Colombia: sin agua para apagar el incendio

El eco de las protestas en Colombia parece no haber terminado. Las jornadas de lucha de trabajadores, jóvenes y colectivos pauperizados han dado lugar a un nuevo escenario. ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Tendrá realmente poder para enfrentar en las urnas al gobierno de Duque?

 

Frustraciones y sorpresas dibujan los últimos 25 años de la historia de Colombia. La esperanza esquiva se filtró entre las oscuridades de la violencia con la firma del acuerdo de paz en el 2016, pero la victoria del «No» en el plebiscito convocado para aprobar el cierre del conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), significó un portazo a la ilusión de construir un nuevo tiempo como país. En 2018, como viene ocurriendo cada cuatro años desde 2002, triunfó en la elección presidencial Álvaro Uribe a través de la candidatura de Iván Duque, el ungido esta vez, con ánimo de cobrar revancha por la paz firmada por el ex-presidente Juan Manuel Santos, considerada siempre como una traición.

Desde 2019, la protesta estudiantil marcó la pauta con su expresión en las calles. La respuesta del gobierno de Duque fue desplegar policías antimotines y soldados, tanques y vehículos blindados; y reprimir durante las noches en Bogotá y Cali, al suroccidente del país, donde se instauró el toque de queda. Fueron asesinados 17 jóvenes.

Los discursos de miedo y odio cedieron a fines de 2019 ante una iniciativa «tranquilizadora», denominada la Gran Conversación Nacional, que no tardó en transformarse en una nueva frustración por la dilación e incumplimiento de la palabra del gobierno. Las protestas se adormecieron durante todo 2020 por la pandemia de covid-19, que sumió al país urbano en una realidad social, económica y sanitaria no conocida, atendida de manera ineficiente por el gobierno de Duque y acentuada por su desconocimiento del país, su inexperiencia e inmadurez; todo lo contrario a lo exigido para administrar una crisis.

Los mayores efectos de la pandemia se vivieron en el suroccidente, en especial en Cali, tercera ciudad de Colombia. A esto deben sumarse el descontento y rechazo por los repetidos asesinatos de líderes sociales (86 en lo que va del año), el desplazamiento forzado de comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del extenso corredor Pacifico (44.290 personas en 2021 según la Defensoría del Pueblo) y el crecimiento de las áreas geográficas bajo control o con un incremento de la presencia de actores armados no estatales que debilitan la gobernabilidad y la confianza en la capacidad del Estado. 

En abril de 2021, una propuesta tributaria que incrementaba los impuestos desató un alzamiento nacional múltiple que fue creciendo sin que el gobierno pudiera detenerlo. Ni la brutal represión, ni el retiro de la reforma tributaria, ni la salida del ministro de Hacienda, ni los anuncios de inversiones para los jóvenes, ni el temor al coronavirus y sus efectos -que han significado más de 115.000 muertes- lograron frenar la protestas.

El gobierno retomó entonces la retórica del enemigo interno apoyado desde el exterior, en una narrativa que va desde Venezuela a Rusia, pasando por Cuba, y apela a discursos anticomunistas de la época de la Guerra Fría. Al tiempo que agitaba la bandera contra el pre-candidato presidencial Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico (una coalición de fuerzas de izquierda, líderes sociales y senadores de origen liberal y del antiguo Partido de la U que han saltado de una a otra formación política en los últimos 20 años). Tanto Uribe como sus alfiles oficiosos, como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no dudan en señalar a Petro como responsable por la destrucción de bienes públicos y privados, llevar a los jóvenes a la muerte y alentar acciones contra la vida de funcionarios públicos, civiles y policiales, e incentivar bloqueos que significaron la ruina de empresarios y ciudadanía durante dos meses.

Las protestas paralizaron Colombia con jornadas masivas en las calles, reprimidas brutalmente, y confrontaciones que involucraron civiles armados, articulados a bandas de narcos que acompañaban a fuerzas de policía en los barrios para detener, y en algunos casos asesinar, a manifestantes. En ciudades como Cali florecieron el racismo, el clasismo, la represión armada institucional y para institucional durante los dos últimos meses.

Las cifras de asesinados van de 42 hasta 87, tanto en manifestaciones como en sitios de bloqueo, según datos oficiales y no oficiales aún en discusión. Si bien la crisis económica, el agotamiento individual y social derivados de la pandemia son insumos para una integral comprensión de lo ocurrido, el clamor por cambios estructurales en la sociedad y el rechazo ciudadano a una institucionalidad pública cada vez menos confiable, corrupta y violenta a los ojos de los jóvenes urbanos están al orden del día.

Esta confrontación social y política ameritó una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio, reclamada por organizaciones sociales, estudiantiles, autoridades locales y centrales obreras agrupadas en el Comité Nacional del Paro, entre otros. Las observaciones y recomendaciones de esta visita de trabajo, según la CIDH tienen por objetivo contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social. El gobierno ha rechazado el informe, incrementando las criticas nacionales e internacionales.

¿Cómo se reorganizan en este contexto las distintas fuerzas de la sociedad? ¿Qué esperar de un proceso electoral para elegir congreso y presidente el siguiente año?

El mundo empresarial aferrado a Duque reclama y respalda el uso de todas las herramientas, incluidas las Fuerzas Armadas, para recuperar el «orden institucional». Este bloque une al coro que ve en Petro la causa del desastre de los últimos meses y aunque hay matices entre sus voceros, cierra filas para frenar su elección como próximo presidente. La convicción empresarial es que Petro no debe ser elegido pues la llegada de la izquierda al poder significaría la destrucción de la economía. Los inversionistas rurales exportadores agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios empresariales, entre ellos bananeros, ganaderos, cultivadores de caña y frutales respaldan las tesis de Uribe. Pero además tienen en muchos casos sus propios operadores políticos, ligados a partidos de derecha y centroderecha que han sido punta de lanza para impedir la ratificación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales conocido como Acuerdo de Escazú, uno de los compromisos incumplidos por el gobierno luego de las protestas en 2019.

El excepcional bipartidismo colombiano, representado por los partidos Conservador y Liberal (que sobrevivió hasta casi el fin del siglo XX), es hoy un apéndice del uribismo y las elites para impedir la irrupción de la izquierda en el poder nacional. Esto quedó ratificado en 2018, cuando ambos partidos respaldaron a Duque contra Petro en la segunda vuelta electoral.

Dentro de los sectores que confrontan al uribismo el más importante es el Partido Verde. Su mayor elector en 2018 fue el ex rector de la Universidad Nacional y alcalde de Bogotá en dos ocasiones, Antanas Mockus, quien perdió su curul en el Congreso por decisión de la Corte Suprema de Justicia en atención a una demanda por conflicto de intereses como representante legal de una ONG.

El Partido Verde es una coalición de intereses diversos y cambiantes que ha mezclado liderazgos jóvenes comprometidos con el cambio, exguerrilleros que firmaron acuerdos de paz en la década de los 90, sectores de centroderecha y liderazgos independientes afirmados en prácticas clientelistas. Este partido ha tenido su mayor éxito al elegir 18 congresistas y tomar las riendas de la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, en 2019, quien se ha convertido, junto a la senadora Angélica Lozano, en la figura y voz más relevante del partido. Ambas promueven la construcción de un bloque con sectores de clase media y grupos de opinión dispuestos a «reformas sin traumatismos», articuladas a la centroderecha representada por el expresidente  Santos, artífice de los acuerdos de paz con la guerrilla. Con Petro mantienen un agrio enfrentamiento con descalificaciones mutuas luego de haber tenido relaciones de cooperación política.

Por su parte, el Polo Democrático es hoy una formación venida a menos en la que confluyen izquierdas de las décadas de 1960 y 1970, que se ha escindido para dirimir los conflictos internos. Es un partido con individualidades valiosas como Iván Cepeda y Alexander López pero sigue siendo un sector minoritario. Hoy forma parte del Pacto Histórico, que además de Colombia Humana de Petro incluye a movimientos sociales e indígenas, y también algunos sectores de la vieja política, que buscan poner en pie una candidatura unitaria para 2022 y se reclaman como la alternativa al uribismo y al continuismo de las viejas elites en el poder. Cuentan en su favor el liderazgo sólido de Petro y el antecedente de los 8 millones de votos que obtuvo en el 2018.

Álvaro Uribe y su partido están debilitados en la opinión pública por los escándalos judiciales, el apresamiento del propio Uribe y la ineptitud de Duque y su equipo de gobierno. Como Centro Democrático no parecen estar en condiciones de agrupar bajo un liderazgo propio a los sectores partidistas que apoyaron a Duque para ganar las elecciones en 2018.

El Centro Democrático de hoy, a pesar de no contar en la opinión pública ni con la mitad de la favorabilidad que tuvo cuando llevó a Duque a la presidencia en 2018, no está sin embargo políticamente muerto. A pesar de los procesos judiciales contra Uribe, su detención domiciliaria por acusaciones de soborno y fraude procesal y la de varios de sus copartidarios, el Centro Democrático conserva el poder presidencial, que junto al de las Fuerzas Armadas es el poder real en el país. Desde sus filas, las protestas son leídas desde teorías conspirativas a veces directamente delirantes como la de la «revolución molecular disipada», difundida por el propio Uribe citando a un personaje marginal de la extrema derecha chilena invitado a disertar en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Las Fuerzas Armadas han derivado en un instrumento político del ex-presidente Uribe. Los oficiales y el ministro de Defensa no solo atienden sus llamados -como pudo probarse en el manejo de la protesta social-, sino que evidencian de múltiples formas una postura contraria al Acuerdo de Paz, y en especial el sistema de justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Todos estos instrumentos son descalificados por el partido de gobierno que pretende reformarlos e incluso propone acabar con ellos.

En este marco, la protesta social continúa sin encontrar interlocución con las autoridades nacionales, con excepción de Cali, donde jóvenes y autoridades locales han conseguido construir una mesa de conversaciones que produce acuerdos. En este espacio se plantean iniciativas innovadoras que retan al gobierno local mediante un proceso denominado «constituyente juvenil», que debate temas ambientales, sostenibilidad de la vida, etnicidad, entre otros.

La debilidad e ilegitimidad de las instituciones es creciente, así como la ausencia de control territorial por parte del Estado en zonas del Pacifico desde la frontera con Ecuador a la frontera con Panamá. Igual ocurre en la frontera de 2219 kilómetros con la vecina Venezuela y en varias regiones en departamentos del interior del país. En adición a la inestabilidad institucional y de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el país registró 245.000 hectáreas de cultivos de coca el año pasado, frente a las 212.000 hectáreas de 2019. En 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas y la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas. Esto significa más gasolina para los incendios violentos derivados del narcotráfico.

El proceso electoral de 2022 se enmarca entonces en una dura confrontación en la que se están involucrando cada vez más funcionarios del ejecutivo nacional y los gobiernos locales. Hay un predominio de temas como la búsqueda de un modelo económico que respete y proteja el ambiente, que rompa las lógicas dependientes de economías extractivas, y que ponga en el centro la justicia social. Pero también anticomunismo, crítica al gobierno de Venezuela como forma de campaña electoral interna, además de la satanización de Petro y de Uribe dependiendo de los bloques enfrentados. Todo ello en un contexto de asesinatos de líderes, una violencia creciente y una situación económica difícil.

Aún hay definiciones pendientes. Claudia López y Angélica Lozano como actoras principales del Partido Verde buscan que Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la principal universidad privada del país, acepte ser candidato a la presidencia en una confluencia con cinco líderes agrupados bajo el nombre de Coalición de la Esperanza. Entre ellos se cuentan Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, quienes han sido senadores, gobernantes regionales y ministros en los últimos 30 años. Si Gaviria decide ser candidato podría mover el tablero por no tener confrontaciones con el poder económico ni con la clase política y por su condición de político no profesional. Gaviria es uno de los líderes de la iniciativa «Tenemos que hablar Colombia», que busca construir canales de interlocución con un grupo de 10.000 colombianos para abordar salidas al estallido social que se ha presentado en los dos últimos meses.

Petro y su propuesta de Pacto Histórico, que parece ser la opción de mayor definición y madurez al día de hoy, no podría, sin embargo, ganar en solitario las presidenciales. Las elecciones anteriores demostraron su fragilidad como candidato en la segunda vuelta por el rechazo de sectores temerosos de vivir una crisis económica e institucional como la de Venezuela. El consenso construido por los actores políticos que están fuera del Pacto Histórico es no hacer ningún tipo de alianza con él, lo que reduce significativamente sus posibilidades de triunfo.

Por otro lado, si la Coalición de la Esperanza, que tiene el propósito de derrotar a Petro en la primera vuelta, consigue este objetivo, deberá apelar al apoyo de los desencantados con Uribe para no depender de Petro o sus aliados. El objetivo de esta coalición es ganarle a Petro para enterrar definitivamente al líder de lo que consideran la más clara expresión del «populismo» y el «caudillismo de izquierda» en Colombia.

Parece claro que los tiempos de Colombia en el cercano y mediano futuro no serán estables. Lo incierto es si serán tiempos de mayor violencia o si el país podrá canalizar su debate político sin que la sangre de los líderes políticos sea la impronta, tal como ocurrió en el siglo XX. Las dos décadas de este XXI muestran que para los líderes sociales y quienes buscan avanzar en los acuerdos de paz los asesinatos siguen siendo la norma.

¿Participaran masivamente en el debate electoral de 2022 los jóvenes, que han hecho de la protesta y la pelea callejera su fuerza? ¿Podrán crear un cambio en el país que supere el actual colapso político, institucional y ético?

De no haber una masiva participación, el augurio es que el viejo poder con nuevos rostros continuará gobernando a Colombia.

 
Julio 2021

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Perú: la justicia electoral confirmó el triunfo de Pedro Castillo

Asumirá el 28 de julio, pese a las maniobras dilatorias del fujimorismo

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración.

a justicia electoral terminó de revisar y rechazó, por falta de sustento, todos los reclamos de la derechista Keiko Fujimori para anular votos del profesor Pedro Castillo, con lo que pretendía arrebatarle la victoria al candidato de la izquierda. De esta manera, después de una larga espera de más de un mes, quedó confirmado que el maestro rural y sindicalista que viene de una las zonas andinas más pobres del país será proclamado en esto días como presidente electo. Asumirá el cargo el 28 de julio. La derecha ha respondido con violencia en las calles y con una última maniobra para demorar la proclamación de Castillo, pero que no podrá impedirla.

Rechazadas todas sus demandas, el viernes los abogados fujimoristas presentaron nuevas apelaciones sobre un grupo de actas, alegando esta vez supuestos errores de conteo. El número total de votos de esas actas apeladas es significativamente menor a la ventaja de más de 44 mil votos que Castillo le sacó a Fujimori, con lo que cualquiera sea el destino de esas apelaciones, que los expertos estiman muy probablemente también sean rechazadas, no cambiará el resultado de las elecciones.

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración. Con todo consumado, la derecha aglutinada alrededor de la actual jefa del clan Fujimori juega ahora la carta de deslegitimar al próximo gobierno y boicotear su gestión. Si no pueden evitar que asuma como presidente, intentarán sacarlo del poder. Desde la victoria de Castillo la derecha ha venido promoviendo un golpe para anular las elecciones. Confirmada en la última instancia electoral la victoria de la izquierda, el fujimorismo y sus aliados han pasado de la violencia verbal a la violencia en las calles.

Esta semana, enfurecidos fujimoristas, armados con palos, intentaron llegar a Palacio de Gobierno, en el centro de Lima, gritando insultos contra el presidente Francisco Sagasti, repitiendo las acusaciones lanzadas por Keiko contra el jefe de Estado acusándolo de haber tomado partido por Castillo. Las evidencias, sin embargo, demuestran la neutralidad del gobierno. La turba fujimorista descargó su furia contra los negocios de las calles cercanas. Un fotógrafo del diario La República, uno de los pocos medios que no han respaldado las pretensiones de la derecha de desconocer el triunfo de Castillo, fue arrojado al piso y golpeado por varios sujetos. En su frustración y desbocada ira, los fujimoristas la emprendieron contra todos, incluyendo periodistas de medios que han venido apoyando el falso discurso del fraude. Una reportera de televisión y su camarógrafo fueron rodeados, insultados y amenazados. Otra reportera fue atacada por la espalda por una mujer, que le cubrió la cabeza con una bandera y comenzó a jalonearla. La turba rodeó el automóvil del ministro de Salud, Oscar Ugarte, que iba a una reunión del Consejo de Ministros, y comenzó a zarandearlo y golpearlo con palos. Lo mismo le ocurrió a la ministra de Vivienda, Solange Fernández. Pasaron unos quince minutos hasta que la policía disolvió a los agresores y los ministros pudieran reanudar la macha para llegar a Palacio de Gobierno.

El grupo que desató la violencia se hace llamar “La Resistencia” y desde hace años ha venido actuando como fuerza de choque del fujimorismo. Ahora se han rebautizado como “La Insurgencia”. En el pasado han atacado al fiscal que ha investigado a Keiko y la ha acusado por lavado de dinero y organización criminal, y a periodistas críticos del fujimorismo. A los de “La Resistencia” les gusta tomarse fotos haciendo el saludo nazi. En los actos de violencia de esta semana algunos llevaban chalecos con el lema fascista “Dios, Patria, Familia” escrito en la espalda.

Keiko Fujimori pretendió desmarcarse de la violencia desatada por sus seguidores con un tuit en el que rechazó esas acciones, pero su larga relación con ese grupo extremista es inocultable. Sus discursos llamando a sus seguidores a movilizarse contra un supuesto fraude electoral que es inexistente y para “enfrentar el comunismo” han creado las condiciones para el estallido de esta violencia. Otro personaje cercano a las cabezas de este grupo violento, el excandidato presidencial de ultraderecha Rafael López Aliaga, conocido como “Porky”, ahora aliado de Keiko, incentiva permanentemente la violencia. “Muerte a Castillo”, “muerte al comunismo”, “comunistas malditos lárguense de aquí”, son algunas de las amenazas que el fascista López Aliaga vocifera en cada manifestación pública en respaldo a Keiko.

Lo ocurrido esta semana es el mayor estallido de violencia desde las elecciones y la negativa de la derecha a aceptar su derrota y sus llamados contra la legalidad democrática, pero no el único. Anteriormente, los extremistas de “La Resistencia” atacaron con palos a un grupo de simpatizantes de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esperando la proclamación del presidente electo. Seguidores fujimoristas se han manifestado en repetidas ocasiones frente a los domicilios de los magistrados del JNE y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la encargada del conteo de votos, gritando amenazas si no favorecían los intereses fujimoristas. En las calles se han visto marchas con símbolos fascistas lanzando gritos de muerte contra todos los que no estén alineados con ellos. Son pequeñas, pero muy agresivas.

 En redes sociales abundan los mensajes racistas contra Castillo y sus electores, entre los que son mayoría los habitantes de las zonas rurales y sectores populares. “Lo que ha sucedido marca un quiebre. Respetamos las manifestaciones pacíficas, pero lo sucedido se pasa de la raya. No lo permitiremos”, señaló el presidente Sagasti, refiriéndose a los últimos actos de violencia.

De otro lado, este sábado miles volvieron a movilizarse pacíficamente por las calles de Lima y de otras ciudades en respaldo a Castillo. Exigen su pronta proclamación como presidente electo, que se había anunciado para esta semana, pero que últimas maniobras dilatorias ha retrasado unos días.     

17 de julio de 2021 

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Perú: Keiko Fujimori apunta contra la democracia

Fracasó su maniobra para arrebatarle la victoria a Pedro Castillo

En una postura golpista, la dirigente de la derecha dijo que no reconocerá la proclamación de Castillo como nuevo presidente, que se espera esta semana. Todas las demandas fujimoristas vienen siendo rechazadas por la justicia electoral. 

Derrotada en las urnas y fracasadas sus maniobras para arrebatarle la victoria al profesor rural y sindicalista de izquierda Pedro Castillo con infundados reclamos de fraude electoral, la derechista Keiko Fujimori dispara contra la democracia y la estabilidad del próximo gobierno. En clara postura golpista, la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori, que al no conseguir la presidencia deberá enfrentar un juicio por lavado de dinero y organización criminal, ha dicho que no reconocerá el resultado de las elecciones y la proclamación del nuevo presidente. Keiko ha lanzado esta amenaza cuando se espera que esta semana el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame a Castillo como presidente electo, lo que lleva más de un mes de demora, algo sin precedentes, debido a las demandas del fujimorismo para anular votos en las zonas rurales, donde el maestro de origen andino ganó ampliamente, alegando un supuesto fraude en esas mesas de votación. Son denuncias sin pruebas. Todas las demandas fujimoristas vienen siendo rechazadas por el JNE por falta de sustento. El Jurado Electoral ha anunciado que a más tardar esta semana debe culminar la revisión de esas demandas, luego de lo cual se daría la proclamación de Castillo, quien debe asumir este 28 de julio.  

La rabia de la derrota 

“No vamos a aceptarlo”, gritó Keiko ante sus seguidores, con la rabia de la derrota marcada en el rostro, refiriéndose a la proclamación de Castillo como presidente electo. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. El partido no ha terminado”, dijo amenazante la tres veces derrotada candidata presidencial -también perdió en 2011 y 2016-, en una concentración de sus partidarios, movilizados para presionar a las autoridades electorales para que no se oficialice el triunfo de Castillo.

“No al comunismo. Fuera el comunismo”, exclamó Keiko ante manifestantes en estado de negacionismo frente al triunfo de la izquierda. En las manifestaciones fujimoristas de esto días clamando fraude sin pruebas y profiriendo ataques contra la izquierda, abundan los discursos golpistas y las expresiones autoritarias de una extrema derecha que pretende se anulen las elecciones ganadas por la izquierda. Gritan “defendamos el voto”, pero exigen anular votos del ganador para quitarle el triunfo.

Una denuncia de fraude sin pruebas

Las denuncias sin base de la derecha de un supuesto fraude electoral encuentran eco en los grandes medios y movilizan a pobladores de los barrios residenciales. A pesar de una millonaria campaña y del respaldo mediático al falso discurso del fraude, solamente un 13 por ciento de la población asegura que hubo fraude a favor de Castillo, según una encuesta de Ipsos.

El fujimorismo y sus aliados insisten en exigir una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones. No tienen argumentos serios que justifiquen ese pedido. Saben que esa auditoría no procederá -la misión de observadores de la OEA ha calificado como limpias las elecciones y hace unos días emisarios de Keiko enviados al organismo internacional para pedir esa auditoría hicieron un papelón al no ser recibidos por su secretario general Luis Almagro-, pero es la excusa para decir que sin esa auditoría no reconocerán el triunfo de Castillo.

Todos los observadores electorales, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, gobiernos de la región, entre ellos Argentina, entre otros, han declarado la legitimidad de las elecciones peruanas. Ningún organismo internacional ni gobierno las ha cuestionado. 

En medio de esa soledad, el gran aliado del fujimorismo en los foros internacionales es el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que se ha puesto al servicio de la falsa narrativa del fraude electoral y las maniobras golpistas contra Castillo. Hace unos días, el escritor acusó al gobierno centrista del presidente Francisco Sagasti de haber tomado “claramente partido a favor” del izquierdista Castillo y le negó legitimidad al presidente electo. Una afirmación que cae en la ficción interesada para tergiversar la realidad y moldearla según los intereses del fujimorismo y sus aliados. Keiko repitió el guion del escritor, acusando a Sagasti de estar parcializado con Castillo para justificar su negativa a reconocer su derrota. El régimen de Sagasti ha mantenido escrupulosa neutralidad en estas elecciones.

Aliados de Keiko han venido promoviendo públicamente un golpe para anular las elecciones. No han logrado su objetivo y ahora complotan contra el próximo gobierno. Estos días se cayó en el Congreso una maniobra de la derecha que buscaba jaquear al régimen de Castillo. Se frustró, por no alcanzarse los votos necesarios de dos tercios de los legisladores, la intención de grupos parlamentarios de derecha de nombrar nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para copar la máxima instancia judicial del país. Hay una demanda judicial para anular las elecciones que ha sido rechazada por carecer de base jurídica, pero que en apelación podría llegar al TC como última instancia. La derecha apuntaba a que una decisión sobre esta demanda la tome un tribunal funcional a sus intereses. El TC puede bloquear leyes y políticas de gobierno declarándolas inconstitucionales.

Seis de los siete magistrados del TC han cumplido su mandato y deben ser reemplazados. Hace unos meses, el desacreditado Congreso saliente decidió que su designación la realice el nuevo Parlamento que debe asumir este mes. Pero luego de las elecciones de abril retomaron el proceso de elección de miembros del TC y lo aceleraron cuando Castillo ganó la segunda vuelta, buscando asegurar un TC a la medida de esa derecha. El proceso de selección de los candidatos al tribunal estuvo marcado por irregularidades e ilegalidades, por lo que un juzgado ordenó detener la votación. Pero una mayoría de legisladores decidió desacatar la orden judicial y seguir adelante con la elección, que estaban seguros ganarían. Pero a la hora de la votación sus candidatos no alcanzaron los dos tercios, 87 votos de 130, que necesitaban. El candidato que tuvo el mayor respaldo llegó a los 81 votos. Una dura derrota para la derecha. La renovación del TC ha quedado pendiente.

Mientras Keiko y la derecha que la apoya complotan contra el triunfo de Castillo y se preparan para hacerle la guerra desde el primer día de su gobierno, el maestro rural que sigue a la espera de su proclamación como presidente electo, se reúne con sus colaboradores para armar su gabinete ministerial y definir sus primeras acciones en el poder, y mantiene encuentros con organizaciones sociales, gremios y autoridades regionales. Sus seguidores están movilizados para defender su victoria. Frente al local del Jurado Electoral, en el centro de Lima, pobladores llegados desde el interior del país han instalado un campamento esperando la oficialización del triunfo del maestro en el que han depositado sus esperanzas de cambio.

 

13 de julio de 2021

Desde Lima

 

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El candidato presidencial Pedro Castillo en Lima, Perú, el lunes 7 de junio de 2021Guadalupe Pardo / AP

Quienes llaman a protestar afirman que en el Congreso y en la cárcel donde está Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, se preparan acciones para "desconocer la voluntad popular".

 

Este martes, varios sectores sociales y partidos políticos peruanos de izquierda convocan a un paro nacional para exigir la proclamación del candidato Pedro Castillo y rechazar lo que consideran un intento de golpe de Estado del fujimorismo, cuando se cumple un mes de la segunda vuelta electoral donde el dirigente sindical resultó en primer lugar. 

El Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad llamó, a través de su cuenta de Facebook, a realizar movilizaciones en todo el país. En estas acciones de calle se espera la participación de gremios, sindicatos, colectivos, asociaciones civiles y movimientos políticos, entre otros.

A pesar de que ya hay resultados oficiales de las elecciones, en las que Castillo obtuvo una ventaja de 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, aún no hay un presidente proclamado. Actualmente, varias instancias del Poder Electoral se encuentran analizando los expedientes con recursos presentados en su gran mayoría por la hija del expresidente Alberto Fujimori. Hasta ahora todos han sido descartados. 

¿Por qué ir a paro?

Si bien los simpatizantes de cada candidato han hecho manifestaciones principalmente en Lima, bastión electoral fujimorista, para pedir la proclamación del nuevo presidente, este llamado a paro no solo incluye a la capital. Castillo se alzó con la mayoría de votos en la región de los Andes, donde se desarrollan actividades mineras y agrícolas, y en el sur del país, donde está Cusco, el departamento con mayor pobreza del país, en el que arrasó y obtuvo más del 83 % de la votación.

En varios comunicados, el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad afirma que pide hacer esta movilización porque "el fujimorismo y sus aliados continúan sus intentos para perpetrar el golpe y desconocer la voluntad popular".

La estrategia que utilizaría la derecha, según quienes convocan a protestar, se basa en la próxima elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que quedaría conformado por personas "afines al fujimorismo" como parte de "un proceso de selección abiertamente cuestionado y apresurado", según el Frente.

El Parlamento peruano, cuya periodo culminaba el pasado junio, admitió una extensión extraordinaria de su legislatura hasta julio para aprobar varias reformas constitucionales "exprés" y cumplir con los pendientes del anterior Congreso, de mayoría fujimorista, que fue disuelto en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra. Todo esto antes de que se instale el nuevo Legislativo (2021-2026), el próximo 27 de julio, un día antes de que tome posesión de su cargo el nuevo presidente.

"Golpe fujimontesinista"

En opinión de quienes respaldan a Castillo, de resultar electos los magistrados derechistas "captarían" al Tribunal Constitucional "para servir a sus intereses y consumar un golpe de Estado", al que han denominado "fujimontesinista", por la unión de los apellidos de Fujimori y Montesinos.

En días pasados, la Fiscalía de Perú anunció que investigaría una serie de audios donde Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, hablaba de conspirar y pagar sobornos millonarios para que la derechista fuera declarada como ganadora en las recientes elecciones.

"Se cocina un golpe de Estado desde la Base Naval [donde permanece detenido Montesinos por secuestro, homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas y asociación ilícita] y el Congreso", afirmó el Frente.

Quienes convocan a una paralización de actividades aseguran también que "las estrategias del fujimorismo para salvar a su candidata han sido desmontadas por expertos y por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", que han declarado infundadas toda las apelaciones presentadas por el equipo de la excongresista.

"El JNE debe resolver con máxima celeridad los recursos pendientes y proclamar inmediatamente al profesor Castillo como presidente", dice uno de los textos del Frente.

Keiko nuevamente en vilo

A pesar de que la derechista se ha valido de una estrategia poselectoral para maniobrar y retardar el nombramiento del nuevo mandatario, su camino no ha estado exento de reveses.

En esta oportunidad, una nueva investigación por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2021 se abrió en su contra, según anunció José Domingo Pérez, fiscal del equipo de Lava Jato en Perú, tras la publicación de los audios de Montesinos. Se espera que estas "diligencias preliminares" se realicen durante 36 meses.

Según Pérez, el partido Fuerza Popular habría captado "activos de procedencia ilícita", por lo que incurriría en los delitos de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia.

En respuesta, Fujimori publicó una serie de trinos donde asevera que "Pérez lanza un nuevo show" con "afán de figuración" y que convoca a Montesinos "para asegurar difusión y cobertura". "Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo", agregó.

Ante esta nueva averiguación en su contra, informó que solicitará al Ministerio Público que excluya al fiscal del caso "para evitar que su evidente sesgo desvirtúe esta investigación".

Previamente, Pérez había pedido la revocatoria de las restricciones sobre Fujimori para imponerle prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos durante sus campañas de 2011 y 2016. Esta solicitud fue rechazada por un jurado peruano por considerarla infundada.

Publicado: 6 jul 2021 15:20 GMT

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Lunes, 05 Julio 2021 05:44

Un abismo que se ensancha

Un abismo que se ensancha

Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones, que según la Constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático o, mejor que eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.

Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la relección es más viejo que la revolución de octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas, no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.

La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho que huela a naftalina, es el partido único.

Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral sólo tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones.

Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión vuelve indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones. Es lo que ha ocurrido con Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990.

Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusada del delito de lavado de dinero y sus cuentas bancarias han sido congeladas, han allanado su domicilio, la han dejado incomunicada, con la casa por cárcel, y le han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista ninguna sentencia judicial condenatoria para que no pueda ser candidata.

Dos funcionarios de la Fundación han sido llevados a la cárcel, porque una atrabiliaria ley faculta al Estado a detener por tres meses a personas sujetas a investigación penal, con lo que el derecho de habeas corpus, que es una garantía universal, queda anulado. Dos presos políticos más, que se suman a los cerca de cien que ya había antes.

Todos los periodistas que han recibido alguna vez respaldo económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente y también como una manera de amedrentarlos. Algunos de ellos han sido ya indiciados y no pueden salir del país.

La Fundación Luisa Mercado, que yo presido, y que realiza cada año el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relieve internacional. Fui llamado a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos convenios.

El pretexto de la acusación de lavado de dinero es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibió fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos.

Los organismos no gubernamentales de Nicaragua reciben recursos de gobiernos extranjeros y de agencias internacionales. Ya Ortega mandó aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de estas fuentes, a declararse agentes extranjeros, y con eso pierden sus derechos políticos. Pero no es la que se está aplicando en este caso.

Han buscado el nombre de un delito que evoque al crimen organizado, por absurdo que pueda ser. El lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando se busca legitimar fondos "generados por actividades ilegales o criminales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro, piratería".

Ahora, otro aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos, acusado de violar la "Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", por "incitar a la injerencia extranjera". Esta es una ley que castiga aún el acto de "aplaudir" la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas de la maquinaria oficial.

Estas son, pues, las elecciones que se avecinan en Nicaragua. Unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes, más que aquellos cortados a la medida de la representación teatral, que tiene un guion inflexible. Una falsa campaña electoral, unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes y con unos ganadores asegurados de antemano.

Todo esto lo que demuestra es que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies.

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Fujimori pidió una auditoría pero el gobierno rechazó su reclamo.. Imagen: AFP

La proclamación oficial de Pedro Castillo podrá hacerse antes del 15 de julio

Keiko Fujimori sumó un nuevo revés en su búsqueda por impugnar las elecciones en las que fue vencida por el maestro rural.

 

El gobierno de Perú rechazó la solicitud de la candidata derechista Keiko Fujimori para una auditoría internacional al ballotage que disputó el pasado seis de junio con el profesor rural Pedro Castillo. Además, este sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que estima que antes del 15 de julio podrá proclamar oficialmente al ganador de las elecciones y que asumirá la presidencia el próximo 28 de julio, fecha que coincide con el bicentenario peruano.

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, rechazó el pedido realizado el pasado 28 de junio por la candidata derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al presidente peruano Francisco Sagasti, para que solicite una auditoría internacional de los comicios. "En virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado", señaló Vega en la respuesta a Fujimori. A su vez agregó que el poder ejecutivo y el presidente Sagasti “no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo un pedido de una de las fuerzas políticas participantes en la contienda electoral”.

"Las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad formulados por las agrupaciones políticas", añadió en el oficio en referencia a las apelaciones de nulidad presentadas por el partido Fuerza Popular que impiden que se proclame oficialmente al ganador de los comicios celebrados hace casi un mes.

La candidata compartió la respuesta del gobierno peruano en sus redes sociales y afirmó que Sagasti "ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones". "Pudo pasar a la historia como un hombre justo que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos, pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedar registrado como un presidente por accidente", remarcó en alusión a la jefatura de Estado interina que ocupa desde noviembre pasado, cuando reemplazó a Manuel Merino que, a su vez, había sustituido a Martín Vizcarra en medio de una grave crisis política y social que afrontó Perú.

Desde el JNE informaron que antes del 15 de julio podrán anunciar al vencedor del ballotage. Según el vocero del jurado electoral, Luis Alberto Sánchez, se revisaron 27 de las 270 solicitudes elevandas al JNE. “Es una cantidad inusual, sin precedentes en los últimos procesos electorales", afirmó en la radio RPP Noticias. El 6 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial entre Castillo y Fujimori. Doce días después, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar las actas. Según el cómputo oficial, Castillo venció a Fujimori por 44.058 votos. Sin embargo, Fujimori lanzó una batería de recursos de impugnación y pedidos de nulidad de actas con unos 200.000 votos en zonas donde su rival obtuvo una mayoría aplastante.

A pesar de que ningún organismo de observación electoral encontró indicios de fraude y que países e instituciones como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y EE.UU. expresaron su confianza en el sistema electoral peruano y coinciden en que el ballotage celebrado fue libre y limpio, Fujimori invocó un escenario similar al de Bolivia en 2019 y que terminó con el golpe de Estado a Evo Morales. "La solicitud que se hace al presidente es para que haga un llamado a expertos internacionales, como se realizó en Bolivia", afirmó la candidata de Fuerza Popular el pasado lunes.

Ni la OEA

Como parte de la batería de pedidos para impugnar las elecciones, esta semana Fujimori, hija del encarcelado exdictador, Alberto Fujimori, también tocó a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA). La candidata envió una delegación a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para pedirle una auditoría internacional y obtener una salida al estilo del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Almagro no recibió a la comitiva conformada por los congresistas electos Hernando Guerra y Jorge Montoya, la excandidata presidencial Nidia Vílchez y el exministro Daniel Córdova.

Los emisarios de Fujimori solamente consiguieron una cita con un funcionario de nivel menor. Apenas lograron dejar una carta y la conferencia de prensa fue interrumpida cuando una socióloga peruana los acusó de “golpistas”. La OEA no formuló objeciones al proceso electoral peruano y, además, según analistas peruanos, entendió que este pedido de reunión no contempló los “carriles formales”, ya que no se trata de una delegación oficial del gobierno peruano. Además, los observadores electorales del organismo dijeron que los comicios peruanos fueron limpios, ya que no se observaron  irregularidades graves.

03 de julio de 2021

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"Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho".. Imagen: Ricardo Stuckert

El líder del Partido de los Trabajadores tiene decidido viajar a la Argentina este año. Agradece la visita de Alberto Fernández cuando él estaba detenido en Brasil y el apoyo de Cristina Kirchner. Aboga por la unidad de América Latina y está seguro que "Bolsonaro será derrotado por el pueblo". 

 

Lula da Silva aparece en la pantalla del zoom y logra lo que muy pocos: su energía, su carisma, trasciende la distancia. Después de haber pasado 580 días en prisión acusado de corrupción, el ex presidente de Brasil se siente satisfecho porque la Corte Suprema anuló los procesos en su contra y le devolvió todos sus derechos políticos. "Demostré que soy inocente", repite. Está decidido a empezar a recorrer su país a mediados de este mes y advierte que todavía no es  candidato a suceder a Jair Bolsonaro. El líder del PT se aviene a un diálogo con Victor Santa María, coordinador del Grupo Octubre, y con Página 12 en el que confiesa: "Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI, es más, que no le gustan los sindicatos, no le gustan los trabajadores, no le gustan los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica". Lula está agradecido por el apoyo que recibió de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner mientras estuvo detenido. "Quiero visitar la Argentina este año y agradecerle al pueblo", anuncia. 

Se lo ve seguro como siempre, acostumbrado a ejercer el poder y dispuesto a seguir dando batalla. "Lamentablemente acá en Brasil la prensa no se ha preocupado en informar lo sucedido. Se ha preocupado en mentir contra el PT y contra Lula, un manantial de mentiras durante mucho tiempo. Y eso han conseguido: un fascista en la Presidencia de la República", señala, se entusiasma proyectando una "América Latina unida" y remarca que "Joe Biden tiene que entender que América Latina tiene que tener el derecho de crecer". Su fuerza conjura todo resentimiento: "No hay que rendirse jamás. Es necesario luchar para darle al pueblo el derecho de votar con conciencia", destaca y se esperanza porque "el retroceso que nosotros vivimos en América del Sur empieza a ser recuperado con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, con el regreso de Luis Arce al Gobierno de Bolivia, con la victoria de Pedro Castillo, en Perú".

Victor Santa María --Tanto Brasil durante su gobierno y el de Dilma Rousseff como la Argentina con Néstor y Cristina Kirchner, y ahora con Alberto Fernández, priorizaron el rol de los trabajadores. Se generaron políticas de Estado que permitieron sacar a muchos de nuestros conciudadanos de la pobreza y de la indigencia. La pandemia hace ahora más difícil la tarea. ¿Cómo hará Brasil para retomar esas políticas?

Lula --Es un gusto enorme hablar con el pueblo argentino a través del diario Página 12. Nosotros vivimos realmente un momento muy raro en nuestra querida América Latina. Siempre digo que tuve el gusto de ser el Presidente de la República de Brasil en un momento en el que América Latina vivía su mejor momento político y posiblemente también el mejor momento de inclusión social, sea en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Un momento excelente en lo que concierne a la inclusión social de 2002 hasta 2014/2015. Tuvimos el problema de la muerte de Kirchner, de la muerte de Hugo Chávez. Tuvimos un golpe de Estado acá en Brasil, la salida de Michelle Bachelet. El golpe en Bolivia. Así es que las cosas han sucedido de una manera muy abrupta y nosotros de alguna manera volvimos hacia atrás. En América del Sur fue un retroceso. Cuando era presidente, tuve una relación con el movimiento sindical brasileño que posiblemente nunca había pasado, yo venía del movimiento sindical. Era una relación de respeto, de comprensión de que no existiría una democracia en Brasil ni en ningún lugar del mundo si el movimiento sindical no era fuerte, si los trabajadores no eran respetados, si no participaban en las mesas de negociación con los empresarios y con el gobierno mismo. En Brasil muchos decían que Lula debiera ir a un campo de golf, ponerse una ropa blanca y aprender a jugar al golf junto con la elite económica brasileña. Nunca lo hice. Durante los ocho años de mandato, cada 23 de diciembre, yo iba a un lugar en San Pablo, abajo de un puente para charlar con la gente que vivía en la calle. Esa política de inclusión y de respeto que tuvimos con el pueblo trabajador creo que nos ha creado realmente un buen escenario. 

--El retroceso ha sido muy significativo ¿cómo imagina la recuperación?

--El retroceso que nosotros vivimos en América del Sur empieza a ser recuperado con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, con el regreso de Luis Arce al Gobierno de Bolivia, con la victoria de Pedro Castillo, en Perú. Y poco a poco vamos tratando de mostrarle a la sociedad que la democracia tiene que ser ejercida en toda su plenitud y que sólo tiene sentido si en ella están incluidas las personas más pobres, las más necesitadas.  Le confieso que estoy muy agradecido de la visita que me hicieron en Paraná, en Curitiba, y también agradezco muchísimo la visita que Alberto Fernández me hizo como candidato a presidente. Durante todo ese tiempo que estuve allá, no estaba muy preocupado por mí, estaba preocupado por la situación del pueblo brasileño. Ahora que tengo la libertad, ahora que estoy ganando todos los procesos en la Suprema Corte, ahora que está probada la parcialidad del juez Moro y de los procuradores, que la Suprema Corte me ha considerado otra vez inocente y que puedo participar en un nuevo proceso electoral, estoy muy contento de saber que hay una preferencia de la mayoría del pueblo brasileño en volver a elegir el Partido de los Trabajadores para gobernar este país. Evidentemente tenemos que trabajar. Queda mucho tiempo. Todavía no soy candidato, porque en este momento tenemos que pelear para que haya vacunas para todos, porque la vacuna es lo único que nos va a dar tranquilidad. Estoy luchando para que haya un auxilio. La urgencia ahora es que las personas que están desempleadas tengan qué comer para que haya un auxilio o una ayuda para los pequeños y medianos empresarios, para que puedan seguir adelante con sus negocios. Y después pensaremos sí en la cuestión electoral.

--Brasil ahora está atravesado por el debate en la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) donde abundan las denuncias contra Bolsonaro por el manejo de la pandemia

--En Brasil, nosotros vivimos una situación muy desagradable. Tenemos un presidente  que no estimula el amor, ni la fraternidad, ni la solidaridad. Lo de él es odio, convocó paramilitares y ahora mismo circula en la CPI un proceso por el genocidio que él ha practicado en la cuestión de la covid19. Aparecen denuncias de corrupción todos los días. Nosotros estamos haciendo una comisión parlamentaria para saber qué es lo que sucedió. Estamos impulsando en el Congreso Nacional con un peso enorme --con muchas entidades-- el impeachment del presidente Bolsonaro. Vamos a ver si la Cámara lo vota porque han dejado de votar 120 pedidos de impeachment contra él. La sociedad empieza a moverse, a manifestarse, empieza también a participar de actos públicos contra el gobierno. Estamos caminando rápidamente para consolidar el proceso democrático en Brasil y hacer que la democracia sea recuperada. La esperanza es lo que nos mueve. 

VSM-En la Argentina, el Estado salió a apoyar fuertemente no sólo a los sectores populares sino también a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Durante el 2020, con el aporte del Gobierno se pagó casi el 40 por ciento del sueldo de los trabajadores, se ayudó para que haya créditos, se trató de llevar una mejor conectividad para los chicos que no podían ir a la escuela. Se asistió al sistema de salud, duplicando las camas y creando nuevos hospitales. Se tomaron medidas que calificaron de antipopulares pero para proteger a la gente. Creo que en el mediano y largo plazo eso va a ser muy valorado por el pueblo argentino. Esta pandemia también es una oportunidad para discutir la desigualdad, el pensamiento de aquellos que creen que el éxito es tener mucho acumulado en los bancos y no promover la inclusión y la calidad de vida de los trabajadores. 

Lula --Es un tema que nosotros estamos discutiendo desde el día 12 de marzo del año pasado en Brasil. Tenemos ya quinientos dieciséis mil personas muertas por culpa de la pandemia del coronavirus y son 18 millones de casos. Esto podría no haber pasado si nuestro gobierno hubiese actuado como un gobierno. O sea, en una crisis como ésta, el rol del gobierno es crear un comité de crisis. Eso no ha sucedido. A su vez, Brasil ha tenido oportunidades de comprar vacunas. Al principio, la Organización Mundial de la Salud ofreció 70 millones de dosis y Brasil no quiso comprarlas. Ahora mismo hay una denuncia de corrupción en la compra de vacunas que está en la Comisión Parlamentaria. Vamos a ver cuáles serán los resultados. Hay denuncias aquí en Brasil de que personas ligadas al Ministerio de Salud del gobierno cobraban un dólar por cada vacuna. El hecho de que el Gobierno no cuide del coronavirus, sobretodo cuando llegó por el hecho de que el gobierno no creyó en el virus, lo negó. Decidieron que era un pequeño resfriado, que no afectaría nada.

--Bolsonaro ha sido calificado de genocida por el desmanejo de la pandemia...

--El gobierno ha recomendado medicamentos que no tenían ninguna validez científica para luchar contra la covid. El presidente Bolsonaro pasó a ser el representante de esos medicamentos contra la malaria que no servían contra la covid, los mandó a comprar. El Ejército también produjo millones de cajas de esos remedios sin ninguna utilidad. Todo eso está siendo investigado. Bolsonaro está siendo acusado de genocida porque tiene gran responsabilidad por gran parte de las muertes que podrían haber sido evitadas. No me siento a gusto en decir esto porque no tengo realmente las pruebas acá conmigo. Lo único que tengo, de hecho, son números y los gestos de incompetencia total, de mala voluntad, de mala fe de este presidente en cuidar del pueblo brasileño. Hasta hoy no usa barbijo y sigue mintiendo. Para que se hagan una idea: ha sido creado un observatorio de todas las mentiras contadas por Bolsonaro y han llegado a la conclusión de que Bolsonaro emitió 3151 veces desde que asumió la presidencia, o sea, un promedio de 4 mentiras por día. Yo soy un demócrata. Entiendo que tengamos que tener alternancia de poder, eso es saludable para la democracia. No hay ningún problema que gane a veces la derecha, después la izquierda. Eso está todo bien. Pero la democracia tiene que ser tratada con respeto a las instituciones, con respeto a las diferencias. Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI, es más, que no le gustan los sindicatos, no le gustan los trabajadores, no le gustan los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica. O sea, no tiene ningún límite para la maldad que se le cruza por la mente. Es un presidente que promueve la venta de armas. Libera con decretos leyes para que los brasileños puedan tener 4 o 5 pistolas, rifles y los libros. Tuvimos gobernadores de Brasil que han tratado de tener una política más independiente para cuidar de su pueblo y este presidente los ofende. Después de la Constitución del '88 nosotros no podíamos imaginar que nuestro país elegiría un presidente que es un facho. No imaginábamos que un golpe como el que le sucedió a Dilma fuera posible. Un golpe fascista que ha sido montado por la derecha y por los medios de comunicación y eso ha tirado a Brasil en ese barro en el que está hoy. Bueno, no podemos llorar, no podemos estar lamentando todo el tiempo. 

--Este panorama lo convence de la necesidad de seguir en la pelea política.

--Estoy dispuesto a seguir peleando para ver si conseguimos recuperar la democracia en este país, para ver si conseguimos recuperar el derecho a la libertad sindical, al respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida para que las personas puedan trabajar, para que las personas puedan comer. Tengo 75 años pero me siento con una energía de 30. Hoy tenemos el mayor número de desempleados de la historia de nuestro país. Casi 15 por ciento de la población económicamente activa está desempleada, así que tenemos una precarización gigantesca. En Brasil las personas creen que son microemprendedores, cuando en realidad casi que no tienen derechos. Los derechos laborales han desaparecido, están destruyendo todas las conquistas de los trabajadores que tuvimos en la década de 40, en la década del 50, en nuestro gobierno. Tendremos un trabajo enorme para recuperar todo lo que habíamos hecho. Ahora mismo hay un proceso de privatización que está destruyendo a Petrobras, a nuestra industria naval, y están ahora tratando de privatizar también nuestra principal empresa de energía eléctrica, Electrobras, una estatal enorme. Esto es lo único que saben hacer. No estimulan ni usan la palabra desarrollo, crecimiento, empleo, generación de empleo, distribución de renta. No, no, no, no, no hablan de eso. Los distribución de ingresos. Tendremos una tarea enorme, una tarea gigantesca para recuperar a Brasil y hacer que el pueblo brasileño vuelva a tener esperanza, vuelva a sonreír, a trabajar, a que tenga el derecho de desayunar, de almorzar todos los días para que tenga el derecho de entrar en una universidad. Todo esto es lo que nosotros ya hicimos y es todo lo que ellos han destruido. He tenido una reunión esta semana con 52 rectores de universidad de los institutos federales acá en Brasil y lo que ellos cuentan de cómo están desmontando a estos institutos federales. Y ahora tendré una reunión con los directores y rectores de las universidades. O sea, el presupuesto no es ni la mitad de lo que había en nuestra época. En las universidades hay universidades que no tienen plata para pagar la cuenta de luz ¿Qué es esto? 

--La pandemia puso en evidencia la desigualdad del mundo y, particularmente, de la región. Se avizoran replanteos de las relaciones internacionales y cambios en  América Latina, ¿cómo evalúa el escenario?

--No va a tomar mucho tiempo para que Chile se recupere, para que Brasil vuelva a crecer, para que vuelva a ser respetado internacionalmente y para discutir algo que es sagrado para mí: América Latina tiene que comprender que tenemos que ser un bloque. Un bloque que piensa de forma económica, social, que piensa de forma unida. El mundo está dividido en bloques y nosotros no podemos seguir negociando por separado. Argentina unilateralmente con Europa, Bolivia sola,  tenemos que juntarnos. Tenemos que crear un bloque fuerte, como lo estábamos haciendo con la Unasur, para que podamos negociar con la Unión Europea, para negociar con China, para negociar con los Estados Unidos. Vuelvo a soñar con esto y le pido a Dios para que el PT con otras fuerzas democráticas pueda llegar al gobierno. No podemos seguir metiéndonos en estas peleas de Estados Unidos y China. No sé si ustedes percibieron el discurso de Joe Biden para el pueblo americano en el intento de destruir lo que Trump había creado. O sea, Trump fue elegido con el voto de trabajadores que no creían más en la democracia, que estaban desempleados. El discurso de Biden ha sido muy importante para recuperar la situación de credibilidad desde el pueblo americano, reivindicando a los trabajadores. Pero en política exterior Biden sigue conservador, sigue pensando que los Estados Unidos tienen que ser como el farol del mundo, que tienen que luchar contra la corrupción mundial, que ellos van a promover la paz mundial. Biden tiene que entender que América Latina tiene que tener el derecho de crecer. No es posible que en 500 años no tengamos ningún país en América Latina que esté altamente desarrollado. Siempre que hay un gobierno que empieza a mejorar las cosas, aparece un golpe de Estado y cae el gobierno. El continente latinoamericano tiene que desarrollarse. El africano también, de hecho. Y  China puede seguir creciendo. Los americanos también. Pero nosotros también queremos desarrollarnos. Queremos nuestra soberanía. Queremos que nuestros pueblos tengan autodeterminación. Y no veo flexibilización alguna en el discurso americano para América Latina. Es casi como si fuera un discurso de dominación: 'Ustedes no pueden crecer. No pueden tener soberanía. No pueden desarrollarse o cuando empiezan a desarrollarse, mandamos un embajador para organizar golpe de Estado en nuestro continente'¿ Se dan cuenta? Esto no es posible. Yo he vivido el momento más rico de América Latina en el tiempo de la Unasur, en el tiempo de los Kirchner, de Chávez, de Michelle Bachelet. Después con Cristina, Evo Morales, Rafael Correa, incluso compañeros como Toledo o Alan García. Teníamos una relación más latinoamericana. Teníamos una vocación que era más Sur-Sur y eso ha sido desmontado. Ahora tenemos que recuperar eso y por eso me parece que Alberto Fernández está teniendo un rol importantísimo. Veo que la situación está muy difícil. Pero si pudiera darle un consejo le diría: 'Alberto, no desanimes. Es difícil, pero no pierdas la esperanza. Hay que seguir dándole. Cuida de la salud de tu pueblo'.

--Con la premisa del cuidado de la salud como reclamo mundial, se enmarca el pedido de liberar las patentes de las vacunas ¿es posible?

--Escribí documentos con muchos cientistas pidiendo que la vacuna no tuviera una patente, tendría que ser un bien público para que todos tengan derecho a la vacuna. Hemos tenido entrevistas con los Estados Unidos, con los rusos, también con los alemanes, Francia e Inglaterra, dos entrevistas con los chinos también, pidiéndoles a los presidentes que transformen a la vacuna en un bien público.  La vacuna no es para enriquecer laboratorios. Es para salvar a la humanidad. Y los países ricos tienen que ayudar, financiar para que los países pobres reciban la vacuna en cantidad suficiente para garantizarle al pueblo el derecho de ser vacunado, que es la única garantía que tenemos de escapar del covid 19. Es una lucha muy difícil, extremadamente compleja, y le puedo decir que los trabajadores brasileños están viviendo un momento dificilísimo. Le estoy dando esta entrevista y media hora antes de empezar. Estaba reunido con el presidente de la central única de los trabajadores de Brasil, el equivalente a la CGT, y con los metalúrgicos de San Bernardo --un sindicato del cual fui presidente-- y discutiendo la situación y la situación, me cuentan ellos, no es buena. Vamos a tener que pelearla con todo para recuperar el placer que teníamos de ser brasileños, el placer que teníamos de creer en la democracia, y el placer que teníamos de creer en el futuro y estar llenos de esperanza.

--Hacía referencia a que Bolsonaro ha dicho cuatro mentiras promedio por día desde que es presidente. Teniendo en cuenta su propia experiencia,¿cómo ve el rol de los medios de comunicación en esa construcción de sentido común que hace que se crean determinadas mentiras que, en definitiva, terminan atentado contra la propia democracia? 

--Algo grave sucede en Brasil. Normalmente a los dueños de los medios de comunicación no les gusta cuando nosotros decimos que ellos no son democráticos. Evidentemente, a Clarín, por ejemplo, no le gusta cuando alguien dice que tiene un pensamiento de derecha. Hizo mucha oposición a Cristina, a los Kirchner y está haciendo seguramente mucha oposición a Alberto Fernández. Pero me parece que aquí en Brasil tenemos que tener conciencia que el odio que apareció en Brasil y la elección de Bolsonaro, se deben al comportamiento de la prensa.En su actitud de negar a la política, cada vez que uno niega la política, lo que viene después es peor, porque no hay salida para la democracia, sin el conflicto y la disputa política entre las partes organizadas de la sociedad, que son los partidos políticos para gobernar un país y que haya alternancia de poder. En Brasil ha sido vendido el odio contra el PT, han distribuido un manantial de mentiras. Nunca hubo en la historia de la democracia de América Latina la cantidad de falsas acusaciones contra un ser humano como lo que sucedió contra mí. Y yo quise pelear. Podría haber salido de Brasil, pero no quise. Decía: 'Voy a conseguir derrotarlos porque estoy seguro de mi inocencia'. Gracias a Dios, con el apoyo sobretodo de muchos argentinos y también de mucha gente que hacía esta vigilia en las puertas de la Policía Federal. Eso fue algo extraordinario. Nunca sucedió en ningún otro momento, que tanta gente estuviera quinientos ochenta días durmiendo con sol, con lluvia en la puerta de la Policía Federal gritando ¡Buenos días, Lula! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes, Lula!. La solidaridad internacional de políticos, de artistas, de cantantes, todo eso me ha ayudado muchísimo a tener fuerzas para probar mi inocencia. Qué bueno que todo esto sucedió. Muchos creen que fue la denuncia del hacker que se publicó en The Intercept Brasil, pero esto ya estaba desde 2016 en mi defensa, todo eso que apareció después ya estaba. En un momento me proponen una especie de tregua, me dicen que vaya a casa, yo dije no. No voy a cambiar mi dignidad por mi libertad, soy inocente. Hoy estoy contento porque los que están cabizbajos son los que me han acusado. Yo estoy con mucho respeto, sin odio, sin rabia, tratando de disputar las elecciones para presidente. Todavía no he decidido. Si tengo que disputar, voy a hacerlo para ganar las elecciones. Lo que no quería el presidente era ir con tobilleras electrónicas a su casa. Entonces, lamentablemente acá en Brasil la prensa no se ha preocupado en informar lo sucedido. Se ha preocupado en mentir contra el PT y contra Lula por mucho tiempo. Y eso han conseguido: un fascista en la Presidencia de la República.

VSM --La palabra que atraviesa la historia de Lula y su presidencia --como la de Dilma-- es dignidad. Los brasileños sintieron esa dignidad, el orgullo por estar insertos en el mundo con dignidad. Nos sentíamos orgullosos de ese país que crecía hacia afuera y hacia adentro. Como usted repite, con la gente que desayune, almuerce y cene. Con los trabajadores como centro, orgullosos de pertenecer a la mano de obra de un país que se siente orgulloso y digno. Pasaste por la cárcel con dignidad y ahora se presenta el desafío del futuro. ¿Cómo ve la relación con los trabajadores, con los movimientos sociales? Un presidente, como dice, que es un facho pero que tiene todavía un paoyo del 20 por ciento en los sectores populares ¿cómo va a avanzar esa película?

Lula --Yo he sido dirigente sindical durante mucho tiempo. Gran parte de mi vida ha estado ligada a movimientos sociales. Hay momentos que nosotros tenemos más dificultad para organizar, sobre todo en épocas de desempleo. Tenemos más dificultad de organizar a los trabajadores porque los trabajadores están preocupados en no perder su puesto de trabajo. Nosotros hemos tenido dificultades y esa es la verdad, sobre todo con la pandemia. El movimiento sindical se está despertando, los ámbitos sociales, los movimientos de los sin techo, los movimientos por vivienda, por salud, se están uniendo y se están organizando. Y la gente está en las calles. Hubo ya cuatro manifestaciones. Tendremos otras y a partir del día 12 o 14 de julio o por ahí empezaré a hacer un viaje por Brasil para charlar con el pueblo. Me tengo que cuidar. No quiero ser contradictorio. Le pido a la gente que se cuide. No puedo promover aglomeraciones, pero voy a tratar de encontrar la manera de viajar. Voy a adelantar algo. Pretendo este año ir a la Argentina. Una visita de agradecimiento al pueblo argentino, agradecimiento al comportamiento de Cristina y su solidaridad y, sobre todo, al comportamiento y actitud de Alberto Fernández.  Quisiera tomar un mate, un café con el presidente Alberto Fernández y otros compañeros con los cuales tengo tanta amistad. Argentina es un país por el cual tengo un cariño enorme. Soy un brasileño que admira incluso a Diego Maradona. Lo que me hacía admirarlo no era solamente ese gran jugador de fútbol que era, lo que me gustaba de Maradona es que él tenía esa dignidad política. Él no tenía vergüenza de decir a quien admiraba, quien le caía bien, él lo decía. 

--¿Cree que el neoliberalismo no podrá mantenerse en el poder?

--Estoy bien y creo que la derecha va a perderla. Creo que Bolsonaro será derrotado, no por Lula, ni siquiera por otro candidato, Bolsonaro será derrotado por el pueblo brasileño que lo va a sacar, porque queremos paz, queremos tranquilidad, queremos trabajar, queremos buenos salarios, queremos cultura, queremos deportes, queremos volver a desayunar, tomar café, queremos un lindo ocio, estar siempre con la familia, estar juntos sin preocupaciones tan grandes como las que vemos. Sólo hay una explicación para que esté sucediendo lo que me está pasando: está Dios, está la mano de Dios ayudándome, guiándome para que pueda mantener la calma, para que tenga la paciencia necesaria, para que no esté tomado yo por el odio que todo esto genera cuando uno tiene odio no está bien, no duerme bien. Uno no come bien, no digiere bien. Hay un malestar que sigue estando. Sé que es muy importante valorar el don de la vida. Esta es la cosa más sagrada que nosotros hemos recibido. Y por eso más allá de momentos de confusión para la sociedad hay que creer siempre que mañana será mejor.

VSM --Sus palabras me recuerdan siempre a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que nunca buscaron venganza. Reclaman por sus hijos y nietos desaparecidos siempre con una misma consigna: Memoria, verdad y justicia. Un eje que guía su historia también. Será un orgullo recibirlo en la Argentina. Cuando en 2012 inauguró acá junto a Cristina nuestra univesidad, la UMET, dijo: 'Dénle una oportunidad a los trabajadores y ellos sabrán aprovecharla'. Y ése es nuestro orgullo también, mejorar la calidad de vida de nosotros como trabajadores, de la salud, de la educación. La alegría de verlo como, dice, "con la energía de un pibe de 30", con el amor por su pueblo y sin el odio que es tan dañino. No le voy a preguntar por la Copa América porque la final seguramente será entre Brasil y Argentina. Esperemos que se dé con total normalidad. 

Lula --Quisiera decirle a través de Página 12 una cosa que me parece muy importante al pueblo argentino. Mi indignación es que no existe ninguna razón para que la Argentina, que ha sido la quinta economía mundial, que que tiene un poder y capacidad productiva intelectual muy grande, tenga tanta gente ahora mismo pasando hambre. No es posible que Brasil, que ya fue la sexta economía mundial que casi había erradicado el hambre en 2012 tenga hoy tanta gente con hambre. Es muy importante, que podamos comprender que hay una élite económica en nuestros países, una clase empresarial, hay una clase que representa al sector financiero, que no tiene ninguna preocupación por la solidaridad. No es posible que haya un solo argentino o brasileño pasando hambre. Son dos países enormes, extraordinarios productores de alimentos para todo el planeta. Argentina se estaba recuperando en el tiempo de los Kirchner, entonces eligieron a un liberal y mira lo que pasó. En poco tiempo ha creado una deuda interna gigantesca. Y ahora Alberto Fernández está teniendo que pagar. Es importante que la sociedad perciba que cuando nosotros ganamos las elecciones, sea cual fuere el candidato progresista como Alberto, que ganó en Argentina, es necesario un tiempo para que podamos recuperar y poner al país en la normalidad de vuelta. Es necesario y quisiera que ustedes le transmitan por favor a Alberto Fernández y al pueblo argentino mi solidaridad. Las personas que crearon la deuda con el FMI están acusando a Fernández ahora, siempre es así. Siempre es así. Esos palos en la rueda, las personas que han robado han acusado al PT ¿ Quiénes son? Es necesario que tengamos una noción política clara de lo que está sucediendo para que no perdamos la esperanza, para que no estemos describiendo cosas equivocadas. Siempre los ricos se ponen como dueños de la prensa, de los medios de comunicación y acusan a las personas que quieren hacer política social en nuestros países. Le quisiera decir entonces que deseo que el pueblo argentino sepa bien quién causó daños a Argentina, quién está trabajando realmente para recuperar a la Argentina de la misma forma que vale para nosotros en Brasil. Cuando lleguemos a la Presidencia de la República de este país cuando se elija a un candidato progresista en Brasil, el que llegue va a encontrar a Brasil en una pésima situación económica, va a ser necesario recuperar y eso tarda. Al compañero Alberto Fernández también fuerza. No pierdan la esperanza. Nunca, nunca desistan de la única lucha que perdemos que es la lucha que no hacemos. No hay que rendirse jamás. Es necesario luchar para darle al pueblo el derecho de votar con conciencia. En Brasil, en Argentina y en América del Sur. 

--Los esperamos con Rosángela da Silva para la luna de miel en Bariloche.

--Vamos a ver, veremos, veremos. 

 

Por Nora Veiras

04 de julio de 2021

Publicado enPolítica
El primer acto de Castillo como presidente virtual

Dijo que él es el mandatario electo y llamó a la unidad

Pedro Castillo (foto), el profesor rural y sindicalista que ganó la elección presidencial pero todavía no es proclamado oficialmente como presidente electo porque el Jurado Electoral no termina de resolver el pedido, sin sustento, de su rival, la derechista Keiko Fujimori, de anular votos del ganador para voltear el resultado, participó este viernes en su primer evento público como virtual presidente. Lo hizo haciendo un llamado a la unidad en momentos que la derecha agudiza la polarización y amenaza la democracia promoviendo la anulación de las elecciones que ganó la izquierda. Castillo viajó a Cusco, en la zona sur andina del país, donde ganó las elecciones por amplio margen, para participar en un evento sobre descentralización con los gobernadores regionales. Dijo que el suyo era “un gobierno electo”, pero esperaba que el Jurado Electoral “diga su última palabra” para actuar plenamente como tal.

“El pueblo necesita de la más amplia unidad. En este caminar ya no hay ni vencidos ni vencedores, hoy somos una sola familia. Necesitamos poner el hombro todos para terminar con los grandes problemas, como la pandemia y las grandes desigualdades que tiene el país”, declaró a la prensa antes de participar en el evento. Luego, en su discurso ante los gobernadores, repetiría el mensaje de unidad.

Aseguró que el suyo será un gobierno “que piensa y siente como el pueblo”. “El Perú necesita que el pueblo sea escuchado. Lo primero que tenemos que agendar son los grandes problemas, las grandes brechas de desigualdad”. Anunció que su gestión priorizará la salud y la educación, “que deben ser un derecho y no un negocio”, y también la agricultura. “Tenemos que hacer un gobierno austero. No nos verán robar un centavo a este pueblo”, ofreció.

“Cuando sales a hacer una propuesta te dicen terrorista, chavista, comunista, que le vas a quitar su plata a los inversionistas, que vas a ahuyentar la economía, que les vas a quitar su propiedad, su casa, su terreno. Todo eso es falso”, señaló, en alusión a la guerra sucia en su contra.

Mientras Castillo se reúne con autoridades, organizaciones sociales, gremios, pensando en su próximo gobierno, que debe iniciar el 28 de julio, la derecha sigue maniobrando para desconocer su legítimo triunfo electoral, en una actitud cada vez más abiertamente golpista. Fujimoristas armados con palos atacaron a un grupo de seguidores de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Electoral. 

Por Carlos Noriega

26 de junio de 2021

Publicado enInternacional
Viernes, 25 Junio 2021 06:07

Por qué Ortega no quiere soltar

Por qué Ortega no quiere soltar

LOS INTERESES INNEGOCIABLES DEL RÉGIMEN NICARAGÜENSE

 

En los últimos días arrestó a cinco precandidatos y a varios excomandantes guerrilleros. Suman 1.600 los detenidos y más de 103 mil los exiliados desde 2018. Las causas de la intransigencia de acuerdo a la disidencia sandinista.

«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).

La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600 personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y sociales», reflexiona Medina en su artículo.

Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como “golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo” provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas populares masivas de 2018.

Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase «Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha, 27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente», Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Tinoco.

EL FSLN Y LA CULTURA POLÍTICA NICA

En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora rechazan.

Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988) y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que, siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).

Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13 de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político, de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).

A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad» (Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense: «Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la volveremos a repetir».

BURGUESÍA ROJINEGRA

Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?», uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios».

Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de «una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora «un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío, I-14).

En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500 millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.

Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51 por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento. «El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018, se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas, promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado», calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).

Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados; Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de «empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso privado a fondos públicos.

Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21). Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse en Costa Rica en 2013.

SIN MARGEN PARA LA DEMOCRACIA

Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una ficción, una ilusión, una mentira».

Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con «una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia». Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte», sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido –por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21). Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario» posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».


25 junio, 2021


ORTEGA Y LAS MULTINACIONALES

No es que Ortega quiera promover al empresariado nicaragüense para fortalecer una burguesía nacional capaz de desarrollar el país a partir de nuestras propias posibilidades, fomentando un capitalismo nacionalista, un objetivo que nunca terminó de construirse en Nicaragua. No, no es por eso. Se trata de una simbiosis al servicio de la lógica del gran capital transnacional […].

Tan profundos niveles de subordinación a la lógica del capital no los encontramos en el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) ni en el de Arnoldo Alemán (1997-2002), ni siquiera en el más cercano al empresariado, el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Tal vez se explica porque en estos gobiernos había fuerzas sindicales y gremiales que servían de contrapeso a estos gobiernos. Había un sandinismo de base que resistía […]. Veamos, por ejemplo, la relación de Nicaragua con la transnacional española Unión Fenosa […]. Las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con Unión Fenosa fueron tensas. En 2006, cuando llegaba al gobierno Daniel Ortega, Bolaños tenía demandas contra Unión Fenosa y había 12 juicios, reclamos estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional.

Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. En noviembre de 2007, mientras Daniel Ortega lanzaba un discurso virulento contra las transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile [el asesor económico de la Presidencia] Bayardo Arce estaba reunido en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con la gerencia de Unión Fenosa. A partir del Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, al que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero de 2009, una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios, todas las demandas y multas pendientes. Después, vinieron otras leyes, siempre en beneficio de la transnacional.

Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía fueron tan fluidas como con este gobierno. ¿Y qué pasa con la generación de energía alternativa? Está crecientemente en manos privadas, aun cuando la base de la generación sean recursos naturales del país, como el viento, el agua, los volcanes. Todos los nuevos proyectos de energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica han sido concesionados a las empresas transnacionales, en las que Ortega y su grupo tienen participación accionaria.

Mónica Baltodano

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Luis Arce, funcional al fujimorismo, renunció al JNE.

Renunció un miembro del Jurado Nacional Electoral

El fujimorismo y sus aliados ahora dicen que desconocen la legitimidad del organismo electoral y anunciaron que no respetarán su decisión si ésta no les favorece.

 

Desde Lima. La derecha ha pateado el tablero de la legalidad electoral y redobla su apuesta golpista que pretende anular las elecciones que perdió. Lo hizo después que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó a analizar este miércoles los pedidos de nulidad de votos presentados por la derrotada candidata Keiko Fujimori y rechazó todos los que examinó ese día. Anulando votos del ganador de las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo, el fujimorismo pretende voltear el resultado electoral y ganar en mesa lo que perdió en las urnas. Derrotados en los pedidos de nulidad de votos que comenzó a ver el JNE, el fujimorismo y sus aliados, que hasta el miércoles habían repetido una y otra vez que aceptarían lo que dictamine el organismo electoral, han salido a desconocer su legitimidad y anunciar que no respetarán su decisión si ésta no les favorece. Ahora exigen que intervenga la OEA con una auditoría. Derrotados, desesperados, esperan que el organismo que dirige Luis Almagro avale ahora su falsa narrativa de un fraude -lo que la propia misión de observadores de la OEA ya rechazó- y una salida golpista, como lo hizo en Bolivia.

El profesor rural y sindicalista Pedro Castillo derrotó a la hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori por poco más de 44 mil votos. Pasadas casi tres semanas, su victoria no puede ser proclamada oficialmente porque el fujimorismo ha pedido se anulen unos 200 mil votos de las zonas rurales donde Castillo ganó ampliamente. Todos esos pedidos de nulidad de votos fueron rechazados, por falta de sustento, en primera instancia por los jurados electorales locales. El fujimorismo apeló. El miércoles, el JNE rechazó, por tres votos contra uno, las primeras apelaciones que comenzó a ver ese día. Los otros pedidos de nulidad que faltan verse son similares a los ya rechazados, con la misma falta de evidencias que los sostengan, por lo que se espera también sean rechazados y se oficialice el triunfo de Castillo.

Renuncia

En ese escenario adverso para la derecha, el magistrado Luis Arce, uno de los cuatro miembros del JNE, el único que avaló las pretensiones fujimoristas, decidió intentar dinamitar al organismo electoral desde adentro y así tumbarse las elecciones. Renunció, generando una crisis que busca deslegitimar al ente electoral y boicotear la revisión de los pedidos de nulidad de votos que no favorecía al fujimorismo. Arce, que formaba parte del JNE como representante de la Junta de Fiscales Supremos, es un fiscal que tiene abierta una investigación por sus vínculos con una mafia judicial llamada “los cuellos blancos” que tiene nexos con el fujimorismo, y en el organismo electoral jugó para los intereses fujimoristas. El presidente del JNE, el juez supremo Jorge Luis Salas, rechazó las acusaciones de Arce de falta de imparcialidad, las que calificó como “agraviantes” y sin sustento.

La derecha, jugando en pared con Arce, utilizó esta renuncia para cuestionar la legitimidad de la autoridad electoral luego que sus primeros fallos no favorecieron a su derrotada candidata. Este jueves, congresistas electos y excongresistas de diversos grupos de derecha anunciaron que no reconocerán la decisión del JNE si proclama a Castillo como presidente. Fue una presentación con claro tinte golpista. En una nueva maniobra, ahora exigen al gobierno peruano que solicite a la OEA una auditoría de todo el proceso electoral. Señalan que sin esa auditoría no reconocerán al próximo gobierno. La misión de observadores de la OEA ya se pronunció defendiendo la legitimidad de las elecciones peruanas.

“El pedido de una auditoría de la OEA no tiene sustento, es pedirle que desautorice a su misión de observadores que ya ha emitido dos informes diciendo que las elecciones han sido limpias y democráticas. Un sector de la derecha peruana apunta a que la OEA avale aquí un golpe como hizo en Bolivia, pero creo que a estas alturas eso es muy difícil que ocurra”, le declaró a Página/12 el abogado Julio Arbizú, asesor legal de Pedro Castillo para enfrentar las demandas de nulidad de votos.

Además de la OEA, todas las otras misiones de observadores internacionales, incluyendo la de la Unión Europea, también se han pronunciado señalando que las elecciones fueron limpias y democráticas. Lo mismo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que ha calificado las elecciones peruanas que ganó el izquierdista Castillo de “libres” y “justas”, y como “un modelo de democracia en la región”, y ha felicitado a las autoridades electorales.

Piden ayuda

Keiko Fujimori y sus aliados, donde predomina una extrema derecha, convertidos en émulos de Donald Trump denunciando sin argumentos serios un fraude para pretender desconocer un resultado electoral desfavorable y recurriendo a maniobras de todo tipo para ensuciar el triunfo de su rival, se han quedado sin respaldo internacional, que en algún momento esperaban lograr con su falsa narrativa de que se enfrentan “a una amenaza comunista”. Desesperados, ahora buscan la ayuda de Almagro. Pero ningún organismo internacional ni gobierno toma en serio sus denuncias sin base de un supuesto fraude electoral. Sin embargo, tienen apoyo interno, entre el poder económico y lo grandes medios, que le hacen el juego a sus falsas denuncias de fraude y sus maniobras golpistas. Militares en retiro, congresistas electos y políticos aliados de Keiko se han pronunciado, con gran eco mediático, y se han movilizado en las calles, por una salida golpista que anule las elecciones que perdieron.

“El fujimorismo está tratando de copar todos los espacios para deslegitimar el proceso electoral, alentar discursos e intentonas golpistas, dilatar el proceso hasta volverlo inviable y se llegue al 28 de julio (día de la transmisión del mando presidencial) sin un presidente proclamado y ahí generar una situación de caos total que conduzca a anular el proceso electoral y convocar nuevas elecciones. Todos los escenarios a los que juegan son golpistas. El golpismo es el talante de siempre del fujimorismo y sus acólitos. Detrás de Keiko Fujimori hay una red de organizaciones criminales que tienen figuras políticas que las obedecen”, señaló Arbizú, quien ha sido procurador anticorrupción.

Keiko y sus aliados juraron primero que respetarían el conteo de votos, pero cuando éste le fue desfavorable lo desconocieron y pidieron anular votos de su rival. Lugo aseguraron que respetarían la decisión del Jurado Electoral que debería decidir sobre sus pedidos de anular votos de Castillo, pero ahora que el ente electoral ha comenzado a rechazarlos dicen que no aceptarán su decisión. Y ahora piden una auditoría de la OEA. 

Por Carlos Noriega

25 de junio de 2021

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