría ayudar económicamente, entonces ingreso al portal web de: Quiero Regresar A Casa www.quieroregresaracasa.com para encontrar a todos los colombianos atrapados por el mundo en condición de vulnerabilidad y decido a cuál ayudar. Nosotros hacemos el enlace entre las dos personas, somos el canal de comunicación para conectar estos dos mundos.

¿Qué están realizando ahora?

En esta primera etapa estamos recibiendo los registros de muchos colombianos atrapados alrededor del mundo. No hacemos parte del gobierno, simplemente estamos acá para conectarlos con otras personas que los quieran ayudar. Esto es independiente, somos un equipo de personas que estamos detrás de esto, y por medio de la solidaridad y colaboración podemos lograr ayudar a los connacionales atrapados por el mundo, concluyó Daniel Cabrera.

Aparte de sufrir derechos humanos básicos como a la de salud, vida, igualdad, a no sufrir destierro y, por ello, poder regresar a casa cuando se necesita o quiere, se suma que la mayoría de los colombianos atrapados por el mundo están siendo rechazados por ser extranjeros. Como también hay colombianos en su propio país los rechazan y no quieren que vuelvan al territorio nacional pensando que pueden traer el virus covid-19.

Es el momento de unirnos y agrandar los lazos de solidaridad. Que su voz encuentre oídos prestos. Todas y todos somos país. Únase también a la campaña de desdeabajo Primero el ser humano. Para ver más aquí:

https://desdeabajo.info/sociedad/item/39406-lanzada-la-campana-primeroelserhumano.html

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Miércoles, 22 Abril 2020 09:53

Rumbo a un genocidio carcelario

Rumbo a un genocidio carcelario

Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el Coronavirus.

 (TEXTO DEFINITIVO)

 

Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobre todo, como seres humanos,

 

Manifestamos:

 

PRIMERO: Que es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a toda la humanidad.

SEGUNDO: Que nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.

TERCERO: Que el texto referido describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados. Además, él detalla las condiciones de reclusión que no pueden ser más alarmantes, cuando advierte que el confinamiento y el hacinamiento “convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno”, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.

CUARTO: Que en ese contexto las circunstancias que ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer Coronavirus, según la opinión calificada y reiterada de la Organización Mundial de la Salud, los informes institucionales y los múltiples estudios científicos sobre la pandemia.

QUINTO: Que después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho.

SEXTO: Que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado, porque ni la pena ni la detención preventiva autorizan su limitación y, mucho menos, su sacrificio. Por tanto, omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad, aniquilando con ello la legalidad, la humanidad y la proporcionalidad, que son sus requisitos constitucionales de legitimidad, máxime si con ello se profundiza el gravísimo estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas ya declarado –en forma reiterada– por la Corte Constitucional.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni; y, también, se confirmaría la admonición del jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuando expresa que los castigos, por irrogar dolores excesivos y despóticos, conllevan muchas más injusticias que los delitos cometidos.

Exigimos:

 

PRIMERO: Que, en desarrollo de las precisas facultades constitucionales previstas en el artículo 215 se modifique –a la mayor brevedad– el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y segaranticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.

SEGUNDO: Que, en uso de esas mismas potestades constitucionales, se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.

TERCERO: Que toda la sociedad civil y los medios de comunicación social, en especial estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las iglesias y todos los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto y la preservación de los derechos humanos, se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos,

Como consecuencia de lo anterior, nos suscribimos hoy 21 de abril de 2020:

 

Adherentes internacionales

Luigi Ferrajoli

Filósofo del Derecho.

José Hurtado Pozo

Profesor Emérito Universidad de Fribourg, Suiza.

Perfecto Andrés Ibáñez

Magistrado Jubilado, Tribunal Supremo Español.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Profesor y tratadista de Derecho Penal.

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo e investigador,

Catedrático Jubilado de la Universidad de Coimbra, Portugal.

 

Miguel Ontiveros Alonso.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia, España.

Andrea Planchadell Gargallo

Catedrática de Derecho Procesal, España.

 

Ana Gabriela Braga

Profa. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Brasil.

 

Juan Manuel Alcoceba Gil

Docente Universidad Carlos III de Madrid, España.

 

José R. Agustina

Universidad Internacional de Catalunya, España.

José Luis Guzmán Dalbora

Profesor de Derecho Penal, Chile.

 

Rodolfo Félix Cárdenas

Catedrático de Derecho Procesal Penal, Escuela Libre de Derecho

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 

Iván Meini Méndez

Profesor Principal de Derecho Penal de la PUCP, Perú.

 

Juana del Carpio Delgado.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

 

Eduardo Demetrio Crespo

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 

Javier Llobet Rodríguez

Profesor Jubilado Universidad de Costa Rica.

 

Mario Ramírez Orozco

Profesor universitario, Noruega.

 

Vincenzo Militello

Profesor Ordinario de Diritto Penale, Università di Palermo, Italia.

 

Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho penal y Director de CRIMINA de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fernando A. Fernandes

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil.

Iñaki Esparza Leibar

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de San Sebastián España.

Héctor Claudio Silveira Gorski

Profesor de la Universidad de Barcelona, España.

Pastora García Álvarez.

Profesora titular de Derecho penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

María del Valle Sierra López.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Víctor M. Macías Caro

Profesor Ayudante, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Rosmari Moreno Acevedo.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo

Doctor en Derecho Penal.

Director Especialización en Derecho Penal, Universidad del Salvador, Argentina.

Nahuel Alberto Felicetti

Docente investigador en el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador, Argentina.

Agustín López Resano

Investigador del Instituto de Investigaciones de la USAL (Argentina).

Gabriel Raúl Bustos

Secretario de Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Raúl García

Investigador Penalista y Periodista.

Director de la Revista MATICES y Consultor Despacho Valores Jurídicos., México.

 

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal, España.

David Sánchez Rubio

Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla, España.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Miembro Academia Mexicana de Ciencias Penales, México.

Martín Alexander Martínez Osorio

La Universidad del Salvador, Argentina.

Alejandro de Pablo Serrano

Profesor ayudante doctor. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Germán Venegas Díaz.

Profesor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

Viviana Caruso Fontán.

Profesora contratada doctora. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Amalia Calderón Lozano.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Carmen López Peregrín

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Laura Zúñiga Rodríguez.

Catedrática derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Julio Ballesteros Sánchez

Doctor e investigador en derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Ignacio González Sánchez.

Profesor de la Universitat de Girona, España.

Ezequiel María Ercole

Abogado penalista e investigador, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador (Argentina).

Miguel Díaz y García Conlledo

Catedrático de Derecho penal, Universidad de León, España.

 

Esther Pomares Cintas

Profesora titular de Derecho penal, España.

Inés Olaizola Nogales.

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático Universidad de Jaén, España.

John Vervaele

Profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda.

José Luis Díez Ripollés

Catedrático de la Universidad de Málaga, España.

Juan Luis Gómez Colomer

Investigador jurídico.

Iñaki Rivera Beiras

Director OSPDH, Barcelona, España.

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de la Universidad de Oviedo, España.

Massimo Donini

Profesor de Derecho penal, Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.

Pilar Martin Rios

Profesora titular, Universidad de Sevilla, España.

Paz Francés Lecumberri

Universidad Pública de Navarra, España.

 

Adherentes nacionales 

 

Jaime Sandoval Fernández

Profesor Universidad del Norte.

Ricardo Molina López

Profesor Universidad de los Andes.

Ricardo Posada Maya

Profesor Universidad de los Andes.

Armando Luis Calle Calderón

Profesor Universidad de Antioquia.

Diego Araque Moreno

Profesor Universidad de Medellín.

Luis Eduardo Agudelo Suárez

Profesor Unaula.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Universidad Eafit.

Bladimir Ramírez Valencia

Universidad de Antioquia.

Cesar Alejandro Osorio

Penalista y criminólogo.

Jesús Antonio Muñoz Gómez

Criminólogo.

Emiro Cáceres González

Doctorando (Universidad de Salamanca).

Yennesit Palacios Valencia

Docente en derechos humanos.

Julio Darío Vélez López

Profesor de Derecho penal, Universidad Pontificia Bolivariana.

Carlos Jaime Taborda Tamayo

Juez 15 Penal del Circuito de Medellín.

Juan Ignacio Palacio Naranjo

Abogado penalista.

César Augusto Otálvaro Sánchez

Abogado penalista.

 

Luis Fernando Vélez Gutiérrez

Abogado penalista.

Plinio Posada Echavarría

Abogado penalista.

Alfonso Cadavid Quintero

Profesor Universidad Eafit.

Francisco Javier Tamayo Patiño

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Fernando Velásquez Velásquez

Abogado penalista/columnista.

 

Juan Oberto Sotomayor Acosta

Profesor Universidad Eafit.

C. Estanislao Escalante Barreto

Profesor Universidad Nacional de Colombia.

Bryan Benavides Herrera

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Yani Vallejo Duque

Universidad San Buenaventura.

 

Alfonso Insuasty Rodríguez

Universidad San Buenaventura.

 

Juan Fernando Gutiérrez Márquez

Universidad de Antioquia.

 

Juan Carlos Cantillo Arcón

Investigador (Universidad De León).

 

John E. Zuluaga Taborda

Investigador en Derecho penal y justicia transicional.

 

Ricardo Echavarría Ramírez

Universidad Eafit.

Adriana Villegas Arango

Abogada penalista y profesora universitaria.

Einarco Morales Carpio

Profesor universitario y abogado penalista.

Guillermo Arismendy Díaz

Abogado penalista.

José Fernando Botero Bernal

Profesor de Derecho Penal.

 

Edilberto Vanegas Holguín

Académico y abogado penalista.

Guillermo José Ospina López

Profesor UAC-Popayán.

 

Albeiro Pulgarín Cardona

Constitucionalista.

           

Rubén Darío Triana S.

Abogado litigante.

Alejandro Decastro González

Abogado penalista.

 Mario Nicolás Cadavid

Profesor de Derecho penal.

 Darío Encinales Arana

Abogado penalista.

Sandra Urrea Orlas

Abogada penalista.

Ligia María Vargas Mendoza.

Profesora Universidad de Los Andes.

 Luis Bernardo Ruiz Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 Gabriel Fernando Roldán Restrepo.

Juez Penal del Circuito, Medellín.

Andrés Botero Bernal

Profesor Universidad UIS

 Rubén Darío Acosta Ortiz

Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL

Oscar Augusto Rincón Martínez

Abogado penalista U. de A.


 Geovana Andrea Vallejo Jiménez

Profesora Unaula.

Diana Patricia Arias Holguín

Profesora Universidad de Antioquia.

Karyn Lenis Sanín

Doctora en Derecho penal

Universidad de Sevilla (España).

 Blanca Inés Uribe Mesa

Traductora e intérprete judicial (Países Bajos).

William Fredy Pérez Toro

Profesor Universidad de Antioquia.

Gloria Liliana Pérez Gaitán

Abogada penalista.

 Oscar Manuel Bernal Guarín.

Abogado penalista y docente universitario.

 Nicolás Ortega Tamayo.

Abogado penalista y profesor.

 Gloria Patricia Lopera Mesa

PhD en Derecho, estudiante doctorado en historia, Florida International University

 David Enrique Valencia Mesa

Profesor Universidad de Antioquia

Marcela Gutiérrez Quevedo

Universidad Externado de Colombia.

 Esteban Vásquez Ortiz

Profesor Politécnico de Antioquia.

 Diana Paola Herrera Arroyave

Profesora Universidad de Antioquia.

Hernando Londoño Berrío

Profesor Universidad de Antioquia.

Juan Esteban Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Carlos Hernán Ocampo G.

Docente y abogado penalista.

Susana Escobar Vélez

Universidad Eafit.

Orlando Mendoza Galeano

Abogado penalista.

Nicolás Süssmann Herrán

Abogado e investigador en el área penal.

Juan Carlos Trujillo Cabrera.

Penalista, investigador visitante Instituto Max Planck de Derecho Penal, Freiburg i. Br.

Roby Andrés Melo Arias

Profesor de Derecho Penal, Universidad del Tolima.

César Augusto López Londoño

Académico y abogado penalista en ejercicio.

Miguel Lamadrid Luengas

Profesor de Derecho penal; investigador

Germán Pabón Gómez

Profesor e investigador de Derecho Penal.

Ingrid Lorena Parrado Leal

Abogada penalista.

Walter Rivera

Abogado penalista.

 Diana Restrepo Rodríguez

Universidad San Buenaventura (Cali).

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Director Cátedra Unesco de Desarrollo Humano sostenible

Mauricio Martínez Sánchez

Profesor de Derecho penal y constitucional-criminólogo de la Universidad Nacional.

Julián Andrés Muñoz Tejada

Profesor Universidad de Antioquia.

Julio Alberto González Zapata

Profesor Universidad de Antioquia.

Álvaro Frías Cruz

Abogado penalista.

Gloria María Gallego García

Profesora de Filosofía del Derecho, Eafit.

Mario Andrés Vásquez Arredondo

Docente universitario y abogado litigante.

 

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Doctorando en derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Gabriel Ignacio Gómez

Profesor Universidad de Antioquia.

Julián Camilo Giraldo Naranjo

Profesor Universidad de Antioquia.

Estefanía Osorio Hernández

Universidad la Gran Colombia, Sede Armenia.

Luis Fernando Tocora López

Coordinador para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

 

 

 

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¿Es eficaz las estrategia de Suecia contra el coronavirus de no imponer una cuarentena obligatoria?

El país mantiene abiertos gimnasios y cafeterías, pero pide a los ciudadanos actuar con responsabilidad y mantener el distanciamiento social.

A pesar de la propagación del coronavirus por el continente europeo, Suecia no impuso una cuarentena en el país, como lo hicieron otros Estados de la región, y dejó que permanecieran abiertos los gimnasios, cafeterías y otros lugares públicos. Sin embargo, pidió a la población que actuara con responsabilidad y mantuviera el distanciamiento social. 

¿Cómo esta decisión afecta al número de infecciones en el país y qué escenario económico espera al país en futuro cercano? 

Medidas aprobadas

Las autoridades suecas decidieron abstenerse de medidas estrictas, como la cuarentena obligatoria. No obstante, dieron una serie de pasos destinados a reducir el contacto entre las personas, entre ellos la prohibición de reunirse más de 50 personas. Asimismo, cerraron escuelas secundarias y universidades, pero permitieron que las escuelas para alumnos menores siguieran funcionando.

La mayoría de los negocios, entre ellos cafeterías, restaurantes y gimnasios, tampoco cerraron sus puertas, pero sus propietarios se vieron obligados a garantizar una distancia entre los clientes.

Al mismo tiempo, se aconsejó a la gente evitar viajes no necesarios, trabajar desde casa y no salir a las calles a las personas mayores de 70 años o enfermos.

"La diferencia entre el enfoque en Suecia y otros países no es muy grande. Es principalmente el tono en el que lo tratamos", declaró el pasado viernes Johan Carlson, director de la Agencia de Salud Pública del país.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, destacó que es "un mito" que la pandemia no cambió la vida en el país. "Suecia comparte los mismos objetivos respecto al brote de covid-19 como todos otros países: salvar las vidas y proteger la salud pública. Trabajamos con los mismos desafíos que otros países —la escala y velocidad del virus, la presión sobre el sistema nacional de salud— y usamos las mismas herramientas que la mayoría de los países", precisó.

Número de contagiados y muertos

De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, el país europeo registró hasta este 21 de abril 14.777 casos de infección con coronavirus, mientras que 1.580 personas fallecieron a causa de covid-19. La cifra es mayor que en otros países escandinavos, como Dinamarca (7.891 contagios y 364 muertes), Noruega (7.156 y 181) y Finlandia (4.014 y 98), pero mucho menor que en Italia, España o Reino Unido.

El epidemiólogo jefe del país afirmó la semana pasada que la estrategia adoptada por Suecia para combatir la pandemia de covid-19 sin recurrir al confinamiento domiciliario estaría empezando a dar frutos.

"Empezamos a ver a tantas personas inmunes en la población de Estocolmo, que está comenzando a tener un efecto en la propagación de la infección", declaró Anders Tegnell, epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública sueca y figura clave en la respuesta nacional al coronavirus. Según el especialista, el número de infectados y de fallecidos por coronavirus se está empezando a estabilizar y Estocolmo, epicentro del brote en el país, podría lograr la "inmunidad colectiva" en mayo.

"La tendencia que hemos visto en los últimos días, con una curva más plana —donde tenemos muchos casos nuevos, pero no tenemos un aumento diario— es estabilizante", señaló el pasado 17 de abril Karin Tegmark Wisell, jefa del departamento de microbiología de la Agencia de la Salud Pública de Suecia, añadiendo que se observa también "la misma situación para pacientes en cuidados intensivos".

Cabe destacar, que la gran parte de las personas infectadas viven en residencias de ancianos, mientras que medios locales señalaron que los establecimientos de este tipo en al menos 90 municipios del país tienen casos de infección. "Es nuestra gran área problemática", admitió en ese contexto Tegnell.

Escenario económico

Todavía no se puede decir si las medidas más suaves pueden ayudar a evitar una profunda crisis tras la pandemia. Las autoridades suecas presentaron a mediados de abril tres posibles escenarios de la situación económica del país y, de acuerdo con el peor de ellos, su PIB caerá en un 10%, mientras que el desempleo alcanzará el 13,5%.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estimó en un informe que en 2020 el PIB de Suecia sufrirá una caída más grave que la de varios otros países europeos (como Suiza y Reino Unido) que impusieron medidas más estrictas.

Por su parte, el economista James Pomeroy, de HSBC Global Research, opinó que la estrategia de Suecia puede resultar "imprudente", pero indicó que "si la curva de infección se aplana pronto, la economía podría estar en mejores condiciones de recuperarse", informa Bloomberg.

Publicado: 21 abr 2020 22:03 GMT

Publicado enInternacional