Paralizados 23 centros de reclusión en doce departamentos

El "Plan reglamento" aplicado desde el pasado 4 de agosto por el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, y las huelgas de hambre declaradas por más de 5 mil reclusos concentrados en las carcelarias de doce departamentos, colocan de nuevo el dedo en la llaga de la crisis carcelaria que desde hace más de 16 años padece el país, y sufren de manera directa quienes terminan encerrados en los llamados "centros de resocialización".


Quemando colchonetas, las docenas de detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata –URI– de Los Mártires de la ciudad de Bogotá, protestaron este lunes 27 de octubre por el hacinamiento que padecen en el centro de reclusión, debido al congelamiento de traslados y remisiones ocasionado por el "Plan Reglamento" ordenado por sindicato del Inpec.

Un barrido realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 36 regionales en el país, logró establecer que la tercera parte de la población reclusa, es decir alrededor de 52 mil internos, han sufrido alguna afectación por la parálisis. Lo que también ha provocado una ola de inconformismo por parte de éstos, desencadenando jornadas de desobediencia civil y huelgas de hambre, como ocurre en los centros de reclusión de Cómbita y La Dorada. Acciones que buscan denunciar públicamente el pésimo tratamiento al régimen de visitas, las condiciones de hacinamiento, la falta de atención en salud y los problemas de alimentación que padecen, todo lo cual han sido valorado una y otra vez por la Defensoría del Pueblo y por los mismos jueces como una violación sistemática a los derechos humanos.

El caso más reciente que evidencia la constante violación de sus derechos –en verdad el conjunto de la Carta de Derechos Humanos–, puede constatarse con la muerte del recluso José Luis Polo, ocurrida el sábado 25 de octubre como resultado de un tratamiento médico inadecuado. Según los familiares del detenido, Polo ya había ganado varias acciones de tutela que ordenaban su atención médica, ya que padecía una afección pulmonar. Sin embargo, a pesar de los fallos a su favor, no hubo una atención y tratamiento oportuno, por lo que su estado de salud se deterioró y fue solo a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo que fue valorado y diagnosticado con tuberculosis avanzada.

Debido a la crisis por la que pasa el sistema carcelario, los presos crearon el Movimiento Nacional Carcelario, que también cuenta con un pliego de exigencias dirigidas al Gobierno Nacional, dentro de las cuales se cuenta la instalación de una mesa de concertación como espacio de diálogo en donde garanticen la solución al problema carcelario como conjunto, pero además, donde también existen demandas puntuales como la aprobación del proyecto de ley de rebaja de penas, beneficios administrativos para cada preso, visita semanal de ocho horas y dignificación de las mismas, y solución definitiva e inmediata a las condiciones de salud.

Entre las cárceles más grandes sumadas a esta protesta están La Ternera de Cartagena, La Modelo de Bogotá y Tramacúa, en Valledupar.

Ya desde el 24 de agosto, el defensor del pueblo, Armando Otálora, había efectuado un llamado a las instancias gubernamentales "esta es una ausencia de políticas de Estado, no de este Gobierno, de todos los gobiernos, por eso le hemos planteado al Gobierno Nacional que tiene que acudir a la figura de emergencia social. No podemos hablar de respeto, de reconciliación, de procesos de paz, cuando por el otro lado les estamos maltratando y desconociendo sus derechos".

Escuche la carta de un preso de la cárcel La Picota, miembro del Movimiento Nacional Carcelario:
https://soundcloud.com/zonapublicatv/carta-de-un-preso-de-la-picota-perteneciente-al-movimiento-nacional-carcelario



¿Por qué se reanudó el "Plan Reglamento" del sindicato del Inpec?

El reclamo inició el 17 de mayo de este año, mes en que La Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP declaró el "Plan reglamento" de manera 'indefinida', hasta que se cumplieran los cuatro puntos exigidos en su pliego: garantías laborales –como reclasificación–, nivelación salarial y derecho a pensión para determinados funcionarios y el fortalecimiento institucional en temas de vehículos, cursos para los guardias, armas y transporte.

El "Plan reglamento" aplicado por el sindicato del Inpec causó en pocos días el congelamiento del sector judicial; el 28 de mayo el Gobierno firmó el pliego de peticiones, comprometiéndose a cumplir las demandas elevadas por la organización sindical. Sin embargo, luego de meses de incumplimiento, la UTP decidió retomar el "Plan reglamento" en búsqueda de soluciones concretas.


Los cuatro problemas que hoy enfrentan los presos

 

Un acumulado de años. En 1997 un ciudadano alemán recluido en la cárcel de Barranquilla sufrió un grave deterioro en su salud debido a que el centro penitenciario no contaba con baños para personas en sillas de ruedas, como él. La solución del Inpec fue trasladar al recluso a La Picota, donde tampoco existían las condiciones para una persona en silla de ruedas. El agravamiento de su situación obligó a un acuerdo con la Embajada Alemana y trasladarlo a su país natal.


Fue este hecho el que produjo que en 1998, la Corte Constitucional declarara un fallo de tutela sobre las violaciones a los derechos fundamentales que padecían los internos en todos los centros penitenciarios del país. La sentencia T-153 ordenó remediar la situación de forma urgente, debido a que según sus declaraciones "en las cárceles colombianas se vivía un estado de cosas inconstitucionales", sin embargo, luego de 16 años de este fallo, la crisis en los centros de reclusión sigue y se agrava.


Las principales problemáticas que enfrentan los presos, pueden resumirse, según la Defensoría del Pueblo, en cuatro aspectos: la atención en salud, que es precaria, entre otros centros de reclusión en el de Anayanci –Quibdó–, donde desde mayo de 2014 no hay personal médico, no tienen farmacia ni medicamentos para reclusos con tuberculosis, VIH, hipertensión o diabetes; la infraestructura carcelaria, retomada en un fallo de la Corte donde señala, como ejemplo, que 158 reclusos de La Picota de Bogotá tenían que realizar su visita conyugal, en un mismo día, turnándose en una sola celda; el hacinamiento, en muchas ocasiones superior al 150 y más por ciento; la falta de proyectos de reintegración social, y la ausencia de programas de resocialización y reinserción adecuados para que los reclusos puedan volver a integrarse a sus comunidades al finalizar su condena.


Por su parte, el último pronunciamiento del director del Inpec ante la situación que padece el sistema carcelario, fue realzar ante la W Radio la disminución, en lo que va de este año, de un 9 por ciento del hacinamiento en cuestión, agregando que "los sindicados son quienes crean el hacinamiento".


Las peticiones de la UTP y del Movimiento Nacional Carcelario aún están a la espera de ser atendidas. Mientras tanto, y como se ha dicho tantas veces y durante tantos años, el sistema carcelario enfrenta "la mayor crisis carcelaria de la historia", según la afirmación del Defensor del Pueblo.

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Viernes, 24 Octubre 2014 17:04

Un Estado fallido planificado

Un Estado fallido planificado

El Estado mexicano se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narcotráfico y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.

 

Familiares de los estudiantes desaparecidos rezan frente a un altar en Ayotzinapa el 6 de octubre de 2014 AFP Yuri Cortez
"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", grita María Ester Contreras, mientras 20 puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.


Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar a militantes, sino de algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para Ibm, secuestrado por el narcotráfico para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. "Le puede tocar a cualquiera", advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno al tema.


Fundem nació en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. "Daños colaterales", los llamó el ex presidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. "Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido", replica Contreras.


PEOR QUE EL ESTADO ISLÁMICO. Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad, celebrada en mayo, destaca que "según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013 se contaban 26.121 personas desaparecidas", desde que Calderón declaró la "guerra al narcotráfico" en 2006. En mayo de 2013 Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, dijo que el gobierno mexicano reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).


La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narcotráfico mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9 mil civiles, en tanto el número de víctimas de cárteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16 mil (Russia Today, martes 21). Los cárteles llevan a cabo cientos de decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, y después exponerlos para atemorizar a la población. "Con el mismo propósito también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales".


Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones, y desde 2006 los cárteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas (véase también la sección Papelera de Reciclaje, nota de Daniel Gatti). El Estado Islámico asesinó a dos periodistas estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los cárteles mexicanos asesinaron a 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.


La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino por qué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.
Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que "desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero", sin obtener la menor repuesta (Proceso, domingo 19).


Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho "ha destapado la cloaca de la narcopolítica" del estado de Guerrero (La Jornada, martes 21). En esa narcopolítica participan miembros de todos los partidos, incluyendo al centroizquierdista Prd, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.

 

Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. No tienen local propio y se reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.

 

En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellos 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.


Controlar la sociedad.

Por su larga experiencia, Vera sostiene que la masacre de Ayotzinapa "es un mensajito al pueblo, es decirnos: 'vean de lo que somos capaces'", como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que participaban en La Otra Campaña zapatista fueron brutalmente reprimidos, con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 mujeres violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Esos "mensajes" se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado mexicano y dirige un albergue para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y "reventaron por conciencia" (Proceso, domingo 19).


Vera destaca la íntima relación entre los cárteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto, dice, de que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país "son el crimen organizado" y que, por lo tanto, "no estamos en democracia" (Proceso, domingo 12).


Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. "El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca." Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.


Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno es el general Óscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados "arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana" bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara el corresponsal de Brecha en México Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la Dea y "producto de exportación" de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.
Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que "7 mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos". No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.


Pero hay más. "El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso", por la cual "involuntariamente" 2 mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico, como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse un bumerán a través de la extensa y porosa frontera entre los dos países, tampoco debería ponerse en duda.

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Martes, 14 Octubre 2014 21:07

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".

"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".

La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.

Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.

No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.

A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.

En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

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La crisis de Iguala se convierte en una tormenta política en México

La cuenta atrás se ha acelerado en México. El descubrimiento de otras cuatro fosas clandestinas en Iguala y las nuevas confesiones de sicarios van despejando las últimas dudas sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Todo está listo para estallar. Solo falta la confirmación oficial de que los cadáveres calcinados y enterrados de mala manera en las afueras de la pequeña ciudad de Guerrero pertenecen a los alumnos de magisterio detenidos por la Policía Municipal la noche del 26 al 27 de septiembre tras una salvaje persecución que acabó con seis muertos y 17 heridos. Pocos dudan de este desenlace, pero mientras llega, el país asiste a una oleada de consternación sin precedentes en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto.

A las multitudinarias manifestaciones de los padres y compañeros de los estudiantes, amparadas en una fortísima marea de solidaridad, han seguido las exigencias de organizaciones internacionales, entre ella la propia ONU , para que se resuelva con celeridad el caso. Los nubarrones han adquirido un color político oscuro. Intelectuales y empresarios se han sumado al malestar. Y han apuntado al corazón del problema: la incapacidad de las fuerzas de seguridad de domar la violencia, lentas y torpes a la hora de detener a criminales que se permiten secuestrar y hacer desaparecer estudiantes por decenas.

El Gobierno, consciente del terremoto que se avecina, se ha puesto manos a la obra. El pasado lunes el propio Peña Nieto, en un mensaje televisado, se mostró "indignado" por los hechos y anunció que no dejaría el más mínimo resquicio a la impunidad. Acto seguido, envió a la Gendarmería, la nueva fuerza de choque contra el narco, a tomar el control de Iguala. El mismo camino siguió el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, el hombre que capturó a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del planeta. Pero estas medidas no han logrado calmar los ánimos.
El presidente, una figura que en México suele planear por encima de los vendavales cotidianos, ha tenido que insistir otra vez en que los culpables caerán y que nada le torcerá el pulso en su persecución. "Tenemos que ir en profundidad y, paso a paso, llegar hasta los responsables, aquellos que por negligencia o por su actuación permitieron que esto ocurriera y que lamentablemente, de confirmarse, permitieron que perdieran la vida jóvenes estudiantes. Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie, que no puede distinguir a México", ha declarado Peña Nieto. A sus palabras se han sumado, en rigurosa cadena, las más altas instancias de la seguridad mexicana. Uno tras otro, han intervenido para mostrar el denuedo gubernamental en la resolución del caso.

El volcán, pese a esta movilización oficial, no ha dejado de humear. La onda expansiva generada por la desaparición de los muchachos, de extracción humilde, las imágenes de sus padres destrozados y la cólera de numerosos intelectuales y amplios sectores sociales amenaza con traspasar los diques de contención y alcanzar la fibra más sensible y mimada del Ejecutivo: la economía. Hasta el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, poco dado a tratar sobre cuestiones de seguridad, ha advertido públicamente que cualquier percepción negativa sobre México puede afectar la atracción de capital, el principal empeño de esta Administración.

El escándalo por el secuestro y más que posible asesinato de los normalistas no nace solo, sino que recoge un malestar previo, difuso, pero amplio, del que ya dio aviso la llamada matanza de Tlatlaya. Una operación militar contra el narco, en la que a finales de junio murieron 22 personas. La sangría se presentó a la opinión pública con una inverosímil versión, que sostenía que las muertes habían sido fruto de un enfrentamiento a tiros. El relato fue avalado, pese a sus innumerables contradicciones, por la escala completa de autoridades encargadas de la investigación oficial. Toda esta defensa saltó por los ares cuando, gracias al testimonio de una superviviente, se descubrió que los militares habían matado a sangre fría a 21 de los supuestos narcos. Este brutal episodio de la guerra sucia, aunque fue sancionado con una fulminante reacción presidencial, que condujo al encarcelamiento de los militares implicados, abundó en la erosión que sufren los responsables de la seguridad. A esta desconfianza se ha añadido la raquítica reacción política en el propio estado de Guerrero, gobernado por Ángel Aguirre, un dinosaurio de modos caciquiles durante cuyo mandato el territorio ha caído bajo el imperio del narco, convirtiéndose en el más violento de México. Su resistencia a abandonar el cargo ha aumentado la tensión, enlodado a su propio partido, el PRD (izquierda), y catapultado la sensación de que nada ha cambiado.

En esta olla a presión, las investigaciones avanzan con exasperante lentitud. De momento, la procuraduría ha detenido bajo la acusación de homicidio a 34 personas, entre policías municipales y sicarios (indistinguibles en muchos casos). Pero ninguno de los arrestados dejan de ser más que peones de un juego mayor y oscuro. Los autores intelectuales siguen libres. Tanto el alcalde de Iguala como el jefe de la Policía Municipal están en paradero desconocido. En el caso del regidor, cuyos vínculos familiares con el narcotráfico emergen día a día con más claridad, se ha descubierto, para mayor escándalo, que goza de un blindaje judicial, concedido por un magistrado federal a los dos días de los hechos. Esta salvaguarda reafirma su aforamiento e impide detenerle hasta nueva orden. Tampoco ha caído ningún cabecilla del sanguinario cartel de los Guerreros Unidos, la organización que controla Iguala y cuyos sicarios, en connivencia con la Policía Municipal, dieron muerte, según las confesiones de dos detenidos, a los estudiantes, que simplemente se habían apoderado de tres autobuses y reventado un acto de la esposa del alcalde. Una demostración de poder enloquecida y criminal que aún no ha sido sancionada. La cuenta atrás no ha terminado.

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Texas despoja a las mujeres de salud y derechos

SAN ANTONIO— En Texas, es posible medir cuánto han avanzado las mujeres en función del camino que deben recorrer. Una gran cantidad de establecimientos médicos han debido cerrar sus puertas en Texas, dejando así a casi un millón de mujeres a cientos de kilómetros de los centros de salud que podrían resultarles necesarios. ¿El motivo? Uno de los servicios que brindaban estos centros médicos era el aborto legal y seguro. La semana pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las restricciones impuestas por el estado de Texas al acceso al aborto, lo que provocó el cierre inmediato de otras trece clínicas. En total, el 80% de las clínicas de Texas que incluían entre sus servicios el aborto han cerrado desde que entró en vigor dicha normativa.


Imaginemos que un día nos encontráramos con la siguiente noticia: "Un tribunal de apelaciones de Texas determinó el cierre del 80% de las armerías de Texas". Los autoproclamados patriotas de Texas se levantarían en armas. Pero en el estado de la estrella solitaria, no todos los derechos nacen iguales. El derecho de una mujer a elegir sobre su maternidad, su derecho a poner fin a un embarazo, su derecho a la privacidad fueron establecidos por la Corte Suprema en 1973, hace más de 40 años, en el histórico fallo emitido en el caso Roe contra Wade.

En 2013, el poder legislativo de Texas, el Gobernador Rick Perry y el Fiscal General (y actual candidato republicano a gobernador) Greg Abbott establecieron una serie de leyes que impusieron barreras al funcionamiento de las clínicas de Texas que practican abortos. En primer lugar, se exigió que los médicos de dichas clínicas contaran con derechos de admisión en hospitales cercanos. Luego se establecieron una serie de requisitos edilicios, aplicables únicamente a clínicas en que se practican abortos, los cuales exigieron importantes reformas a fin de que los establecimientos pudieran permanecer abiertos.


Los grupos que defienden el derecho al aborto calificaron a estas leyes de reglamentación selectiva de los centros en que se practican abortos como "leyes TRAP", sigla que en inglés significa "trampa". El instituto de investigación en torno a asuntos de salud reproductiva Guttmacher Institute informó recientemente que "26 estados del país cuentan con leyes o políticas que regulan a los centros médicos que proveen abortos y que exceden lo que resulta necesario para garantizar la seguridad de las pacientes. La totalidad de dichas normativas se aplica a las clínicas en que se practican abortos quirúrgicos".


Jeffrey Hons, presidente y director ejecutivo de la organización de planificación familiar Planned Parenthood South Texas, me dijo: "El nuestro es el centro ubicado más al sur y más al oeste en el que se puede acceder a un aborto en Texas, pero hay una buena parte de Texas que se encuentra aún más al sur y al oeste que nosotros". La clínica de Hons es una de las solo tres que quedan en San Antonio que realizan abortos.

Hons describió el impacto en las mujeres más vulnerables, que ahora deben viajar grandes distancias para practicarse un aborto: "Para una mujer que se encuentra en estas zonas alejadas e intenta encontrar un centro quirúrgico, la distancia que debe recorrer, los puestos de control de inmigración que ella y su pareja deben atravesar y el miedo de atravesar estos controles de inmigración, porque puede ser que tengan o no los documentos en regla... todo ello representa una verdadera carga. Y la carga psicológica de saber que debemos abandonar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra localidad, nuestro mundo para ir en busca de este tipo de asistencia médica tan privada e íntima, tras un proceso de toma de decisiones que resulta tan difícil, es muy grande. Y más ahora sabiendo que hay que hacerlo en un lugar donde no contamos con nuestra red de apoyo para que nos contenga".

El Centro de Derechos Reproductivos, que fue la organización que defendió el derecho constitucional al aborto ante el tribunal de apelaciones, destacó que el fallo del tribunal hace que "casi un millón de mujeres de Texas se enfrenten a un viaje de ida y vuelta de casi 500 kilómetros como mínimo para poder ejercer su derecho constitucional a un aborto".
Lindsay Rodriguez, presidenta del Fondo Lilith, que brinda apoyo económico y educación a mujeres que necesitan acceder a un aborto, expresó: "Todo el tiempo escuchamos historias de gente que tiene que viajar desde zonas como el Valle de Rio Grande hasta San Antonio para intentar acceder a este tipo de atención de la salud". Rodriguez agregó: "En su gran mayoría, las personas que se van a ver más afectadas por estas leyes son las personas con menos recursos económicos, las personas que tal vez enfrenten problemas migratorios. Puede que sean personas que, por diversos motivos, se encuentran con más barreras para poder acceder a la asistencia médica en general, no sólo para acceder a un aborto, sino para acceder a asistencia médica".


Estos viajes más largos y más costosos tendrán como consecuencia que las mujeres demoren el procedimiento, lo cual lo tornará más complejo y oneroso. Con el cierre de estas clínicas, la ley reduce además el acceso a métodos anticonceptivos, lo cual provoca más embarazos no deseados, perpetuando así la demanda de abortos.
Tras el fallo del tribunal de apelaciones, el Centro de Derechos Reproductivos, junto a otras organizaciones, entabló inmediatamente un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en procura de una orden judicial contra la ley de Texas.


Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se preparan para elegir nuevo gobernador. En una de las contiendas seguidas más de cerca en todo el país, el Fiscal General Greg Abbott se enfrenta a su contrincante demócrata, Wendy Davis. Sus posturas no podían ser más opuestas. En junio de 2013, siendo senadora estatal, Davis se opuso y obstruyó esta ley de restricción del aborto durante once horas, demorando así su aprobación, al tiempo que miles de personas se habían congregado en el recinto para brindarle su apoyo. Recientemente, Davis reveló haber puesto fin a dos embarazos por motivos de salud en la década de 1990. Para ella, al igual que para todas las mujeres del país, este asunto político resulta profundamente personal. Se trata de un asunto que debería unir a personas provenientes de todo el espectro político. Se trata de vernos libres de la injerencia del gobierno a la hora de tomar las decisiones más íntimas de nuestras vidas.


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Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 10 Octubre 2014 15:55

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

 

La demanda de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos recorre todo el país / Foto AFP Ronaldo Schemidt.
Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".


"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.


La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.


El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.


Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".


La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.


Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.


Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.


Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.


Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.


No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.
Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?


Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.


A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.


El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.


Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.


Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.


En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.


Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.


Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.


El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."


Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.


Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.


Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.


1. Revista Proceso, jueves 9.

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Jueves, 09 Octubre 2014 07:34

"Les tenemos miedo a las palabras"

"Les tenemos miedo a las palabras"

El entrevistado Martín Appiolaza -asesor de seguridad en Rosario, Santa Fe- propone que es posible pensar las "cuestiones de seguridad" desde la izquierda, superando políticas que describe esquizoides, a condición de enfrentar ciertos temores y de elaborar ciertas "reminiscencias terribles".

 

El mendocino Martín Appiolaza, especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito, estuvo la semana pasada en Montevideo, en el marco del Foro Justicia 2014, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Judiciales y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.


Allí dio una conferencia ("Seguridad, política y populismo penal"), donde, "en tono de farsa", brindó consejos a aquellos candidatos que "quieren ganar fama y votos usando a las víctimas de los delitos". Según Appiolaza, actual asesor de la municipalidad de Rosario en temas de seguridad pública, es un buen momento para quienes "piensan que se pueden dejar de lado los argumentos y transformar el miedo en votos".
Sobre este y otros temas conversó con Brecha.


—¿Por qué recurre a la ironía para abordar cuestiones de seguridad?
—Me parece que hay que desdramatizar la cuestión. La sobredramatizamos. Y desde la posición de una izquierda democrática, no sólo la dramatizamos sino también nos escondemos detrás del dramatismo, porque les tenemos miedo a las palabras y miedo a las ideas sobre el tema. Y esto se traduce en las gestiones.
Por otro lado, la ironía es un elemento de violencia que te lleva a la reflexión. Y tercero, no hay candidato, no hay funcionario, que desde una perspectiva de izquierda, no se pregunte cómo hacemos para ser efectivos en el discurso sobre el populismo penal, el discurso de la derecha respecto de la seguridad. Y quizás una forma sea la ironía y la risa. La ironía destruye. El intento es dejar en evidencia a esos tipos que utilizan ex profeso y de manera calculada, medida y orientada, al dolor como elemento de aglutinamiento político. Es claramente un proyecto político no racional, sino emocional, que genera un consenso.
—Durante su exposición habló sobre el "remplazo de las políticas de promoción social por las de control social". La izquierda en los últimos años cambió su discurso, dejó atrás eso de que cuando baje la pobreza va a desaparecer el delito y comenzó a buscar un equilibrio entre las políticas sociales y la mano dura. ¿La solución puede estar en ese equilibrio?
—El análisis marxista clásico del determinismo económico se termina encontrando con el discurso de la derecha, de la pobreza como determinante del delito. Y terminan diciendo las mismas cosas. Cuando desde la izquierda más democrática entendemos esto, y hemos estado revirtiendo estos mecanismos, entonces el cuestionamiento pasa a ser: "¿nos hacemos cargo, o dejamos hacer?". Y vos no podés tener una política progresista en términos de políticas sociales sin acompañarla de una política progresista en términos de control de la violencia y el delito. Hay estudios en nuestros países que muestran el carácter contradictorio entre la inversión social y la violencia institucional, básicamente policial-judicial.


El Estado aparece en los sectores populares fragmentado, discontinuo y contradictorio. Ante eso, la violencia interpersonal y la violencia estatal cumplen un rol fundamental. No es un tema que nos pueda ser indiferente. Tenemos que tener una política sobre esto. Ahora, ¿qué le pasa a la izquierda democrática en estos temas? Hay ciertos pruritos. El primero es la tradición más ortodoxa: "cuando generemos igualdad y otras condiciones sociales, la violencia y el delito se van a terminar".

Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cedemos el control de las instituciones a quienes siempre se ocuparon de esto? O bien no vamos a fondo, y cuando hacemos intervenciones sobre las instituciones de control, básicamente lo hacemos a medias, y si nos sale mal le cortamos la cabeza a los funcionarios; o no hacemos nada y le cedemos esa área a los que tienen el saber empírico. Entonces parcelás y dejás esas instituciones en manos de policías y la ortodoxia judicial. Y eso es un problema, porque entrás en contradicción con otras políticas del Estado.
—Una de las "respuestas" del Estado fueron los megaoperativos. El discurso era que la Policía, el Estado, entra en todos los barrios. Pero se da eso de que el Estado siempre llega con la pata policial, mientras continúa ausente en otros aspectos.
—En los barrios populares, la primera cara del Estado que ven los pibes es la Policía, antes que la maestra. Saben qué es la Policía antes que la maestra o el doctor. Y sobre eso construyen una identidad. Entonces, si es la primera cara del Estado, no nos puede ser indiferente a la hora de construir ciudadanía.
—Decía en su charla que "las políticas de seguridad construyen políticas sociales".
—Ahí tomo una definición de las políticas sociales. Hacer políticas sociales es construir ciudadanía. Por lo tanto, la violencia estatal y la decisión de la política criminal sobre qué se persigue y qué no se persigue, a quiénes les quitamos y a quiénes no, también está construyendo tipos de ciudadanía. Lo digo desde una perspectiva de ciudadanía: quiénes son ciudadanos plenos y quiénes no.


Vos necesitás una política social armónica. No podés tener políticas contradictorias donde, por un lado, promocionás los derechos de los jóvenes y los niños como actores sociales transformadores, empoderados, politizados y actuando en parlamentos juveniles; y por el otro tenés la política de facto de la comisaría, de detener grupos de jóvenes por averiguación de antecedentes todas las noches, por el solo hecho de ser jóvenes. Entonces, ¿qué juventud estás construyendo, qué ciudadanía joven estás construyendo? Tenés un doble discurso, o por lo menos una contradicción.


—Habló de estrategias para una política de seguridad progresista. Acá, la izquierda, por ejemplo, ha votado aumentos de penas para los adolescentes; de alguna manera se ha dejado llevar por el discurso de la derecha. ¿Cuáles deberían ser esas estrategias?
—La primera es poder formular la política de seguridad. Si vos tenés información, demostrame que un aumento de la pena para adolescentes disminuyó el delito. Si me lo demostrás, yo capaz lo apoyo. Pero si no disminuyó ni la violencia ni el delito, hacete responsable por las decisiones que tomaste como parlamentario. Creo que cada vez más los partidos o las alianzas de gobierno socialdemócratas o progresistas de nuestros países, que no están marcadas tanto por un populismo personalista y cortoplacista como otras, están asumiendo el tema de la seguridad pública. Los partidos se están tomando en serio el tema de la seguridad pública. Yo veo a la presidenta Bachelet, por ejemplo, después de haber tenido una política errática en su primer mandato, construir un gabinete sólido en el tema de la seguridad, planificar y evaluar y programar objetivos a cuatro años. Y poner a los funcionarios de su confianza a cargo de los temas.

Funcionarios políticos para los diseños, la evaluación y la gestión de políticas, y funcionarios policiales de su confianza a cargo de la cuestión táctica operativa. Y eso me parece que es construir una política de seguridad y dar respuesta a una demanda ciudadana. Si no la otra forma que ha funcionado en alguno de nuestros países es la delegación. Delegás las responsabilidades en las policías y cuando hay delitos escandalosos le cortás la cabeza al jefe de la policía. Mientras tanto funciona una lógica de doble pacto; por un lado los funcionarios políticos sostienen a los jefes policiales, dándoles libertad a cambio de que no haya grandes escándalos públicos, y al mismo tiempo, desde las estructuras policiales se regulan la violencia y el delito dentro de márgenes estables, tratando de que no haya grandes escándalos. Ese doble pacto ha funcionado durante mucho tiempo, y esa es la expresión clara del desgobierno político de la seguridad.
—Acá se han intentado reformas en la estructura policial que han generado mucha resistencia en la interna de la institución.
—Las instituciones corporativizadas siempre se van a resistir a los cambios y a las injerencias de otros. Los argumentos son los que conocemos: los civiles no saben nada de estos temas; mucho menos si son progresistas, y aquí los que saben son otros. Esa legitimidad y ese reconocimiento también hay que ganárselo, me parece, en la sociedad y en la propia Policía. Y si no, también la Policía tiene que someterse a la voluntad popular; la Policía no es una institución que delibere y defina sus propias políticas, sino que es una herramienta de las políticas del Estado, y debe estar sujeta a esas políticas. Pero esto dentro de la Policía no es una posición hegemónica. Hay algunos actores que resisten, porque obviamente ven afectados algunos de sus intereses, pero hay otros actores dentro de la propia Policía, y yo conozco muchos dentro de la Policía uruguaya, muy convencidos de que es necesario modernizar las instituciones, adecuarlas a las nuevas épocas. 
Los progresistas solemos desconfiar de palabras que nos suenan feas, como "represión", "control", "operativos", que traen reminiscencias terribles. Pero tenemos que conocer el ámbito que definen esas palabras. Más cuando es la principal demanda social.
—También hizo mención a "recuperar a las víctimas". ¿A qué se refería exactamente?
—Hace un par de años me asaltaron, en México. Todavía hoy, si voy medio distraído por la calle, y veo a alguien con campera de cuero, con la mano en el bolsillo, como venía el tipo que me encañonó, tiemblo, se me eriza la piel.


Como yo hay muchísimas personas que han pasado por este trauma. La pregunta es: ¿esta situación la aborda el sistema de salud? La violencia también está generando gente con discapacidades físicas; ¿la estamos contemplando y la estamos atendiendo? Cuando es un trauma violento, por ejemplo cuando muere alguien, ¿qué pasa con el entorno familiar?, ¿qué pasa con el intento de venganza que puede aparecer? Tenemos que abordarlo y tenemos que tratarlo. En la Municipalidad de Rosario, por ejemplo, estamos trabajando con un dispositivo de atención a las víctimas de armas de fuego, que aborda a la persona, al grupo que pertenece, generalmente una bandita, un grupito de amigos, y a su familia. Generalmente el grupito es un sustituto o un complemento de la familia, y hay que abordarlo. Y lo que encontramos todo el tiempo es que hay conflictos irracionales entre grupos, sostenidos a lo largo del tiempo, broncas. Hay que ir sobre esos conflictos, hay que gestionarlos y hay que mediarlos. Si tomamos ese tipo de medidas, después vamos a tener a mediano y largo plazo una reducción de los enfrentamientos, además de una mejora en la calidad de vida de las personas. Y una disminución en la angustia y en el temor. Pero hay que tomarlo como un tema, y creo que no lo hemos hecho. Desde el progresismo hay como cierto sentimiento de que es un daño inevitable, digamos. Pero posiblemente el daño se puede prevenir, y además se pueden prevenir futuros actos de violencia abordando esos temas.

Creo que esa atención hay que priorizarla y hay que tenerla súper en cuenta. Especialmente en grupos de niños, de jóvenes, que sufren condiciones de violencia desde el momento de nacer, que aprenden el lenguaje de la violencia como una forma de resolver los conflictos, de ganar respeto y de conseguir minas.


Necesitamos un abordaje para el tema. Hay muchos casos de gente que ha sufrido delitos violentos y construye organizaciones y se moviliza para prevenir, para que a otros no les pase. Es ese principio solidario básico de vivir en sociedad, que de alguna manera ha sido desalentado por el individualismo más extremo, por la violencia, que es eso de "salvate solo", "la pena la parís vos, la soportás vos en tu hogar". Hay que generar espacios de discusión, pero no lo que hace la derecha demagógica, que es ir a buscarlos, congregarlos en algún lugar y transformarlos en militantes desde el dolor y tratando de transformar ese dolor en un odio político.

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Ayotzinapa, la cantera de los profesores rebeldes de México

Los estudiantes que pretenden ingresar en la escuela de magisterio de Ayotzinapa tienen que aprobar un examen y someterse a una evaluación económica familiar. En el expediente de acceso del alumno Bernardo Flores, hijo de un campesino, constaron dos propiedades: una casa de adobe con techo de lámina y una yegua vieja. El chico cumplió el requisito de pobreza y las ganas de ser profesor en una de las comunidades rurales desperdigadas por las montañas lo convirtieron en un alumno ejemplar. El Cochi, como le apodan, está desaparecido junto a otros 42 estudiantes desde que hace 12 días fueran secuestrados por la policía municipal de Iguala, un cuerpo controlado por el crimen organizado mexicano.

La escuela de Ayotzinapa se encuentra a un lado de una carretera secundaria, a tres horas de la Ciudad de México. Los estudiantes, provenientes en su mayoría de familias que cultivan maíz y frijol, estudian y duermen en habitaciones compartidas. Las decisiones de régimen interno se toman en asambleas donde se vota a mano alzada y predomina el lenguaje revolucionario. En los murales de los pasillos se reivindica la lucha obrera y campesina. "Cuna de la conciencia social", reza un cartel en la entrada. La situación de pobreza, violencia y corrupción política del Estado de Guerrero, en el suroeste de México, es el caldo de cultivo ideal para crear generaciones de jóvenes muy ideologizados que rechazan el sistema.


El viernes 26 de septiembre, unos 100 normalistas [estudiantes de magisterio] de primer y segundo año partieron en dos autobuses rumbo a Iguala, a poco más de 100 kilómetros en carretera. Los estudiantes tienen por costumbre apropiarse de autobuses y conductores para que estos los trasladen a su antojo. "Tenemos la potestad de poner esos vehículos al servicio del pueblo", dice un integrante del comité dirigente de la escuela. Ese día fueron a la estación de Iguala para hacerse con tres autobuses más y en cuanto enfilaron la carretera que debía sacarlos de la ciudad fueron interceptados por la policía municipal. Los estudiantes del camión que iba a la cabeza bajaron para pedirles a los agentes que despejaran el camino y los dejaran ir en paz. "Entre varios intentamos mover el coche de policía que plantaron allí y fue cuando nos chingaron", relata uno de los estudiantes presentes. Los agentes abrieron fuego en ese momento matando a dos e hiriendo en la cabeza a un tercero. Más de 40 fueron detenidos —como el caso de El Cochi— y otros tantos lograron huir por los cerros. La purga no había hecho más que empezar.


Un chico rapado, señal de que es de primer año, fue testigo del primer balazo a sangre fría de los policías: "Le dispararon a un compañero a muy poca distancia. La bala le entró por la mandíbula. Se le hinchó toda la cara. Estaba irreconocible. Siguieron soltando cartucho y tuvimos que huir como pudimos. Nos rodeaban con camionetas, policías y también vi gente de civil". Parte de la noche la pasó oculto en la casa de una mujer que le dio cobijo y, al alba, se presentó con otros compañeros en comisaría para reclamar a los que se habían llevado. "Cállate, cabrón. No estés de preguntón", le soltó un agente cuando insistió. José, como ha pedido que se le llame, fue después al servicio médico forense para reconocer a uno de los fallecidos. El cadáver del alumno estaba sin cara: le habían arrancado la piel con un cúter y le habían sacado los ojos.


El domingo por la tarde, los familiares de los desaparecidos, hombres en alpargatas y mujeres con niños en el regazo, decidieron en una asamblea movilizarse ante "la pasividad de los políticos". "Tienen que devolverlos vivos", conviene uno. "La culpa es del gobernador de Guerrero", añade otro. "Hay que dar un golpe de Estado", agrega un tercero. Están convencidos de que los 28 cadáveres encontrados en un cerro de Iguala por las autoridades —tras la confesión de un policía— no son los de sus hijos. Unos antropólogos argentinos trabajan en la identificación de los cuerpos junto a los forenses mexicanos.


El historial de lucha de los alumnos de Ayotzinapa es extenso. En diciembre de 2011 fueron asesinados dos alumnos que protestaban en una carretera. Dos inmensos retratos de sus caras —mártires de la lucha social— ocupan una de las fachadas principales de la escuela. Esta escuela ha sido a veces un semillero de guerrilleros, fiel a la tradición regional de levantarse en armas. Unos metros más allá de los retratos, un altar con un Cristo y un San Judas Tadeo vela por los desaparecidos.


El padre de El Cochi, al enterarse de que había desaparecido su hijo, dejó a un lado la azada y viajó desde su comunidad cinco horas hasta llegar a la escuela. En un informe de la fiscalía consta que el carné electoral del estudiante fue encontrado manchado de sangre en el suelo de uno de los autobuses tiroteado. Nadie se lo ha devuelto y nadie parece saber dónde está esa prueba. El agricultor dice tener el presentimiento de que su hijo está vivo. Se lo imagina pasando hambre y miedo en un cuartucho donde los secuestradores lo tienen escondido. Pero vivo al fin y al cabo. Quiere corroborarlo con los demás: "¿Usted también cree que está bien?"

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Balas ecofriendly vendo, picanitas chinas vendo...

Los chinos se han lanzado en el negocio de las picanas, los grilletes, las esposas, las "piñas americanas", las sillas de sujeción, los inmovilizadores de cuello y otros instrumentos de tortura.

 

Business are business, y los chinos los acostumbran hacer cada vez más. Venden de todo, los neopoderosos asiáticos, en el mercado internacional. Tan de todo que hasta se han lanzado en el negocio de las picanas, los grilletes, las esposas, las "piñas americanas", las sillas de sujeción, los inmovilizadores de cuello, los aturdidores y otros instrumentos de tortura. También armas varias para diversas policías, con destino a la represión interna "legal".


A mediados de setiembre Amnistía Internacional difundió un informe en el que dice que 134 empresas chinas están dedicadas a la fabricación de esas linduras. Más de un tercio (48) colocan su mercadería en el exterior, y varias son estatales o paraestatales.
El documento, titulado "El comercio chino de instrumentos de tortura y represión", dice que en los últimos años se han notado en China "incesantes prácticas represivas en todo el sistema de mantenimiento del orden", y que la necesidad que tiene el país de "ganar mercados en todo el planeta" y colocar sus crecientes excedentes de producción hace que las empresas busquen "nichos" fuera de fronteras: los encuentran sobre todo en África y en Asia.


Pekín no se caracteriza precisamente por regular y controlar este comercio, pero no es el único que hace la vista gorda. También la hacen la muy civilizada Europa y el muy democrático Estados Unidos. "El comercio mundial de estos productos está pobremente controlado, e incluso los países con regulaciones más desarrolladas, como Estados Unidos y los de la Ue, necesitan introducir mejoras y eliminar vacíos legales a medida que nuevos productos y tecnologías entran en el mercado", afirma la organización.
Amnistía reclama algo tan cuerdo y tan lejano en su concreción como prohibir la fabricación y venta de estas armas y el enjuiciamiento de quienes las promueven. "Hay que evitar que instrumentos de horror como estos caigan en manos de fuerzas represivas de países que se sabe que practican sistemáticamente la tortura o maltratan a sus ciudadanos", pide beatíficamente un dirigente de la asociación, exigiendo también que "se establezca una supervisión internacional de las exportaciones de armamento destinado a las policías" del mundo.

 

Pero China no está sola. Lejos de ello. Aunque ha desplazado al Reino Unido del quinto lugar en exportaciones de armamento, sigue ubicada a mucha distancia del pelotón encabezado por Estados Unidos, Rusia y Francia en ventas de armas que pueden acabar en manos de estados o grupos tan "poco recomendables" como los que adquieren los instrumentos de tortura chinescos. Con la diferencia de que estas tres potencias promocionan su producción en ferias internacionales, donde la presentan como naturalmente necesaria para proveer de recursos de defensa a los distintos países, en toda legalidad y legitimidad.


Una de esas ferias –la mayor, aparentemente– se llama Eurosatory y se realiza en París todos los meses de junio. Dicen los mercaderes de armas que es una maravilla: allí uno puede encontrar desde fusiles hasta misiles, pasando por municiones supersofisticadas como las que ofrecía la empresa sueca Bofors en la edición 2012: las balas Nammo ecofriendly, sin plomo ni otros metales ambientalmente agresivos, pero de una precisión letal sin competencia. "Su corazón de acero proporciona una inmejorable penetración", alardeaba el folleto que se repartía a los visitantes. El textito de Bofors, una empresa que en su tiempo fuera propiedad de un luego arrepentido Alfred Nobel, terminaba con esta hermosa frase: "Somos el camino perfecto hacia la verdad absoluta".

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"El acceso de la mujer a la ciencia es un problema social"

A su vuelta de la Universidad de Berkeley (EEUU), tras doctorarse en Astronomía, a Silvia Torres (México DF, 1940) le ofrecieron compartir la oficina de su marido, con quien había cursado los mismos méritos académicos. Ella se negó: "Hay momentos en que dices 'me están tratando distinto y no lo voy a aceptar'. Tuve que ser muy decidida. Si me hubiera dejado, quién sabe dónde anduviera. Son detallitos pequeños, a veces no se perciben, pero la acumulación de estos detallitos tiene su peso", recuerda ahora Torres, a pocos meses de convertirse —en 2015— en presidenta de la Unión Astronómica Internacional (UAI), cargo que por primera vez ostentará una mujer latinoamericana.


"Me fui al último rincón, pero quise hacerme mi espacio y demostrar que tenía mis méritos propios por mi trabajo y mi valía", explica. Mientras prepara cómo reestructurar y adaptar a los nuevos tiempos a la UAI, una sociedad científica con más de 10.000 miembros, analiza los obstáculos que frenan el flujo de mujeres a empleos como científicas y a puestos de responsabilidad dentro de su campo. "La mujer, por supuesto, tiene las mismas capacidades, talento, intereses e inteligencia que el hombre. No veo ninguna diferencia inherente, las diferencias son sociales, por lo que la gente que nos rodea espera de nosotras. Y es algo muy difícil de eliminar o subsanar".

Torres habla de que la expectativa de los demás provoca que se vayan perdiendo las mujeres por el camino, en un goteo gradual, hacia el mercado de trabajo. "Es un fenómeno a nivel mundial, sobre todo en las ciencias más duras y las ingenierías. Es un problema social. A la familia, al esposo, a la sociedad, le cuesta aceptar el compromiso que la mujer toma con la ciencia, un compromiso que va mucho más allá del horario formal de trabajo", reflexiona la astrónoma, cuya pasión y empeño se ha concentrado en la composición química de las nebulosas —"un trabajo tranquilo y modesto"—. "Hay muchos pequeños obstáculos que dificultan a la larga alcanzar el mismo resultado que los hombres", resume.

La científica mexicana, que visitó España durante la reciente reunión de la Sociedad Española de Astronomía, también se muestra preocupada con el acceso de los jóvenes a la investigación, a los que pretende incorporar a la Unión respetando la "estabilidad" que garantizan los científicos ya consolidados. "Con la crisis, en España y otros países, se están truncando vocaciones científicas. Lo más grave es que toda la formación que han recibido los jóvenes, si se quedan sin actividad dos o tres años, se desgasta, se atrofia o se olvida y es muy costoso reconstruir la preparación de una persona: muy costoso para la persona y para el país", asegura. "Es un problema muy serio", remacha.


En México, según explica, viven un momento de respiro tras la crisis, "pero no llega a haber un compromiso claro y definitivo" con la ciencia por parte de las autoridades. "El discurso sí es que va a haber más apoyo, y esperamos que así ocurra. Necesitamos ese apoyo y la decisión de las autoridades mexicanas, porque sin ese compromiso las ciencias, y sobre todo las básicas, no salen solas". Torres quiere que ese apoyo se materialice —"es mi meta personal"— con la construcción de un nuevo y mayor telescopio en el Observatorio de San Pedro Mártir, en Baja California.

"Es un momento apasionante para los astrónomos, están pasando tantas cosas y tantos resultados en tantos campos distintos: descubrimientos de planetas parecidos a la Tierra, hallazgos sobre el universo temprano... Es increíble lo que está pasando hoy en día, ni lo imaginábamos hace 10 o 15 años", asegura Torres sobre el momento actual de la astronomía gracias a grandes inversiones y el desarrollo de importantes instrumentos y herramientas de investigación.
Torres, elegida en 2012, es la segunda mujer que accede a la presidencia de la UAI en su escaso siglo de historia, tras Catherine Cesarsky en 2006, y su nombramiento supone la segunda vez que una persona nacida en América Latina accede al puesto, tras el argentino Jorge Sahade 1985.