Sábado, 16 Febrero 2019 06:22

Crónica desde un Haití al rojo vivo

Crónica desde un Haití al rojo vivo

El pueblo haitiano continúa con las protestas contra el gobierno nacional, al que acusan de corrupción y de la situación crítica que vive el país.


El clima social viene caldeándose en Haití, conforme las frustraciones sociales se acumulan en un polvorín que nunca termina de desactivarse. Después de las intensas movilizaciones del año pasado, con epicentros masivos y radicales en los meses de julio, octubre y noviembre, la tregua tácita de fin de año dio lugar a unas navidades materialmente precarias, pero tranquilas. Pero las festividades no fueron más que un interludio breve. Pronto se reanudarían las batallas contra la carestía de la vida, la corrupción endémica, la crisis social y económica y la ausencia de un modelo de nación para la primera República independiente surgida a la historia de este lado del Río Bravo. Las protestas ya llevan ocho intensas jornadas, y nada parece señalar que vayan a detenerse.


Los primeros síntomas de este nuevo ciclo de protestas se manifestaron en nuestro propio pueblo, cuando jóvenes descontentos por el accionar policial en un conflicto de tierras prendieron fuego a la comisaría de policía de la localidad de Montrouis, en el departamento Artibonite. La respuesta, previsible, fue la rápida militarización de un poblado por lo demás pacífico. Al día siguiente del hecho, las fuerzas especiales del CIMO ya dormían su siesta larga frente al mercado del pueblo, y nadie podía recordar cómo era que habían ido a parar allí, ni con qué propósito. Pero pronto el conflicto comenzó a multiplicarse en diferentes focos del país hasta llegar a la explosiva jornada del 7 de febrero, aniversario de la huida del país del dictador Jean-Claude Duvalier. Desde entonces comenzó a combinarse todo el repertorio de acciones callejeras habidas y por haber: concentraciones esporádicas, inmensas movilizaciones espontáneas, caravanas de motocicletas, huelgas de transportistas, la quema de comisarías y edificios gubernamentales y, sobre todo, miles de barricadas que rápidamente tabicaron la capital y los diez departamentos del país.


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Hace semanas que la escasez de combustible no deja de agravarse. Las largas colas que poblaban las estaciones de gas han cedido paso a puertas cerradas y playones vacíos, sin autos ni transeúntes. Los últimos galones de circulación legal fueron engullidos por el contrabando, y ahora sólo es posible conseguir combustible en la calle, tras arduas negociaciones y a precios imposibles. En estas refriegas es el pequeño consumidor quién lleva todas las de perder, desde el chofer que necesita echar a rodar su motocicleta para comprar su ración diaria de arroz con frijoles, hasta la vendedora que precisa encender su mechero para continuar sus ventas al menudeo en las horas sin sol. Las causas del desabastecimiento tienen que ver con las responsabilidades contraídas por el deficitario Estado haitiano, que adeuda pagos millonarios a la empresa que concentra las importaciones. Los monopolios, sin remordimientos, ajustan cuentas haciendo rechinar los dientes de toda la población con su poder de paralizar el país. Las calles están casi vacías, y los precios de todas las cosas, desde el transporte hasta la alimentación, se han disparado por los aires. La economía cotidiana está deshecha y está paralizado el trajinar diario de quiénes cada día luchan por su subsistencia en el país más pobre (o más bien, empobrecido) de todo el hemisferio.


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Mientras la agenda internacional se empecina en volver la mirada hacia la agredida Venezuela, la grave crisis haitiana pasa, una vez más, prácticamente desapercibida. Y es que a los motivos del aislamiento que sufre la nación caribeña, en donde los factores políticos y económicos son aún más determinantes que su condición insular o su singularidad lingüística, se suma un hecho fundamental. El ensimismado gobierno nacional de Jovenel Moïse, jaqueado por ocho días de protestas y repudiado por prácticamente todos los sectores de la vida nacional haitiana, viene de dar una significativa señal de alineamiento a la diplomacia de guerra norteamericana, al reconocer en la OEA al autoproclamado Juan Guaidó: “White dog”, como se ha dado en llamar al recientemente ungido “presidente” del Departamento de Estado. La política abstencionista que Haití venía sosteniendo junto a otras naciones caribeñas, había sido determinante para evitar que los Estados Unidos y el Grupo de Lima expulsaran a Venezuela del mismo organismo interregional en el mes de febrero del 2018. Ahora bien, la política pragmática y mendicante de Moïse malamente podría ser confundida con afinidad ideológica con el socialismo del siglo XXI. Al ser jalado de la correa, Moïse volvió rápidamente al redil, traicionando los vínculos históricos del país con Venezuela y, sobre todo, la generosa política sostenida por Hugo Chávez Frías y la plataforma de integración energética Petrocaribe desde el año 2005.
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Así es que a casi nadie conviene hoy señalar que si se trata de urgencias humanitarias, éxodos migratorios, inseguridad alimentaria, represión estatal y ausencia de democracia, el foco de las preocupaciones debería recaer sobre el devastado Haití y las miradas admonitorias sobre su clase política y sus puntales internacionales. Pero es evidente, dado el apoyo irrestricto de los Estados Unidos al apartheid israelí o al desquiciado régimen de la monarquía absolutista saudí, que de lo que se trata es de garantizar la explotación del crudo venezolano y de completar el proceso de recolonización continental, inaugurado con el golpe de Estado en Honduras hace ya exactamente una década. Lo demás son tan sólo coartadas más o menos imaginativas, como las armas de destrucción masiva de Iraq o el patrocinio de Cuba al terrorismo.
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A esta resonante indiferencia ante la crisis haitiana, debemos sumar también una explicación ligada al secular racismo de un mundo colonialmente estructurado desde los tiempos de la esclavitud plantacionista y el comercio triangular. Racismo que hace que diversos sectores, incluso progresistas o de “izquierda”, se encandilen ante la “elegancia” con que luchan en las calles parisinas miles de Chalecos Amarillos (ciertamente dignos), pero desprecian las batallas desesperadas de un pueblo negro y tercermundista que no ha cesado de movilizarse de a cientos de miles, e incluso de a millones, desde la insurrección popular de julio de 2018.

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La palabra “ladrón” tiene en creol, la lengua nacional de los haitianos, una connotación mucho más subida que en otras lenguas continentales como el portugués, el español y el inglés. No es un término de uso tan frecuente ni un vocablo para dispensar a la ligera. El robo es considerado una ofensa grave a toda la comunidad, por lo que en algunas zonas rurales aún se lo castiga severamente, con métodos de justicia autogestionados por las propias comunidades. Por eso es que caracterizar al presidente de la República y a toda la clase política como viles ladrones, es un hecho menos frecuente y aún más significativo que en muchos de nuestros países. La acusación se relaciona al desfalco de fondos públicos, probado por el Senado haitiano e investigado por el propio Tribunal Superior de Cuentas, que inculpa a altos funcionarios de Estado de la actual administración y de la anterior gestión presidencial de Michel Martelly. La suma, dilapidada por la clase política local en convenio con capitales diversos, es de unos 3.800 millones de dólares, previstos para atender las infinitas urgencias de infraestructura que tiene el país. Se trata de fondos que la Revolución Bolivariana otorgara generosamente en el marco de los programas de desarrollo de la Plataforma Petrocaribe.
Si a esta corrupción endémica sumamos la delicada situación de la economía y la sociedad haitianas, podremos comprender fácilmente los rencores acumulados y las ansias de trasformación social, expresadas en las calles por un mosaico que expresa contradictoriamente a sectores sindicales y políticos, urbanos y campesinos, eclesiásticos y empresarios, conservadores y radicales. Algunos indicadores económicos pueden ayudarnos a resumir rápidamente la situación: una devaluación de la moneda nacional, el gourde, de un 20 por ciento a lo largo del 2018; una inflación de dos dígitos que algunos analistas estiman en el orden del 14 o 15 por ciento; el derroche de recursos públicos en prebendas de todo tipo absorbidas por la clase política; el desmanejo económico de un Estado que ni siquiera cuenta con un presupuesto oficial desde que fuera retirado el previsto para el ciclo 2018-2019; los niveles alarmantes de desempleo y la completa informalidad del mundo laboral; la ruina pronunciada de la producción agrícola; el éxodo permanente de los jóvenes, expulsados del campo a la ciudad y de allí a países dónde son discriminados y super explotados; y por último, el hambre que golpea duramente a prácticamente un 60 por ciento de toda la población.


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Un carro blindado de las Naciones Unidas, conducido por militares extranjeros, perdió el control y embistió de lleno a untap tap, el popular medio de locomoción haitiano. El saldo, trágico, fue de cuatro muertos y nueve heridos. Un accidente involuntario, sin dudas. Pero el estupor y la bronca de los ciudadanos de a pie no parece deberse a la impericia del conductor, sino al hecho de no poder entender por qué un carro blindado, un vehículo de guerra, circula amenazante por un país pobre y sin fuerzas armadas, que no representa una amenaza para la seguridad de terceros países. Hace 15 años comenzó la llamada pacificación de Haití, impulsada por las Naciones Unidas y plasmada en la intervención de una fuerza militar y civil multilateral, la MINUSTAH (hoy MINUJUSTH). Pero al día de hoy, la principal amenaza para la población, más que la inseguridad local (baja si la comparamos con su incidencia en el resto de la región) y aún más que el accionar sus propias fuerzas policiales, lo constituye la presencia de una fuerza de ocupación. Entre los atropellos se cuentan las violaciones sistemáticas a mujeres de los llamados “guetos”, entre siete mil y nueve mil víctimas fatales por la epidemia de cólera traída al país por un contingente de soldados nepalíes, y un número incierto de jóvenes asesinados en las barriadas de la capital Puerto Príncipe. En Haití, cómo podría suceder en Venezuela, la llamada “ayuda humanitaria” no ha sido más que una excelente coartada para violar la soberanía territorial de nuestras naciones. La pequeña nación caribeña es hoy un muestrario de lo que el “capitalismo humanitario” podría generar en Venezuela.


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Diez muertos ya reconocen las fuerzas policiales. Una media centena, e igual número de heridos, afirman enfáticamente sectores de la oposición y los movimientos sociales. En los últimos días, las calles y las redes sociales muestran una serie de imágenes escabrosas. Jóvenes y niños tendidos, agonizando, en las calles de la capital. Un militante popular socorrido por sus compañeros, tras ser derribado por una bala policial en las inmediaciones del parlamento. Una densa humareda negra que cubre la ciudad de forma casi permanente, generando un clima irrespirable. El mercado de Croix-des-Bossales, mil veces incendiado, mil veces reconstruido, otra vez reducido a una maraña de hierros retorcidos. Pero también hay imágenes indudablemente heroicas, con ese heroísmo propio de las gentes sencillas, sin margen, que se animan. Estar en las calles de Haití es hoy mucho más que una opción política y un gesto de coraje: es una necesidad vital, el cross desesperado de un pueblo contra las cuerdas. Hombres en sillas de ruedas o en muletas marchando bajo el sol abrasador de mediodía. Vendedoras y mujeres ancianas gritando sus consignas desaforadas frente a la represión policial. Y también, pequeños gestos de solidaridad internacional que titilan como luces tenues, y llegan al país saltando las barreras del idioma y la desidia.


“Nou gen dwa viv tankou moun” (“Tenemos derecho a vivir como personas”), se lee en una pancarta que sintetiza un programa mínimo, elemental, meramente humano. El programa de un pueblo que aún recuerda las glorias pasadas, que aún cree en las posibilidades de regeneración nacional y que busca fanáticamente, y por segunda vez, su independencia y su dignidad. Un pueblo que sufre, sí, pero que jamás se resigna.

*Por Lautaro Rivara desde Haití para Nodal / Imagen de portada: AP

15 febrero 2019 0
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Viernes, 15 Febrero 2019 06:43

Paralizaron Puerto Príncipe

Paralizaron Puerto Príncipe

La capital permanece con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en las protestas, en las que al menos nueve personas han muerto.

 

Haití entró ayer en su octavo día consecutivo de paralización y protestas en reclamo de la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise, situación que está provocando pérdidas millonarias en diferentes sectores.


La capital del empobrecido país, Puerto Príncipe, sigue paralizada, con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en estos días de protestas, en las que al menos nueve personas han muerto en los violentos disturbios.


En la exclusiva zona de Petionville, al sureste de la capital, algunos negocios se animaron este jueves a abrir sus puertas, pero el transporte público, al igual que en el resto de la capital, es prácticamente nulo, mientras la situación sigue deteriorándose.


Los 78 detenidos de la prisión de la ciudad de Aquin, una pequeña ciudad costera del sur de Haití, escaparon este martes, confirmó el portavoz de la policía nacional. Una investigación se inició para determinar las circunstancias precisas de la fuga. Según testigos, una manifestación contra el presidente Jovenel Moise se estaba realizando frente a la comisaría vecina al penal de Aquin, una ciudad de unos 100.000 habitantes.

Los promotores de las protestas anunciaron más movilizaciones para ayer, al tiempo que volvieron a rechazar cualquier tipo de conversaciones con el presidente Moise, quien permanece en silencio desde el sábado cuando hizo un llamado al diálogo. Las protestas, convocadas por el Sector Democrático y Popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares, se iniciaron el 7 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada a la Presidencia de Moise, un empresario del sector banano que llegó al poder sin experiencia en la política.


Las manifestaciones, que han aumentado la inseguridad en esta nación caribeña y provocado un clima de caos e incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y por la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina.


La economía de Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, creció apenas 1,4 por ciento en 2018, una de las más bajas de la región y muy por debajo del 2,2 por ciento que se pronosticó a principios del pasado año y que después fue reducido al 1,8 por ciento. Los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.


Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a 15 exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.


Por su parte el gobierno canadiense decidió ayer cerrar temporalmente su embajada en Puerto Príncipe frente a las protestas antigubernamentales que están sacudiendo las principales ciudades de Haití, en momentos en que un centenar de turistas de Quebec no pueden salir del país caribeño.


“Debido a la incertidumbre actual, la Embajada de Puerto Príncipe está cerrada hoy. Continuaremos evaluando la situación en los próximos días para garantizar que nuestros diplomáticos y sus familias estén a salvo”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en un comunicado. Los nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores dejaron al menos un muerto el miércoles en Puerto Príncipe. Al menos siete personas perdieron la vida desde que comenzaron las protestas hace una. En medio de las protestas se registraron situaciones de violencia con armas de fuego y el bloqueo de varias carreteras por parte de manifestantes que instalaron barricadas.

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Jueves, 14 Febrero 2019 14:46

(In-)Movilidad Social y Democracia

(In-)Movilidad Social y Democracia

El presente libro analiza la problemática de la (in-)movibilidad social –núcleo de la meritocracia como fundamento esencial de la sociedad de mercado libre– en países de la Ocde y Colombia

Sí se puede: los movimientos vuelven a la calle en Brasil

Los movimientos sociales brasileños están recuperando las calles durante el primer mes del gobierno de Jair Bolsonaro. Entre el 10 de enero y el 5 de febrero el Movimiento Pase Libre (MPL) realizó cinco manifestaciones en Sao Paulo, en pleno verano, contra el aumento de la tarifa del autobús a 4,30 reales (1,2 dólares o 23 pesos mexicanos ¡cada trayecto!). Lo que supone que una parte considerable del salario mínimo debe ser invertido para moverse por la ciudad.


Recordemos que el MPL fue el movimiento que protagonizó las jornadas de Junio de 2013, protestando contra el aumento del transporte en plena Copa de las Confederaciones, y demandando por el acceso igualitario a la ciudad. Sao Paulo tiene más de 300 helipuertos utilizados por la elite empresaria, mientras la población trabajadora debe gastar entre 3 y 4 dólares diarios y cuatro a cinco horas para transportarse en la megalópolis.


Cinco años atrás las movilizaciones del MPL fueron duramente reprimidas y en respuesta salieron a la calle 20 millones de personas durante el mes de junio, protestando contra la desigualdad. La derecha tuvo la capacidad de montarse sobre la oleada de descontento, mientras la izquierda estaba desconcertada, y aprovechó la coyuntura para desestabilizar al gobierno de Dilma Rousseff.


Ahora el MPL vuelve a las calles, que en realidad nunca abandonó. Las cinco manifestaciones tuvieron características comunes, que se pueden seguir en las crónicas del artista plástico e historiador Gavin Adams (https://outraspalavras.net/author/gavinadams/).,


La primera es que participan mayoritariamente jóvenes, varones y mujeres, en general estudiantes activistas. La segunda es la masiva presencia policial, con tanques anti-disturbios llamados caveiroes (por la calavera pintada que tienen), blindados que se usan habitualmente en las favelas. También había soldados, motocicletas y coches policiales, en un despliegue intimidatorio evidente. La represión con balas de goma y gases lacrimógenos fue constante asícomo los cercos a los manifestantes (kettling, una técnica inaugurada en Brasil durante el Mundial de Fútbol 2014 por el gobierno de Dilma), que inmovilizan cientos de personas.


La tercera es que las manifestaciones fueron combativas, tanto por los lemas que se coreaban como por haber hecho frente a la policía, con firmeza y serenidad. Los jóvenes se dispersan en pequeños grupos, para evitar que nadie quede aislado y sea víctima de los verdes.


La cuarta es que las marchas oscilaron entre 500 y 15 mil personas, cifras importantes en el verano paulista y, sobre todo, ante el clima de furor bolsonarista que se respira en Brasil. Son militantes organizados, que están dispuestos a salir a la calle contra viento y marea, desafiando el aislamiento y la represión.


El hecho del que el MPL retorne con fuerza a la calle, contribuye a animar a otros colectivos. El día de la cuarta marcha, a fines de enero, había cuatro movilizaciones: la del MPL; otra contra el desastre de la minera Vale en Brumadinho que costó la vida de 300 personas entre muertos y desaparecidos bajo el barro; un acto de los Sin Techo (MTST) por el derecho a la vivienda; y otro de apoyo al diputado Jean Wyllys, que desistió del cargo por estar amenazado por los paramiliatres que ya asesinaron a su compañera de partido, Marielle Franco.
Es interesante constara cómo la derecha ya no puede convocar masas a sus actos. En enero realizaron también una concentración en Sao Paulo contra Renán Calheiros, un ex aliado de Lula que era candidato a encabezar el senado. Convocada por el grupo Vem Pra Rua, que cuatro años atrás sacaba millones a las calles, apenas acudieron 150 manifestantes. En contrate, la manifestación en defensa de los pueblos indígenas, cuyos territorios están en la mira del gobierno, agrupó más de dos mil personas


La última cuestión es sin duda la más importante. Luego de la quinta manifestación el MPL decidió cerrar el ciclo de actividades en el centro de la ciudad para trasladarse a los barrios. Algo así ya hicieron varios grupos del MPL en la decena de ciudades donde actúan, luego de que la derecha copara las marchas en 2013. Sin embargo, es una decisión de profundo contenido político, que muestra los objetivos a largo plazo de movimiento: organizar a las camadas más pobres en sus propios territorios, allí donde no llegan ni los sindicatos ni los partidos de izquierda, pero sí los evangélicos y las milicias paramilitares.


El MPL está articulando las luchas del pasado con las que están naciendo y se proyectan hacia el futuro, en un arduo trabajo de organización pero también mostrando que es posible tomar la iniciativa aunque los analistas y los políticos de arriba digan que no hay condiciones para ello. Todo un ejemplo de ética abajo y a la izquierda, que está abriendo los senderosdel futuro.


11 febrero 2019

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Hacia un nuevo sistema-mundo: el retorno de la geopolítica

A doce años de la crisis iniciada en 2007-2008, a sus consecuencias económico y sociales hay que sumar las implicaciones geopolíticas de dicha crisis, que dada su magnitud, nos permite hablar que entramos en una fase que nos conduce a un nuevo sistema-mundo.

Asistimos a una gran transición geopolítica caracterizada por el paso de un mundo unipolar centrado en los EEUU y basado en la ideología liberal, a un mundo multipolar centrado en Asia y en Eurasia con predominio del marco ideológico nacionalista.


El desplazamiento del eje Euro Atlántico hacia el predominio de Asia y el Pacífico cambia el modo occidental de ver el mundo y será objeto de disputas político-militares de grandes dimensiones. Lo que está mutando es la centralidad en la economía-mundo capitalista que, después de dos siglos, retorna al eje de la que fue la primera economía de mercado (China), derrotada por la hegemonía político-militar y la capacidad de fuego del imperialismo anglosajón.


Un nuevo escenario geopolítico cuya característica principal es, el enfrentamiento político directo y en territorios principales entre los bloques de poder centrales del sistema-mundo (EEUU y el Norte Global) y los bloques regionales de poder emergentes (China, Rusia y la semiperiferia), profundizado la situación de multipolaridad relativa que vivimos.


Venezuela, nuevo escenario de rivalidad geopolítica


A diferencia de la etapa anterior, la agudización de las tensiones entre bloques de poder mundial se libra en territorios principales, siendo Venezuela su último escenario hasta el momento. A la Guerra de Siria (2011) y Ucrania (2013), las disputas en el Mar de China, hay que sumar ahora la crisis en Venezuela, conflictos todos ellos donde se aprecia como la disputa por la influencia en el territorio social son directos entre las potencias.


Este nuevo orden mundial, o mejor dicho, desorden mundial, se caracteriza por un tenso proceso de multilateralismo relativo, en el que se desarrollan bloques de poder bajo la forma de Estados-nación continentales (China) o Estados con capacidad para constituirse en nuevos polos de poder regional (Rusia, Irán y probablemente Turquía y al India), menos poderosos que el Norte Global encabezado por EEUU, pero que en la actual crisis de dominio del orden mundial por parte de los países del centro, acrecientan su capacidad de influencia global.


La globalización ha muerto


A diferencia de la década de los setenta, existe una imposibilidad de salir del ciclo de crisis actual, en términos de encontrar soluciones espaciales basadas en una nueva oleada de deslocalizaciones hacia la periferia, tal y como se hizo a finales del siglo pasado. En este sentido, la globalización, entendida como la internacionalización total de todo el proceso económico y como ideología dominante, ha muerto.


El desplazamiento de la producción a los países del este de Asia que caracterizó el final del siglo XX, generó la globalización de todo el proceso de producción y supuso el aplazamiento temporal de la crisis, pero creo las condiciones de la actual. De dicho proceso masivo de deslocalizaciones parte de la periferia se industrializó, mientras los países del centro pasaron a una realidad marcada por el paro estructural y declive económico, proceso que ha dado lugar a uno de los principales resultados del proceso de globalización: la irrupción de la semiperiferia en el sistema-mundo.


Hacia un conflicto global fragmentado


Como se ha planteado anteriormente, las disputas por la influencia social y territorial se dan de forma directa entre una semiperiferia (en especial China) que acrecienta su influencia global y los países del centro (liderados por EE UU) que pretenden retomar la situación recomponiendo el eje Euro Atlántico.


En esta transición geopolítica Trump es la constatación del declive de EE UU, que pretende revertir imponiendo una nueva territorialidad político-estratégica desde una posición de fuerza, haciendo uso del peso militar y geopolítico de EEUU y construir un nuevo orden mundial global que supere y actualice el orden que nació de la Segunda Guerra Mundial y reforzado con la disolución de la URSS, con el objetivo de contener y subordinar a los bloques de poder emergentes como ha hecho con Brasil.


Trump no debe ser tomado como un loco o una simple excentricidad pasajera, sino la última versión menguante del viejo lema occidental de “everyone but China“ (todos menos China), estrategia que nos conduce a escenarios de conflicto geopolítico cada vez más directos entre los bloques de poder del centro occidental y los bloques emergentes de la semiperiferia asiática.


El sueño posmoderno de la gobernanza mundial llega a su fin y se abre la competencia directa por el poder en el sistema-mundo en forma de conflicto global fragmentado.


Venezuela es la última manifestación de este regreso a la geopolítica pura y dura, escenario global del que España parte rumbo a su irrelevancia total

 

Por Eduardo Sánchez Iglesias
11/02/2019

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Finlandia acaba con el sueño del dinero gratis

El experimento de una renta básica de 560 euros mensuales para 2.000 parados concluye sin mejorar la situación laboral de los beneficiarios, pero sí su salud y bienestar

En diciembre de 2016, Tuomas Mujara sintió que le había tocado la lotería. Este periodista freelance y escritor de 45 años resultó uno de los 2.000 afortunados que estaban a punto de enrolarse en un proyecto que, a primera vista, parecía un sueño: recibir dinero a cambio de nada

La Seguridad Social finlandesa quería comprobar si inyectando 560 euros al mes sin ningún tipo de condición a un grupo de desempleados a lo largo de 2017 y 2018 obtendría pistas sobre cómo debían ser las ayudas sociales en la era de la digitalización, cómo incentivar la búsqueda de empleo entre los beneficiarios de subsidios y cómo reducir la burocracia. Terminado el proyecto, las conclusiones son ambiguas.


Los resultados preliminares muestran que el dinero caído del cielo no tuvo ningún efecto en la empleabilidad de los participantes. Trabajaron prácticamente las mismas horas y ganaron lo mismo —exceptuando los ingresos de la renta básica— que otro colectivo de características similares. En cambio, la renta básica sí sirvió para impulsar la salud, la autoestima y el optimismo hacia el futuro de sus beneficiarios.


Ya antes de que el pasado viernes se presentaran las conclusiones de un experimento inédito en Europa, Mujara se mostraba seguro de cuáles iban a ser. Y su respuesta se parecía bastante a la que más tarde darían los responsables del estudio. “Por supuesto que los participantes hemos seguido buscando empleo. Primero, porque con 560 euros no puedes vivir en Finlandia. Y segundo, porque tener la seguridad de un ingreso mínimo no te hace más vago”, aseguraba el jueves a este periódico. Al preguntarle por lo mejor de su experiencia, Mujara no dudó un instante: “la libertad”. Libertad de no tener que rellenar largos formularios para solicitar ayudas, libertad de saber que, pase lo que pase, a final de mes iba a tener un cheque, aunque fuera por una cantidad pequeña.


Los defensores del proyecto insistían en que una renta básica sin condiciones de ningún tipo evitaría que los receptores de ayudas rechazaran empleos por temor a superar el nivel de ingresos mínimos para recibir subsidios. Y que al no tener que ocuparse de la burocracia con los servicios sociales podrían dedicar ese tiempo a buscar empleo de forma más eficaz. Algunos participantes en el programa —elegidos por sorteo entre 175.000 personas que en 2016 percibieron algún tipo de subsidio por desempleo— cobraban una cantidad muy parecida a la que recibían antes, pero el nivel de estrés por la preocupación de renovar la solicitud descendió considerablemente. “La libertad te hace más creativo. Y ser más creativo te hace más productivo”, resume Mujara.


La renta básica es una idea ya antigua. Y, frente a la imagen muy extendida de que se trata de una iniciativa izquierdista, en ocasiones ha sido defendida por ideólogos liberal-conservadores que la presentaban como la excusa perfecta para eliminar las otras ayudas sociales. El experimento finlandés nació, como admiten sus impulsores, con dos limitaciones: estar dirigida a un grupo concreto, el de los desempleados, y una duración predeterminada de dos años.


Olli Kangas, profesor de la Universidad de Turku que ha liderado la investigación, se muestra satisfecho con los resultados, pese a insistir en que son aún provisionales. El próximo año se conocerán las conclusiones finales. Pero por ahora destaca la importancia de que los participantes en el piloto se hayan sentido más seguros, al mando de sus vidas y con mejor salud mental y física. “Soy consciente de que los detractores de la renta básica no prestarán atención a estas mejoras, y se centrarán en que el proyecto no tuvo efectos en su situación laboral”, continúa Kangas.


Lo cierto es que la posibilidad de que Finlandia introduzca algún tipo de renta básica con carácter generalizado parece alejarse más y más. El proyecto nació con la idea de ser prorrogado y ampliado a otros grupos más allá de los desempleados, pero el Gobierno de centroderecha anunció en abril de 2018 que se quedaría en solo dos años. El ministro de Finanzas, Petteri Orpo, ha dejado claro su desdén por el programa. Y ninguno de los grandes partidos que aspiran a obtener una mayoría en las elecciones parlamentarias del próximo abril muestran muchas simpatías por ampliar el proyecto. “Ni los socialdemócratas ni los conservadores ni los sindicatos defienden la renta básica”, admite el investigador Kangas.

En el mundo académico, las posturas están muy enfrentadas. Miguel Ángel García, investigador de Fedea, no esconde su escepticismo ante una renta básica cuya puesta en práctica no solo sería “cara sino complicadísima”. “No creo que la sociedad fuera a recibir bien una renta generalizada para todos. Y que un jubilado que ha trabajado toda su vida cobrara lo mismo que alguien que se ha esforzado menos. Creo que es prioritario buscar soluciones para colectivos como los trabajadores pobres y los que no acceden al mercado laboral, más que impulsar medidas tan dudosas como la renta básica”, añade.


Enfrente se topa con activistas como Guy Standing, investigador en la Universidad de Londres y autor de La renta básica, Un derecho para todos y para siempre, que cree necesario replantear todo nuestro concepto de trabajo y de tiempo, y buscar recursos donde sea para garantizar unas condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos. “La experiencia de Finlandia no es un buen ejemplo, porque los participantes fueron elegidos al azar en todo el país. Y no en una pequeña comunidad, donde los beneficios son más evidentes”, explica por teléfono.


Kangas, el responsable del estudio finlandés, admite algunas deficiencias en su experimento y que quizás la perspectiva de una renta básica en su país es hoy aún menos realista que ayer. Pero, se pregunta, ¿quién sabe qué ocurrirá a medio plazo? “¿Acaso un estadounidense de hace 200 años podría imaginarse que la esclavitud iba a ser abolida?”, lanza al aire.


DISTINTAS PRUEBAS CON DISTINTOS MODELOS


Existen casi tantas rentas básicas como defensores tiene estas. En su forma más pura, se trata de un pago estatal de carácter universal (para todos los miembros de una comunidad), incondicional (al margen de ingresos y riqueza) e ilimitado en el tiempo.


Lo que puede parecer una iniciativa utópica cuenta con un congreso anual donde se presentan estudios científicos. Y países tan dispares como Canadá, India, Kenia, EE UU, Holanda, Alemania o España han llevado a cabo o planean experimentos con distintos tipos de rentas básicas. La muy comentada renta ciudadana del M5S italiano ha quedado finalmente reducida a una forma de completar el subsidio por desempleo hasta un máximo de 780 euros.


Guy Standing, uno de los mayores conocedores —y defensores— de la renta básica, destaca la experiencia de Kenia, donde 21.000 adultos recibirán una renta hasta 12 años, por su larga duración e impacto en una comunidad, en lugar de un colectivo disperso, como en Finlandia.

Por LUIS DONCEL
Madrid 10 FEB 2019 - 15:47 COT

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"El enviado de Trump para Venezuela es un criminal de guerra y un cómplice de genocidio"

Como parte de los esfuerzos de EE.UU. para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, el vicepresidente Mike Pence se reunió en la Casa Blanca con miembros de la oposición venezolana, junto al nuevo enviado especial de Trump para Venezuela, Elliott Abrams. Abrams es un “halcón”, procesado en 1991 por mentir al Congreso durante el escándalo Irán-Contra. En la década de 1980, Abrams defendió al dictador Efraín Ríos Montt mientras supervisaba su campaña de asesinatos y tortura masiva de comunidades indígenas en Guatemala. Además, en el año 2002 Abrams estuvo vinculado al intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela.

 

Para ampliar esta información, vea el análisis del historial de Abrams que hacemos en Democracy Now! junto al galardonado periodista de investigación Allan Nairn, que lo investiga desde hace más de tres décadas. Nairn ha ganado el premio George Polk en dos oportunidades y también ha recibido el premio de la organización Robert F. Kennedy Memorial.
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Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.


AMY GOODMAN : Mientras se desarrolla la crisis en Venezuela, regresamos a mi conversación con el premiado periodista de investigación Allan Nairn. Le pedí que nos hablara sobre Elliott Abrams, el nuevo enviado especial de Estados Unidos para Venezuela.
ALLAN NAIRN : Abrams fue el hombre clave en la política del Gobierno de Reagan hacia Centroamérica, cuando ese Gobierno estaba instigando lo que un tribunal dictaminó recientemente como un genocidio en Guatemala, cuando Estados Unidos apoyaba al Ejército de El Salvador en una serie de asesinatos y masacres realizadas por escuadrones de la muerte, y cuando Estados Unidos invadía Nicaragua con grupos armados de la Contra que atacaban lo que un general estadounidense describió como “objetivos fáciles”, en referencia a civiles, cooperativas y cosas así. Abrams luego regresó durante el gobierno de George W. Bush, se unió al Consejo de Seguridad Nacional y fue un hombre clave en la implementación de la política estadounidense de respaldo a los ataques israelíes contra Gaza, cuando Estados Unidos se negó a aceptar los resultados de las elecciones en Gaza en las que Hamas derrotó a Fatah, y en cambio Abrams y sus secuaces respaldaron una operación de guerra para anular los resultados de las elecciones y respaldar a las fuerzas de Mohammed Dahlan. Algunos comentaristas han dicho: “Bueno, Abrams no es del grupo de Trump. El representa lo tradicional, la política exterior de Estados Unidos ya establecida”. Y eso es verdad. El problema es que esa política de Estados Unidos ha sido la de fomentar los genocidios cuando Estados Unidos lo ha creído necesario. En el caso de Guatemala, Abrams y el Gobierno de Reagan estaban aprobando el envío de armas, dinero, inteligencia y la provisión de cobertura política al Ejército de Guatemala mientras este estaba arrasando las zonas mayas de las montañas del noroeste, borrando de la faz de la tierra 662 pueblos, según cifras del propio Ejército, decapitando niños, crucificando personas, usando las tácticas que ahora asociamos con el ISIS . En un caso particular, en 1985, una activista que trabajaba con familiares de personas desaparecidas, llamada Rosario Godoy, fue secuestrada por el ejército. Ella fue violada y su cuerpo mutilado fue encontrado junto al de su bebé. Las uñas del bebé habían sido arrancadas. Cuando se le preguntó al Ejército guatemalteco acerca de esta atrocidad, dijo: “¡Oh!, murieron en un accidente de tráfico”. Cuando se le preguntó a Elliott Abrams sobre este incidente, él afirmó también que murieron en un accidente de tráfico. Esta activista fue violada y mutilada, y su bebé apareció con las uñas arrancadas, y Abrams dijo que fue un accidente de tráfico. Es algo muy similar a la postura que Abrams tomó sobre Panamá. Cuando Noriega, el dictador de Panamá respaldado por la CIA , quien estuvo involucrado en el narcotráfico, y al que Estados Unidos más tarde decidió derrocar… cuando las fuerzas de Noriega secuestraron al disidente panameño Hugo Spadafora y le cortaron la cabeza con un cuchillo de cocina, Jesse Helms fue el único que intentó investigar en el Congreso de Estados Unidos, y Elliott Abrams lo detuvo, diciendo: “No, necesitamos a Noriega. Él está haciendo un muy buen trabajo. Está cooperando con nosotros”. En el caso de El Salvador, luego de la masacre en El Mozote, donde un batallón entrenado por Estados Unidos masacró a más de 500 civiles, degollando a niños por el camino, Abrams tomó la iniciativa en negar que tal cosa hubiera sucedido. Y luego describió los resultados de las políticas del Gobierno de Reagan hacía El Salvador como un logro fabuloso. Lo dijo incluso después de que la Comisión de la Verdad de El Salvador emitiera un informe diciendo que más del 85% de las atrocidades habían sido cometidas por las fuerzas armadas y los escuadrones de la muerte, que tenían una práctica particular que consistía en cortar los genitales de sus víctimas, metérselos luego en la boca, y dejarlos a la vista de todos en los bordes de las carreteras de El Salvador. Cuando yo aparecí en el programa de televisión de Charlie Rose con Elliott Abrams, sugerí que él debería ser sometido a juicio, llevado ante un tribunal al estilo de Nuremberg y juzgado por su papel en la facilitación de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Abrams se burló de la idea, y dijo que era algo “ridículo”, pero en realidad no negó ninguno de los hechos respecto a lo que había hecho. Dijo que todo había sido necesario en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, este es Elliott Abrams, quien ahora ha sido nombrado como la persona a cargo de los aspectos clave de la política de Estados Unidos hacia Venezuela.


AMY GOODMAN : Allan, veamos ese video. Esto ocurrió en marzo de 1995, cuando usted y Elliott Abrams estuvieron en el programa de Charlie Rose de la cadena PBS. El video empieza con usted.
ALLAN NAIRN : Es decir, creo debemos aplicar las mismas reglas. El presidente Bush habló una vez de someter a Saddam Hussein a juicio por crímenes de lesa humanidad, en un tribunal como el de Nuremberg. Creo que es una buena idea. Pero si eres serio, tienes que ser imparcial. Si nos fijamos en un caso como este, creo que tenemos que empezar a hablar de llevar a juicio a funcionarios guatemaltecos y estadounidenses. Creo que alguien como el señor Abrams sería un sujeto para una investigación similar a la de Nuremberg. Pero estoy de acuerdo con el señor Abrams en que los demócratas tendrían que sentarse en el banquillo de los acusados junto a él. El Congreso ha estado involucrado en esto. El Congreso aprobó la venta de 16.000 fusiles M-16 a Guatemala. En 1987 y 1988…


CHARLIE ROSE : De acuerdo, pero espera un segundo. Yo solo… antes… porque…
ALLAN NAIRN : …votaron a favor de enviar más ayuda militar de la que los republicanos habían pedido.


CHARLIE ROSE : Una vez más, lo invito a usted y a Elliott Abrams a volver a discutir lo que él hizo. Pero ahora mismo…
ELLIOTT ABRAMS : No, gracias, Charlie, pero no aceptaré…


CHARLIE ROSE : Espere un segundo. Adelante. ¿Quieres responder a la pregunta sobre si debe ir a juicio?
ELLIOTT ABRAMS : Es ridículo. Es ridículo responder a ese tipo de estupidez. Este tipo cree que estábamos en el lado equivocado en la Guerra Fría. Tal vez él personalmente estaba en el lado equivocado. Soy uno de los muchos millones de estadounidenses que se alegraron de ganar.
ALLAN NAIRN : Señor Abrams, usted estaba en el lado equivocado al apoyar la masacre de campesinos y activistas, y cualquiera que se atreviera a hablar. Y eso es un crimen. Eso es un crimen, señor Abrams, por el que la gente debe ser juzgada. Las leyes de Estados Unidos…
ELLIOTT ABRAMS : Sí, claro, someteremos a juicio a todos los funcionarios estadounidenses que ganaron la Guerra Fría.


AMY GOODMAN : Allan, ese era Elliott Abrams respondiéndole en en el programa de Charlie Rose en PBS. ¿Su respuesta?
ALLAN NAIRN : Bueno, creo que lo que dijo en nuestro intercambio habla por sí mismo. Pero debo señalar que el pasado septiembre, el pasado 26 de septiembre, en un juicio por genocidio en Guatemala, un juicio en el que testifiqué y di evidencia, el tribunal dictaminó que lo que el ejército guatemalteco hizo en Guatemala, en el caso de ese juicio en particular, lo que le hicieron a la población maya ixil, pero también se lo hicieron a otras poblaciones maya en Guatemala. En ese juicio el tribunal dictaminó formalmente que eso constituyó un genocidio. Y en su fallo, y esto es bastante importante, dijeron que este genocidio fue llevado a cabo por el ejército guatemalteco en acuerdo con y, esencialmente, a instancias de las políticas de Estados Unidos, de los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, el caso era muy sólido en la década de 1990, cuando argumenté en el programa de Charlie Rose que Abrams debería ser llevado a juicio, pero ahora es aún más fuerte, porque existe el dictamen del tribunal guatemalteco sobre este genocidio, diciendo que ese genocidio deriva de las políticas de Estados Unidos. Y eso ni siquiera incluye lo que se hizo con El Salvador, Panamá, Nicaragua, Palestina y otros lugares.


AMY GOODMAN : Vamos a ver un fragmento de lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo cuando anunció que Elliott Abrams sería la persona clave en Venezuela.
SECRETARIO DE ESTADO MIKE POMPEO : La pasión de Elliott por los derechos y libertades de todos los pueblos le hacen la persona perfecta y una incorporación valiosa y oportuna. […] Elliott será un verdadero activo para nuestra misión de ayudar a los venezolanos a restaurar plenamente la democracia y la prosperidad de su país.


AMY GOODMAN : Allan Nairn, ¿su respuesta?
ALLAN NAIRN : Bueno, Abrams ciertamente tiene pasión. Tiene mucha pasión. Y también es muy inteligente. Entonces, cuando Estados Unidos estaba respaldando al ejército guatemalteco en lo que ahora ha sido juzgado como genocidio, cuando daba apoyo, entrenando, incluso en algunos casos participando en los interrogatorios junto con los escuadrones de la muerte que Estados Unidos creó originalmente, Abrams fue muy apasionado para asegurarse de que las armas y el dinero llegaran a su destino, y en aparecer persistentemente en la televisión estadounidense, en programas como Nightline, aplastando a los débiles demócratas que llevaban a debatir con él, porque Abrams siempre basaba su argumento en los principios morales para defender ese apoyo de Estados Unidos a los asesinatos masivos y el genocidio en Centroamérica. En ese momento, por ejemplo, en El Salvador una de las cuestiones políticas inmediatas era que el gobierno del presidente Duarte, y el Ejército que apoyaba a Duarte era esencialmente respaldado, prácticamente operado por Estados Unidos, y los rebeldes estaban desafiando a Duarte, tratando de derrocarlo. Y Abrams le decía a los demócratas: “Entonces, ¿está diciendo que deberíamos dejar caer al presidente Duarte? ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Y dejar que El Salvador se vuelva comunista?” Y los demócratas se derrumbaban ante su argumento, respondiendo: “No, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tienes… tenemos que mantener al presidente Duarte en el poder”. Y entonces Abrams decía: “Bueno, ¿cómo podemos mantener a Duarte en el poder si no apoyamos al ejército salvadoreño? Así que siempre fue muy apasionado y comprometido. ¿Comprometido con qué? Comprometido con los asesinatos en masa al servicio de lo que podría definirse como intereses o incluso capricho de Estados Unidos, porque de hecho, aunque todo eso estaba siendo retratado por Abrams y otros en ese momento como una batalla para prevenir que El Salvador, Guatemala y Nicaragua se convirtiesen en aliados de la Unión Soviética, cualquiera que estuviera familiarizado con los hechos en el terreno sabía que eso era ridículo. Eso no era en absoluto lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era una batalla entre oligarquías locales, quienes estaban conduciendo a la mayoría de los campesinos pobres y de la clase obrera de esos países al borde de la hambruna, y en algunos más allá del borde. La mitad de los niños en las zonas más pobres morían antes de los 5 años. Las personas que se atrevieron a hablar en contra de los oligarcas que imponían estas condiciones económicas, o contra el ejército, fueron capturados, secuestrados por escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos. El hombre que creó los escuadrones de la muerte salvadoreños, el general Chele Medrano, me describió esto con gran detalle, en 13 horas de entrevistas. Medrano me mostró una medalla de plata que le fue otorgada en el Despacho Oval por lo que llamaron un servicio meritorio excepcional, que comenzó originalmente en el Gobierno del presidente Lyndon Johnson, y esto continuó hasta la época de Abrams. Eso es lo que Estados Unidos estaban haciendo. Y eso es lo que él defendía apasionadamente. Y no tenía nada que ver con defender la libertad de los pueblos. Tiene más que ver con defender las libertades de los generales y corporaciones y dictadores.


AMY GOODMAN : Volveremos con el periodista de investigación Allan Nairn después de la pausa. [Pausa] Esto es Democracy Now! democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman. Mientras seguimos analizando la crisis en Venezuela y el nuevo enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, volvemos a mi conversación con el premiado periodista de investigación Allan Nairn.
AMY GOODMAN : Vayamos a lo que sucedió en el escándalo Irán-Contra o Irangate en la década de 1980. En última instancia, Elliott Abrams fue declarado culpable de mentir al Congreso, creo que dos veces. Finalmente, sin embargo, el presidente George H. W. Bush lo perdonó. Pero ¿por qué le había mentido al Congreso?
ALLAN NAIRN : Bueno, él estaba mintiendo para encubrir el hecho de que el Gobierno de Reagan llevó a cabo una operación, de la que él fue parte, una operación dirigida por Oliver North, para suministrar armas a la Contra nicaragüense creada por Estados Unidos para llevar a cabo agresiones contra Nicaragua, invadir Nicaragua e ir tras esos blancos suaves, lo que el general estadounidense Galvin describió como “blancos suaves”. Pero estaban haciendo eso ilegalmente en ese momento, porque el Congreso lo había prohibido, pero el Gobierno de Reagan y Abrams y sus colegas decidieron simplemente ignorar el mandato legal del Congreso y pasar a la clandestinidad. Y para pasar a la clandestinidad, decidieron sacar mucho de su dinero de, entre todos los lugares, Irán, que era un enemigo declarado de Estados Unidos en ese momento. Y negociaron, hicieron un trato complejo mediante el cual obtuvieron dinero de Irán, a cambio de proporcionar… de dejar que pasaran las armas. Usaron ese dinero para enviárselo a la Contra, y la Contra pudo continuar sus atrocidades. Y eventualmente tuvieron éxito. Los contras tuvieron éxito al derribar temporalmente el gobierno sandinista de Nicaragua. Pero, y este es un punto muy interesante, y muy relevante en este momento con la investigación de Mueller. Los cargos de los que fue acusado Abrams, y de los que se declaró culpable, fueron relacionados con el aspecto más trivial tanto de la operación de la Contra como de toda la política de Estados Unidos en Centroamérica, de la cual él era esencialmente el cerebro. El aspecto más trivial, sólo relacionado con el hecho de que le mintió al Congreso, tratando de encubrir algunas transacciones de dinero. Nunca fue acusado por los fiscales de Estados Unidos por el suministro de armas a los terroristas, que era como se estaban comportando el Ejercito salvadoreño, el Ejército guatemalteco y los grupos de la Contra respaldada por la CIA , como terroristas, es decir, matando y torturando a civiles para fines políticos. Abrams no fue acusado de eso. No fue acusado de incitar a delitos de lesa humanidad o genocidio. Solo fue acusado del aspecto más trivial, porque así es como funciona el sistema, particularmente el sistema estadounidense. Los crímenes que son demasiado grandes, demasiado enormes, una amenaza demasiado grande para la supervivencia del propio sistema, como el apoyo a genocidios en el extranjero, no se puede condenar. Pero si cometes una ofensa más insignificante, que Dios te ayude, porque podrías estar en un verdadero problema. Y esa parece ser la situación de algunos de los aliados de Trump en este momento, siendo acusados de mentir a la investigación de Mueller, por lo general, en asuntos bastante pequeños en comparación con las cosas más grandes que Trump está haciendo en este momento, como arrebatar a menores de los brazos sus padres y madres en la frontera con México, aumentar los bombardeos y, por lo tanto, los asesinatos de civiles, en Irak, Siria y Afganistán, y un montón de cosas más. Y Abrams, por cierto, y esto tal vez también sea relevante por lo que está pasando hoy, fue luego indultado por Bush. Y la persona que presionó para eso fue Barr, quien era el fiscal general en ese momento y ahora es el fiscal general entrante de Trump. Pero, repito, Abrams, aunque se declaró culpable por haber mentido, todavía tiene que enfrentar la justicia real, así como los generales y presidentes de Estados Unidos, como el presidente… en este caso, hablando de Centroamérica, especialmente el presidente Reagan. Reagan nunca se enfrentó a la justicia, y Abrams aún no se ha enfrentado a ella, pero deberían hacerlo. ¿Por qué Estados Unidos no puede convertirse en un lugar tan civilizado como Guatemala? Guatemala logró organizar un juicio por genocidio contra el general Ríos Montt, su ex dictador, el general que fue la figura clave en las masacres. Lo condenaron la primera vez. Lo sentenciaron a 80 años. La oligarquía exigió que se revocara el veredicto. Se revocó. Entonces el juicio se reinició desde la mitad del camino. Ríos Montt, para entonces, había muerto. Pero el juicio renovado trajo un veredicto diciendo que el Ejército había cometido genocidio en conformidad con los intereses de Estados Unidos. Y esto se hace en el contexto de un Gobierno guatemalteco profundamente corrupto, que está tratando de enmendar las leyes de Guatemala para que todos los criminales de guerra condenados puedan ser liberados de la cárcel. Con el apoyo del presidente Trump en este momento, y con apoyo externo clave del presidente de Israel, Netanyahu, quien está presionando al Gobierno de Trump en su nombre, y con Mike Pence actuando como el hombre clave, el actual gobierno guatemalteco está intentando no solo para liberar a los criminales de guerra de la cárcel, sino también para callar a todos los fiscales dentro de Guatemala, algunos de ellos fiscales respaldados por la ONU con una institución, llamada CICIG , que han estado procesando al propio presidente Morales de Guatemala. y otros oligarcas y militares por cargos de corrupción. Están tratando de… en algunos casos, de echar del país a los fiscales en otros, despedirlos, y en todos los casos, despojarlos de su protección policial para dejarlos indefensos ante las mafias, los traficantes de drogas y los políticos y oligarcas corruptos a los que están tratando de procesar, todo eso ahora con el respaldo de Trump. Y es en ese tipo de contexto político en el que los valientes sobrevivientes de las atrocidades respaldadas por Abrams en Guatemala, el puñado de abogados, fiscales y jueces honestos en Guatemala, fueron capaces de lograr el milagro político de organizar estos juicios por genocidio y crímenes de lesa humanidad, y condenar y mandar a la cárcel a una serie de funcionarios de alto nivel. Entonces, si pueden hacer eso en Guatemala, ¿por qué no podemos hacer eso aquí en Estados Unidos? ¿Por qué no podemos al menos aspirar a ese nivel de coraje, conciencia política y espíritu cívico? Recuerdo que cuando el veredicto contra el general Ríos Montt estaba siendo leído, yo estaba en la corte, y estaba pensando: “Dios mío, imagina si esto se hiciera en Estados Unidos. Imagina un juicio en Texas a Bush Jr. por lo ocurrido en Irak, o a Obama para los asesinatos con drones, o para una figura como Elliott Abrams por lo ocurrido en Guatemala, El Salvador y en otros lugares”. Y realmente es inconcebible en el momento político actual en Estados Unidos. Pero creo que llegaremos a ese punto. Y debemos tomar el ejemplo de los valientes supervivientes y abogados de Guatemala.

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¿El “plan” económico de un país “borracho”?

Cual fiestero “borracho”, sin dinero y con caminar tambaleante, el país regresa al “hogar” neoliberal -así sea a rastras-, de la mano del gobierno de Lenín Moreno (impulsado por la inercia de las medidas de política económica adoptadas por el gobierno anterior). Si bien desde diversas corrientes (derechas, “izquierda” progresista, las otras izquierdas... y demás), se ha acusado al morenismo de no tener un verdadero plan económico, a estas alturas (y con casi medio período de gobierno sobrevivido) parece que el “plan” es la improvisación. Un “plan” que, por cierto, se despliega por capítulos aparentemente disconexos de una telenovela que apunta a un climax de fin de temporada: el retorno al redil del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y de ahí empezará una nueva temporada de la tan conocida serie neoliberal, que no será más de lo mismo, sino más de lo peor…

Cualquiera que vea al “borracho” país de la mano de un gobierno delirante (que canta a los cuatro vientos su sueño de producir con la mano derecha y repartir con la izquierda ), creerá que la borrachera fue causada por la enorme irresponsabilidad de diez años de desperdicio que nos han llevado a una grave crisis económica. Si biern la crisis existe (como ejemplo basta mencionar cuatro años de un PIB per cápita estancado), ese desperdicio de la década es solo una parte de toda esta historia... pues el “borracho” país no está así por voluntad propia, ¡lo han emborrachado permanentemente y lo siguen haciendo!


De hecho, mientras el morenismo distrae al pueblo con llamadas xenófobas y continuos culebrones en contra del correísmo -su eterno fantasma-, por otro lado, aprovecha la distracción para consolidar su supervivencia con entreguismos vergonzosos [2] y medidas desesperadas. Así, luego del “ajuste” a los subsidios de las gasolinas y la adquisición apurada de endeudamiento con China por 900 millones de dólares a fines del año pasado , se colocaron bonos soberanos por 1.000 millones a diez años plazo y a una tasa de interés del 10,75% . La tasa de dicha colocación es una de la más altas desde el contraataque de la deuda externa durante el correísmo, lo cual muestra que la situación económica ecuatoriana es crítica [3] más cuando se compara con los créditos obtenidos por países vecinos como Colombia .


Es en ese marco de improvisación e imparable endeudamiento donde se perfila la arremetida morenista para acelerar las concesiones, en lo que -de a poco- parece constituirse como la gran orgía privatizadora del siglo XXI. Usando como pretexto una lectura fiscalista de la crisis (para la cual el problema es conseguir recursos económicos y balancear las cuentas fiscales como sea), se apuntala una gran oleada de privatizaciones, que vendrá acompañada de más flexibilizaciones y liberalizaciones. Una oleada que busca convencer al pueblo ecuatoriano que, por definición, toda empresa pública es ineficiente y generadora de pérdidas. Razonamiento simplón [4] que se complementa con el pérfido engaño a la opinión pública de que las concesiones no son privatizaciones.


Las pretensiones son grandes. En la mira está, en primer puesto, la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El asesor presidencial Santiago Cuesta dijo que se entregaría por 20 años la administración de la empresa a cambio de 4 mil millones de dólares en ingresos para el Estado . Lo raro es que Contraloría publicó un informe de 2018 hecho por una auditora privada revelando la compleja situación de la empresa. La CNT no tiene contabilidad y no hay datos certeros de cuánto dinero gana o pierde. Un informe de 2017 señala que, hasta 2016, el patrimonio de CNT crecía a razón de 132 millones por año y que en 2017 se produjo curiosamente una pérdida patrimonial de 1.343 millones. En esas condiciones de incertidumbre sorprende la certeza con la que opina el asesor del presidente Moreno, más aún cuando se recuerda que, en 2016, la CNT declaró una rentabilidad de 221 millones .


Luego de CNT, el propio discurso oficial permite entrever que el festín privatizador -disfrazado de concesiones- parece estar dando sus primeros pasos tras las hidroeléctricas e incluso tras el servicio de salud del IESS . Hasta las presiones para terminar con la protección a la “industria audiovisual”podrían mencionarse en este punto como ejemplo de los méritos que el país debe hacer para acceder a tratados de libre comercio (sobre todo con los EEUU y para ingresar a la Alianza del Pacífico). Tratados que presionan al desmantelamiento de las protecciones a un potencial desenvolvimiento endógeno sustentado sobre todo en las empresas nacionales pequeñas y medianas, a la vez que benefician a los grandes capos del comercio, consolidando -como objetivo último- nuestra condición de economía primario exportadora.


Por cierto, cabe aclarar que el empeño privatizador de Moreno en el fondo va cristalizando el plan de su antecesor. En 2016 Correa propuso un gran paquete de concesiones en donde la CNT abriría -con una alianza público-privada- hasta el 49% de su capital a inversionistas privados (en ese entonces el pretexto era la obtención de recursos para la reconstrucción de la infraestructura devastada luego del sismo del 16 de abril de 2016). Igualmente, Correa destacó que entre los potenciales activos a la venta también estaban las hidroeléctricas, como Sopladora, una hidroeléctrica de poco menos de 500 megavatios en la que se invirtió cerca de 800 millones de dólares. La idea de Correa era transformar en liquidez la riqueza del Estado. Y él se declaró dispuesto a vender también el Banco del Pacífico, los canales incautados TC Televisión y GamaTV (75 millones entre los dos), TAME. En definitiva, ya desde el “progresismo” corresísta se veían los inicios del festín privatizador .


Si bien esos planes no prosperaron, Correa logró concesionar puertos, por 50 años: Puerto Bolívar, Manta, Posorja (sin licitación) ... entregándolos a consorcios transnacionales asociados con grandes consorcios oligáricos criollos, como el grupo de Isabel Noboa Pontón. Igualmente Correa dio paso ala venta de empresas como el ingenio AZTRA o cementeras en condiciones más que ventajosas para los capitales privados . Asimismo, el correísmo se encargó de llevar a cabo una “privatización encubierta” del sistema de salud .


Lo que cuenta es que el correismo fracasó en fortalecer y dinamizar las empresas públicas, como pasó con Petroecuador: la petrolera estatal pudo asumir directamente la extracción de crudo de los conocidos “campos maduros” de petróleo; pero en vez de eso el correísmo entregó el campo Auca a la transnacional Schlumberger e intentó -sin éxito- entregar Sacha a Halliburton , campo que ya había sido entregado al inicio de su gestión a la estatal petrolera venezolana PDVSA (actos que el propio Rafael Correa, en 2005 y 2006, consideraba textual y públicamente como “ una traición a la patria ”). Y si de extractivismos hablamos, prohibido olvidar el festín minero del siglo XXI impulsado frenéticamente por Correa , que continúa su marcha en tiempos morenistas .


Llegados a este punto, cabe hacerse algunas preguntas muy serias: ¿cómo llegó el “borracho” país a esta situación?, ¿lo emborrachó el “excesivo” gasto público?, ¿fue el agresivo endeudamiento adquirido entre el fin del correísmo y todo el morenismo?, ¿fue el déficit fiscal?, ¿fue el tamaño del Estado?, ¿fue la implosión de la burbuja petrolera vivida desde 2015 (junto con la apreciación del dólar y el encarecimiento del crédito externo)?


Más allá de lo que digan los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) (teólogos acérrimos del neoliberalismo), a nuestro criterio la borrachera no es coyuntural, es estructural: todos los gobiernos, con diversa intensidad dependiendo de la disponibilidad de la bebida, han emborrachado al país de recursos provenientes de una -larga e histórica- dependencia del mercado mundial; dependencia que en tiempos recientes ha adquirido la forma de rentas petroleras e ingresos por deuda externa. Recursos que siguen ocultando los problemas estructurales que no se resuelven solo con ajustes fiscales.


Incluso en el caso hipotético de una contracción abrupta del déficit, el país no va a salir del mareo si no se retoma una agenda de transformación estructural seria, profunda y que tenga entre sus protagonistas a los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, de las cooperativas y asociaciones, del campesinado (actualmente abandonados en medio de un creciente deterioro del empleo ). Sin duda hay problemas urgentes que enfrentar (como la presión fiscal causada por los gastos corrientes cada vez más difíciles de cubrir, como sueldos o pago de intereses de la deuda pública), pero esos problemas nacen de desequilibrios estructurales que deben enfrentarse tarde o temprano.


Penosamente, el camino con el morenismo no es el de la transformación estructural. Más bien es, como dijimos al inicio, el retorno al FMI. Cuál pareja furiosa, el Fondo nos espera con garrote en mano para “castigar” la “borrachera”; lo que, puesto en palabras de Pablo Lucio Paredes, uno de los más recalcitrantes economistas OCP, significa “ … sobre todo poner orden en las finanzas públicas ¡con más energía y credibilidad! ” . Ese enérgico garrote del FMI que nos espera si no cambiamos de rumbo no va a caer en los verdaderos responsables de la crisis. Y tampoco nos va a liberar de la adiccióna los extractivismos (petrolero, bananero, minero…), más bien los va a profundizar. Pues, repitamos, el país no se emborrachó porque quiso. ¡Lo han emborrachado, y lo siguen haciendo... para continuar saqueándolo!


¿Qué hacer al respecto? Pues, como primer paso, caminemos a puerto seguro, donde en vez del garrote fondomonetarista, el país tenga al menos la esperanza de decidir por voluntad propia como superar esta borrachera. Está en manos de la lucha popular [5] el que esa esperanza se haga realidad.-
Notas:
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[1] Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: Economistas ecuatorianos.
[2] Un ejemplo realmente vergonzante es el haberse sumado al grupo de los satélites del presidente norteamericano Donald Trump sobre la crisis de Venezuela, en lugar de mantener una posición digna como Uruguay y México, que proponen una salida al autoritario desgobierno de Maduro desde la propia sociedad venezolana (salida a la cual adherimos junto con muchas otras personas ).
[3] Cabe agregar que la tasa de colocación de los bonos soberanos también responde a las condiciones del mercado financiero internacional afectado por el incremento de las tasas de interés en los EEUU. Los efectos económicos de dicho incremento de las tasas de interés -cada vez más fuerte- incluso han generado pugnas entre Donald Trump y la Reserva Federal , a la vez que el resto del mundo enfrenta un mayor encarecimiento del financiamiento externo (tema delicado si se recuerda que a escala mundial parece existir una fuerte tendencia al sobreendeudamiento ).
[4] De hecho, la evidencia económica no parece mostrar que existan verdaderas diferencias entre las empresas públicas y privadas alrededor del mundo. Para muestra, se recomienda ver el artículo de David Hall y Tue Anh Nguyen (2018): “Economic benefits of public services”, Real-World Economics Review, No.84, pp.100-153 .
[5] Reconocemos que 2019 inició con un fortalecimiento del “músculo” de la lucha popular antineoliberal; ejemplo de ello fueron las protestas en Cotopaxi así como las nutridas movilizaciones del 30 de enero en varias ciudades del país en contra de las medidas económicas morenistas. Esperemos que esa lucha siga ganando “músculo” -y sobre todo “cerebro”- para evitar ser cooptada y pueda confrontar a un gobierno cuyas pretensiones de diálogo son cada vez menos creíbles. Para ello es crucial que empiece a converger la lucha popular antineoliberal con otras luchas sociales igualmente urgentes como, por ejemplo, la lucha feminista.

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Viernes, 08 Febrero 2019 05:45

La oposición va por Pdvsa

La oposición va por Pdvsa

El proyecto que representa Juan Guaidó no sólo se propone desguazar la estructura de protección social, sino también controlar y desnacionalizar lo más productivo de la economía venezolana: la petrolera estatal.


El proceso destituyente en Venezuela tiene algunos puntos de contacto entre las viejas dictaduras militares latinoamericanas de los años setenta. Por caso, el martes pasado la Asamblea Nacional que preside el autoproclamado Juan Guaidó aprobó una norma que lleva el rimbombante título de “Estatuto que rige la transición para la defensa y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. En su articulado se vislumbra el proyecto que representa Guaidó, que no sólo se propone desguazar la estructura de protección social sino, y sobre todo, controlar y desnacionalizar lo más productivo de la economía venezolana, la petrolera estatal Pdvsa.


El estatuto aprobado por la Asamblea tiene cierta similitud con el antiguo estatuto del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, redactado por los jerarcas de la dictadura cívico militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. La diferencia radica en que Guaidó y los suyos todavía no concretaron el golpe aunque actúen como si ya lo hubiesen logrado dictando de leyes que carecen de valor legal luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara a la Asamblea Nacional en desacato. No las pueden aplicar pero desnudan su objetivo golpista.


La oposición, haciendo una lectura antojadiza de la Constitución vigente, no solo justifica la autoproclamación de Guaidó como “presidente ‘encargado’” sino que flexibiliza el plazo de 30 días que le impone la Carta Magna para convocar a elecciones.


Si se cumpliese el artículo 233 de la Constitución, que tanto declama la oposición, el tiempo que tiene Guaidó para llamar a nuevas elecciones presidenciales vencería el próximo 23 de febrero. Sin embargo, el “estatuto” aprobado establece que ese período comienza a correr una vez que Maduro abandone el cargo y se retire del Palacio de Miraflores, sede del gobierno central. Por lo tanto, hasta que eso no ocurra, los 30 días no comienzan a correr y Guaidó puede seguir jugando a ser presidente interino.


Por si acaso y para que tenga una apariencia legal, los diputados opositores de la Asamblea Nacional reinterpretaron el artículo 26, que ahora contempla que si Nicolás Maduro no abandona el gobierno o, como afirma el artículo, no se produzcan “las condiciones necesarias”, la AN ascenderá a Guadó. Esto es, pasará de “presidente encargado” a presidente provisional, momento a partir del cual los famosos plazos del artículo 233 comienzan a desvanecerse. El mandato constitucional de Maduro vence recién en 2025 por lo que Guaidó podría seguir siendo un presidente virtual por tiempo indefinido al solo efecto de mantener el esquema de ataque permanente al Ejecutivo bolivariano.


Ahora bien, si Guaidó fuera designado por sus pares como presidente provisional tendrá como tarea prioritaria la conformación de “un gobierno de unidad nacional”, que tendrá que llamar a elecciones para que se complete el mandato que hoy ejerce Maduro. Eso sí, ese eventual gobierno de unidad tendría 12 meses para llamar a “elecciones libres”, aunque el texto deja abierta la posibilidad que ese plazo se alargara.


Al mismo tiempo, la redacción del artículo 29 es tan ambigua como peligrosa. Los diputados opositores consideran, en base a ese artículo, que un eventual gobierno provisional “podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República”. El artículo advierte además que esa solicitud de ayuda debería ser autorizada por la Asamblea Nacional, según lo exige la Constitución que el estatuto interpreta y modifica. Sin embargo, al no especificar qué tipo de ayuda podría reclamar Gaudió queda abierta la posibilidad de una eventual colaboración militar extranjera y así justificar una invasión.


El artículo 34 se concentra en el objetivo del plan golpista, el control de la petrolera estatal Pdvsa. En ese sentido, el gobierno provisional debería conformar una junta de administración ad-hoc, que podría estar integrada por especialistas extranjeros que, según afirma el estatuto, deberían mejorar el rendimiento de la empresa y, sobre todo, abrir Pdvsa a la inversión extranjera o, como se dice vulgarmente, privatizarla de hecho.


El estatuto se pergeñó con tanta impunidad que la oposición se permite afirmar que en todas las disposiciones que se dicten en el caso de Pdvsa “prevalecerá sobre cualesquiera otras normas aplicables y orientará la interpretación de cualesquiera otras formalidades requeridas en el ordenamiento jurídico venezolano”.


Por lo tanto, cuando Guaidó y los suyos hablan de transitoriedad cada vez queda más claro que esa condición no tiene plazos y que se propone tomar el control económico de Venezuela.

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Jueves, 07 Febrero 2019 06:08

América Latina, más allá de Venezuela

América Latina, más allá de Venezuela

Todos los partidos y medios parecen muy preocupados por las libertades y los derechos de la población venezolana, sin embargo poco se dice de esa otra América Latina, que está sufriendo el avance de los Gobiernos autoritarios con discursos genocidas y de las multinacionales que violan los derechos humanos de poblaciones enteras.

 

“Es una vergüenza que la caballería brasileña no fuera tan eficaz como los estadounidenses, que exterminaron a sus indios”. Desde luego la sentencia rezuma por todas partes militarismo, racismo y xenofobia. Pues bien, no es autoría de algún anónimo, sino frase literal del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y parece que este hombre está determinado a ser esa caballería que tanto admira, porque uno de sus primeros decretos, al asumir la presidencia el 1 de enero, amenaza directamente los territorios indígenas al poner estos bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, dirigido ahora por la líder de los terratenientes brasileños. A lo que se debe añadir, va en el mismo lote, la amenaza bastante real de acabar con la Amazonia en beneficio de garimpeiros, madereros, ganaderos o petroleras varias.

En Colombia, solo en 2018, fueron asesinados 35 líderes indígenas en un proceso en el que la construcción casi imposible de la paz se salpica diariamente con nuevas muertes, llegando a superar ampliamente las dos centenas en ese mismo año y la decena ya en las primeras semanas que han transcurrido del 2019. Aquellos liderazgos sociales que defienden que esa paz, para ser verdadera, debe cargarse de justicia y dignidad para las grandes mayorías del país, hoy siguen regando con su sangre campos y cunetas.


En Guatemala y Honduras se criminaliza y asesina, por tratar de ejercer los derechos humanos frente a oligarquías y transnacionales, y ello de forma especial en los territorios mayas, xincas o lencas, tal y como le ocurrió a la dirigente Berta Cáceres y a tantas otras mujeres y hombres. Toda la estructura de estos Estados se ha puesto al servicio de unas pocas familias, élites corruptas que manejan la totalidad del poder político y, por supuesto, el económico. Oligarquías que entregan estos países a la explotación desenfrenada de sus recursos naturales (agronegocios, mineras, hidroeléctricas…), en detrimento de quienes por siglos ahí vivieron.


En este mismo año 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado a Chile que cese en su discriminación a los indígenas. En especial, para el caso mapuche, discriminación siempre acompañada de represión y muertes de aquellos que reclaman el derecho a definir su presente y su futuro, así como a seguir defendiendo sus territorios. Estos espacios son, entre otros, continuamente invadidos por hidroeléctricas y forestales que los explotan y agotan en la búsqueda permanente del máximo de beneficio al menor costo posible despojando a este pueblo de sus derechos sobre los mismos.


Y así podríamos seguir alargando este listado de ataques e injusticias contra los pueblos indígenas en la mayoría de los países del continente. Mismo caso si hablamos del campesinado, de las mujeres, de los barrios pobres de las ciudades latinoamericanas. Es esta una constante hoy, cuando el neoliberalismo en sus versiones más duras vuelve, abiertamente aliado a posiciones de extrema derecha, para dominar en la mayoría de gobiernos de la región. Lo que supone que se reabren tierras y territorios a la explotación ciega de transnacionales madereras, mineras o hidroeléctricas, entre otras, o que se retorna a la privatización de servicios y sectores estratégicos y a la restricción de derechos.


Pero un repaso a los medios de comunicación en estas semanas nos llevará, si reparamos en ello, a constatar la invisibilidad de estas situaciones que, sin embargo, se repiten en una sucesión sin fin. No son Venezuela y los aparentes ideales de justicia, democracia y derechos humanos que tanto preocupan a algunos para este país, desaparecen en estos otros casos. Pueden olvidarse, no interesan.


En prácticamente la misma línea podemos recuperar una reciente declaración Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en la que llamaba al orden a cierta prensa por sus consideraciones y crónicas sobre la gran banca. Decía que “a los periodistas les gusta contar lo negativo”. Claro que esto se podría considerar simplemente la opinión de una persona, pero todo cambia cuando pensamos que esa persona es una de las más poderosas y ricas del Estado español y que su banco, entre otras cuestiones, posiblemente retiene gran parte de las deudas de la mayoría de los medios de comunicación, además del negocio que para éstos supone recibir (o no) la publicidad de un banco de estas características. Aviso a navegantes, que dice el refranero popular y toque de atención para que los medios sepan lo que interesa a las élites que se publique y lo que no es conveniente.


Podríamos entonces, más allá de hablar de las relaciones entre la banca y los medios de comunicación, buscar un sentido más profundo a la frase de Ana Botín y decir abiertamente que a las transnacionales no les gusta que se hable de lo negativo que hacen. Dominan y controlan medios y gobiernos para que todo sea el buen hacer de estas empresas en pro del desarrollo de los países, sin decir que, en realidad, hablan del desarrollo y crecimiento de sus negocios a costa de los países y pueblos.


Se entiende así que presidentes de gobierno, como por ejemplo Pedro Sánchez viaje a México y declare a su inmediata llegada que las empresas españolas “sólo crean prosperidad y empleo”. Mientras tanto oculta, por ejemplo, que en ese mismo país, principalmente en territorios indígenas del estado de Oaxaca, en el llamado Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec varias empresas españolas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, están generando desde hace años toda una serie de impactos socioecológicos y vulneración de derechos humanos, sistemáticamente denunciados por la población, que sigue sin ver llegar el desarrollo que constantemente se les promete.


Y en todo este contexto, se comprenden mejor exabruptos como uno de los últimos del Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, José Borrell, cuando dijo, en forma y fondo claramente racista y de desprecio absoluto hacia “el otro”, que los Estados Unidos tenían poca historia y que, básicamente, lo que habían hecho fue “matar a cuatro indios”.


Podemos dejarlo pasar, podemos entenderlo como el comentario insultante o un simple desliz de un señor. Pero así le quitaríamos importancia al hecho dramático que fue ese auténtico genocidio contra la población indígena de lo que hoy es el territorio estadounidense, y que ahora se califica como una cuestión menor por un ministro de Asuntos Exteriores. O, por el contrario, nos podemos preguntar si no es también una forma de justificar o minimizar tropelías, criminalizaciones y asesinatos que hoy, un siglo y medio después, se siguen cometiendo en ese mismo continente a fin de defender intereses económicos de oligarquías locales y transnacionales.


Recuperamos así la primera frase que abre este escrito del presidente brasileño, planteada en el mismo sentido de esta última, y podemos comprender entonces la comunión entre ambas de visiones, estereotipos y desprecio hacia los derechos humanos individuales y colectivos. Pronunciadas por aquellos que tienen, oficialmente, muy altas responsabilidades y que deberían tener como principal preocupación la mejora de las condiciones de vida de todas las personas y no solo de las minorías enriquecidas.


Cuesta así, cada día más, creer a estas élites políticas cuando nos hablan de la libertad, la democracia y los derechos humanos en determinados países mientras que, con sus relaciones estrechas con las élites económicas, siguen tejiendo y alimentando injusticias continuas contra países y pueblos enteros. Ocultan y se aprovechan ambas de esa otra América Latina sin atender a sus preocupaciones y dando a entender que ésta parte del continente no tiene derecho a la libertad, como si dicho derecho quedara reservado y cada día más restringido solo para aquellos y aquellas que están en la cúspide del sistema dominante.

Por JESÚS GONZÁLEZ PAZOS
MIEMBRO DE MUGARIK GABE

PUBLICADO
2019-02-06 13:19:00

Publicado enInternacional
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