La justicia argentina falla contra Glovo y otras dos plataformas de reparto

Una sentencia exige que las compañías consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores”

 

Un juez argentino ha ordenado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíba las plataformas digitales que ofrecen mensajería y reparto de comida a domicilio. El fallo, de primera instancia pero avalado por uno anterior de un tribunal superior, afecta a la española Glovo, la colombiana Rappi y la uruguaya PedidosYa, tres empresas que desde su llegada a Argentina, a principios del año pasado, han acaparado el servicio de delivery en la capital y otras ciudades del interior. La decisión del juez Roberto Gallardo exige a las compañías que consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores” y las obliga a proveerles materiales de trabajo, cobertura sanitaria y seguro contra accidentes. Las tarjetas de crédito, además, no podrán aceptar los pedidos de pago que reciban desde esas aplicaciones.

Una llegada difícil

Igual que ha sucedido en España, el desembarco de empresas de reparto como Glovo ha sido traumático en Argentina. Desde un principio, los sindicatos de repartidores, muy numerosos en Buenos Aires, las denunciaron por competencia desleal. A mediados del año pasado, los trabajadores de Glovo, Rappi y PedidosYa formaron su propio gremio y lograron, al menos, que las compañías no les cobrasen por los elementos de trabajo, como las cajas térmicas de reparto. Un año después, su situación laboral sigue siendo muy precaria, mientras el servicio suma denuncias ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las normativas argentinas. El fallo del juez Gallardo sólo alcanza a Buenos Aires, pero puede sentar precedentes para otras localidades.

Rappi fue la primera en reaccionar con un comunicado en el que rechaza la decisión del magistrado y menciona que su aplicación funciona normalmente. “La decisión perjudica tanto a repartidores como comercios y consumidores”, advirtió.

El derrotero judicial de las plataformas de reparto en Argentina ha sido similar al de Uber. La empresa de servicios de transporte opera sin autorización del Gobierno de Buenos Aires y no puede cobrar con tarjetas de crédito por decisión de un juez. Los chóferes se enfrentan, además, a la ira de los taxistas, agrupados en un sindicato reconocido por su poder. Pese a todo, los chóferes de Uber proliferan por toda la ciudad.

 

Por Federico Rivas Molina

Buenos Aires 3 AGO 2019 - 18:42 COT

Publicado enSociedad
Sábado, 28 Julio 2018 09:34

Los desafíos de la clase trabajadora

Los desafíos de la clase trabajadora

Un Congreso de trabajadores con debate abierto y vocación de renovación sindical fue el realizado por Únete en días pasados. Acá la novedad del mismo, así como sus proyecciones de diversa índole

 

“El sindicalismo no desaparece, se transforma”. Bajo esta premisa alrededor de 50 organizaciones sindicales, con 147 delegados de 27 ciudades de todo el país se dieron cita los pasados 20, 21 y 22 de junio en la ciudad de Bogotá, para desarrollar el primer Congreso nacional programático de la Federación Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete). El propósito fundamental de esta cita: asumir los desafíos de la reconfiguración sindical en un país donde el derecho de asociación sindical está ampliamente obstaculizado por una cultura anti-sindical y por la violencia estructural de nuestra sociedad.

 

Este Congreso surgió de la reflexión desarrollada por Únete a lo largo de los últimos 6 meses, con el ánimo de darle una nueva proyección –socio-política– al sindicalismo en nuestro país. Propósito derivado de la necesidad que tiene la organización de los trabajadores por construir más allá de sus propias reivindicaciones laborales, y contribuir con otra democracia posible junto a los más diversos sectores sociales.

 

El regreso al gobierno del uribismo

 

Éste evento sesionó en un contexto difícil para la clase trabajadora colombiana, pues el recién elegido gobierno de Iván Duque anunció la implementación de reformas que afectarán a la sociedad colombiana en los planos laboral, pensional y tributaria. Proseguirá por esta vía lo hecho durante los últimos 8 años por Juan Manuel Santos y retomará lo ya realizado por Álvaro Uribe, mentor del gobierno que se posesionará el 7 de agosto próximo (Ver recuadro Cascada regresiva).

 

El sindicalismo no desaparece, se transforma

 

Para comprender la crisis por la que atraviesa el sindicalismo retomamos a García Nossa (1971), quien afirma que la crisis es el agotamiento de las posibilidades de un periodo. Por eso, cuando hablamos de los factores políticos que configuraron la crisis del sindicalismo, hablamos al mismo tiempo de su necesaria transformación. Únete es consciente de ella. Si vemos el cuadro adjunto, podemos evidenciar que entre 1994-2016, en casi todas las ramas de la economía, las tasas de sindicalización bajaron en varios puntos porcentuales, siendo notable su reducción en el sector financiero, el sector económico de más crecimiento en los últimos años. Esto unido a los escándalos de corrupción, a la verticalidad, burocratización y el divorcio que tienen las organizaciones sindicales con la ciudadanía y otros trabajadores.

 

Por ello, para salir de la crisis, el Congreso avanzó en identificar los factores y los ejes que podrían significar una ruptura con el actual sistema sindical, tratando de iniciar un proceso de re-configuración profunda para los próximos años. A través de diversas discusiones los trabajadores y trabajadoras estatales mostraron un afán de romper con la burocratización y la falta de dinamismo que caracteriza al movimiento sindical, anquilosado en viejas prácticas rutinarias, por lo que se enfatizó en construir sobre el pluralismo, la democracia, la horizontalidad, la territorialización, la solidaridad y la des centralización de la actuación sindical. Consecuente con ello, desde su carácter inicial, Únete se concibe como un proyecto de unidad sindical desde la base, con el ánimo de romper la dispersión que caracteriza a las constipadas cúpulas sindicales, de ahí que la Federación aglutine sindicatos afiliados a las 3 centrales, respetando siempre su derecho de autonomía sindical.

 

Luego de identificar estos factores, la sesión pasó a la exposición del cuaderno de debates “Del boxeo al ajedrez, los desafíos de la re-configuración sindical en la Colombia de hoy”, construido en los últimos 6 meses, donde se consigna el resultado de varios talleres e investigaciones realizadas en Bogotá junto con el comité ejecutivo de Únete, escrito que tiene por propósito dinamizar la discusión regional y sectorial en todas las organizaciones filiales de la Federación (ver recuadro, Un cuaderno abierto).


De igual manera, con el fin de generar relevos y propiciar nuevos liderazgos sindicales, acrecentar las habilidades y capacidades de los trabajadores en la lucha por sus derechos, los participantes hicieron un fuerte énfasis en la educación, mediante tejidos con centros de estudios laborales. Para esto se planteó la creación de una escuela sindical de carácter permanente y la elaboración de un diplomado en organización comunitaria y economías propias. Al mismo tiempo, se proyecta articular todo esto a la promoción de un sistema nacional de comunicación alternativa, a partir de sistematizar y compartir experiencias, dinámica comunicacional que debe llevar a disputar la opinión pública al establecimiento.

 

Las economías propias también sonaron en el Congreso, para superar las relaciones laborales precarias y cobijar al amplio espectro de trabajadores informales y por cuenta propia; el énfasis en la construcción de unas finanzas y una economía otra fue un tema central. Construir unidades productivas basadas en relaciones laborales alternativas también se concibió, bajo la idea de construir un sistema nacional de economías propias, a partir de mutuales y cooperativas de todo tipo. Para ello se piensa optimizar los recursos de la Federación, mediante planes de inversión, con rendición de cuentas anuales, en procura de hacer balances periódicos de avances y retrocesos. Para esto se planteó la idea de construir un gobierno sindical en línea, mediante un eficiente sistema económico contable.

 

Los mismos trabajadores precarizados que están en las plantas paralelas de las entidades, muchos de ellos jóvenes, así como la inclusión de temas de género fueron otros temas a tratar, nivelar los salarios y buscar acabar con las órdenes de prestación de servicios, entre otras formas de tercerización que alimentan el clientelismo en las entidades, fueron para el Congreso formas de fortalecer nuestra democracia. Asimismo, pensarse a fondo los temas de salud, medio ambiente y el arte, elementos esenciales para la vida de quienes sobrellevan su cotidianidad a partir de vender su fuerza de trabajo.

 

Nos transformamos o desaparecemos

 

Son retos inmensos por encarar, y que para hacerlos realidad obliga a invertir la lógica de lo sindical, de los paradigmas que lo rigen y las arquitecturas propias del viejo modelo que desde hace décadas hace agua. Cambio que será posible cuando sembremos y cosechemos identidad y acción solidaria de, con y para los trabajadores, pero con proyección hacia el conjunto nacional. Cambio que podría materializarse en acciones como, por ejemplo, que los trabajadores vinculados por contrato fijo concreten un paro exigiendo trabajo digno para todos, demostrando así que los trabajadores tenemos poder si lo hacemos real y si tomamos una conciencia política que trascienda lo meramente sindical, pues son también los trabajadores mejor empoderados los que mantienen una vinculación laboral más estable y lucrativa, y son ellos quienes más deben movilizarse para el beneficio de todos los demás compañeros y compañeras que no gozan de tal beneficio.

 

Como un llamado para todos y todas, este Congreso, el primero en la corta historia de la Federación, llama a tener memoria sobre los gobiernos que hemos padecido en nuestro país, y su relación y sometimiento a los dueños del capital; a la par que llama la atención sobre la oportunidad urgente e inédita que tenemos para cambiar y crecer. El reto es convocar a las mayorías negadas hacia la construcción de una alternativa diferente al modelo capitalista y neoliberal que sin duda alguna representa Iván Duque: nos transformamos o desaparecemos.

 

cuadro da248 p8

 

 

 


 

Recuadro 1

 

Un cuaderno abierto

 

En él se plantea una radiografía general de la estructura económica y ocupacional del país, así como algunas herramientas para analizar los discursos y las reivindicaciones populares, de manera que puedan acercarse demandas laborales con demandas de orden social. El documento recomienda nutrir los pliegos y el contenido de las negociaciones colectivas con puntos que realicen un vínculo con las necesidades de las comunidades y la ciudadanía en general, que también son trabajadores. Así como ajustar la estructura organizativa para integrar organizaciones de la sociedad en general, como por ejemplo realizando articulaciones entre los sindicatos de empresas en los servicios públicos con sus ligas de usuario respectivas, o fortalecer las veedurías y las formas de participación ciudadanas en la aplicación de políticas públicas por las entidades donde operan los trabajadores sindicalizados. Para ello se planteó la idea de realizar reuniones del ejecutivo ampliadas, con invitación a otros sectores sociales.

 


 

Recuadro 2

 

Cascada regresiva

 

La memoria no nos debe fallar, como senador liberal en los años 90, como Presidente y ahora como jefe de la derecha extrema, Uribe ha encabezado multitud de reformas que nos han hecho un enorme daño a los trabajadores colombianos. En 1990 fue ponente en el Senado de la ley 50 de 19901, una reforma laboral que derogó conquistas de los trabajadores como la estabilidad laboral y con la que los empresarios pudieron abaratar los costos de producción, aumentar sus rentas y restringir la acción sindical en el sector privado, en donde hasta hoy los trabajadores sindicalizados son una pequeña minoría acorralada.

 

Esta Ley partió en dos la historia de los que trabajamos en Colombia: suprimió la retroactividad en el pago de las cesantías, la estabilidad laboral después de los 10 años de antigüedad y eliminó por 10 años del concepto de unidad de empresa. Crecieron como la espuma los empleos temporales y el despido masivo de trabajadores con autorización del Ministerio del trabajo.

 

Luego, tres años después, Uribe, junto con Fabio Valencia Cossio, lideraron la ponencia de la famosa ley 100 de 19932 que privatizó el servicio de salud y hoy deja morir a cientos de colombianos en las puertas de los hospitales.

 

En el año 2003, bajo su gobierno, el empresariado logró que fueron liquidadas y estructuradas 4643 empresas y entidades estatales como el Instituto de los Seguros Sociales, el Banco Cafetero, Granahorrar, Ecogás y Telecom, plasmando el Acuerdo Stand by firmado con el FMI producto de la crisis financiera de 1999. Varias organizaciones sindicales son arrasadas, además de ser tratadas como terroristas. De esta manera el uribismo ha sido el máximo exponente del proyecto neoliberal en el país, desmanteló el Estado colombiano, ya bien insuficiente y lo ferió a empresarios privados, casi todos extranjeros.

 

Bajo su gobierno, el capital privado logró que escindiera Ecopetrol en tres mediante el decreto 1760 de 2003 y posesionó a Isaac Yanovich como presidente de la empresa con el propósito de destruir a la Unión Sindical Obrera –USO– y masificar la tercerización laboral. En diciembre de 2003 expidió el decreto 31644 para abaratar salarios de trabajadores tercerizados y logró que un tribunal de arbitramento obligatorio modificara la convención colectiva de trabajo USO-Ecopetrol para quitarles derechos a los trabajadores directos. La resistencia de los trabajadores impidió que acabara con el sindicato.

 

Arrasando más derechos. También fue aprobada en su gobierno la ley 789 del 20025 con la cual el día de los trabajadores se extendiese hasta las 10 de la noche sin lugar a recargo alguno, hizo que el pago por trabajo dominical fuera insignificante y los despidos mucho más baratos. Ese mismo año, con la ley 790, acabó el Ministerio del Trabajo y lo fusionó con el de salud. Y como si esto fuera poco, con la Ley 797 de 20036 o reforma pensional, aumentó la edad y el número mínimo de semanas laboradas para el retiro de hombres y mujeres.

 

El final de ese mismo año, impulsó en el Congreso el “Estatuto Antiterrorista”7 con el cual concedieron facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares y el cual permitía capturas e interceptaciones sin orden judicial previa. Un año después la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta ley.

 

En el año 20058 tramitó y llevó a norma constitucional la prohibición de que los sindicatos pudieran negociar normas pensionales y acabó, según lo aprobado por el gobierno de Andrés Pastrana con el FMI, regímenes especiales dejando vigente solo el de las Fuerzas Militares. En el año 2006 logró que el Congreso aprobara la ley 11189 de 2006 con la cual abrió a Ecopetrol al capital privado.

 

Durante los 8 años de gobierno de Uribe Vélez aumentaron las violaciones a los derechos humanos10 contra mujeres sindicalistas, contra docentes sindicalizados. En realidad su gobierno fue una piñata para el capital nacional e internacional, que pudo concretar gran parte de sus propósitos, sirviéndose para ello del Estado y en contra de las mayorías nacionales.

 

Todo indica que el gobierno que se avecina retomará esta senda. En una reunión del Centro Democrático con sindicatos de Medellín a principios de este año, Uribe planteó la línea política de lo que él denomina el “sindicalismo gerencial y participativo”, que piensa hacer uso de los contratos sindicales (re-encauche de las otrora cooperativas de trabajo asociado) para “desconcentrar” las actividades al interior de las empresas, argumentado que así se evita la tercerización desde afuera y puede darle mayor empuje al liderazgo empresarial al interior de los mismos trabajadores para lograr mayor competitividad y productividad, al mismo tiempo que se logra mejorar la remuneración de los trabajadores (¿!?).

 

Es claro que el uribismo proyecta el divisionismo ideológico y orgánico a través de la mermelada del discurso y el bolsillo. El supuesto pacto social que propone Duque, se basa en la forma más efectiva inventada por la derecha para subordinar los sindicatos a la iniciativa patronal: tergiversar la relación laboral cooptando líderes y quitándole todas las responsabilidades a los empresarios con las prestaciones sociales de sus empleados. Como si esto fuera poco, vale resaltar una política del actual gobierno pero que continuará y ahondará el que entra: el retiro por parte de la unidad de protección de los esquemas de seguridad de varios líderes sindicales, muchos de ellos de la federación Únete y Fenaltrase.

 

De lo anotado se desprende un primer reto para los trabajadores, por acometer en los meses que vienen: hacerle frente a la figura de contrato sindical, el que lejos de constituirse como un mecanismo de negociación colectiva, a la luz de los indicadores de trabajo decente, es una forma de intermediación que precariza la actividad laboral, viola las normas internacionales de trabajo, principios y derechos fundamentales, a razón del incumplimiento reflejado en que las condiciones de vinculación laboral carecen de estabilidad y de garantías prestacionales por su corta duración, al tiempo que impide el derecho de asociación pese a que se suscribirse como tal, y desvirtúa su naturaleza en tanto el empleador es el mismo sindicato.

 

1 Así quedó la reforma laboral http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-979506
2 https://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/20-anos-ley-100-sistema-salud-colapsado
3 Procesos de reestructuración del estado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El caso Telecom. http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/5253
4 Ecopetrol rumbo a la privatización http://viva.org.co/cajavirtual/svc0026/articulo03.pdf
5 Reforma laboral ley 789 Diciembre 27 de 2002. www.asys.edu.co/.../REFORMA-LABORAL-789-2002-CONTRATOS-DE-APREND
6 La reforma pensional que propone Uribe https://www.elespectador.com/noticias/politica/reforma-pensional-propone-uribe-articulo-585052
7 Estatuto antiterrorista https://www.semana.com/on-line/articulo/estatuto-antiterrorista/67905-3
8 https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-26-anos-destruyendo-trabajo-decente/
9 https://www.dinero.com/negocios/articulo/listo-proyecto-ley-para-venta-del-10-ecopetrol/108778
10 Los derechos humanos en el régimen Uribe Vélez. https://prensarural.org/spip/spip.php?article4417

Publicado enEdición Nº248
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enColombia
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enEdición Nº247
La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

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La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

Publicado enEdición Nº246
“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

Publicado enEdición Nº244
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