Linda Chesser en su autocaravana con la que recorrió EEUU para escribir su libro 'País nómada'. IMAGEN CEDIDA POR CAPITÁN SWING.

Jessica Bruder recorrió durante tres años 24.000 kilómetros para escribir 'País nómada' (Capitán Swing), una crónica sobre el nuevo modelo de trabajo estadounidense: cientos de miles de trabajadores itinerantes viviendo en furgonetas y vagando por el país para encontrar un empleo mal pagado, extenuante y con apenas derechos. Y, como telón de fondo, una crítica demoledora de Amazon como paradigma del capitalismo de Estados Unidos.

 

Una crónica sobre el fin de la clase media y sobre un modelo económico que se está imponiendo con un ímpetu que desafía el Estado de derecho y la estabilidad social. Esto es lo que retrata la periodista y profesora de periodismo Jessica Bruder en País nómada. Supervivientes del siglo XXI, que acaba de editar Capitán Swing: un reportaje de 300 páginas producto de tres años de trabajo que llevaron a Bruder a recorrer 24.000 kilómetros a lo largo y ancho de Estados Unidos. El balance es rotundo y desolador: "Este capitalismo [en Estados Unidos] está expulsando a la clase media y a las personas mayores de la sociedad", dice Bruder a Público.

La película basada en el libro, producida y protagonizada por Frances McDormand, obtuvo el León de Oro el pasado 12 de septiembre en el Festival de Venecia. McDormand interpreta a Fern, un trasunto de la personaje principal del libro, Linda Chesser, una exasesora académica en la Universidad del Estado de Washington que tenía de 68 años cuando conoció a Bruder y que es una de los cientos de miles de trabajadores itinerantes que deambulan por las carreteras y los campos de trabajo de ese país nómada, como si fueran de nuevo los años treinta.

Ese telón de fondo de País nómada está poblado con dos tipos de personajes: Por un lado, empresas como Amazon, responsables del auge del modelo económico y laboral cada vez más agresivo para el trabajador, un modelo que se extiende como un tsunami a consecuencia del declive de la industria manufacturera estadounidense (Bruder cuenta los casos del cierre en 2011 de una planta de US Gypsum, fabricante de placas de yeso, y de la empresa de fundición de cobre propiedad de Phelps Dodge que cerró en 1987).

Por otra parte, los de abajo, los ciudadanos de ese país nómada: las personas, en su mayoría, de más de 60 o 70 años que habían sido clase media y hasta media alta durante décadas y que, de pronto, a esa edad, se quedaron sin nada debido a un capitalismo sin red de coberturas sociales públicas. Así que para sobrevivir tuvieron que declararse en bancarrota o venderlo todo, comprarse una furgoneta y convertirse en trabajadores itinerantes. Como aquellos que ya retrató John Steinbeck en Las uvas de la ira, libro y autor que Bruder cita en varias ocasiones. Los Estados Unidos de aquellos años treinta de la Gran Depresión retratados por Steinbeck regresan casi un siglo más tarde, esta vez a los Estados Unidos del capitalismo financiero y la economía telemática y digital.

"En aquella crisis hubo mucha gente que tuvo que recurrir a la itinerancia, pero cuando las cosas se recuperaron volvieron a sus trabajos y a su vida de clase media del sistema tradicional", dice Bruder. "Sin embargo, creo que ahora es diferente –añade–, porque la deriva de este capitalismo hace indicar que no vamos a regresar al modelo previo, a la situación anterior. Todos los trabajadores itinerantes piensan que ya no hay ni habrá en la sociedad un espacio para ellos, así que están formando una nueva comunidad en la carretera de personas en su misma situación".

Bruder cuenta en País nómada que en enero de 2011 visitó la planta de US Gypsum. El exdirector de la cadena de suministros dijo: "He enviado algunos currículos, pero sin resultado... Puede que acabe talando leña para ganarme la vida". Monika Baker, una joven de 22 años que buscaba trabajo en la planta y se encontró con su cierre, dijo: "Tendré que trabajar en una tienda de Walmart o de Lowe". Empire, el pueblo construido junto a la fábrica quedó vaciado en pocas semanas y hasta su código postal (89405) fue anulado por las autoridades. Situaciones así son la antesala de la furgoneta, la carretera y los campos de trabajo.

Bezos y su riqueza de 200.000 millones de dólares

Esta situación económica, unida a la práctica inexistencia de un modelo social público en Estados Unidos (la sanidad, la educación y las pensiones son eminentemente privadas, el despido es libre, no hay bajas laborales pagadas ni desempleo, etcétera), fue el terreno abonado que terminaría por denominarse como el modelo Amazon, que acabaría implantándose tras la crisis económica de 2008 y sigue haciéndolo con la actual de la pandemia. De hecho, el propietario y fundador de la compañía Jeff Bezos no ha dejado de incrementar su riqueza desde la llegada del coronavirus, con un patrimonio que el pasado 27 de agosto un valor récord de 200.000 millones de dólares.

"Estamos en una situación tremenda en la que el 1% más rico de Estados Unidos ha doblado la porción de su riqueza desde 1980 al mismo tiempo que el país registra datos récords en desigualdades sociales", dice Bruder, quien denuncia en el libro que "la sociedad estadounidense es la más desigual de todos los países desarrollados".

Si a un capitalismo sin red de coberturas públicas, con los salarios estancados desde hace años y los precios de la vivienda en alza se le añade una crisis económica (2008) o dos (2020), la situación de máximo riesgo recae principalmente en la población de mayor edad. Esas fueron las que Bruder encontró como trabajadores itinerantes en su periplo por las carreteras y campos de trabajo de Estados Unidos. Todas ellas, además, cumplían un patrón común: personas que sufren un golpe de la vida (un divorcio, quedarse en el paro en los últimos años de la vida laboral, contraer una deuda médica por una enfermedad repentina) que, en un sistema como el estadounidense, resulta ser fatal, de manera que a sus 60 o 70 años sólo les queda una opción para huir de la indigencia: hacerse como sea con una vieja furgoneta y echarse a la carretera en busca de un trabajo por mal pagado dondequiera que esté. Todo eso de un hogar fijo, una comunidad donde arraigar, unos vecinos estables, se acabó.

"La gente que yo conocí en la carretera piensa sobre todo en poder ganar algo dinero para poder jubilarse definitivamente. Claro que no hay muchas opciones para eso en Estados Unidos, con un salario mínimo federal de apenas 7,25 dólares la hora [6,15 euros]. Es disparatado. Nadie debería estar condenado a endeudarse para proveerse de lo básico y poder cubrir cubrir sus necesidades básicas como ser humano", dice Bruder.

La vivienda y la educación, dos derechos básicos fundamentales, atraviesan malos momentos en Estados Unidos. En febrero, la deuda por estudiar alcanzó su récord histórico de 1,54 billones de euros. Es muy frecuente que en EEUU cualquiera que haya estudiado una licenciatura en la universidad y después un máster amase una deuda de 100.000 o 200.000 dólares.

Por otro lado, los desahucios están también en cotas récords. A falta de datos oficiales para todo el país, una base de datos creada por unos investigadores de la Universidad de Princeton revela que en 2016 un total de 2,3 millones de personas fueron expulsadas de sus viviendas. El Estado de Virginia ocupó el triste primer puesto nacional en esa clasificación con una ratio de desalojos del 5,12% (más del doble que la media nacional). Es decir, que cada cada año cinco de cada cien viviendas reciben una orden de desalojo. En algunas ciudades del Estado esa cifra llegaba al 10%.

Amazon creó en 2008 su primera estrategia de contratación de trabajadores itinerantes, el programa CamperForce. Según cuenta Bruder, la empresa había tenido problemas para contratar a personas en momentos de actividad punta. Amazon lanzó entonces de forma experimental esta iniciativa para el almacén de Coffeyville, Kansas, para el período de navideño de máxima actividad. Resultó ser un éxito y ahora es un patrón para toda la compañía en Estados Unidos. Los almacenes de Amazon son el lugar donde acaban esos cientos de miles de seres humanos convertidos en hormigas casi invisibles que van yendo y viniendo a lo largo y ancho de su país en busca de un trabajo mal pagado, con malas condiciones, extenuante, con escasas coberturas y sin apenas derechos laborales asociados. Olvídese de un salario mínimo decente, de una cobertura médica digna, de una asociación sindical, de un horario razonable o de una baja laboral pagada.

Medidores de productividad en tiempo real

El retrato que hace Bruder de las condiciones de trabajo en los almacenes de Bezos son la distopía hecha realidad. Y no sólo por lo que le cuentan a Bruder sino por lo que la propia periodista experimentó en carne propia: se hizo contratar por uno de ellos, en Haslet, Texas, con un tamaño de 19 campos de fútbol.

Cuenta Bruder que en las instalaciones de Amazon hay medidores de productividad personales en tiempo real y cualquier descenso puntual en la curva de productividad es acompañado de una reprimenda, dispensadores de analgésicos en las paredes para combatir el dolor, pasillos interminables poblados por trabajadores que llegan a caminar veinte y treinta kilómetros diarios en jornadas extenuantes entre robots sherpas "de color naranja, 100 kilos de peso y que parecen aspiradores gigantes", y cintas transportadoras… Todo ello, por supuesto, con el recordatorio generoso de que la empresa valora enormemente que no estén sindicados ni organizados.

"Para este tipo de trabajadores, que están yendo y viniendo y no tienen arraigo en un sitio concreto, es muy complicado asociarse en un movimiento organizado a medio o largo plazo", dice Bruder, que denuncia que "hay muchos ejemplos de gestores de Amazon que impelen a sus trabajadores a no que se organicen ni se asocien, hay hasta vídeos sobre esto". A pesar de todo, añade la escritora: "Creo que existe en Estados Unidos un interés renovado por estas organizaciones y por el poder del trabajador frente al empresario y por cómo pueden organizarse los trabajadores para luchar por sus derechos y sus condiciones laborales. En diciembre de 2019 cubrí una historia para la revista Wired sobre cómo la comunidad africana en Mineápolis (Minesota), fundamentalmente somalíes, se había convertido en la primera organización de gestión laboral estable en Amazon en términos de reclamar mejores condiciones de trabajo para los empleados". En cualquier caso, Bruder recuerda en su libro que una investigación de Morning Call de 2011 "reveló [en los almacenes de Amazon] unas condiciones de explotación similares a las de los talleres clandestinos".

"De todos modos", dice Bruder, "yo misma trabajé en Amazon [también lo hizo en una planta de remolacha azucarera en Dakota del Norte], pero el libro no es sobre mí. Entré en Amazon para entender las condiciones en que trabajaban las personas sobre las que escribía y qué podían sentir viviendo situaciones así, pero no para convertirme en un personaje del libro. Realmente la idea no era infiltrarme sino estar durante unos días en el mismo mundo que esos trabajadores itinerantes".

Aunque en País nómada son mencionadas otras empresas como Walmart o Uber, Amazon es la que tiene una presencia nuclear. "Amazon es enorme y domina muchísimo el mercado en Estados Unidos y la gente no sabe de la existencia de estos trabajadores itinerantes", dice Bruder, que añade: "Tenemos un sistema que en teoría fomenta la competición y tiene leyes antimonopolio, pero eso ha dejado de funcionar: Amazon es una compañía muy singular en términos de lo que hace y del poder que tiene en la economía".

Linda Chesser es la persona central de esa odisea hacía ninguna parte que narra Bruder. Pero enseguida Bruder descubrió que no era un perfil estrambótico entre los trabajadores itinerantes. La reportera encontró a gente como Don Wheeler, de 69 años, quien en su anterior vida había trabajado con un buen puesto en una empresa de informática; su salario había llegado a ser tal que gastaba 100.000 dólares anuales (85.000 euros) pero "en la nueva vida", cuenta Bruder en libro, "ha aprendido a sobrevivir con 75 dólares [64 euros] a la semana". También aparece LaVonne Ellis, una periodista de 77 años, que había trabajado para la cadena nacional ABC y como directiva de una emisora de Mineápolis. También recorría el país en su furgoneta y acampaba aquí y allá según el trabajo que encontrara.

"En Estados Unidos hay cientos de miles de personas así, hay estimaciones y las recojo en su libro, aunque no hay datos, y esto es muy preocupante. Ahora, además, debe haber mucha más gente por la crisis desatada por la pandemia", dice Bruder. "Realmente deseo que alguien estudie este fenómeno porque es uno de esos terrenos donde es imprescindible tener datos. El problema es que para ejercer tus derechos realmente en Estados Unidos es muy importante tener un trabajo en un lugar estable: el seguro de salud depende del trabajo, para obtener el permiso de conducir uno ha de tener una dirección estable en algún sitio, para votar también, etcétera, y estamos hablando de una gran cantidad de población".

Entre los datos indirectos que ofrece Bruder en País nómada destaca éste: casi nueve millones de personas de 65 años o más siguen trabajando en Estados Unidos, un 60% más que diez años antes, y sólo un 17% de los estadounidenses prevé dejar de trabajar en sus últimos años de vida.

"Arruinado, solo y sin casa"

A lo largo de las 300 páginas de País nómada las personas con las que habla Bruder comentan su situación, unos con más pesar que otros, pero ninguno de ellos carga contra las grandes fortunas o las empresas que están promoviendo este modelo económico y laboral y tampoco se cuestiona frontalmente el sistema del país, simplemente, comentan con resignación que el modelo en el que vivían se ha terminado. Como hace Bob, un trabajador itinerante que lanzó una web para contar su experiencia y reflexiones; escribió: "Hubo un tiempo en que teníamos un contrato social que establecía que, si una persona cumplía las normas (estudiaba, conseguía un empleo y trabajaba duro), todo iría bien. Ya no es así. Uno puede hacerlo todo bien […] y aun así acabar arruinado, solo y sin casa".

Para explicar esto, Bruder recurre a sendas frases de los escritores norteamericanos Kurt Vonnegut y John Steinbeck. Los estadounidenses pobres se burlan de sí mismo y ensalzan a los más afortunados que ellos, dijo el primero. "Y Steinbeck dijo algo parecido: que los americanos no se revelaban porque se consideraban todos no como obreros sino como capitalistas temporalmente avergonzados", dice Bruder.

Según cuenta Bruder en el libro, muchos no se califican de trabajadores itinerantes, simplemente se ven dentro de una fase transitoria para ganar algo de dinero porque puntualmente les ha ido mal. Incluso, hay quien presume con orgullo de ser uno de esos que trabaja duro. Un trabajador itinerante le contó a Bruder: "Hay muchísimos quejicas indolentes, holgazanes y vagos deseosos de quejarse de casi cualquier cosa y no es difícil encontrarlos. Yo no soy uno de ellos".

Bruder describe alguna oferta de trabajo sin salario asociado y otras en la que señalan que lo importante es la experiencia de trabajar y de conocer a gente nueva, qué más da las condiciones. En el fondo de esto, como cuenta la periodista en País nómada, hay una concepción casi nacionalista o religiosa del trabajo. Como le dijo el antiguo supervisor de calidad de la instalación de la planta de US Gypsum, Calvin Ryle, que había trabajado 39 años y 7 meses en la misma hasta que cerró: "Lo peor que puede ocurrir en una fábrica es echar el cierre. Aquí participamos en la construcción del país".

"Sin embargo", dice Bruder, "todo esto se produce en un sistema que se basa en poner todo el riesgo sobre los hombros del trabajador, que tiene la falsa apariencia de que todo es posible y eso se traduce como la existencia de un grado máximo de libertad. Y cuando las cosas te van mal el sentimiento más común es la vergüenza".

"Mucha gente que conocí y que trabajaban en almacenes de Amazon acaban sus jornadas laborales exhaustos y su vida depende del cheque con el que cobraban su sueldo. Para protestar o clamar contra esa situación supondría poner toda esa responsabilidad sobre sus hombros. Es una situación realmente difícil para ellos", dice Bruder.

Linda Chesser recorría con su furgoneta los campos de trabajo de Estados Unidos, pero tenía un plan. Se acercaba a los 70 años y no podía seguir así toda la vida. Quería comprar un terreno e instalarse. Una casa sostenible. Muchos trabajadores itinerantes, cuenta Bruder, tienen sueños anticonsumistas: hacerse una casa sencilla con sus propias manos y materiales duraderos, que use energía solar o eólica, pozos de agua, que aproveche el agua de la lluvia y vivir así con lo mínimo. Nada de esa cultura de comprar en el centro comercial o por internet para tirarlo todo al poco tiempo o que se rompa y volver a la misma rueda una y otra vez a costa de la tarjeta de crédito.

Linda encontró primero un terreno muy barato en el árido suelo de Arizona. Lo allanó y trató de construir una casa. "Pero aquellas tierras eran demasiado cálidas", dice Bruder, "fue demasiado para ella, así que las donó a una organización, Home in Wheels Alliance, que ayuda a las personas nómadas y los trabajadores itinerantes. Después de eso, Linda se mudó cerca de Taos, un pueblo de unos 5.000 habitantes en el Estado de Nuevo México. Allí planea construir sus proyectos de vida sostenible y sencilla junto a otros cuatro amigos que encontró en la carretera: Gary, LaVonne y una pareja que vivía en un autobús escolar". Todos ellos tienen más de 70 años. Será la Ítaca que dé el carpetazo final a tantos años en la carretera.

Washington

12/10/2020 07:58

Por manuel ruiz rico

@ManuelRuizRico

Publicado enSociedad
La mala salud de hierro de la economía mundial

Los expertos auguran una aceleración del crecimiento en 2020, liderado por Europa y los emergentes, si la tensión comercial disminuye

 

La palabra resiliencia no es nueva, pero se ha puesto de moda en los últimos años. Según la Real Academia Española, este término hace referencia a la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”. Un significado que bien podría asociarse a la economía mundial. El crecimiento previsto para 2019 es del 3%, el nivel más bajo desde la salida de la crisis financiera. La desaceleración resulta evidente —en 2017 el avance fue del 3,8% y en 2018 del 3,6%— y hasta cierto punto comprensible: a la fase final de un largo ciclo de expansión se le han sumado lastres geopolíticos de calado. Sin embargo, casi nadie otea una recesión en el horizonte; más bien al contrario, el consenso de los analistas apunta a que en 2020, a medida que el pulso arancelario vaya atemperándose, hay opciones de asistir a una moderada aceleración. La última actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula un avance del PIB global del 3,4% el próximo año.

“Si bien los indicadores industriales muestran una incipiente mejora, el crecimiento seguirá siendo modesto. La madurez del ciclo económico así como el elevado endeudamiento y los déficits fiscales limitan el potencial de recuperación”, señala Joan Bonet, director de estrategia de mercados de Banca March. Esta opinión es compartida por Nannette Hechler-Fayd’herbe, responsable de análisis global de Credit Suisse: “Prevemos un crecimiento económico moderado, una continuación de condiciones de liquidez favorables y un relajamiento de las tensiones geopolíticas. A medida que disminuya la guerra comercial entre EE UU y China debería mejorar la confianza de las empresas”.

Uno de los colchones de seguridad con los que cuenta la economía mundial son los bancos centrales. En 2019, tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) tuvieron que dar marcha atrás en la hoja de ruta que habían diseñado y que tenía como objetivo normalizar los tipos de interés. El panorama se oscurecía por momentos y tuvieron que sacar de nuevo la manguera de la liquidez. Los efectos de estos estímulos deberían extenderse al nuevo año. “Vemos un punto de inflexión en el crecimiento económico global durante la primera mitad de 2020. El impacto de tal relajación en las condiciones financieras llega con retraso a la economía real, pero en esta ocasión ese decalaje es mayor debido a las políticas proteccionistas”, señalan los expertos de BlackRock en su informe de perspectivas.

Tipos de interés

La Fed ha recortado en tres ocasiones los tipos de interés en EE UU durante 2019, dejándolos en la horquilla de entre el 1,5% y el 1,75%, mientras que el BCE mantiene el tipo de referencia en el 0%. El mercado no espera más recortes en el precio del dinero en los dos principales organismos monetarios, pero tampoco se vislumbra ningún movimiento al alza de calado a medio plazo ya que los datos de inflación están aún lejos de ser una amenaza. “Nuestro escenario principal contempla que la Fed haga una pausa en los recortes de tipos en 2020. En el caso del BCE y el Banco de Japón, esperamos que prosigan con la expansión cuantitativa y mantengan sus políticas de tipos de interés cero. En general, si 2018 para los principales bancos centrales fue un año de endurecimiento de las medidas monetarias y 2019 de suavización de las mismas, creemos que 2020 será el año en el que se haga un alto en el camino”, señalan desde la consultora Mercer.

La clave de bóveda sobre la que sostiene la posibilidad de una aceleración del crecimiento mundial en 2020 es la mejora del clima comercial. El año que está a punto de concluir se ha caracterizado por la política del palo y la zanahoria en las relaciones entre Washington y Pekín. El caso Huawei es el mayor exponente de estas tensiones. Sin embargo, en las últimas semanas se han dado algunos pasos para reconducir la situación. Uno de ellos es la firma por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de la primera fase del acuerdo con China. Como consecuencia de este pacto, EE UU no aplicó el 15 de diciembre los aranceles que iban a entrar en vigor (aunque sí mantiene los existentes hasta esa fecha), mientras el gigante asiático hará lo propio.

“Un acuerdo para reducir o eliminar los aranceles existentes y un compromiso de dejar de añadir nuevas tasas podrían reducir sensiblemente la incertidumbre en la economía mundial, liberar la demanda acumulada en inversión por parte de las empresas y permitir que Trump proclame victoria en un año electoral”, reconoce Mark Haefele, responsable de la división de grandes patrimonios de UBS.

Las negociaciones comerciales continuarán en 2020 y algunos analistas aconsejan no echar las campanas al vuelo. Libby Cantrill, responsable de políticas públicas de Pimco, una de las mayores gestoras de renta fija del mundo, califica los avances de “tregua débil”. “No se puede deducir que toda la incertidumbre ha sido eliminada tras el acuerdo de la fase uno, ya que se mantendrán muchos de los aranceles. Además, habría que ser prudente a la hora de visualizar futuros avances, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha costado llegar hasta la firma de la primera fase y que muchos de los asuntos más espinosos, como el subsidio a las empresas estatales, se han pospuesto para las próximas rondas de contactos”, recuerda Cantrill.

Otro de los culebrones de 2019, el Brexit, podría empezar a vislumbrar también una salida en el próximo curso, circunstancia que despejaría las incertidumbres actuales. La contundente victoria de Boris Johnson en las recientes elecciones británicas y la mayoría conservadora en el Parlamento han acelerado la aprobación de la ley para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), texto que incluye la prohibición de nuevas prórrogas más allá de diciembre de 2020.

Está por ver si en el año que queda hasta ese límite Londres y Bruselas serán capaces de negociar una nueva forma de relación política y comercial. “Es un plazo demasiado abreviado para cerrar un acuerdo multisectorial entre los 28 países, que debería ser aprobado además por los respectivos parlamentos nacionales”, señalan los economistas de S&P. La principal agencia de calificación de riesgos del mundo cree que la mayoría obtenida por Johnson le da más margen para negociar con Bruselas, aunque advierte que no se puede descartar del todo un Brexit sin acuerdo. “Pensamos que el Reino Unido podría pedir una extensión del plazo a la UE. Sin esta prórroga el acceso de las compañías británicas a los consumidores europeos pasaría a regularse según los términos de la OMC el 1 de enero de 2021, lo que supondría el pago de tarifas significativas en sectores clave como automoción, agricultura y comercio minorista. Ese escenario dañaría al Reino Unido más que a la UE ya que su relación comercial es asimétrica”, explican en S&P.

EE UU ha sido el principal motor de la economía mundial tras la salida de la Gran Recesión. Su economía acumula desde 2009 la mayor fase expansiva de la historia con 125 meses de crecimiento ininterrumpido. El gigante estadounidense cuenta con el apoyo de la Fed y un mercado laboral robusto que aviva el consumo interno. Sin embargo, las previsiones de los expertos apuntan a que en el rebote de la economía mundial EE UU debería ceder protagonismo a otras áreas como la UE o los países emergentes. El FMI calcula que en 2020 EE UU crecerá un 2,1% frente al 2,4% estimado para este año.

“El impulso de los recortes fiscales se está desvaneciendo, la incertidumbre relacionada con la política comercial parece estar afectando a la inversión de las empresas, y los indicadores del mercado laboral se están moderando. Sin embargo, la relajación de las políticas monetarias y la solidez de las finanzas de los consumidores deberían evitar que el crecimiento de EE UU caiga demasiado”, pronostica Joseph Little, responsable de inversión de HSBC Asset Managemet

Enigma electoral

En la ecuación que manejan analistas y gestores para vislumbrar cómo será la economía mundial el próximo año, una variable impredecible son los comicios en EE UU. El 3 de noviembre de 2020, el electorado de este país decidirá quién ocupará la Casa Blanca hasta 2024, así como la conformación del Congreso. “Con las elecciones presidenciales cerniéndose en el horizonte, habrá que prever turbulencias tanto en política nacional como en política exterior, independientemente de que Donald Trump siga en el poder o deje paso a los demócratas. Aunque se mantenga la tregua en la guerra comercial con China, es muy probable que surjan otras cuestiones, como la reforma tributaria y de la competencia, que traiga volatilidad”, recuerda Michaël Lok, director de inversiones de Union Bancaire Privée (UBP).

Por su parte, China prosigue con su aterrizaje que, aunque es suave, no encuentra todavía suelo. Si en 2018 el gigante asiático crecía el 6,6%, este año cerrará con un avance de su PIB del 6,1% y en 2020 la aceleración se frenará hasta el 5,8%, según el FMI. “Es un año importante para China. En 2010, el Gobierno se comprometió a duplicar el tamaño de la economía y los ingresos medios para 2020. Para alcanzar estos objetivos, las autoridades tendrán que garantizar al menos que el crecimiento se mantenga en el nivel simbólico del 6%. Es posible una mayor flexibilización de la política económica”, indica Keith Wade, economista jefe de Schroders.

Escenario más benigno

Junto con Europa, los otros candidatos a liderar la aceleración en el crecimiento mundial son los países emergentes, con especial protagonismo para Latinoamérica —la previsión apunta a una mejora del PIB del 1,8% frente al 0,2% de 2019—. “Los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal durante 2019 han reducido la presión sobre los mercados emergentes, principalmente de aquellos que dependen de la financiación en dólares estadounidenses. Gracias a que la inflación está disminuyendo, los bancos centrales de varios de estos países tendrían margen para reducir el precio del dinero”, argumentan en Credit Suisse.

En este tablero de juego aún plagado de minas, pero en principio más favorable que hace unos meses, ¿qué puede pasar con la economía española? Las proyecciones apuntan a que continuará la desaceleración del crecimiento del PIB (1,8% en 2020 frente al 2,1% de 2019), pero a pesar de ello España debería seguir siendo uno de los alumnos aventajados entre los países desarrollados.

El principal riesgo que ven los expertos viene del lado político. La negociación para formar Gobierno aún no había llegado a buen puerto al cierre de esta edición y, en el caso de contar con el apoyo de ERC, los socialistas tienen la intención de liderar un proyecto que incluye a Podemos en el Ejecutivo, algo que no es muy del agrado de los mercados. “La nueva alianza de izquierdas no podrá contar con una mayoría estable, mientras que los límites de maniobra fiscal del país serán puestos a prueba. Después de años por encima de su potencial, el crecimiento de España se está reajustando”, advierten en AXA.

Más pesimistas en relación con la inestabilidad política son en Julius Baer. “La perspectiva de un Gobierno débil y poco favorable a la libertad de empresa nos ha llevado a reducir nuestro optimismo respecto de la economía española. Recientemente hemos rebajado la proyección de crecimiento para España en 2020 al 1,7%”, indican en el banco suizo. “La expectativa de una subida de impuestos podría agravar esta tendencia, pero seguimos confiando en que el incremento de los salarios, la bajada del ratio de endeudamiento de las familias y la facilidad de acceso al crédito mantengan la demanda interna e inclusive rebote. El sentimiento empresarial también se ha deteriorado porque se espera una presión fiscal sobre las compañías y mayores costes regulatorios”.

Como ocurre muchas veces, lo urgente relega a lo importante. Si bien las previsiones económicas son menos dramáticas que hace 12 meses, sobre la mesa queda aún por resolver un cuestión clave que marcará el devenir del mundo en las próximas décadas: cómo cambiar el modelo económico para que sea menos contaminante, reduzca las tasas de desigualdad y sea más justo con las mujeres.

En el caso de Europa, si bien el crecimiento en 2020 no será para tirar cohetes (1,4%, según el FMI), sí constituirá una mejora con respecto al del año que está a punto de concluir (1,2%). La aceleración vendrá de la mano de Alemania, que tras un año muy difícil para una economía tan exportadora debido a las tensiones comerciales, debería beneficiarse de las menores tensiones arancelarias. Además, el resto de socios comunitarios mirará con atención a Berlín por si el Gobierno alemán cede a las presiones y usa su buena situación presupuestaria para estimular todavía más su crecimiento. “En Europa, la política monetaria ha alcanzado sus límites e incluso los miembros más centristas del consejo de gobierno del BCE reconocen los efectos colaterales no deseados de sus políticas no convencionales. Solo hay un margen fiscal relevante en Alemania, creemos que en 2020 se aplicarán los estabilizadores automáticos, pero que el impulso fiscal adecuado no llegará hasta 2021, cuando las debilidades del mercado laboral empiecen a acumularse”, reconocen en AXA Investment Managers.

Por DAVID FERNÁNDEZ

Madrid 29 DIC 2019 - 03:30 COT

Publicado enEconomía
Martes, 28 Mayo 2019 06:56

Trabajo digno, social, duradero

Trabajo digno, social, duradero

Más que cualquier otro parámetro de la realidad humana, el trabajo es la clave que define el futuro de los seres humanos. Y ese futuro es incierto. “El trabajo reviste un valor social: de colaboración, de creación de un mundo común, de relaciones. Por ello cristaliza también las situaciones de desigualdad”. Con este postulado sintetizado por el Ceras (Centro de investigación y de acción sociales), ampliado por le OIT (Organización Internacional del Trabajo) a través del principio de “un trabajo decente” y el imperativo de una ecología integral diseñado por el papa Francisco en su Encíclica Laudato si se llevó a cabo en la Unesco un coloquio internacional sobre el tema “Qué trabajo para una transición ecológica y responsable”. La relación entre el trabajo y la ecología es mucho más profunda de lo que las apariencias de la tecnocultura permiten entrever. Según la OIT, en 2014 “alrededor de 1400 millones de puestos de trabajo –40% del empleo mundial– dependían de los procesos naturales”(ILO, 2018). De allí la trascendencia de un coloquio que contó con la presencia de decenas de expertos y una delegación argentina que presentó un proyecto de innovación y acción social a partir de experiencias de inclusión y de revinculación de los jóvenes sin empleo con el mundo del trabajo. 

Invitados por la teóloga Emilce Cuda, especialista en moral social, asesora del Celam, profesora en la Universidad Jaureche, en la UCA e integrante del equipo de investigación del Ceras en la línea “trabajo y ecología”, un grupo de argentinos miembros de Los Cuidadores de la Casa Común y monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, expusieron en París el proyecto con el que trabajan en la Argentina sino una ampliación de los criterios adelantados por la Organización Internacional del Trabajo. La doctora Cuda acota al respecto que “a finales del siglo XX la consigna de la OIT fue un empleo decente. Esto es válido sólo en sociedades de pleno empleo, o en contextos de economías avanzadas como Estados Unidos y Europa. Cuando nos movemos a otros contextos donde la economía no llegó a esos niveles, ahí no podemos hablar de empleo decente. El problema que tenemos es que en nuestros sistemas no hay empleos, o son marginales. La lucha es entonces por trabajo digno. Allí se cambia la consigna inicial: ahora es trabajo digno, es tierra, techo y trabajo”. Con la base del Laudato si de Francisco, en los dos años de trabajo que consumió la investigación del Ceres se trató de instalar la diferencia entre “trabajo decente y trabajo digno”. En la capital francesa, uno de los testigos y protagonistas de esa articulación fue monseñor Jorge Lugones. Aquí radica la particularidad de la presencia Argentina en París: “se expuso el único proyecto de acción que está funcionando en la Argentina hace tres años con unas 5000 personas incluidas (Emilce Cuda)”. Monseñor Lugones explica que la propuesta presentada en París “tiene como destinatarios los jóvenes en riesgo, en vulnerabilidad psicosocial. En la Argentina tenemos más de un millón de chicas y chicos que ni estudian ni trabajan”. Esa posibilidad de una acción en el terreno es lo que sobresalió en el coloquio de la Unesco mediante un plan activo y probado que incluyó, por ejemplo en Lomas de Zamora, “el encuentro entre empresarios, cámaras de comercio, movimientos sociales, pequeña y mediana industria, sindicatos, universidades hasta la inserción efectiva de los jóvenes en el ámbito del trabajo”.


El punto de apoyo y desarrollo ha sido, explica monseñor Lugones, “el Laudato si. Nosotros implementamos que esa carta del Papa podía ser algo importante para los chicos y chicas que están en vulnerabilidad psicosocial. Los Cuidadores de la Casa Común responden a ese enunciado. Para ser cuidador de La Casa Común hay que cuidarse a si mismo, y hay que intentar también cuidar al otro. Aquí, en París, no he visto ningún ejemplo donde se haya llevado a la práctica el Laudato si de esta manera”. Los Cuidadores de la Casa Común son una emanación del texto papal y su labor se conecta con el eje común de todas las problemáticas que se plantean en todo el planeta, es decir, el desempleo y esa idea algo perversa que, como lo acota Emilce Cuda, conduce a que “algunos quieran corregir la situación del siglo XXI al siglo XX”. Monseñor Lugones recuerda al respecto que “el trabajo decente era para los siglos XIX y XX cuando había trabajo. Hoy no hay trabajo. Cuando más se achica el Estado, más arrasan las políticas neoliberales. En América Latina hay un avance despersonalizante. Ya no se piensa en la persona, se piensa sólo en la ganancia”. Pensar distinto y actuar con otro perfil sobre la realidad, esa es la consigna. “Hablar del trabajo es seguir considerándolo como mercancía. Tenemos que conseguir otro modo de garantizar el trabajo que no tiene que ser necesariamente asalariado en condiciones de explotación, sino remunerado y creativo.

Es preciso también tornar visible al trabajador más que al trabajo. Como dice el Papa, la solución no es economicista sino que se trata claramente de un cambio cultural”, detalla Emilce Cuda. Ignacio Alonso Alasino, coordinador del proyecto global El Futuro del Trabajo en la Comisión Católica para las Migraciones, acentúa que el futuro del trabajo depende mucho de “la transición ecológica hacia una economía que deje de ser del descarte y piense desde un enfoque más humano”. La modificación del horizonte laboral ha trastornado la vida de millones de personas. Nomadismo laboral, trabajos temporales, contratos sin derechos llevan a que “nadie disfrute del trabajo, a que la gente trabaje mucho para ganar muy poco sin siquiera contar con que sus beneficios sociales sean respetados. La falla primera está en el sistema económico”, agrega Alasino. Para salir hacia arriba de este circulo vicioso el diálogo social con todos los actores es central, tanto como la inclusión de la dimensión medioambiental. Durante dos años, la OIT y el Ceras trabajaron en un grupo internacional compuesto por unos 30 actores sociales para elaborar el manifestó “Por un trabajo social, decente y duradero”. El texto toma en cuenta “el futuro del trabajo como parte integrante de la transición ecológica” y sus múltiples derivados, empezando por la evidencia: “la urgencia ecológica es también una cuestión de justicia social”. La Argentina, con sus experiencias de inclusión de los vulnerables, trazó en París un camino para unir lo decente con lo digno.


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Martes, 21 Agosto 2018 07:21

El milagro boliviano

El milagro boliviano

El Deber es el periódico más vendido en Bolivia. Es un diario serio, clásico de las élites de Santa Cruz, el centro comercial del país. Su orientación es claramente conservadora. Expresa sin ambigüedad los intereses de la derecha tradicional cruceña.


El pasado 6 de agosto, 193 aniversario de la independencia boliviana y de la creación de la república, publicó en sus páginas una encuesta encargada a Captura Consulting. En ella se preguntó: Cuál presidente de la historia moderna de Bolivia generaba mayor admiración. La respuesta fue contundente: Evo Morales ocupó el primer puesto con 41 por ciento de las opiniones. Muy por debajo de él, con apenas 14 por ciento, quedó Carlos Diego de Mesa.


Al interpretar en el mismo rotativo el significado del sondeo, Diego Ayo, ¬ahora analista político, opositor furibundo del presidente Morales, ex viceministro de Participación Popular del gobierno neoliberal en Bolivia y funcionario de Usaid, respondió: Estamos frente a una suerte de leyenda, y eso hay que decirlo sin mezquindades. Evo ha significado la ciudadanización política del aimara, lo cual es un cambio paradigmático.
Fue el presidente Evo Morales quien me habló sobre el sondeo de El Deber en la entrevista que le hice en Cochabamba el pasado 10 de agosto. Estaba sorprendido. “Esa no es nuestra encuesta, es la encuesta de la derecha –me dijo–. Ustedes saben que algunos medios de comunicación no nos quieren para nada. Y, además de eso, es una encuesta realizada solamente en las ciudades y nuestra fuerza siempre han sido las áreas rurales”.


Para él, el mensaje de ese sondeo es muy preciso: el pueblo se plantea que es necesario continuar con nuestra revolución democrática y cultural. Explicó: Hicimos un gran cambio de un Estado colonial a un Estado plurinacional. Económicamente nacionalizamos los recursos nacionales, recuperamos las empresas. El pueblo quiere que Evo termine las grandes obras. La sociedad boliviana está moralmente conforme con su proceso de transformación.


Evo Morales asumió la presidencia el 22 de enero de 2006. Desde esa fecha, en buena parte como resultado de la conquista de su soberanía energética y la recuperación estatal de empresas estratégicas, la economía boliviana es una locomotora que no se detiene. En 2006, el producto interno bruto (PIB) era de alrededor de 6 mil millones de dólares y ahora es de más de 37 mil millones. En los recientes 10 años, la economía ha crecido en promedio anual de 5 por ciento, a pesar de la caída en el precio del petróleo y las materias primas. En 2014 aumentó 5.5 por ciento; en 2015, 4.9 por ciento; en 2016, 4.3 por ciento, y en 2017, 4.2 por ciento. En 2018 crecerá en torno a 4.8 por ciento.


“Cuando llegamos –me contó en Cochabamba– sólo se exportaba gas natural y se importaba gas licuado del petróleo (GLP). Ahora estamos exportando GLP. Tenemos dos plantas separadoras de líquidos y una planta de GNL (gas natural licuado). Ahora nosotros tenemos una planta de GNL y estamos acá preparados para exportar GNL a otros países vecinos, y no perdemos la esperanza de exportarlo a otros continentes. Antes se importaban fertilizantes y ya estamos exportándolos a Brasil. En temas de construcción de caminos, estamos integrando el oriente al occidente. Tenemos aeropuertos ya terminados y algunos por terminar. Hemos empezado con la industrialización. En el litio estamos invirtiendo cerca de mil millones de dólares. En el momento en que terminemos la industrialización del litio estoy convencido de que vamos a poner el precio del litio para el mundo, porque tenemos la reserva más grande del mundo. Hemos empezado a industrializar el hierro, ya no vamos importar hierro para la construcción.”


La riqueza generada ha servido para combatir la pobreza. Ésta se redujo a 36.4 durante 2017 frente a 59.9 de 2006. Su nivel histórico más bajo. A pesar del multilingüismo, la tasa de analfabetismo es ahora de solamente 2.7 por ciento, a diferencia de 27 por ciento de 1995. El cuarto lugar en América Latina. Entre 2005 y 2016 el coeficiente Gini de desigualdad bajó de 0.60 a 0.41.


A diferencia de épocas anteriores, la presidencia de Evo Morales se ha caracterizado por la estabilidad. Ha encabezado el Estado durante 12 años. No siempre fue así. “La historia cuenta que en 24 horas había tres presidentes –me dijo en Cochabamba–. Cinco años antes de mi llegada al gobierno, cada año había un presidente. En 2001, Hugo Banzer Suárez; en 2002, Jorge Tuto Quiroga; en 2003, Gonzálo Sánchez de Lozada; en 2004, Carlos Mesa, y en 2005, Eduardo Rodríguez. Así era la situación política del país”.


Como demuestra la experiencia boliviana, los milagros existen. Su proceso de transformación muestra que es posible seguir un modelo no neoliberal, que recupere la soberanía popular, descolonice el Estado, pague la deuda histórica con sus pueblos originarios y abra las puertas a la participación popular en las decisiones trascendentales de la nación.
Twitter: @lhan55

 

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“Hay que cooperar, no buscar la implosión”

El líder socialista español se define a sí mismo como un “testigo incómodo”, a la vez que critica a los países que buscan aislar a Venezuela. En su rol de mediador, el ex presidente ha viajado 33 veces a Venezuela y 10 a República Dominicana.

 En la sede porteña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lo esperan varios veteranos militantes, como Maruja, que le muestra un póster con su cara y le pide sacarse una foto. El ex mandatario José Luis Rodríguez Zapatero, vestido de traje azul, los saluda por unos minutos y accede a un breve diálogo con PáginaI12 y la TV Pública, antes de reunirse con la ejecutiva del partido en Buenos Aires. En unas horas estará viajando a Madrid. Y quién sabe cuánto tiempo pase para que tome un avión a Caracas, ya que Rodríguez Zapatero lleva los últimos tres años como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Ha viajado 33 veces a Venezuela y 10 a República Dominicana. 

El líder socialista español se define a sí mismo como “testigo incómodo” y sostiene que está convencido de que el diálogo es la solución al conflicto, a la vez que critica a los países que buscan aislar a Venezuela. “Discrepo de la posición de una parte de la comunidad internacional que desconoce el proceso electoral. Hay un hostigamiento, unas sanciones económicas que están bloqueando no sólo al gobierno sino al pueblo, al no poder importar productos básicos y medicinas. La comunidad internacional debería cooperar y no buscar la implosión de la situación”.


–Después de la espiral de violencia, de los muertos de ambos lados, de las detenciones de manifestantes, de la realización de elecciones presidenciales que una parte de la oposición no reconoció: ¿el diálogo en Venezuela está en punto muerto?


– En Venezuela tenemos un conflicto de 20 años entre el chavismo y la oposición. En 2002 hubo un intento de golpe contra Chávez. No se puede entender lo que pasa ahora sin atender a ese momento. Porque el gobierno de Maduro tiene la sensación de que vive en amenaza permanente de golpe de Estado. No se explicaría el tema de los presos, yo trabajo para que estén en libertad -en las últimas tres semanas se liberaron a 142 personas–. También hay policías encarcelados. Vi cómo se quemaban vivas a personas por su ideología. El diálogo no solo es un método, un camino, sino que es un fin en sí mismo. Hay que mantener siempre la expectativa de diálogo. Los que no quieren reconocer al presidente, no lo hacen ni con Cuba ni con Corea del Norte, eso se llama tener doble vara.


–En las últimas elecciones en las que fue reelecto Maduro Henry Falcón fue el único candidato de la Mesa de la Unidad Democrática que se postuló.


–(interrumpe) ¿Sabe usted por qué?. Porque la oposición rechazó firmar el acuerdo para realizar los comicios. Pregúntele al gobierno de República Dominicana, estábamos allí. Si Venezuela está mal, ayúdele. Esa es mi visión de las relaciones internacionales. Todos los conflictos tienen que tener una salida pacífica y negociada. En Venezuela hay que refundar el diálogo, unos tienen que reconocer a los otros. Un enfrentamiento civil sería muy desestabilizador para la región.


–La región ha dado un giro a la derecha. En Argentina y Brasil las políticas económicas que se aplican están dando un efecto muy negativo para las mayorías.


–La democracia es cíclica, pero cada país tiene su propia dinámica. Más que girar a la izquierda o a la derecha, lo importante para Latinoamérica es que gire para unirse. Lo estamos viendo en Argentina: si hubiera una unión latinoamericana seguramente no hubiéramos tenido que contemplar y pedir recursos externos, porque hoy un país mediano o pequeño en la globalización de los mercados tiene muy poca capacidad de defensa. Con la crisis financiera en Europa si no hubiese sido por la unión de los europeos, con un Banco Central Europeo poderoso, habríamos tenido problemas quizá irresolubles. Yo quiero ver que haya un cambio a favor de la unión latinoamericana y caminar hacia una unión política, como sería un parlamento latinoamericano, con una unión económica y comercial.


–Hoy encontramos un Mercosur estancado y una Unasur dividida…


–Vivimos en un tiempo de aceleración y de sorpresas. Puede pasar cualquier cosa. Voy a confesar algo: nadie esperaba una semana antes lo que pasó con Argentina y la crisis de los mercados. Al revés, había un clima favorable, por lo menos es lo que yo percibía en la comunidad financiera internacional.


–¿Y ahora que percibe?


– Yo confío más en Argentina que en los mercados. Ahora otra vez se ha levantado la sospecha, y cuesta recuperarse.


–En Argentina se dio media sanción a la ley de despenalización del aborto. España sirve como antecedente, siendo que la norma fue aprobada durante su gobierno. ¿Qué puede decir al respecto?


–Después de ocho años de aprobación de la ley, el balance es muy positivo, porque se ha reducido notablemente el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Porque hay más educación, más información. La legalidad de las cosas es siempre el camino para que mejoren. Es poner legalidad y normalidad donde hay ilegalidad y riesgo.


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Se agita la protesta laboral en Colombia: paros en magisterio, Min-trabajo, ICBF y taxistas.

Varias circunstancias se han juntado para hacer de ésta una semana bastante agitada en cuanto o movilización y protestas laborales, como hacía tiempo no se veía.

De un lado, varias agremiaciones de taxistas realizan hoy miércoles un paro nacional en protesta por la falta de acción de las autoridades locales y de tránsito para detener las plataformas ilegales que prestan servicio público, como Uber. Y hoy también los funcionarios del Ministerio de Trabajo iniciaron un paro indefinido por el incumplimiento de un acuerdo de nivelación salarial pactado hace dos años.


Mañana jueves los más de 300 mil educadores adscritos a Fecode paralizarán labores indefinidamente, ante la negativa del Ministerio de Educación a negociar los puntos sustanciales del pliego petitorio presentado el 28 de febrero. Y pararán también los empleados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde desde hace 3 años el Gobierno se comprometió ampliar la planta de personal con 2 mil cargos formales, y a hacer una nivelación salarial general, pero no ha cumplido ni una cosa ni la otra, según denunció Sintrabienestar, sindicato que lidera el paro de los más de más de 3 mil empleados de esta entidad.


Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT, dijo que es posible que el martes 16 de mayo también paralicen labores los trabajadores del SENA y de la rama judicial, suyas directivas sindicales están en consultas para tomar una decisión al respecto. La razón es la misma: incumplimientos de acuerdos pactados con el Gobierno.


Para este dirigente sindical la situación es parecida a la que el país vivió hace 20 años, al final del gobierno Samper, cuando hubo una seguidilla de incumplimientos de compromisos adquiridos con los trabajadores estatales, lo cual generó un clima de inconformidad que terminó en un gran paro estatal que duró más de un mes. En ese momento Samper era un presidente debilitado por el proceso 8.000, como hoy lo está el presidente Santos, cuya popularidad está en el piso más bajo, rodeado de escándalos de corrupción y un pobre balance económico y social.


“Hoy hay incumplimientos del Gobierno en casi todas las entidades del Estado, hemos firmado dos acuerdos marco estatales y centenares de acuerdos de orden local y regional, y la mayoría se ha incumplido”, precisó Maltés.


Las razones de Fecode

“Nuestra aspiración era que luego de 40 días de negociaciones de nuestro pliego, lográramos llegar a un acuerdo sin necesidad de movilizaciones ni de paros. Pero a 3 días de que se cumpla ese plazo el Gobierno se ha negado a tocar los puntos gruesos del pliego, y lo justifica con la frase de siempre: no hay plata, el mismo argumento que esgrime en la mesa de negociación de los estatales, donde tampoco ha habido acuerdos sino dilaciones”, comentó Rafael Cuello Ramírez, Secretario General de Fecode, organización que convocó para mañana jueves un paro nacional indefinido que dejará sin clases a unos 8 millones de estudiantes.


El directivo sindical reconoce avances en 11 puntos del pliego que negocian con el Ministerio de Educación. “Pero son los puntos menores, porque cuando llegamos a los puntos nodales, los que tienen que ver con la parte económica y la reforma al sistema general de participación, hay se atranca la negociación”, agregó.


Según Cuello, el origen de la situación actual es el acto legislativo 01 de 2001, que modificó el situado fiscal que proveía los recursos para la salud, el saneamiento y la educación, y lo cambió por el Sistema Nacional de Participación, que limita los recursos para esos tres sectores, los cuales, según Cuello, dejaron desde entonces de recibir $134 billones, y de ellos la mitad corresponde a educación.


“De ahí viene la crisis actual. No hay plata para servicios generales, para dotación, infraestructura, para nivelación salarial. Estamos cansados de que siempre nos saquen esa disculpa, y esta vez con un descaro mayor: nos dicen que hay que socializar un déficit fiscal de $1.6 billones. O sea que los maestros, que no hemos robado la plata en corrupción o en despilfarro, tenemos que contribuir para que el déficit se solucione a favor del gobierno”, señaló el Secretario General de Fecode.


Según esta organización sindical, lo que el Gobierno les está incumpliendo a los maestros con el argumento de la falta de plata, tiene que ver con el pago de deudas por diversos conceptos, como bonificación por servicios prestados, proceso de nivelación, proporcionalidad de la prima vacacional, cursos para evaluación, modificación de varios decretos que Fecode considera lesivos para la educación pública, entre otros. Y tiene que ver con un pírrico aumento salarial, pues, al igual que al resto de los funcionarios del Estado, para este 2017 la propuesta del Gobierno es aumentar solo el IPC más el 0.15%, o sea $2.250 pesos diarios, lo que ha generado un profundo malestar y descontento.


En la balanza de reclamos también está el tema de la salud del magisterio, que está en una situación crítica. El proceso de licitación fue nuevamente suspendido por la Fiduprevisora ante una solicitud de la Procuraduría General, y la fecha para el inicio del nuevo contrato está en duda.


“La salud para los maestros no es gratis, nosotros la pagamos de nuestro bolsillo y nos están dando un servicio terriblemente calamitoso. No avanza el proceso de licitación para un nuevo contrato, llevan un año en eso. Lo que queremos es que se firme el nuevo contrato de servicio de salud de los docentes, beneficiarios y pensionados, y se acabe con el pésimo servicio que recibimos”, enfatizó Cuello.


Otro tema nodal es la jornada única, y los decretos del gobierno que la instituyeron y que, según Fecode, se deben derogar porque introducen modificaciones de fondo en la carrera docente y el sistema educativo en general; aparte de no haber sido consultada con el magisterio. En este punto ha habido acercamientos con el Ministerio, pero no acuerdos, señaló Cuello, para quien ninguna reforma educativa puede pasar sin el concurso de los maestros.


“Cómo es posible que uno de los decretos establezca incremento salarial del 25% para los rectores que acojan la jornada única, pero no para los docentes. Tampoco hay nada sobre mejoras en alimentación para estudiantes, ni en infraestructura y una moderna dotación. Fecode está de acuerdo con la jornada única, pero no así”, precisó Cuello.


Itinerario del paro de maestros

De acuerdo con la información suministrada por Fecode, el paro nacional del magisterio arranca mañana con asambleas informativas de los docentes en todas las instituciones educativas. Estas mismas asambleas que se realizarán el viernes 12 de mayo, pero ya con los estudiantes y padres de familia, para explicarles las razones del paro.


El lunes 15 de mayo, que coincide con la celebración del Día del Maestro, habrá actividades culturales, artísticas y plantones. “Pero no vamos a hacer jolgorio, vamos a celebrar el Día del Maestro en medio de la movilización y el paro, en la lucha”, explicó Cuello Ramírez.


El martes 16 de mayo se realizará lo que Fecode ha llamado “La gran toma de Bogotá y las capitales de los departamentos” por parte del magisterio colombiano, con marchas y movilizaciones en la capital y en todo el país. A esta actividad ya anunciaron su vinculación otras organizaciones sindicales, en solidaridad y apoyo al paro magisterial.


Y el miércoles 17 de mayo se reunirá la Junta Nacional de Fecode para evaluar y hacer un balance de la situación, y definir si se continúa con el paro nacional y las actividades pertinentes.


Por otra parte, Cuello Ramírez fue enfático en que esta vez no se puede caer en el clima de desinformación que tanto daño hizo en el paro de dos semanas que Fecode adelantó en el 2015. Al respecto indicó:


“Los aprendizajes hay que asimilarlos, por eso les pedimos a los docentes que solo se atengan a la información oficial que Fecode difunda por sus medios propios, circulares y comunicados de prensa. Les pedimos a los dirigentes regionales que no especulen con acuerdos o preacuerdos hasta que no salga algo oficial. En este momento necesitamos ser juiciosos y estar todos unidos para sacar este movimiento adelante”.


Finalmente, Cuello ratificó la voluntad de diálogo de Fecode para encontrarle una salida a la situación, y de la misma manera espera que el Ministerio de Educación y el Gobierno tengan igual actitud de concertación.


“Nosotros somos gestores de cultura, de pedagogía, de ciencia, de tecnología y de paz. Somos una agremiación que lucha por el derecho a la educación pública financiada por el Estado, que trabaja por su bienestar de sus 330 mil maestros que existen en Colombia afiliados a Fecode”, puntualizó.


El paro en el Ministerio de Trabajo


Según dijo a esta agencia de información Guillermo Elizalde, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social, Sinaltraempros, que es mayoritario en el Ministerio de Trabajo, todo estaba listo para que hoy miércoles se dé inicio al paro indefinido en esta entidad.

Señaló que ayer martes hubo asambleas y mítines en todas las direcciones regionales del Ministerio y el personal está animado para adelantar la protesta, la cual es coordinada por el Comité Ejecutivo de Paro en todas las seccionales.


El paro fue votado el pasado miércoles por abrumadora mayoría. La entidad tiene cerca de 1.600 funcionarios, y a favor votaron por 1.275, con solo 52 votos en contra del paro. Participaron incluso los empleados no sindicalizados.


La causa medular de la protesta es que el gobierno no ha cumplido con la nivelación salarial pactada en 2015 entre el Ministerio de Trabajo y sus organizaciones sindicales, lo cual para éstas no tiene ninguna justificación.


“Hay estudios que avalan la viabilidad de la nivelación salarial que pedimos. Tiene el visto bueno de la Función Pública y el mismo Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Hacienda dice que no hay plata para los trabajadores. Sabemos que hay recursos para solucionar el problema, pero los están concentrando en otras actividades”, señaló Guillermo Elizalde.


Con respecto al papel mediador que pueda jugar la nueva Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo Gallego, el señor Elizalde dijo que todavía no ha habido cercamientos con ella, por lo que ve difícil que la orden de paro se detenga.


“Llevábamos dos meses tratando el problema con la ministra saliente Clara López, por lo que es difícil decirles ahora a los trabajadores que vamos a empezar otro largo proceso con la nueva ministra. Además, este es un problema que lo conoce la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, que deben buscar las soluciones”.


SNTT frente al paro de taxistas


Según la Asociación Nacional de Taxistas, la organización que lidera la protesta nacional que hoy se adelanta en el país, esta se da como una respuesta a la continuidad de plataformas digitales ilegales, como Uber y Cabify, las cuales están vulnerando el derecho al trabajo de los taxistas. También para protestar por otros sistemas de transporte público no regulados, como el mototaxismo.


Sin embargo, Esteban Barbosa, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Transporte (SNTT), estima que el paro de hoy no es impulsado por los conductores de taxi, los trabajadores, sino por los grandes propietarios de empresas de taxis y administradores, que ven en peligro su negocio con la irrupción de las nuevas plataformas tecnológicas; negocio que, según él, está sustentado sobre el esfuerzo y el sudor de los conductores, “esos seres humanos en los que los empresarios no piensan, y que padecen el yugo de la explotación laboral”.


Por esa razón, indicó, muchos taxistas asalariados no participan hoy en el paro, y la SNTT tampoco lo apoya.


“El problema de los taxistas de este país es que no hay una organización fuerte que los aglutine a todos. Hay muchas asociaciones y liderazgos con muy pocas bases, que dicen representar los intereses de los conductores cuando en el fondo lo que defienden son los intereses de los empresarios y los administradores. Esa es la dicotomía que tiene este sector”, explicó Barbosa.

Fecha: 10 Mayo, 2017

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Balance de 6 años del Plan de Acción Laboral Colombia-EEUU.

6 años entre demoras, presiones y demandas por incumplimiento de obligaciones del TLC

Incluye el balance normativo en libertad sindical y formalización laboral y las 5 propuestas del Min-trabajo

 

Este 7 de abril se cumplen 6 años de vigencia del Plan de Acción Laboral (PAL), firmado por los entonces presidentes de Estados Unidos y Colombia (Obama-Santos); 6 años en los que hemos sido testigos de dos procesos estrechamente vinculados, pero muy contrastados.


Por un lado, el monitoreo de la implementación de las 37 medidas incluidas en el PAL se ha hecho con relativa diligencia por parte de las entidades estadounidenses encargadas: la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) del Departamento de Trabajo, y la Oficina del Representante de Comercio (USTR en inglés). Más allá de los informes anuales publicados sobre el estado del PAL, se ha buscado dialogar no sólo con las contrapartes del gobierno colombiano, sino con actores claves del mundo de trabajo en ambos países. Por otro lado, las acciones del gobierno colombiano con respecto a las solicitudes continuas de mejorar y apurarse en la implementación y apropiación de los compromisos asumidos, nunca han alcanzado las alturas de su propio discurso, que enfatiza el deseo de regular las relaciones laborales del país con enfoque proteccionista y garantista.


Año tras año la ENS ha hecho un seguimiento detallado del estado de cumplimiento del gobierno colombiano con sus compromisos, y cada informe publicado[1] muestra la falta de voluntad y/o seriedad del gobierno colombiano en acoger todas las medidas del PAL, además de las muchas otras asociadas con los convenios ratificados por el país y las sugerencias de la OIT. Y muestra la necesidad de diseñar una estrategia efectiva para su implementación, reglamentación y monitoreo permanente.

Han sido 6 años de palabras esquivas y promesas evadidas, que han hecho que un gran porcentaje de la población trabajadora colombiana siga sin acceso a sus derechos laborales básicos, y que las organizaciones sindicales aún esperen un entorno socio-político y cultural en el cual puedan ejercer sus derechos sin miedo a la violencia, a los despidos injustos, al hostigamiento y el ostracismo social; sin sentirse como “estorbos” o personas que “acaban empresas”, simplemente por velar por los derechos de los trabajadores del país.


El año pasado varios sindicatos de Colombia y Estados Unidos[2], cansados de los incumplimientos del PAL y el no rendimiento de cuentas del gobierno colombiano, decidieron presentar una queja formal por no cumplir con las obligaciones inscritas en el capítulo 17 del TLC, formalmente llamado el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América (CTPA), que entró en vigor el 15 de mayo de 2012.


La queja plantea principalmente el incumplimiento del gobierno colombiano en la aplicación y protección de los derechos enunciados en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998), además de no aplicar o hacer cumplir las leyes laborales colombianas, y no garantizar el acceso a los procedimientos, ni su transparencia en los tribunales administrativos, judiciales y laborales. Refiere dos casos específicos de incumplimiento: uno del sector petrolero y el otro del sector azucarero.


La OTLA tuvo 180 días para investigar la queja y hacer su informe, el cual presentó a principios de este 2017. Sus conclusiones y sugerencias resaltan la falta de diligencia política, legislativa y administrativa del gobierno colombiano en temas laborales y sindicales. Su ineficacia y lentitud para cumplir los convenios internacionales y las leyes laborales se ha dado a pesar del apoyo financiero y técnico recibido por parte del gobierno estadounidense y la OIT, equivalente a $25 millones de dólares, aparte de la delegación de un agregado laboral en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.


El informe de OTLA resalta varias deficiencias en la regulación de las relaciones laborales en el país, que afectan negativamente el ejercicio de algunos de los derechos laborales fundamentales, especialmente el derecho de libertad sindical y la negociación colectiva. El sistema de inspección laboral, pese a su ampliación y reestructuración operativa, aún es ineficiente y excesivamente burocrática, no presta la atención necesaria a las prácticas de tercerización laboral ilegal y discriminación sindical.


Razones para que el sistema de inspección presente estas fallas, según la OTLA, son: alta rotación de personal, dificultades del equipo de inspección para viajar a zonas rurales, falta de una estrategia nacional de inspección y no aplicación de un sistema nacional de gestión de casos, las demoras en el proceso de inspección y el no cobro de multas relacionadas con los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva.


A pesar de que el Min-trabajo casi duplicó su planta de inspección desde la firma del PAL, que pasó de 410 inspectores en 2011, a 819 en octubre de 2016[3], su desempeño y efectividad no corresponde con dicha expansión. Mientras que en 2010 un total de 423 inspectores hicieron 24.631 inspecciones administrativas, en 2015 los 826 inspectores sólo pudieron adelantar 3.099. Y una tendencia aún más preocupante: en 2010 (antes del PAL) 423 inspectores hicieron 9.066 visitas, mientras que en 2015, con una planta de inspección casi duplicada, y con presupuesto y salarios significativamente más altos, sólo se adelantaron 1.063 visitas[4].


El bajo rendimiento y excesivamente burocratizado de la inspección laboral se refleja también en la ineficacia para hacer cumplir las leyes laborales en los lugares de trabajo. Con respecto a la tercerización laboral ilegal, el informe de la OTLA reafirma lo que ya se ha dicho en los informes de seguimiento del PAL realizados por la ENS: pese a las medidas que ha tomado el gobierno, aún existen serias preocupaciones porque el Min-trabajo no está aplicando debidamente la legislación.


Entre las medidas que el gobierno ha tomado en contra de la tercerización abusiva, cabe mencionar los nuevos decretos y leyes que la prohíben: artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el ya hundido decreto 2025 de 2011, y el decreto 583 de 2016, provisionalmente suspendido por el Consejo del Estado, ya que socava varios de los derechos laborales fundamentales y los mecanismos que abrieron la posibilidad de convenir Acuerdos de Formalización para contratar directamente trabajadores que laboran en relaciones ilegales.


Mientras el gobierno se felicita por la disminución del número y de la cobertura de las CTA y Pre-CTA, al mismo tiempo se ha disparado la contratación mediante Sociedades por Acción Simplificada (SAS), contratos sindicales y otras figuras legales, como las Fundaciones. Todas se utilizan para minimizar costos laborales y minar los derechos de las y los trabajadores.


La dispersión de la tercerización laboral ilegal después de la firma del PAL es de tal proporción, que a finales de 2015 hubo más de 3.800,000 trabajadores con relaciones laborales ilegales, el mismo porcentaje de la población ocupada total (17,3%) que existía en 2011. En otras palabras: ¡no ha habido mejoramiento alguno!


El informe de la OTLA se pronuncia también sobre el uso de pactos colectivos, figura que fue denunciada por la Misión de Alto Nivel de la OIT que visitó el país en febrero de 2011, por el Parlamento Europeo (a través de la Resolución 2628 de 2012), y por la Comisión de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, en su informe publicado en febrero de 2016[5]. La razón de la denuncia es porque los pactos colectivos obstaculizan el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.


Aunque el PAL incluyó medidas para erradicar el uso ilícito de los pactos, 6 años después de su firma el número de éstos en Colombia ha aumentado, en vez de decrecer. En 2011 se firmaron 170 pactos, y 215 en 2015. Al mismo tiempo su cobertura se duplicó. En 2011 hubo 38.420 trabajadores beneficiarios de un pacto colectivo, mientras que en 2015 fueron más de 100 mil.


Muchos pactos han sido demandados por los sindicatos, y aunque el Ministerio de Trabajo liderado por Clara López ha demostrado más agilidad y seriedad en sancionar su uso indebido[6], además de proponer un proyecto de ley que prohíbe los pactos donde haya sindicatos, las acciones han sido demasiado demoradas y no compensan los grandes daños hechos al movimiento sindical.


Los temas de violencia antisindical e impunidad merecieron mucha atención por parte de OTLA. Tomó nota de la disminución de la violencia desde 2011, y sobre todo de los homicidios de sindicalistas, pero resalta las deficiencias estructurales de las investigaciones judiciales sobre casos de violencia, tanto del pasado como del presente. Afirma que la alta tasa de impunidad impide que las víctimas y sus familias conozcan la verdad, al tiempo que socava los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Enfatiza la importancia de que el gobierno colombiano avance mucho más, no sólo en investigar y castigar la violencia, sino en su erradicación.


De acuerdo al seguimiento realizado por la ENS, desde el 7 de abril de 2011 hasta el 5 de abril de 2017, se han registrado al menos 2.484 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas, 147 homicidios, 98 atentados contra la vida, 9 desapariciones forzadas, 1.694 amenazas, 296 hostigamientos y 90 detenciones arbitrarias.


Como se observa, aunque hoy es menor el registro con relación a años anteriores, aún son numerosos los casos en los cuales sindicalistas se ven obstaculizados para realizar su actividad sindical, se encuentran en medio de situaciones de riesgo, e incluso, en ocasiones hasta son víctimas de ataques y pierden su vida. Finalmente, esta realidad sigue indicando que es necesario continuar y reforzar las medidas adoptadas para dar un giro a la situación de derechos humanos de los sindicalistas en el país, y, ante todo, para garantizar que puedan realizar su labor en la defensa de derechos, y la construcción de una sociedad más justa y democrática, sin que ello les implique riesgos.

Si se observa el panorama para el año 2016, se identifica un incremento del 31,3% en los casos documentados respecto al año anterior. Mientras que en 2015 fueron registrados 204 casos, entre enero y diciembre del año 2016 ya se han documentado 268 casos de violaciones contra sindicalistas y 21 acciones contra organizaciones sindicales como colectivo. Prevalecen las amenazas y los hostigamientos que representan el 80,5% del total de la violencia. La violencia antisindical contra la dirigencia sindical se agudiza, en el 78,4% de los casos las víctimas fueron asesores, activistas y directivos sindicales.


El último tema investigado por los funcionarios de la OTLA tiene que ver con la pasividad del gobierno colombiano en aplicar el artículo 200 del código penal, medida creada por el PAL para desincentivar el uso de prácticas antisindicales. La OTLA encontró excesivas demoras en el proceso de casos al amparo a este artículo, resaltó que, según información suministrada por la Fiscalía, en los últimos 6 años no se registra una sola condena relacionada con este artículo.


A manera de conclusión, destacamos 4 de las sugerencias hechas por el equipo investigador de la OTLA sobre los temas mencionados:


– Mejorar el sistema de inspección laboral, concentrándose en asegurar el cumplimiento de los procedimientos y los plazos legales. También que el sistema opere de acuerdo con una estrategia de inspección nacional, con prioridad en los 5 sectores en los que los derechos laborales están menos protegidos: la minería, aceite de palma, flores, puertos y azúcar.

– Mejorar la aplicación y cobro de multas por violación a las leyes laborales.

– Adoptar medidas adicionales para combatir la tercerización laboral abusiva y el uso indebido de los pactos colectivos.

– Mejorar la investigación y judicialización de los casos de violencia antisindical, pasados y presentes, incluyendo las amenazas, y que se resuelvan con prontitud los casos relacionados con la violación del artículo 200 del código penal.


Pero hacer sugerencias, recomendaciones y llamadas de atención no bastan en el entorno político e institucional colombiano, donde reina la cultura de fortalecer la normatividad y la burocracia administrativa, mientras que la operatividad institucional se debilita.


Por ser un compromiso político sin una obligatoriedad legal, la firma del PAL por el presidente Santos fue más un gesto simbólico para impulsar la ratificación del TLC, que un verdadero factor de cambio en la regulación laboral del país. Esperamos que ahora, mediante el mecanismo formal de la queja interpuesta, y ya examinada, el gobierno estadounidense presione con más éxito al Gobierno colombiano, para que éste realmente tome en serio sus obligaciones como regulador de las relaciones laborales con un enfoque y una práctica que protege y garantice a los derechos fundamentales de las y los colombianos trabajadores.


Balance normativo en libertad sindical y formalización laboral


Actualmente el ámbito laboral colombiano afronta una de las coyunturas más importantes en mucho tiempo, caracterizada por la implementación de cambios normativos dirigidos a cumplir con lo establecido en el Plan de Acción Laboral suscrito con Estados Unidos en el marco el TLC, y en la agenda histórica del sindicalismo, aparte de otras recomendaciones internacionales, como las de la OCDE, el Gobierno de Canadá, la Hoja de Ruta con la Unión Europea, OIT y por supuesto las derivadas del acuerdo final de paz con las FARC.


A continuación, presentamos un balance de las propuestas normativas más importantes en libertad sindical y formalización laboral presentadas por el Ministerio de Trabajo en esta coyuntura. En cuanto a decretos existentes, tenemos:


Decreto 017 de 2016, sobre Tribunales de Arbitramento:


Este decreto por primera vez reglamenta exhaustivamente los tribunales de arbitramento. No obstante, solamente hace énfasis en la fase de su convocatoria e integración, la fase de funcionamiento aún depende de las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, promulgados a mediados del siglo XX. Por tanto, en la práctica se observa que el mayor problema que subsiste para solucionar un conflicto laboral mediante un Tribunal de Arbitramento, es la dilación procedimental, provocada por los empleadores para implementar actuaciones que buscan debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos. En ese sentido, si el Decreto 017 de 2016 no resulta eficaz, podría repercutir negativamente en el incentivo del diálogo social y la negociación colectiva.


Decreto 036 de 2016, sobre regulación a los contratos sindicales:


A pesar de las modificaciones que introduce este decreto al contrato sindical, que dan mayor relevancia a la organización de trabajadores y a la Asamblea General como órgano máximo de decisión, su estructura, funcionamiento y utilidad eliminan la posibilidad de la negociación colectiva de los sindicatos, y así vulnera el derecho de asociación y la huelga. Esto teniendo en cuenta:


– El hecho de que el sindicato que firma un contrato sindical es el empleador de sus afiliados, lo que lo termina convirtiendo en un intermediario de las relaciones de trabajo.


– Las empresas beneficiarias del servicio realizan una injerencia indebida en la organización de las y los trabajadores, vulneran su autonomía y violan el derecho fundamental de libertad sindical.


– No hay negociación colectiva libre y voluntaria por parte de los sindicatos o sus afiliados, en tanto no es una forma real de negociación colectiva. Se asimila más a una figura del derecho civil o comercial, que del laboral.


Decreto 583 de 2016, en materia de tercerización laboral:


El espíritu de este decreto es legalizar la tercerización laboral en todos los escenarios, incluso en aquellos que hasta la fecha estaban protegidos por la legislación laboral, es decir, en casos de actividades misionales y permanentes. Considerando esto, la CUT y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) presentaron cada una por su lado demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, entidad que el pasado 15 de marzo se pronunció al respecto. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo profirió providencia, decretando medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 583 en lo que respecta a la intermediación laboral.


Las 5 propuestas de regulación laboral del Ministerio de Trabajo:


Recientemente el Ministerio de Trabajo planteó una serie de cambios normativos, que serían presentados en un paquete legislativo para aprobación del Congreso de la República. Son 5 estas propuestas, a saber:


1- Proyecto de Ley de Regulación Pactos Colectivos


Esta propuesta constituye un avance importante para evitar la vulneración de la Libertad Sindical mediante la figura jurídica de los pactos colectivos, establecida en el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, resulta importante que en la Ley se proscriban de forma taxativa los planes de beneficios o cualquier otra dádiva implementada por el empleador con ánimo de discriminación antisindical. De esa manera la norma acataría las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional , con base en la cual se considera ilegítima e ilegal toda conducta del empleador orientada a hacer uso de “los factores de remuneración o de las prestaciones sociales para golpear a quienes se asocian, para desestimular el crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de este[7]”.


2- Proyecto de negociación colectiva por rama de actividad económica


Este Decreto plantea que en caso de pluralidad de organizaciones sindicales por rama de actividad económica, éstas deberán realizar previamente una integración de los petitorios para así concurrir en unidad de pliego y en unidad de comisiones negociadoras y asesoras. A su vez, las normas convencionales que surjan de la negociación serán aplicables a todos los trabajadores de la respectiva rama de actividad económica, incluyendo a todas las unidades productivas o formas de organización social, indistintamente de su forma jurídica, incluyendo Cooperativas de Trabajo Asociado, SAS, Contratos Sindicales, y todas las figuras que se asimilen. Y aplicará a todos los trabajadores, independientemente de su tipo de vinculación, con la posibilidad de que se puedan suscribir capítulos especiales aplicables exclusivamente en una o varias empresas del sector.


Es de destacar, que la propuesta de negociación colectiva de la CUT va más allá. Pide que además de la negociación por rama de actividad económica, se incluya la negociación por gremio, grupo económico y empresa, modalidad que denomina Negociación Multinivel. Es su concepto es la más garantista del derecho de negociación, pues con ella, ante cualquier caso concreto en el que se encuentre un sindicato, tiene al menos una posibilidad de iniciar la negociación colectiva.


3- Proyecto de Ley Huelga (Servicios Esenciales)


Este proyecto tiene por lo menos 3 problemas:


– Se hace taxativa una lista de servicios públicos esenciales.
– Se crea una comisión de garantías con unas competencias que van en contravía de lo logrado a partir de la ley 1210 de 2008 en la cual la calificación de la huelga es potestad jurisdiccional.
– Se crean restricciones adicionales a la huelga, cuando el único criterio que se debe tener es el de OIT, que habla de limitaciones a la huelga solo en casos de servicio público esencial en sentido estricto, o sea cuando se afecte la salud, la vida y la seguridad.
Evidenciamos que el proyecto tiene los siguientes vacíos:
– La definición de servicios públicos esenciales en sentido estricto continúa incluyendo actividades que no considera la OIT, como el caso del sector educación, cuya suspensión no pone en riesgo la salud, la vida o el orden público.
– La huelga se continúa entendiendo como una etapa en el proceso de negociación colectiva, y no un mecanismo fundamental para la defensa de los trabajadores.
– El ordenamiento jurídico colombiano continúa proscribiendo el ejercicio del derecho a la huelga por parte de Federaciones y Confederaciones.
– No modula la forma de regular las mayorías necesarias para votar la huelga en grandes empresas, con una gran cantidad de trabajadores.
– La implementación de huelgas parciales como mecanismo para solucionar problemáticas locales o seccionales, aún continua sin regulación.


4- Proyecto de Ley sobre prevención, inspección, vigilancia y control

Este proyecto constituye un mecanismo importante para viabilizar el Servicio de Prevención, Inspección, vigilancia y Control (Sivico), implementando cambios claves para garantizar el acceso de la ciudadanía al Ministerio de Trabajo.


Resulta importante complementar esta norma incluyendo el Diálogo Social como principio orientador, con el fin de garantizar la participación de todos los actores del sistema. Se debe plantear explícitamente que se realizarán todas las acciones necesarias y suficientes para garantizar el accionar del Ministerio de Trabajo en las regiones, donde en la actualidad no hace presencia; ampliar los riesgos laborales a los demás derechos que conforman la garantía de seguridad social integral, incluir explícitamente a las organizaciones sindicales como víctimas del conflicto armado interno en el marco de la implementación de acciones afirmativas, medidas atención y protección prioritaria.


Sin embargo, falta que el sistema se construya a la luz de los estándares internacionales de OIT, convenios 81 y 129.


5- Proyecto Decreto sobre representatividad


Consideramos que una negociación colectiva plena para los sindicatos más representativos, restringida para las organizaciones sindicales pequeñas, a las que solo se les deja la posibilidad de negociar garantías sindicales, limita injustificadamente la garantía consagrada en el artículo 55 de la Constitución Política. En ese sentido deberían implementarse estrategias que propugnen por la representación equitativa de todos los sindicatos en las comisiones negociadoras.


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NOTAS:
[1] Para acceder a nuestros informes sobre el estado de cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción Laboral (PAL), para los años 2014, 2015 y 2016, visiten la siguiente página oficial de la ENS: http://www.ens.org.co/conocenos/asi-pensamos/agenda-laboral-y-sindical-post-tlc/informes-sobre-acuerdos-laborales-paralelos-a-tlc/
[2] De Colombia, la CUT, la USO, Sintrainagro, firmaron la queja, con asesoría de la Corporación Colombiana para la Justicia y el Trabajo, Coljusticia; por parte de Estados Unidos, la organización sindical más grande del país, la AFL-CIO la firmó.

[3] Véase: El Tiempo. “Compromisos laborales atados a TLC preocupan a Estados Unidos”. Economía y Negocios. 8 de febrero de 2016.

[4] El Tiempo. “Compromisos laborales atados a TLC...” Op cit.,

[5] Véase: OECD. 2016. OECD Reviews of Labour Market & Social Policies: Colombia. OECD Publishing: Paris

[6] A principios de 2017 el Min-trabajo interpuso una sanción de 100 salarios mínimos mensuales (equivalente a $71 millones) a Ecopetrol, la empresa más grande del país, por el Acuerdo 01 de 1977, una figura que funcionaba como pacto colectivo.

[7] Sentencia T-619 Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio: resolvió un problema jurídico generado porque la empresa ELECTRICARIBE S.A. incluía, al momento de vincular a sus trabajadores, cláusulas en las que ofrecía compensaciones en dinero a cambio de la renuncia a los beneficios de la convención colectiva. A su vez concedía incrementos salariales, bonificaciones y auxilios solamente para los trabajadores no sindicalizados.

Publicado enColombia
El Gobierno venezolano pide a la Corte Suprema que revise el fallo contra la Asamblea

El presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general para convocar al Consejo de Defensa de la Nación que, tras analizar la controversia, exhortó al Tribunal Supremo a dar marcha atrás con su decisión de asumir las funciones legislativas y volvió a convocar al diálogo con la oposición. Con esta resolución, comunicada por el vicepresidente, el Gobierno dio por cerrada la crisis.

La crisis venezolana tuvo un importante giro en la madrugada del sábado, cuando el presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general de la República sobre el fallo del Tribunal Supremo, que asumió las funciones legislativas “mientras la Asamblea Nacional se encuentre en desacato”, para convocar al Consejo de Defensa de la Nación. En una reunión realizada en el Palacio de Miraflores, el Consejo decidió exhortar a la Corte que revise sus decisiones 155 y 156 “de manera que se mantenga la estabilidad constitucional”.

Con esta resolución, que fue comunicada por el vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, Maduro dio por cerrada el episodio. "Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo", indicó Maduro, quien presidió el Consejo de Defensa de la Nación
La fiscal Luisa Ortega Díaz había considerado en un acto público que en la sentencia de la Corte “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Planteada la diferencia en el seno del Estado, el Consejo de Defensa de la Nación que acordó insistir en la vía del diálogo. En el dictamen se ratificó al TSJ, en su Sala Constitucional, como "la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".

Además, se insistió en la disposición de desarrollar un “diálogo fecundo” con la oposición, a la cual invitaron para "unirse sin demora" a las conversaciones, que son respaldadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), y Martín Torrijos (Panamá).

Otra de las decisiones adoptadas por el Consejo fue la de "repudiar cualquier intervención que atente contra la Independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación" de la República Bolivariana. En ese sentido, el presidente Maduro expresó su "rechazo en todas sus partes el intervencionismo extranjero" por parte de algunos Gobiernos "que pretenden dictar pautas cuando sus países están en llamas".

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Tratamiento de dictadura militar a un conflicto laboral obstaculiza la construcción de la paz

Según lo reseñó esta semana la Agencia de Información de la ENS, Ecopetrol y el Estado colombiano vienen dando un duro tratamiento al conflicto laboral originado en la grotesca política de precarización laboral en esta empresa estatal, consistente en la reducción del 50% del salario de los trabajadores tercerizados de apoyo logístico, como vigilantes, aseadores, personal de cafeterías, entre otros, a quienes además se les ha despojado del derecho a los servicios de transporte y alimentación, y les han eliminado garantías de estabilidad laboral.

Lo triste de esta historia es que quienes vienen siendo maltratados por esta política laboral de Ecopetrol, y por la fuerza pública, son los trabajadores de más bajo rango en la estructura de la empresa, es decir, los que menos ganan. Y es más deprimente aún que el escenario de la desigual confrontación sea Reficar, la refinaría de Cartagena, proyecto de Ecopetrol que ha ganado resonancia nacional por los sobrecostos en su ejecución, que según la Contraloría supera los 2.000 millones de dólares (unos 7 billones de pesos). Aunque en una versión anterior los cálculos superaban los 4.000 millones de dólares.

El ingreso promedio de estos trabajadores, que era de unos dos salarios mínimos, se redujo a un salario mínimo, esto en un contexto macro-económico de contracción en los salarios, rezagados frente a la espiral inflacionaria, y de una reforma tributaria profundamente regresiva.

En Reficar hay unos 400 trabajadores afectados por esa política “neonzi” de Ecopetrol, con la que ésta se ahorraría este año unos $3.600 millones. Mientras que los $7 o $14 billones que saquearon de la empresa aún no se recuperan, y ni uno solo de los responsables del saqueo se encuentra tras las rejas. Un saqueo en el que están comprometidos altos funcionarios de Ecopetrol y de los gobiernos de Uribe y Santos, que actuaron en contubernio con empresas del sector privado como Andamios Anderson de Colombia, Aseo Urbano de la Costa, transportes Calderón S.A, y la firma estadounidense CB&I, encargada de la construcción de la obra.

Dos salarios mínimos en Colombia equivalen aproximadamente al costo de la canasta mínima vital para una familia de ingresos bajos, por lo que la contracción salarial del personal de logística en Reficar significa que de ahora en adelante solo podrán acceder a la mitad de la misma, con todo lo que esto significa para una familia pobre.

La encuesta de la firma Invamer Gallup, dada a conocer el 2 de marzo, deja entrever que para los colombianos los dos problemas que más preocupan son precisamente la corrupción y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Difícilmente se podrá construir una paz estable y duradera si la implementación de los acuerdos del fin del conflicto armado suscrito con las FARC, y el que se suscriba con el ELN, no se fundamenta en una política pública de trabajo decente que restablezca la importancia social que el trabajo tuvo en el pasado.

Trabajo Decente es una vieja idea que ha acompañado al sindicalismo desde el origen de los tiempos, y que OIT se plantea como el nuevo reto, inicialmente para los Estados miembros. Según OIT, el Trabajo Decente “resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad”

De acuerdo con esta definición, podemos concluir que la paz se construye con empleo y una política salarial (ingresos) que cierre la brecha inicialmente entre salario mínimo legal y salario mínimo vital, y de manera progresiva se siga mejorando el poder adquisitivo para garantizar el desarrollo de las familias y las personas como tránsito hacia una Paz con Justicia Social.

Lo que se ve entonces es que el Gobierno Santos y Ecopetrol van en contravía de los compromisos internacionales adquiridos en OIT, que a través de sus normas ha construido un estándar mínimo de condiciones laborales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

No es con leyes arbitrarias y con violencia estatal contra las expresiones democráticas de movilización y protesta de los trabajadores como se construye la paz. Esta se construye creando nuevas oportunidades laborales, con ingresos que tengan poder adquisitivo que garanticen el mínimo vital; con un sistema de seguridad social con enfoque de derechos y no de negocio, como la Ley 100 de 1993; con garantías para el ejercicio de las libertades sindicales y dialogo social, no con garrote ni culatazos, ni penalización de la protesta.

¿Son los convenios de OIT y el reto estratégico de Trabajo Decente los referentes de la política laboral del presidente Santos y Ecopetrol? ¿O lo serán acaso los campos de concentración de la Alemania Nazi?

Toda nuestra solidaridad y respaldo a la Unión Sindical Obrera en esta nueva batalla que adelantan en defensa de los 7.000 trabajadores más precarizados por parte de la estatal petrolera Ecopetrol.

Fecha: Marzo 6 de 2017

Publicado enColombia
Sábado, 16 Julio 2016 05:59

País chico, alternativa grande

País chico, alternativa grande

La economía de Islandia ha crecido por una vía bien diferente a la propuesta por la ortodoxia económica para afrontar la crisis.

 

El Pbi islandés aumentó el año pasado 4 por ciento, más de dos veces que el de la UE y la zona euro, y dos veces más rápido que en 2014. En la Unión Europea, sólo Irlanda presenta un crecimiento superior. En mayo la tasa de paro era de 4,1 por ciento, el nivel más bajo en 11 años, mientras que la tasa de actividad fue de 86,1 por ciento. En la zona euro el desempleo está en 10,1 por ciento, con una tasa de actividad del 70.


Islandia tiene una economía pequeña, con un Pbi de 15.000 millones de euros, pero es uno de los países más ricos de Europa. En 2015 era el octavo en términos de Pbi por habitante en paridad con el poder adquisitivo, un nivel 17 por ciento superior al de Francia y 24 por ciento por encima de la media de la UE.


Sin embargo, la isla nórdica vuelve desde muy lejos. Ha atravesado, desde octubre de 2008, una de las peores crisis financieras de la historia. La gestión de esa crisis no entró en los cánones de la teoría económica y se resolvió con éxito. En eso el equipo de fútbol islandés se parece un poco a la economía nacional: surgió del infierno y sorprendió a todo el mundo.


LOS AÑOS “LOCOS”

 

Independiente de Dinamarca desde 1944, Islandia sufrió mucho la crisis de la pesca, entonces su principal recurso, en los ochenta y noventa. En 1991 se formó un nuevo gobierno, dirigido por Davíð Oddsson, jefe del Partido de la Independencia, que lanzó al país a una ola de liberalización con el modelo irlandés en mente. Diez años más tarde las finanzas islandesas estaban ampliamente desreguladas. La meta de esta política era atraer a los inversores extranjeros. Islandia se convirtió entonces en un polo financiero mundial que se utilizaba para el carry trade, consistente, grosso modo, en tomar dinero prestado en países con intereses bajos (como la zona euro) para colocarlo en países con intereses elevados (como Islandia). El dinero abundaba, la Bolsa despegaba, los créditos se multiplicaban, el crecimiento alcanzaba ritmos astronómicos. En 2007 los activos del sector bancario representaban 1.035 por ciento del Pbi de la isla y la actividad del sector bancario era un 10,3 por ciento del Pbi, tres veces más que en 1997.


Cuando la crisis financiera mundial estalló, en setiembre de 2008, Islandia estaba en primera línea. Los tres grandes bancos, Kaupthing, Glitnir y Landsbankinn, estaban virtualmente en bancarrota. En todas partes el Estado inyectaba capital en los bancos. En Irlanda el gobierno decidió garantizar la integralidad de las deudas bancarias, es decir 235 por ciento de su Pbi (440.000 millones de euros). Pero Reykjavik fue por otra vía: se contentó con garantizar los depósitos de los islandeses en los bancos islandeses. El resto fue abandonado a su suerte. Los tres bancos fueron nacionalizados y escindidos en una parte sana y otra tóxica. Los “bad banks” no se beneficiaban de la garantía del Estado, mientras que los bancos “sanos” fueron recapitalizados en un nivel del 30 por ciento del Pbi y gestionaron a menudo directamente el incalculable número de empresas en impago.


Contrariamente a lo que escuchamos a menudo, Islandia no ha rechazado salvar a los bancos: eligió qué quería salvar y decidió preservar su demanda interior antes que sus acreedores internacionales. El elemento destacable es que el gobierno y la población mantuvieron esa política. Cuando fue cuestión de reembolsar a los depositantes británicos y neerlandeses, clientes de la estructura islandesa Icesave, los islandeses rechazaron hasta dos veces en referéndum la opción de un reembolso.


AUSTERIDAD, A PESAR DE TODO

 

Esta elección entre acreedores no permitió evitar la austeridad. Para capitalizar la parte “sana” de los bancos y del Banco Central, el Estado tuvo que pedir prestados 3.200 millones de euros al Fmi y a sus vecinos escandinavos. La deuda pública pasó del 28,5 por ciento del Pbi en 2007 al 96,4 en 2015. El gasto público también se vio reducido. Hubo socialización de riesgos y transferencia de la deuda privada a la deuda pública, pero de manera limitada, y eso permitió que la economía rebotara más rápido.


El otro elemento clave fue la depreciación de la corona. Para comprar un euro hacían falta 82 coronas islandesas a principios de 2007. Dos años más tarde hacían falta 182. Esta caída condujo a una inflación que alcanzó el 17 por ciento y mermó el poder adquisitivo de los hogares. Sin embargo, permitió recobrar rápidamente la competitividad externa y circunscribir los efectos de la crisis.


A pesar de su vía original y su moneda propia, Islandia en 2009-2010 no era un paraíso ni mucho menos. En el tercer trimestre de 2010, tras nueve trimestres de contracción en ritmo anual, el país volvía al crecimiento. Habría que esperar, sin embargo, a 2014 para que el Pbi superase su nivel de 2008.


¿La “vía islandesa” era más eficaz que la elegida en la zona euro en 2010? No para Irlanda, que ha salido más rápido de la crisis, pero menos por la política llevada a cabo que por elementos externos. En cambio, Islandia parece haber salido mucho más rápido que España, Italia, Grecia o Portugal. Sobre todo, parece mucho menos amenazada que la mayoría de estos países por el riesgo deflacionista y por el crecimiento blando. Las comparaciones son, sin embargo, delicadas.


Conviene no sobreinterpretar la “vía islandesa”. El crecimiento islandés de después de la crisis se debe a las exportaciones: de bienes, pero sobre todo de servicios. Son por lo tanto las ganancias en competitividad externa por la compresión de la demanda interior las que han hecho rebotar a Islandia. Los dos motores del crecimiento del país han sido principalmente la pesca, que se ha beneficiado del alza de los precios y de la demanda de pescado, y los turistas, cuyo número creció 27 por ciento en 2015. Esto es fruto de una política activa con, especialmente, un desarrollo de las infraestructuras y del marketing público y privado. Pero hoy asistimos a un reequilibrio rápido: en el primer trimestre el consumo ha aumentado 7,1 por ciento. En 2015 el país conoció un déficit comercial y fue la demanda interna la que empujó el crecimiento.


Islandia ha querido adherirse a la UE para beneficiarse de una cierta “protección”. Este procedimiento, iniciado por la centroizquierda, ha fracasado rápidamente por las diferencias en cuanto a las políticas de pesca. Después de la vuelta de la derecha al poder, en 2013, la demanda de adhesión fue retirada sin el referéndum prometido al respecto. Esto irritó mucho al sentir democrático de los islandeses, pero los sondeos dan en realidad una mayoría de casi 59 por ciento en contra de la adhesión a la UE. Miembro del espacio económico europeo, Islandia se beneficia del acceso al mercado único y de la libertad de circulación, lo que es crucial para el turismo y la voluntad de hacer de la isla una escala entre Europa y América del Norte. Y la isla también puede beneficiarse de una protección de sus zonas de pesca. La adhesión a la UE no parece entonces muy atractiva.


Una de las principales originalidades islandesas reside, sobre todo, en el trato “moral” de la crisis. Islandia ha sido uno de los pocos países –junto con Irlanda– en “judicializar” la crisis. Los jefes de los tres principales bancos han sido condenados a 18 meses de cárcel, y muchas más condenas han sido establecidas. Hasta el primer ministro en funciones en 2008, Geir Haarde, fue condenado sin prisión por un tribunal, en 2012. A partir de entonces, la sociedad islandesa es muy sensible a los asuntos financieros. Cuando la mujer del actual primer ministro, Davíð Gunnlaugsson, fue citada por el asunto de los Papeles de Panamá, el gobernante se vio obligado a dimitir por las manifestaciones gigantes que se dieron en Reykjavik. Nuevas elecciones van a tener lugar y el partido del primer ministro saliente, el Progresista, está amenazado por una nueva formación, el Partido Pirata, que prospera gracias al rechazo de los partidos tradicionales y del mundo político en general, un elemento común a muchos países que han conocido la crisis.


¿Qué lecciones retener de la crisis islandesa? Primero, permite advertir los peligros de la financiación externa de la economía. Este modo de desarrollo tiene un revés inevitable: el de la explosión violenta de la burbuja, con consecuencias raramente positivas para la población, incluso cuando, como en el caso islandés, se haga todo lo posible por circunscribirla al máximo. También Islandia prueba que los intereses bancarios no coinciden necesariamente con el interés general. Y que es posible liberarse de los primeros en nombre de los segundos sin provocar las catástrofes que los banqueros vaticinan. La vía islandesa prueba que un gobierno siempre puede elegir las medidas a tomar en caso de crisis. Y que un pueblo pequeño puede enseñarle mucho a los grandes.


* Encargado de la sección económica de La Tribune, de París. Tomado de Público.es.

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