Trump logró que TikTok deje de ser exclusivamente china

Dio su aval al acuerdo para que las norteamericanas Oracle Corp y Waltmart compartan la empresa con ByteDance

 

Donal Trump dio su último toque para que la masiva aplicación TikTok deje de ser un éxito exclusivo del mercado chino. Esta tarde, el presidente estadounidense dio su "bendición" para que las empresas norteamericanas Oracle Corp y Waltmart se asocien con la asiática ByteDance, y de esta manera se revierta la prohibición que a partir de mañana regiría para que la app no pueda operar en los Estados Unidos.

La confirmación fue hecha esta tarde durante una conferencia en la Casa Blanca, donde Trump calificó de “fantástico” al acuerdo entre las firmas china y estadounidense, que pone paños fríos a la larga guerra comercial entre ambos países.

"Pienso que será un acuerdo fantástico" y por eso “le he dado mi bendición al acuerdo”, dijo el mandatario. “Si lo concretan será genial”, agregó y definió que, si todo llega al buen puerto que él lo llevó, la aplicación seguirá llamándose como ahora pero “no tendrá nada que ver con China”.

La inminente asociación se precipitó a solo un día de que el propio Trump anunciara que TikTok dejaría de operar en los Estados Unidos desde mañana domingo, alegando supuestas razones de “seguridad nacional” que se verían amenazadas por el funcionamiento de esa popular aplicación oriunda del principal enemigo comercial de Washington.

El contrapunto entre TikTok y Trump escaló luego de que la empresa de capitales chinos hiciera caer las ofertas de asociación o venta con varias megacompañías estadounidenses, como por ejemplo Microsoft. Desde entonces, las presiones de la Casa Blanca contra la app se incrementaron hasta la paz alcanzada en las últimas horas.

Si el acuerdo se firma en las próximas horas o si hay garantías certeras de que se lo hará sin marchas atrás, TikTok podrá seguir operando en los Estados Unidos a partir de la entrega de sus códigos guardados bajo siete llaves a Oracle Corp.

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La presión de Trump surte efecto y TikTok elige a Oracle para su negocio en EE.UU.

El presidente estadounidense había amenazado a la red social china con retirarle la licencia para operar en su país por considerarla un herramienta de espionaje

 

La presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha surtido efecto. ByteDance, la empresa china propietaria de la popular red social TikTok, eligió a la estadounidense Oracle para ser su socio tecnológico de confianza en el país norteamericano, según trascendió este domingo.

Trump, que considera la propiedad china de TikTok una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., había dado a ByteDance un plazo que vence el 15 de septiembre para vender sus operaciones en el país a una empresa local o abandonar el país. Con este movimiento, los datos personales generados por los usuarios estadounidenses permanecerán en el país.

TikTok seguirá en EEUU

Con lo conocido este domingo, la opción de que TikTok se viese forzada a cerrar sus operaciones en EE.UU. quedaría en principio descartada, aunque todavía falta tanto la aprobación de la operación por parte del Gobierno estadounidense como del de China, que ya en el pasado ha mostrado su disconformidad con la presión ejercida por Trump.

La elección de Oracle no implica que vaya a producirse una venta en términos estrictos del negocio de ByteDance en EE.UU., sino que esta tendrá a Oracle como socio en el país, algo que ambas compañías consideran que satisface los requerimientos impuestos por el presidente.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, que se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de márketing para importantes celebridades.

Fuertes vínculos entre Oracle y Trump

Oracle, con sede en Redwood City (California) y fundada en 1977, es una de las empresas pioneras de Silicon Valley, y pese a no tener un nombre tan reconocido para el gran público como Apple o Google, su software es usado por millones de empresas en todo el mundo.

El presidente ejecutivo y cofundador de Oracle, Larry Ellison –la quinta mayor fortuna del mundo, según Forbes– es uno de los pocos destacados ejecutivos de la industria tecnológica que ha expresado públicamente su apoyo a Trump, e incluso celebró un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente en febrero.

En las últimas semanas, se había especulado con que precisamente esta buena sintonía entre Ellison y Trump podía decantar la balanza a favor de Oracle, ya que el principal objetivo de ByteDance es tener garantizado el funcionamiento de sus operaciones en EE.UU. con el beneplácito del mandatario.

Microsoft admite la derrota

El mayor rival de Oracle en esta puja era precisamente su competidor en el mundo del software Microsoft (en esta industria, Microsoft ostenta el número 1 y Oracle, el número 2 en volumen de ventas a nivel mundial), que unas horas antes de que se conociese la elección de Oracle ya admitió la derrota en un comunicado.

"ByteDance nos ha dicho que no nos venderá sus operaciones en EE.UU. Tenemos confianza en que nuestra propuesta hubiese sido buena para los usuarios de TikTok, y a la vez habría protegido los intereses de seguridad de EE.UU.", apuntó la compañía propietaria del sistema operativo Windows.

Microsoft era visto desde principios de agosto como el favorito para hacerse con el negocio de ByteDance en EE.UU., y la firma de Redmond (estado de Washington) había llegado a asociarse con la cadena de grandes almacenes Walmart para este fin.

Walmart, la mayor compañía del mundo tanto en facturación anual como en número de empleados, veía en TikTok una oportunidad para avanzar en su apuesta estratégica por el comercio electrónico y la publicidad on-line.

EFE

14 de septiembre de 2020 08:50h

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Dibujo de Julian Assange durante la vista de este lunes sobre su extradición a EEUU. Elizabeth Cook /PA Wire/dpa

Este lunes ha comenzado la segunda fase del proceso de extradición de Assange a EEUU por el que se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos de espionaje

 

"¿Está dispuesto a consentir su extradición?", preguntó la Fiscalía. "No", respondió Julian Assange. Así arrancaba este lunes la segunda fase del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks encarcelado en Reino Unido. Tras una larga batalla legal, el caso puede sentar un precedente que limite la libertad de prensa, que tiene un estatus de protección especial en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estados Unidos le acusa de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción tendrá un impacto en cualquier periodista estadounidense.

"Los cargos que formula Estados Unidos están basados directamente en su trabajo como editor y periodista y pueden sentar un precedente terrible para quienes publican información clasificada de interés publico", dice a elDiario.es Olatz Cacho, experta de Amnistía Internacional que ha seguido el caso de Assange.

"El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dice Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

Las vistas durarán tres o cuatro semanas. Uno de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald, se quejó de que no ha podido ver a su cliente en seis meses y propuso aplazar la vista hasta enero. La jueza lo rechazó y así comenzó este lunes el desfile de testigos.

En la puerta, decenas de manifestantes y activistas de diversas ONG como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras mostraron su apoyo a Assange. Unos pocos periodistas pudieron entrar en el Tribunal Penal Central. La mayoría esperaba fuera.

Poco antes del comienzo de la vista, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent; la pareja de Assange, Stella Moris; y el director de RSF Alemania, Christian Mihr, intentaron entregar sin éxito al Gobierno una petición de 80.000 firmas para evitar la extradición. Como alternativa, acudieron a las puertas del juzgado con una pancarta en la que aparecen los nombres de los 80.000 firmantes.

"El periodismo no es un crimen", rezaba la pancarta sobre el hombro de Eric Levy, un veterano activista de 92 años que en 2003 viajó a Irak en autobús con otros pacifistas para hacer de "escudos humanos". Se alojaron en instalaciones civiles como estaciones eléctricas, almacenes de comida y plantas de tratamiento de agua para evitar que fuesen bombardeados. "Estoy aquí por la misma razón que estuve en Irak. Porque creo en la justicia y en la paz. Wikileaks habla por toda la humanidad decente y progresista", cuenta en una breve conversación con Stefan Simanowitz, de Amnistía Internacional.

Durante la vista, además, Assange fue detenido otra vez este lunes por las autoridades británicas al amparo de una nueva solicitud de extradición formalizada hace pocas semanas por EEUU y que amplía la base de sus acusaciones contra el australiano. Estados Unidos acusa a Assange también de haber conspirado con hackers para reclutar a desarrolladores para publicar información clasificada.

Entre quienes se mofaron del procedimiento legal está Edward Snowden, que está refugiado en Rusia para huir de la justicia de Estados Unidos por la revelación del programa de vigilancia masiva de la agencia para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional.

"Literalmente le han vuelto a arrestar el día de su juicio. Sí, han vuelto a arrestar a un hombre que ya está en prisión. El proceso entero es menos juicio que una broma soviética", tuiteó.

Debido a la crisis sanitaria, las autoridades habían concedido permisos a decenas de personas para seguir la vista de forma telemática. Sin embargo, algunos de los que habían recibido dicha autorización, entre ellos el responsable de Amnistía Internacional, han visto como se revocaba dicho permiso poco antes del comienzo del proceso.

La jueza Vanessa Baraitser aseguró que esos permisos se concedieron "por error" ya que le preocupaba "mantener la integridad del tribunal" y "ver lo que ocurre en la sala".

"Estamos sorprendidos. Esto es un trabajo fundamental para Amnistía Internacional, llevamos a cabo seguimientos de juicios en todo el mundo y estamos reconocidos internacionalmente como observadores acreditados", se quejó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. "Primero nos negaron la presencia física en agosto, pero nos garantizaron la presencia online de seis observadores, que hace un par de días se redujeron a solo uno y ahora nos enteramos que incluso esa plaza ha sido rechazada". La organización sigue haciendo trámites para poder seguirlo durante estos días.

Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, fue una de las pocas observadoras que pudo entrar en la sala el lunes y dijo que lo había conseguido por "la intervención de políticos alemanes y un representante de la embajada alemana".

Dentro de la sala también estaba el padre de Julian Assange, John Shipton.

175 años de prisión

Si es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático. Según Courage Found, se trata de la primera vez que se utiliza esta legislación de 1917 contra un editor. "Es un tipo controvertido, pero pensamos que este caso está ligado directamnte a la libertad de expresión. No deberían existir estos cargos y Reino Unido no se debería plantear estar extraditando a Assange", dice Cacho. La experta de Amnistía Internacional cree que el fundador de Wikileaks no tendrá un juicio justo en EEUU y que "las altas autoridades del país ya lo han condenado".

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo "insostenible". El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. "Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara".

Por Javier Biosca Azcoiti

7 de septiembre de 2020 23:27h

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Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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El líder opositor ruso Alexei Navalny. EFE/Maxim Shipenkov/Archivo

 

El opositor ruso Alexéi Navalni es el último activista crítico con el Kremlin que, según sospecha su entorno, ha sido envenenado en circunstancias misteriosas. La lista de opositores que ha enfermado de manera sospechosa en el último siglo es larga. Muchos han muerto. Aparentemente todos parecen haber sido víctimas de un laboratorio secreto especializado en la elaboración de venenos y establecido en Moscú por Vladimir Lenin en 1921.

Su función era lidiar, de manera tan eficiente como despiadada, con los enemigos del Estado. Algunos eran domésticos y otros, exiliados incómodos para el Kremlin. Según el exjefe de espías de Stalin, Pavel Sudoplatov, la KGB llegó hace mucho tiempo a la decisión de que el veneno era el mejor método para eliminar a personas incómodas. La institución sucesora de la KGB, el FSB, parece que tiene la misma opinión.

Durante la Guerra Fría, la KGB exterminó a sus adversarios con creatividad. En 1959, un agente asesinó al líder nacionalista ucraniano Stepan Bandera con una pistola de cianuro escondida en un periódico. En 1979 otro agente asesinó al disidente búlgaro Georgi Markov mientras esperaba un autobús en el puente de Waterloo en Londres. El arma: un paraguas con punta envenenada.

En los años 90, durante la presidencia de Boris Yeltsin, se detuvieron estos extraños ataques. Por aquel entonces Rusia y Occidente cooperaban. Sin embargo, una vez que Vladimir Putin llegó a la presidencia en el año 2000, los asesinatos políticos regresaron en silencio. Se especuló con que la fábrica de veneno, un siniestro edificio de color beige a las afueras de Moscú camuflado como centro de investigación, había vuelto manos a la obra.

Entre las posibles víctimas de dichas prácticas está Roman Tsepov, guardaespaldas de Putin en San Petersburgo en la década de los 90. Murió después de beber un té en 2004 en una oficina local del FSB. Ese mismo año, la periodista Anna Politkovskaya perdió el conocimiento en un vuelo interno a la ciudad de Rostov después de tomar té en el avión. Sobrevivió. Dos años después, un pistolero asesinó a Politkovskaya cerca de su piso de Moscú.

El envenenamiento más notorio del siglo tuvo lugar apenas unas semanas más tarde. El objetivo esta vez era Alexander Litvinenko, un antiguo oficial del FSB convertido en un crítico del presidente Putin. Dos asesinos, Dmitry Kovtun y Andrei Lugovoi, se reunieron con Litvinenko en el hotel Millennium de Londres. Se tomó unos sorbos de té verde mezclado con polonio radioactivo. Moriría tres semanas después.

El asesinato condujo a un período en que las relaciones ruso-británicas fueron tensas y estuvieron marcadas por la acritud. Marcó una época de sospechas: no se sabía si Putin decidió que el Estado eliminase a quien percibía como enemigos o instauró una política de manga ancha para que los responsables de los servicios secretos interpretaran que las órdenes no dadas permitían actuar así. Una investigación oficial en el Reino Unido en 2016 dictaminó que era "probable" que Putin hubiera aprobado la operación junto al entonces jefe del FSB. El Gobierno no ha hecho pública toda la información de que dispone.

En marzo de 2018, otros dos asesinos fueron enviados por el Kremlin de Moscú a Londres, siguiendo la misma pauta de comportamiento de Kovtun y Lugovoi 12 años antes. Su objetivo era Sergei Skripal, un doble agente ruso que había espiado para el MI6. Los dos hombres eran coroneles de la inteligencia militar rusa que manejaban identidades ficticias: Anatoliy Chepiga y Alexander Mishkin.

Según el Gobierno británico, Mishkin y Chepiga utilizaron un agente nervioso de la era soviética –novichok– en el pomo de la puerta de entrada de la casa de Skripal en Salisbury. Él y su hija Yulia cayeron desplomados varias horas después en un banco del centro de la ciudad. Sobrevivieron, pero otra mujer, Dawn Sturgess, murió dos meses más tarde después de rociarse las muñecas con novichok. El Reino Unido y otros países aliados expulsaron entonces a más de 150 espías rusos de sus embajadas.

No existen pruebas concluyentes de la participación de Putin en estas operaciones. No se sabe hasta qué punto él pudo ordenar o estar informado de los hechos ni la cadena de mando que siguieron los asesinos. El hecho de que la lista de víctimas, tanto en Rusia como en el extranjero, sea larga sugiere que el Kremlin, vea como vea este comportamiento, lo acepta como un mal necesario aunque implique altos costes. Envía un mensaje al mundo: que la disidencia tiene límites y que la oposición frontal al Estado puede acarrear el mayor de los precios. 

21 de agosto de 2020 21:21h

Traducido por Alberto Arce

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Domingo, 02 Agosto 2020 06:04

Trump prohibe la red social china Tik Tok

Trump prohibe la red social china Tik Tok

El mandatario dijo que la prohibición es por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China. Sin embargo, representantes de la red social pusieron en duda que Trump pudiera imponer dicha medida  

 

El presidente Donald Trump anunció  que prohibe en Estados Unidos la red social TikTok por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China. "En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos", dijo Trump en declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Washington desde Tampa (Florida). "Tengo esa autoridad. Puedo hacerlo con una orden ejecutiva", afirmó el mandatario, quien precisó que planea tomar la decisión este mismo sábado.

Sin embargo representantes de la aplicación usieron en duda la afirmación del mandatario estadounidense, dando a entendr que no tiene el poder legal para hacerlo. "Estamos aquí para quedarnos", aseguró Vanessa Pappas, responsable de la rama estadounidense de la popular aplicación TikTok, luego del anuncio de Trump. "Hemos escuchado su creciente apoyo y queremos agradecerles. No tenemos planes de irnos", insistió en un video publicado en la aplicación y destinado a calmar a los usuarios preocupados.

TikTok, una aplicación de videos muy popular entre los jóvenes cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, tiene alrededor de mil millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma es objeto de una investigación de CFIUS, la agencia estadounidense encargada de vigilar que las inversiones extranjeras no supongan riesgo para la seguridad nacional.

Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje, pero la compañía ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín. Steven Mnuchin, el secretario estadounidense del Tesoo, dijo el miércoles que haría una "recomendación" sobre la plataforma a la Casa Blanca esta semana.

TikTok ha tenido que defenderse a menudo de sus vínculos con China, donde ByteDance posee una aplicación similar pero con otro nombre. Siempre ha negado que comparta información con las autoridades chinas y aseguró que no tiene la intención de aceptar peticiones en este sentido. Su popularidad ha crecido aún más en medio de los meses de pandemia y distanciamiento social.

El viernes, antes del anuncio de Trump, algunos medios estadounidenses aseguraron que el presidente iba a obligar al grupo ByteDance a vender TikTok. Según The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg, el presidente se disponía a firmar una orden oficial para obligar a la casa matriz china a separarse de la popular aplicación estadounidense en nombre de la protección de la seguridad nacional.

La red social no quiso comentar las informaciones sobre la supuesta venta forzada. "Confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok. Cientos de millones de personas vienen a TikTok para entretenerse y conectarse, incluida nuestra comunidad de creadores y artistas que viven gracias a la plataforma", afrmó en un comunicado. 

TikTok se comprometió a tener un alto nivel de transparencia y a permitir el control de sus algoritmos para tranquilizar a usuarios y reguladores. "No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política", dijo el directo ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer

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Martes, 28 Julio 2020 06:00

Nuevas ilegalidades de Bolsonaro

Paulo Sergio Pinheiro, embajador.   ________________________________________ Imagen: AFP

Revelación en Brasil de un esquema de inteligencia paralelo creado por Sergio Moro

La existencia de “fichas” de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”, confirmaría la persecución política e ideológica de los adversarios. 

 

En medio del torbellino que vive Brasil – al mediodía se supo que el número de infectados por la covid-19 superó los dos millones 400 mil, y el de víctimas fatales se acercó a 90 mil –, surgieron nuevas y graves denuncias contra el ultraderechista Jair Bolsonaro.

La más contundente fue la presentación, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de un documento que acusa a Bolsonaro de haber cometido “crimen contra la humanidad y genocidio”. Presentada en la noche del domingo, la denuncia trae un peso extra: viene firmada por un millón de trabajadores en el sector de Salud, de enfermeros a médicos. Aunque el Tribunal de La Haya tarde meses en decidir si acepta juzgar denuncias recibidas, la repercusión ha sido muy fuerte y podrá traer consecuencias.

Los 64 folios del documento están repletos de acusaciones detalladas y de ejemplos impactantes. Su divulgación contribuye para corroer aún más la ya ultra-desgastada imagen del ultraderechista y del país.

Hoy hay otra denuncia contra el gobierno brasileño, esta vez en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiendo inmediatas informaciones y providencias.

Se trata de algo que fue creado en tiempos de Sergio Moro, el ex juez que condenó Lula da Silva en un juicio manipulado facilitando la elección de Bolsonaro, de quien luego fue ministro de Justicia: la SEOPI (Secretaría de Operaciones Integradas), un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución y la legislación vigente.

Luego de la salida de Moro del gobierno, el sucesor, André Mendonça, transformó la SEOPI en secretaría Nacional. De esa manera se consolidó parte del deseo expresado en reiteradas ocasiones por Bolsonaro: tener un esquema de inteligencia bajo su control directo.

La revelación de las verdaderas actividades del SEOPI surgió a través del periodista Rubens Valente, del grupo vinculado al diario Folha de S.Paulo.

Valente reveló la existencia de intimidadoras “fichas” idénticas a las de los órganos de represión de la dictadura militar (1964-1985) tan defendida por Bolsonaro y los uniformados esparcidos por su gobierno, con nombres, fotos y direcciones en las redes sociales de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”.

Entre los nombres revelados llamaron la atención los de Luis Eduardo Soares, quien ocupó el puesto de secretario nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2006) y fue uno de los guionistas de la película “Tropa de Elite”, y principalmente el del embajador Paulo Sergio Pinheiro, ambos profesores universitarios.

Además de haber ocupado la secretaría nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Pinheiro integró la Comisión de la Verdad instituida durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, preside desde 2011 la comisión independiente de la organización sobre derechos humanos en Siria.

La revelación de la existencia de ese dossier confirma algo que se insinuaba desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia: la creación de un aparato estatal destinado a persecución política e ideológica de adversarios. Es fácil suponer la existencia de otros dossiers cuyo blanco sean intelectuales, artistas, periodistas, activistas sociales y ambientales y, claro, políticos opositores.

Al conocer la actividad de la SEOPI, Paulo Sergio Pinheiro se dijo “absolutamente perplejo”, y pidió una inmediata investigación tanto por parte de la Fiscalía como del Congreso.

Luego de trazar la inevitable comparación con los tiempos de la dictadura, Pinheiro ironizó: “Todo lo que hablo y escribo es público. Además de ilegales, esas prácticas ahora son inocuas. ¿Por qué gastar recursos con funcionarios para espiarme?’.

Ya llegaron al Supremo Tribunal Federal pedidos de investigación, incluyendo que se averigüe la existencia de otros dossiers. El gobierno, por su parte, optó por declaraciones formales, que no dicen ni justifican nada.

 Con relación a la denuncia presentada en La Haya, la reacción de Bolsonaro, acorde a sus auxiliares directos, no trajo ninguna sorpresa: dijo que el tema no está en la “pauta presidencial”. Para los que rodean al ultraderechista, “no es hora de darle atención a eso. Si la denuncia es aceptada, entonces el presidente sabrá contestar las acusaciones”.

Por Eric Nepomuceno

Río de Janeiro

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Miércoles, 15 Julio 2020 05:48

El Reino Unido la excluye del 5G

El Reino Unido la excluye del 5G

El gobierno británico se suma a las sanciones de EE.UU. a la multinacional china.

 

El Reino Unido excluyó a Huawei del desarrollo de su red 5G. El gobierno británico anunció que a partir de 2021 prohibirá a los operadores de telecomunicaciones adquirir esa tecnología de la empresa multinacional china. Toda la infraestructura aportada hasta ahora por Huawei será eliminada del territorio británico de aquí a 2027, estableció el gobierno de Boris Johnson. La decisión retrasará la entrada de esta tecnología en Gran Bretaña y provocará el aumento de costos. Sin embargo, el gobierno conservador la avaló argumentando que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la compañía asiática cambiaron las circunstancias.

La exclusión de Huawei fue anunciada por Oliver Dowden, ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, ante la Cámara de los Comunes. El anuncio se hizo tras una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Johnson y formado por algunos ministros y el abogado del Estado. Previamente el Consejo tuvo que anular otra decisión tomada en enero en la que había autorizado a Huawei el acceso a partes no estratégicas de la red 5G.

El ministro explicó que las circunstancias habían cambiado. El Consejo tomó en consideración la decisión anunciada en mayo por EE.UU. de restringir la venta de chips de fabricación estadounidense a la gigante asiática. Según Downey, la sanción de la administración Trump a Huawei pondría en peligro la cadena de suministro. “Limitan la capacidad de Huawei de producir productos importantes”, sostuvo Downey. Y explicó que el Reino Unido no tiene la confianza de poder garantizar la seguridad del futuro equipamiento 5G de Huawei. “Para ser claros, desde el final de este año, los operadores de telecomunicaciones no deben comprar ningún equipamiento de 5G de Huawei, y, cuando se apruebe la ley de seguridad en las telecomunicaciones, será ilegal hacerlo”, dijo. Dowden. También admitió que la exclusión de la empresa china retardaría entre 2 y 3 años el desarrollo de la red de alta velocidad en el país. Además aumentará el costo de la misma en unos 2000 millones de libras (2500 millones de dólares).

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Detenido en Cabo Verde el empresario colombiano Álex Saab, considerado por EEUU como uno de los testaferros de Maduro

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos del líder venezolano.

 

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario 'El Tiempo'.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

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Sábado, 23 Mayo 2020 06:45

El dilema del prisionero digital

El dilema del prisionero digital

Sobre el culebrón de las aplicaciones de rastreo, código abierto, corporatocracia y batallas ganadas.

 

La guerra por el relato se ha ido recrudeciendo desde los inicios de la pandemia. Tras superar los primeros días de incertidumbre y miedo, la fábrica de bulos se ha puesto en marcha. Trolls orquestados organizan sus fechorías en las redes sociales generando tendencias de opinión que finalmente se acaban reproduciendo en los medios mainstream, tanto en telediarios como en programas del corazón. Hoy, la política se hace en Twitter, conocemos la vida de los y las dirigentes a través de Instagram y organizamos manifestaciones digitales a través de Facebook. Utilizamos las redes sociales y la tecnología como si fueran medios legítimos de expresión, olvidando, y obviando que son pura ideología, una vuelta de tuerca a la extracción de valor, acumulación por desposesión y vigilancia masiva.

Detrás de dichas tecnologías se encuentran las corporaciones más poderosas del mundo, que operan en connivencia con gobiernos y servicios de inteligencia. En los últimos años se han sucedido numerosos escándalos en lo que a ellas se refiere. Hagamos un recordatorio de algunos de los que evidenciaron la vigilancia y falta de privacidad a la que estamos expuestas las personas.

ESCÁNDALO VA, ESCÁNDALO VIENE

 

Entre 2013 y 2015 se publicaron en la prensa a través de las filtraciones de Edward Snowden miles de documentos sobre programas de vigilancia secreta, en los cuales se demostraba que la NSA interceptaba y vigilaba las comunicaciones de millones de personas en el mundo, en colaboración con agencias de inteligencia de varios países.

A principios de 2014, en Ucrania, ciudadanos, periodistas y personas ubicadas en los alrededores de las manifestaciones que se produjeron en Kiev, recibieron un mensaje en sus teléfonos con el siguiente contenido: “Estimado cliente: ha sido registrado como participante en un altercado masivo”. El mensaje no contenía firma, y las operadoras negaron tener conocimiento del mismo.

En junio de 2019 la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a La Liga de fútbol Profesional con 250.000 euros por espiar a través de su aplicación móvil a los usuarios, conectando el micro y la geolocalización sin permiso para localizar así los bares que emitían los partidos sin licencia.

Uno de los escándalos más recientes que hizo cambiar nuestra percepción sobre las redes sociales sucedió en marzo de 2018, cuando un ex-empleado de Cambridge Analytica, Chrystopher Wylie, reveló que esta consultoría habría recopilado datos de unos 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Su objetivo era crear campañas publicitarias y políticas dirigidas a perfiles concretos.

Brittany Kaiser, ex directora de desarrollo de negocios de Cambridge Analytica, facilitó al parlamento británico los correos en los que se reveló que la consultoría había trabajado en la campaña a favor del Brexit (Leave.EU).  En sus declaraciones ante el parlamento británico, Kaiser calificó algunas de las operaciones de la consultoría como técnicas de comunicaciones de grado militar. Esta categoría hace referencia a técnicas de operaciones psicológicas y de guerra de la información usadas por ejércitos y empresas privadas de defensa en zonas de conflicto para influir en el comportamiento de poblaciones. La consultoría ha sido también relacionada con la campaña de Trump y el giro de Estados Unidos hacia posiciones populistas de derechas.

 

AGUDIZACIÓN DE LA VIGILANCIA POR LA PANDEMIA

 

Las aplicaciones de seguimiento de contagios para evitar la expansión del virus se han presentado como una de las soluciones tecnológicas a la pandemia. “Es una justificación de los estados para poner la economía por delante de la vida, porque tenemos esto que nos va a ayudar. Es ‘tecnomagia’, la solución tecnológica que nos va a cuidar”, comenta Adrián Almazán, investigador sobre tecnología y las nuevas ruralidades desde una perspectiva ecosocial y miembro de Ecologistas en Acción.

Por otro lado, los bandazos que están dando las administraciones públicas en torno a las garantías de privacidad de los datos que recogen esas aplicaciones, ha levantado las suspicacias de activistas que trabajan por la privacidad, juristas, organizaciones y ciudadanía en general. La Comisión Europea ha lanzado una aplicación telefónica que, vía bluetooth, permite localizar en el entorno de la persona a otros usuarios que están o han estado infectados con coronavirus.

La científica española Carmela Troncoso estaba liderando un proyecto junto con un grupo de investigadores para desarrollar una aplicación móvil de código abierto, sin embargo, la Unión Europea dio un giro de mando y optó por una aplicación que surgía de la colaboración de los dos gigantes de internet, Google y Apple, las cuales, a través de los sistemas operativos instalados en los teléfonos de todo el mundo, podrían alcanzar a 3.000 millones de personas. Según Almazán “no es casual que Google y Apple se hayan lanzado a hacerlo porque lo que quieren garantizar es estar en todos los dispositivos, en los cuales, además de esa aplicación, hay otras muchas que operan en paralelo recabando datos”.

Este cambio de dirección ocurrió cuando los estados se estaban planteando si era bueno el rastreo y cómo. En ese momento, Google hizo alarde de su predominancia en el mercado publicando los movimientos poblacionales de 131 países desagregados por tipo de lugar en el que dicha población se movía. Google demostró rápidamente que sabía si habíamos estado en un parque, en una tienda, en casa o en la oficina. En el caso de España, los datos además estaban desagregados por comunidades autónomas. Simona Levi, de Xnet, una plataforma que trabaja en el campo de los derechos digitales y la democracia en red, comenta: “Google primero hace un tour de force mostrando todo su poderío y luego se pone al servicio de los gobiernos diciéndoles que si quieren hacer aplicaciones de traceo ellos ayudan”.

El debate que se plantea es complejo. Estamos ante una pandemia que solo se puede afrontar de una manera colectiva. La opción de las apps de rastreo por un lado permiten hacer un seguimiento de todas las personas con las que hemos estado en contacto, sin embargo, que una de las opciones que se valore sea aquella desarrollada por las dos corporaciones más poderosas del mercado, y casi del mundo, con sede en Estados Unidos y con denuncias muy graves de uso y abuso de datos y colaboración con servicios secretos estadounidenses es, como mínimo, preocupante.

Laia Serra, abogada penalista especializada en tecnologías de la información, libertad de expresión, protesta y discriminación, opina que tenemos que hacer autocrítica cuando tiramos de este hilo: “Ha habido un gran cuestionamiento de las apps propuestas por los gobiernos, cuando hay muy poca cultura de la privacidad y no está habiendo un cuestionamiento de los datos que ‘regalamos’ a las empresas de manera habitual”, comenta.

Enric Luján pertenece al colectivo Críptica, una asociación sin ánimo de lucro centrada en la defensa de la privacidad y la seguridad. Él, en este contexto, no ve tan claro que tengamos que poner la privacidad por encima de otros factores. “Como sociedad estamos ante una situación muy adversa y no tenemos una respuesta sencilla. Podemos desconectar el móvil y no instalar las aplicaciones desde el punto de vista clásico de la privacidad, sin embargo, ¿queremos estar al margen del beneficio público que supone esto ahora? Para mí, en este caso, las aplicaciones se justifican”.

Serra, además, señala que ella cree que ha habido tanto debate en torno a las aplicaciones porque tenemos un problema de confianza en los gobiernos que han “demostrado un talante autoritario durante la gestión de la crisis y que desde el año 2015 están inmersos en una deriva legislativa autoritaria”. El hecho de que la ciudadanía no sepa cómo funciona, también ha aumentado esa suspicacia. “Aún así, dentro del  debate de tecnología—seguridad, tenemos que contemplar que muchas veces el problema no es la herramientas en si, sino el uso que se le da”, apunta la abogada.

Cuando hablamos de apps de trazabilidad es necesario distinguir entre “los datos de ubicación y los datos de localización”. Para los primeros, las empresas de telefonía tiene que entregar a las autoridades, datos anonimizados. Para los segundos, se requerirá el consentimiento informado del usuario. Se permite excepcionar este régimen legal en caso de necesidad democrática por razones de seguridad nacional o de salud pública tal y como se reconoce en la Directiva sobre privacidad 2002/58/EC de 12 de julio y el de la Reglamento de tratamiento de datos 2016/679 de 27 de abril. No obstante “resulta muy difícil anonimizar los patrones de movimiento y deben realizarse tests de robustez y seguridad en la anonimización de los datos” afirma la abogada. El abrazo de corporaciones y gobiernos para implementar aplicaciones de rastreo puede ser una bomba para el capitalismo de vigilancia.

 

CORPORATOCRACIA, UNA NUEVA ERA DE CONTROL

 

¿Somos conscientes de las implicaciones que tiene el hecho de que existan corporaciones transnacionales que mediante el análisis de big data sean capaces de predecir e influir en nuestras pautas de consumo y elección de voto? ¿Son capaces nuestras democracias de ejercer un papel de contrapoder y preservar nuestros derechos y libertades? En este contexto, ¿podemos empezar a hablar de corporatocracia?

El crecimiento de las corporaciones tecnológicas de los últimos años es alarmante. En 2019, las llamadas GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) se sitúan según su valor de mercado dentro de los 6 primeros puestos de la lista Forbes Global 2000. Desde 2014 han doblado sus valores, llegando a cifras entre los 512 y los 961 mil millones de dólares.

En la dinámica extractivista del capitalismo hemos pasado por distintas fases de acumulación del capital, llegando a esta etapa en que la mercantilización ha llegado a lo más privado de cada persona, a los procesos cognitivos que determinan nuestras decisiones. Almazán habla de “procesos de digitalización total”, los cuales suponen que la extracción de valor se amplíe a casi todos los aspectos de la vida. “Supone poder expropiar o mediatizar el ámbito de la expresión, de los afectos, de la comunicación. Muchas cosas que de manera tan directa no lo estaban”. 

Luján, de Críptica, hablando de las apps de rastreo comenta que “el riesgo es que el día de mañana tengamos montada una arquitectura de la vigilancia a nivel mundial más incisiva todavía. Es muy probable que nos acabemos viendo en esa situación”. La desescalada no será inmediata. No va a haber un día que todo vuelva a ser como antes, sino que la vuelta a la normalidad será paulatina. “Las medidas implantadas no van a desaparecer ni en una semana ni en dos meses y como sociedad no tenemos experiencia en gestionar este tipo de situaciones”, sentencia.

Parece preocupante que, pese al conocimiento de las prácticas e intereses de las multinacionales de la tecnología, sigamos dando por hecho la presencia y el uso de sus productos en nuestra vida cotidiana, también en esta situación de pandemia.

 

UNA BATALLA GANADA

 

Xnet considera que existen dos aproximaciones al uso de aplicaciones móviles y el covid-19. Por un lado las que están basadas en un sistema centralizado y son propiedad de una autoridad estatal. En este caso, los contactos y la geolocalización de los individuos están en manos de dicha autoridad central, la cual ejerce un control férreo sobre la población. Son casos como el de China, Corea y que países como Francia o Alemania se estaban planteando.

Por otro lado encontramos las soluciones basadas en un sistema descentralizado y bajo el control de los y las usuarias. Los datos están en los teléfonos, y tan solo activando permisos se puede activar la alerta de contagio. Simona Levi comenta que esta segunda opción puede ser peligrosa por estar sometida a “troleos” que generen un estado de alarma ficticio. “"Esta opción debe implicar cooperación entre al menos dos actores, paciente y sistema de salud, si no en manos de personas u organizaciones que quieren crear confusión y distorsionar el debate público, podrían crear un estado de alerta total” por ejemplo, creando falsos positivos. Podríamos tener los bots que contaminan las redes sociales, distorsionando las apps de rastreo, por ejemplo.

Inicialmente, Google y Amazon se habían adherido al primer sistema. Sin embargo, las tornas han cambiado “gracias al esfuerzo de la sociedad civil internacional y la reacción de todos” comenta Levi. Ayer mismo Tim Cook, director ejecutivo de Apple anunció que la aplicación estaba lista.

“Google y Apple, que inicialmente habían optado por la opción centralizada, se están poniendo al servicio de opciones descentralizadas y de software abierto. Además se han puesto a trabajar con el consorcio suizo que son los hiperdefensores del sistema descentralizado y están auditando su código. En realidad esto es una victoria brutal” sentencia Levi. 

Según Serra, “la cesión de datos tiene una serie de principios clave, uno de ellos es que sea clara la finalidad que justifica la colecta de datos y el otro es el de proporcionalidad de los datos (en cantidad y calidad) respecto de esa finalidad. Desde el inicio (10 de marzo), entidades como la Electronic Frontier Foundation  alertaron de esas apps”. Venimos de un pasado en el que estos principios no se aplicaban y la duda es si se recrudecerá en caso de que las aplicaciones de rastreo se acaben implementando.

Es importante tomar conciencia de que el uso de tecnología también es una forma de consumo, y que utilizar las aplicaciones y productos de las grandes corporaciones significa darles poder a través de nuestros datos. Tal vez sea el momento de repensar qué relación queremos tener con la tecnología y empoderarnos de todos los beneficios que nos puede brindar.


 

Existen alternativas a las GAFAM, multitud de herramientas han sido desarrolladas por personas que trabajan para que otro internet sea posible, con el objetivo que toda la humanidad se beneficie de ellas. La transición es posible para todas, sobretodo si nos ayudamos mutuamente.

Os proponemos hacer una prueba cuanto menos inquietante, descargar todos los datos que Google tiene sobre nosotras. La cantidad de información que Google almacena sobre nosotras en forma de fotos, audios, localizaciones o contactos entre otras, es abrumadora. Y eso sin contar los metadatos.

Si queremos empezar a explorar alternativas sencillas podemos empezar por la puerta por la que accedemos a internet, el navegador y el buscador. Mozilla Firefox es un navegador que no tiene nada que envidiar a los demás, y como buscador podemos utilizar Duck Duck Go, o Startpage.

Si valoramos nuestra privacidad en las comunicaciones mediante el correo electrónico, podemos abrirnos una cuenta en Tutanota, o en Riseup si alguna compañera con cuenta nos invita.

Para las usuarias de Android, un buen comienzo puede ser descargarnos el catálogo de aplicaciones de software libre F-Droid y substituir poco a poco aquellas aplicaciones que usamos en el día a día. Así, podemos empezar a usar los mapas de Maps.me o Osmand, y comunicarnos a través de Signal o Telegram.

Otra alternativa menos popular pero muy interesante es Briar, que facilita el anonimato mediante la descentralización de los canales de comunicación, el trabajo en red y la encriptación. Una buena herramienta para videollamadas grupales es Jitsi Meet, y para audiollamadas podemos usar Mumble.

Para trabajar en un documento compartido podemos crear un pad, realizar cuestionarios con framaforms y organizar nuestro calendario a través de framagenda. Por último, si todavía usamos un sistema operativo privativo, tal vez sea el momento de lanzarnos a probar uno libre, como GNU/Linux y sus múltiples distribuciones.

Por supuesto existen muchas más alternativas que las anteriores y herramientas para casi todo aquello que queramos realizar. La curiosidad y la voluntad nos ayudará en la transición hacía una forma de relacionarnos con la tecnología que sea más horizontal y orgánica, asumiendo que es un aprendizaje continuo, y que lo ideal es hacerlo grupalmente.

Apoyemos la horizontalidad, la cooperación y la defensa de las usuarias y comunidades que nos brinda el software libre frente a los abusos de poder del software privativo.

Empecemos a tejer nuestras redes afectivas y de cuidados en esferas digitales inclusivas, seguras, y que protejan nuestros derechos y privacidad. Esta apuesta pasa por tener en cuenta la brecha digital, formarnos mutuamente y pedir ayuda a colectivos que trabajan en la defensa del software libre y de la privacidad.

Apostemos por la soberanía tecnológica, porque lo tecnológico también es político.

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