Sábado, 08 Febrero 2020 06:32

“Curva de elefante” y clase media

“Curva de elefante” y clase media

Thomas Piketyy en su más reciente libro, Capital e ideología, retoma una gráfica de Milanovic para representar las desigualdades en el mundo en las últimas décadas. Lo notable de esa curva que mide los ingresos de la población es que toma la forma de una “curva de elefante”. Los primeros deciles, que abarcan a las personas del planeta más pobres han experimentado un crecimiento porcentual notable de su capacidad adquisitiva. Los deciles intermedios, es decir los “sectores medios“ han tenido un aumento, pero moderado, en tanto que el decil superior, especialmente el uno por ciento más rico ha experimentado un crecimiento exponencial de sus ingresos, tomando la forma de una pronunciada trompa.

Salvando las diferencias numéricas es posible también representar la distribución de los ingresos en Bolivia desde el año 2006 al 2018 como una “curva de elefante” moderada.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2006 y 2018, el 33 por ciento de los bolivianos anteriormente pobres alcanzaron ingresos medios (entre 5 y 50 dólares/día), pasando de 3.3 a 7 millones. El salario mínimo del país, que reciben la mayoría de los asalariados, subió de 440 bolivianos a 2 mil 122 (de 55 a 303 dólares, es decir, 550 por ciento). Como señala el Banco Mundial, Bolivia fue la nación que más favoreció en la pasada década –con distintas políticas redistributivas– los ingresos de 40 por ciento de la población vulnerable, en promedio 11 por ciento anual; por lo que está claro que la primera parte de la curva de Piketty está verificada.

Las clases altas por su parte, después de la nacionalización de los hidrocarburos, electricidad agua y telecomunicaciones, han tenido también un notable crecimiento de sus ingresos. La rentabilidad anual de la banca ha saltado de 21 a 208 millones anuales. Los productores mineros privados y la agroindustria han pasado de exportar 794 y 160 millones de dólares en 2006 a 4,001 y 434 en 2018. Por su parte, el monto global de la ganancia registrada del sector empresarial ha pasado de 6 mil 700 en 2005 a 29 mil 800 millones de bolivianos en 2018, 440 por ciento más. Lo que verifica la trompa de la curva; con una diferencia respecto a lo que sucedió escala mundial: una reducción drástica de la desigualdad entre el 10 por ciento más rico con respecto al 10 por ciento más pobre que se redujo de 128 veces a 36, fruto de las cargas impositivas a las empresas ( government take gasífero de 80 por ciento, bancario de 50 por ciento y minero de entre 35 y 40 por ciento); por lo que debemos hablar de una trompa de elefante recortada o moderada.

Lo que falta ahora es saber que pasó con el sector medio de la sociedad.

Las clases medias tradicionales

Se trata de un sector social muy diverso en oficios y propiedad formado después de la revolución de 1952 con los retazos de la vieja oligarquía derrotada, pero cohesionada en torno al reciclado sentido común de un mundo racializado en su orden y lógica de funcionamiento. Son profesionales de segunda generación, oficinistas, oficiales uniformados, intermediarios comerciales del Estado, pequeños empresarios ocasionales, ex latifundistas, propietarios de inmuebles alquilados, políticos de oficio, etcétera.

A primera vista han tenido un incremento de sus ingresos y del valor de sus bienes inmuebles. La tasa de crecimiento de la economía en 14 años, en promedio 5 por ciento anual, ha favorecido en general a toda la sociedad. Pero mientras las clases plebeyas tuvieron un incremento de sus ingresos de al menos 11 por ciento cada año y los asalariados más pobres 500 por ciento en 13 años. En el caso de los salarios altos, el presidente Evo Morales fijó como remuneración máxima el salario presidencial, que se redujo de 26 mil bolivianos a 15 mil; y en 13 años sólo subió a 22 mil, es decir, 46 por ciento, lo que llevó a que los ingresos de los profesionales con cargos más altos tengan que apretarse como acordeón por debajo del techo presidencial. Así, mientras la economía nominalmente pasaba de 9 mil 500 a 41 mil millones de dólares, un aumento de 430 por ciento, las clases medias profesionales sólo tuvieron un incremento menor a 95 por ciento por ciento de su salario promedio. Para las nuevas clases medias populares ascendentes era una gran conquista de igualdad, pero para las tradicionales, posiblemente un agravio.

Los propietarios de bienes inmuebles no sufrieron una depreciación de sus propiedades ni mucho menos una expropiación, pero el riguroso control de la inflación que ejerció el gobierno (alrededor de 5.4 por ciento en promedio en los pasados 13 años) y la gigantesca política de fomento a la construcción de viviendas, ya sea mediante cientos de miles viviendas estatales donadas y la obligatoriedad de crédito bancario a la construcción de vivienda a una tasa de interés de 6 por ciento, llevó a una amplia oferta que atempero el aumento de los precios de las viviendas en un tope no mayor a 80 por ciento en toda una década.

De esta manera las clases medias tradicionales tuvieron un incremento moderado de sus ingresos, porcentualmente mucho menor que el de las clases populares y las clases altas, lo que completa la parte baja de la “curva de elefante” de las desigualdades nacionales.

Si a ello sumamos que en este mismo tiempo a los 3 millones de personas de “ingresos medios” que ya existían en 2005 se sumaran otros 3.7 millones, resulta que para un puesto laboral donde habían tres ofertantes, ahora habrán seis; llevando a una devaluación de facto de 50 por ciento de las oportunidades de la clase media tradicional.

Esta “devaluación” de la condición social de la clase media se vuelve tanto más visible si ampliamos la forma de medir los bienes de las clases sociales a otros componentes más allá de los ingresos monetarios y el patrimonio, como el capital social, cultural y simbólico.

Toda sociedad moderna tiene mecanismos formales e informales de regulación de influencias sociales sobre las decisiones estatales. Ya sea para debatir leyes, defender intereses sectoriales, ampliación de derechos, acceso a información relevante, puestos laborales, contratación de obras, créditos, etcétera, los partidos, pero también los lobbys profesionales, los bufetes de abogados y las redes familiares funcionan como herramientas de incidencia sobre acciones estatales. En el caso de Bolivia hasta hace 14 años, los “apellidos notables”, los vínculos familiares, los círculos de promoción estudiantil, las fraternidades, las amistades de residencia gatillaban una economía de favores en el aparato estatal.

Un apellido siempre ha sido un certificado de “honorabilidad” y, a falta de ello, el paso por determinados colegios, universidades privadas, lugares de esparcimiento o pertenencia a una logia desempeñaban el resorte de parcial blanqueamiento social.

Ya sea en gobiernos militares o neoliberales siempre había una lógica implícita de los privilegios estatales y de los lugares preestablecidos, social y geográficamente, que las personas debían ocupar.

Por eso cuando el “proceso de cambio” introduce otros mecanismos de intermediación eficiente hacia el Estado, las certezas seculares del mundo de la clase media tradicional se conmocionan y escandalizan. La alcurnia, la blanquitud y la logia, incluidas su retórica y su estética, son expulsadas por el vínculo sindical y colectivo. Las grandes decisiones de inversión, las medidas públicas importantes, las leyes relevantes ya no se resuelven en el tenis club con gente de suéteres blancos, sino en atestadas sedes sindicales frente a manojos de hojas de coca. La liturgia colectiva sustituye la ilusión del mérito: 80 por ciento de los alcaldes han sido elegidos por los sindicatos; 55 por ciento de los asambleístas nacionales y 85 por ciento de los departamentales provienen de alguna organización social. Los puestos laborales en la administración pública, las contrataciones de obras pequeñas, la propia atención ministerial requiere el aval de algún sindicato urbano o rural. Hasta la “servidumbre doméstica”, vieja herencia colonial del sometimiento de las mujeres indígenas, ahora impone derechos laborales y de trato digno. Los “indios están alzados”, y la indianitud anteriormente arrojada como estigma o veto al reconocimiento, ahora es un plus que se exhibe para decir quien tiene el poder. En todo ello hay una inversión de la polaridad del capital étnico: del indio discriminado se pasa al indio empoderado.

La plebe, anteriormente arrinconada a las villas y anillos periféricos, invade los barrios de las “clases bien” comprando y alquilando domicilios vecinos rompiendo las tradicionales geografías de clase. Las universidades se llenan de hijos de obreros y campesinos. Los exclusivos shoppings se vulgarizan con familias populares que traen sus costumbres de cargar su comida en aguayo y meterse a los jardines de los prados. Y las oficinas antes llenas de traje, corbata y falda tubo, ahora están atravesados por ponchos, chamarras y polleras.

Para la clase media es el declive del individuo frene al colectivo, del “buen gusto” frente al cholaje que lo envuelve todo y en todas partes. Hasta las clases altas más hábiles en entender el nuevo relato social se agrupan también como gremio y se vuelven diestras en las puestas en escena corporativas.

Pero la clase media tradicional no. La simulación siempre ha sido un estilo de su clase, pero que ahora no le da réditos. Otras apariencias más cobrizas, otros hábitos e incluso otros lenguajes ahora desplazan lo que siempre consideró un derecho hereditario. Y antes que racionalizar el hecho histórico, prefiere ahogarse en las emociones de una decadencia social inconsulta. El resultado será un estado de resentimiento de clase contra la igualdad que lo irradiará hasta sus hijos y nietos. Por eso su consigna preferida es “resistencia”. Se trata de resistir la caída del viejo mundo estamental. Y para ello el fascismo es su modo de encostrarse.

Así, más que una querella por los bienes no adquiridos la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo, de los lugares que la gente debiera ocupar y de la distribución de reconocimientos que por tradición les debiera llegar.

Por eso el odio es el lenguaje de una clase envilecida que no duda en calificar de “salvajes” al cholaje que la está desplazando. Y es que al final no se puede ganar impunemente la lucha contra la desigualdad. Siempre tendrá un costo social y moral para los menos, pero lo cobrarán.

Esta es también una de las preocupaciones de Piketty en su libro, pues está dando lugar a un surgimiento de un tipo de populismo de derechas y de fascismo alentado por la insatisfacción de estos sectores medios con nulo o bajo crecimiento de sus ingresos. Y en el caso de Bolivia a un tipo de neofascismo con envoltura religiosa.

* Ex vicepresidente de Bolivia en el exilio

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Domingo, 10 Febrero 2019 06:05

¿Por qué Honduras?

¿Por qué Honduras?

La migración hondureña se hace nuevamente presente con el formato de caravana, tres meses después de la de octubre de 2018 que llamó la atención por su masividad, beligerancia, impacto mediático y solidaridad desplegada.

La de 2019 sigue siendo muy numerosa: 11 mil 366 personas registradas el 27 de enero, y es preponderantemente hondureña (73 por ciento), en menor medida salvadoreña (13 por ciento), guatemalteca (11 por ciento) y de algunos otros países (3 por ciento).

No obstante, ya no se presenta de manera beligerante, en buena parte porque hay una nueva política migratoria de acogida al migrante y de ingreso ordenado y legal. Ya no hubo un asalto a la entrada como la escena del puente en octubre, debido a la política anterior de contención. Tampoco hay banderas hondureñas e himnos nacionales. A su vez, la caravana ha recibido menos impacto mediático que la anterior y también menos solidaridad de la población.

En otros artículos sobre el tema, había mencionado que el saldo de la caravana de octubre pasado no era favorable. Si bien no hay estadísticas precisas, sólo un grupo minoritario logró pasar la frontera, otro grupo espera en Tijuana, uno más regresó a su lugar de origen y otro recibieron condición de refugiados o visas humanitarias en México.

Pero al parecer este balance no ha impactado en la población hondureña que persiste en su afán de llegar a Estados Unidos. Tampoco han impactado las amenazas y exabruptos del inquilino de la Casa Blanca. Y las condiciones en Honduras siguen igual que antes, al presidente en turno tampoco le afectan las denuncias de sus connacionales, ni siquiera que su hermano, apresado en Miami, sea líder de un cártel hondureño. Juan Orlando Hernández cuenta con el apoyo de Estados Unidos, del Congreso y de las fuerzas armadas.

En otros casos, como en México y Colombia, la violencia sistémica suele generar desplazamientos interno más que emigración internacional. Pero en el caso de Honduras, dado el tamaño del país y de la población (nueve millones), no hay dónde ir, por eso se plantea la alternativa internacional. Es también el caso de El Salvador y Guatemala.

Las alternativas de cambio y desarrollo se han cerrado para estos países centroamericanos. La revolución armada fue un baño de sangre, del que escapó Honduras, pero lo vivió de cerca. La democracia, de derecha o de izquierda, no ha podido detener la sangría que huye de la pobreza, la violencia y las carencias institucionales. Los gobiernos corruptos se encadenan y justifican en elecciones democráticas.

La migración hondureña tiene un fuerte componente político, como en el caso de Venezuela. Este se hizo presente a lo largo de todo el trayecto de la caravana de octubre, con las banderas en alto y comunicados a la prensa. El éxodo fue acompañado por líderes políticos y de opinión como el ex diputado Bartolo Fuentes, quien asiste a reuniones de muy alto nivel en México y el comunicador Milton Benítez quien fue el interlocutor designado ante la representación de la ONU, en México, cuando se exigían camiones para el transporte de la caravana. Hay una organización y dirigencia política detrás las caravanas, por más que se afirme que se trata de un éxodo "sin Moisés". Y también hay organizaciones detrás, que "acompañan y asesoran" a los migrantes.

Los últimos datos del Pew Hipanic, para 2015 informan que el contingente de hondureños en Estados Unidos, era de tan sólo 630 mil, mientras que los guatemaltecos sumaban 980 mil y los salvadoreños un millón 420 mil. Los números responden a procesos históricos y de maduración diferente, la migración salvadoreña repunta en 1980, la guatemalteca en 1990 y la hondureña en 1998 con el huracán Mitch. Los hondureños llegaron al final de todos y tienen prisa, por probar las bondades y mezquindades del sueño americano.

Quedan pendientes muchas preguntas. Los tiempos de las caravanas no han podido ser peor escogidos. En las tres ocasiones: abril, octubre y enero le dieron en la yema del gusto a Trump. También han puesto a prueba al gobierno mexicano, el de Peña Nieto libró como pudo y el actual, con un nuevo "paradigma" de visas humanitarias, ha resuelto momentáneamente el tránsito, pero el tiempo dirá si no ha provocado un efecto llamada. A las caravanas siempre se han sumado migrantes de otras nacionalidades: cubanos, haitianos, ecuatorianos, brasileños africanos y rusos.

Por lo pronto la política de contención se da ahora en Estados Unidos, con el muro, pero también con el acuerdo aceptado por México de que EU puede devolver a solicitantes de refugio para que esperen por su proceso legal. El hondureño Carlos Gómez Perdomo de 55 años es el primero de una larga lista que ha sido retornado a México. Esta noticia tampoco parece afectar a la caravana, pero en la práctica es una medida adicional de contención para los migrantes centroamericanos y un problema adicional para México.

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Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema, el máximo en una década

La desigualdad baja y la carestía por ingresos se mantiene en América Latina y el Caribe, según la Cepal

Cuando se recorre el sector oriente de Santiago de Chile, lleno de altos y modernos edificios de hasta 300 metros en un barrio conocido como Sanhattan–en un guiño a Manhattan–, parece difícil de entender que en el mismo país haya un 8% de la población que reside en una vivienda sin agua potable o un inodoro. La tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años y hoy son más de 1,4 millones de chilenos los que subsisten en estas condiciones. La precarización de algunos de los servicios básicos está ligada directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en Santiago, ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región. Aunque la tasa general de pobreza medida por ingreso se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 30%, y la desigualdad por ingresos se ha reducido considerablemente desde 2000, uno de cada 10 latinoamericanos vive actualmente en pobreza extrema (10,2%), la cifra más alta en una década.


En 2002 había 57 millones de personas en situación de carestía extrema en América Latina, cifra que creció hasta los 62 millones en 2017 y que ha vuelto a aumentar en un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. "Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado Alicia Bárcena, responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región, al tiempo que hacía un llamamiento a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.


Sin datos de Venezuela


El aumento de la pobreza extrema de América Latina se explica, en buena medida por la mala evolución de Brasil, por mucho el país más poblado de la región, que en entre 2015 y 2017 vio cómo este problema pasó de afectar del 4% al 5,5% de su población. "Si bien en muchos países hubo reducciones o estancamiento de la pobreza extrema [Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador], al momento de analizar la situación conjunta de la región, impacta lo que sucede en países con mucha población, como Brasil", ha explicado este martes en Santiago de Chile el oficial a cargo de la división estadísticas de la Cepal, Xavier Mancero.


El informe, que incide en la discrepancia entre los datos nacionales y los del propio organismo –que fija sus propios criterios para unificar la información–, una constante en todos los países de la región, no pudo siquiera analizar las cifras de Venezuela, una de las economías que peor evolución ha registrado en los últimos años: "Desde 2015 no tenemos datos de ese país", ha indicado Bárcena. La nula credibilidad de los datos que aporta el Gobierno de Nicolás Maduro hace imposible que el brazo de Naciones Unidas pueda ofrecer una cifra certera mediante el filtro estadístico que aplican a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas.


La tasa de pobreza general por ingreso, por su parte, se mantuvo en 2017 en el 30,2% (184 millones de personas) en toda Latinoamérica, una tasa idéntica a la registrada un año antes.


Mejoras en desigualdad


Mejores noticias vienen por el lado de la desigualdad de ingresos, uno de los grandes talones de Aquiles de América Latina y el Caribe, la región más dispar del mundo, que acoge a algunas de las mayores fortunas del planeta y también a millones de personas en condiciones de fragilidad extrema. La inequidad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido "apreciablemente" en la región desde principios de la década de 2000: el promedio simple de los índices de Gini —el indicador más utilizado globalmente— de los 18 países de América Latina analizados bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 el año pasado. Sin embargo, el ritmo de reducción se ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la desigualdad fue del 1,3%, entre 2008 y 2014 el ritmo bajó hasta el 0,8% y entre 2014 y 2017, hasta el 0,3%.


Colombia, El Salvador y Paraguay mostraron grandes reducciones de su desigualdad por ingresos en el periodo total analizado, mientras que otros, como Honduras y República Dominicana sufrieron deterioros. Pese a esta mejora, la todavía abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos sigue "trabando el desarrollo" y permanecen como una "barrera" para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática. "Nos queda una gran brecha por cerrar respecto a los países desarrollados", ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Cepal.


Los indicadores, destacan los técnicos del organismo de la ONU, "confirman un panorama con interrogantes para una región que enfrenta desafíos de gran magnitud para la inclusión social y laboral de su población y en la que persisten profundas desigualdades, especialmente ante el actual contexto económico [con un crecimiento que tiende al debilitamiento tanto en el bloque desarrollado como en el emergente] y las transformaciones en curso en el mundo del trabajo". Vienen curvas y América Latina tiene que prepararse para un escenario marcado por la incertidumbre.


El salario del 40% de trabajadores, por debajo del mínimo legal


El trabajo sigue siendo el camino más rápido para salir de la carestía, pero los mercados laborales de los diferentes países de la región siguen caracterizándose por una oferta de empleos insuficiente y por brechas "significativas" en la calidad de esos empleos, en el acceso a la protección social y en los ingresos laborales, "que en una alta proporción son inferiores a los salarios mínimos legales [un abrumador 40% del total de trabajadores latinoamericanos, sobre todo jóvenes, mayores y mujeres, según los últimos registros] y a lo requerido para superar la pobreza y lograr niveles adecuados de bienestar, a raíz de lo cual una proporción importante de ocupados trabajan largas jornadas". Otra señal de la disfuncionalidad de los mercados de trabajo de la región: uno de cada cinco trabajadores latinoamericanos recibe ingresos laborales inferiores a la línea de la pobreza de su país, cifra que se dispara hasta el 35% en el caso de la población rural. Todo, a pesar de completar largas jornadas diarias, en muchas ocasiones por encima de lo pautado por ley.

La lacra de la informalidad sigue siendo, año tras año, marca de la casa de los mercados laborales latinoamericanos y caribeños. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores estar fuera de los canales formales de contratación? La Cepal es clara: falta de acceso a cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, a jornadas de trabajo definidas –incluidos descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas–, a seguros por desempleo, accidentes y enfermedades laborales, así como a la protección de la maternidad y de la paternidad. Se llevan, por tanto, la peor parte. Y la evolución futura no parece augurar un cambio de tendencia a favor de la formalización de sus puestos de trabajo: "Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la revolución tecnológica pueden aumentar aún más la proporción de ocupados en esta situación", sentencia el estudio en referencia implícita a plataformas digitales que han favorecido el trabajo por cuenta propia.


Evolución positiva del gasto social


A pesar de un frenazo en el último año analizado, 2016, el gasto social mantuvo su tendencia al alza, al pasar en algo menos de dos décadas del 8,5% del PIB a 11,2%. En términos per cápita, esta partida prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, hasta rozar los 900 dólares. "Hay que reconocer que los países han hecho avances muy importantes para incrementar el gasto social", ha apreciado la jefa de la Cepal. Protección social, educación y salud se mantienen como los tres principales destinos de este tipo de gasto. Por países, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (2.387 y 2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil (1.631), Argentina (1.469) y Costa Rica (1.176). En el lado contrario, la región centroamericana y Bolivia quedan muy rezagadas: El Salvador y la citada nación andina alcanzan un promedio anual de 310 dólares y Guatemala, Nicaragua y Honduras quedan por debajo de los 220 dólares.


A pesar del "importante avance" de la región en el capítulo de gasto social, los técnicos del organismo supranacional inciden en los "grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales", en especial en los países que registran las mayores tasas de pobreza. Además, acotan, "los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados". "Frente a un contexto económico débil", ha concluido Bárcena, "es imperativo desarrollar simultáneamente políticas de inclusión social y laboral. La política social no puede dejar a nadie atrás".

Por IGNACIO FARIZA / ROCÍO MONTES
México / Santiago de Chile 16 ENE 2019 - 02:35 COT

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Viernes, 14 Diciembre 2018 05:52

Un Plan Marshall para centroamericanos

Un Plan Marshall para centroamericanos

AMLO le explicó a Trump que el plan de inversión mexicano, en acuerdo con Guatemala, El Salvador y Honduras, propone la creación de un fondo para implementar programas y proyectos que generen empleo y combatan la pobreza en Centroamérica.

 

El flamante presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron afrontar en conjunto las causas de fondo que promueven la migración de países centroamericanos hacia Estados Unidos con un pacto de inversión conjunta, según informaron ambos gobiernos. El mandatario mexicano dijo, además, que su par lo invitó a Washington para tratar el acuerdo, que AMLO consideró como más importante que el acuerdo comercial con Estados Unidos.

“Fue muy buena la conversación, amistosa y respetuosa. Y hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión par apoyar proyectos productivos y de lograr un acuerdo de inversión”, señaló ayer, AMLO en su rueda de prensa diaria. El mandatario especificó que había explicado a Trump que el plan mexicano para tratar el fenómeno migratorio contempla 5.000 millones de dólares, ya dispuestos en el presupuesto de 2019. El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó, además, que en esta conversación se acordó mantener las conversaciones entre mandatarios y también entre equipos cuyo objetivo final sería suscribir un acuerdo de inversión conjunta.


Dicho plan de inversión mexicano, en acuerdo con Guatemala, El Salvador y Honduras, propone la creación de un fondo para implementar programas y proyectos que generen empleo y combatan la pobreza en Centroamérica, que junto con la violencia criminal son los principales móviles del éxodo. El proyecto, que ha sido equiparado por México con el Plan Marshall, busca sumar el apoyo de los gobiernos y empresas de Estados Unidos y Canadá.


“Considero que es de mayor importancia o de la misma importancia que el tratado de libre comercio, entonces sí es para nosotros algo muy importante, es atender las causas del fenómeno migratorio”, declaró AMLO. Para ilustrar el peso de las palabras del mandatario, para México, el comercio con Estados Unidos es vital ya que ese país es destino del 80% de sus exportaciones.


López Obrador insistió, asimismo, en que la eventual firma del pacto sería motivo para que decidiera viajar a Washington a reunirse con Trump. “El me invitó, yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros tiene que haber un motivo y yo creo que lo más importante sería el suscribir este acuerdo y reunirnos con este propósito”, afirmó.


El mandatario, no obstante, dijo que el tema del muro en la frontera entre ambos países no se había tratado en la conversación. “No hemos tocado el tema, en ninguna conversación. No se ha tratado ese tema”, dijo López Obrador en conferencia de prensa, después de hablar con Trump por teléfono el miércoles por primera vez desde que asumió la Presidencia mexicana el 1 de diciembre.


Tras la conversación telefónica del miércoles, López Obrador escribió en Twitter que había hablado del tema migratorio con Trump y de las posibilidades de impulsar el desarrollo para evitar que la gente tenga que emigrar. “Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país”, dijo.


La llamada telefónica del miércoles dio lugar a la primera conversación sobre migración entre ambos presidentes, en momentos en que la ya de por sí caliente frontera atraviesa una crisis por las multitudinarias caravanas de ciudadanos centroamericanos que llegaron a México buscando refugio en Estados Unidos. La caravana de migrantes, que llegó a sumar unos 7.000 centroamericanos, la mayoría hondureños, salió de Honduras el 13 de octubre para llegar hasta Tijuana la frontera noroeste de México y distante a más de 4.300 kilómetros. El presidente estadounidense busca endurecer los requisitos para concesión de refugio y ya ha reforzado la frontera. El pasado 25 de noviembre, durante una manifestación, unos 500 centroamericanos se arrojaron sobre la muralla fronteriza, pero fueron repelidos por gases lanzados desde Estados Unidos. No obstante, la caravana se ha ido dispersando luego de que los migrantes fueron colocados en un albergue distante de la zona fronteriza.

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Lunes, 19 Noviembre 2018 06:21

La administración de la miseria

La administración de la miseria

Hace algunos meses, en Brasil, el intendente de la ciudad de San Pablo, Joao Doria, lanzó un proyecto para alimentar a los niños de familias carenciadas con unas pequeñas bolitas deshidratadas de alimento balanceado que contienen “todos los nutrientes” y que están disponibles en varios colores. Se trata de un alimento elaborado con productos con fecha de vencimiento cercano, que cuenta con “todos los respaldos académicos y científicos”. El intendente Doria señaló haber degustado el alimento: “tiene varios sabores y lo usa el ejército en situaciones de emergencia”. Como señala Marcelo Rubinstein en su artículo “Historia de una pandemia” (Vertex, 2018), el antecedente a este tipo de alimentos –poco saludables– fue creado por Estados Unidos en la década del 40, con el fin de alimentar a los tropas en la Segunda Guerra Mundial. La “ración de combate K”, llamada así por haber sido inventada por el cardiólogo Ancel Keys, aportaba 3200 calorías en una salchicha desecada, bizcochos duros, caramelos y una barra de chocolate. Todo cabía en una pequeña caja metálica y hermética que facilitaba su distribución y durabilidad. Keys se convirtió en un héroe nacional. Sus ideas sentaron las bases de la pirámide nutricional que todos conocemos, cuya base está constituida por cereales, harinas y azúcares; influencia que ha provocado una epidemia de obesidad y malnutrición. El problema en nuestro país, con más de 13 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza, ha provocado por parte del Estado un tipo de respuesta singular. El pasado 10 de octubre, el Senado aprobó la Ley de Donación de Alimentos, con modificación de un controversial artículo (el 9), vetado en 2004, que ahora exime de responsabilidad legal a los donantes de alimentos frente a la posibilidad de demandas. La iniciativa permite a las empresas deshacerse de los alimentos próximos a vencer (16 millones de toneladas anuales) y así poder entregarlos a “sectores vulnerables de la población”. Cada año, un cuarto de la producción alimenticia (particularmente hortalizas y frutas) es arrojado a la basura, de donde cientos de personas lo recogen, lavan e ingieren. Los administradores de la miseria postulan que esos alimentos con fecha próxima de vencimiento deben ser distribuidos por los doscientos “Bancos de alimentos” que existen en territorio nacional y que nacieron en la crisis de 2001. Distribuir la comida que sobra y que está próxima a descomponerse puede parecer una idea solidaria y práctica con el prójimo, pero al mismo tiempo es una maniobra inquietante. Empresas donantes, excedente de productos y manos agradecidas, conforman una postal que define algo más que una buena iniciativa samaritana. Estas prácticas reflejan una noción específica y singular acerca del rol y protagonismo del Estado frente a los fenómenos de exclusión social. Hace pocos días, en el Congreso de la Nación el juez Gustavo Hornos señaló: “Argentina produce alimentos para diez veces su población y sin embargo hay hambre”. Se reparte lo que sobra, y con cronómetro en mano, porque la fecha de vencimiento está demasiado cerca. Un ejemplo nutricional de la teoría del derrame. Nuestros legisladores parecen preocupados en encontrar soluciones en el eslabón equivocado del problema, en dar analgésicos cada vez más potentes a una infección severa que requiere otro tipo de medidas. La enorme cifra de alimentos que se desperdicia anualmente, no obstante, representa sólo el 12 por ciento de la producción, lo que explica el valor político de esta medida, apoyada por diversos sectores políticos y actores sociales: se reparte lo que sobra y no lo que se produce. Más allá de la comida potencialmente en mal estado que se va a repartir, lo que huele mal es la putrefacción del tejido social que estamos experimentando minuto a minuto. Los comedores no dan abasto y alimentan ya no solo a niños, sino a personas de todas las edades. Según el Observatorio de la Deuda Social (UCA) la pobreza infantil aumentó al 68 por ciento y uno de cada diez niños pasa hambre. Una auténtica gangrena. En 1727, el sacerdote y escritor Jonathan Swift escribió “Una modesta proposición”, un breve relato en donde los niños de los pobres son vendidos como manjar para los ricos. Si bien Swift recibió enardecidas críticas por su “mal gusto y falta de límites”, no faltaron quienes valorizaron el texto como una sátira, la descripción burlesca de una conducta naturalizada. La pobreza. Swift retrató magistralmente a los campesinos de las afueras de Dublín endeudados para siempre con sus terratenientes, condenados a una existencia miserable.

A casi trescientos años del texto de Swift, en épocas de niños deambulando por las calles, demorados en comisarías, fusilados o buscando restos de comida en la basura; vale la pena recordar algunos pasajes del mismo:


“Es motivo de tristeza para quienes pasean por esta gran ciudad o viajan por el país, ver las calles, los caminos y las puertas de las casuchas abarrotadas por pordioseros, seguidas de tres, cuatro o seis niños, todos harapientos y andrajosos, importunando a cada viajero”.


Frente a este panorama Swift realiza su “modesta proposición”: resolver el problema de los campesinos que no pueden alimentar a sus hijos y están crónicamente endeudados, proponiendo que los padres los vendan como un alimento de élite, como un manjar exquisito. Incluso da instrucciones muy precisas. Los niños deben ser alimentados un año (no más) a pecho por la madre antes de ser comercializados. Swift está convencido de que así ambas partes quedan satisfechas: los ricos disponen de un manjar a precio justo y las familias pobres por fin tienen un bien que pueden vender y así progresar.


“Propongo que nos preocupemos de la suerte de esos pequeños de tal modo que, en lugar de ser una carga para sus padres o la parroquia, o de carecer de comida y vestido por el resto de sus vidas, cooperen, por el contrario, a la alimentación, y a la vestimenta de muchos miles. Mi sistema tiene otra gran ventaja, ya que con él se evitarían los abortos voluntarios, esa práctica horrenda y frecuente entre nosotros”.


Ser pobre y excluido era, hace trescientos años, un status social tan cristalizado y desesperanzador como hoy. Se es pobre. Es un estado permanente. Nos acomodamos a la idea de que existe la miseria y el hambre como algo natural e inevitable. En la política nacional surgen ideas vigorosas, y en muchos casos bienintencionadas, para administrar la miseria y enmascarar el espasmo de los que no tienen nada. Todo es presentado como una propuesta lógica y empática.


Swift tuvo que aclarar durante toda su vida que se trataba de un escrito de denuncia y no de una propuesta pragmática. Tal necesidad permanente de aclaración solo hace más grande su texto y más fiel su retrato de la desigualdad. Dice Swift en el final de su proyecto: “No me impulsa otro motivo que procurar el bien de mi patria, desarrollando nuestro comercio, cuidando a los niños, socorriendo al pobre y proporcionando algún deleite al rico. No tengo hijos de los que pueda obtener beneficios; el más joven tiene nueve años y mi amada esposa ya no es fértil”.


Si ya estamos alimentando a los pobres con comida para mascotas, o sancionando leyes para que accedan a nuestros desechos, quizá no estemos tan lejos de la sátira del clérigo Swift.

 

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Martes, 11 Septiembre 2018 07:36

Trump cierra la sede de la OLP

Trump cierra la sede de la OLP

“La retirada de la bandera palestina de Washington es mucho más que un nuevo tortazo de la administración Trump contra la paz y la justicia”, dijo el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat.

 

El gobierno estadounidense anunció ayer el cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, a la que acusó de no haber dado pasos para retomar las negociaciones con Israel. “La administración ha determinado que, tras una revisión cuidadosa, la Delegación General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington debería cerrar”, afirmó la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, en un comunicado.

La organización no ha dado pasos hacia negociaciones directas y significativas con Israel, justifica la decisión Nauert en el comunicado. “Al contrario, la cúpula de la OLP ha condenado un plan de paz estadounidense que aún no había visto y se niega a entablar negociaciones con Estados Unidos”, añade. “Estados Unidos continúa creyendo que las negociaciones directas entre ambas partes son el único camino hacia adelante. Desde que un permiso previo de operar expiró en noviembre de 2017, Estados Unidos había permitido a la OLP realizar operaciones que apoyaran el objetivo de lograr una paz duradera e integral entre israelíes y palestinos”, señala el texto.

“La retirada de la bandera palestina de Washington es mucho más que un nuevo tortazo de la Administración Trump contra la paz y la justicia”, afirmó el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat. Esta acción, aseguró, es “un castigo colectivo” más y simboliza “el ataque de Estados Unidos contra el sistema internacional en su totalidad, incluidos la Convención de París, la Unesco y el Consejo de Derechos Humanos”, dijo en referencia a la retirada estadounidense de acuerdos y organizaciones internacionales.


La misión de la OLP en Washington se ocupa de los asuntos consulares y comerciales palestinos en ese país como cualquier embajada pero sin rango de legación. “Esta es otra confirmación de la política de la Administración del presidente Trump de castigar colectivamente al pueblo palestino, incluyendo el recorte de ayuda financiera para servicios palestinos como la salud y la educación”, criticó poco antes Erekat, al adelantar la noticia.


Poco después, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, agregó que la decisión “refleja la preocupación del Congreso estadounidense respecto a los intentos palestinos de promover una investigación sobre Israel en la Corte Penal Internacional (CPI, en La Haya)”. “El Gobierno de Trump no mantendrá abierta la oficina cuando los palestinos se niegan a dar pasos para comenzar negociaciones directas y significativas con Israel”, subrayó Bolton, en un discurso organizado por el centro conservador Federalist Society. “Estados Unidos apoya un proceso de paz directo y robusto” añadió, “y no permitiremos que la CPI, ni ninguna otra organización, restrinja el derecho de Israel a defenderse”.


Estados Unidos había amenazado el año pasado con cerrar la oficina de la OLP, que engloba a diversos grupos palestinos, en represalia por la decisión palestina de demandar a Israel ante la Corte Penal Internacional por la construcción y expansión de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén y la muerte de ciento de palestinos. Por el momento la Fiscalía de la CPI no abrió una investigación plena.


La relación entre los palestinos y Estados Unidos se quebró cuando Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó su embajada de Tel Aviv a esa ciudad, cuya parte oriental reclaman los palestinos como capital de un futuro Estado independiente. Desde entonces, los líderes palestinos han dejado claro que ya no consideran a Estados Unidos como un mediador neutral en el conflicto con Israel.
Después, el gobierno de Trump suspendió la ayuda para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWH, según sus siglas en inglés), en lo que analistas ven como un intento de presionar a los palestinos para que accedan a sus planes de paz. Representantes de alto rango de los palestinos han dicho en varias ocasiones que no se dejarán chantajear por el Gobierno estadounidense.
El gobierno israelí no se ha manifestado por el momento. Un portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu se refirió a la fiesta del año nuevo judío que se celebra en estos momentos en todo el mundo, por lo que no se esperaba ayer una reacción.


Por su parte, los palestinos calificaron como un “chantaje” y una “guerra” contra ellos el cierre de su representación oficial ante Washington. Husan Zomlot, representante diplomático palestino en Estados Unidos, confirmó que Palestina va a urgir a la CPI para que abra dicha investigación por crímenes de guerra contra Israel. Zomlot llamó a los palestinos residentes en Estados Unidos a colocar banderas palestinas en sus casas en todo el país. “Cada casa será ahora nuestra Embajada”, enfatizó en Ramala ante la prensa.

 

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La ONU criticó el ajuste de Temer en Brasil

Para 2016 Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada mil nacimientos, un aumento próximo al cinco por ciento en comparación con el año anterior. Además Brasil figura nuevamente en el mapa del hambre, lo que no sucedía desde el 2014.

 

Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el área de derechos humanos pidieron a la Administración del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, revisar su programa de austeridad ya que continúa en incremento la mortalidad infantil.

La tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en Brasil en el año 2016, un retroceso alarmante ya que esta se mantenía controlada desde 1990. Para 2016 Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada mil nacimientos, un aumento próximo al cinco por ciento en comparación con el año anterior, que la cifra era de 13,3 por ciento.

Ante esta realidad la ONU resaltó en un comunicado que “las personas que viven en la pobreza y otros grupos marginados sufren de manera desproporcionada el resultado de medidas económicas restrictivas en un país que es considerado un ejemplo de políticas progresivas para reducir la pobreza y promover la inclusión social”, informó la cadena Telesur.


A esta realidad se une la reaparición del hambre en Brasil, país que había salido del mapa de la ONU por este tipo de carencias en el año 2014, gracias a los esfuerzos de los gobiernos de los expresidentes brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.


Por su parte, el Ministerio de Salud informó que la mortalidad infantil llevaba 26 años de baja sostenida y de pronto aumentó. El ente estatal detalló que las causas de este retroceso en el que pierden la vida infantes se debe a la aparición del virus zika y la crisis económica que vivió el país.


La ONU aseveró que “este aumento es motivo de gran preocupación, especialmente por las restricciones presupuestarias en el sistema de salud pública y en otras políticas sociales, que ponen en duda el compromiso del Estado de garantizar los derechos humanos para todos, especialmente los niños y las mujeres”.


Aseguraron que las decisiones fiscales y financieras que se han tomado en el país durante los últimos años han afectado el disfrute de derechos que el Estado debe velar por preservar como lo son, “la vivienda, el agua, la educación, la seguridad y la salud”. Los expertos detallaron que las condiciones actuales siguen empeorando las desigualdades existentes.


El viernes 27 de julio al menos unos cinco mil campesinos dieron inicio a una caravana en Caetés, la ciudad natal del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para manifestar el rechazo del pueblo por la reaparición del hambre en Brasil.


El país salió del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2014, esto debido a las políticas públicas de los exmandatarios Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Con la Caravana contra el Hambre, miles de brasileños denuncian que esta conquista fue amenazada por las medidas neoliberales del gobierno de facto de Michel Temer.


Según datos oficiales, el hambre volvió a crecer en 2017, una realidad que será denunciada por los integrantes de la caravana que recorrerán más de cuatro mil kilómetros en los próximos 14 días.


Cinco mil campesinos y campesinas de diferentes lugares del noreste han llegaron a la ciudad para unirse a la actividad organizada por el Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones del Frente Brasil Popular. Marchamos “para denunciar el retorno del hambre, para alertar a la población brasileña, a los poderes Legislativo y Judicial sobre el momento que vive Brasil, nosotros no queremos votar por esa situación de pobreza que ya vivimos”, expresó un manifestante.


En la apertura de la caravana se hicieron presentes familiares del expresidente Lula y se sumaron a las proclamas de miles de brasileños que decían “Lula libre”. “Los que roban y hacen lo que no es correcto están sueltos, el pueblo se está muriendo de hambre y en miseria, en la época de Lula nosotros nunca vimos un presidente tan bueno como él fue”, dijo otra integrante de la caravana.


Jóvenes señalaron que se encuentran en lucha contra el hambre porque desde que Lula salió del poder muchos programas fueron cortados y quienes padecen la situación es la población más desfavorecida.

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2017 registró el mayor incremento de milmillonarios de la historia

El PIB global sumó 80,6 billones de dólares en 2017, según el Banco Mundial. Mientras, la deuda global de los estados, empresas y hogares de todo el mundo ascendió, en el primer trimestre de 2018, a 247,2 billones de dólares, según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), lo que representa ya el 318% del PIB mundial. ¿Qué peso tiene la globalización financiera y cómo ha evolucionado? El informe de 2017 del Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea y que opera como “un banco central para los bancos centrales”, señala que la apertura financiera se aceleró desde mediados de la década de los 90 en las economías del Norte. Así, los activos y pasivos financieros exteriores “se han disparado” desde el 36% del PIB global en 1960 hasta cerca del 400% (293 billones de dólares) en 2015. El BPI, del que forman parte 60 bancos centrales, resalta que en Estados Unidos las multinacionales participan en más del 90% de las operaciones comerciales, de las que más de la mitad se realizan entre entidades vinculadas a una misma transnacional. La citada fuente reconoce que la proporción de la renta que concentra el 1% de las principales fortunas ha “aumentado significativamente” desde la mitad de los años 80 del siglo pasado.

“Todo sigue igual en el casino financiero global”, sostiene el movimiento ciudadano internacional ATTAC, surgido en 1998 en Francia y un año y medio después en el estado español. ATTAC ha publicado en castellano (mayo de 2018), francés, inglés y alemán el libro “10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas”, coordinado por Dominique Plihon, miembro del movimiento en Francia; Myriam Vander Stichele, en Países Bajos y Peter Wahl, en Alemania. El texto de 127 páginas ha sido presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València por la economista feminista Carmen Castro, y por el profesor de Sociología en la Universitat de València, Ernest García, miembros del Consejo Científico de ATTAC.


El ensayo ahonda, desde una perspectiva crítica, en el impacto de las finanzas. En el mercado de divisas (el mayor del mundo) el volumen de negocio diario –más de 5,3 billones de dólares- equivale aproximadamente a cinco veces el PIB anual de España. Sin embargo, “menos del 3% de estas transacciones sirven a la economía real, es decir, al comercio y la inversión”, apunta el libro redactado por Isabelle Bourboulon, de ATTAC Francia. Es la misma estrategia con la que actúan los bancos, también embarcados en la “financiarización”, que dedican una proporción cada vez menor –entre el 30% y el 40% de sus balances en la UE- a los sectores productivo, hipotecas y depósitos bancarios.


El ensayo también resalta el poder actual de los lobbies. De hecho, los investigadores del Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO) han revelado que en Bruselas trabajan cerca de 25.000 lobbistas y grandes grupos de presión como la European Chemical Industry Council (CEFIC), de la industria química; o EUROCHAMBRES, que representa a 43 asociaciones nacionales del comercio e industria y otras dos transnacionales. El 17 de julio la UE y Japón firmaron en Tokio un Tratado de Libre Comercio “ambicioso” e “histórico”, que las instituciones comunitarias celebraron por las ventajas para las empresas europeas, exportadoras de bienes y servicios al país asiático por valor de 86.000 millones de euros anuales. Sin embargo, el CEO ha denunciado que, para alcanzar los acuerdos, entre enero de 2014 y enero de 2017 la Comisión Europea mantuvo 213 reuniones a puerta cerrada con los lobbistas; de estos encuentros, 190 –el 89%- se produjeron con lobbies de las corporaciones, mientras que 9 (4%) tuvieron como interlocutores a ONG, sindicatos de agricultores o grupos de consumidores.


La mezcolanza de intereses señalada por ATTAC remite a políticos como Durao Barroso, exprimer ministro de Portugal (2002-2004) y expresidente de la Comisión Europea (2004-2014); en julio de 2016 Durao Barroso fichó por Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión responsables hace una década de la crisis de las hipotecas “subprime”. Y lo hizo conservando una pensión pública de 18.000 euros mensuales por su anterior cargo en la Comisión. El Observatorio Europeo de las Corporaciones reveló asimismo que Durao (ya presidente no ejecutivo de la subsidiaria de Goldman Sachs en Londres) y el actual vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, se reunieron en octubre de 2017 en un hotel de Bruselas para tratar sobre “asuntos de comercio y defensa”.


Otro presidente que –junto al líder portugués y José María Aznar- apoyó la invasión militar de Iraq en 2003, liderada por George W. Bush y que según la organización estadounidense Just Foreign Policy causó 1,4 millones de muertos hasta 2010, fue Tony Blair. El político laborista encadenó una década como primer ministro del Reino Unido con su contratación como asesor, en 2008, del grupo Zurich Financial Services y también de JPMorgan Chase, banco sancionado en 2013 por el Gobierno de Obama con una multa de 13.000 millones de dólares por malas prácticas hipotecarias. Respecto al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, “es un antiguo banquero de inversiones (por su pasado en la banca Rotchild) que da su apoyo masivo a la industria financiera francesa para permitirle aprovechar la exclusión de la City del mercado europeo tras el Brexit”, critica el libro de ATTAC.


Otro punto que trata el texto es del fraude y la evasión fiscal. El Índice de Secreto Financiero que cada dos años publica Tax Justice Network (TJN) está encabezado en 2018 por Suiza, país al que siguen Estados Unidos, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo y Alemania. La red independiente calcula entre 21 billones y 32 billones de dólares la riqueza privada que en todo el mundo está sin gravar, sometida una imposición reducida o en zonas con secreto bancario. “Los Países Bajos son el país por el que transitan los mayores flujos de capital no gravado hacia los paraísos fiscales, después de Estados Unidos”, subraya ATTAC. En 2013 la Comisión Europea cifró en un billón de euros anuales los recursos que la UE dejaba de ingresar por la evasión fiscal, cantidad equivalente a la inversión sanitaria de los 28 países de la Unión en 2008.


Una de las entidades financieras citadas en el texto, por su relación con la comercialización de hipotecas “basura”, es el Deutsche Bank, cuyo balance arrojó pérdidas en el periodo 2015-2017. Las agencias de prensa informaron que el principal banco de Alemania llegó, en diciembre de 2016, a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense para el pago de 7.200 millones de dólares por multas y reclamaciones civiles, derivadas de la emisión de valores y “titulización” de hipotecas “tóxicas” entre 2005 y 2007. La cifra propuesta unos meses antes era la de 14.000 millones de dólares. Asimismo se enfrentaron a multas sociedades como Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup. Pero el libro comienza con la recesión de 2008 y sus efectos. Un año después el FMI estimó en 4,1 billones de dólares las pérdidas que, por la caída del valor de los activos, generaría la crisis en los países del Norte; y señalaba que la banca resultaría la principal afectada. Sin embargo, en 2009 JPMorgan Chase afirmó que duplicaba sus beneficios, que alcanzaron los 11.728 millones de dólares. Goldman Sachs también demostró su fortaleza: en el tercer trimestre de 2009 declaró un beneficio neto de 3.030 millones de dólares, frente a los 845 millones de dólares registrados entre enero y marzo de 2008.


La contrapartida puede advertirse en las informaciones de la agencia estadounidense RealtyTrac, especializada en el mercado inmobiliario. En 2008, más de 2,3 millones de casas recibieron notificaciones de venta en subasta o fueron embargadas por las entidades prestamistas en Estados Unidos, un 81% más que en 2007, resalta el informe recogido por el portal Idealista.com. A mayor escala, ATTAC subraya las desigualdades del modelo apoyándose en economistas como Thomas Piketty o Samuel Zucman (“Informe sobre la desigualdad global” de 2018); afirman que, en Estados Unidos y Europa Occidental, la participación del 1% de mayor ingreso era en 1980 cercana al 10% del Ingreso Nacional, pero que mientras en Europa Occidental aumentó al 12% en 2016, en Estados Unidos escaló el mismo año hasta el 20%. Por el contrario, la participación del 50% de menores ingresos de Estados Unidos en el Ingreso Nacional pasó del 20% en 1980 al 13% en 2016. Otro sustento para la crítica a las desigualdades es el informe de Oxfam “Premiar el trabajo, no la riqueza” (enero de 2018). Sostiene que en 2017 se produjo el mayor incremento en el número de milmillonarios de la historia, al ritmo de uno cada dos días; el número de patrimonios superiores a los mil millones de dólares asciende a 2.043; además, el 82% del crecimiento de la riqueza mundial durante 2017 se concentró en el 1% más rico. “A la mitad más pobre de la población mundial no le ha llegado nada de ese incremento”, concluye el documento de la ONG.

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Lunes, 25 Junio 2018 06:34

El trasfondo

El trasfondo

Con el torbellino de escándalos políticos, el secuestro de niños y el ruido incesante provocado por el régimen de Trump, pocos se fijaron en la presentación de un informe que documenta cómo el país más rico en la historia es ahora el más desigual, con el mayor índice de pobreza del llamado mundo avanzado.

El pasado viernes, el relator especial sobre pobreza extrema de la ONU, Philip Alston, presentó su informe sobre Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, donde documentó la existencia de 40 millones de pobres (18.5 millones de éstos en pobreza extrema) y que desde 1980 el ingreso promedio de la mitad más pobre de la población se había estancado, mientras el del 1 por ciento se había disparado a niveles récord.

El informe detalla manifestaciones de esta desigualdad, por ejemplo, que la tasa de mortalidad infantil es las más alta del mundo avanzado, las tasas de mortalidad entre afroestadunidenses han llegado a casi el doble de los de Tailandia, 18 por ciento de los niños viven en la pobreza, o que un bebé nacido en China hoy tiene expectativa de vida más larga y saludable que sus pares en Estados Unidos.

“En lugar de lograr los compromisos admirables de sus fundadores, el Estados Unidos de hoy ha probado ser excepcional (…) en maneras contrarias a su riqueza inmensa y su compromiso con los derechos humanos. Como resultado, abundan los contrastes entre la riqueza privada y la miseria pública”, escribe en el informe. Afirma que "la persistencia de pobreza extrema es una decisión política tomada por aquellos en el poder".

Acusa que el actual régimen provocara un deterioro de estas condiciones: "las políticas promovidas durante el último año parecen ser diseñadas deliberadamente para remover protecciones básicas hacia los más pobres, castigar a los desempleados y hacer que los servicios de salud más básicos sean un privilegio que se tiene que ganar, en lugar de un derecho ciudadano".

El día anterior, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, descalificó el informe, indignada porque Naciones Unidas se había atrevido a evaluar a su país: "es patentemente rídiculo que la ONU examine la pobreza en Estados Unidos". Acusó al relator de parcialidad y denunció que fue un ejercicio motivado políticamente. De hecho, el régimen de Trump justo había anunciado su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –el primer país en hacerlo desde que se estableció en 2006– y no estaba presente cuando Alston y otros abordaron el tema.

En su informe, Alston señala que "en la práctica, Estados Unidos está solo entre los países desarrollados en insistir que mientras los derechos humanos son de importancia fundamental, éstos no incluyen derechos para protegerse contra morirse de hambre, morir por la falta de acceso al cuidado a la salud o crecer en un contexto de privación total".

No es el primer informe sobre el tema. Durante meses y años recientes se ha documentado ampliamente la aceleración de la desigualdad económica en este país en los gobiernos de ambos partidos, llegando a niveles sin precedente desde hace casi un siglo, y sus consecuencias antidemocráticas como resultado de la implementación de las políticas neoliberales desde los tiempos de Ronald Reagan.

Sin tener todo esto en cuenta, no se pueden entender los fenómenos de Trump, o en el otro extremo, el de Bernie Sanders; el de "fascistas" aliados de este régimen, o el surgimiento de una masa popular que se identifica como socialista, o las derrotas de la cúpula política tradicional, o el temor y el odio que se han cultivado abajo (incluyendo el antimigrante), o las repuestas progresistas como la Campaña de los Pobres y las huelgas recientes de cientos de miles de maestros, entre otros.

Este es el trasfondo fundamental del problema político, social y económico actual de Estados Unidos

 

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Lunes, 18 Diciembre 2017 07:42

Llamando al rey

Llamando al rey

La desigualdad reina en Estados Unidos y el dinero es rey. Esa es la noticia que quedó media perdida entre abusos sexuales, engaños y políticos "pragmáticos" que pactan con los diablos. Y, siempre con sus excepciones, a la mayoría de los representantes políticos de este pueblo les dio igual que la gran mayoría sean obligados a ser víctimas de un modelo que abierta y explícitamente está beneficiando a unos cuantos amos de este juego que insisten en llamar "democracia".

Ahora con el bufón peligroso en la Casa Blanca, se cumple con el sueño de los ricos, la plutocracia consolida su poder con el bajo arte de la retórica populista, la gran estafa se realiza envuelta de farsa.

La semana pasada, el relator especial para extrema pobreza y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Philip Alston, emitió un informe preliminar después de una gira de investigación por Estados Unidos, y concluyó que a pesar de ser el país más rico, poderoso y tecnológicamente avanzado, nada de esto se emplea para abordar las condiciones de pobreza en que viven 40 millones de personas: más de uno de cada ocho estadunidenses. La mitad de éstos viven en la pobreza extrema. Los niños son un tercio de la población pobre.

Más aún, indicó que con el giro dramático de política económica en relación con la desigualdad y la pobreza, incluyendo lo propuesto en la reforma fiscal por ser adoptada en estos días, Estados Unidos buscar "convertirse en la sociedad más desigual en el mundo".

Alston ofrece una serie de indicadores para ilustrar sus conclusiones: En términos de desigualdad, Estados Unidos ocupa el último lugar de los 10 países más ricos del mundo en torno a sus mercados laborales, pobreza, red de bienestar social, desigualdad de riqueza y movilidad económica, según el Centro Stanford sobre Desigualdad y Pobreza. Dentro de la OCDE, Estados Unidos es el país 35 de 37 en términos de pobreza y desigualdad.

Otros indicadores: el gasto en salud es el doble del promedio de la OCDE, pero hay menos doctores y camas de hospital por persona en el promedio de la OCDE; la tasa de mortalidad infantil en 2013 fue la más alta del mundo desarrollado; se registra la tasa más alta de obesidad en el mundo desarrollado; el acceso a agua potable y condiciones sanitarias ocupa el puesto 36 del mundo; el índice de pobreza juvenil es el más alto de la OCDE con 25 por ciento viviendo en pobreza.

“El sueño americano se está volviendo rápidamente la ilusión americana, ya que Estados Unidos tiene hoy la tasa más baja de movilidad social de todos los países ricos”, afirmó.

Más aún, Alston vinculó en parte la prevalencia de estas condiciones al deterioro del sistema democrático estadunidense, señalando que "el principio de una persona-un voto se aplica en teorías, pero está lejos de la realidad". Acusó que en este país hay medidas tanto explícitas como "encubiertas" para suprimir el derecho al voto. En zonas y en sectores pobres, la participación electoral es reducida. (El informe preliminar).

Otro reporte difundido la semana pasada, el Informe Sobre la Desigualdad Global 2018, elaborado por un equipo de investigadores encabezados por el reconocido economista francés Thomas Piketty, reporta el incremento dramático en la concentración de riqueza en Estados Unidos comparado con Europa. En 1980 ambos ofrecían índices parecidos de desigualad con el uno por ciento más rico concentrando 10 por ciento del ingreso nacional; pero desde entonces, Estados Unidos ha sido el campeón. Mientras en Europa el uno por ciento ahora acapara alrededor de 12 por ciento del ingreso nacional, en Estados Unidos el uno por ciento más rico ahora concentra 20 por ciento del ingreso nacional. Más aún, el ingreso anual del uno por ciento estadunidense se ha incrementado 205 por ciento desde 1980; y para el 0.001 por cento más rico, el auge ha sido de 636 por ciento. Mientras tanto, el salario promedio anual de 50 por ciento de la población de abajo en este país se ha estancado desde 1980. (El informe completo en español).

Pero hay más que un rey en este país. Frente a todo esto, se ha lanzado un llamado para retomar la última iniciativa del reverendo Martin Luther King Jr en 1968, interrumpida cuando fue asesinado: la Campaña de los Pobres (Poor People’s Campaign). El reverendo William Barber –líder afroestadunidense con un creciente perfil nacional– y la reverenda Liz Theoharis han llamado a resucitar esa campaña, ya que medio siglo después, "las condiciones han empeorado haciendo más urgente que nunca la necesidad de un nuevo movimiento moral". Indican que comparado con 1968, hoy viven oficialmente en la pobreza 60 por ciento más estadundienses; la brecha entre el gasto federal en el presupuesto militar y en programas antipobreza era de 2 por 1 y ahora es de 4 a 1, se requiere regresar a lo de King, quien junto con líderes sindicales, comunitarios, indígenas, jornaleros y más, lanzó "una campaña para fomentar una revolución de valores en Estados Unidos".

Barber escribe que por eso líderes religiosos y morales están lanzando la nueva Campaña de los Pobres, para "retar los males entrelazados del racismo sistemático, la pobreza, la economía de guerra, la devastación ecológica y nuestra moralidad nacional distorsionada". Subrayó, en un artículo que publicó en The Guardian, que las observaciones del relator de la ONU "son una alarma por la emergencia moral que enfrenta el país".

Convocando a un movimiento multirracial y ecuménico, Barber recuerda que "los giros más radicales y progresistas en la historia de nuestro país ocurrieron cuando ciudadanos preocupados por las divisiones raciales se unieron". Subrayó que "no es suficiente ser testigo. Si vamos a salvar el alma de este país de la pobreza que nos está matando, tenemos que actuar, tenemos que agitar, tenemos que causar líos justificados". (poorpeoplescampaign.org).

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