Cincuenta años más tarde, la victoria chilena todavía nos habla

Hace cincuenta años, la noche del 4 de septiembre de 1970, me encontraba, junto a una multitud de mis compatriotas, bailando en las calles de Santiago de Chile.

Celebrábamos la victoria de Salvador Allende y su coalición de izquierda en los comicios presidenciales de ese año. Fue un triunfo que trascendió las fronteras nacionales. Hasta entonces, todas las revoluciones habían sido violentas, impuestas por la fuerza de las armas. La Unidad Popular proponía usar medios pacíficos y electorales para construir el socialismo, proclamando que no era necesario reprimir o eliminar a nuestros adversarios para alcanzar una justicia social duradera, que cambios estructurales de la economía podrían efectuarse dentro de los confines y promesas de la democracia.

Fue un privilegio haber vivido plenamente ese momento en que soñar lo imposible no era una mera consigna. Recuerdo al pueblo chileno, los trabajadores que habían construido ese país sin disfrutar de sus riquezas recorriendo con sus familias el centro de la ciudad que siempre les había parecido ajeno, recuerdo cómo su presencia rebelde y alegre pronosticaba un orden social que los reconociera como protagonistas y motores del porvenir.

¿Cómo podría haber evolucionado el mundo, cuán diferente sería, si los militares no hubieran derrocado a Allende tres años más tarde, si otras naciones hubieran podido adoptar ese modelo de una revolución no-violenta para satisfacer sus propias ansias de liberación e igualdad?

Conmemorar este aniversario no debe entenderse, sin embargo, como un ejercicio de nostalgia personal. Ese momento que auguraba un futuro que nunca llegó importa más que nada porque sigue hablándonos de múltiples maneras. Hay lecciones que aprender de aquel 4 de septiembre supuestamente remoto, especialmente en los Estados Unidos que afronta hoy su propia elección de dimensiones históricas.

Por cierto que nadie en USA propone el socialismo como una opción este 3 de noviembre venidero, por mucho que el delirante Trump describa a sus opositores como izquierdistas enfurecidos. Lo que sí va a decidirse es si la patria de Lincoln va a implementar reformas fundamentales o si va a empantanarse en el cenagal sofocante del pasado. Si Joe Biden, como parece más que probable, gana la contienda electoral que se avecina, los ciudadanos norteamericanos --y yo soy ahora uno de ellos-- tendrán que plantearse, como lo hicimos nosotros en Chile hace tantas décadas, una serie de preguntas acerca de cómo llevar a cabo aquellas reformas. ¿A qué ritmo deben realizarse? ¿Qué medidas deben cumplirse aceleradamente para asegurar que no haya posibilidades de una regresión conservadora? ¿Cuándo es mejor reducir la velocidad para obtener el apoyo de tantos votantes que temen excesivas alteraciones a su vida cotidiana estable, el fundamento de su identidad? ¿Cuándo negociar, cuándo insistir en reformas que no admiten espera? ¿Cómo contentar a la legión de impacientes e inspiradores activistas que frecuentemente confunden sus deseos con la realidad y quisieran avanzar con más rapidez de lo que la mayoría de la naciónpuede absorber? ¿Y cómo aislar a los antagonistas más fanáticos y bien armados que no van a ceder fácilmente sus privilegios y que, contando con inmensos recursos financieros, estarán dispuestos a desatar la violencia para socavar las reglas democráticas cuando éstas ya no les sirvan?

Si hubiésemos sabido resolver esos desafíos en Chile, se podría haber evitado la catástrofe de una dictadura militar y diecisiete años de represión brutal cuyos efectos todavía vivimos hoy. Pero más allá de los errores que pudimos haber cometido, hay otro factor que determinó el fracaso: los Estados Unidos promovieron ferozmente el derrocamiento de Allende y luego apoyaron y dieron aliento al régimen de terror que lo suplantó.

En un momento en que protestas masivas han sacudido a los Estados Unidos, exigiendo que el país enfrente la forma inhumana y sistemática en que tantos ciudadanos, pobres, negros, latinos, inmigrantes, mujeres, pueblos originarios, han sido maltratados y brutalizados, parecería también imperativo reconocer el sufrimiento impuesto a otras naciones por la incesante y desfachatada intervención de los Estados Unidos en sus asuntos internos. ¿Y qué mejor instancia que la actual para asegurar que tales injerencias no volverán a suceder?

Chile no es el único ejemplo de este desprecio flagrante hacia la soberanía ajena. Ahí están las democracias destruidas de Irán, Guatemala, Indonesia, el Congo. Pero la desestabilización de Chile, el asesinato de la esperanza con que bailamos en las calles de Santiago hace medio siglo tuvo consecuencias particularmente perversas.

La muerte de la democracia chilena --simbolizada en la muerte de Salvador Allende en el palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973-- no sólo dio inicio a una tiranía letal sino que también convirtió el país en un despiadado laboratorio donde se ensayaron a mansalva las fórmulas del capitalismo neoliberal que pronto prevalecerían a nivel global. Es precisamente ese paradigma de desarrollo salvaje --la creencia ciega de que el mercado disipa todos los problemas, de que la avaricia es buena, de que la obscena concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos beneficia a las grandes mayorías-- que hoy se cuestiona tan vigorosamente en los Estados Unidos y, maravillosamente, en el Chile actual, donde un movimiento rebelde popular ha sacudido las cimientos del sistema político que sustentala supremacía capitalista, revindicando el legado de Allende.

Sería ingenuo sugerir que si Allende hubiera tenido éxito ese modelo neoliberal no hubiera conquistado de todas maneras el mundo. Como sabemos desgraciadamente, otras naciones estaban prontas a llevar a cabo ese tipo de desmedido experimento. Es, no obstante, sombrío pensar que, de no haberse frustrado la tentativa de Chile de crear una sociedad justa y digna, tendríamos hoy un ejemplo radiante de cómo emerger de la crisis de desigualdadque nos aqueja, las divisiones que nos afligen.

Cuando los que ahora son mis compatriotas norteamericanos bailen en sus ciudades, como lo pienso hacer con mi mujer Angélica, la noche en que otra victoria electoral presagie el amanecer de una nueva era, me gustaría que algunos de ellos recordaran que no se encuentran solos, que érase una vez una tierra en que otros hombres y mujeres bailaban hacia la justicia, una tierra que, después de todo, no es tan lejana.

Ariel Dorfman es el autor de La Muerte y la Doncella y, más recientemente de las novelas Allegro y Cautivos y el ensayo Chile: Juventud Rebelde. Vive en Chile y en Carolina del Norte, donde es un distinguido profesor emérito de Literatura en la Universidad de Duke.

Publicado enInternacional
La vuelta de Henrique Capriles sacude a la oposición venezolana

Mientras Guaidó pierde terreno, el ex candidato presidencial apuesta a las legislativas

El mapa opositor se modifica a tres meses de unas elecciones que serán clave en varios sentidos. Los indultos de Maduro no cambiaron la postura de Washington. 

 

Desde Caracas.Ya ni Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, parece capaz de salvar a Juan Guaidó. El opositor venezolano que fue portada de revistas y periódicos, invitado a la Casa Blanca, está siendo desplazado por un antiguo dirigente de la política venezolana: Henrique Capriles, quien fue candidato presidencial contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El resurgimiento de Capriles estaba preanunciado. El dirigente, alejado del centro de atención mediática, venía sosteniendo que la “ficción de gobierno” de Guaidó era insostenible, en particular debido al próximo escenario de elecciones de la Asamblea Nacional que implicará una renovación del poder legislativo.

Su regreso al centro de la escena se dio en cuatro pasos. En primer lugar, con su rechazo público al proceso de unidad planteado por Guaidó. En segundo lugar, con el reconocimiento del indulto otorgado por Maduro a 110 opositores venezolanos como un paso importante, a diferencia de dirigentes de la oposición que cuestionaron la medida.

Indultos

En tercer lugar, porque al día siguiente de los indultos trascendió la información que Capriles habría mantenido un contacto con el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, como parte de los esfuerzos de diálogos. El diplomático había estado en Caracas en agosto, luego de su paso por República Dominicana para la toma de posesión del presidente Luis Abinader, a la que asistió Pompeo.

En cuarto lugar, Capriles anunció el miércoles su decisión de dar la disputa en las elecciones legislativas: “no le vamos a regalar a Nicolás Maduro la Asamblea Nacional”, afirmó. Su postura de indefinición acerca del 6 de diciembre quedó así resuelta: apostará a la elección, alejándose de la línea abstencionista.

No es el único en haber dado ese giro. Stalin González, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, que también habría hablado con Cavusoglu, anunció su alejamiento del partido por no compartir la estrategia de no participar en las elecciones.

Esa migración política de la abstención al bloque de quienes participarán era predecible: Guaidó, acusado de acaparar política y recursos -con sonados casos de corrupción- no ha ofrecido nada nuevo en medio de su agotamiento, y Estados Unidos, que llama a la oposición a mantenerse tras de su figura, tampoco aportó ningún elemento novedoso más que anuncios de nuevas sanciones económicas.

En cuanto a las voces abstencionistas alejadas de Guaidó, tampoco tienen mucho eco. María Corina Machado, por ejemplo, quien plantea que es necesaria una “operación internacional de paz y estabilización” en el país, fue descalificada por Elliot Abrams, encargado de Estados Unidos para Venezuela, quien calificó su postura como de “realismo mágico”.

El mapa de la oposición venezolana se modifica así a tres meses de unas elecciones que serán clave en varios sentidos. Por un lado, para lograr que una parte mayoritaria de la oposición regrese al camino electoral, lo cual significa una ruptura con la estrategia de Washington. Por otro lado, para que exista un reconocimiento internacional de la contienda, del poder legislativo que emerja de los resultados, y de las elecciones a alcaldes y gobernadores que seguirán.

De cara al reconocimiento internacional, el gobierno venezolano envió una carta-invitación a la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas para participar como observadores y acompañantes electorales en las elecciones. El indulto presidencial fue bien recibido, por ejemplo por Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores Europeos, por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el canciller argentino Felipe Solá.

La postura estadounidense se mantiene: Washington no reconoce las elecciones del 6 de diciembre, llama a mantenerse tras Guaidó, y amenaza con nuevas sanciones económicas, entre las cuales podría estar el fin de las exenciones petroleras, que afectarían a Venezuela en su capacidad de abastecerse de diésel, combustible esencial para, entre otras cosas, el transporte por tierra de mercancías y personas.

¿Terminará Washington por soltar a Guaidó más adelante? Habrá que esperar los resultados del 3 de noviembre en Estados Unidos para tener mayores certezas al respecto. 

Publicado enInternacional
Jueves, 03 Septiembre 2020 05:49

Competencia en el laboratorio

Competencia en el laboratorio

Entrevista a Johannes Varwick

 

¿Rusia, China o Estados Unidos? La búsqueda de una vacuna contra el covid-19 se está convirtiendo en un campo de batalla geoestratégico. Johannes Varwick, analista especializado, explica los riesgos y los efectos colaterales de esta competencia.

 

En la actualidad estamos viviendo una carrera global por producir una vacuna contra el coronavirus. Rusia es el primer país que ha aprobado una. Al mismo tiempo, se multiplican las advertencias sobre los efectos de esta competencia. ¿Qué rol cumple la preocupación por la propia reputación en las reacciones críticas a la vacuna de Rusia que se suscitaron en Estados Unidos y Europa?

Por supuesto que estamos ante una carrera por la vacuna y que es una cuestión de prestigio nacional, pero también están en juego intereses nacionales bien concretos. Por lo que sabemos, Rusia ha aprobado la vacuna sin haberse atenido a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Usar la vacuna a gran escala sin esperar los resultados de los estudios clínicos suena a experimento con humanos. Solo puede permitírselo un sistema autoritario como el de Rusia, sería inconcebible en las democracias occidentales. Con estos antecedentes, no es posible predecir aún si la vacuna rusa –que los rusos probablemente llamarán «Sputnik V»– es efectiva o, por el contrario, dañina.

Queda por ver si el procedimiento nada convencional de los rusos tendrá éxito. Si Rusia se convierte en el primer país con una protección efectiva contra el covid-19 y la pone a disposición de su población, en realidad tendrá algo de «Sputnik», como en la década de 1950, cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial terrestre. Rusia dispondría entonces de una ventaja en una carrera tecnológica que le aportaría prestigio y beneficios económicos. En el caso de no lograrlo, el daño sería igualmente grande. No puedo imaginarme a Rusia asumiendo tamaño riesgo a sabiendas y, en ese sentido, supongo que está convencida de que va por el camino correcto. Pero esta autopercepción podría ser engañosa.

¿Por qué la investigación de una vacuna contra el coronavirus se convirtió en el nuevo campo de batalla de la geopolítica?

El desarrollo de vacunas, una cuestión estratégica para superar esta crisis del siglo, es en verdad lo que llamábamos antes «bienes colectivos mundiales». O sea, la producción de bienes materiales o inmateriales que son fundamentales para gran parte del mundo, como la seguridad internacional, las rutas de libre comercio o un medio ambiente intacto. Aquellos que fueron líderes en la fabricación de estos productos tradicionalmente determinaron la política internacional también en otras áreas. Esas eran, en cierto modo, las herramientas de los países hegemónicos.

Si las vacunas son los nuevos bienes colectivos mundiales, no es de extrañar que haya comenzado una carrera por ellas. Sin embargo, hay dos argumentos que deben mantenerse separados. Algunos dicen que esta pandemia nos hace ver que necesariamente debemos pensar globalmente, que necesitamos, en cierto modo, una política estructural global sobre estas cuestiones de salud mundial. El contraargumento dice que ahora cada país se preocupa principalmente por sí mismo. No creo esté definido qué argumento triunfará. Pero si gana el segundo, entonces realmente tenemos una confrontación entre países, con todas las consecuencias resultantes. Es probable que esto no beneficie a nadie en el largo plazo.

Los grandes jugadores actualmente parecen ser Rusia, Estados Unidos y China. ¿Dónde se encuentra la Unión Europea en esta competencia?

Los más de 150 desarrollos prometedores para una vacuna que se enumeran en la OMS prueban que actualmente hay un esfuerzo enorme en diferentes niveles. De modo que, tarde o temprano, habrá una vacuna eficaz. Por cierto, en cualquier otro momento de la historia esto habría sido imposible. Pero la pregunta crucial es: ¿quién tendrá acceso a la vacuna y quién sacará provecho de ella? En estos últimos meses, todos los países grandes con capacidad económica se han asegurado los derechos de uso de vacunas o están promoviendo la investigación con empresas estatales o participaciones estatales. La entrada del Estado alemán en la empresa CureVac, con sede en Tubinga, no es, por cierto, una excepción. El hecho de que CureVac empiece ahora a cotizar en la Bolsa de Estados Unidos muestra también la interconexión transnacional en esta área.

Estados Unidos tiene, además, acuerdos con la empresa alemana BioNTech, pero también con Johnson & Johnson, Sanofi y varias otras. Australia, Canadá, Japón y muchos otros países han firmado contratos similares. También hay numerosos esfuerzos en este sentido: en Europa, por ejemplo, una alianza de Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos ha acordado con el grupo británico AstraZeneca el suministro de 400 millones de dosis. La Unión Europea quiere participar en la iniciativa COVAX, creada por la OMS junto con la alianza mundial para vacunas GAVI, que tiene como objetivo hacer una compra colectiva de 2.000 millones de dosis para 2021 y distribuirlas de manera equitativa en todo el mundo.

¿Tiene sentido que los Estados europeos se pronuncien a favor de la disponibilidad universal de la vacuna? Al fin y al cabo, países como Alemania y Francia vacunarán primero a sus propios habitantes antes de que sean tenidos en cuenta los países del Sur global.

Si la filosofía básica de esta pandemia global es: «Nadie está a salvo mientras no todos estén a salvo», entonces es importante hacer popular esta idea al distribuir la vacuna. Por otro lado, es claro que la tarea de cada gobierno es cuidar en primer lugar a su propia gente. Resulta que en estos tiempos uno de los parámetros más importantes para medir el éxito o el fracaso de un gobierno es la cuestión de cómo se maneja el país durante la pandemia. Un liderazgo político inteligente no hace de esto una contradicción. Por tanto, necesitamos un equilibrio entre los intereses a corto plazo, puramente nacionales, y los intereses mundiales a mediano plazo, que, si se los observa correctamente, también son intereses nacionales.

¿La vacuna, como lubricante de alianzas globales, allanará el camino para un nuevo orden mundial? ¿Qué países es probable que se beneficien con esto?

Creo que eso es una exageración. Veo más bien el problema en el largo plazo, por el hecho de que en el futuro la solidaridad internacional les parecerá a muchos un bien suntuario. En los próximos años, los famosos «deberes más allá de las fronteras», las obligaciones más allá del propio país, se verán sometidos a una intensa presión. Es probable que cada país se ocupe lo mejor que pueda de sus propios problemas, y la idea de la solidaridad internacional se verá sometida a una intensa presión, por así decirlo. Es de suponer que esto se manifestará en disminución de los presupuestos de ayuda al desarrollo, reducción de los presupuestos para la estabilización internacional, retirada de las misiones internacionales para el mantenimiento de la paz y recortes en los presupuestos de defensa. El cosmopolitismo, la solidaridad internacional y la responsabilidad global amenazan con quedar rezagados, primero en el discurso, pero también en la acción.

¿Cómo puede garantizarse que organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no terminen siendo víctimas de esta compulsa geopolítica?

Por desgracia, la ONU es irrelevante en este momento. Si bien el Consejo de Seguridad se reunió, está paralizado por los derechos de veto de China, Rusia y los Estados Unidos. Hay algunas agencias especializadas de la ONU, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o en el área de ayuda humanitaria, que son bastante efectivas. Esto también se aplica a la OMS, que continúa haciendo un buen trabajo, pero que simultáneamente es víctima de la política. Se ha llegado a un punto tal que Estados Unidos ha anunciado su salida de esa organización. La creciente pugna por el poder entre Estados Unidos y China también se refleja claramente en la OMS.

De modo que el sistema de la ONU no es completamente ineficaz, pero el multilateralismo tal como lo conocemos está verdaderamente bajo presión. El público no sabe en absoluto qué está sucediendo en los países en desarrollo porque aún no conocemos las cifras. Esto tiene que ver con el hecho de que allí se testea poco, pero sería un verdadero milagro que una buena parte de África o las regiones en conflicto, desde Siria hasta Libia o Afganistán, sobrelleven mejor esta pandemia. Los números también aumentarán allí, lo cual producirá inestabilidad. En tal sentido, los famosos agujeros negros en la política mundial probablemente aumentarán y esto puede ser para preocuparse.

Johannes Varwick es politólogo y catedrático de Relaciones Internacionales y Política Europea en la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg. Desde mayo de 2019 es presidente de la Sociedad de Políticas de Seguridad (GSP, por sus siglas en alemán).

Fuente: IPG

Traducción: Carlos Díaz Rocca

La Justicia electoral de Ecuador no aceptó la candidatura de Rafael Correa

El Consejo Nacional Electoral no aceptó la validación de su candidatura ya que el expresidente no hizo el trámite de manera presencial. "Ya no saben qué inventar", indicó Correa.

 

La Justicia electoral de Ecuador no aceptó la candidatura a vicepresidente de Rafael Correa para las elecciones del próximo 7 de febrero. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) el exmandatario debía presentarse en forma personal para avalar su inscripción. Sin embargo, al encontrase en Bélgica, lo hizo a través de su hermana y apoderada Pierina Correa el martes pasado. También lo presenció en vivo, vía streaming, para dejar en claro que validaba el trámite. Sin embargo, el CNE emitió la lista con los candidatos inscriptos y sólo figura su compañero de fórmula, el economista Andrés Arauz. El expresidente denunció que la maniobra fue hecha a su medida para dejarlo afuera de las elecciones. "Cumplimos todos los requisitos de su absurdo reglamento. Ya no saben qué inventar", indicó Correa.

 

Fuera de la elección

El consejero del CNE, José Cabrera, aclaró que el acto administrativo debía realizarse de manera personal. "De acuerdo al reglamento vigente desde 2012, el trámite es indelegable y personalísimo", sostuvo el funcionario. Luego presentó una lista con los candidatos inscriptos y no figuraba la casilla de "vicepresidente" en el partido de Correa. Para el exmandatario Cabrera citó equivocadamente el reglamento para inducir a un error. "Acto personalísimo NO SIGNIFICA presencia física. Además, ¡hasta lo juicios se hacen telemáticamente!", posteó el expresidente en Twitter.

El martes su hermana se había presentado en las oficinas del CNE para llevar la documentación necesaria, junto al candidato a presidente por el frente Unión por la Esperanza (UNES). También se pudo ver a Correa vía streaming explicando lo que allí estaba ocurriendo. “Además de la presentación que está haciendo mi apoderada, estoy mandando en este momento al CNE y a organismos internacionales, a través de internet y con firma electrónica, mi aceptación a la candidatura a vicepresidente”, había señalado el exmandatario. 

Sin embargo, avalándose en la ausencia del candidato, el funcionario del organismo electoral no le entregó a su apoderada los formularios para hacer la inscripción. El expresidente denunció que el requerimiento de presenciar personalmente el trámite fue agregado a último momento para impedir su participación. “Pusieron este trámite de `aceptación personalísima´ que no existe ni en la ley. Por el contrario, la inscripción de las candidaturas sí pude hacerse vía internet, como sí lo indica la ley. Las primarias de los partidos también las pudimos avalar vía internet. ¿Quién entiende este absurdo?”, expresó el político ecuatoriano. Ahora, el caso podría llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral.

 

"Presiones políticas"

 

Para Alejandra Vivanco, abogada y exsubcontralor del Estado el cambio en la reglamentación del CNE se hizo por presiones políticas. “Antes de que saquen esta nueva reglamentación algunos miembros del organismo fueron denunciados y se pidió su destitución. Ahora están a la espera de que la Contraloría General de Estado (CGE) emita una resolución sobre este asunto. En paralelo tres de sus miembros fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. Es muy difícil que bajo estas circunstancias los miembros del CNE actúen con independencia. Deberían denunciar una intromisión electoral”, sostuvo la exsubcontralor. Además enfatizó que antes de este cambio, las inscripciones podían hacerlas en forma personal los representantes legales de cada partido. “Esta reglamentación es antidemocrática y anticonstitucional”, enfatizó Vivanco.

Correa enfrenta varios procesos judiciales en Ecuador con órdenes de prisión. Si finalmente su candidatura es validada, gozaría de inmunidad y podría regresar al país para las elecciones. La justicia ecuatoriana confirmó en julio una condena a ocho años de cárcel contra el exmandatario por cohecho, en la causa conocida como “Sobornos 2012-2016”. Allí se lo acusa junto con una decena de exfuncionarios de haber recibido dádivas de empresarios a cambio de obra pública. La empresa brasileña Odebrecht figura entre las implicadas. La Suprema Corte Nacional de Justicia resolverá este jueves si avala o no la sentencia. Correa no podría participar en política si el tribunal mantiene la condena en su contra, tal y como marca la ley.

Además el exmandatario afronta otro juicio por el secuestro en Colombia del opositor Fernando Balda en 2012. Sin embargo esta lunes el exagente de Inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, confesó que fue presionado para involucrar al expresidente en el caso. Chicaiza dijo que Balda se reunió en varias oportunidades con el ahora presidente, Lenín Moreno, para armar la denuncia.

Publicado enInternacional
Una operación contra Rafael Correa queda al desnudo 

La confesión del exagente de Inteligencia Raúl Chicaiza expone el armado de una causa

Chicaiza dice que fue presionado para involucrar al exmandatario en el caso del fallido secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Huyó de Ecuador y permanece en Argentina. 

 

El exagente de Inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, confesó que fue presionado para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso del fallido secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Chicaiza aseguró en conferencia de prensa que se vio forzado a acusar al candidato a la vicepresidencia de Ecuador para evitar nueve años de cárcel. También denunció que, a pesar de cumplir su condena, nunca recibió la asistencia correspondiente al programa de protección de testigos. "Mi vida ha corrido riesgo. He tenido tres atentados de bala y un accidente de transito", aseguró el exagente desde Argentina, donde espera que se termine de tramitar su condición de refugiado. Sobre Balda, un opositor al proyecto de Correa que incluso coqueteó con presentarse a las elecciones presidenciales de 2021, Chicaiza aseguró que "se reunía clandestinamente con Lenín Moreno para armar el montaje de su caso". 

"Nos sacaban de los centros de reclusión social intempestivamente con el fin de presionar y que se involucre con nuestro testimonio anticipado a altos mandos jerárquicos, y desde el Ejecutivo al economista Rafael Correa", dijo Chicaiza en una conferencia de prensa virtual desde Argentina. Luego del cumplimiento de la pena que se le impuso por participar en el operativo por el secuestro de Fernando Balda en Bogotá, en julio del 2019, Chicaiza quedó en libertad bajo el programa de protección de testigos de la Fiscalía. Sin embargo, el exagente advirtió que no se le brindaba la protección requerida en tres cartas dirigidas al presidente Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno María Paula Romo, y a la fiscal General Diana Salazar que no fueron respondidas. 

"En el mes de agosto pedí refugio a Argentina de acuerdo a los convenios y tratados de Ginebra que su país siempre ha respetado. Apliqué en el mes de agosto. Desde el momento en que pisé territorio argentino se me dan las garantías y ahora aguardo que se me brinde el documento oficial del refugio", explicó Chicaiza a Página/12. "Tengo solicitado refugio por mi seguridad y mi vida, ya que en Ecuador se ha vulnerado nuestra Constitución, ya que es obligación del Estado velar por los derechos de los testigos protegidos. El Estado colombiano no supo protegerme", agregó el exagente.

Chicaiza afirmó que por involucrar a Rafael Correa en el intento de secuestro de Balda la justicia le ofreció "seguridad, reinserción laboral y cargos públicos para mis familiares". Pero no cumplieron con ninguna de las promesas. El testimonio del exespía es la única prueba en la que se apoyó el Tribunal para imputar al actual candidato a la vicepresidencia de Unión por la Esperanza (UNES).

"Somos los chivos expiatorios de la justicia para alcanzar fines políticos. Si tuviéramos una justicia independiente tendríamos que averiguar qué hacía Fernando Balda en Colombia. Y Balda se dedicaba junto a su esposa a vender equipos de tecnología para interceptación de celulares de Colombia a Ecuador. Todas estas pruebas las presentamos ante la justicia, pero parece que no les interesa", aseguró Chicaiza.

El exasambleísta Balda denunció que fue introducido de manera forzada en un vehículo en 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia, para ser devuelto a Ecuador. Al cabo de 90 minutos, el intento de secuestro fue frustrado por la policía local que acudió al llamado de taxistas. Los autores fueron detenidos y juzgados en Colombia y confesaron que en el secuestro intervinieron agentes ecuatorianos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, bajo las órdenes de la presidencia de Ecuador. 

Chicaiza, quien ya cumplió condena por el caso, aún duda de la carátula de secuestro que figura en la causa. "La justicia colombiana debería decir por qué esto amerita que sea un secuestro. Deben decir donde está el requerimiento. ¿Fue económico, político, social? Dentro de la policía mundial hay normas y protocolos para saber si fue un secuestro, un paseo millonario o una situación para llamar la atención y sacar beneficios a largo tiempo, como lo está haciendo Balda en Ecuador", aseguró el exespía ante la consulta de este diario.

"El Ejecutivo actual tenía sus tentáculos de poder y los sigue teniendo. Es necesario que Ecuador conozca quién es Balda. Este pseudo-activista ha manejado a la justicia a su antojo bajo el mando de Lenín Moreno", manifestó Chicaiza. Hasta hace pocos días, Balda seguía firme en su sueño de ser candidato presidencial, pero finalmente decidió postularse a la Asamblea Nacional de Ecuador. 

En 2006, Balda se había sumado al movimiento Alianza País liderado por Correa. Un año después abandonó ese espacio para sumarse a las filas del Partido Sociedad Patriótica. A los 48 años, este hábil operador político buscará llegar al Congreso a través del movimiento Libertad es Pueblo, fundado por Gary Moreno, hermano del presidente.

Publicado enInternacional
Manifestantes durante la protesta contra el racismo que se llevó a cabo el domingo por la noche afuera de un recinto policial en Portland, Oregon.Foto Ap

El presidente califica de grandes patriotas a miembros de milicias // El magnate quiere visitar hoy Kenosha, pese a que el alcalde y el gobernador de Wisconsin le piden no hacerlo

 

Nueva York., El presidente Donald Trump y sus bases ultraderechistas están fomentando confrontaciones violentas contra manifestantes que luchan por la justicia social como Black Lives Matter, apostando a la violencia (que ellos generan y fomentan) como herramienta clave para su estrategia de relección cuyo tema central es "la ley y el orden"

En los últimos días, Trump ha intensificado su ataque retórico contra lo que llama "izquierda radical", centrando su mensaje de su campaña en "salvar" al país de lo que califica de "violencia" en las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policiaca en varias ciudades como Portland, Oregon; Minneapolis y Kenosha, Wisconsin, y Chicago.

Esto continúa con la narrativa que ofreció al aceptar la nominación republicana la semana pasada, cuando declaró: "tu voto decidirá si protegemos a los estadunidenses que obedecen la ley, o si daremos cuerda suelta a los anarquistas violentos, agitadores y criminales". Casi todos los días amenaza con enviar más fuerzas federales armadas para reprimir a manifestantes.

El pasado fin de semana en Portland hubo enfrentamientos entre activistas de justicia social y derechistas fieles a Trump, con una caravana de autos y camionetas protrumpista decorados con banderas nacionales desde donde se dispararon bolas de pintura y gas pimienta contra los manifestantes. Hubo altercados y un hombre de las milicias murió (aún no hay detalles de quién fue responsable). El presidente retuiteó un video mostrando las acciones de sus simpatizantes escribiendo: "era de esperarse"; o sea, justificando la violencia de sus partidarios.

Trump ha expresado de manera abierta su apoyo a los actos de sus simpatizantes este fin de semana –al igual que a lo largo de su presidencia–, algunos de los cuales se identifican como parte de milicias, incluso los llama "grandes patriotas". Eso, incluso después del incidente en Kenosha, donde un joven de 17 años que se identificó como miembro de una milicia pro-Trump mató a dos manifestantes e hirió a otro con un rifle semiautomático la semana pasada.

La Casa Blanca reitera que "sólo el presidente Trump ha demostrado la valentía y el liderazgo para imponer la ley y el orden".

Pero la abrumadora mayoría de la "violencia" por la cual Trump responsabiliza a la "izquierda radical" proviene de la derecha.

De hecho, los incidentes más violentos en tiempos recientes han sido perpetrados por derechistas –neonazis y del Ku Klux Klan, entre otros– que apoyan a Trump, como el del tiroteo masivo en El Paso hace un año, que buscó matar a mexicanos para "frenar la invasión hispana" en Texas, el supremacista blanco que condujo su auto contra una manifestación antiderecha racista en Charlottesville, Virginia, matando a una mujer, y muchos más. En casi todos, el presidente ha manifestado su simpatía y ha rehusado condenar a los responsables.

"Extremistas del ala derecha cometieron dos tercios de los atentados y complots (terroristas) en Estados Unidos en 2019 y más de 90 por ciento de los perpetrados entre enero y el 8 de mayo de 2020", concluye una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. El "terrorismo" de extrema derecha dentro de Estados Unidos es responsable de la mayoría de todos los incidentes "terroristas" en el país desde 1994, agrega.

Alerta que este tipo de "terrorismo en Estados Unidos probablemente se incrementará a lo largo del año", incluso en respuesta a la elección presidencial en la cual "antes y después, extremistas podrían recurrir a la violencia, dependiendo de los resultados de la elección".

Se han detectado por lo menos 497 instancias de agrupaciones de extrema derecha que buscan confrontar manifestaciones de Black Lives Matter desde el asesinato de George Floyd hace tres meses, con 64 casos de agresión física, 38 ataques con automóvil y nueve casos de disparos contra manifestaciones, según una investigación del Centro de Análisis de la Derecha Radical publicada en Huffpost.

Más aún, mientras extremistas de derecha han matado a cientos de personas, los "extremistas" de izquierda no han matado a nadie con su actos violentos en los últimos años.

Además, un ex agente de la FBI, Michael German, ha documentado la infiltración de supremacistas blancos en las filas de las fuerzas de la policía en por lo menos 12 estados, en su investigación para el Brennan Center of Justice.

La FBI designó este año la violencia "de odio" doméstica como prioridad de seguridad nacional, igual a la que otorga a agrupaciones terroristas como Isis.

La campaña de Trump está intentando presentar los incidentes violentos en las calles como ejemplo de lo que será Estados Unidos con un presidente demócrata, a pesar de que las imágenes que está utilizando suceden en un Estados Unidos bajo el gobierno republicano del magnate.

Historiadores y expertos sobre maniobras políticas repiten que estas tácticas de fomento de violencia para provocar algo que pueda calificarse de "crisis de seguridad pública" siempre han sido empleadas por políticos autoritarios como Trump, que prometen ser los que pueden "salvar" al país e imponer "orden".

Trump está considerando visitar Kenosha ese martes, a pesar de que tanto el gobernador de Wisconsin como el alcalde de esa ciudad, ambos demócratas, le han solicitando que no lo haga. El candidato presidencial demócrata Joe Biden también está contemplando una visita.

Demócratas denuncian que es el presidente quien está incitando la violencia en las calles del país. El alcalde de Portland, Ted Wheeler, acusó a Trump de ser "el que ha creado el odio y la división" que ha llevado a incidentes de violencia no vistos en décadas.

Biden condenó la violencia de cualquier especie, pero atacó a Trump al calificarlo de "presencia tóxica" que amenaza la seguridad de todos en el país al incitar la violencia mientras fracasa en el manejo de la pandemia.

Los demócratas desean evitar que el enfoque de la elección sea la "violencia", ya que esa es justo la estrategia de Trump para distraer del tema de la pandemia (Estados Unidos acaba de registrar 6 millones de contagiados y más de 180 mil muertos por Covid-19, por mucho el líder mundial), y de la crisis económica, ambos no convenientes para su relección.

Publicado enInternacional
Lunes, 31 Agosto 2020 06:09

Alarma

Alarma

Recuerdo que buscábamos la revista Alarma para leer historias "reales" de horror, para asustarnos, para confrontar con historias de horror –como ha explicado Guillermo del Toro varias veces– nuestros propios terrores. Pero eso era un acto voluntario. El reality show de horror político (nadie ha hecho uno antes, ¿verdad?) que se está produciendo en Estados Unidos es algo con consecuencias devastadoras reales no sólo para la superpotencia, sino para todos, y es momento de gritar: ¡Alarma!

Aquí hay nada menos que un intento para consolidar un régimen neofascista, con todo lo que eso implica: El régimen y su campaña de relección proclaman que Trump es el único salvador de Estados Unidos, según Dios. La Casa Blanca, institución pública, ya fue convertida en la Casa Trump. Todos los días el régimen declara que los medios no alineados son el "enemigo del pueblo"; cada día más familias y niños son enjaulados por el régimen como parte de la persecución brutal de migrantes para frenar la "invasión" por “extranjeros ilegales”; todos los días hay amenazas y acciones de represión contra disidentes y sus protestas por fuerzas federales; el mandatario ha dado su bendición a fuerzas civiles paramilitares que buscan confrontar manifestantes opositores (según un nuevo informe, ultraderechistas se han presentado casi 500 veces en busca de enfrentamientos con manifestantes de Black Lives Matter este año, hiriendo a varios y matando a tres); procede la concentración extrema de riqueza (unos 467 multimillonarios ganaron 800 mil millones de dólares en los últimos cinco meses mientras decenas de millones sufren desempleo, pobreza y hasta hambre); avanza el desmantelamiento de la educación, salud pública y programas de bienestar social, como tambien la anulación de regulaciones y normas de protección ambientales y laborales. Todo esto, decorado por retórica de "la defensa del pueblo", la libertad, la familia, Dios y "la ley y el orden" al construirse una "realidad alternativa" para anular la realidad empírica, la historia y la ciencia.

Uno de los mensajes centrales de la campaña de relección de Trump es algo que debería ser cómico, pero se vuelve alarmante, ya que parece funcionar: resulta que existe una "izquierda radical" conformada por anarquistas, socialistas, comunistas y marxistas tan poderosa que está al borde de tomar el poder (usando al neoliberal débil Joe Biden como su "caballo de Troya"). Aún no está claro si Cuba y Venezuela están detrás de todo esto, pero siguen asustando al país mas poderoso del mundo. Trump declaró que sólo él puede salvar al país de tal amenaza. Ni la izquierda estadunidense se había dado cuenta de su poder antes de ser informada por el régimen. Esta narrativa nostálgica de la época de la guerra fría siempre ha sido empleada en este país para justificar pues, casi todo, desde represión interna hasta espionaje, intervenciones, etcétera.

A lo largo de las últimas dos semanas, ambas convenciones nacionales, la demócrata y la republicana, proclamaron en esencia el mismo mensaje: el triunfo del contrincante representa una amenaza existencial a la república democrática de Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué tal si ambos tienen razón?

“Este es el momento más decisivo en la historia de este experimento que llamamos Estados Unidos de América….”, comentó el filósofo político Cornel West. "Hemos visto esta semana la cristalización de una forma estadunidense de neofascismo". Agregó que votará por "el neoliberal débil Biden, pero sólo porque es un voto antifascista". Aunque no es la solución, subrayó, primero "tenemos que sacar al gánster neofascista de la Casa Blanca".

Casi todos saben que las cúpulas no tienen soluciones reales para la crisis democrática de este país. Ésas tendrán que salir de esa oposición vasta y dinámica, aunque fragmentada, que se ve en las calles, en las aulas y hasta en las arenas del deporte (la extraordinaria huelga de la semana pasada) y que es clave tanto para frenar el proyecto neofascista, como para la continuación del neoliberalismo dentro de Estados Unidos.

https://www.youtube.com/ watch?v=vq3sdF0YXkM

https://open.spotify.com/track/ 07ZuuDjwtyMzKVnayq0tEr?si=6kCoO5ZBR9GoAMLf5IXD5w

Publicado enInternacional
Trump no perdió tiempo con los moderados y movilizó a su tropa buscando un triunfo en el colegio electoral.  ________________________________________ Imagen: EFE

Movilizó a su base electoral y desafió a los demócratas 

 En busca de la reelección, los republicanos copiaron lo mejor de la convención demócrata y agregaron toques propios. 

 

Qué hemos aprendido? Después de dos convenciones de fiestas, ocho noches de discursos, un presidente en funciones, un exvicepresidente y un sinfín de comentarios en las redes sociales, ¿qué hemos descubierto realmente?

Más importante aún, ¿Donald Trump ha revelado si puede vencer a Joe Biden? La respuesta corta es sí. La respuesta un poco más larga es sí, probablemente lo hizo.

Las convenciones de nominación de partidos son algo extraño en cualquier momento. Es cuando el partido tiene que ponerse sus ropas más elegantes, peinarse y hacer que él y su candidato estén presentables ante la mayor cantidad de gente posible.

Esto es increíblemente difícil. En una nación donde solo hay dos partidos principales, si la gente se va a molestar en votar, es probable que sea por los republicanos o por los demócratas. Muchas, muchas personas votan de la misma manera que sus padres.

De cualquier manera, una vez cada cuatro años el partido tiene que encontrar un candidato que pueda atraer a la mayor cantidad de gente posible. O bien, dar forma y presentar a ese candidato de una manera que tenga el mayor atractivo. Al menos, así es como suele funcionar.

Las cosas han sido mucho más difíciles durante la pandemia. Habiendo tomado la decisión de transmitir en vivo todos sus eventos, siendo la celebración socialmente distanciada en ese estacionamiento de Delaware la posible excepción, los demócratas hicieron un trabajo hábil al mudarse al terreno virtual.

Varias personas dijeron que pudieron escuchar a los oradores con mayor claridad, que había una "disciplina de mensajes" eficaz y que tanto el candidato a presidente Joe Biden como su compañera de fórmula Kamala Harris dieron la información que importaba en sus discursos de apertura.

Los republicanos han mezclado más las cosas. Con una combinación de eventos en vivo y videos pregrabados, parece que el Partido Republicano vio a los demócratas, copió las mejores partes y luego agregó algunas propias. En cada presentación, Donald Trump se insertó, ya sea como participante o como espectador, ante un público ansioso por cuatro años más de su administración.

Puede ser que las convenciones no hayan movido mucho la aguja, lo que actualmente apunta claramente a favor de Biden. Pero quizás solo el 15 por ciento de los votantes vieron estos eventos, y probablemente fueron los más partidistas. El número de votantes independientes o indecisos que decidieron su voto por lo que vieron en las convenciones puede haber sido muy pequeño.

“La convención republicana se conectó con la base republicana, que es entusiastamente pro-Trump”, dijo un reconocido analista de la cadena CNN. Hubo poco o ningún atractivo para los independientes y moderados. Trump está en el 41-42 por ciento de intención de voto y quiere subir hasta el 47-48 por ciento, solo un poco mejor que su 46 por ciento en 2016, y eso debería ser suficiente para conseguir el Colegio Electoral nuevamente. En este escenario, el voto popular es irrelevante.

Entonces, ¿qué ha hecho Donald Trump para demostrar que podía vencer a Joe Biden? Simplemente ha sido él mismo, solo que más. Él y sus sustitutos han dicho mentiras, hablado falsedades, han tratado de generar miedo y pánico y han tratado repetidamente de socavar la integridad de las elecciones.

El presidente  hizo uso de los adornos del gobierno: la Oficina Oval, el Rose Garden, el Monumento Nacional Fort McHenry, los fuegos artificiales sobre el Monumento a Washington y una ceremonia de naturalización, para montar su espectáculo. Incluso Barack Obama, que habló desde el Museo de la Revolución Americana en Filadelfia, en el marco de las palabras “Nosotros, el Pueblo”, no pudo competir con eso.

En las infames palabras de la asesora saliente Kellyanne Conway, quien de alguna manera mantuvo la cara seria al afirmarlo, Trump es un defensor de las mujeres. A pesar de la abrumadora evidencia de su misoginia, hay hechos y luego hay "hechos alternativos". Todos pueden darle un giro a las cosas.

El miércoles por la noche, cuando el número de muertos por el coronavirus había pasado los 180.000,  el candidato a vice Mike Pence afirmó que el presidente había "reunido todos los recursos del gobierno federal" para abordar la pandemia. Fue como si hubiéramos entrado en una tierra de fantasía. Sin duda, muchos demócratas dijeron cosas para adaptarse a su público, pero nada en la escala de esto.

"Había tantas mentiras", dice Christina Greer, profesora de política en la Universidad Fordham de Nueva York. "Los republicanos se han convertido en un partido de mentirosos".

Donald Trump ha subrayado que utilizará todos los trucos para asegurar su reelección en noviembre. Habiéndose rodeado de un pequeño culto de miembros de la familia y fanáticos, en realidad puede creerlo. De cualquier manera, ha trazado una línea en la arena y desafió a los demócratas a desalojarlo.

“Esta elección decidirá si salvamos el sueño americano o si permitimos que una agenda socialista demuele nuestro querido destino”, dijo Trump en la cuarta y última noche de la Convención Nacional Republicana indicando, la oscura y fea campaña que se avecina.

Por Andrew Buncombe

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

Publicado enInternacional
Domingo, 30 Agosto 2020 06:21

En suspenso

La Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales mantienen una huelga con bloqueo de caminos en contra de la presidenta interina, Jeanine Áñez, en El Alto, el 14 de agosto. Xinhua, Mateo Romay

Bolivia: tensión política y pandemia

 

Tras una nueva postergación de las elecciones, el gobierno de Jeanine Áñez debió enfrentar en las últimas semanas masivas movilizaciones obreras y campesinas, que bloquearon rutas y caminos y generaron graves disturbios en las principales ciudades del país. La medida, no obstante, hizo peligrar las chances del MAS de cara a las elecciones, cuando deberá enfrentarse a un oficialismo impopular y cercado por una grave crisis sanitaria y económica.

 

Una de las imágenes que más impactaron a la ciudadanía boliviana a inicios de agosto fue la de 28 bebés recién nacidos que necesitaban oxígeno medicinal. Este tardó en llegar debido al bloqueo de caminos y puso en riesgo la vida de los neonatos. La escena fue el resultado de una crisis política que, si bien se ha superado, dejó un conflicto latente. Durante 12 días, el bloqueo de caminos, protagonizado por las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que cuestionaban el cambio de fecha de las elecciones nacionales, impidió el transporte de oxígeno de Santa Cruz al resto de las ciudades. Ahora, una vez levantada la medida, los dirigentes sociales denuncian ser objeto de una persecución que podría tensar la espera de los comicios, que ya fueron suspendidos tres veces.

 

TRANCAZOS Y PROTESTAS

 

La nueva postergación, hasta el 18 de octubre, de las elecciones nacionales por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) molestó a los sectores sociales afines al MAS, partido del expresidente Evo Morales. La medida unilateral del TSE, anunciada el 23 de julio, es considerada por ese sector de la oposición una forma de prorrogar el lapso del gobierno transitorio, que, tras los conflictos del año pasado, tenía la misión de pacificar el país y convocar a nuevos comicios, pero hasta el momento lleva en el poder más de nueve meses. Al igual que el primer aplazamiento de la fecha de elecciones (fijadas para el 3 de mayo y postergadas al comienzo de la epidemia para el 17 de ese mes) y el segundo (que las agendó para el 6 de setiembre), esta última postergación se debió, de acuerdo con el gobierno, al ascenso de los contagios de coronavirus. Durante la tercera semana de este mes, llegaron, según el recuento oficial, a los 2.031 casos diarios, el tercer pico más alto desde marzo.

Al conocer la noticia de esta tercera postergación, la oposición cuestionó que la autoridad electoral cambiara la fecha de votación en contradicción con lo que había aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional –en la que el MAS tiene mayoría– en un acuerdo con el oficialismo arduamente negociado. El 2 de agosto, desde su exilio en Argentina y mediante su cuenta de Twitter, Morales afirmó que el TSE «no puede apoyar intentos de un gobierno de facto de prorrogarse». Sus bases sociales recurrieron, entonces, a una estrategia de protesta que popularizaron los movimientos campesinos –entre ellos, el liderado por Morales– en los noventa y los dos mil y que en la actualidad usan varios gremios como forma habitual de plantear sus demandas. Del 3 al 15 de este mes, los sectores aglutinados en el llamado Pacto de Unidad –alianza de movimientos sociales que respaldan al MAS– bloquearon las vías principales de seis departamentos del país.

 

MARCHA ATRÁS

 

Finalmente, el tenso escenario se solucionó sin la intervención de las fuerzas del orden, a pesar de que el jueves 6 el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo en una conferencia de prensa que, si bien el Ejecutivo pensaba agotar todas las instancias de negociación, no descartaba una intervención militar «en cualquier momento». Con el correr de los días, y la mediación de la iglesia católica y representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, los movimientos sociales fueron aceptando el 18 de octubre como nueva fecha de los comicios y el gobierno se ofreció a dar garantías de que así sea cumplido.

Morales, quien al inicio de la medida expresó su apoyo a la protesta, ya venía retrocediendo en sus pasos y el 9 de agosto afirmó que las bases movilizadas debían reflexionar sobre las propuestas del TSE. En un mensaje para los movilizados emitido a través de Radio Kausachun, afirmó que, si se contaba con una ley del Parlamento que refrendara la nueva fecha y con el aval de la comunidad internacional, era posible aceptar la nueva postergación de los comicios. Y dijo más: a poco de comenzados los bloqueos, «sólo el 28 por ciento repudiaba la movilización de lucha por la democracia; el viernes ya subieron al 49 por ciento y el sábado, a 58 por ciento», en referencia a encuestas que dijo haber visto por esas horas. «Si hacemos una evaluación, el gobierno usa muy bien nuestra movilización para desgastarnos», agregó.

El viernes 14, la Central Obrera Boliviana (COB), principal animadora de los piquetes, llamó a levantar la medida y a «un cuarto intermedio de las movilizaciones» hasta el 18 de octubre. En una conferencia de prensa, su secretario ejecutivo, Juan Carlo Huarachi, dijo que la decisión buscaba «evitar más enfrentamientos y muertes» y que la COB y el Pacto de Unidad eran los verdaderos «pacificadores del país». El dirigente también aseguró que la aprobación de las disposiciones legales y administrativas necesarias para celebrar las elecciones en la nueva fecha –que fueron aprobadas por el Parlamento el día anterior– eran «una conquista de la clase obrera». Si fuera por el gobierno, aseguró, no habría elecciones el 18 de octubre. «Nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano», así salió al cruce de lo dicho el día anterior, en el Palacio de Gobierno, por la presidenta Jeanine Áñez.

Al promulgar la ley con la nueva fecha de elecciones, la mandataria interina afirmó que estaba poniendo su firma a «una segunda pacificación» del país. Consideró, además, que una vez promulgada la ley, acordada con la bancada masista, ya no había razón para los bloqueos: «Los bolivianos, más allá de nuestras diferencias, preferimos la democracia a la dictadura, el diálogo al bloqueo […]. Queremos la vida antes que la guerra. Por eso queremos que pase el oxígeno». En tono conciliador, aseguró que los bolivianos tienen «metas comunes, que ahora son la salud y la economía».

 

BALANCE Y PÉRDIDAS

 

Los cortes de rutas provocaron una pérdida económica de al menos 700 millones de bolivianos (algo más de 101 millones de dólares), según el Ministerio de Economía. El desabastecimiento de alimentos y combustible causó carestía y el incremento de los productos de la canasta familiar. Además, el gobierno afirma que, por falta de oxígeno, en los hospitales murieron 27 pacientes con covid-19. El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines de La Paz, Fernando Romero, dijo a Brecha que se registró, además, un número similar de muertes de pacientes del área rural que no pudieron ser trasladados a los centros especializados en las ciudades. El sindicato médico presentó una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo en contra de seis de los dirigentes que encabezan el Pacto de Unidad; entre ellos, Huarachi.

Aunque los dirigentes sociales afirman que en los bloqueos la COB dio la orden de dejar pasar los camiones que transportaban oxígeno y que así se hizo, el gobierno decidió demandar penalmente a las organizaciones sociales; en este caso, al vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez, y al ejecutivo de la Federación Chimoré, que reúne a más de 100 sindicatos cocaleros, Leonardo Loza. Además, las autoridades presentaron una denuncia contra Morales por «atentar contra la salud pública». La causa se suma a cuatro demandas penales que pesan contra el máximo dirigente del MAS; entre ellas, una por estupro, abuso sexual y trata de personas (véase la nota «El abuso», en este número).

Para la socióloga y cientista política de la Universidad Mayor de San Simón, María Teresa Zegada, los conflictos se apaciguaron debido a que el MAS percibió que los bloqueos dañaban su imagen electoral. La académica también atribuye el cese de la protesta a que muchos de los manifestantes se habrían contagiado de covid-19, tal como señala un informe del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, que el 10 de agosto afirmó que, de 49 personas arrestadas por los bloqueos en la localidad de Samaipata, 19 dieron positivo en las pruebas rápidas.

 

CAMPAÑA EN CRISIS

 

El gobierno transitorio dice esperar que entre setiembre y octubre baje el pico de contagios. Por ello, asegura, las elecciones nacionales se realizarán sí o sí el 18 de octubre. «La presidenta Áñez no es que se quiera prorrogar […]. El Órgano Ejecutivo ha entendido que el 18 de octubre se debe colocar como una fecha impostergable, y así lo ha entendido la Asamblea», dijo a Brecha el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. De acuerdo con la última encuesta de voto urbano de Ipsos, publicada el viernes 21 de julio, los candidatos de Comunidad Ciudadana –el expresidente Carlos Mesa– y el MAS –el exministro de Economía Luis Arce– empatan con el 26 por ciento de apoyo. Áñez aparece tercera, con el 14 por ciento. El sondeo no incluye las áreas rurales, donde el MAS espera obtener una importante ventaja.

De todos modos, el episodio de los bloqueos fue apenas la manifestación de un conflicto latente mayor sin resolver. «Nos ha mostrado la fragilidad enorme que hay en el sistema político y en las instituciones», dijo Zegada. Tal situación es evidente en el enfrentamiento constante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos con mandatos que concluían en enero y fueron ampliados de urgencia hasta la celebración de unas elecciones que no han dejado de postergarse. Así, varias normas sancionadas en los últimos meses por el Legislativo no han sido promulgadas por el Ejecutivo y hay créditos económicos y proyectos de ley presentados por el equipo de la presidenta que el Parlamento se niega a aprobar. «Estamos en medio de un escenario de apronte de las fuerzas sociales y políticas», declaró. Así lo perciben los movimientos sociales. No sólo temen que el gobierno transitorio amplíe aún más su mandato, sino que se sienten amenazados.

Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes cocaleros del país, dijo a Brecha que el conflicto social de las últimas semanas ha dado paso a la persecución política de los representantes de los movimientos sociales. «Posiblemente estemos saliendo de un conflicto social –dependerá mucho del comportamiento del prorroguismo electoral que tenemos–, pero hay que dar cuenta al pueblo de que hemos entrado a un conflicto jurídico-legal, a una persecución política», añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, dijo a este semanario que el país aún vive una situación delicada, con una constante vulneración de derechos por parte del Ejecutivo. Señaló, por ejemplo, las demandas iniciadas por el gobierno contra varios líderes del MAS –entre ellos, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y su familia– por un presunto incumplimiento de la cuarentena. Chambi considera que, a pesar del levantamiento de los bloqueos, aún hay malestar en la ciudadanía. Afirmó que, si bien en el conflicto de agosto los sectores urbanos no salieron a la calle, lo harán en los próximos días. Porque, si bien la protesta comenzó por la modificación de la fecha de las elecciones, muchos sectores pasaron luego a sumar demandas vinculadas a la gestión gubernamental de la pandemia. Incluso el movimiento indígena del Altiplano, liderado por el veterano militante Felipe Quispe –muy crítico de Morales–, se sumó a los bloqueos para pedir la renuncia de Áñez.

Áñez es cuestionada, además, por la oposición de derecha debido a su doble rol: candidata y presidenta. Sus rivales afirman que su gestión tiene como objetivo sumar votos para su candidatura, y son varias las voces que la instan a renunciar a su candidatura y a concentrarse en combatir la crisis sanitaria y económica. Precisamente después de los conflictos del año pasado, la crisis sanitaria y los conflictos sociales de agosto, la economía se ha visto duramente golpeada y se teme que el escenario empeore en lo que queda del año. Datos del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario muestran que la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 7,34 por ciento y la informalidad se incrementó a 80 por ciento. La crisis sanitaria hizo que varias empresas echen a sus trabajadores y otras, principalmente las pequeñas, cierren. Pese a la cuarentena, las calles están llenas de personas que intentan vender algún producto para sobrevivir, si es que no enferman antes.

 

Las masacres y las denuncias

 

La conflictividad boliviana se arrastra desde la convulsión social del año pasado, provocada por las sospechas de fraude en las elecciones nacionales del 20 de octubre a manos del gobierno de Evo Morales. Las protestas de la entonces oposición derivaron en la renuncia del mandatario, quien había insistido en postularse por cuarta vez a la presidencia, en contra de la Constitución y los resultados del referéndum de 2016.

Cuando la pandemia del covid-19 llegó, a inicios de marzo, encontró un país que intentaba salir de una crisis política y social con un gobierno transitorio abiertamente de derecha y de cuestionada legitimidad.

Uno de los aspectos más criticados del gobierno de Jeanine Áñez es la vulneración de derechos humanos en las intervenciones policiales y militares en los bloqueos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente. Estas intervenciones dejaron a 23 civiles indígenas muertos por bala y 230 heridos.

Recientemente, y a través de informes especiales sobre estos hechos, varias instancias internacionales condenaron el uso excesivo de violencia por el gobierno y resaltaron la falta de investigación penal correspondiente. El lunes 24, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Bolivia a encarar cambios estructurales que atiendan las causas de la presente crisis política y social y a que se rindan cuentas por las diversas violaciones a los derechos humanos que han sucedido a las elecciones del 20 de octubre.

«Me preocupa profundamente que, en nueve meses, ni una sola persona haya sido encontrada responsable por las muertes en Sacaba y Senkata ni por la mayoría de los asesinatos que han ocurrido en este período», expresó la titular del organismo, Michelle Bachelet.

Previamente, el informe «“Nos dispararon como animales”, noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia», presentado a fines de julio, había destacado la presencia de «patrones desconcertantes de violación de derechos humanos» cometidos por el gobierno de Áñez. El documento fue elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la University Network for Human Rights.

A esta denuncia se había sumado, además, a principios de mes, la de Amnistía Internacional, que condenó la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos durante la crisis poselectoral e instó al gobierno y a los candidatos de los distintos partidos a comprometerse en la promoción de las investigaciones penales de esos hechos.

 

El impacto del covid-19

 

Bolivia fue uno de los primeros países en Sudamérica en imponer cuarentena rígida, desde el 22 de marzo. Duró tres meses y luego continuó con un confinamiento parcial. Sin embargo, esas medidas no impidieron que los casos se incrementaran.

Al 21 de agosto, ese país reportaba un total de 107.435 casos de covid-19. Además, hasta esa fecha fallecieron 4.366 pacientes (2.093 en los últimos 30 días). Los médicos, en tanto, consideran que ambas cifras son mucho más altas y que existe un subregistro debido a la falta de pruebas y a que muchas personas no llegan a los hospitales. Aun con respecto a las cifras oficiales, Romero afirma que la mortalidad registrada es muy alta para un país que tuvo tres meses para prepararse.

Si bien Bolivia arrastra problemas estructurales históricos en su sistema de salud, uno de los principales cuestionamientos de los gremios médicos hacia el gobierno transitorio es que el esfuerzo de la población de confinarse por varios meses no fue acompañado por una adecuada gestión de la pandemia. Una evidencia de ello es la compra irregular en mayo de 170 respiradores, por un precio tres veces superior al real, que llevó a la destitución y arresto policial del entonces ministro de Salud. Hasta ahora no fueron utilizados.

Romero explica que durante los meses de confinamiento el Gobierno se comprometió a gestionar al menos tres tareas, pero ninguna se cumplió. Entre ellas, la contratación de 5.000 profesionales de la salud para que los hospitales extendieran su horario de atención de ocho a 24 horas, la habilitación de centros de aislamiento comunitarios y la realización de testeos masivos en todo el país.

Así las cosas, en los últimos días se superó la capacidad de atención de la veintena de centros especializados en el tratamiento del virus, debido al incremento de personas contagiadas. Las autoridades han debido habilitar, de urgencia, nuevos hospitales y desde esta semana se traslada a parte de los pacientes a clínicas privadas.

Por Karen Gildesde La Paz 
28 agosto, 2020

Publicado enInternacional
Global Times sentencia en editorial la postura de Trump en el mar sur de China, dice que la presencia militar de EU en la región buscaría contener o asfixiar a China.Foto Ap

NYT cita a un funcionario de Defensa de Estados Unidos (EU) (sin identificar): China lanzó una barrera de fuego de misiles de medio alcance al mar del sur de China como demostración por Pekín de su “dominio estratégico y soberanía sobre los mares en disputa (https://nyti.ms/2QCw6T2)”.

El lanzamiento de tales misiles forma parte de los ejercicios militares del país asiático en el mes, cuando la escalada en el mar del sur de China ha alcanzado nuevos grados de tensión (http://goo.gl/ugdmbP) en medio de la guerra multidimensional que libra Trump contra Pekín, donde resalta la temeraria osadía de la visita del secretario de Salud, el libanés-estadunidense Alex Azar, a la isla renegada de Taiwán (https://bit.ly/3jsYJPf), lo cual retrocedió el cronograma de las relaciones bilaterales hasta 1979, cuando Jimmy Carter reconoció a China bajo el apotegma de “la política de una sola China (https://bit.ly/2YKimdB)”.

China ha sido el blanco favorito de la retórica electorera de Trump, quien ha obligado a la venta de la exitosa TikTok en EU, mientras el funcionario de Defensa aludido afirma que el “ejército de EU detectó el lanzamiento de cuatro (sic) misiles desde China hasta el mar del sur de China (https://bit.ly/32xnxyA)”.

Muy al estilo de la cultura china, el portavoz del Ministerio Nacional de Defensa chino, coronel Wu Qian (WQ), no mencionó para nada el lanzamiento de los misiles, pero sí confirmó que Pekín ha realizado ejercicios militares planeados con antelación en una zona que va de Qingdao (noreste de China) hasta las disputadas islas Spratly, en el mar del sur de China. El coronel WQ comentó que tales ejercicios no están dirigidos contra ningún país.

Los lanzamientos se escenificaron después de que China acusó a EU por su flagrante provocación al sobrevolar con su avión espía U-2 la zona de sus ejercicios.

Según Taylor Fravel, director del programa de Estudios de Seguridad en el MIT, los misiles antiembarcaciones probados por China pudieran ser del tipo DF-21, los “asesinos de portaviones ( carrierkiller)” que tendrían la capacidad de destruir los portaviones de EU.

El editorial del Global Times titula “Ojalá los misiles carrierkiller nunca sean usados en el mar del sur de China (https://bit.ly/2EDNwfV)” y comenta la alterada reacción del Departamento de Defensa de EU, que critica los ejercicios militares chinos y el lanzamiento de misiles balísticos –en alusión a los misiles DF-21D y DF 26B– que desestabilizarán más la situación en el mar del sur de China, además de que contrastan con la promesa de la nación asiática de no militarizar (sic) el mar del sur de China.

El editorial comenta que China no admite ni niega el lanzamiento de los misiles, pero este silencio es una postura (sic).

Luego pregunta: ¿Cuál es la nación regional que tiene disputas territoriales con China y posee portaviones? En alusión a la presencia de los dos portaviones Ronald Reagan y Nimitz de EU en la zona.

El editorial contrataca y afirma que es EU quien ha militarizado el mar del sur de China, que no es el Caribe (sic), donde los militares de EU pueden actuar desenfrenadamente.

Global Times realiza una letanía de la presencia militar de EU en toda la región, des-tinada a contener o asfixiar a China, donde destacan las intenciones malignas de EU cuando envía barcos de guerra al mar del sur de China por lo que debieron haber pensado que el ejército chino lanzaría los misiles DF-21D y DF-26B en el peor de los casos.

Global Times sentencia sin tapujos que los dos misiles están preparados para los portaviones de EU en caso de que ataquen al ejército chino en el mar del sur de China convertido en un teatro geopolítico y en línea frontal marítima para suprimir a China.

El problema para los estrategas chinos es discriminar entre la electorera guerra retórica de Trump –que comporta componentes reales en sus guerras comercial y tecnológica– con la postura relativamente menos cacofónica de los militares de EU que no esperaban las pruebas de los misiles “asesinos de portaviones ( carrierkillers)”.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Youtube: https://www.youtube.com/channel/ UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Publicado enInternacional