Un negocio de La Habana con un cartel en el que advierte que no se aceptan pesos convertibles.YAMIL LAGE / AFP

A partir del 1 de enero desaparecerá el peso convertible, que era equivalente al dólar

 

El Gobierno cubano dio un nuevo paso en el proceso de reformas económicas que acomete y anunció, después de años de espera, la unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla, a razón de 24 pesos cubanos por dólar. La unificación, que entrará en vigor el 1 de enero, hará desaparecer del bolsillo de los cubanos el peso convertible (CUC), creado en 1994 y equivalente al dólar, quedando únicamente en circulación en la isla el peso cubano (CUP), medida que trata de enderezar las distorsiones macroeconómicas acumuladas durante décadas por una política igualitarista que fomentó los subsidios, pero que lastró la productividad y la eficiencia empresarial. Se dará a la población un plazo de seis meses para cambiar los CUC por pesos cubanos.

La llamada ‘Tarea Ordenamiento’, que abarca no solo la reforma monetaria y cambiaria, sino que supone numerosos cambios en la política de precios, salarios, pensiones, etc., era una de las medidas más demandadas por los economistas cubanos, pues sin ella hubiera quedado cojo el complejo proceso de cambios económicos que el país realiza en estos momentos, y que incluyen, entre otros, el impulso del trabajo autónomo y la pequeña y mediana empresa privada, la concesión de mayores márgenes de autonomía a la empresa estatal para estimular la productividad, y el fin de los subsidios a muchas de estas que son ineficientes. También se apuesta por empoderar a las autoridades locales para que favorezcan la inversión en sus territorios y flexibilizar la política para atraer inversión extranjera -esta misma semana se anunció que se permitirían empresas con participación mayoritaria de capital extranjero en todos los sectores, excepto en el de extracción de recursos naturales y prestación de servicios públicos-.

La solemnidad con que se anunció la reforma monetaria que viene, dio la dimensión de lo clave que es para la economía y las importantes consecuencias que tendrá para los cubanos a corto plazo. El primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, escoltó al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en una comparecencia especial en televisión en la que solo habló el segundo, y en la que advirtió claramente: “La tarea no está exenta de riesgos, uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la diseñada, agudizada por el actual déficit de oferta”.

Díaz-Canel afirmó que la unificación monetaria y cambiaria es “un paso decisivo en el ordenamiento monetario” del país y dijo que era imprescindible para llevar adelante el proceso de reformas, señalando que el éxito de estas no se logrará “mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo”. Los economistas ya han advertido que, a corto plazo, el golpe será duro para la población, pues se espera un proceso inflacionario que hará perder a la gente parte de su exiguo poder adquisitivo. Díaz-Canel se refirió a ello, al asegurar que en Cuba “no habrá terapias de choque” y que “nadie quedará desamparado”. “Los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores”, indicó.

Los males estructurales de la economía cubana son muchos, y uno de los graves era el de la política monetaria. Hasta ahora, las monedas en Cuba se canjeaban a diferentes tarifas: para las empresas, 1 dólar (o 1 CUC) era igual a un peso cubano, mientras para la población en la calle dólar y CUC eran 25 pesos cubanos. Un verdadero galimatías contable, un semillero de falta de competitividad y distorsiones con las que hoy se pretende acabar. “Ahora la economía se acercará más a la realidad”, señalaba un empresario extranjero, felicitándose por que finalmente se haya tomado la decisión, postergada muchas veces por su costo social.

Hoy mismo se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba una batería de Decretos-Leyes que complementan la reforma monetaria y que establecen una subida general de todos los salarios y pensiones (que se multiplican por cinco, como promedio) y también de los precios. Además, se han aprobado una serie de escalas salariales para estimular que el que trabaja más u ocupa un puesto de mayor responsabilidad pueda ganar más, tratando de acabar con el fenómeno de la pirámide invertida -el director cubano de una empresa puede ganar menos que un empleado de menor rango que reciba propinas en dólares-. El objetivo es reactivar la economía e incrementar la producción y la productividad, aunque eso depende otros muchos factores no resueltos y que la burocracia entorpece, señalan los analistas.

En su intervención, Díaz-Canel señaló que la reforma monetaria no es una “solución mágica” a los problemas económicos, aunque “pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda”.

Impacto económico

En la calle, lo que preocupa a la gente es lo obvio: como quedarán sus ahorros (quien los tenga) y cómo será su vida a partir de ahora. Todos estos cambios ocurren en medio de una grave situación económica en Cuba, agravada por la epidemia de covid-19, el parón del turismo y el recrudecimiento del embargo por la administración Trump, que ha dejado sin liquidez ni capacidad importadora al Estado. Para recaudar divisas extranjeras, las autoridades han abierto tiendas en moneda libremente convertible -en las que solo se puede pagar con tarjeta de crédito- donde se venden alimentos y electrodomésticos, mientras en los comercios de pesos cubanos los abastecimientos cada vez son menos. Aunque muchos cubanos no reciben remesas del exterior, las colas en ambas son kilométricas.

Otra consecuencia de la reforma monetaria y los cambios productivos que se pretenden será que muchas empresas estatales ineficientes -cerca de un 40% del total, según algunos analistas-, podrían quebrar y sus trabajadores verse en la calle. Marino Murillo, uno de los principales responsables económicos del Gobierno, ya anunció que a estas empresas se les dará un año para poner en orden sus cuentas antes de terminar con los subsidios. El sector privado, por razones obvias, se convierte más que nunca en una tabla de salvación para absorber gran parte de esta mano de obra, si las reformas salen adelante.

Por Mauricio Vicent

La Habana - 11 Dec 2020 - 13:46 COT

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Automóvil frente a la refinería El Palito en Puerto Cabello, estado de Carabobo. 2 de marzo de 2016 Foto: Marco Bello / Reuters

Los detenidos portaban "poderosos explosivos" para "detonar y destruir" el principal poliducto de bombeo de gasolina y otros productos.

 

El vicepresidente del área Económica y ministro para el Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, denunció este viernes que fueron detenidos dos ciudadanos que pretendían un "detonar y destruir" la refinería El Palito con "poderosos explosivos", bajo la presunta "protección y apoyo" del mandatario colombiano, Iván Duque.

"Este plan terrorista tenía como objetivo detonar y destruir nuestra refinería El Palito, a través de la utilización de poderosos explosivos. También pretendían explotar el principal poliducto de bombeo de gasolina y otros productos", precisó El Aissami.

Según la autoridad, "todo este plan fue preparado en Colombia por desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)", que tendrían "protección y apoyo por parte del gobierno de Iván Duque, quien autorizó directamente este atentado frustrado".

El Aissami precisó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, así como su Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), facilitaron el traslado e ingreso irregular a Venezuela de provisiones y dispositivos para la concreción del plan.

De acuerdo con el ministro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) "conocían y asesoraban a todos los terroristas involucrados en este ataque". Los detenidos, identificados como Francisco Javier Pacheco Pérez y César Antonio Guevara Díaz, poseían emulsión encartuchada Senatel, detonadores MS y LP tipo velita, booster de pentolita y cordón detonante.

El ministro agregó que este plan sería perpetrado antes del 6 de diciembre, "para generar una conmoción nacional", que derivara en la suspensión de las elecciones parlamentarias. 

"Nosotros lamentamos que nuevamente sea Colombia y su gobierno los que estén detrás de esta acción criminal, ya hay elementos e indicios suficientes que reposan en el Ministerio Público y forman parte de esta investigación", adelantó El Aissami, quien insistió en que el plan está directamente "acobijado, financiado y apoyado" por Duque.

El Aissami agregó que los detenidos "han confesado todo". "Los contactos que tienen en Colombia, cómo los llamaron, cuánto les pagaron, qué les dieron para preparar y organizar este atentado, cuya segunda etapa era una incursión de oficiales desertores y colombianos entrenados en Cúcuta".

El ministro recalcó que este plan puso en riesgo la vida de centenares de venezolanos, y "se suma al expediente delictivo y terrorista de Iván Duque", por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional para que rechace lo ocurrido. 

En este sentido, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que se trataba de "otro ataque terrorista, sanguinario, planificado y preparado en Colombia" y "con el aval de Iván Duque". 

Estas detenciones ocurren la misma semana en que Maduro denunció que tuvo que cambiar a última hora su centro de votación en los pasados comicios legislativos, porque "fuentes de inteligencia colombiana" le informaron que desde la Casa de Nariño se estaba preparando un atentado para asesinarlo.

Las autoridades venezolanas y el propio Maduro han alertado en varias oportunidades los planes de magnicidio o golpe de Estado por parte de la oposición radical, con apoyo de los gobiernos de Colombia y EE.UU.

En agosto de 2018, los cuerpos de seguridad venezolanos frustraron un intento de asesinato durante un acto presidencial en Caracas, que según Maduro contó con el respaldo de Bogotá. Meses después, el 3 de mayo del 2020, Colombia también fue acusada de participar en el intento fallido de incursión en las costas de La Guaira, en el litoral central del país suramericano.

Publicado: 11 dic 2020 18:41 GMT

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Luis Arce derogó decretos para derribar el "andamiaje neoliberal" del gobierno de facto

A un mes de la asunción, el presidente de Bolivia busca superar la crisis económica

Desde el gobierno denunciaron que dichos decretos carecían de respaldo técnico y financiero. Además beneficiaban a los grandes empresarios poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.

 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que el gobierno derogó siete decretos supremos para derribar el "andamiaje neoliberal" dispuesto por la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Desde el ministerio de Economía denunciaron que dichos decretos "carecían de respaldo técnico y financiero y pretendían beneficiar a los grandes empresarios" poniendo en riesgo la estabilidad del país. A un mes de su asunción, Arce busca sacar a Bolivia de una profunda recesión económica retomando el exitoso modelo del expresidente Evo Morales. 

Con la mira puesta en ese objetivo, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas. En tanto, el gobierno empezó a pagar este mes el llamado "Bono Contra el Hambre". "Sin dudas Arce está cumpliendo muchas promesas electorales enfocadas al ámbito estructural: la crisis económica y el golpeado bolsillo del boliviano", señaló en diálogo con Página/12 el director del Centro de Estudios Geopolíticos de Bolivia, Gabriel Villalba. En el horizonte judicial asoma la necesidad de una reforma profunda, mientras la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca correr el velo de la represión a las protestas que dejaron un saldo de más de 30 muertos tras el golpe de Estado.

Rumbo a la reconstrucción 

"Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019", dijo Luis Arce en su cuenta de Twitter, al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión de gabinete celebrada el miércoles. Con la excusa de la lucha contra el coronavirus, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez había aprobado decenas de decretos durante la emergencia sanitaria. 

Los siete decretos supremos que fueron derogados este jueves facilitaban las contrataciones a privados para mejorar el sistema sanitario, impulsaban el apoyo a grandes empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y establecían prórrogas y facilidades de pago de impuestos a las exportadoras. En definitiva, el actual gobierno cree que la batería de resoluciones no iba dirigida a los sectores más desprotegidos del país: muy por el contrario, favoreció un aumento de la pobreza y el desempleo.

El presidente de Bolivia también aplaudió la aprobación de las leyes de devolución del IVA a los trabajadores de bajos ingresos, y el esperado impuesto a las grandes fortunas. "Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía", aseguró Arce, quien asumió la presidencia el pasado ocho de noviembre luego de arrasar en los comicios de octubre.

En la madrugada del jueves Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas. El documento establece un tributo a las grandes riquezas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, que se aplicará a la fortuna acumulada de más de 30 millones de pesos bolivianos de las personas naturales (poco más de cuatro millones de dolares). El proyecto ahora pasará al Senado, también de mayoría masista.

"Se le da la oportunidad al sistema tributario de ser más progresivo. Significa que los que más tienen deben aportar más al país. En otras partes del mundo los millonarios solicitan a las autoridades tributarias que les aumenten los impuestos porque saben que la sociedad es una cuestión sistémica y de sinergia", aseguró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, luego de la votación en el Congreso.

"Vamos a reconstruir el modelo económico que es un modelo basado en la actividad productiva del país", expresó Montenegro en diálogo con periodistas. "La economía boliviana había sido la primera en crecimiento de la región. Un andamiaje económico que se está intentando reconstruir nuevamente a partir del viraje neoliberal que se tuvo en Bolivia durante once meses", planteó en el mismo sentido el abogado y politólogo Gabriel Villalba.

Claro que para desarrollar ese modelo, que fue virtuoso de la mano de Luis Arce en la cartera de Economía, primero hace falta atender las prioridades. Por eso el gobierno boliviano comenzó a pagar hace pocos días el "Bono contra el Hambre". Durante la campaña, Arce había prometido el pago de este bono de mil bolivianos (unos 144 dólares) como mecanismo para reactivar la demanda interna. Para Villalba, esto demuestra que "la estrategia electoral del MAS se está cumpliendo, por eso el gobierno tiene un alto porcentaje de aprobación en la ciudadanía". 

Además de exponer el descalabro económico y social que dejó a sus espaldas el régimen de Áñez, el cambio de gobierno destapó varias irregularidades de la justicia. Una avalancha de procesos judiciales iniciados por el gobierno de facto contra líderes del MAS ya fueron rechazados por fallas de procedimiento. En tanto, otras causas que permanecieron paralizadas durante once meses, como las que atañen a las masacres de Sacaba y Senkata, empiezan a reactivarse lentamente. 

Con el objetivo de ir a fondo, el ministerio de Justicia encabezado por Iván Lima convocó a un grupo de expertos en distintas áreas del derecho para encarar una reforma judicial. Lima afirmó que el cambio en el sistema de justicia se realizará "contra viento y marea y contra quien se oponga", aunque "buscando la unidad".

Balance y perspectivas 

Analistas bolivianos consultados por este diario coincidieron en los avances del gobierno de Luis Arce a apenas un mes de su asunción. "Este mes de gestión es profundamente más social que económico en su agenda, porque primero está el tema de la reforma de la justicia y segundo el Bono contra el Hambre que tiene que ver con la redistribución de los recursos", aseguró el politólogo Marcelo Arequipa, quien a su vez destacó un elemento novedoso de este nuevo proceso. 

"Por primera vez en la historia política de este país se dividen las funciones. Una cosa es la administración del poder político y otra es la administración de la organización política, es decir el MAS. En la primera función están Luis Arce y David Choquehuanca y en la segunda está Evo Morales", planteó Arequipa. 

Para su colega Gabriel Villalba el saldo de este mes es "positivo aunque con muchísimos desafíos". Villalba calificó al nuevo gabinete como uno de "emergencia", ya que "tiene el rol de allanar el camino para el próximo gabinete que va a asumir el 22 de enero". En esa fecha se celebra en Bolivia el Día del Estado Plurinacional, donde se nombra al gabinete que acompañará al presidente por el lapso de un año. "Quizás muchos de los actuales ministros sobrevivan y otros no, pero no será una crisis de gabinete sino una articulación histórica", agregó Villalba. 

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Honduras: un valle de lágrimas y de resistencias

El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.

 

El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.

La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.

El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.

Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.

A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.

Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.

Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.

Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.

El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.

El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.

Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.

Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.

De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.

Diciembre 2020

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Cuba anuncia el inicio de la unificación monetaria y cambiaria a partir de enero

La tasa de cambio única establecida será de 24 pesos cubanos por 1 dólar.

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció este jueves del inicio del proceso de unificación monetaria y cambiaria en la isla, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, como parte de un trabajo de ordenamiento del sistema financiero del país.

La decisión implica que el CUC (peso convertible) dejará de circular en Cuba a partir del próximo año y se establecerá una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por 1 dólar.

Cuba ha tenido dos monedas oficiales desde 1994, el peso cubano (CUP), utilizado por la mayoría de la población del país, y el CUC, que desde su introducción tenía como objetivo reemplazar al dólar estadounidense y que se manejaba en operaciones internacionales.

Durante una transmisión realizada por la Televisión Cubana, el mandatario se refirió a que se llevará a cabo una serie de transformaciones en el ámbito cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos.

De esta manera, se espera que esta medida cree las condiciones para que el sistema empresarial pueda tomar decisiones adecuadas e impulsar el desarrollo económico en la isla. Sin embargo, Díaz-Canel también explicó que la unificación monetaria no está exenta de riesgos.

"Uno de los principales [riesgos] es que se produzca una inflación superior a la planificada, agudizada por el actual déficit de oferta. Los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores", aseguró.

Publicado: 11 dic 2020 02:30 GMT

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La revolución del ‘fracking’ se convierte en un fiasco

"Has muerto todas mis ilusiones/Tienes lágrimas negras”, cantaba Compay Segundo. La industria petrolera de perforación hidráulica (el fracking), que fue llamada a ser la mayor revolución energética de este siglo, “uno de los cinco pilares que transformará la geopolítica”, en palabras de Erik Norland, director ejecutivo de CME Group, la panacea que iba a convertir Estados Unidos en un país independiente desde el punto de vista energético en el 2030, ha acabado en un fiasco económico, una ruina financiera, unas lágrimas negras.

El ensayista Bethany McLean, autor de un libro sobre el fracking, considera que lo ocurrido es como una “reminiscencia de la burbuja puntocom de finales de los noventa, cuando las compañías se valoraban más por el número de pupilas que atraían y no por los beneficios que tenían probabilidad de obtener”. Jim Chanos, legendario inversor de hedge funds y de los derivados en Wall Street, sostiene que “la industria del fracking tiene un largo historial de dinero que entra dentro y nunca sale fuera”. Los pozos han engullido una gran cantidad de dólares, sin conseguir la rentabilidad deseada.

EE.UU. En el futuro podría haber más de un centenar de quiebras

Solo en el tercer trimestre hubo 44 quiebras de estas empresas en Estados Unidos, según los cálculos de Haynes and Boone. Desde el año 2016, si se suman las compañías que hacen prospección y exploración, ya son 500. Entre las empresas más conocidas en sumarse a la insolvencia hay nombres como EP Energy, Chesapeake Energy, Ranch Energy, Bellatrix Exploration y Murray Energy. Para la consultora Rystad Energy, a finales de 2022 podrían añadirse a esta lista otras 150.

Ya no se perfora como antes y hay instalaciones que quedan abandonadas. El número de ­plataformas se ha reducido de ­forma drástica respecto a sus estándares habituales, de acuerdo con el contador de Baker and ­Hugues. En la actualidad, en el país hay unas 320 operativas, prácticamente quedan un cuarto de las que perforaban en 2019.

A la tormenta económica hay que sumarle la política. El presidente electo, Joe Biden, contrariamente a su predecesor, ha prometido una moratoria sobre las perforaciones en suelo y aguas norteamericanas, con lo que las perspectivas a corto y medio plazo son muy inciertas.

La pandemia ha dado la puntilla, tras el desplome de los precios y la caída de la demanda. Y el flujo de caja (es decir, la diferencia entre el dinero generado y sus gastos de capital) este año será negativo y se disparará hasta más de 3.000 millones de dólares.

Pero lo que preocupa son los números rojos acumulados. Las firmas del fracking han derrochado casi 30.000 millones de dólares desde 2017, según los datos proporcionados por el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa).

Cifras. En la última década se han derrochado más de 300.000 millones de dólares

Si se mira más atrás, la cifra se dispara todavía más: entre 2010 y 2019 cada año sin excepción el flujo de caja de estas empresas fue siempre negativo. “La revolución del fracking ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor del globo, per en términos financieros este boom de la producción ha sido un burbuja financiera épica”, según comenta Ieefa.

Las plataformas estadounidenses de petróleo de esquisto han quemado en la última década unos 300.000 millones de dólares, según un estudio de Deloitte. Esto supone haber destruido el 70% del capital invertido desde 2008.

Para los bancos norteamericanos que financiaron esta industria, el cambio de ciclo pone en riesgo miles de millones de dólares de préstamos, que corren el riesgo de ser incobrables.

El 40% de este dinero procede de Wells Fargo y JP Morgan ellas solas, pero el resto de grandes nombres de las finanzas estadounidenses tienen un pie dentro... del pozo. Peor todavía, las cifras indican que las entidades han seguido financiando a esta industria deficitaria incluso después de la firma de los Acuerdos del Clima de París de 2016, que fijaban un plan de reducción de emisiones claramente incompatible con el régimen de producción de la industria petrolera.

Esta financiación un tanto a la ligera se llevó a cabo gracias a que Wall Street quería cobrar sus comisiones. Además hay un elemento inquietante: del monto de bonos corporativos emitidos por estas empresas de fracking para captar dinero, el 72% se situaba por debajo de los niveles mínimos de inversión, es decir, que eran puramente especulativos o “bonos basura”. Tal como recuerdan en el estudio Fracking Fiasco, editado por Oilchange Internacional, esta práctica “ha permitido una financiación insostenible y una expansión no rentable”. Entre los tenedores de esta deuda están los mayores fondos del mundo, como Blackrock, Vanguard Group o Prudential Financial.

En tiempos de dinero barato, muchos se lanzaron a un negocio que parecía no tener límite. “Los tipos de interés ultrabajos han sido los verdaderos catalizadores de la revolución del esquisto”, dijo Amir Aazar, académico del departamento de energía de la Universidad de Columbia. De alguna manera, el fracking ha acabado siendo víctima de su propio éxito.

Estas perforaciones son muy costosas. Ocupan mucho espacio y al cabo de dos años agotan el 80% de su producción. Además el petróleo no es de gran calidad. La caída de precios puso la realidad al desnudo, porque con un barril por debajo de los 50 dólares los números no salen. Antonio Turiel, investigador del CSIC, autor del libro Petrocalipsis, explica por qué se ha mantenido en vida un sector que estaba en pérdidas. “Cuando se empezó a potenciar esta industria en el 2008 no había alternativa, si se quería alargar el pico de la producción de petróleo unos años. Pero en el 2018 ya se llegó a este punto y la Administración Trump, mediante incentivos y menor regulación ambiental, alargó la agonía”. La retórica de querer convertir a EE.UU. en el primer productor mundial hizo el resto. Pero a un coste enorme.

Financiación. Los bancos se encuentran con miles de millones de créditos incobrables

El espectro de unas quiebras en cadena es ahora real. Según el citado estudio Fracking Fiasco, estas compañías tienen unos 120.000 millones de dólares de deuda que caducará entre el 2021 y el 2025. Habrá que reestructurar 50.000 millones de dólares en los próximos años, según Haynes and Boone, que eleva sus estimaciones de deuda hasta los 170.000 millones de dólares.

Para Ieefa, “incluso si el mercado global del petróleo y del gas se estabiliza, nos esperamos que los inversores prudentes continuarán viendo el sector del fracking como empresas de alto riesgo, con un historial financiero terrible, unos fundamentales débiles y un modelo de negocio sin pruebas y especulativo”. Antes de que terminara el verano, la producción estadounidense se había derrumbado en 3,4 millones de barriles diarios, lo que equivale a eliminar del mapa a un país de la talla de Emiratos Árabes Unidos.

Y es que el ciclo económico está cambiando. En la última década, el sector de la energía fue el que obtuvo peores resultados de todo el SP 500. Los inversores hoy en día se centran más en las renovables. En este índice bursátil el sector del petróleo y del gas tenía un peso del 12% en el 2012, pero hoy en día supone menos del 3% del valor de las 500 mayores empresas estadounidenses.

 “No veo crecimiento hasta el 2023 y después puede que la industria del esquisto en Estados Unidos nunca más vuelva a crecer”, admitía Scott Sheffield, consejero de delegado de la firma Pioneer, una de las más grandes del país en este campo.

En el 2020 la demanda mundial de petróleo será unos 8,4 millones barriles por día más baja que en el 2019, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. Y en el 2021 tampoco se habrán recuperado los niveles del 2019, anteriores a la Covid. La Agencia Internacional de la Energía ya advirtió de que si la tendencia no cambia, la producción de petróleo podría reducirse a la mitad en el 2025.

Hay otro dato significativo, sintomático de las dificultades que vive esta industria en general. Este año se han descubierto unos 10.000 millones de barriles de petróleo equivalentes (boe) de nuevos yacimientos de gas y crudo, especialmente en Rusia y Surinam.

Pero según la consultora Rystad Energy menos de la mitad podrá explotarse económicamente en las próximas dos décadas. Las firmas energéticas están mirando con lupa los costes y las inversiones, ante las dificultades que están viviendo. Las presiones medioambientales también desaconsejan apostar por zonas como el Ártico o el río Amazonas, que tienen reservas que tal vez nunca vean la luz. El fracking: la revolución que nunca fue.

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Anticapitalismo ¿Otro mundo es posible?: el anticapitalismo en el siglo XXI

El último libro de Erik Olin Wright estudia las posibilidades de derrocar el capitalismo en pos de una sociedad socialista. Cómo conseguirlo, cuál es la función del Estado y cuál debería ser, y qué retos plantea el siglo XXI al sistema son algunas de las cuestiones que el sociólogo intenta responder en Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI.

 

Reconceptualizar la vida se torna necesario, cuasi obligatorio, en un momento de desestabilización mundial. Un virus asola la faz de la Tierra y la maquinaria capitalista se endurece: la gente no tiene que ver cuán endeble es el sistema. Hace algo más de un año que falleció Erik Olin Wright, uno de los más eminentes sociólogos marxistas, no sin antes dejar para la posteridad su último libro: Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI (Akal, 2020).

La búsqueda de alternativas al sistema de producción predominante en la mayoría de los países del mundo fue el faro de guía durante los últimos años de vida del autor. Esta monografía de reciente publicación, con un vocabulario sencillo y atractivo, con un índice conciso pero bien estructurado, intenta ser la continuación de otra de las obras culmen del académico, la que tituló Construyendo utopías reales (Akal, 2014). Si antes mostraba hacia dónde tiene que ir la Humanidad, ahora desarrolla el cómo, la estrategia.

Tres binomios vertebran todo un postulado posterior: igualdad/equidad; democracia/libertad; y comunidad/solidaridad. A partir de ellos, el sociólogo emprende un viaje al interior del anticapitalismo. "Esos pares que él presenta al principio evocan la triada de libertad, igualdad y fraternidad. Así es como refleja que el proyecto socialista no es algo exótico, sino que conecta con preocupaciones ampliamente compartidas. Prácticamente, nadie se opone a esas parejas de conceptos, y quienes defendemos el proyecto socialista democrático tenemos que partir de amplias ideas compartidas", aduce Jorge Sola, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y antiguo alumno de Wright.

El escritor plantea cinco posibilidades para aplacar o, como mínimo aminorar, los efectos del capitalismo. Se debate entre aplastar, desmantelar, domesticar, resistirse y huir del capitalismo. De esta forma, la primera de ellas será descartada, pues las condiciones actuales no posibilitan una verdadera revolución que abola el sistema. Wright llega a afirmar que "aplastar el capitalismo queda rechazado por las experiencias trágicas que se dieron en el siglo XX en torno al comunismo".

Después, el sociólogo comenta algunos aspectos de las demás, sin llegar a decantarse por ninguna de ellas. Así lo ve Sola: "Hace tiempo, en un artículo defendió que los socialistas hemos perdido demasiado tiempo y energía discutiendo qué vía es mejor, cuando existen muchas de ellas y no tienen por qué ser incompatibles. Él defiende un pluralismo estratégico".

¿Otro mundo es posible?

La denominación que Wright realiza de los aspectos a tener en cuenta de cara a un cambio de paradigma, tanto productivo como social, se relaciona con los "ingredientes básicos de un destino democrático más allá del capitalismo". Una ristra de lugares comunes, pero que el sociólogo consigue articular de tal forma que parece que el derribo del capitalismo está a la vuelta de la esquina una vez se hayan conseguido.

A saber: la renta básica universal (RBU); una economía de mercado cooperativa; una economía social y solidaria; la democratización de las empresas capitalistas; y la conversión de la banca en una empresa de servicio público. En este sentido, aunque pudiera parecer que esos objetivos aún son lejanos, Sola incide en que la prioridad es "vencer el escepticismo de la gente, hacer ver que otro mundo es posible". Y lo explica: "En realidad, una parte de ese mundo deseado ya existe en el que tenemos, son como semillas que tienen que florecer. La gente ya participa en estructuras institucionales alternativas, por lo que tan solo habría que extenderlas a todas las esferas de la vida social".

En este sentido, el imaginario colectivo que la ciudadanía es capaz de crearse para sí es una de las cuestiones primordiales. Los límites de lo que se percibe como posible o deseable son muy inestables y se desplazan continuamente, tal y como apunta el sociólogo de la UCM. Esta realidad, que puede ser tanto positiva como perjudicial a la hora de efectuar cambios sociales de alto alcance, se materializa en ideas tan básicas como la democratización de las compañías capitalistas.

El propio Wright recoge en el volumen publicado por Akal que la ley alemana estipula que los trabajadores pueden elegir casi al 50% del consejo de dirección en empresas que emplean a más de 2.000 trabajadores, y un tercio en aquellas empresas que tienen entre 500 y 2.000 trabajadores. "Aquí, que eso nos parece imposible, en Alemania es normal; pero la sanidad pública, que aquí nos parece normal, en Estados Unidos es imposible", ejemplifica Sola.

Diagnosticando las dolencias y los procesos de crisis y autodestrucción que comporta para sí mismo el capitalismo, muchas veces apaciguados por el propio Estado, Wright defiende que la emergencia climática y la revolución tecnológica serán los dos retos a los que la sociedad tendrá que enfrentarse durante el siglo XXI. Los dos aspectos abren la puerta a que los valores democráticos, igualitarios y solidarios, el mantra repetido a lo largo de la monografía, se impongan sobre los demás.

En este sentido, Sola arguye que la crisis climática es una oportunidad para afrontar cambios más profundos, pero a su vez también constituye una mala noticia, ya que exige a los humanos cierta urgencia y radicalidad en las acciones. En cuanto a la revolución tecnológica, él prefiere ser escéptico ante los "discursos apocalípticos de las máquinas" ya que "durante los últimos años hemos presenciado procesos similares y hemos podido ver que el problema está en la distribución de las riquezas que genera la tecnología, por lo que no deja de ser un problema político".

En cuanto a la agencia colectiva, un concepto que describe la posibilidad y poder que tiene la sociedad para revertir ciertas dinámicas perniciosas para la misma, Wright desarrolla tres segmentos que habría que tener en cuenta para que el cambio se materializara. Por un lado, las identidades, importantes para "forjar la solidaridad dentro de un actor colectivo", por otra parte, los intereses, para "modelas los objetivos de la acción colectiva", y por último, los valores, importantes para "conectar diversas identidades e intereses dentro de los significados comunes".

Sola se adhiere a estas premisas dado que "la clase trabajadora no nace homogénea, sino como algo que se crea a través de muchos estímulos que hay que coaligar políticamente", en sus propios términos. Crear una base común y articular los aspectos compartidos es, en opinión del sociólogo de la UCM, la clave para afrontar la diversidad "con espíritu constructivo y superar las divisiones que obstaculizan el surgimiento de estos actores".

Wright cierra su ensayo aportando algunos parámetros que, desde su punto de vista, son imprescindibles para la creación de actores colectivos capaces de sostener la acción política. Superar las vidas privatizadas; construir solidaridad de clase dentro de estructuras de clase complejas y fragmentas; y forjar políticas anticapitalistas en presencia de formas de identidad diversas y rivales, no basadas en la clase, son los indicadores que el sociólogo marca para cimentar un posible cambio que conduzca a ese socialismo democrático al que aspira.

Qué fue antes, ¿el trabajo o la vida?

Sara Porras, también profesora de sociología en la UCM, aporta algunas concepciones que completan Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Algo a lo que recurre Wright en su obra es articular la construcción de una sociedad socialista en base a la economía que se da en el contexto de la producción, un hecho que responde a la tradición teórica del marxismo. "El mercado sería la institución fundamental que ordenaría la vida política y social, pero teniendo en cuenta la coyuntura actual, donde una pandemia ha trastocado y acelerado la vida en la mayoría de sus vertientes, creo que es buena ocasión para repensar hacia dónde queremos llegar y cómo pretendemos lograrlo", introduce la académica.

"Cuando Wright da herramientas concretas, como el establecimiento de la RBU, a mí me gustaría ir más lejos y plantear el debate de cuáles son los trabajos socialmente necesarios, una parcela del mercado en la que se puede observar una correlación muy clara: aquellos empleos que son socialmente imprescindibles son los peor valorados y a los que más afectan algunas escalas. Primero en cuanto a la feminización de los mismos y, después de ella, la racialización que experimentan", agrega la profesora de la UCM, quien defiende que la obra del sociólogo recientemente fallecido estaría más completa si introdujera estas identidades (etnia, raza, género, etc.) como significantes dentro de la propia identidad de clase.

Ciudad y cuidados, las claves para el cambio

A partir de la publicación, Porras adhiere tres ejes en torno a los que circularía la creación del nuevo paradigma socialista. En primer lugar, situar la vida y la responsabilidad colectiva como espina dorsal del cambio anticapitalista, una realidad que se podría dar con la RBU o la adopción de la jornada laboral de cuatro días a la semana. Por otra parte, ella incide en la potencialidad que, en la actualidad, tienen las ciudades como espacio de socialización, representadas como el principal territorio en el que los diversos actores colectivos se ven interconectados y el vecindario puede conocerse y organizarse.

Por último, esta socióloga también remarca la transformación a la que tendría que someterse el Estado como principal institución reguladora de una nación: "El Estado no solo tendría que ser el principal sostén de la parte social de la ciudadanía sino que para garantizarla debería comenzar a ser un actor económico y social de gran envergadura, en el que también reviertan las ganancias económicas que propicia con su financiación, sobre todo ahora que nos encontramos en un contexto global donde el desfalco fiscal es enorme".

A su vez, sí que coincide en el postulado que Wright esgrime en su obra en torno a la emergencia climática. En palabras de Porras, "esta emergencia nos supone huir del debate entre si queremos que esto cambie o no, para llevarnos al debate sobre en qué lugar nos vamos a posicionar en este cambio que ya es obligado". Poner la vida en el centro abre un amplio abanico de posibilidades, una miríada de opciones por descubrir que se irían perfeccionando mientras se practican.

Para ello, el aspecto de los cuidados es fundamental: "No se trata de ver cuántas horas producimos en el mercado laboral y cuántas nos quedan para nuestra vida; es todo lo contrario. Primero tendríamos que tomar conciencia de cuánto tiempo necesitamos para suplir los cuidados que todas las personas requerimos en nuestra vida, ya que aquel individuo que afirma no necesitarlos se corresponde con un sujeto que tiene una mujer racializada en su casa durante ocho horas resolviéndole las tareas mientras él produce en el mercado. Más acertado que la mano invisible de los mercados, es hablar de la mano invisible de los cuidados", agrega al respecto.

De esta forma, la socióloga afirma que "situar la vida en el centro supone un espacio privilegiado para demostrar la fragilidad del sistema capitalista y la potencia del cambio justo en un momento en el que desaparecerán miles de empleos y una gran expulsión de muchas personas del mercado debido a la revolución tecnológica". Un dato: "El 80% de los cuidados que requiere una persona y que no supone su hospitalización son desarrollados por una mujer o por entidades privadas", agrega Porras.

Cuestión de identidades

Respecto a la teoría clásica de la identidad que Wright defiende en su última obra, la profesora de la UCM advierte que se encuentra algo desfasada. Y así lo explica: "Las identidades son necesarias para sostener un proceso de transformación, pero que se basen únicamente en el contexto de la producción las debilita. La gente se identifica más con sus aspiraciones que con la realidad estructural que los ocupa. Cuando le pregunto a mi alumnado cómo se describen, lo hacen poniendo por delante su condición de estudiantes de sociología que la condición de trabajadores precarios. Tenemos que ser capaces de imaginar y construir un espacio en el que puedan conectar las identidades subrepticias para conectarlas en su complejidad y fragmentación, y eso lo permite mucho más la ciudad que el Estado".

En conclusión, Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI aporta algunos cimientos en los que fortalecer la lucha contra el sistema preponderante a nivel global, pero también posibilita la creación de un nuevo imaginario a partir del que construir. Wright, con esta obra, se despide de una forma abrupta, prematura incluso, pero en la que se puede percibir ese talante transformador y meritorio que le ha hecho ser uno de los sociólogos más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

Madrid

09/12/2020 08:35 Actualizado: 09/12/2020 09:27

Por Guillermo martínez

@Guille8Martinez

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Las tres salidas a la pandemia según Boaventura de Sousa Santos

"El capitalismo no funciona sin sexismo y sin racismo"

 

El sociólogo y ensayista portugués Boaventura de Sousa Santos es el gran pensador actual de los movimientos sociales, autor de una extensa obra en la que se destacan títulos como "Una epistemología del sur", "Democracia al borde del caos: Ensayo contra la autoflagelación" y "El fin del imperio cognitivo" se ocupa desde hace décadas de radiografiar la vida y los modos de subsistencia de las comunidades más vulnerables, un radio de acción que lo llevó a documentar desde las condiciones de un campo de refugiados en Europa hasta las formas de organización de las comunidades originarias de Amazonia o los barrios populares de Buenos Aires.

Sousa Santos nació hace 80 años en la ciudad portuguesa de Coímbra, donde reside la mitad del año tras haberse jubilado como docente de la Facultad de Economía. Obtuvo un doctorado en sociología de la Universidad Yale y dio clases también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), donde pasa la otra mitad del año. En sus textos desmenuza los conceptos clásicos de las ciencias sociales para entender el mundo y los revitaliza con el objetivo de construir saberes "que otorguen visibilidad a los grupos históricamente oprimidos".

"El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo -destaca el pensador-. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente".

Con un lenguaje directo que atraviesa toda su obra, propone un modelo de intelectual como agente de cambio, Sousa Santos analiza la refundación del estado y la democratización de la democracia . Se considera un "optimista trágico" , por eso cree que la pandemia es una gran oportunidad para replantear el modelo neoliberal, que considera agotado.

--¿Qué futuro podemos esperar después de la pandemia? ¿Cómo seremos capaces de pensar y de construir el mundo post pandemia?

--La pandemia ha creado tal incertidumbre que los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los epidemiólogos no saben qué va a pasar. Acabo de publicar "El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía" y lo que planteo es que esta pandemia marca el inicio del siglo XXI. Tal como el siglo XIX no empezó el 1 de enero de 1800, sino en el 1830 con la Revolución Industrial, o el siglo XX en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, el XXI comienza para mí con la pandemia, porque va a inscribirse como una marca muy fuerte en toda la sociabllidad de este siglo. Y lo será porque el modelo de desarrollo, de consumo, de producción que hemos creado, ha llevado a que no sea posible en este momento, por más vacunas que existan, poder salir de ella.

Entraremos en un período de "pandemia intermitente": confinamos-desconfinamos, donde el virus tendrá mutaciones, habrá una vacuna eficaz y otra no, vendrán otros virus. El neoextractivismo, que es una explotación de la naturaleza sin precedentes, está destruyendo los ciclos vitales de restauración, y por eso los hábitats se ven afectados con la minería a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, los insecticidas y pesticidas, la contaminación de los ríos, el desmonte de los bosques... Esto, junto al calentamiento global y la crisis ecológica, es lo que hace que cada vez más los virus pasen de los animales a los humanos. Y los humanos no estamos preparados: no tenemos inmunidad, no tenemos cómo enfrentarlos.

--Hay conciencia sobre la gravedad? ¿Hay salidas?


--Veo tres escenarios posibles y no sé cuál resultará. El primero es el que pusieron a circular fundamentalmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha -desde el Reino Unido a los Estados Unidos y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Claro que esta normalidad es el infierno para gran parte de la población mundial. Es la normalidad del hambre, de otras epidemias, de la pobreza, de las barriadas, de la vivienda impropia, de los trabajadores de la calle, de los informales. Es un escenario distópico, muy preocupante. Porque esa "normalidad" significa regresar a condiciones que ya la gente no aguantaba y colmaba las calles de muchos países gritando "basta".

El otro escenario posible es lo que llamo el gatopardismo, en referencia a la novela de Lampedusa, de 1958; la idea es que todo cambie para que todo siga igual. Las clases dominantes hoy están más atentas a la crisis social y económica. Los editoriales del Financial Times son un buen ejemplo de este segundo escenario. Dicen muy claramente que así no se puede continuar. Habrá que moderar un poco la destrucción de la naturaleza y cambiar en algo la matriz energética. Es hacer algunas concesiones para que nada cambie, y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de la naturaleza continuará y la crisis ecológica podrá ser retrasada pero no resuelta. Europa se encamina un poco por ese escenario cuando se habla de una transición energética, pero me parece que no va a resolver las cosas. Va a retrasar quizás el descontento, la protesta social, pero no va a poder saldar la cuestión pandémica.

El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero también representa la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado. Es la posibilidad de pensar de otra manera: otro modelo civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Con el coronavirus, los sectores privilegiados quedaron más tiempo en sus casas, con sus familias, descubrieron otras maneras de vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase media que puede cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar las mascarillas... la gran mayoría no puede. Esta es la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nuevo modelo civilizatorio, porque es imposible hacerlo de un día para otro. Y esa transición empezará en las partes donde haya más consensos. Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto, desde un punto de vista social, ético y político. No tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, político y cultural.

Difícil saber cuál escenario prevalecerá. Quizás tengamos una combinación de los tres; en algunas partes del mundo el primero, en otras el segundo, y en algunos países mayores avances. La política del futuro dependerá, fundamentalmente, de qué escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las próximas décadas.

--El modelo de transición alimenta la esperanza de una sociedad distinta, pero presupone también replanteos y construcciones políticas diferentes, en términos ideológicos, económicos, modelos de desarrollo, sociales, culturales, diversos. ¿Cuáles serían las utopías frente a tantas distopías?


--Lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la ausencia de alternativa. La idea de que con el fin del socialismo soviético y de la caída del muro de Berlín solo queda el capitalismo. E incluso el capitalismo más antisocial, que es el neoliberalismo dominado por el capital financiero. En Argentina tuvieron una experiencia muy dolorosa con los fondos buitres. Hemos vivido estos 40 años en confinamiento -pandémico y político- encerrados en el neoliberalismo. La pandemia nos da una esperanza de que podemos salir del confinamiento. Nos obliga a confinarnos y simultáneamente nos abre las puertas a alternativas. Porque devela que este modelo está completamente viciado; hay un capitalismo corsario que ha hecho más millonarios a quienes ya lo eran. El dueño de este sistema que estamos usando (Zoom) puede ganar 1500 millones de dólares en un mes y hasta el confinamiento poca gente lo usaba o conocía. O el caso de Jeff Bezos, con Amazon. El aumento de las compras online lo convirtieron en el primer trillonario del mundo. Él y otros siete hombres de Estados Unidos tienen tanta riqueza como los 160 millones más pobres de ese país, que conforman más de la mitad de su población. Esa es la actual concentración de la riqueza en un capitalismo sin conciencia ética. La palabra que se me ocurre en este momento es robo. Hubo robo. Y las falencias de este modelo obligan a cambiar la política y eso nos da una esperanza. Lo que más me molesta hoy en día es la distribución desigual entre el miedo y la esperanza. En las barriadas del mundo las clases populares tienen sobre todo miedo. Luchan, siguen luchando, creativamente. Por ejemplo durante la pandemia protegieron sus comunidades. Pero abandonadas por los estados en gran parte de los países, tienen muy poca esperanza.

--Hablaba del peso que hoy tienen las empresas digitales al haberse convertido en las mayores empresas del planeta, incluso superando en dimensiones económicas y poder a muchísimos países. ¿Las GAFA significan un cambio en la matriz del neoliberalismo actual de cara al futuro? ¿Cómo influye este cambio en nuestras vidas?


--Antes de la pandemia ya estábamos todos hablando de la cuarta revolución industrial, dominada por la inteligencia artificial, la robótica y la automoción. Con las impresiones 3D, la robotización, el enorme desarrollo de las tecnologías digitales, nos volvemos cada vez más dependientes de ellas. El tema es determinar si estas tecnologías son de bien público o de unos pocos propietarios. Ese es el problema ahora. Hay sistemas públicos –por ejemplo el de la ONU- que están impedidos de ser ofrecidos al mundo. Las empresas se niegan porque pretenden seguir con sus negocios. Y son muy pocas... Google, Apple, Facebook, y Amazon (GAFA) y Ali baba en China. Son estas las grandes compañías tecnológicas que hoy dominan el mundo y que no aceptan ser reguladas por nadie. En este momento, por ejemplo, la discusión en el Congreso en los Estados Unidos es clara: Mark Zuckerberg ha dicho que no acepta ser regulado. Y como tienen tanto poder, estas empresas desde su arrogancia pretenden autorregularse de acuerdo a sus intereses.

--Al mismo tiempo su poder traspasa el económico y juega un papel fundamental en la política. Las fake news desparramadas en las redes sociales y la desinformación colaboran a la degradación de pilares estructurales de las democracias.

--Claro, por supuesto. Y además la contradicción es esta... en muchas partes del mundo, por ejemplo en Brasil, en Reino Unido con el Brexit, en el Parlamento Europeo, las fake news y el uso de las tecnologías digitales para producir noticias falsas tuvieron un papel fundamental en los resultados electorales. Bolsonaro -por ejemplo- nunca sería presidente de Brasil sin ellas. ¿Twitter intervino en ese momento como hoy lo hace con Trump en Estados Unidos? No, porque el dueño de Twitter no era brasilero. Twitter intervino cuando era la democracia de Estados Unidos la que estaba en juego. Si fuera la de Bangladesh, la de Sudáfrica, o de Portugal, no importa... es libertad de internet. Pero si estamos en los Estados Unidos, ahí no, ahí vamos a cerrar. Eterna contradicción. Claro que eso puede llevar a una regulación más amplia a nivel global de las redes, pero obviamente que estamos en otro paradigma, en el que tenemos que trabajar con estas tecnologías y al mismo tiempo luchar contra todo el sistema de noticias falsas.

--¿Es posible lograrlo? ¿Desde qué mecanismos?


--Esa es la pregunta. Nosotros partimos en esta transición muy desgastados, muy empobrecidos políticamente, porque la política se empobreció muchísimo en los últimos 40 o 50 años. Porque la política es construir alternativas. En su momento el socialismo y el capitalismo tenían cosas en común, por ejemplo, su relación con la naturaleza. Pero había una opción; con la caída del muro de Berlín nos quedamos sin opción, y entonces los políticos se confinaron al capitalismo y se volvieron mediocres. La política dejó de tener interés -incluso para los jóvenes-, la gente se distanció bastante de ella. Hace poco hablé con algunos que trabajan en vivienda en Brasil, que están interesados en darle una casa digna a la población que está sin techo, casi no participaron en las últimas elecciones municipales. Porque decían mira, vamos a elegir uno u otro, no cambia nada, y ese es el peligro. Que la gente piense que los cambios políticos no cambian nada, que son una forma de gatopardismo. La política tiene que volver a construirse. Pienso que de ahora en adelante lo que deberá diferenciar a la izquierda de la derecha será la capacidad entre los grupos políticos de crear alternativas frente a al capitalismo, alternativas de una sociedad distinta, que puede ser de diferentes matices. Quizás sea una sociedad que vuelva a los intereses de los campesinos y los indígenas del continente. Que tenga una relación más armónica con la naturaleza. El capitalismo no puede tener una relación armónica, porque el capitalismo tiene en su matriz la explotación del trabajo, la explotación de la naturaleza. Entonces la izquierda tiene que tomar una dimensión paradigmática de cambio para otra civilización; la derecha, en cambio, va a gerenciar el presente siempre con los dos primeros escenarios. Esa va a ser la diferencia a futuro.
--Usted habla de varios conceptos que ayudarían a transformar las formas de construcción política. Salir de la idea de la utopía como un "todo" para reemplazarla por la de muchas y variadas utopías acordes a la diversidad de realidades y sueños. ¿Cómo se hace para diversificar, segmentar, construir distintas utopías y al mismo tiempo potenciar un proyecto global, que sea capaz de estructurarlas, potenciarlas, unirlas?


--Para mí lo crucial de nuestro tiempo es exactamente esa asimetría entre la dominación que no es simplemente capitalista, sino también colonialista y patriarcal. El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo, a mi juicio. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. Y algunos movimientos de liberación anti-racial han sido sexistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente, de un modo de dominación que lleva a los otros. En Brasil cuando se intensifica la explotación capitalista, con Temer y después con Bolsonaro, se incrementó de una manera brutal el genocidio de los jóvenes negros en las periferias de las ciudades. Aumentó la violencia doméstica en contra de las mujeres y el feminicidio. O sea, la dominación es particular. Necesitamos de sujetos políticos globales además de los locales, y además de los nacionales. Esta articulación es posible porque cuando los movimientos -Chile o los Black Lives Matter por ejemplo- parten de una demanda, sea feminista o anti-racial, al mismo tiempo, cuando ganan importancia, traen las otras demandas, el hambre o de la desigualdad social. Hoy el movimiento Black Lives Matter tiene una dimensión feminista también, y obviamente de oposición a este modelo capitalista tan desigual e injusto. Yo pienso que tiene que haber un cambio. En la dimensión local hay que volver a las barriadas. Hoy son los pastores evangélicos quienes hablan con la gente y les dicen que hay que votar a la derecha. Por eso pienso que no es solo la organización, sino tambien la cultura politica la que necesita cambios.

--¿Qué prácticas y estrategias deberían modificar o reforzar los partidos y los movimientos sociales frente a esta nueva etapa? ¿Están preparados para el cambio?


--¿Si me preguntan si los partidos opositores tienen ese perfil hoy? No, no lo tienen. Deben cambiar. Los partidos de izquierda se acostumbraron a esta dialéctica oposición-gobierno, ¿no? Y durante 40 años esa dinámica no tuvo alternativa civilizatoria, no se pudo pensar nada más allá del capitalismo. Independientemente del perfil ideológico de los gobiernos, hasta marzo las primeras páginas de los periódicos eran ocupadas por los economistas y las finanzas. Ahora con la pandemia son los médicos, los epidemiólogos, los virólogos. La pandemia nos obligó a cambiar. Entonces, creo que hay que ver otro modo de hacer política y otra manera de gerenciar la política. Yo pienso que parte de las izquierdas deben acostumbrarse a ser oposición para luego saber reconstruir. Tienen que ayudar a mejorar la vida de la gente. Pero las instituciones actualmente no permiten eso, porque tenemos todo un entorno global que no te deja, por ejemplo el capitalismo financiero. Entonces tendremos que encontrar otra forma de gobierno y hay que empezar a pensar en esa dimensión global.


¿Y cuál sería el rol de las oposiciones? ¿Cómo construirse desde otras lógicas?


--La política de gobierno es una parte de la política: fuera de eso tienes que tener otra política que es extra institucional, que no está en las instituciones sino en la formación de la gente, en la educación, en las calles, en las protestas pacíficas. Miren lo que está pasando en Chile antes de esta pandemia; fueron las mujeres, sobre todo, y los movimientos sociales. Ellos tuvieron un papel fundamental para traer a las calles cosas que la política misma no estaba dispuesta a hacer. Los partidos de izquierda, por increíble que parezca, no habían incluido en sus proyectos la causa mapuche cuando los mapuches habían sufrido con huelgas y asesinatos, y habían sido la oposición a los gobiernos de Chile. Y todavía están abandonados. Es necesario una protesta y un movimiento popular constituyente, donde las mujeres tengan un papel muy importante para tener en la política una gestión plurinacional. Los partidos son importantes pero los movimientos son igual de importantes. Tiene que haber una relación mas horizontal entre ambos.

--¿La protesta, la calle, sigue siendo una de las principales herramientas de visibilización y resonancia política?

--Las comunidades siguen teniendo una gran creatividad y esto forma parte de un movimiento de izquierda reconstruida, más abierta a toda esta creatividad comunitaria. No son simplemente las calles y las plazas, es la vivencia comunitaria que tendremos que intensificar. Porque las calles no son un emporio de las izquierdas, en esta década vamos a ver calles llenas de gente de extrema derecha. Yo vi a la extrema derecha entrar en las manifestaciones en Brasil. Las consignas de la izquierda, aprovechadas por la extrema derecha, y después dominando toda la protesta. Aquí en Europa sabemos muy bien eso, los Estados Unidos hoy, la gente contra Biden que no es propiamente de izquierda, y por otro lado los Prat Boys de la extrema derecha organizada y militarizada que ocupa las calles, y que va a hacer la política extraconstitucional, de las calles, de las protestas.

--En Argentina se ha hablado mucho de "la grieta" como si fuera un fenómeno "nacional", único. Cuando se mira al mundo la polarización, sin embargo, parece ser el signo de estos tiempos. ¿Cómo afecta esta situación el funcionamiento de la democracia?


--A mi juicio, durante mucho tiempo la teoría democrática, la idea más valiente, más segura, era que las democracias se sostienen en una clase media fuerte. Claro que yo, estando en Portugal, trabajando en África y en América Latina, no veía clases medias fuertes, lo que realmente veía era desigualdad social. Siempre me sentí como un demócrata radical, o sea, la democracia es mala porque es poca. Hay que ampliar la democracia en las calles, en las familias, en las fábricas, en la vida universitaria, en la educación. Entonces esta idea de que la polarización es contraria a la democracia, me parece que es cada vez más evidente cuando hablamos de democracia liberal. Sólo tiene sentido, o se refuerza, con una democracia participativa, con otras formas de participación de la gente que no sean democracias electorales, porque si son solo democracias electorales van a seguir eligiendo anti demócratas como Trump, Bolsonaro, Iván Duque, como tantos otros. Por eso la democracia muere democráticamente, por elección, por vía electoral. Hitler ganó dos elecciones en 1932, antes de su golpe. Creo que hay que fortalecer esa democracia con democracias participativas. La polarización, la desigualdad, provienen de esta polarización de la riqueza sin precedentes que hoy tenemos. A mayor desigualdad en la vida económica y social, más racismo, más discriminación y más sexismo. Entonces estamos en una sociedad en retroceso a nivel mundial, en retroceso reaccionario, donde el capitalismo es cada vez más desigual, más racista y más sexista. Esta es la realidad que tenemos hoy.

--¿Como sería la forma de avanzar hacia una mayor participación, imprescindible para recomponer las democracias, con la exclusión social que arroja un modelo tan concentrado y desigual?


--Tenemos que pensar en la transición. Y hoy debemos contar con políticas sociales, romper con el neoliberalismo, y para eso es necesario una reforma fiscal. Es inaceptable que los pobres y la clase media paguen 40% de impuestos, y los ricos el 1%. Que Trump haya erogado de impuestos federales 765 dólares, es impensable. Tiene que haber una reforma fiscal para dar políticas de educación, de salud. La otra cuestión es política, necesitamos una reforma constituyente. Las constituciones que tenemos congelaron una sociedad segmentada, no solo desde un punto de vista capitalista sino también racista y sexista. Tenemos que refundar el Estado. Los únicos países que tuvieron reforma política fueron Bolivia y Ecuador, e igual fracasaron. La misma idea fracasa muchas veces antes de tener éxito, antes de hacer historia. Los derechos de la madre Tierra, por ejemplo, no tuvo muchos resultados en Ecuador, pero veamos lo que pasó en Nueva Zelanda. Jacinda Arden, la primera ministra, una mujer fabulosa, la líder mundial en este momento después del Papa diría yo, esta señora promulgó una ley sobre los derechos humanos del río sagrado de los indígenas, y no fue simplemente eso, ha dado plata para regenerar, revitalizar los ciclos vitales del río. Es una revolución que no logró efecto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, como sí en Nueva Zelanda. Debemos articular los conflictos sociales con esa idea de Naturaleza porque esta es territorio, cultura, memoria, pasado, espíritu, conocimiento, incluso sentimiento paisaje".

Pienso que las constituyentes van a ser un marco del futuro para deslegitimar el neoliberalismo y volver a la soberanía popular que va a permitir la soberanía alimentaria, que muchos países no tienen hoy. soberanía industrial, ¿cómo es posible que los Estados Unidos no produzcan mascarillas ni guantes, ni respiradores? Por eso, ¿es un país desarrollado? No sé. Sudáfrica ha defendido mejor la vida de la gente que los Estados Unidos.

--El gobierno de Alberto Fernández comenzó en diciembre y tres meses más tarde debió enfrentar la pandemia, a la que se sumó la herencia de un país endeudado y una economía destruida. ¿Qué nos recomendaría a los argentinos, a los latinoamericanos, en este momento?


--Yo soy un intelectual de retaguardia, no de vanguardia. No doy consejos: mi solidaridad, que es grande, es conversar con la gente. Yo pienso que es un continente en el que siempre ha habido una creatividad política enorme, y estas experiencias han dejado cosas muy interesantes. He hablado de Chile, también Bolivia, las elecciones ahora en Brasil. Alberto Fernández es un caso muy interesante y los describe mi último libro, porque es el único presidente que llega al poder y después viene la pandemia. Viene con un programa, pero el programa se vuelve la pandemia. Alberto Fernández tuvo un coraje enorme para enfrentarla. Un gran problema es la herencia brutal de neoliberalismo, de destrucción del Estado, de las políticas sociales, de la economía. Esa herencia es brutal y lleva tiempo la reconstrucción. Además, es una sociedad muy movilizada, con movimientos sociales y populares fuertes, el de mujeres es fortísimo y en estos días se expresa en la lucha por el aborto legal. Hay toda una sociedad muy creativa, y eso se nota. Esta es una gran oportunidad para repensar un poco la política y para volver a una articulación continental; yo pienso que la idea de matriz de articulación regional, como el ALCA, o UNASUR, fueron muy interesantes. Esta semana mirá lo que China y los países asiáticos están haciendo: el más grande conjunto de libre comercio, de articulación económica. Sin los Estados Unidos, y sin Europa; es mucho más grande que cualquier acuerdo europeo, mucho más grande que el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿por qué no entender que el continente no es el patio trasero de los Estados Unidos? Y tiene que tener más autonomía, porque son todos de desarrollo intermedio, de mucha población. Hay que reinventar y en este momento, sobre todo, hay que hacer una autocrítica. A las personas de izquierda no les gusta, porque viene de la época de Stalin, pero la autocrítica es la auto reflexión, es repensar las izquierdas.

América Latina: el patio trasero


Para entender los procesos políticos latinoamericanos, Boaventura de Sousa Santos pone la lupa en las asimetrías, en lo cultural. Estudia las democracias tribales, mira las economías urbanas, critica los sistemas educativos, se enfoca en lo múltiple, lo pluricultural. Sostiene que el Estado tiene que ser refundado porque esta democracia liberal ha llegado a su límite. Dice que las izquierdas del Norte global sean eurocéntricas no es novedad, pero que las izquierdas del sur sean racistas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, es producto de la exclusión que produjo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

--¿Cómo deberían plasmarse estos cambios en América Latina, la cual aparece como una Región en disputa?

--Es esperanzador lo que está ocurriendo y nos tiene que llevar a reflexionar. Por ejemplo, el caso de Bolivia, es el único país que tiene la mayoría indígena del continente, 60% de la población. Yo pienso que los occidentales de izquierda, nosotros los blancos de izquierda, intelectuales, no entendemos los pueblos indígenas. Hay que ser muy humildes, porque no tenemos conceptos. Cuando ganó el MAS de nuevo, la sorpresa fue enorme, porque no imaginaban que los indígenas volverían tan rápido al gobierno. Porque no entienden el alma indígena. Después de la salida de Evo reconstruyeron el MAS, los liderazgos, se animaron de otra manera, con otra gente.

--¿Hubo reflexión? ¿Hubo aprendizaje?

--Estamos repensando todo y las cosas están cambiando. El contexto internacional de esos años hasta el 2014 permitió que en algunos países de América Latina como Brasil o Argentina la gente fuera menos pobre, sin que los ricos dejaran de enriquecerse. Hubo políticas de redistribución por parte de los gobiernos populares pero el ciclo de las comodities cambió y los modelos entraron en crisis. Cualquiera que hayan sido los errores cometidos en los procesos populares, sabemos que no pueden repetirse. Porque los precios de los commodities no están como estaban, porque las condiciones son muy distintas, y porque hay una deslegitimación de todo el modelo neoextractivista. La agricultura industrial tiene que disminuir, puede ser una transición, pero debe lograrse; si no diversificamos la economía, es un desastre. Eso ya lo sabemos. Me parece que ahora estamos en un punto de repensar las cosas. Con Alberto Fernández en Argentina, AMLO en México, son las dos esperanzas. AMLO es un poco más complejo que Alberto, a mi juicio. Tenemos bastantes avances en Chile, y la corriente para iniciar el proceso constituyente, que va a ser muy conflictiva de aquí en adelante. Entonces me parece que las cosas están cambiando, y que de alguna manera en América Latina se están dando respuestas porque la gente está, los movimientos sociales siguen luchando, aunque sea en pésimas condiciones como en Colombia.

* Bernarda Llorente es la presidenta de la agencia Télam.

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Luces y sombras de la «república amorosa» de Andrés Manuel López Obrador

Descolocado por el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inicia su tercer año en el poder. El mandatario tabasqueño combinó una política de mejora de los ingresos populares con perspectivas conservadoras en varios niveles. Su programa parece ser neoliberal, desarrollista, redistributivo y asistencialista al mismo tiempo. Con todo, mantiene altos niveles de apoyo social.

 

Político tenaz, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se sobrepuso a dos elecciones adversas en Tabasco (1988, 1994), la segunda groseramente fraudulenta, antes de competir por la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2000, que ganó apretadamente frente al aspirante del Partido Acción Nacional (PAN). Esto, más el liderazgo construido cuando fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (1996-1999) y el fracaso del primer gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox (PAN), despejaron el terreno al político tabasqueño para contender por la presidencia de la República en la cuestionada elección presidencial de 2006. En el tercer intento, finalmente López Obrador ganó la presidencia en julio de 2018 al frente de la coalición Juntos Haremos Historia. En esa ocasión, obtuvo una mayoría contundente (53,19%) y se verificó una caída estrepitosa del voto de los tres partidos por entonces más importantes: el PAN, el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Partido de la Revolución Democrática (PRD), nacido como una escisión del PRI y liderado alguna vez por el propio López Obrador.

La corrupta administración de Enrique Peña Nieto (PRI), la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y decisiones puntuales como el aumento del precio de los combustibles en 2017, favorecieron la candidatura de López Obrador quien, todavía en las filas perredistas, se deslindó del Pacto por México, acuerdo cupular de las tres fuerzas políticas principales para realizar las reformas estructurales (energética, educativa, entre las más importantes) en el regreso priista. Fuera de la trama palaciega, el fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quedó en buena posición para capitalizar el descontento y la crisis moral de las elites (políticas, económicas, intelectuales) que condujeron al país en tres pistas: la desregulación económica, la transición democrática y la guerra al crimen organizado. Ofreciendo un «cambio verdadero», el político tabasqueño logró concentrar en un polo a la izquierda política e ilusionar a un electorado que en un 85% se pronunció por el cambio en 2018. La pregunta es si tras dos años de gestión, el lopezobradorismo ha cumplido esa expectativa y en qué consiste la llamada Cuarta Transformación que materializaría ese cambio.

Los hilos del poder

Juntos haremos historia reunió alrededor de Morena a un grupo de partidos electoralmente insignificantes, oportunistas y retardatarios, congregados únicamente por la urgencia de conservar el registro: el Partido Encuentro Social (PES), un partido confesional ultraconservador; el Partido Verde Ecologista (PVM), una fuerza que lejos de apoyar la defensa del ambiente fue impulsor de la pena de muerte y aliado sucesivamente del PAN, del PRI y de Morena; el Partido del Trabajo (PT), formación de origen maoísta alentada por el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con una militancia tan reducida que solo una maniobra oscura del tribunal electoral le permitió recuperar el registro legal que perdió en las urnas, y no oculta sus simpatías por la dictadura de Kim Jon-un en Corea del Norte. Y, finalmente Morena, conformado por un núcleo que acompaña a López Obrador desde hace veinte años y por remanentes comunistas y de la izquierda nacionalista. Morena está, además, densamente poblado por todos quienes quisieron labrarse un futuro con el lopezobradorismo sin importar la filiación política precedente.

El gabinete presidencial, si bien variopinto, no integró en la primera línea de responsabilidad a miembros de estos partidos, aunque sí en niveles menos visibles en los cuales, además, el presidente colocó a sus paisanos tabasqueños y compañeros de antaño, independientemente de que sus perfiles y de su experiencia profesional correspondieran a los cargos. Esta es una herencia nefasta del PRI sobre los usos de la gestión pública. Lo cierto es que la coalición lopezobradorista, tanto en las cámaras legislativas como en el interior de su gabinete, se dedica apenas a cumplimentar automáticamente las decisiones del Ejecutivo.

En estos años, López Obrador revitalizó el presidencialismo del régimen de la Revolución Mexicana, con un Ejecutivo fuerte capaz de subordinar a los poderes Legislativo y al Judicial. La mayoría en la Cámara de Diputados concede poco a la oposición, mientras que la robusta minoría en el Senado se muestra más propensa a pactar. En cuanto al Poder Judicial, el presidente logró inclinar la balanza a su favor con la incorporación de ministros afines y el allanamiento a sus directrices por parte del titular de ese poder. Menos terso es el trato con los gobiernos estatales, en particular los del PAN, que formaron un bloque para confrontar a la federación (algo que no sucedía en mucho tiempo), sobre todo en las asignaciones presupuestales y en la política sanitaria. Cabe señalar que el conflicto se inició con la designación presidencial de delegados en las entidades federativas, quienes manejan los recursos de los programas sociales y son candidatos potenciales para las contiendas por las gobernaciones, consideración relevante dado el peso de las clientelas políticas en las elecciones mexicanas.

La centralización lopezobradorista dirige sus baterías contra los organismos reguladores –en particular los del sector energético–, con la presunción de que sirven más a los intereses privados que a los públicos, además de ser fuente de corrupción. La estrategia consiste en colocar incondicionales al frente de estos o reabsorberlos dentro de la administración central. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha ganado una relativa autonomía ganada en los últimos años, colocó al frente a Rosario Piedra Ibarra, una militante de Morena con muy escasa acreditación en el medio. Adicionalmente, con los contrapesos dentro del Estado mermados, el presidente busca legitimar sus acciones por medio de consultas populares poco representativas y sesgadas, mal organizadas y sin instrumentos de certificación confiables. Con este mecanismo, el presidente canceló el aeropuerto de Texcoco y decidió realizar un proyecto hidroeléctrico en Morelos, soslayando el rechazo de las comunidades afectadas y deshonrando el compromiso hecho en campaña. De manera bastante sistemática, López Obrador pacta con organizaciones y movimientos sociales corporativos, que por cierto defienden privilegios (por ejemplo, los sindicatos de maestros) e ignora a los movimientos sociales independientes, como por ejemplo, los feminismos.

Aunados a su popularidad, los bastiones lopezobradoristas son las corporaciones caras al conservadurismo clásico: el Ejército, las iglesias y la familia. Las competencias del instituto armado, más las de la Marina, desbordan su mandato constitucional, ya que se extienden a la seguridad pública, la administración de puertos y aduanas, la construcción de aeropuertos y sucursales bancarias, la distribución de medicamentos y un larguísimo etcétera. Esto es, el Ejecutivo ha debilitado el poder civil dentro del Estado en favor del brazo militar. Las iglesias ganan terreno dentro del espacio público –tendencia que venía desde la reforma del gobierno de Carlos Salinas de Gortari–, además de intervenir explícitamente en organizaciones políticas como, el PES, que como señalamos forma parte de la coalición gobernante. En esta visión, la familia no solo deposita los valores morales de la sociedad, sino también de las asignaciones directas de los programas sociales. De acuerdo con los dichos del presidente, esta es «la principal institución de seguridad social que existe en el país». Y el duopolio televisivo se ha sumado al bloque lopezobradorista, fiel al contubernio histórico entre el poder público y la televisión privada. El disenso se expresa en una parte de la prensa, de poca circulación en México, que recibe la desmesurada respuesta del presidente en sus conferencias matutinas. Y funciona como el adversario necesario para activar el discurso binario (amigo/enemigo, conservador/liberal) desde el Palacio Nacional.

La política pública

Hay una desconfianza recíproca entre López Obrador y el gran capital –nativo y global–, tanto por el amago constante de revisar los contratos firmados con gobiernos anteriores, como por los cambios del talante presidencial con respecto de ciertos temas, particularmente el energético, en el que suma o resta la inversión privada de acuerdo con la circunstancia y el auditorio. No obstante, los magnates mexicanos participan en distintos renglones y proyectos. Si bien en algunos casos los forzaron a pagar elevados montos de impuestos atrasados, estos tienen la garantía verbal del presidente de que no habrá una reforma fiscal que grave de manera más progresiva sus fortunas. Silenciosa y consistentemente crecen los depósitos de capitales mexicanos en los bancos estadounidenses, al tiempo que los migrantes han incrementado los envíos hacia México, amén de la cifra negra del blanqueo de capitales de la economía criminal camuflado como remesas. Incondicional de Estados Unidos, el López Obrador se plegó a la criminal política migratoria de Trump, con la Guardia Nacional cumpliendo la función de una patrulla fronteriza extraterritorial, además de no hacer una presión diplomática suficiente para proteger los derechos de los migrantes mexicanos, aunque sí para recatar a un exsecretario de Defensa capturado por el cargo de narcotráfico en Estados Unidos. El triunfo demócrata alteró las coordenadas en que López Obrador se había movido hasta entonces. Y el presidente reaccionó tarde y mal al triunfo de Biden.

Otra dimensión de la era de López Obrador es la política frente a los funcionarios públicos. Los reales e incluso escandalosos privilegios de la «burocracia dorada» cebada por muchos años con el dinero público y agigantada durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), fueron cercenados sin la ponderación adecuada. Y por ello, el Estado ha perdido a personal altamente especializado en enclaves de la administración pública. Llevado al extremo, incluso derechos laborales como el aguinaldo han quedado en suspenso para este sector. Las clases medias, que votaron mayoritariamente por López Obrador, también se consideran privilegiadas dentro del discurso presidencial, no solo en cuanto a recursos económicos sino por el acceso a bienes intangibles. Es por ello que tampoco caben en la «república amorosa» propugnada por el presidente mexicano. La lucha de clases en la concepción lopezobradorista –si tal noción existe en ella– es entre estos sectores privilegiados (burocracia y clases medias) y el pueblo, entendido este como una totalidad sin contradicciones, uniforme y bueno.

La vocación redistributiva del nuevo gobierno es innegable. Esta fue, justamente, la gran dimensión ausente en las administraciones explícitamente neoliberales. El salario mínimo ha tenido el mayor incremento en los últimos 25 años, los programas sociales fueron incorporados al texto constitucional, hay una iniciativa para regular el outsourcing (subcontratación o tercerización) y se legisló la libertad sindical, como consecuencia (hay que decirlo) de la presión de los congresistas demócratas para aprobar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). López Obrador concibe la economía en tres niveles. El primero es el del sector externo ligado al mercado global con el T-MEC, instrumento suficiente para que se desarrolle por sí mismo. El segundo es el del mercado interno, al que hay que impulsar con las obras de infraestructura, en especial en la producción energética. Y el tercero es un segmento informal fuera de ambos que habrá de integrarse a través de programas sociales basados en asignaciones directas. Su programa es neoliberal, desarrollista, redistributivo y asistencialista a la vez. En el radar lopezobradorista no aparece la intención de sentar las bases de un Estado de bienestar ni de propiciar la autoorganización de las clases populares. La ingeniería financiera para sostener la política actual se concentra en las reasignaciones presupuestarias más que en la recaudación fiscal, por lo que resulta insuficiente y costosa, dado que se desarrolla a cambio de sacrificar otros sectores prioritarios como la ciencia, la cultura y parte de las instituciones preexistentes, como ha ocurrido en el campo de la salud pública.

Horizonte

El discurso lopezobradorista asumió el tópico de la derecha nacional y de los populismos contemporáneos: la corrupción. Según López Obrador no se trata solo de una «enfermedad neoliberal» que contaminó la política con el dinero, sino también la causante de la desigualdad social. Como dicha desigualdad no es producto del sistema económico, no trata de sustituirlo por otro más justo, sino de desterrar la corrupción. El adversario, que antes de alcanzar la presidencia era «la mafia del poder», se desplazó, ya con López Obrador en la presidencia, hacia los «conservadores». El actual presidente se asume juarista y el término puede emplearse de manera tan laxa que reúne a la derecha, las feministas o las comunidades originarias que se oponen a los proyectos desarrollistas.

López Obrador prometió una «república amorosa», basada en la fraternidad y el amor al próximo, pero los duros reveses de su administración en campos sustantivos como la seguridad pública, la economía y la emergencia sanitaria, endurecieron el discurso en el segundo año de la gestión, subiendo de tono la confrontación con sus adversarios. Estos, para fortuna presidencial, no logran recomponerse después del colapso electoral de 2018, pero la ofensiva constante desde Palacio Nacional los acicatea a congregarse, favorecidos además por los recursos de algunos capitales grandes y medianos opuestos al lopezobradorismo. Aunque la transformación prometida no da visos de materializarse y López Obrador perdió a las clases medias, todavía mantiene un considerable apoyo popular, controla los hilos del poder y dispone de los recursos presupuestarios asignados a los programas sociales y a paliar la pandemia (y del padrón de beneficiarios que los reciben). Al mismo tiempo, tiene una oposición con muy poco que ofrecer a las mayorías. Esto le permite a la coalición lopezobradorista arrancar con una ventaja apreciable en las elecciones intermedias de 2021.

Por Carlos Illades

Diciembre 2020

Publicado enInternacional
“La Renta Básica tiene más apoyos por parte de partidos políticos cuando más alejados están del poder”. Entrevista a Daniel Raventós

Desde España, en una entrevista exclusiva para Revista Mugica, el doctor en Ciencias Económicas y presidente de la Red Renta Básica, Daniel Raventós, brinda los principales fundamentos de lo que, considera, debe ser una propuesta progresista que tenga como eje la renta básica.

Un elemento central de la Renta Básica es su condición de universal en sentido fuerte, esto es, para todos los ciudadanos y de manera incondicionada. ¿Por qué este tipo de renta sería más justa que una renta dirigida a sectores socioeconómicos desaventajados? Se lo pregunto porque intuitivamente no parecería del todo justo que el hombre más rico y el más pobre de un mismo país reciban la misma renta cuando evitando darle al más rico podría dársele el doble al más pobre.

La pregunta tiene una respuesta clara que voy a dar a continuación, pero antes es preciso decir que lo que a usted no le parece justo, en realidad nadie lo propone. Dice usted que no le parece justo que “el hombre más rico y el más pobre de un mismo país reciban la misma renta cuando evitando darle al más rico podría dársele el doble al más pobre”. No sería justo, efectivamente. En todo proyecto de financiación que en mi opinión valga la pena tener en cuenta, la RB debe financiarse mediante una reforma fiscal que suponga una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. La confusión puede residir en equiparar el hecho de que la RB la recibe toda la población con la idea (errónea) de que todo el mundo gana. La recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Vayamos ahora a responder propiamente a la pregunta.

Los problemas asociados a la condicionalidad son diversos y su contraste con la RB son ilustrativos. Solamente voy a referirme a algunos: costos administrativos, trampa de la pobreza,  non-take-up y estigmatización.

Los costos administrativos. Los subsidios condicionados tienen unos costes de administración muy elevados. Esto es un viejo y conocido problema. Si se debe seleccionar quién “merece” y quién no un subsidio condicionado se debe controlar que las personas realmente encajen en el modelo condicionado. Costos inmensos en distintas vertientes, pero una es especialmente interesante: costos muy altos proporcionalmente a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida: se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales y, no menos importante, si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de conceder el subsidio y control posterior mientras se lo está percibiendo. Miles, decenas de miles, según la población y el lugar, de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios condicionados. Un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La RB no tendría costos derivados de la condicionalidad puesto que es incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población, incondicionalmente. Pero los costes no solamente son para la administración, son también para los solicitantes. Aunque no formen parte de los costes administrativos, los sufren las personas que solicitan subsidios. A menudo deben desplazarse e incluso realizar algún viaje para acceder a las oficinas de prestaciones, esperar, hacer colas, rellenar formularios difíciles para determinadas personas. Y esto son costes no solamente económicos sino de tiempo: otro monumento a la irracionalidad.

La trampa de la pobreza.Este problema es muy grave. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contraste, la RB funciona como una base o un suelo, no como un techo: la realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la RB con lo que el desincentivo a la actividad desaparece. En 35 estados de EE.UU. la trampa de pobreza que surge de las ayudas condicionadas implica que las personas que reciben prestaciones en caso de aceptar un trabajo con un salario mínimo perderían dinero. Para evitar la trampa de la pobreza se han diseñado todo tipo de trucos, pero aunque puede mejorar algo determinadas situaciones, el problema de la trampa de la pobreza es intrínseco a la condicionalidad. La RB supera muy bien este grave problema de la trampa de la pobreza.

El non-take-up (NTU) o tasa de solicitud de prestaciones condicionadas: la fracción de las personas que no solicitan una prestación a pesar de cumplir todos los requisitos de elegibilidad y tener derecho, por tanto, a ser perceptores. Las proporciones de las personas que no solicitan las prestaciones son de unos porcentajes impresionantes, en algunos casos llega al 60%. Las razones son de distinto tipo: personales, de diseño del tipo de subsidio, de gestión, etc. Pero que un 60% de las personas potencialmente beneficiarias no pidan los subsidios condicionados es un grave problema. Para una RB no es necesario apuntar que el fenómeno del NTUdesaparece.

Estigmatización. Esta lacra está asociada a los subsidios condicionados: la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que significarse, en las ventanillas de la administración, como “pobres” o como “enfermos” para no decir como directamente “culpables” de ser unos “fracasados” o “extremamente” pobres. Los subsidios condicionados comportan a menudo preguntas intrusivas, incluso sobre las relaciones personales más íntimas de las personas solicitantes, que pueden ser complementadas con controles de visitas en el domicilio. A veces la administración burocrática parece tratar a las personas solicitantes de los subsidios condicionados como si se tratase de delincuentes potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato, qué duda cabe, estigmatiza. La RB no estigmatiza por una razón muy evidente: la recibe toda la población del área geográfica que se implante. Se estigmatiza a colectivos sociales o personas determinadas, no se puede estigmatizar a toda la población. No hay nada estigmatizador por el hecho de recibir una RB que se otorga a todos los miembros de la sociedad.

La Renta Básica no es necesariamente una propuesta de izquierda. De hecho hay sectores de derecha que son parte de una tradición que va desde Friedman hasta Murray y que encuentra en ella la posibilidad de acabar con el Estado de Bienestar. ¿Cuál es la diferencia entre las propuestas de izquierda y de derecha respecto a la Renta Básica?

Las propuestas y apoyos de la RB provienen de posiciones políticas, académicas y sociales muy diversas. Algunos partidos de derechas y otros de izquierda han defendido en algún momento la RB en distintos lugares del mundo. Hay partidos que circunstancialmente coquetean con la RB y la defienden durante un tiempo. Una de las razones de la brevedad temporal de la defensa de la RB por parte de algunos partidos está en lo que podríamos establecer como “ley de la lejanía del poder” que puede ser anunciada así: la RB tiene más apoyos por parte de partidos políticos cuando más alejados están del poder. O también: la RB recibe menos apoyos cuando más cerca están los partidos del poder. A ello se refieren Van Parijs y Vanderborght cuando hablan del “apoyo barato” de algunos partidos a la RB cuando están muy lejos del poder. Y la falta de apoyo cuando están cerca.

Pero aún así, sigue siendo cierta la afirmación de que algunos partidos y académicos de derechas, así como otros de izquierda han defendido en el pasado o defienden en la actualidad la RB. Esta realidad ha comportado que algunas personas se hayan sentido perplejas ante lo que este “prodigio” supone: ¿derechas e izquierdas defienden algo tan especial como la RB de forma común? No, no hay tal prodigio. Las diferencias más importantes entre las propuestas de RB de derechas e izquierdas pueden agruparse en los siguientes ítems.

En cómo se financia la renta básica. O, lo que es lo mismo, qué parte de la población gana y qué parte pierde. Para las propuestas claras de izquierda, la financiación de la RB significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de la renta de las decilas más ricas al resto de la población. La derecha pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto.

En las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la RB. La izquierda asume la defensa de la sanidad y la educación públicas, y en general, del Estado de bienestar. La derecha no. Los defensores de derechas pretenden desmantelar el Estado de bienestar (o lo que queda en algunos lugares del mismo) “a cambio” de la RB —sería el caso por ejemplo del que usted cita, Charles Murray (Milton Friedman no defendía una RB, defendía un impuesto negativo sobre la renta también a cambio de desmantelar el estado de bienestar), el economista que defiende la RB en las páginas del Wall Street Journal: el título de uno de sus libros, de 2006, es suficientemente explícito In Our Hands: A Plan to Replace Welfare State.—, persiguiendo sus clásicos objetivos de “adelgazamiento” del Estado —excepto la policía, el ejército y los tribunales de justicia, significativamente— y de reducción de la presión fiscal a los ricos. La izquierda no concibe la libertad de forma independiente de las condiciones materiales de existencia. Para la izquierda, una RB podría, y debería, ir acompañada de más y mejores servicios públicos. La Red Mundial de Renta Básica (BIEN por sus siglas en inglés) que fue fundada en 1986 y que ahora tiene secciones en todos los continentes, es clara en este aspecto, afirmando en una resolución aprobada en la Asamblea General de la BIEN en Seúl en 2016, que su versión de la RB es:

“[E]stable en cantidad y frecuencia y lo suficientemente alta como para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esa sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos.”

Los defensores de izquierdas de la RB también entienden que aumentaría el poder de negociación de los trabajadores. Cuando la relación laboral es tan institucionalmente asimétrica aunque los contratos entre una multinacional o gran empresa y cualquier trabajador tomen legalmente a ambas partes como “iguales”, no es complicado ver cómo una RB mejoraría la posición de la parte más vulnerable, que al menos tendría un ingreso por encima o al menos igual al umbral de la pobreza sobre el que apoyarse. El aumento del poder de negociación de los trabajadores y de las mujeres que supondría la RB, según defiende la izquierda, no es admitido como bueno o deseable por la derecha. Adicionalmente, la derecha prefiere cantidades pequeñas de RB por debajo del umbral de la pobreza para “incentivar” el trabajo remunerado. Sobre el cada vez más desarrollado porcentaje de “trabajos de mierda”, como los catalogaba el recientemente fallecido David Graeber, la derecha es insensible a la cuestión puesto que justifica que siempre se han tenido que desarrollar trabajos desagradables y poco interesantes para hacer posible el crecimiento.

En la neutralidad del Estado. Para la derecha la neutralidad significa que el Estado no intervenga en las negociaciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales. Para la izquierda  significa que debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes, impongan su voluntad privada a los Estados, con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que eso supone. Con una defensa de una renta máxima, por ejemplo. Un Estado republicano debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Republicanamente, se presupone que el Estado deba ser equidistante entre las distintas concepciones de la buena vida, pero, cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su concepción privada del bien, cuando la constitución oligopólica de los mercados permite el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad republicana significa intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte.

En las medidas que deberían acompañar a una RB. La RB sería una medida propia de la esfera de la política económica, pero no es una “política económica” por sí sola, como ya se ha explicado. La diferencia entre las propuestas de izquierdas y de derechas también se hace evidente por la cantidad y tipo de medidas adicionales que éstas implican en el campo de la política económica. Por ejemplo, gravar con impuestos a los ricos para que éstos de hecho paguen la RB del resto de la población es inadmisible para la derecha. Para la izquierda republicana gravar de forma severa a las grandes fortunas sería una medida muy necesaria. El hecho de que tres personas en los Estados Unidos –Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett– poseían en 2017 más riqueza que la que tenía en conjunto la mitad más pobre del país es tout court inadmisible republicanamente.

¿Cómo se podría financiar un programa de Renta Básica? ¿Están pensando en algún tipo de impuesto progresivo en particular? ¿Acaso un impuesto sobre las grandes fortunas? 

Junto con Jordi Arcarons y Lluís Torrens llevamos años exponiendo con detalle algún modelo de financiación de una RB para el conjunto de la población del reino de España. Explicarlo aquí con detalle sería muy largo. Puede verse por ejemplo aquí: https://www.sinpermiso.info/textos/nuevos-modelos-para-financiar-una-renta-basica-incondicional-y-universal Lo que sí puedo es resumir los resultados. Es posible financiar una RB para todas las personas adultas que residen en el reino de España de 7.500 euros al año (cantidad que puede sufrir pequeñas modificaciones al alza o a la baja en el resultado final que estamos elaborando, pero que serían insignificantes) y del 20% a los menores de edad.

Para la financiación de esta RB, además de lo recaudado hasta ahora, es decir, sin tocar ni un euro de ninguna otra partida actual (sanidad y educación públicas no se tocarían, por si alguien tiene alguna duda) excepto las prestaciones monetarias que fueran redundantes con la RB, el dinero saldría de: una reforma del IRPF.

La gran mayoría de la población declarante actual en el IRPF y no declarante saldría ganando respecto a la situación actual. Solamente las decilas superiores perderían con la reforma propuesta. Un porcentaje cercano al 80% de la población situada en los niveles inferiores de renta por debajo del 20% más rico saldría ganando con la reforma. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.500 euros anuales de RB que no quedarían sujetos al IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Es decir, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los últimos años.

El índice de Gini pasaría de ser uno de los más desigualitarios de Europa a convertirse en uno de los más igualitarios del mundo.

Más allá de que la estructura y la presión impositiva varían en cada país, ¿han calculado cuánto más deberían aportar los sectores más aventajados para que el modelo sea sustentable?

En los modelos de financiación de una RB que anteriormente he resumido sus resultados, no se incluye una carga impositiva específica a las grandes fortunas. Si se implantase un impuesto del 10% a la decila de mayor riqueza de la población del reino de España (sin contar su vivienda de residencia por lujosa que fuera), podrían obtenerse más de 96.000 millones de euros. Exactamente sería aplicar un recargo al cruce de la decila de mayor patrimonio (riqueza) y de la decila de mayor renta, que según la Encuesta Financiera de las Familias del año 2014 acumula las nada despreciables cifras de más de 0,085 billones de euros de renta y de 0,96 billones de euros de patrimonio (descontando la vivienda habitual). La cantidad de 96.000 millones supone mucho más dinero que todas las pensiones de jubilación. Y solamente se trataría del 10%. Un 20% al 10% más rico patrimonialmente recaudaría claro está el doble, es decir, 192.000 millones. Aun así, este 10% de la población seguiría siendo rico en patrimonio, sin lugar a dudas. Otro ejemplo: también podría implantarse un impuesto según el nivel de riqueza, tal como propone Piketty en su último libro Capital e ideología: a quien disponga de 100 veces el patrimonio medio, se le aplicaría un tipo del 10%; a quien lo tenga de 1.000 veces, del 60%; a quien lo tenga de 10.000 veces, del 90%.

Hay otros recursos, claro está. Como por ejemplo los vergonzosos 11.000 millones que anualmente el Estado español, formal que no realmente laico, aporta a la iglesia católica. En fin, posibilidades hay más de una, por supuesto.

En general, las perspectivas liberales afirman que las rentas o subsidios brindados por el Estado, sean universales o a través de una discriminación positiva, quitan incentivos y promueven valores poco encomiables para la vida en sociedad. Si la renta básica es ambiciosa y pretende garantizar vivienda, comida y ocio en el marco de un Estado de Bienestar que paralelamente garantiza salud, seguridad y educación, ¿qué tipo de incentivos de mayor productividad encontrarían los beneficiarios? 

Esta crítica es habitual. Con una RB la gente no trabajaría, acostumbran a decir algunos de sus críticos. Los experimentos realizados en distintos lugares del mundo a lo largo de los últimos años (en Namibia, India, Barcelona, Finlandia…) muestran que esta crítica no se basa en hechos sino en perjuicios. En cualquier caso, acostumbra a preocupar a algunos críticos de la RB que los pobres puedan “perder los incentivos” para buscar otras fuentes de renta, en cambio los ricos, por mucho dinero que tengan, parece que nunca pierden estos incentivos. O  bien los ricos son más virtuosos, o bien tienen un amor al trabajo superior al resto, o bien los pobres son unos viciosos, o bien unos vagos casi genéticos… pero lo que sirve para unos no sirve para otros, parece ser. Sabemos que precisamente en los experimentos mencionados las personas, liberadas de la angustia vital para encontrar un trabajo aunque sea de mierda, por utilizar una muy buena y académica expresión del ya mencionado David Graeber, trabajo que en ocasiones no se llegará a lograr, se consideran capaces de emprender actividades que sin la RB no se veían capacitados o con ánimos de emprenderlas. Curioso: las evidencias no corroboran que con una RB las personas sean menos activas laboral y económicamente. En realidad, tienden a serlo más. Pero para algunos críticos de la RB si la realidad les lleva la contraria, peor para la realidad. Manera poco científica de evaluar la realidad.

24/11/2020

Daniel Raventós 

es editor de Sin Permiso. En enero, la editorial Catarata publicará su libro "Renta Básica: ¿Por qué y para qué?”, con prólogo de Guy Standing y epílogo de María Julia Bertomeu.

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