Imagen de la represión contra Patricio Bao, de 69 años.

La represión es una constante desde que empezó la revuelta social en octubre pasado

Los uniformados no solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. El ataque contra Patricio Bao se viralizó.

Desde Santiago. Los carabineros como significante más elocuente del aparato represivo han superado la teoría de Hobbes en el Leviatán. No solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. Patricio Bao tiene 69 años. Fue apaleado el 8M cuando había acompañado a la marcha a su esposa e hijas. Indefenso, terminó con diez puntos en la cabeza y cuatro en el párpado derecho. Su historia se mediatizó porque un video del ataque que sufrió se volvió viral.

Por muy poco no ingresó al listado de personas con trauma ocular o pérdida de la visión. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) son 445 hasta el 18 de febrero. En esta ciudad se sale de la casa, el trabajo, un bar o el hotel donde se está alojado, pero nunca se sabe en qué condiciones se regresa. Si sano, herido o envuelto en una mortaja.

Lo pudimos comprobar el lunes bien entrada la tarde, sobre la avenida Alameda, en las cercanías del Palacio de la Moneda. Una caminata de pocas cuadras se transformó en la retirada inmediata del lugar. Los sufrientes a diario, santiaguinos de a pie, hombres y mujeres que buscaban el Metro para salir de la zona o esperaban el bus en la parada, fueron atacados con chorros de agua, gas lacrimógeno y gas pimienta. ¿Qué hacían? Simplemente miraban a su alrededor, filmaban a los carabineros con sus celulares y unos pocos les gritaban “Pacos culiados”.

Los uniformados formateados en los usos y costumbres de la dictadura de Pinochet están cebados. De nada sirvieron los cursos sobre Derechos Humanos que les dio el gobierno. Reciben un doble mensaje. Porque el principal es despejar la calle y gastar la munición disponible si fuera necesario. Una joven quedó paralizada por el gas pimienta junto a las vallas que protegen los jardines que rodean La Moneda. La gente solidaria discutía con qué antídoto ayudarla. Agua tibia, leche fría, agua con bicarbonato, lo que hubiera a mano. Un muchacho gaseado caminaba sin ver mientras a sus espaldas los carabineros se enseñoreaban en la calle. Los dos o tres activistas que arrojaban piedras a cien metros no eran el blanco elegido por la represión. Al menos esta vez. Había que alejar de la Alameda las presencias molestas.

El doctor en Ciencias Políticas y Sociología Rodolfo Fortunatti profundizó en lo que pasa desde su columna El Estado contra las personas, allá por noviembre: “Si para quienes detentan las altas posiciones de poder y de riqueza la verdadera sorpresa de esta coyuntura fue la revuelta social, para el pueblo llano protagonista de la protesta, en cambio, la causa de todos los asombros fue el comportamiento del poder, ese modo desnudo y lacerante que vino a sacudir la conciencia política. Vio en los soldados que ocuparon las calles a las mismas fuerzas prepotentes, abusadoras y violentistas de la dictadura, como si la cultura cívica en democracia y derechos humanos de las últimas tres décadas, no los hubiera permeado, porque no lo ha hecho”.

Fortunatti es demócrata cristiano. No habla desde una barricada, ni desde las calles insurrectas. Pero su opinión es un buen termómetro para tomarle la temperatura al hartazgo y la ruptura que vive la mayoría de la sociedad chilena con el gobierno derechista de Sebastián Piñera. En la esquina de Teatinos y Alameda, a pasos de La Moneda, o más allá en la peatonal Ahumada, los carabineros rociaron con un cóctel de agua y gas a todo aquel que pudiera ser un testigo incómodo. Pero la gente ya no les teme. Tiene más rabia que miedo, como Carlos Vivanco, un estudiante secundario de 18 años que quedó ciego de su ojo izquierdo: “Me quisieron meter dolor, pena, miedo, pero siento que me hizo el efecto contrario: tengo más rabia que miedo”, decía allá por diciembre.

Es una de las 34 personas que sufrieron pérdida de la visión o estallido según el INDH porque les dispararon con balines o perdigones. Ellas se reúnen en un espacio colectivo cuya sigla es VTO: Víctimas de Trauma Ocular. Hay que transitar por las mismas calles donde los condenaron a vivir con algún tipo de discapacidad visual y comprender la perversión del método empleado para reprimirlos. Al estruendo de un disparo o una rociada de gas pimienta puede sobrevenir la ceguera. Si será momentánea o para siempre lo determinarán los Pacos, mote que proviene de la manera en que se llamaba antiguamente a los carabineros (Personal A Contrata de Orden y Seguridad).

El brazo armado del Estado en las calles de Santiago tiene sus mentores en el Congreso, la Justicia y los medios oficiales. A la rebelión popular de octubre, se le respondió con una ley que incorporó el “desorden público” como delito en el Código Penal. El proyecto de senadores y diputados oficialistas tuvo entre sus pregoneros a Gonzalo Fuenzalida Figueroa, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana y político de Renovación Nacional, el partido de Piñera.

En marzo del año pasado publicó en su cuenta de Twitter un afiche con la frase “No todos los menores de edad son blancas palomas” acompañado por el dibujo de un niño que apuntaba con un cuchillo en la mano y se cubría con un antifaz. De esa forma buscaba acompañar la iniciativa presidencial para ampliar los controles de identidad a los menores de 14 años. Es este fascismo social del que habla el portugués Boaventura de Sousa Santos, o el fascismo penal que menciona en un artículo la doctora en teoría política chilena Camila Vergara, el que mueve el músculo represivo del Estado. Los carabineros son la cara más expuesta de un gobierno que desde octubre de 2019 acumula 32 muertos, 3.765 heridos, 1.835 víctimas de torturas y violaciones, además de unas 10 mil detenciones,.

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Cientos de miles de cámaras escrutan Moscú

Las organizaciones de derechos civiles alertan de que la expansión de los sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial pueden ser un arma de represión masiva

Moscú aspira a desafiar a China como uno de los lugares más video-escrutados del mundo. La capital rusa ha amasado una de las redes de videovigilancia más completos, con hasta 200.000 cámaras en una sofisticada malla público-privada. El alcalde, Serguéi Sobyanin, aliado de Putin y a quien muchos ven como un posible sucesor, aspira no solo a que esa telaraña se desarrolle sino también a que toda la red disponga de uno de los sistemas de reconocimiento facial más avanzados fuera del gigante asiático como parte de su arsenal de lucha contra el crimen. Pero en un país que reprime la protesta y acalla a los opositores, esta videovigilancia masiva inquieta a las organizaciones de derechos civiles, que alertan de que se podrá usar para rastrear a personas ‘incómodas’ para el poder; además del riesgo del uso de esos datos.

Aliona Popova está convencida de que ha sido víctima de ese sistema de Gran Hermano. La abogada y conocida activista por los derechos de las mujeres fue detenida después de haber participado en una protesta contra el acoso. Sospecha que fue rastreada por una de las miles de cámaras de vigilancia con sistema de reconocimiento facial sembradas por Moscú. “Sin transparencia y garantías, en las manos equivocadas, esta tecnología se convertirá en un arma para la represión masiva de las libertades civiles”, lamenta Popova, que ha acudido a los tribunales con su caso y tiene otros procesos abiertos para limitar el uso de estos sistemas. Sus primeras demandas han sido desestimadas por ahora, despejando el camino para el escrutinio masivo. La ley rusa no regula el análisis de imágenes de vigilancia no consensuada, una laguna que deja su uso muy abierto.

La frondosa maraña de cámaras de vigilancia en el metro moscovita, las calles, organismos oficiales o en los portales de multitud de edificios graba al menos 1.500 millones de horas de metraje al año. Y Moscú, que lleva años apostando por el uso de las nuevas tecnologías y que se ha convertido en número uno en “efectividad del Gobierno electrónico en la prestación de servicios públicos", según un ranquin de la ONU, quiere usar la inteligencia artificial y el Big Data para analizar esos millones de datos. Ahora, la capital rusa ha elevado el envite y ha adquirido un sofisticado –y controvertido— sistema que permite el reconocimiento facial “en tiempo real” en las bases de datos policiales y de seguridad.

El software, desarrollado por la compañía NtechLab, busca los rostros pero también proporciona un reconocimiento en directo, por lo que es más rápido, ha afirmado la compañía, que se hizo famosa hace unos años por lanzar una polémica aplicación (FindFace) que permitía hacer una foto a alguien y rastrearlo en la red social rusa VKontakte (similar a Facebook y con 97 millones de usuarios activos al mes); una herramienta definida como “el fin del anonimato” que NTechLab cerró para centrarse en soluciones para empresas y Gobiernos. Como el sistema que ha vendido a Moscú por casi 3 millones de euros, según la licitación, y que las autoridades de la capital rusa combinarán con otros.

La mitad de las cámaras de la red de vigilancia de Moscú tienen ahora algún tipo de herramienta de reconocimiento facial. Y pronto, esa red “se convertirá en una de las más grandes del mundo, solo rivalizada por los sistemas chinos”, presumió el alcalde Serguéi Sobyanin. La capital de Rusia está todavía lejos del nivel de China, pero es la segunda ciudad de Europa con más cámaras, tras Londres, según varios análisis. “Será magnífico, los delincuentes se mantendrán alejados de Moscú; no habrá lugar para que se escondan aquí”, argumentó el político durante una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, a mediados del año pasado. El Ayuntamiento de Sobyanin, que aspira a convertir Moscú en el modelo-espejo en el que se miren todas las ciudades del país, asegura que el sistema condujo a la “captura” de hasta 10 delincuentes buscados cada mes el año pasado. “Las grabaciones de las cámaras de vigilancia se utilizan en la investigación de aproximadamente el 70% de los delitos. No solo faltas administrativas, también de delitos importantes”, afirma un portavoz del Consistorio. Y en plena epidemia global de coronavirus, las autoridades han recalcado que utilizarán estos sistemas para detectar a todo aquel que vulnere la cuarentena.

En los últimos meses, la alarma de las organizaciones de derechos civiles por el uso de la videovigilancia en Moscú se ha intensificado. En verano, en plena oleada de protestas por unas elecciones libres en la capital, el Ayuntamiento realizó un nuevo pedido de tecnología de reconocimiento facial –que se empezó a implantar por primera vez antes del Mundial de Fútbol de 2018— e implantó un mecanismo para transmitir en vivo las protestas a los funcionarios de seguridad. Entidades como Human Rights Watch o Amnistía Internacional (AI) sostienen además que los datos captados por las cámaras no solo se compararán con los archivos de seguridad sino también con toda la información disponible online, lo que permitirá poco a poco trazar perfiles, algo más similar al modelo chino.

"La tecnología de reconocimiento facial es por naturaleza profundamente intrusiva, pero además la ausencia total de transparencia y responsabilidad puede derivar en que se tomen represalias contra la protesta pacífica a un nivel inédito”, considera Natalia Zviáguina, responsable de AI Rusia.

También tiene un carácter disuasorio, dicen. “Muchas personas evitarán participar en acciones de protesta, asistir a reuniones religiosas o ir a un club sabiendo que les están siguiendo. Y esto ya supone una violación del derecho a la protesta civil pacífica, el derecho a la reunión y la libertad de expresión”, remarca Sarkís Darbinián, abogado de la organización especializada RosKomSvoboda. “La gente vivirá con miedo constante”, añade. Organizaciones como la suya creen que el caso de Aliona Popova no es único y que algunos de los ciudadanos detenidos tras una protesta fueron identificados gracias al sistema videovigilancia; también al rastreo que hacen los oficiales de seguridad de las imágenes difundidas por los medios y las redes sociales.

Mijaíl Aksel trata de bromear con que el suyo fue uno de los primeros casos. El “detenido piloto”, ironiza. El joven de 21 años, activista destacado del partido de extrema izquierda La otra Rusia, vinculado al escritor Eduard Limonov, fue detenido en el metro de Moscú en 2018. Se le informó que los sistemas de seguridad de la estación lo habían identificado como un criminal buscado. Le mostraron su ficha, con su foto y otros datos personales, pero como no aparecía ningún cargo ni tampoco un número de caso, hicieron una llamada rápida y terminaron por soltarle. “Creo que estaban probando el sistema, debieron empezar por orden alfabético y me tocó. Pero lo que sucedió conmigo le puede ocurrir a cualquiera”, alerta.

Hace unas semanas, Katrín Nenásheva también fue arrestada. Pero la activista de 25 años buscó las controvertidas cámaras y las desafió. La joven artista forma parte de un movimiento que se maquilla el rostro para protestar de manera simbólica contra los sistemas de videovigilancia. “No entendemos cómo funciona esta tecnología, tampoco dónde van a parar nuestros datos, que además tienen sin nuestro consentimiento. El sistema es un auténtico peligro”, remarca.

Pero estas herramientas de reconocimiento facial es solo una de varias medidas similares que Rusia está implementando de forma masiva, alertan las organizaciones de derechos civiles. Una nueva ley permite y dispone que se graben las llamadas a los móviles, por ejemplo, recalca el abogado Darbinián. Y recuerda que el Kremlin ha puesto en marcha normas para controlar Internet y que las autoridades obligan a las empresas a almacenar los datos de sus usuarios en territorio ruso. Las que se han negado, como Facebook o Twitter, han recibido multas o incluso el bloqueo en Rusia, como LinkedIn.

También está la ansiedad por el destino y el acceso a esos miles de datos. Más de 16.000 empleados del Gobierno, oficiales de inteligencia y de seguridad pueden acceder a los 1.500 millones de horas de metraje grabados por la red moscovita. La realidad es que muchas de esas grabaciones están disponibles para la compra en Internet. Y ni siquiera en la Deep Web, sino en páginas fácilmente accesibles por cualquiera, señala el periodista Andrey Kagánskij, que hizo una investigación hace meses. Las imágenes cuestan unos 2.500 rublos (unos 30 euros al cambio), afirma el reportero, colaborador de MBK media, que tuvo acceso a algunas de esas filmaciones “a la carta”.

Pero mientras que en los países occidentales la privacidad se ha convertido en una gran preocupación, en Rusia no está en la lista de inquietudes principales de los ciudadanos. De hecho, se cuentan por miles quienes se están ofreciendo como voluntarios para los programas que han puesto en marcha bancos o supermercados para pagar con el perfil biométrico.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 08 Mar 2020 - 07:48COT

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Viernes, 06 Marzo 2020 06:19

Privatización del agua en Brasil.

El expresidente de Brasil Michel Temer y su ministro de Integración Nacional, Helder Barbalho, visitan las obras de desvío del cauce del San Francisco, en febrero de 2018 / Foto: Amazoniareal, Beto Barata

El parlamento está dando luz verde a un anhelo del presidente Jair Bolsonaro: la privatización de Brasil, ahora concretada en la privatización del agua y el alcantarillado. El resultado es una creciente militarización de las fuentes y los canales, que va de la mano de la criminalización de los sedientos.

Por 276 votos contra 124, la cámara de representantes aprobó, la noche del miércoles 11 de diciembre, el texto básico del proyecto que establece el marco legal del saneamiento básico. La propuesta establece nuevas normas para el sector y allana el camino para que los privados se hagan cargo del servicio. Para la oposición, “la cámara aprobó la privatización del agua” (Revista Forum, 11‑XII‑19).

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que hace obligatoria la licitación de los servicios de saneamiento para permitir la competencia entre las empresas públicas y privadas. “La mitad de los brasileños no tiene alcantarillado y 35 millones no acceden al agua limpia. Lo que decidirá si los municipios tendrán saneamiento son las potenciales ganancias de las grandes empresas”, dijo la congresista Sâmia Bomfim (Psol) al explicar su voto negativo.

A CONTRAMANO.

“Quienes defienden la privatización esconden el hecho de que desde 2000 han sido reestatizados 884 servicios de agua en el mundo”, añadió el diputado Glauber Braga (Psol). En efecto, un análisis del Transnational Institute reveló en 2017 que unas 180 ciudades de 35 países habían revertido la privatización del agua, desde Bolivia hasta Alemania. Entre las principales razones para tomar esa decisión figuraban el empeoramiento del servicio privatizado y el aumento desmedido de las tarifas, “ambos dictados por la necesidad de generar ganancias para los accionistas”, destaca el periodista Antonio Martins en la página Outras Palavras.

En tanto, la diputada del PTErika Kokay apuntó: “El agua es un derecho fundamental. No puede quedar atrapada en la lógica del lucro. Estamos ante un retroceso histórico que va a penalizar a los más pobres”. Los datos hablan por sí solos: apenas el 45 por ciento del alcantarillado pasa por algún tipo de tratamiento; el restante 55 por ciento, correspondiente a 5,6 millones de metros cúbicos por año, es arrojado directamente a la naturaleza.

Anderson Guahy, dirigente del Sindicato de los Trabajadores en Agua, Alcantarillado y Medio Ambiente de San Paulo, dijo al periódico Brasil de Fato: “Desde 2003, en la ley 11.445, aprobada durante el gobierno Lula, ha habido una regulación para que los municipios tuvieran un control mayor del saneamiento, intentando universalizarlo”. Las licitaciones que se prevén con la nueva ley favorecen a las grandes empresas de la construcción, del tipo de Odebrecht.

Además, los municipios cuyo saneamiento no genera ganancias pueden quedarse sin el servicio, porque hasta ahora había un “subsidio cruzado”, explica Guahy, que hacía que las ciudades donde se generaba ganancia subsidiaran a las que daban pérdidas. Con la privatización “los municipios menores y medios tendrán que pagar más, porque una entidad privada no está obligada, como una estatal, a suministrar agua a todos los municipios que asume y, por tanto, si no tiene ganancias, no va a invertir”.

GUERRA EN EL NORDESTE.

El 2 de febrero, día de Iemanjá, el diario O Estado de São Paulo comenzó a publicar una serie de notas tituladas “Guerra de las aguas”, del periodista Patrik Camporez. El diario destaca que los canales que desvían el agua del río San Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el nordeste están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar fruta.

Brasil posee el 12 por ciento de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua abundante y limpia fue libre durante siglos. Hasta los años noventa casi no había conflictos por ella. Pero en los últimos cinco años fueron registrados 63 mil conflictos con la intervención de la policía y surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua. Diez años atrás había sólo 30 zonas de tensión, según la Agencia Nacional de Aguas.

Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, las industrias y los taladores ilegales, que quieren apropiarse de las tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a los ríos y las represas”, escribe Patrik Camporez (O Estado de São Paulo, 2‑II‑20). El mismo informe establece que el Estado los apoya y, en cambio, siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, los agricultores familiares y las comunidades tradicionales.

La situación del árido y seco nordeste es tan grave que los pozos privados son vigilados por el ejército. La descripción del periodista parece cosa de otra época: “Jeeps con soldados cortan las calles polvorientas. La operación de guerra del ejército para controlar el agua del subsuelo se convirtió en rutina en el sertón nordestino”.

San José de Belmonte es una localidad de 30 mil habitantes en Pernambuco, célebre por un subsuelo pletórico de agua, codiciada por los especuladores. En la madrugada, la ciudad está congestionada por los camiones que recogen agua para venderla a la población.

“La carrera desenfrenada por los pozos de Belmonte llevó al gobierno federal a llamar al ejército para controlar y distribuir el agua en la región, que también es llevada en cisternas hacia los estados vecinos de Paraíba y Ceará”, apunta Camporez. El municipio tiene más de mil pozos grandes, de hasta 150 metros de profundidad.“En cada punto de captación hay un equipo del ejército.”


Conflictos eternos

De la tierra al agua

“Sin conseguir resolver el antiguo problema de los conflictos de tierras, el país vive ahora una nueva crisis. Cada curva de un río caudaloso y de corrientes casi secas es disputada a bala, facón o destornillador”, escribe el periodista Patrik Camporez.

Camporez detalla que los canales prohibidos para buena parte de los habitantes de las regiones irrigadas fueron construidos en las décadas del 80 y el 90 para las plantaciones de fruta de exportación en el nordeste.

“La criminalización de quienes no tienen agua es un drama más del semiárido nordeste. El equipo de reportaje estaba cerca del canal, en Petrolina, cuando pudo ver que un habitante se aproximó al curso con un balde y un barril, miró para los lados y, superando el miedo, agarró agua del lugar. Era Cosme Angel, de 26 años, que repartiría el barril con 20 vecinos”, relata Camporez. Cosme explicó luego a los periodistas: “Es una lucha diaria. Si quiero tomar agua directo de un río, tengo que buscar a más de 20 quilómetros en la costa. Entonces, prefiero correr el riesgo de que me vean y llamen a los vigías del agua para hacer la denuncia”.

El caso más emblemático es el del líder comunitario Haroldo de Silva Betcel, de 34 años, asesinado con un destornillador en las márgenes del Igarapé Tiningu, en Santarém, en el estado de Pará. La policía civil dijo que el crimen se debió a la disputa entre ribereños y hacendados por el control del curso del río Tapajós. “En el Brasil de hoy, el agua se convirtió en un asunto policial”, sentencia Camporez.

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Protesta contra la reforma jubilatoria de Macron en Marsella.  ________________________________________ Imagen: AFP

Los trabajadores portuarios retomaron las medidas de fuerza

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Emmanuel Macrón luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Se espera que otros gremios se sumen.

Nuevas manifestaciones en Francia tras la aprobación parcial del proyecto de reforma jubilatoria lograda el miércoles por el presidente Emmanuel Macron. El oficialismo francés logró que la Asamblea Nacional aceptara el proyecto tras sobrevivir a dos mociones de censura. Para eso aplicó un polémico artículo constitucional con el que logró evitar el debate en la Asamblea. Así dio el primer paso necesario para avanzar en el proceso legislativo. Ahora resta que la ley se apruebe en segunda lectura en Diputados tras lo cual pasará al Senado. El proyecto pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos.

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Macron luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Estibadores y agentes portuarios decidieron entrar en paro en los puertos de Nantes, Rouen, Marsella, Le Havre y La Rochelle, a petición de la Federación Nacional de Puertos y Muelles (CGT). "Consideramos que este es un proyecto de ley que solo resultará en más horas de trabajo y pensiones más bajas", dijo el Secretario General de la CGT, Serge Coutouris. Toneladas de mercancías quedaron varadas causando serios problemas de suministro en varios sectores. “Estamos listos para continuar durante varios meses”, sentenció el sindicalista. De esta manera se esbozan nuevos días de protesta en toda Francia.

El miércoles, en una jornada larga y llena de críticas la Asamblea francesa logró la primera aprobación del proyecto de reforma jubilatoria. El gobierno del primer ministro Edouard Philippe hizo una jugada maestra: aprovechó una reunión de emergencia por la propagación del coronavirus para anunciar que el gabinete había decidido el uso del artículo constitucional 49-3. Este permite la aprobación por decreto de un proyecto de ley -si no hay mociones de censura de la oposición- o su paso express por las dos cámaras del parlamento sin mediar debate. Philippe justificó la utilización del 49-3 denunciando la "obstrucción" de la izquierda radical, que había presentado miles de enmiendas para volver más lento el debate.

Solo un éxito de las mociones de censura podía impedir que se trate en la Asamblea la reforma. Pero ambas iniciativas presentadas por la oposición fracasaron por amplio margen. La moción del partido de derecha Los Republicanos sólo obtuvo el apoyo de 148 diputados. En tanto que la presentada por los partidos de izquierda La Francia Insumisa, Izquierda Socialista y el Partido Comunista, obtuvo tan sólo 91 votos. Necesitaban 289. En la madrugada del miércoles, antes de que se efectuaran las votaciones, la Asamblea fue una batalla campal. Hubo acusaciones cruzadas entre defensores y críticos al proyecto en torno a la validez de la aplicación o no del artículo 49-3. Sin embargo, una vez superado el escollo de las mociones, el oficialismo continuó con el tratamiento del proyecto.

Por su parte, el primer ministro insistió en que se trataba de una reforma de "justicia social" y afirmó que se hubiesen necesitado "ocho semanas", incluyendo los sábados y domingos, para estudiar todas las enmiendas propuestas. Por lo que se tomó la vía legislativa sin debate. Así la bancada oficialista en la cámara logró avanzar con la aprobación en general del proyecto de reforma previsional. Todo indica que la segunda votación, en particular, será antes del viernes. Una vez que se tenga esa mención, el proyecto de reforma pasará al Senado donde tendrá el mismo tratamiento exprés.

Otros gremios también prometieron plegarse al plan de lucha de los portuarios. De esta manera se retomarán las huelgas que comenzaron en diciembre. A fin de año, la reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. En el momento más fuerte de la movilización, hubo hasta 1,8 millones de manifestantes en las calles, según las cifras de la CGT. Para los sindicatos la nueva ley jubilatoria significará la pérdida de derechos adquiridos. El gobierno, en cambio, sostiene que el nuevo sistema será "más justo y más simple".

Pese a la victoria del oficialismo, la oposición no dejó de manifestar sus críticas y denuncias contra el gobierno. "Ustedes han fracturado el país", sentenció la diputada socialista Valérie Rabault. Poco después, el líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon, prometió que continuará luchando contra la reforma jubilatoria con una “guerrilla popular y parlamentaria pacífica”. "El Presidente Macron subestima con su capricho la capacidad de resistencia de los parlamentarios, pero sobre todo subestima el rechazo del pueblo francés a su proyecto", sentenció Melenchón.

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(De izq. a der): Diana Sánchez, Lida Núñez y Alirio Uribe

Bogotá, marzo 5 de 2020. Tres grandes plataformas de derechos humanos colombianas, no gubernamentales, con amplia incidencia en los ámbitos nacionales e internacionales, se reunieron el 5 de marzo en rueda de prensa, para brindar su análisis y respaldo a los informes del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)


El informe de la Oacnudh*, entregado en Ginebra –Suiza– el 4 de marzo, analizó la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, para lo cual realizó 1.151 misiones en terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil, y realizó seguimiento a 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.

El Relator Especial de la ONU, Michel Forst, también presentó su informe** en Ginebra. Primero efectuó una visita oficial a Colombia del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 por invitación del Gobierno con el propósito de determinar si en Colombia las personas defensoras están seguras y empoderadas para promover y defender los derechos humanos y si el Gobierno garantiza el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Como su visita fue al inicio del mandato Duque, decidió volver a finales de 2019 para observar avances, momento en el cual el gobierno dilató su visita e impidió su entrada, como el mismo Michel Forst confirmó recientemente en medios de comunicación.


¿Por qué la ONU realizó estos informes de manera simultánea?

Dentro de la ONU existe el Consejo de Derechos Humanos, órgano subsidiario que depende de la Asamblea General y el cual dentro de sus Procedimientos Especiales tiene que realizar la formulación de recomendaciones, para lo cual se escoge un relator, en el caso colombiano tal responsabilidad recayó en Michel Forst quie cumple su función a título personal y no recibe sueldo ni retribución financiera, procedimiento así determinado para garantizar su carácter independiente.

Por otro lado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) es un departamento del organismo multilateral que se deriva de la Secretaría de la ONU, cuya oficina en Colombia fue creada en 1997. Tiene entre sus funciones: denunciar de manera objetiva las violaciones de derechos humanos. Para el caso de Colombia, tiene, además, la misión de verificar la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. También apoya a los relatores de forma logística y técnica en las visitas que realizan a cualquier país.

Camila Zuluaga, abogada del área de Incidencia Internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, explicó que “entre la composición, sesiones y comportamiento del Consejo de Derechos Humanos, se realizan 3 reuniones anuales: marzo, junio y septiembre. La primera de este año fue la que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, el pasado 4 de marzo”. En estas sesiones fue donde se presentaron el informe temático del Relator sobre Derechos Humanos, Michel Forst y el informe anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Análisis de los informes

“Las recomendaciones que hacen estos informes son de carácter estructural y ahí es donde el Gobierno se molesta y dice que se están metiendo en la soberanía del país, porque el país solo toma medidas de protección y seguridad –como las que ejecuta la Unidad Nacional de Protección”– comentó Diana Sánchez, miembro de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), plataforma conformada por 281 organizaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, continúa Diana en su intervención, recomendaciones como la Implementación del Acuerdo de Paz, no es ninguna injerencia porque el Acuerdo tiene el apoyo y reconocimiento de la Comunidad Internacional y del sistema de la ONU. Otra recomendación estructural que molesta es que la protección de defensores humanos sea una política pública en el país, como implementar la Comisión Nacional de Garantías establecida en el Acuerdo de Paz, que busca crear una política pública del desmantelamiento del crimen organizado, especialmente del paramilitarismo o neo paramilitarismo.

“Esa Comisión sí iría a buscar de fondo las raíces del problema, quiénes serían los financiadores y las relaciones de agentes de Estado con el crimen. El Gobierno ha tenido 3 citaciones con la Comisión, por presiones nacionales e internacionales, pero no las ha puesto en marcha”, finalizó Diana Sánchez.

Acerca de las declaraciones del presidente Iván Duque, que consideró el informe de la Oacnudh como: “una intromisión a la soberanía del país”, Alirio Uribe, miembro de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), comentó: “Carlos Holmes Trujillo y la Michelle Bachelet renovaron el pasado 31 de Octubre de 2019 el mandato de la Oficina por 3 años más, es decir, el Estado colombiano se acoge a esto y están todos los parámetros del por qué esa oficina funciona en Colombia, y por lo tanto es absurdo que el presidente Duque y la canciller Claudia Blum digan que la Oficina se está extralimitando cuando realmente el mandato es específico y preciso en todas las funciones de asesoría y asistencia técnica en materia normativa y de políticas públicas”.

El informe recomienda a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se debería priorizar el enfoque preventivo y la intervención temprana sobre la adopción de medidas de protección temporales, individuales y reactivas, las cuales no responden a las causas estructurales que inciden en estos ataques.

“El informe valora lo que hace la UNP pero pone de presente que el año pasado se asesinaron 6 defensores de derechos humanos en áreas rurales de Cauca, Chocó, Nariño y Risaralda, que estaban con protección. También señala la necesidad de que haya sistemas de protección colectiva, y al gobierno no le gusta que se diga que solamente el 0,22 por ciento del presupuesto de protección se destine a protección colectiva”, comentó Alirio Uribe

Por último, Lida Núñez, miembro de La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, agregó: “Los dos informes recomiendan, en síntesis, que el Estado cumpla con las funciones constitucionales que tiene el país. Por ejemplo, lo plantea en los asuntos relacionados a la Policía, y es que en Colombia no es un organismo militar, es un organismo civil, eso está claro, entonces ¿por qué depende del Ministerio de defensa? Revisen eso porque tal vez esta institución debería estar en el Ministerio del Interior, para que la Policía pueda cumplir con su mandato constitucional. Y tendríamos que revisar por qué éste, un órgano civil, en particular el Esmad, tiene capacidad letal”.

Las tres organizaciones respaldaron la labor de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en un comunicado resaltaron que: “Instamos al Gobierno a que atienda las recomendaciones contenidos en el informe, pues de esta manera se contribuirá a enfrentar la creciente violencia en el país, y se adoptarán medidas verdaderamente efectivas para garantizar los derechos humanos de la población”.

A estos informes, con su énfasis en la grave situación de violencia e irrespeto a los derechos humanos que caracteriza a Colombia, debe sumársele el informe*** hecho público también el 4 de marzo por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), en el que anota: “La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. En 2019 hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica”.

* Ver informe Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2019 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/118/22/PDF/G1011822.pdf?OpenElement

** Ver informe El Relator Especial de la ONU, Michel Forst, 2018: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_43_51_Add.1_S.pdf

*** Informe Comité Internacional de la Cruz Roja 2019:
https://drive.google.com/drive/folders/1jEsRXGr23F3p3Zi7Bnvm3kjUt1osT1ZC

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“Aquí estoy firme y en recuperación”, profe Sara Fernández

Desde su lecho de convalecencia, estimulada por las múltiples voces de apoyo recibidas luego del apuñalamiento de que fue objeto, Sara Fernández, docente y secretaria de la Asociación de profesores de la U. de A., en mensaje enviado vía WhastApp el jueves 5 de marzo, comentó: “Hola y aquí estoy de nuevo, no les voy a dar el gusto de que me vean ausente, aquí estoy firme y en recuperación, dolor aquí y dolor allá, pero inoxidable ante la adversidad. El tratamiento va firme, ya sonrió o nunca he dejado de sonreír. Estoy bien y en unos días saldré caminando altiva y activa. Siempre Sara, la profe”.

A su vez la Universidad de Antioquia compartió un video por su canal de Youtube donde la profesora habla de su recuperación: "Yo amo la Universidad. Me salvé para luchar hasta el final, que la Universidad se respete, se financie y se mantenga viva porque es patrimonio de todos". También hace un llamado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para que "retire al Esmad de la Universidad”.

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de Asoproudea, fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñalamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

El atentado contra su vida reafirma una vez más, y prolonga, lo confirmado por el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), organización que documentó 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia a lo largo del 2019.

El informe, a su vez, cuestionó la violencia con que procede el Esmad al momento de reprimir la protesta social. Dice sobre el particular: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, el ACNUDH había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del ESMAD. El ACNUDH documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo 'beanbag'". Como puede deducirse, se alude claramente a la muerte del estudiante Dilan Cruz.

Como podrá recordarse, el informe de la delegación de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia despertó el rechazo del gobierno nacional, desnudando el distanciamiento reinante el Gobierno y el organismo multilateral en concepción, control, verificación, garantías, justicia, etcétera, en el tema de los derechos humanos y el uso de la violencia por parte del Estado.

Precisamente, el uso de la violencia “legal” por parte del Estado, esta vez a través del Esmad, y la incursión de este cuerpo represivo en el principal claustro universitario de Antioquia y Medellín, su capital, acción que contó con el aval del alcalde de la ciudad, despertó una agria polémica aún sin resolución producto de la cual llegaron las amenazas al centro de estudio, dirigida en particular contra una docena de estudiantes y organizaciones de diverso carácter. El apuñalamiento de la profesora queda enmarcado en esta coyuntura. ¿Casualidad? ¿Atentado disfrazado de robo?

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El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst

El relator especial concluye que Colombia sigue siendo el país con más defensores asesinados en América Latina

Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.

Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe. También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan. Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.

En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.

Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.

La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales. En la tarde de este miércoles, por ejemplo, se conoció que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido líder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se había tenido que desplazar a comienzos de año de su natal Bojayá.

La desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales –que incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes– han copado el vacío. “Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques”, advierte el relator. En esos entornos difíciles carecen de la protección efectiva del Estado. “El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes” para implementar el acuerdo de paz “es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”, apunta.

“En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno debería fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras”, ha manifestado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El relator visitó Colombia a finales de 2018, tres meses después de la posesión de Duque. Su documento se presenta una semana después de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situación de violencia en en el país. Ante esas observaciones, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil más moderado con respecto a su partido, consideró “una intromisión a la soberanía de Colombia” la sugerencia que contenía de acercar la policía a la órbita del Ministerio del Interior.

El informe de este miércoles ya venía precedido de controversia, pues Forst insinuó en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del año pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la nación. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de líderes sociales que han despertado el hastío de una sociedad ansiosa por pasar la página de la violencia.

La Cruz Roja confirma deterioro de la situación humanitaria

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirtió durante el 2019 y ahora, en el balance anual de la organización, lo confirma: “la situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado”. Así lo subrayó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, quien explicó que en 2019 hubo un aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, persistió el desplazamiento forzado y se incrementó la práctica del confinamiento de poblaciones y los ataques a las misiones médicas, entre otros fenómenos que dificultan la vida de los campesinos en algunas regiones de Colombia.

“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, dijo Harnisch.

Una de las mayores preocupaciones es que el uso de artefactos explosivos y minas antipersona causó una víctima diaria durante el año pasado. De acuerdo con sus cifras, se registraron 352 víctimas, de las cuales 159 corresponde a civiles. En 2018 fueron 220 las víctimas. El agravante es que los grupos armados que se han instalado en los lugares a los que no ha llegado el Estado tras el acuerdo de paz recurren al uso de explosivos improvisados de detonación controlada y no advierten a las comunidades.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, durante el 2019 estos ataques produjeron el desplazamiento de 25.000 personas y el confinamiento de otras 27.600. Esta última es una práctica que se observó en regiones como Chocó, en el occidente de Colombia. “Hubo una ligera disminución del desplazamiento pero un aumento del confinamiento, lo que evidencia una profundización del conflicto armado”.

El CICR afirma que en Colombia existen al menos cinco conflictos armados no internacionales. “Uno entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en El Catatumbo (frontera colombo-venezolana); el segundo entre el Gobierno y el ELN; otro entre el Gobierno y EPL; el cuarto, entre el Gobierno contra el grupo paramilitar Clan del Golfo; y el quinto, entre el Gobierno y las tres exestructuras del bloque oriental de las FARC que no se sumaron al proceso de paz”, explicó el delegado.

La fragmentación y existencia de tantos grupos hace que la situación humanitaria sea más compleja que en 2018. En ese contexto el CICR documentó 93 nuevos casos de desaparición. “Lamentablemente la desaparición no es un fenómeno de la historia pasada sino del presente”, agregó Harnisch sobre uno de los fenómenos que arrastra el país. Las estimaciones de Medicina Legal hablan de hasta 200.000 desaparecidos.

Bogotá - 04 Mar 2020 - 18:24COT

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El feminismo marca el paso de la política de América Latina

Los feminicidios, la violencia de género y el aborto convocan a miles de mujeres a la lucha el 8-M más latino

La revolución será feminista o no será. Nunca como ahora, el colectivo que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en América Latina se había puesto tan al servicio de esta frase, que se corea en manifestaciones por todo el mundo. Las feministas están marcando el paso a los gobiernos de México, Chile, Argentina, en ocasiones con la ayuda de los propios mandatarios, cuyas torpezas han engordado en los últimos meses el enfado y el activismo. Finalmente, la presión en la calle, a las puertas mismas de sus palacios presidenciales, les están obligando a rectificar sus palabras y enderezar sus políticas.

Hace apenas unas horas que el presidente chileno, Sebastián Piñera, con un país que todavía vive entre las cenizas calientes de las pasadas revueltas ciudadanas, soltó una de sus frases más imprudentes en la peor semana: “No es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”. La ministra de la Mujer, Isabel Pla, y la mujer del presidente, Cecilia Morel, trataron de inmediato de corregir aquel desatino. Inútilmente, máxime tratándose de un presidente famoso por sus bromas machirulas. El feminismo camina con fuerza entre las reformas constitucionales más ambiciosas planteadas en décadas en este país.

Argentina enfrenta estos días una ley de interrupción del embarazo largamente reclamada por las mujeres. Alrededor de medio centenar de embarazadas mueren cada año en este país debido a abortos clandestinos, unas cifras escalofriantes que el Gobierno dejó de publicar en 2016. Cerca de 50.000 son hospitalizadas cada año por complicaciones al tratar de interrumpir su embarazo. 2.350 niñas menores de 14 años fueron madres y 87.000 bebés nacieron de madres menores de 20 años. El recién elegido Alberto Fernández enarboló el aborto en su campaña y en breve enviará la ley al Congreso. Los aplausos ante este anuncio fueron largos dentro y fuera del Congreso. Los pañuelos verdes, que popularizó Argentina para exigir un aborto libre y seguro, ya encuentran eco en el poder.

México ha convocado para el 9 de marzo una huelga de mujeres que algunos destacados miembros del poder se han apresurado a apoyar tras varias meteduras de pata en las semanas precedentes que les han costado algún disgusto. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre feminismo han tenido el efecto de un palo en un avispero. En este país matan a un promedio de 10 mujeres cada día y el machismo es patente en numerosos ámbitos de la vida, a pie de calle. Las medidas reclamadas no acaban de llegar, pero la furiosa llamada de las tropas moradas ante el Palacio del gobierno han cambiado el discurso y la diligencia policial antes los últimos feminicidios, que en otras ocasiones se tomaban como un mal casi inevitable.

Latinoamérica tiene problemas similares: altas tasas de feminicidios, una impunidad judicial sonrrojante, violencia de género muy extendida, secuestros y desapariciones de mujeres y niñas, muertes por abortos clandestinos, difícil acceso a la salud obstétrica y una pobreza que, como en todo el mundo, se ceba con la población femenina. Con este panorama, el machismo sutil contra el que luchan en otras zonas del mundo no es la prioridad en esta. Aquí el machismo mata en grandes dosis y para combatir eso están alzando sus voces estos días las mujeres latinoamericanas. No en todos los países el viento sopla a favor de la igualdad, pero sí parece que este 8-M tendrá sabor latino. Así enfrentan las tropas moradas del Día Internacional de la Mujer.

 

CHILE. Una Constitución con perspectiva feminista

El feminismo tiene veteranía en este país. El domingo se esperan multitudinarias marchas. La potencia del movimiento feminista ha sido punta de lanza de las revueltas que mantienen al poder contra las cuerdas desde hace cuatro meses y que exportó al mundo Un violador en tu camino, el himno global contra la violencia sexual hacia las mujeres, compuesto por el colectivo feminista Lastesis. Nuevamente, miles de mujeres de países lejanos y lenguas diferentes corearán el violador eres tú en un grito conjunto contra el patriarcado.

“El movimiento feminista ha sido siempre un impulsor de la revuelta social”, explica la escritora Alia Trabucco en referencia al mayo feminista de 2018 en Chile, cuando las estudiantes universitarias paralizaron las clases durante semanas exigiendo una educación no sexista. Para la autora de la novela La resta, cuando se desataron las movilizaciones de octubre pasado, “el feminismo ya estaba articulado y, de hecho, ha sido uno de sus protagonistas”. “Es importante no separar la revuelta social del movimiento feminista”, analiza la escritora.

Este 8-M encontrará también a Chile en pleno proceso constituyente que, según determinó este miércoles el Parlamento, será paritario.‪ El 26 de abril próximo, Chile definirá en un plebiscito si reemplaza la Constitución de Pinochet de 1980 y, de hacerlo, el órgano que estará encargado de redactar una nueva Carta Fundamental. La convención, según determinó hoy el Congreso, será paritaria entre hombres y mujeres, lo que fue celebrado esta tarde por las congresistas vestidas de camisetas moradas. “Es necesario instalar el proceso constituyente desde una perspectiva feminista, lo que no solamente tiene relación con la paridad, sino con una discusión de fondo de los contenidos de una Constitución para que efectivamente incorpore una dimensión que resguarde los derechos de las mujeres y disidencias sexuales”, explica Sofía Brito, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, activista de la Asamblea Feminista Plurinacional, cuya denuncia por acoso sexual y laboral a un académico de su facultad fue un emblema dentro de las paralizaciones de las estudiantes universitarias de 2018.

Para Brito, “la Constitución de 1980 ­–donde la palabra mujeres solo aparece una vez en el texto– siempre ha permitido y amparado un sistema en el que se nos ha instalado como ciudadanas de segunda categoría”.

Lorena Astudillo, portavoz de la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres, valora los avances que pueda lograr una nueva Constitución, pero apunta los problemas de fondo de una cultura machista incrustada hace siglos en la sociedad: “Si se aprueba una nueva Constitución no significará que al día siguiente nos van a dejar de violentar, por lo que la lucha que tenemos por delante es larga”.

 

ARGENTINA. El triunfo de los pañuelos verdes

En Argentina, el gran objetivo de los movimientos feministas para este 8-M es dar el último empujón a la legalización del aborto, algo que presumiblemente se apruebe este año. “Por la autonomía de nuestros cuerpos y contra los fundamentalismos religiosos” es el lema de la convocatoria del colectivo Ni Una Menos para el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que han convocado a las mujeres a una huelga contra la explotación y la precariedad laboral y el “trabajo gratuito de cuidados”. El lunes 9 de marzo celebrarán una concentración frente al Congreso para exigir al Poder Legislativo que vote a favor de una ley de plazos.

“Nos enfrentamos a las iglesias que quieren gobernar nuestras vidas, cuerpos e identidades y porque no aceptamos que el Vaticano siga impidiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, señala el manifiesto de Ni Una Menos. Es una respuesta a la misa anunciada por la jerarquía católica argentina para el mismo 8 de marzo bajo el lema “Sí a las mujeres, sí a la vida”.

Las convocatorias antagónicas anticipan la pelea que se librará en las calles cuando el Congreso debata el proyecto legislativo sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Poner freno a la violencia machista y a su forma extrema, el feminicidio, será otra de las reivindicaciones del próximo 8 de marzo en Argentina. En los dos primeros meses del año, 63 mujeres han sido asesinadas, en su mayoría por sus parejas o exparejas, según datos extraoficiales.

 

MEXICO. A la huelga

El feminismo en México vive momentos de alta reivindicación en la calle. Las sobrecogedoras cifras de feminicidios, unas 10 mujeres asesinadas al día, no han conseguido que la población se acostumbre al horror y guarde silencio. Dos de los últimos crímenes, sacudieron de nuevo la indignación popular y han interpelado con fuerza al Gobierno sobre las políticas contra la violencia de género y la impunidad, alrededor del 90%, en que se disuelven estos casos. La prioridad es tan manifiesta, que ha situado en un segundo plano otras reclamaciones y ha contribuido a que los feminismos mexicanos hablen con una sola voz, al menos por unos días.

El país vivirá, con mayor o menor éxito, una huelga de mujeres el 9 de marzo, bajo el lema El nueve nadie se mueve. Prueba del vigor que vive el movimiento, ha bastado la convocatoria al paro de una joven organización, las Brujas del Mar, desde el Estado de Veracruz, para que las redes hayan extendido la pólvora en unos pocos días.

El gobierno se ha visto obligado a rectificar, a veces con nuevas torpezas, los desatinos cometidos al expresarse sobre la lucha de las mujeres. Prueba de los pasos inciertos que da el Ejecutivo sobre la agenda feminista es el movimiento pendular de la mujer del presidente, Beatriz Gutiérrez, en sus cuentas de Internet: primero apoyó la huelga con un mensaje y a las pocas horas dejó de apoyarla con otro al contrario.

Si se tienen en cuenta las últimas manifestaciones de las mujeres en Ciudad de México, cabe aventurar que la del 8-M será nutrida y no estará exenta de algunos altercados contra el mobiliario urbano, ante la contención de las fuerzas policiales. La ira es uno de los motores que imprime fuerza a la lucha feminista en México. A la ola de mujeres en la calle seguirá el posible silencio del lunes. Un día sin nosotras es la etiqueta que ha llamado a las mujeres a permanecer en la casa, a no salir a la calle, ni a la compra, ni al trabajo. Tratan de dramatizar un mundo en el que a cientos de mujeres las hacen desaparecer de un momento a otro o las recluye en casa al caer el día. Lo que algunas han criticado como una renuncia de las mujeres a ocupar legítimamente el espacio público el lunes, en México cobra otro significado. Pero cualquier significación quizá quede desvirtuada por la rifa del avión presidencial, que se celebrará ese día. No es la primera vez que la aeronave enturbia la lucha contra la violencia de género.

 

VENEZUELA. Las mujeres, “a parir”

“¡A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos!”. Con esta arenga, que recuerda a la España nacionalcatólica de Franco o a cualquier otra dictadura del estilo, recibe el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el Día Internacional de la Mujer.

Las venezolanas, mujeres, adolescentes y niñas, viven al límite. La lucha feminista en este país sudamericano se libra contra todo, contra una profunda crisis política, económica y social, en medio de una situación de emergencia que ha obligado al despliegue de equipos humanitarios. En la pobreza, las mujeres llevan la peor parte.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo destacó el año: en ese contexto, las venezolanas están más expuestas a otros daños colaterales como la trata sexual y la separación familiar, la privación alimenticia para darle de comer a los hijos y el riesgo de morir al parir en hospitales sin insumos, tras embarazos que no pudieron controlar ni evitar por el desabastecimiento de métodos anticonceptivos, lo que ha llevado a un repunte de la mortalidad materna que se mantiene en la opacidad como otras cifras, incluidas las de los femicidios.

Este 8 de marzo los grupos feministas exigirán cifras oficiales de feminicidios y justicia. Pero no hay grandes marchas ni paros convocados, solo protestas en redes sociales para visibilizar los datos de violencia, que se están incrementando, según las activistas. La desconfianza en conseguir algo del Estado desmoviliza, pero de nuevo es la situación de emergencia social, la subsistencia, la que impide a miles de mujeres una lucha más activa por sus derechos.

 

COLOMBIA. El aborto sigue estancado

El aborto, uno de los objetivos clásicos de la agenda feminista, es también este año el objetivo más visible en Colombia. La interrupción del embarazo solo es legal en caso de violación, malformación fetal, o peligro para la salud física o mental o la vida de la mujer. La semana no empezó con buenas noticias para el colectivo. La Corte Constitucional se puso de perfil ante una demanda de una abogada antiaborto que buscaba la penalización total. El El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas declaró: “Se concluyó que no resultaba viable jurídicamente volver a analizar la constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que en casos en los que se discute la existencia de cosa juzgada, al existir una decisión previa en relación con el texto normativo demandado, el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad”. La decisión sobre inhibirse acerca del aborto la apoyaron 6 magistrados y 3 votaron en contra.

Uno de los magistrados, Alejandro Linares, propone que el aborto sea libre hasta la semana 16 y después si se dan solo alguno de los tres casos mencionados, o sea, una ley de plazos a la europea. La realidad, dice el magistrado en su ponencia, es que el delito de aborto, que otorga penas uno a tres años de cárcel para las mujeres, “carece de eficacia”, es innecesario y se constituye en una forma de castigo social para las mujeres. Pero la batalla política no va a cesar.

La situación de violencia sexual y los feminicidios siguen siendo otro de los desafíos del gobierno de Iván Duque. Entre enero y octubre de 2019, fueron asesinadas 799 mujeres en Colombia. Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha expresado su preocupación por la diferencia salarial en Colombia por razón de género pues las mujeres continúan ganando menos que los hombres, con una brecha salarial del 19%. Igualmente, el 13,1% de las mujeres están desempleadas, comparado con el 8,1% de los hombres”.

 

BRASIL. Las invisibles políticas de género

Las movilizaciones feministas que sacuden América Latina no han llegado a Brasil, como tampoco llegaron las protestas sociales. La desigualdad de género no está, en ninguna de sus múltiples formas, entre los grandes asuntos del debate público o político pese a que existen datos desgarradores: cada hora de 2018 fueron violadas cuatro niñas menores de 13 años, según el Anuario de la Seguridad Pública. Son más de 35.000 menores que quién sabe si superarán el trauma. Es un dato eclipsado por el torrente de polémicas que protagoniza el presidente, Jair Bolsonaro, un misógino notable, y la extendida preocupación por la salud de la democracia brasileña.

Aunque el feminismo gana espacio pasito a pasito y el não é não contra el acoso sexual ha sido una de las proclamas más populares de este Carnaval, con la ministra de Mujer y Familia, la pastora evangélica Damares Alves, animando a denunciar ante la policía, la violencia machista recibe escasa atención, aunque mucha más que antes. Los feminicidios han aumentado un 7% en un momento en que los asesinatos en general, las violaciones y otros delitos disminuyen.

Más de 1.300 feminicidios se contabilizaron el año pasado según los datos recopilados por el diario Folha de S.Paulo. Aunque Brasil tiene 210 millones de habitantes y es uno de los países más violentos del mundo, son más de tres mujeres asesinadas al día por el mero hecho de ser mujeres. A falta de una definición consolidada de feminicidio, la cifra puede ser una subestimación.

En un Brasil aún exhausto por las grandes protestas de los últimos años, el poder adquirido por las Iglesias evangélicas y su ideario ultraconservador se refleja en los múltiples proyectos legislativos que avanzan sin hacer mucho ruido en los Parlamentos estatales para limitar el derecho al aborto, legal solo en tres supuestos. Una acampada hostigó durante semanas a las pacientes que acudían a un hospital público de referencia para abortos legales en São Paulo.

De la ministra Alves, muy popular entre el electorado más pobre y conservador, se suele destacar que es pastora evangélica, pero también es una superviviente de abusos sexuales que ha colocado ese asunto entre sus prioridades junto a la defensa de la vida y de la familia tradicional. Recientemente protagonizó una polémica cuando su ministerio admitió que pretendía considerar la abstinencia sexual como política pública de prevención de los muy extendidos embarazos juveniles.

 

NICARAGUA. El feminismo amordazado

“Todo está por hacerse en materia de reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres en Nicaragua”, dice María Teresa Blandón, una de las feministas de mayor trayectoria en Nicaragua. Aunque para las feministas la mejor manera de reivindicar sus demandas este 8-M sería salir a las calles a protestar, el ejercicio ciudadano de la libre movilización está confiscado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en especial después de que se impuso un estado policial tras las protestas sociales de abril de 2018.

El movimiento feminista ha sido siempre el movimiento social más beligerante en Nicaragua. Sin embargo, desde que Ortega retornó al poder en 2008, el régimen ha atacado a las mujeres. El gobierno sandinista –que se presenta como de izquierda– inició penalizando el aborto terapéutico para congraciarse con la Iglesia católica, en un contexto político en el que necesitaba la bendición política del clero. Luego, arremetió contra las feministas que protestaban por la penalización, y demandaban un compromiso real para erradicar la violencia machista. Finalmente, se aprobó una ley para castigar la violencia de género, pero pronto fue debilitada por el gobierno, permitiendo la mediación con los agresores.

La vicepresidenta Rosario Murillo gusta decir que son un gobierno ejemplo para el feminismo por la paridad, aunque en la práctica las mujeres en esos puestos tienen nulo poder decisión. Se limitan a obedecer –como el resto de funcionarios públicos—las órdenes de presidencia.

Antes del regreso de Ortega al poder, las mujeres marchaban el 8-M en Nicaragua. Sin embargo, la posibilidad de manifestación para las feministas cambió radicalmente a partir de 2015. Se inauguró la práctica de colocar decenas de policías antimotines -con mujeres en primera fila-, obligando a las mujeres y jóvenes a permanecer en un solo punto no mayor a 100 metros.

“A partir del 2018 ya sin ningún tapujo, el régimen Ortega-Murillo prohíbe cualquier tipo de marcha. El año pasado las organizaciones feministas nos vimos obligadas a realizar una conmemoración bajo techo, y hasta ahí llegaron los antimotines para impedir cualquier tipo de movilización”, relata María Teresa Blandón. 2020 no será la excepción. La situación de la represión y suspensión de facto del derecho a la libertad de expresión y de movilización no ha variado.

Las feministas sobre todo urgen la despenalización del aborto aún en los límites de las 3 causales: salvar la vida de la madre, violación y malformaciones grave del feto. Según los movimientos de mujeres, en Nicaragua falta educación sexual integral en los colegios, una reducción de la pobreza que dote de empleos decentes a las mujeres, y el acceso a las tierras para las campesinas.

 

Con información de Rocío Montes, Mar Centenera, Carmen Morán Breña, Florantonia Singer, Catalina Oquendo, Naiara Galarraga Gortázar y Wilfredo Miranda.

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Atacan a Sara Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de la Asociación de Profesores (Asoproudea), fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñelamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el sospechoso del ataque fue capturado, e identificado como un “niño de 13 años habitante de calle, entra por su balcón, a hurtar y la hiere”. Después actualizó la información comentando que Medicina Legal identificó al sospechoso y confirmó que no era menor edad y fue llevado a la URI para ser interrogado. 

En declaraciones anteriores, y ante la situación que vive la Universidad de Antioquia, y que requieren de espacios de diálogo permanente con todos los claustros que integran la misma, el Alcalde optó por la confrontación, atizando la inestabilidad que sobrelleva la Universidad y estimulando –sin que sea su propósito pero sí su resultado– la actuación de estructuras paramilitares que desde años atrás han pretendido el ataque de toda voz crítica en el centro de estudios. Como es obvio, en su labor, docentes y estudiantes tienen la obligación de opinar y actuar en pro del buen funcionamiento de su Universidad, así como del país todo, y ello debe hacerse en espacios plurales, sin señalamientos ni, mucho menos, uso de la violencia.

Winston Gallego, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental de Derechos Humanos y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en entrevista con El Espectador dijo "El ataque nos preocupa y más aún que la Alcaldía siga manteniendo la estigmatización de la comunidad estudiantil. Creemos que es urgente y necesario que el alcalde haga un pronunciamiento de respaldo a los líderes sociales y a la comunidad de universitarios donde reivindique su labor"

A la actitud del Alcalde de la ciudad, se suma la reciente declaración de la Ministra del Interior, Alicia Arango, quien expresó: "Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD. HH”.

¿Quién está detrás de estos ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos y líderes sociales? El Estado lo niega, pero todos los arroyos se dirigen hacia el río madre.

Felipe Martínez en el artículo –“Ríos de sangre inundan el país”– publicado en desdeabajo el pasado 6 de junio, identificó lo siguiente:

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) Ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) Fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad)”.

El ataque contra la docente Sara Fernández tiene todos los síntomas de un atentado contra su vida, disfrazado de intento de robo. Como en los demás casos de ataques contra líderes sociales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que la impunidad no prime.

 

Lea el artículo de Felipe Martínez en extenso aquí:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

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Un centro de detención utilizado para la minoría musulmana uigur en Kunshan Industrial Park, en la provincia de Xinjiang. Ng Han Guan / AP

Según un informe, al menos 80.000 uigures han sido trasladados a otras partes de China como empleados en "condiciones que remiten a trabajos forzados"

 

Al menos 80.000 uigures han sido trasladados desde la provincia de Xinjiang (al oeste de China), algunos de ellos directamente desde centros de detención, a fábricas de toda China que producen para decenas de marcas multinacionales, entre ellas Apple y Nike, según revela un informe elaborado por el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI).

Elaborado a partir de noticias, imágenes de satélite y documentos públicos, el informe identifica 27 fábricas en nueve provincias chinas donde desde 2017 trabajan empleados trasladados desde los 'centros de reeducación' de Xinjiang en el marco del programa llamado 'Ayuda a Xinjiang'.

El informe del ASPI, con sede en Canberra, habla de condiciones que "remiten directamente a trabajos forzados". Los trabajadores viven en dormitorios separados, les exigen que aprendan mandarín y les someten a formación ideológica, denuncia el informe. Son vigilados a menudo y les prohíben las prácticas religiosas, añade la investigación.

Según los documentos del Gobierno chino analizados por el ASPI, suelen tener cuidadores asignados y restringida la libertad de movimiento. De acuerdo con el informe, las fábricas forman parte de la cadena de suministro de 83 marcas internacionales, entre las que figuran Apple, Nike y Volkswagen.

La política con los uigures y otras minorías musulmanas ha puesto a China en el punto de mira internacional: hasta un millón y medio de personas de Xinjiang han sido internadas en unos campos de reeducación que, según Pekín, son centros de formación profesional voluntaria. El Gobierno chino también afirma que, en su mayoría, los "estudiantes" de estos centros se han "graduado" y regresado a la sociedad.

El informe del ASPI se suma a las cada vez más numerosas pruebas de que los exdetenidos siguen siendo objeto de un fuerte control y, en algunos casos, forzados a trabajar tras ser liberados de los campos. Según sus autores, el número de personas enviadas a otras partes de China dentro de este programa de trabajo "probablemente sea muy superior" a 80.000.

"Este informe expone una nueva fase de la campaña de reingeniería social china dirigida a ciudadanos de minorías al aportar nuevas pruebas de que en fábricas de toda China se usa mano de obra uigur forzada dentro de un plan de transferencia de mano de obra respaldado por el Estado que está contaminando la cadena de suministro mundial", escriben los investigadores.

Titulado 'Uigures en venta', el informe destaca el caso de Qingdao Taekwang Shoes, una fábrica en el este de China que produce zapatos para Nike. En su mayor parte, las personas trabajando en la fábrica eran mujeres uigures de las prefecturas de Hotan y Kashgar (sur de Xinjiang) que asistían a clases nocturnas con un plan de estudios similar al de los campos de reeducación.

Según los información del Gobierno, se exigía a las trabajadoras que asistieran a la escuela nocturna 'Semilla de granada', llamada así por la política que pretende acercar a las minorías étnicas y al grupo étnico mayoritario Han tanto "como las semillas de una granada". En esa escuela, los trabajadores estudian mandarín, cantan el himno nacional chino y reciben "educación patriótica". Los funcionarios de seguridad pública y otros empleados del Gobierno deben informar a diario sobre el "pensamiento" de los trabajadores uigures.

Según los investigadores, cada vez hay más anuncios online de "mano de obra uigur con el respaldo del Gobierno". En uno de ellos se decía: "Ventajas de los trabajadores de Xinjiang: gestión de estilo semimilitar, capaces de aguantar las dificultades, sin pérdidas de personal... ¡pedido mínimo de 100 trabajadores!".

Las multinacionales afirman respetar las normas

El informe pide a Pekín que permita a las multinacionales acceder libremente a las fábricas de China para investigar posibles casos de trabajos abusivos o forzados y que se hagan inspecciones y auditorías que verifiquen la correcta implementación de las medidas de respeto a los derechos humanos.

"A medida que se abordan estos problemas, es crucial que no se haga más daño a los trabajadores uigures o que, por ejemplo, se les transfiera de forma involuntaria de vuelta a Xinjiang, donde su seguridad no está siempre garantizada", dice el texto.

"Apple está comprometido en asegurar que todas las personas en nuestra cadena de suministro sean tratadas con la dignidad y el respeto que merecen. No hemos visto este informe, pero trabajamos cerca de todos nuestros proveedores para asegurar que nuestros altos estándares se mantienen", ha declarado al periódico The Washington Post un portavoz de la empresa tecnológica, Josh Rosenstock.

The Washington Post también ha publicado el testimonio de un portavoz de Volkswagen: "Ninguna de las fábricas mencionadas es actualmente proveedora directa de Volkswagen. Estamos comprometidos con nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestro negocio en las que tenemos autoridad directa".

"Nuestro compromiso es respetar las normas laborales internacionales en todo el mundo", ha dicho la portavoz de Nike. También, ha afirmado que sus proveedores "tienen estrictamente prohibido utilizar cualquier tipo de trabajo en prisión, forzoso, en condiciones de servidumbre o de aprendizaje".

Según Kim Jae-min, director ejecutivo de Taekwang (la empresa surcoreana que gestiona la fábrica de QingdaoTaekwang), entre los 7.100 trabajadores de la planta había unos 600 uigures traídos para compensar la escasez de mano de obra local.

02/03/2020 - 21:17h

Traducido por Francisco de Zárate.

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