El presidente de Chile pide ahora perdón y anuncia reformas, pero mantiene al Ejército en la calle

- Sebastián Piñera afirma que ha recibido "con humildad el mensaje": "Los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer la situación en su magnitud"

- El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena

- Una veintena de organizaciones sociales ha convocado una huelga general y movilizaciones para este miércoles y jueves

 

 

En el quinto día de protestas masivas en Chile, que se desarrollan bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido más de 15 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha anunciado reformas sociales, pero ha dejado sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

 

"Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", ha dicho ahora Piñera en una alocución televisada a la nación.

 

El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena, que desde la noche del viernes se manifiesta para exigir cambios, y son tres de los principales asuntos de la nueva agenda social de Piñera.

 

El mandatario anunció un incremento "inmediato" en un 20 % de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20 % en el Aporte Previsional Solidario, vías por las que el Estado participa en el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

 

La iniciativa, según Piñera, beneficiará en total a 1,5 millones pensionistas y se unirá a otras medidas de ayuda para los de más de 75 años, para los adultos que no se valen por sí mismos y para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres.

 

Anunció también el tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley para crear un seguro que garantice un techo de gasto en salud en caso de padecer "enfermedades catastróficas" y dos iniciativas para subvencionar el precio de los medicamentos.

 

Creará también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, mientras que rebajará las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la Administración pública.

 

Para financiar estas medidas, propondrá, entre otras cosas, un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40 % a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares), mediante el cual se espera recaudar 160 millones de dólares. El coste de implementar todas estas medidas será de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en 2020.

 

La oposición recibió con frialdad los anuncios del presidente. Desde su cuenta de Twitter, el diputado de izquierdas Gabriel Boric, por ejemplo, calificó las medidas como "ayudas sociales" que, aunque necesarias, no solucionan un malestar social que requiere "transformaciones estructurales".

 

La acogida a la reacción de Piñera se verá el miércoles

 

La acogida de la población a las respuestas del presiente se verá este miércoles, jornada para la que de nuevo se han convocado distintas marchas y concentraciones populares en todo el país y una veintena de organizaciones ha convocado una huelga general. Las de este martes fueron de nuevo masivas y en su mayor parte pacíficas y festivas, pero tampoco estuvieron exentas de episodios violentos.

 

Los saqueos continúan y, entre otros sucesos graves, en la ciudad de Talca (centro) se produjo un incendio de grandes proporciones en un almacén de abastecimiento, mientras que en San Pedro de La Paz (sur) un atropello múltiple se cobró la vida de al menos dos personas.

 

La presencia del Ejército en gran parte del país para controlar la seguridad y el establecimiento de toques de queda en varias ciudades y regiones también está generando tensiones. Por las redes sociales circulan vídeos de presuntos abusos por parte de los militares que han enervado aún más el ánimo de los manifestantes, a quienes la presencia de los uniformados en las calles les retrotrae a los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

 

De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto querellas por denuncias de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días.

 

Piñera ha dicho querer terminar con los estados de emergencia, los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, pero que no lo hará hasta que "el orden público, la seguridad y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados".

 


 

El audio de la esposa de Piñera: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios”  

 

Por Página12

 

La primera dama chilena se refirió a las manifestaciones y las calificó como "una invasión extranjera, alienígena".

 

En Chile comenzó a circular un audio desde el domingo en el que la primera dama Cecilia Morel le habla a una amiga sobre la situación de crisis en el país y deja algunas definiciones que causaron indignación. El diario chileno La Tercera confirmó la veracidad del audio tras chequear con fuentes de La Moneda.

 

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, comienza la nota de voz.

 

Luego expresa: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, detalla.

 

Sobre el final deja la frase que causó más rechazo en medio de las masivas protestas contra el gobierno de su marido, Sebastián Piñera. “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, dice Morel.

Publicado enCrisis Chile
China supera a EEUU en el ranking mundial de la riqueza

El banco suizo Credit Suisse publicó el Informe Anual Global de Riqueza 2019. Según el estudio, durante el año pasado, la riqueza mundial creció un 2,6%, a 360 billones de dólares, y el nivel de bienestar por adulto alcanzó el nivel récord de 70.850 dólares.

En todo el mundo, hay 47 millones de millonarios, 1,1 millones más que el año pasado. "En los últimos 10 años, la creación de nuevas fortunas se ha concentrado en China y Estados Unidos. Este año, Estados Unidos continuó manteniendo su posición de liderazgo en la creación de riqueza desde 2008: ahora el 40% de todos los millonarios en dólares del mundo vive en este país", señalan los economistas.

Sin embargo, por primera vez en la historia, China superó a Estados Unidos en términos del número de ciudadanos en el ranking del 10% mundial de personas más ricas del planeta: 100 millones de personas en comparación contra los 99 millones de ciudadanos estadounidenses. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el número de millonarios ha aumentado en más del 50% del incremento total: 675.000 personas.

En términos de crecimiento promedio del bienestar por adulto, Suiza ocupó el primer lugar (17.790 dólares), seguido de Estados Unidos (11.980 dólares), Japón (9.180 dólares) y los Países Bajos (9.160 dólares).

La mayor disminución se observó en Australia (en 28.670 dólares), principalmente debido al impacto del tipo de cambio. Los indicadores disminuyeron significativamente también en Noruega (en 7.520 dólares), Turquía (en 5.230 dólares) y Bélgica (en 4.330 dólares).

55.920 personas con capital privado extragrande (más de 50 millones de dólares por persona) poseen al menos 100 millones de dólares. Por su parte, 4.830 personas tienen activos netos por un valor de más de 500 millones de dólares.

Norteamérica lidera entre todas las regiones en términos del número de millonarios, 84.050 (50% a nivel mundial), mientras que en Europa hay 33.550 (20%) y 22.660 viven en la región de Asia y el Pacífico, excluyendo China e India.

Credit Suisse afirma que "a principios de este siglo, la desigualdad en la distribución de la riqueza ha disminuido en la mayoría de los países. Hoy, el 90% de las personas más pobres representa el 18% de la riqueza mundial, en comparación con el 11% en 2000. Aunque todavía es demasiado pronto para hablar de una tendencia hacia una disminución de la desigualdad en la propiedad, los datos disponibles indican que la mayor diferencia se registró en 2016 y en el futuro cercano este resultado no se repetirá"

07:45 23.10.2019URL corto

Publicado enEconomía
Lunes, 21 Octubre 2019 16:16

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Entre el anhelo social comunitario de justicia y vida digna, y un Estado inclinado por una pax incierta que recurre a formas de control y de guerra que se creían superadas, el departamento del Cauca está sometido a diversos conflictos económicos, ambientales, territoriales, militares, en creciente, y su población mayoritaria desgastada por la desidia estatal. ¿Se impondrá la voluntad y el sueño comunitario o logrará el status quo prolongar su dominio?

 

El río Cauca recorre de sur a norte buena parte de la geografía de Colombia, desde el nudo donde nacen sus cordilleras y ríos más grandes hasta su unión con el río Magdalena, cuando se acercan a su desembocadura en el Caribe. Por esas cuencas y entre el nudo de montañas que se conocen como el Macizo colombiano, se dio el repoblamiento de la región cuando llegaron colonizadores en busca del oro y de las mejores tierras.


En una historia de cinco siglos los pueblos originarios fueron desplazados de las mesetas y valles hacia las montañas, y los sobrevivientes de las matanzas y del hambre fueron obligados a replegarse a las parte alta y pendiente de las cordilleras. Los descendientes de los encomenderos, se repartieron dominios y ejercieron como señores en sus feudos hasta que sus herederos, acostumbrados a la renta fácil, fueron decayendo y vendiendo a pedazos a los indios a nuevos terratenientes o a los lavadores de activos de las bonanzas ilegales del siglo XX. Es una historia cruzada o entrelazada con la de los buscadores de oro que llegaron desde el Atrato y el Cauca antioqueño al norte de lo que hoy es el Cauca. Los aventureros del Dorado llegaron con miles de esclavos secuestrados por portugueses y españoles en las costas de África y se fueron apoderando del valle interandino, en donde formaron, primero, feudos de las llamadas “encomiendas” y luego de la Independencia de España se renombraron las haciendas, antecedente de la gran propiedad en el norte del Cauca.


Un tiempo pasado pero que está presente. El Cauca de hoy heredó de esa historia una maraña de conflictos no resueltos que se entrelazan con la historia de insurgencias, contrainsurgencias, paramilitares y narcoparamilitares, con las nuevas formas de disputa por los territorios en la cual entran en acción otros actores llegados con la agroindustria, la expansión minero-energética y el narcotráfico.


Es más visible la violencia pero más trascendental la resistencia


El Cauca de hoy es conocido por noticias contradictorias. La mayor alarma es por ocupar el primer lugar en asesinato de lideres y lideresas sociales, en amenazas y recomposición de la violencia armada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Pero al mismo tiempo el Cauca es visible por la fortaleza de organización social en su diversidad.


No solo es un departamento triétnico y rural sino que también esta repartido poblacional y territorialmente por partes iguales entre campesinos (28%), indígenas (24%), negros (26%) y mestizos urbanos (22%). Ocupa, al lado de los departamentos del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y en indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de guerras y formas de exclusión y discriminación.


En años recientes, e incluso en el actual, ha llamado la atención el impacto de las protestas indígenas, que bajo el nombre de Minga, unen fuerzas y capacidades con campesinos y comunidades negras para exigir derechos territoriales y fundamentales, a través de movilizaciones y bloqueos de la vía Panamericana que comunica el suroccidente hacia Nariño y el Valle. El Consejo Regional Indigna del Cauca, (Cric), y la organización de Autoridades Indígenas (Aico), lideran la mayor concentración de cabildos indígenas del país y son referente en el conjunto del movimiento indígena en Colombia.

 

 


Como parte de esta dinámica composición poblacional, en el Norte del Cauca se encuentra uno de los procesos más dinámicos de organización de las comunidades negras con liderazgos de significación nacional. Esta región, integrada con los municipios del sur del Valle, con Cali, Buenaventura y el Pacífico medio, tiene la concentración poblacional negra, afrodescendiente, de mayor peso en Colombia. La defensa de derechos, identidad y culturas se sustenta en fuertes organizaciones y en los procesos de defensa y construcción de consejos comunitarios negros en las zonas rurales (1).


También los campesinos ocupan un lugar importante por su organización, por ser el Cauca un departamento mayoritariamente rural en población y Producto Bruto Interno y por tener en Colombia, junto a Nariño y Boyacá, la mayor presencia de minifundistas y pequeños productores campesinos. No sólo hay organizaciones campesinas importantes como Fensuagro, Cima, Anuc y el Consejo Nacional Agrario, sino siete asociaciones para la formación de Zonas de Reserva Campesina, una red activa de juntas comunales y un fuerte proceso asociativo agroalimentario.


Conflictividades armadas y reordenamiento violento del territorio


En el Cauca están ubicados dos de los más grandes campamentos de excombatientes de las Farc que firmaron el pacto de paz; sucede ahora como ocurrió 30 años atrás con la ubicación de los campamentos finales de las guerrillas del M-19 y del Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. Desde su nacimiento en 1964 las Farc estuvieron en el Cauca y al momento de los pactos de paz y la dejación de armas operaban seis de sus frentes con un radio de influencia en 26 de los 42 municipios del departamento. Sus columnas y frentes tenían su retaguardia en la alta montaña y en la selva, pero su presencia se ubicó hasta el final cerca de cabeceras urbanas importantes, y a solo una hora de Cali (2).


El desmonte de la organización armada, desde la firma de los Acuerdos de Paz y la dejación efectiva de las armas en abril de 2017, tiene un gran impacto en la región no solo por desaparecer un ejército guerrillero sino por los cambios en los negocios que servían para su sostenimiento, en especial por rentas y seguridad derivadas de cultivos de coca y marihuana, y de la minería del oro.


Con el desarme de esta guerrilla se aceleró el reposicionamiento de grupos armados que venia dándose desde 2015 cuando se hizo evidente la posibilidad de un acuerdo final en La Habana. El Eln amplió su presencia desde sus baluartes en el sur del departamento hacia el norte, por las dos cordilleras. Movieron los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra y las compañías Milton Hernández y Camilo Cienfuegos.


En todos los frentes de las Farc quedaron milicianos al margen de la dejación de armas, así como pequeños grupos residuales con mandos bajos que buscaron reinstalarse en las relaciones con los narcotraficantes y en el cobro de supuesta seguridad a pequeños cultivadores y mineros. A la altura de septiembre de 2019 estos grupos han llegado a estabilizar áreas de control y se distribuyen unos en los municipios de Suárez, Buenos Aires y hacia el Pacífico, y otros en la parte baja de la Cordillera Central.


El negocio de la cocaína en el Cauca supera los 200 millones de dólares al año, que se quedan en más del 95 por ciento en el lavado de activos en el exterior y en los circuitos financieros, pero el 0,5 por ciento que llega al territorio es suficientemente atractivo como para desatar luchas sangrientas por su control. Así lo indican las cifras de cultivos: En 2016 la Onudoc registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en territorio caucano, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo; en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 has y según el informe de la DEA de marzo de 2019 la expansión llega a 31.000 has ubicando al Cauca como el tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas métricas de cocaína, las cuales salen por las rutas del Pacifico que van paralelas a los ríos Micay y Naya.


Detrás de estas rentas han llegado varios grupos, entre ellos pequeños destacamentos del Epl –que entran por Jamundí–, agentes financiadores de carteles mexicanos que vienen a asegurar continuidad y calidad de los envíos, emisarios del Clan del Golfo (AGC) y sicarios de narcotraficantes de otras regiones. Entre ellos se desataron fuertes enfrentamientos en 2017 y 2018 en los que ganaron terreno los rearmados desde residuos de las Farc, quienes lograron mayor control en la parte norte de la Cordillera Occidental y hacia el Pacifico por el rio Naya. El Eln neutralizó competidores en El Tambo, Guapi y parte de Argelia. La disputa por las rentas y seguridad impuesta se desató en el norte del Cauca en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio.


Los protagonistas de la nueva violencia en zonas de marihuana son los pequeños grupos residuales que ajustaron cuentas entre sí y retomaron viejas practicas para imponer por el terror el control sobre los pequeños cultivadores. En los municipios y veredas clave para la producción y tráfico de la marihuana las mayores tensiones se dan por la resistencia de pequeños cultivadores indígenas y campesinos a someterse a las órdenes y cobros de los nuevos grupos armados. En los territorios indígenas las autoridades han proscrito el porte de armas y toda actividad de narcotráfico colocándose en antagonismo abierto con narcoparamilitares y grupos residuales ex Farc.


El otro es otro cuento


La conflictividad violenta por el oro tiene más complejidades que el narcotráfico, dada la pugna de intereses entre compañías legales, con comunidades mineras sobre todo afrodescendientes, con autoridades locales relacionadas con el manejo de regalías y ordenamiento territorial, mafias políticas, grupos de sicarios y nuevos grupos armados ilegales. Los mayores productores legales e ilegales de oro están en Suárez, Buenos Aires, Quilichao, López, Timbiquí y Guapi. Y algo en el sur, en Mercaderes y Almaguer. La mayoría de los títulos mineros están en el sur y norte del departamento; es también allá en donde se pelean a tiros la explotación mecanizada en los principales ríos.
La disputa por el oro golpea a los mineros artesanales y tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medianas y grandes empresas; los traficantes de títulos acompañan marrullas jurídicas con amenazas y las multinacionales ponen su huella con solicitud de titulación desde el sur del departamento hasta las zonas más prometedoras que son territorio de comunidades negras. La intimidación y la violencia directa recurre, en mayor medida, al sicariato que a los servicios de grupos armados organizados.


Los conflictos territoriales: tierra, agua y ambiente


Hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. Ese conflicto se resolvió en parte con la revolución agraria pacífica de los cabildos y la ampliación territorial de los resguardos y, por otra parte, por la expansión acelerada de la agroindustria de la caña en el norte plano, y de la industria forestal en las planicies interandinas. Pero en el siglo XXI el conflicto territorial va acrecentándose por la instalación de grandes industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a la caña para azúcar y etanol.


La comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos indígenas, reducidos al minifundio en tierras de altas pendientes, no ven otra alternativa que buscar tierras ancestrales y de las viejas haciendas en la parte plana. Desde hace tres décadas los pueblos étnicos reclaman recuperar la madre tierra y gobernantes y poderosos grupos agroindustriales piden seguridad privada o estatal para enfrentarlos (3).


Durante los años noventa y primera década del siglo XXI los paramilitares cumplieron el papel de fuerza privada de contención a las demandas campesinas y étnicas, emplazando en el Cauca una alianza múltiple entre paramilitares, empresarios legales violentos, narcotraficantes y fuerza pública (4). Durante el quinquenio 1999-2004 controlaron alcaldías y pusieron gobiernos como declaró el jefe paramilitar HH en audiencia pública ante los tribunales de Justica y Paz. Esa historia cambió a raíz de la desmovilización del Bloque Calima, pero en los últimos dos años parece que se reactivan tácticas de amenazas aprendidas en esas escuelas y ahora animadas para atemorizar poblaciones y líderes.


En el posacuerdo de paz se despiertan expectativas y respuestas violentas


Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, los diversos sectores sociales del Cauca se movilizaron para reclamar derechos ahora respaldados en compromisos en reforma rural integral, sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, garantías políticas y de seguridad en los territorios, reincorporación de excombatientes y garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad. Más de 31.000 líderes/as acudieron al proceso de elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; los pueblos indígenas y comunidades afro se organizaron para facilitar la implementación del “Capitulo Étnico” del acuerdo de La Habana.


Pero ante toda la movilización por la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca y la búsqueda de una paz más completa, la respuesta del Gobierno fue y sigue siendo lenta o nula. Las comunidades y sus líderes han encontrado, por un lado, la recomposición de grupos armados y de mafias narcotraficantes y narcoparamilitares, la proliferación de sicarios al servicio de negocios legales e ilegales y, por otro, el desinterés del gobierno en llegar con recursos de inversión extraordinarios para ganarle la última batalla a la violencia armada residual, al narcotráfico y sus mafias. A la fecha, y no obstante la formulación de 22 planes de desarrollo territorial y tres de alcance intermunicipal, no hay recursos nuevos y sólo se muestran inversiones marginales de infraestructura de vieja programación.


En lo relativo a la sustitución concertada y reconversión económica de zonas cocaleras, la decidía gubernamental ha sido escandalosa desde que se firmaron los acuerdos. El gobierno le dejó el campo libre al narcotráfico, a pesar de que más de 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución. Solo quinientas familias fueron vinculadas realmente en 4 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria firmados desde 2017. En Argelia se desconoció el plan propuesto por todas las comunidades y en El Tambo sólo se atendió una vereda. El resultado estaba anunciado: la incapacidad de respuesta del Gobierno colocó a las comunidades frente a la presión económica y las amenazas de muerte de los narcotraficantes. “O me vende la pasta o negociamos con la viuda” volvieron a decir los agentes armados y desarmados de los narcotraficantes alebrestados por la ausencia del Estado social y la continuidad de las rutas y bonanzas de la demanda externa. La trampa quedó armada: ante la ausencia del Estado crecieron los cultivos y el narcotráfico y ante el peligro de la droga y las exigencias de la DEA y la CIA lo que sigue es la erradicación forzada con aspersión aérea con agrotóxicos y otros venenos.


El Gobierno define como prioridad de seguridad el combate al Eln y a los grupos residuales no desmovilizados, la seguridad de la infraestructura y para las grandes empresas y coloca en tercer plano la seguridad humana y de las poblaciones en mayor riesgo. Aunque se predica la acción integral con inversión social y presencia de la fuerza pública, en la práctica lo que se anuncia ante cualquier crisis o masacre es la asignación de nuevos batallones. La nueva estrategia de seguridad y defensa identifica en el Cauca como grandes amenazas a los jefes de grupos armados y carteles transnacionales y convierte a los municipios con situación critica de violencia en campo de operaciones de guerra en los cuales la población civil queda atrapada entre las armas ilegales y las armas del Estado.

 


Las cifras de asesinatos y amenazas en clave de disputa territorial


En la lista de 169 líderes/as sociales asesinados en el Cauca desde enero de 2016 a septiembre de 2019, se observa que el 45 por ciento ocurren asociados a conflictos territoriales, 14 por ciento en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína, 25 por ciento en conflictos alrededor de la marihuana y 16 por ciento asociados con la minería del oro. En ese total de asesinatos 44 por ciento corresponde a lideres/as indígenas, 33 por ciento campesinos, 9 por ciento afros, 6 por ciento sindicalistas y 8 por ciento lideres/as cívicos urbanos.
En cuanto a los presuntos autores materiales de los homicidios se tiene que el 78 por ciento son sicarios sin grupo de pertenencia conocido, 13 por ciento narcoparamilitares, 5 por ciento agentes de la Fuerza Pública, 2 por ciento residuales ex Farc y 2 por ciento Eln.


¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los lideres sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el Eln?

La persistencia de agresiones contra comunidades y líderes/as va de la mano con la militarización y la resistencia


Es larga la lista de factores o variables que emergen cuando se intenta explicar el por qué en el Cauca se presentan hoy las mayores cifras de asesinato y amenazas de líderes y de lo aquí dicho se desprenden algunas. Pero tal vez la jerarquía de determinantes o el orden de causalidades tiene que ver con que la disputa por territorios para grandes negocios choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías. En el posacuerdo y la construcción de una transición al posconflicto, chocan las fuerzas sociales que quieren una paz democrática, justa y redistributiva con los que quieren una pax con statu quo para ampliar la acumulación violenta en economías legales e ilegales y la concentración de tierras para macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. En ese choque interviene la violencia fragmentada de grupos rearmados con residuos de las Farc, pequeñas fracciones herederas de los paramilitares del Bloque Calima y sicarios al servicio del narcotráfico y otros negocios.


Poco ayuda a la seguridad humana de las poblaciones la actual estrategia de las Fuerzas Armadas de escalar la confrontación militar con operaciones de ocupación territorial, como las anunciadas con tres nuevos batallones en el Norte del Cauca. Se militarizan territorios y se confinan y desplazan familias y comunidades a nombre de una nueva guerra. Se omite la aplicación de estrategias efectivas para neutralizar la cooptación de agentes del Estado y de la misma Fuerza Pública por parte de intereses privados y del tráfico de marihuana o de insumos para la cocaína. Muchos hechos indican que la estrategia de las Fuerzas Armadas vuelve con todos sus bemoles a los diagnósticos de guerra del siglo pasado, y a las estrategias de consolidación territorial orientadas por el Plan Colombia. No hay una visión de posconflicto ni una estrategia de garantía a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Algunos expertos y defensores de derechos humanos en el Cauca, afirman que no faltan efectivos pues lo que falta es innovar en doctrinas y orientarse hacia la seguridad ciudadana y humana y al combate efectivo para desestructurar a los nuevos grupos y neutralizar al Eln. Parece que la estrategia de seguridad se orientara por una nueva doctrina de seguridad del Estado, y hacia la creación de zonas especiales con estados de excepción, en lugar de una gran alianza con la gente para la garantía de seguridad y derechos humanos.


 

1. La región pacífico es la tercera cuarta parte del territorio (municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay). En su mayoría es zona selvática y de reserva forestal que se traslapa con consejos comunitarios de población negra que vive dispersa en la rivera de los ríos y en las cabeceras municipales. Ver el libro sobre zonas de reserva forestal en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/09/ambiente-y-derechos-etnicos-vs-cultivos-prohibidos-libro-web-indepaz.pdf
2. Bloque Occidental “Alfonso Cano”, tenia tres columnas móviles (Arturo Ruiz, Jacobo Arenas Y Miller Perdomo) y los Frentes 6, 8, 9 29, 30 y 60. La mayor presencia era en los municipios del Norte del Cauca, en las Cordilleras Central y Occidental, y en el sur con fuerte presencia en Argelia y municipios vecinos.
3. Aproximadamente un 63 por ciento de los territorios indígenas del Cauca (unas 300.000 hectáreas) tienen carácter netamente conservacionista, 46.000 hectáreas de las cuales están traslapadas con parques naturales nacionales y casi 6.000 hectáreas corresponden a sus zonas de amortiguación. Unas 83.000 hectáreas corresponden a páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad; el resto a zonas de vocación forestal protectora.
4. CNMH, El Bloque Calima de las AUC. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-bloque-calima-cometio-119-masacres-entre-1999-y-2004

*Presidente de INDEPAZ
CamilogonzáEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Presidente de Indepaz. Agosto de 2019.

"En estos veinte años hicimos las cosas mejor"

Es uno de los cuadros históricos del gobierno de Morales y un protagonista de la mejora económica y social. Los planes "mientras dure el capitalismo".

Luis Arce Catacora es uno de los dos ministros que acompaña al presidente Evo Morales hace más años en el gobierno. Entre junio de 2017 y enero de este año se alejó de la función pública para reponerse de un tumor. Volvió para completar su tarea que había iniciado con el primer mandatario cuando asumió el gobierno en enero de 2006. El funcionario es capaz de dar talleres de capacitación sindical para los mineros como puede caminar hacia el cierre de campaña en El Alto y mimetizarse entre la multitud. Una persona que lo conoce muy bien se cruzó con él y describió que “Iba tocando su tamborcillo entre la gente”. 

--¿De qué se trata el milagro económico boliviano?

-Cada vez que escuchamos eso, decimos: nosotros no creemos en milagros. Detrás de todo esto hay un trabajo de equipo que lo logra. ¿Por qué lo llaman milagro? No sé si fue el Financial Times que empezó con la cuestión o el Washington Post, una cosa así. Bolivia en el pasado era un país donde teníamos uno de los más altos índices de desempleo. En Sudamérica éramos los más pobres de la región con índices que superaban el 38 por ciento de la pobreza extrema. Teníamos un sector indígena-campesino marginado y falta de ingresos en la gente. Eso condujo a una elevadísima informalidad, especialmente en los sectores menos preparados de la sociedad. Adicionalmente se aplicaba el modelo económico neoliberal en nuestro país, que estuvo vigente veinte años y el pueblo pidió un cambio. Como la sabiduría popular decía: los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces eso desencadenó un movimiento en contra del neoliberalismo.

--¿Y cómo siguió la historia después?

--Se generó todo un movimiento social y luego con la postulación del MAS en 2005 se ganó la elección con el 51 por ciento. Ese año junto con Carlos Villegas, que ya no nos acompaña en este mundo, hicimos el modelo económico. Tuvimos varios retos. Primero debíamos hacer un modelo alternativo al neoliberal que prometía desarrollo, empleo, una serie de cosas que nunca se cumplieron. Pero otra más importante era mostrar resultados casi inmediatamente. Porque por el agotamiento y la desesperación de la gente para salir de la pobreza, era imprescindible que nosotros tuviéramos resultados casi de inmediato y eso era complicado.

--"Bolivia cambia, Evo cumple" es la premisa.

--La característica del presidente Evo es que está cumpliendo todo lo que promete. Por eso en el Ministerio de Economía temblamos cuando el presidente va a declarar algo porque tenemos que cumplirlo. La nacionalización de los hidrocarburos fue fundamental. Para entender lo que está pasando en Bolivia se tiene que entender ese tema. Después de la nacionalización iniciamos el proceso de redistribución del ingreso. Bolivia tenía en 2005 un coeficiente Gini de 0,60 que junto con Brasil, con el 0,61, eran de los más altos. Pero nosotros con todas las políticas de redistribución hemos bajado al 0,47. Es decir, si uno mira qué país redujo más el índice Gini es Bolivia.

--¿En qué otros pilares se apoya el proyecto?

--Recuperar los recursos naturales, distribuir el ingreso con medidas de tipo económico-social como el bono Juana Azurduy contra la mortalidad infantil, donde el niño tiene el cuidado hasta los dos años de vida, como el bono Juancito Pinto cuyo objetivo es reducir la tasa de deserción escolar. Todas las políticas sociales han tendido hacia la redistribución del ingreso. Y el segundo paso que estamos haciendo es diversificar la economía, porque una economía sin diversificar no puede garantizar un proceso revolucionario. Lo que pasó con el estaño y el gas no se repetirá. Ahora con la reforma de la constitución el estado debe tener el 50 por ciento más uno. No tenemos que negociar en condiciones desiguales con el extranjero. Es el caso del litio con una empresa alemana, en el caso del hierro en El Mutún con los chinos.

--A los detractores del gobierno ustedes los rindieron por la evidencia de los logros económicos, ¿Cuál es su interpretación sobre este tema?

--Lo que nosotros hemos demostrado en estos años es que ellos han estado equivocados toda su vida, inclusive en su vida académica. Muchos de los neoliberales fueron presidentes del Banco Central, estuvieron en las privatizaciones, creyeron que el mercado era la verdad absoluta e implementaron las economías de mercado que venían desde Washington a rajatabla. Luego de veinte años nosotros tomamos nota que haciendo las cosas de diferente manera, las estamos haciendo mejor. Ellos tienen que justificar porque en veinte años no han podido hacer las cosas bien.

--La construcción de subjetividad sobre el estado en tanto estado bobo, estado sobredimensionado que los neoliberales siempre instalaron, ¿cómo la enfrentaron ustedes?

--Ese ha sido el combate más duro que hemos tenido, por supuesto. Nos decían dinosaurios, nos decían retrógrados, pero pasó el tiempo y los dinosaurios no fueron tan dinosaurios porque pusimos la economía al servicio del pueblo.

--¿Qué herramientas jurídicas tuvo para llevar adelante la política económica?

--Yo rescato, por ejemplo, la ley de servicios financieros donde a los bancos les dijimos: señores, ustedes el 60 por ciento de sus carteras me lo dirigen a crédito productivo exclusivamente y de vivienda de interés social. Con el 40 por ciento hagan lo que quieran. Hemos avanzado con un decreto en el 2006 de un Banco de Desarrollo Productivo, un banco que financió el micro y pequeño crédito. Con ello hicimos lindas experiencias. Nuestra política fue expansiva sin inflación o con inflación controlada. ¿Por qué está controlada la inflación? Porque hay producción. Un país mientras produce puede controlar la inflación. Empezamos por el lado positivo, si aumenta la demanda, aumenta la producción. Nosotros generamos excedente económico para redistribuir entre la gente y hacer una sociedad más igual. Porque queremos tener una sociedad boliviana más igual, más uniforme, de oportunidades. Bolivia tenía en el 2005 el 65 por ciento de la población en ingresos bajos y ahora es el 62 por ciento de la población que está en ingresos medios.

--Cuando se reúne con los ministros de Economía de los diferentes países del continente ¿cómo cree que perciben sus colegas el progreso boliviano?

--Ellos saben que nosotros estamos mejor, pero nos ignoran, nos hacen de lado porque no les conviene. A la última reunión del Mercosur a la que asistí, pues bueno, de los que podía conversar, con el que más o menos podía hacerlo era con Uruguay. Pero Paraguay, Argentina, Brasil y Chile que estaba presente también, no decían nada, o seguían hablando del mercado. Es muy claro, cuando ellos están preocupados por algo, el ministro de Economía de Bolivia está sonriendo.

--¿Siguen existiendo las presiones para hacer negocios con Bolivia en las condiciones del pasado?

--Siguen existiendo, pero cada vez en menor medida o de una manera menos intensa. Ése es el imperialismo que está dando vueltas por todos lados. Hasta que el capitalismo se extinga no vamos a dejar de ver ese tipo de cosas.

--Así como un diario de EEUU llamó a las políticas del presidente Morales el milagro boliviano, ¿cómo las llamaría usted con sus propias palabras?

--Nosotros hemos puesto la economía al servicio del pueblo, es simple. Escuchar, entender y ejecutar lo que el pueblo necesita y quiere.

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Tras seis días de protestas, el presidente conservador Sebastián Piñera se vio obligado a revocar el aumento en las tarifas del Metro en Santiago. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron a varias ciudades y derivaron en reclamos contra el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La prohibición de salir aplica de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Al amparo del estado de emergencia impuesto tras los violentos disturbios del viernes, los militares volvieron a las calles después de 19 años. La imagen, en Santiago, donde ayer el Metro continuaba cerrado. Foto Afp

Movilizaciones se extienden a todo el país // El hashtag#chiledesperto se multiplica en redes sociales

Santiago. Manifestantes desafiaban anoche en esta capital el toque de queda impuesto luego que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, se vio obligado a revocar un aumento en las tarifas del Metro en Santiago, tras seis días de protestas que el viernes se intensificaron y sembraron el caos en prácticamente toda la ciudad.

A pesar de la revocación de las tarifas, las movilizaciones continuaron aquí y se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Coquimbo, entre otras, en las mayores protestas en décadas en Chile.

En las primeras horas de este domingo fue impuesto el toque de queda en Valparaíso y el estado de excepción en Concepción.

Convocadas inicialmente en redes sociales bajo la consigna #EvasionMasivaTodoElDia en rechazo al alza del pasaje del Metro, miles de personas –en su mayoría estudiantes– se congregaron desde el lunes pasado para derribar las rejas de acceso y saltar los torniquetes del ferrocarril metropolitano.

La evasión de pago derivó en reclamos contra un modelo económico heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas, con una fuerza que sorprendió al gobierno de Piñera y a la clase política.

Al amparo del estado de emergencia decretado antenoche por Piñera tras los disturbios del viernes en la capital, los militares volvieron a las calle desde que el país recuperó la democracia en 1990.

Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, anunció Piñera en una declaración desde el presidencial Palacio de La Moneda, en un discurso en el que afirmó escuchar con humildad y atención la voz de mis compatriotas. Pero amenazó: los responsables, los violentistas van a pagar por sus culpas.

En el contexto del estado de emergencia, el general Javier Iturriaga decretó toque de queda en la capital de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La medida, anunciada con apenas dos horas de anticipación, fue desafiada por grupos de personas que al cierre de esta edición marchaban por las calles y continuaban instalando barricadas, muchas con fuego.

A mediodía se inició un cacerolazo en Santiago, con miles de personas haciendo sonar ollas y sartenes. Se reportaron más tarde enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas especiales de la policía en la céntrica Plaza Italia, el frontis de la casa de gobierno y la plaza de armas de Maipú.

El detonante de estas protestas, en las que destaca el hashtag en redes sociales #chiledesperto, fue el alza de 800 a 830 pesos (de 1.12 a 1.17 dólares) en las tarifas del Metro.

En la Plaza Italia, escenario de algunas de las peores protestas del viernes, se desplegaron decenas de militares, incrementando la molestia de los manifestantes, algunos de los cuales los increparon directamente o les arrojaron fotografías de desaparecidos durante la dictadura pinochetista, que se saldó con más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

El caos se extendió el viernes por todo Santiago, con enfrentamientos en varios puntos, saqueos e incendios. Al menos 167 heridos, en su mayoría policías, 308 personas detenidas y 78 de las 136 estaciones del Metro vandalizadas fue el saldo preliminar de las manifestaciones en la capital chilena, se informó ayer.

El Metro permanecerá cerrado este domingo y las autoridades no saben cuándo volverá a estar completamente operativo.

La sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades. La compañía, de capital italiano, indicó que manifestantes atacaron el inmueble poco antes del siniestro.

Además, al menos 20 autobuses del transporte público fueron quemados ayer en los alrededores de la Plaza Italia, lo que llevó a la empresa Transantiago a la suspensión temporal de todo el servicio, lo que dejó a la capital prácticamente sin transporte público.

A pesar de llevar 24 horas cerradas al público, nuevos incendios se reportaron en las estaciones de San Pablo, Elisa Correa, Las Rejas y Macul. Otros incendios se registraron en casetas y comercios durante la noche. También se reportaron saqueos en diferentes partes de la ciudad y ciudades del interior.

Las protestas se extendieron a otras partes, como las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde los vecinos salieron pacíficamente a las calles para hacer sonar sus ollas, al igual que en otras regiones y ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Incendian El Mercurio

En Valparaíso las oficinas del diario El Mercurio y un supermercado, antes saqueado, fueron incendiados.

En Iquique manifestantes sustrajeron cañones de una intendencia militar.

En Coquimbo se incendió la Cruz del Tercer Milenio, principal monumento de la ciudad.

Una fotografía de Piñera comiendo pizza con su familia en un restaurante capitalino en el mismo momento en que Santiago ardía, azuzó aún más la furia en un país con un largo historial de protestas violentas, pero que en años recientes se mantenía en relativa calma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.

Con casi 140 kilómetros, el Metro es el de mayor extensión de Sudamérica. En América Latina sólo es superado por el de la Ciudad de México. Es el eje central del transporte público, con 3 millones de pasajeros diarios.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.

El Metro sube el valor de los pasajes cuando se suman factores como el alza del dólar, del petróleo y el desgaste del material del subterráneo. El pasaje subió a comienzos de mes en casi 4 por ciento, aunque el costo para adultos mayores y escolares no fue incrementado.

Con el ingreso per cápita más alto de América Latina, un crecimiento estimado para este año de 2.5 por ciento del producto interno bruto y una inflación de 2 por ciento, el malestar en la sociedad chilena creció a la par de sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas pensiones y una crónica –y elevada– desigualdad social.

La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de oasis en la región, y que se prepara para ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre.


La olla de presión revienta en el oasis chileno

El aumento del costo de la vida y la desconexión de los políticos con la ciudadanía explicarían en parte el estallido social que tiene el país bajo el control de los militares

 

El País

Rocío Montes

Santiago de Chile 20 OCT 2019 - 04:04 COT

Aparentemente Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada, como dijo hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera. Pero entre jueves y viernes explotó una especie de olla de presión con violentas protestas sociales que este sábado tienen la capital bajo control militar, como no sucedía desde la dictadura. Las movilizaciones se originaron por el alza del precio del pasaje del metro, pero parece existir cierta coincidencia en que lo de la tarifa del boleto se trata apenas de la expresión de un descontento mayor de la sociedad chilena. La acción del Ejército apoyado por los carabineros no ha logrado aplacar la protesta en diferentes zonas de Santiago de Chile, donde este sábado se han seguido produciendo enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos en el comercio. Las manifestaciones comienzan a irradiarse a otras regiones del país, lo que obligó al Gobierno a decretar un toque de queda.

Por las redes sociales circula una imagen que intenta explicar el problema. Como punta del iceberg –se muestra–, aparecen las protestas por el alza de la tarifa del metro, que comenzaron la semana pasada con entradas masivas de jóvenes saltando los accesos del metro sin pagar. Pero de acuerdo al dibujo, existe una parte profunda del iceberg que no se ve: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”. En definitiva, que lo que ocurre tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores han logrado apaciguar.

La economía crece en torno a un 2,5%, menor a lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los vecinos de Chile en la región. Pero vivir se ha vuelto caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.

El mes pasado se anunció que las cuentas de luz aumentarán hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificadas por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumenta es el precio del billete del metro en horario punta, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus lugares de trabajo.

Para la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, las protestas que estallaron en Chile son “un fenómeno que se ha incubado por mucho tiempo”. “De partida, es protagonizada por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura, abiertos para expresar sus angustias y que, desesperanzados, sienten que no tiene nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”. Dammert destaca, a su vez, “la relación carnal” entre la elite política y económica, que les impide ver lo que está ocurriendo en los sectores medios. “Existe mayor conexión hacia arriba que hacia abajo”, señala la experta en seguridad, en referencia a todos los últimos mandatos (desde el de Michelle Bachelet de 2006 en adelante). “A este escenario se suma una policía que ha actuado con falta de profesionalismo y la indolencia de las actuales autoridades”.

De acuerdo al abogado y cientista político Carlos Huneeus, “existe una falla brutal de liderazgo del presidente Piñera, porque tiene cero sensibilidad política para controlar lo que ocurre”. “En un régimen presidencial en que el presidente está inmovilizado y de paso inmoviliza a todos, el gobernante se transforma en un obstáculo para el restablecimiento democrático. Lo mismo que la oposición, que no existe”, indica Huneeus.

Las revueltas actuales eran difíciles de predecir, según indica el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez, porque la chispa podría haber explotado por cualquier asunto. "En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener de los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría". La gente quiere mantener este progreso, explica Méndez, "pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos". Se trata de una paradoja del crecimiento que no se sabe cómo combatir, dice el analista. Sobre si los chilenos quieren un cambio de modelo económico, Méndez no tiene dudas: "Aunque probablemente un sector de la política chilena volverá a malinterpretar las protestas, la ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino que una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos".

Para Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, “este estallido violento tiene un apoyo del resto de la sociedad que es interesante de analizar”. Según el académico y escritor, se trata de “una clase media que vive mejor que lo que vivía antes, pero que está frustrada ante sus aspiraciones y, sobre todo, tiene una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado. "Los sueldos se consideran bajos, existe una percepción de abusos y todo estalla con medidas como el alza del pasaje”. Pero para Ottone, "el sector social que aplaude y toca las cacerolas en señal de apoyo, anhela las mejoras, pero a la vez es tremendamente individualista”. Si a este cuadro se le suman todos los escándalos recientes –graficados en la figura del iceberg que circula por las redes– y “un Gobierno y una oposición ineptos”, se desata la tormenta perfecta.

El sociólogo Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile, señala que las protestas se explican “por el nivel extremo en que en Chile se ha privatizado la reproducción de la vida cotidiana, lo que crea una cantidad de fuentes de incertidumbre que –al menos en este nivel– no existen en otras sociedades del mundo”. Han salido a las calles niños y jóvenes apoyados por sus familias, opina Ruiz, que considera que estas protestas son la continuación de las que han explotado en Chile desde 2006 a la fecha. “Es una ola que arrasa con moros y cristianos. Con los Montesco y los Capuleto. Es la razón por la que la política queda muda”.

Para Ruiz, "se trata un malestar inorgánico y carente de representación política que ninguna fuerza se puede atribuir, ni siquiera el Frente Amplio" de izquierda, que se formó luego de las protestas estudiantiles de 2011 y actualmente tiene 20 parlamentarios en el Congreso, otras de las instituciones con el prestigio por el suelo. "La única organización que sigue siendo bien valorada en Chile son los bomberos", explica.

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¿Por qué Evo Morales puede ganar (pero también perder)?

Este domingo 20 el presidente boliviano vuelve a medirse en las urnas con una oposición dividida. Pese al desgaste de su figura, acentuado por su afán reeleccionista, Morales tendrá a su favor una economía pujante y la promesa de estabilidad asentada en un modelo de pactos interclasistas.

 

En los inicios de la campaña electoral argentina rumbo a las elecciones del 27 de octubre, un programa de televisión dedicó una de sus emisiones a responder a la siguiente pregunta: ¿Argentina podría mirar a Bolivia en busca de inspiración económica? La interrogante, aunque algo exagerada, no deja de ser sugerente.

Crecimiento sostenido, reducción de la pobreza, inflación y endeudamiento bajos contrastan, en efecto, con los malos resultados de Mauricio Macri, llamado a enmendar “la pesada herencia del populismo” argentino. En un spotreciente de Morales se advertía a la audiencia: “¿Quieres eso para Bolivia?”, mientras se mostraban imágenes de la crisis en Argentina y se sugería que algo parecido podría ocurrir en el país andino si el ex presidente Carlos Mesa, principal contendiente de Morales, llegara a la presidencia.

Aunque Mesa encabeza la intención de voto en el campo opositor –según la mayoría de las encuestas, unos diez puntos abajo de Morales–, el ex presidente es recordado por haber renunciado en medio de los conflictos sociales en demanda de la nacionalización del gas de 2005, y presenta un equipo de colaboradores demasiado “blanco” y casi sin vínculos con el denso mundo popular boliviano, una dimensión en la que Morales muestra una fuerza aún muy efectiva. Además, Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien debió huir del país en 2003 en medio de la “guerra del gas”, que marcó un antes y un después en la política boliviana.

Aunque la oposición considera inconstitucional la candidatura de Morales –avalada por un Tribunal Constitucional cercano al Poder Ejecutivo–, sus principales referentes decidieron postularse para evitar que un presidente sin contrincantes termine haciéndose con todo el poder, como ocurriera en Venezuela en las elecciones parlamentarias de 2005, cuando la oposición decidió no participar de la contienda electoral y la Asamblea Nacional quedó casi totalmente en manos del chavismo.

Al mismo tiempo, la oposición no logró el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (Oea), Luis Almagro, quien visitó La Paz en junio y, además de mostrar un buen entendimiento con Morales –lo que sorprendió por su enfrentamiento con Maduro–, señaló que no hay ningún instrumento ni antecedente en la Oea que permita intervenir de manera institucional en la reelección en Bolivia, de la misma manera que no se intervino en Costa Rica ni Honduras.

Con todo, el próximo 20 de octubre Morales enfrentará las elecciones más inciertas desde que a fines de 2005 ganara con el 54 por ciento de los votos, asumiera con una doble entronización –en el Parlamento y en las ruinas de Tiwanaku– y venciera en todas las elecciones presidenciales posteriores con más del 60 por ciento. Con la investidura simbólica de ser el primer presidente indígena de Bolivia, Morales puso en marcha el proceso político más intenso desde la revolución nacional de 1952. Pero, tras 14 años de holgados triunfos frente a la oposición política y regional (radicada en la región oriental de Santa Cruz), el aura de Morales parece erosionada, sobre todo en las grandes ciudades, por su decisión de avanzar en una nueva reelección contra lo escrito en la Constitución de 2009 y contra los resultados adversos, por escaso margen, del referéndum de 2016. Aun así, el presidente boliviano puede presumir de niveles macroeconómicos que le permiten presentarse como el candidato de la estabilidad y prometer un “futuro seguro”.

ECONOMÍA Y ALIANZAS. 

 El modelo económico implementado por el ministro Luis Arce Catacora consiste, en sus palabras, en “socialismo con estabilidad macroeconómica”. Arce Catacora ingresó al gabinete en enero de 2006 y se mantiene hasta hoy, con excepción de algunos meses en los que estuvo alejado de la gestión por problemas de salud. Es un izquierdista pragmático, atento a los equilibrios de las cuentas públicas. Lo ayudó, sin duda, el viento de cola del aumento de las materias primas, pero es cierto también que se dedicó a acumular reservas internacionales para cuando vinieran las vacas flacas, lo que efectivamente ocurrió, con la baja de los precios internacionales de las materias primas.

El modelo boliviano, como explica el periodista y escritor Fernando Molina, consiste en la combinación de estatismo en las “áreas estratégicas” de la economía, como el gas y la electricidad, de una alianza con el sector privado a cargo de las grandes (agro)industrias nacionales –muchas de ellas con sede en Santa Cruz–, el comercio de gran escala y los bancos, que ganaron mucho dinero en estos años, y, finalmente, de un “pacto de coexistencia pacífica” con la economía informal, que en Bolivia tiene un peso económico y simbólico muy importante. Esta da sustento a la denominada, con escasa precisión sociológica, “burguesía chola”, que escenifica su poder económico en las grandes entradas folclóricas y los llamados cholets, y forma parte de amplias redes comerciales –una suerte de “globalización desde abajo”– que llegan hasta China.

El caso de la agroindustria es un poco más complejo, porque se liga a la cuestión del regionalismo, de larga data en Bolivia. En 2006, la elite política y económica de Santa Cruz, embarcada en la lucha por la autonomía regional, buscó resistir, incluso con violencia, el modelo nacionalista‑popular‑indígena de Morales. Pero dos años más tarde el movimiento sufrió duros golpes –económicos, policiales y electorales–, mientras que Morales se fortalecía en el poder. Por eso, gran parte de la elite –sobre todo, la agroindustrial– decidió pactar con el gobierno, a cambio de subsidios y apoyo estatal, y aprovechar el boom económico. Eso debilitó el ala política del regionalismo, que siguió controlando la gobernación. “El gobierno de Evo Morales quiere convertir Santa Cruz en Paraguay, un bastión agroexportador, de mayores dimensiones que el actual, capaz de capturar dólares para la economía nacional”, explica el periodista cruceño Pablo Ortiz.

ILUSIÓN OPOSITORA. 

Esta estrategia “desarrollista” generó una década de paz política. Incluso en 2014, Evo Morales logró ganar en esta región tradicionalmente esquiva. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional a fines de 2017, que habilitaba a Evo Morales a postularse nuevamente, sirvió como acicate para un nuevo ciclo de movilizaciones, esta vez sin las autoridades políticas locales a la cabeza. Más recientemente, los incendios en la región de la Chiquitania contribuyeron también al descontento, ya que dejaron en evidencia las tensiones internas en el discurso oficial sobre la defensa de la madre tierra y la tolerancia, e incluso la legitimación, de los “incendios controlados” para los chaqueos (desmontes de terreno para cultivos). Pero, al mismo tiempo, los incendios alimentan discursos racistas contra los inmigrantes “collas” en Santa Cruz: la consigna “fuego cero” puede virar fácilmente a “inmigrantes cero”, al responsabilizar exclusivamente a los pequeños campesinos colonizadores provenientes del occidente por los chaqueos.

Esta reactivación del regionalismo operó desde las calles e incluso contra parte de las elites locales. Las divisiones y los reproches cruzados abundan en la política cruceña, y muchos acusan a empresarios de haberse “vendido al Mas” (Movimiento al Socialismo, de Evo Morales) y haber traicionado a la región. “Este es un cruceñismo de jóvenes, sobre todo de 17 a 35 años, pero con ideas viejas, las mismas que generaron la lucha autonómica en la primera década del 2000: menos control del Estado central sobre la región, mayor capacidad de autodeterminación y control sobre la tierra, principal elemento del ideario político cruceño”, explica Ortiz. El reciente cabildo convocado por el comité cívico regional concentró a decenas de miles de personas el pasado 4 de octubre y convocó a luchar por el federalismo –una consigna que no estaba en la agenda, pero fue coreada por la multitud– y votar contra Evo Morales el 20 de octubre.

No es casual que el evento más masivo de la campaña boliviana fuera “un acto de campaña sin candidatos en los escenarios”, como el cabildo cruceño. La oposición, de hecho, va dividida, y eso alimenta las posibilidades de un triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Por ello, este formato “ciudadano” ilusiona a quienes buscan trascender las fronteras partidarias y las fuertes peleas en el interior de la oposición. La Constitución boliviana establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 50 por ciento más uno de los votos o el 40 por ciento con diez puntos de diferencia sobre el segundo. Morales apuesta a esta fórmula mágica para permanecer en el gobierno durante un cuarto mandato.

Por eso, el cabildo cruceño –una forma histórica de expresión de las demandas de la región, casi inexistente en otras partes del país– quiere ser ahora imitado por la oposición en el resto de Bolivia, e incluso en La Paz. A falta de actos proselitistas numerosos, esta forma de movilización sin banderas partidarias podría ser una forma de generar ánimo y adhesión a un voto útil opositor, que, de aplicarse, debería ir hacia Carlos Mesa, quien tiene mayores posibilidades de triunfo entre los opositores y nunca tuvo predicamento en Santa Cruz.

Pese a su desgaste, Morales tiene a su favor, además de la economía, el control del Estado, la movilización de los sectores sociales y los empleados públicos, y niveles de popularidad que, aunque más bajos que antaño, no hay que subestimar. Por ahora, el presidente boliviano lidera todas las encuestas con porcentajes que lo ubican cerca del 40 por ciento y a diez puntos de diferencia del segundo –en medio de una verdadera guerra de cifras en los medios y las redes sociales–. Pero todas ellas muestran un alto porcentaje de indecisos que, según algunos especialistas, puede encubrir una parte de voto oculto. Lo que no se sabe todavía es en favor de quién, y posiblemente en esa caja negra se juegue el resultado electoral. Si los indecisos se dividen de manera más o menos proporcional, Evo Morales puede ganar en primera vuelta. Por eso, toda su artillería se centra en evitar un balotaje en el que la concentración del voto opositor pueda poner fin a su gobierno, el más largo de la historia boliviana.

 

18 octubre, 2019

Publicado originalmente en Letras LibresBrecha reproduce fragmentos con autorización. Titulación de Brecha.

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 Un autobús en llamas, en el centro de Santiago de Chile, durante las protestas. CLAUDIO REYES AFP

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó en las primeras horas de este sábado el estado de emergencia en Santiago, tras las numerosas protestas desatadas en la capital contra la subida del precio del billete del metro.

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana (...) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región Metropolitana", dijo el mandatario.

Piñera compareció ante la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y explicó que el objetivo de esta medida es volver a recuperar la normalidad que se ha visto seriamente afectada este viernes en las calles de la capital chilena por protestas, disturbios, barricadas, incendios y saqueos.

"El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos", señaló el presidente.

Entre la tarde y la noche las protestas se han recrudecido en Santiago en numerosos puntos de la urbe, donde se han saqueado locales comerciales e incendiado estaciones de metro y algunos autobuses del transporte público.

"Nuestros compatriotas que se han visto seriamente complicados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan necesaria como es el metro y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas", agregó el jefe del Ejecutivo chileno.

Recalcó, además, que el Gobierno ya había invocado la ley de Seguridad del Estado a lo largo de la jornada del viernes para que la Justicia persiga a todos los involucrados en los disturbios acaecidos.

Piñera confirmó también la designación del general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la defensa nacional mientras dure el estado de emergencia. El artículo 42 de la Constitución chilena establece que en caso de estado de emergencia por grave alteración del orden público "las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente" y asumirá atribuciones y deberes.

La capital chilena vivió este viernes una jornada de graves altercados por las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete de metro, que derivaron en incendios en varios puntos de la ciudad, barricadas, saqueos y graves destrozos de mobiliario urbano y de la red de suburbano.

Militares en la calle

Así lo confirmó el general de división Javier Iturriaga del Campo, designado como jefe de la Defensa Nacional por el presidente chileno, Sebastián Piñera, después de que el mandatario decretase el estado de emergencia en la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana (RM)-, en la provincia Chacabuco y en las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a

"Las fuerzas policiales siguen ejerciendo sus tareas de patrullaje y control de los servicios de vía pública y control de aquellos sectores que fueron afectados. Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos", dijo Iturriaga del Campo en rueda de prensa.

El militar, que en virtud de su nombramiento se hace cargo de la seguridad de los sectores en los que rige el estado de emergencia, destacó que su intención es "recuperar la normalidad a la mayor brevedad" posible y pidió a la gente que se fuera a sus casas.

"He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad (...) y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad", agregó.

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

En ese sentido, el general de división del Ejército de Chile descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda en estos lugares y explicó que el mando de Carabineros está ahora bajo la autoridad militar.

santigo de chile

19/10/2019 09:29 Actualizado: 19/10/2019 10:59

efe

Publicado enCrisis Chile
Jueves, 17 Octubre 2019 07:57

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Entre el anhelo social comunitario de justicia y vida digna, y un Estado inclinado por una pax incierta que recurre a formas de control y de guerra que se creían superadas, el departamento del Cauca está sometido a diversos conflictos económicos, ambientales, territoriales, militares, en creciente, y su población mayoritaria desgastada por la desidia estatal. ¿Se impondrá la voluntad y el sueño comunitario o logrará el status quo prolongar su dominio?

 

El río Cauca recorre de sur a norte buena parte de la geografía de Colombia, desde el nudo donde nacen sus cordilleras y ríos más grandes hasta su unión con el río Magdalena, cuando se acercan a su desembocadura en el Caribe. Por esas cuencas y entre el nudo de montañas que se conocen como el Macizo colombiano, se dio el repoblamiento de la región cuando llegaron colonizadores en busca del oro y de las mejores tierras.


En una historia de cinco siglos los pueblos originarios fueron desplazados de las mesetas y valles hacia las montañas, y los sobrevivientes de las matanzas y del hambre fueron obligados a replegarse a las parte alta y pendiente de las cordilleras. Los descendientes de los encomenderos, se repartieron dominios y ejercieron como señores en sus feudos hasta que sus herederos, acostumbrados a la renta fácil, fueron decayendo y vendiendo a pedazos a los indios a nuevos terratenientes o a los lavadores de activos de las bonanzas ilegales del siglo XX. Es una historia cruzada o entrelazada con la de los buscadores de oro que llegaron desde el Atrato y el Cauca antioqueño al norte de lo que hoy es el Cauca. Los aventureros del Dorado llegaron con miles de esclavos secuestrados por portugueses y españoles en las costas de África y se fueron apoderando del valle interandino, en donde formaron, primero, feudos de las llamadas “encomiendas” y luego de la Independencia de España se renombraron las haciendas, antecedente de la gran propiedad en el norte del Cauca.


Un tiempo pasado pero que está presente. El Cauca de hoy heredó de esa historia una maraña de conflictos no resueltos que se entrelazan con la historia de insurgencias, contrainsurgencias, paramilitares y narcoparamilitares, con las nuevas formas de disputa por los territorios en la cual entran en acción otros actores llegados con la agroindustria, la expansión minero-energética y el narcotráfico.


Es más visible la violencia pero más trascendental la resistencia


El Cauca de hoy es conocido por noticias contradictorias. La mayor alarma es por ocupar el primer lugar en asesinato de lideres y lideresas sociales, en amenazas y recomposición de la violencia armada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Pero al mismo tiempo el Cauca es visible por la fortaleza de organización social en su diversidad.


No solo es un departamento triétnico y rural sino que también esta repartido poblacional y territorialmente por partes iguales entre campesinos (28%), indígenas (24%), negros (26%) y mestizos urbanos (22%). Ocupa, al lado de los departamentos del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y en indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de guerras y formas de exclusión y discriminación.


En años recientes, e incluso en el actual, ha llamado la atención el impacto de las protestas indígenas, que bajo el nombre de Minga, unen fuerzas y capacidades con campesinos y comunidades negras para exigir derechos territoriales y fundamentales, a través de movilizaciones y bloqueos de la vía Panamericana que comunica el suroccidente hacia Nariño y el Valle. El Consejo Regional Indigna del Cauca, (Cric), y la organización de Autoridades Indígenas (Aico), lideran la mayor concentración de cabildos indígenas del país y son referente en el conjunto del movimiento indígena en Colombia.

 

 


Como parte de esta dinámica composición poblacional, en el Norte del Cauca se encuentra uno de los procesos más dinámicos de organización de las comunidades negras con liderazgos de significación nacional. Esta región, integrada con los municipios del sur del Valle, con Cali, Buenaventura y el Pacífico medio, tiene la concentración poblacional negra, afrodescendiente, de mayor peso en Colombia. La defensa de derechos, identidad y culturas se sustenta en fuertes organizaciones y en los procesos de defensa y construcción de consejos comunitarios negros en las zonas rurales (1).


También los campesinos ocupan un lugar importante por su organización, por ser el Cauca un departamento mayoritariamente rural en población y Producto Bruto Interno y por tener en Colombia, junto a Nariño y Boyacá, la mayor presencia de minifundistas y pequeños productores campesinos. No sólo hay organizaciones campesinas importantes como Fensuagro, Cima, Anuc y el Consejo Nacional Agrario, sino siete asociaciones para la formación de Zonas de Reserva Campesina, una red activa de juntas comunales y un fuerte proceso asociativo agroalimentario.


Conflictividades armadas y reordenamiento violento del territorio


En el Cauca están ubicados dos de los más grandes campamentos de excombatientes de las Farc que firmaron el pacto de paz; sucede ahora como ocurrió 30 años atrás con la ubicación de los campamentos finales de las guerrillas del M-19 y del Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. Desde su nacimiento en 1964 las Farc estuvieron en el Cauca y al momento de los pactos de paz y la dejación de armas operaban seis de sus frentes con un radio de influencia en 26 de los 42 municipios del departamento. Sus columnas y frentes tenían su retaguardia en la alta montaña y en la selva, pero su presencia se ubicó hasta el final cerca de cabeceras urbanas importantes, y a solo una hora de Cali (2).


El desmonte de la organización armada, desde la firma de los Acuerdos de Paz y la dejación efectiva de las armas en abril de 2017, tiene un gran impacto en la región no solo por desaparecer un ejército guerrillero sino por los cambios en los negocios que servían para su sostenimiento, en especial por rentas y seguridad derivadas de cultivos de coca y marihuana, y de la minería del oro.


Con el desarme de esta guerrilla se aceleró el reposicionamiento de grupos armados que venia dándose desde 2015 cuando se hizo evidente la posibilidad de un acuerdo final en La Habana. El Eln amplió su presencia desde sus baluartes en el sur del departamento hacia el norte, por las dos cordilleras. Movieron los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra y las compañías Milton Hernández y Camilo Cienfuegos.


En todos los frentes de las Farc quedaron milicianos al margen de la dejación de armas, así como pequeños grupos residuales con mandos bajos que buscaron reinstalarse en las relaciones con los narcotraficantes y en el cobro de supuesta seguridad a pequeños cultivadores y mineros. A la altura de septiembre de 2019 estos grupos han llegado a estabilizar áreas de control y se distribuyen unos en los municipios de Suárez, Buenos Aires y hacia el Pacífico, y otros en la parte baja de la Cordillera Central.


El negocio de la cocaína en el Cauca supera los 200 millones de dólares al año, que se quedan en más del 95 por ciento en el lavado de activos en el exterior y en los circuitos financieros, pero el 0,5 por ciento que llega al territorio es suficientemente atractivo como para desatar luchas sangrientas por su control. Así lo indican las cifras de cultivos: En 2016 la Onudoc registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en territorio caucano, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo; en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 has y según el informe de la DEA de marzo de 2019 la expansión llega a 31.000 has ubicando al Cauca como el tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas métricas de cocaína, las cuales salen por las rutas del Pacifico que van paralelas a los ríos Micay y Naya.


Detrás de estas rentas han llegado varios grupos, entre ellos pequeños destacamentos del Epl –que entran por Jamundí–, agentes financiadores de carteles mexicanos que vienen a asegurar continuidad y calidad de los envíos, emisarios del Clan del Golfo (AGC) y sicarios de narcotraficantes de otras regiones. Entre ellos se desataron fuertes enfrentamientos en 2017 y 2018 en los que ganaron terreno los rearmados desde residuos de las Farc, quienes lograron mayor control en la parte norte de la Cordillera Occidental y hacia el Pacifico por el rio Naya. El Eln neutralizó competidores en El Tambo, Guapi y parte de Argelia. La disputa por las rentas y seguridad impuesta se desató en el norte del Cauca en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio.


Los protagonistas de la nueva violencia en zonas de marihuana son los pequeños grupos residuales que ajustaron cuentas entre sí y retomaron viejas practicas para imponer por el terror el control sobre los pequeños cultivadores. En los municipios y veredas clave para la producción y tráfico de la marihuana las mayores tensiones se dan por la resistencia de pequeños cultivadores indígenas y campesinos a someterse a las órdenes y cobros de los nuevos grupos armados. En los territorios indígenas las autoridades han proscrito el porte de armas y toda actividad de narcotráfico colocándose en antagonismo abierto con narcoparamilitares y grupos residuales ex Farc.


El otro es otro cuento


La conflictividad violenta por el oro tiene más complejidades que el narcotráfico, dada la pugna de intereses entre compañías legales, con comunidades mineras sobre todo afrodescendientes, con autoridades locales relacionadas con el manejo de regalías y ordenamiento territorial, mafias políticas, grupos de sicarios y nuevos grupos armados ilegales. Los mayores productores legales e ilegales de oro están en Suárez, Buenos Aires, Quilichao, López, Timbiquí y Guapi. Y algo en el sur, en Mercaderes y Almaguer. La mayoría de los títulos mineros están en el sur y norte del departamento; es también allá en donde se pelean a tiros la explotación mecanizada en los principales ríos.
La disputa por el oro golpea a los mineros artesanales y tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medianas y grandes empresas; los traficantes de títulos acompañan marrullas jurídicas con amenazas y las multinacionales ponen su huella con solicitud de titulación desde el sur del departamento hasta las zonas más prometedoras que son territorio de comunidades negras. La intimidación y la violencia directa recurre, en mayor medida, al sicariato que a los servicios de grupos armados organizados.


Los conflictos territoriales: tierra, agua y ambiente


Hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. Ese conflicto se resolvió en parte con la revolución agraria pacífica de los cabildos y la ampliación territorial de los resguardos y, por otra parte, por la expansión acelerada de la agroindustria de la caña en el norte plano, y de la industria forestal en las planicies interandinas. Pero en el siglo XXI el conflicto territorial va acrecentándose por la instalación de grandes industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a la caña para azúcar y etanol.


La comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos indígenas, reducidos al minifundio en tierras de altas pendientes, no ven otra alternativa que buscar tierras ancestrales y de las viejas haciendas en la parte plana. Desde hace tres décadas los pueblos étnicos reclaman recuperar la madre tierra y gobernantes y poderosos grupos agroindustriales piden seguridad privada o estatal para enfrentarlos (3).


Durante los años noventa y primera década del siglo XXI los paramilitares cumplieron el papel de fuerza privada de contención a las demandas campesinas y étnicas, emplazando en el Cauca una alianza múltiple entre paramilitares, empresarios legales violentos, narcotraficantes y fuerza pública (4). Durante el quinquenio 1999-2004 controlaron alcaldías y pusieron gobiernos como declaró el jefe paramilitar HH en audiencia pública ante los tribunales de Justica y Paz. Esa historia cambió a raíz de la desmovilización del Bloque Calima, pero en los últimos dos años parece que se reactivan tácticas de amenazas aprendidas en esas escuelas y ahora animadas para atemorizar poblaciones y líderes.


En el posacuerdo de paz se despiertan expectativas y respuestas violentas


Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, los diversos sectores sociales del Cauca se movilizaron para reclamar derechos ahora respaldados en compromisos en reforma rural integral, sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, garantías políticas y de seguridad en los territorios, reincorporación de excombatientes y garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad. Más de 31.000 líderes/as acudieron al proceso de elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; los pueblos indígenas y comunidades afro se organizaron para facilitar la implementación del “Capitulo Étnico” del acuerdo de La Habana.


Pero ante toda la movilización por la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca y la búsqueda de una paz más completa, la respuesta del Gobierno fue y sigue siendo lenta o nula. Las comunidades y sus líderes han encontrado, por un lado, la recomposición de grupos armados y de mafias narcotraficantes y narcoparamilitares, la proliferación de sicarios al servicio de negocios legales e ilegales y, por otro, el desinterés del gobierno en llegar con recursos de inversión extraordinarios para ganarle la última batalla a la violencia armada residual, al narcotráfico y sus mafias. A la fecha, y no obstante la formulación de 22 planes de desarrollo territorial y tres de alcance intermunicipal, no hay recursos nuevos y sólo se muestran inversiones marginales de infraestructura de vieja programación.


En lo relativo a la sustitución concertada y reconversión económica de zonas cocaleras, la decidía gubernamental ha sido escandalosa desde que se firmaron los acuerdos. El gobierno le dejó el campo libre al narcotráfico, a pesar de que más de 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución. Solo quinientas familias fueron vinculadas realmente en 4 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria firmados desde 2017. En Argelia se desconoció el plan propuesto por todas las comunidades y en El Tambo sólo se atendió una vereda. El resultado estaba anunciado: la incapacidad de respuesta del Gobierno colocó a las comunidades frente a la presión económica y las amenazas de muerte de los narcotraficantes. “O me vende la pasta o negociamos con la viuda” volvieron a decir los agentes armados y desarmados de los narcotraficantes alebrestados por la ausencia del Estado social y la continuidad de las rutas y bonanzas de la demanda externa. La trampa quedó armada: ante la ausencia del Estado crecieron los cultivos y el narcotráfico y ante el peligro de la droga y las exigencias de la DEA y la CIA lo que sigue es la erradicación forzada con aspersión aérea con agrotóxicos y otros venenos.


El Gobierno define como prioridad de seguridad el combate al Eln y a los grupos residuales no desmovilizados, la seguridad de la infraestructura y para las grandes empresas y coloca en tercer plano la seguridad humana y de las poblaciones en mayor riesgo. Aunque se predica la acción integral con inversión social y presencia de la fuerza pública, en la práctica lo que se anuncia ante cualquier crisis o masacre es la asignación de nuevos batallones. La nueva estrategia de seguridad y defensa identifica en el Cauca como grandes amenazas a los jefes de grupos armados y carteles transnacionales y convierte a los municipios con situación critica de violencia en campo de operaciones de guerra en los cuales la población civil queda atrapada entre las armas ilegales y las armas del Estado.

 


Las cifras de asesinatos y amenazas en clave de disputa territorial


En la lista de 169 líderes/as sociales asesinados en el Cauca desde enero de 2016 a septiembre de 2019, se observa que el 45 por ciento ocurren asociados a conflictos territoriales, 14 por ciento en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína, 25 por ciento en conflictos alrededor de la marihuana y 16 por ciento asociados con la minería del oro. En ese total de asesinatos 44 por ciento corresponde a lideres/as indígenas, 33 por ciento campesinos, 9 por ciento afros, 6 por ciento sindicalistas y 8 por ciento lideres/as cívicos urbanos.
En cuanto a los presuntos autores materiales de los homicidios se tiene que el 78 por ciento son sicarios sin grupo de pertenencia conocido, 13 por ciento narcoparamilitares, 5 por ciento agentes de la Fuerza Pública, 2 por ciento residuales ex Farc y 2 por ciento Eln.


¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los lideres sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el Eln?

La persistencia de agresiones contra comunidades y líderes/as va de la mano con la militarización y la resistencia


Es larga la lista de factores o variables que emergen cuando se intenta explicar el por qué en el Cauca se presentan hoy las mayores cifras de asesinato y amenazas de líderes y de lo aquí dicho se desprenden algunas. Pero tal vez la jerarquía de determinantes o el orden de causalidades tiene que ver con que la disputa por territorios para grandes negocios choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías. En el posacuerdo y la construcción de una transición al posconflicto, chocan las fuerzas sociales que quieren una paz democrática, justa y redistributiva con los que quieren una pax con statu quo para ampliar la acumulación violenta en economías legales e ilegales y la concentración de tierras para macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. En ese choque interviene la violencia fragmentada de grupos rearmados con residuos de las Farc, pequeñas fracciones herederas de los paramilitares del Bloque Calima y sicarios al servicio del narcotráfico y otros negocios.


Poco ayuda a la seguridad humana de las poblaciones la actual estrategia de las Fuerzas Armadas de escalar la confrontación militar con operaciones de ocupación territorial, como las anunciadas con tres nuevos batallones en el Norte del Cauca. Se militarizan territorios y se confinan y desplazan familias y comunidades a nombre de una nueva guerra. Se omite la aplicación de estrategias efectivas para neutralizar la cooptación de agentes del Estado y de la misma Fuerza Pública por parte de intereses privados y del tráfico de marihuana o de insumos para la cocaína. Muchos hechos indican que la estrategia de las Fuerzas Armadas vuelve con todos sus bemoles a los diagnósticos de guerra del siglo pasado, y a las estrategias de consolidación territorial orientadas por el Plan Colombia. No hay una visión de posconflicto ni una estrategia de garantía a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Algunos expertos y defensores de derechos humanos en el Cauca, afirman que no faltan efectivos pues lo que falta es innovar en doctrinas y orientarse hacia la seguridad ciudadana y humana y al combate efectivo para desestructurar a los nuevos grupos y neutralizar al Eln. Parece que la estrategia de seguridad se orientara por una nueva doctrina de seguridad del Estado, y hacia la creación de zonas especiales con estados de excepción, en lugar de una gran alianza con la gente para la garantía de seguridad y derechos humanos.


 

1. La región pacífico es la tercera cuarta parte del territorio (municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay). En su mayoría es zona selvática y de reserva forestal que se traslapa con consejos comunitarios de población negra que vive dispersa en la rivera de los ríos y en las cabeceras municipales. Ver el libro sobre zonas de reserva forestal en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/09/ambiente-y-derechos-etnicos-vs-cultivos-prohibidos-libro-web-indepaz.pdf
2. Bloque Occidental “Alfonso Cano”, tenia tres columnas móviles (Arturo Ruiz, Jacobo Arenas Y Miller Perdomo) y los Frentes 6, 8, 9 29, 30 y 60. La mayor presencia era en los municipios del Norte del Cauca, en las Cordilleras Central y Occidental, y en el sur con fuerte presencia en Argelia y municipios vecinos.
3. Aproximadamente un 63 por ciento de los territorios indígenas del Cauca (unas 300.000 hectáreas) tienen carácter netamente conservacionista, 46.000 hectáreas de las cuales están traslapadas con parques naturales nacionales y casi 6.000 hectáreas corresponden a sus zonas de amortiguación. Unas 83.000 hectáreas corresponden a páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad; el resto a zonas de vocación forestal protectora.
4. CNMH, El Bloque Calima de las AUC. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-bloque-calima-cometio-119-masacres-entre-1999-y-2004

*Presidente de INDEPAZ
CamilogonzáEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Presidente de Indepaz. Agosto de 2019.

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Toque de queda en Ecuador; vía libre para el uso de armas letales

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) –que aceptó dialogar con el régimen la "derogatoria o revisión" del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles– se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2.7 millones de habitantes. Luego el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ante el anuncio, se viralizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están "listos para el uso de armas letales (...) No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra".

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una "violencia nunca antes vista" en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidaS por Correa y Maduro –en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos– causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación.

Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares.

Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas 30 personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios.

La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la Afp.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de "No más muertes", mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y mil 127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo.

El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más focos de violencia.

La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió "participar" en las conversaciones después de "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales".

Precisó que negociará "la derogatoria o revisión" del decreto 883 –que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios hasta en 123 por ciento de la gasolina y el diésel–, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional.

Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para "garantizar la paz y a regresar el orden constitucional".

Iza añadió que ese movimiento no va a caer "en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano", aunque no hizo precisiones, indicó Ap.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit "la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población", y reiteró que "realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del decreto 883".

Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el decreto 883 "para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo".

Dijo que se evaluará también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones, incluidos en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional y que propondrá un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y por último que se incluirá un impuesto para grandes empresas "para que aquellos que más ganan, sean los que más contribuyan al país".

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos.

Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a la calles formando improvisadas brigadas de vigilancia, para exigir su deseo de paz. Los militares junto con policías patrullan las calles de la capital..

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4 mil 200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos.

Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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