8M: Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha contra toda explotación

8M & Feminismo de clase 

8 Marzo el día de la Mujer trabajadora y revolucionaria

 

El 8 de marzo se conmemora a la mujer trabajadora, revolucionaria. La comunista Clara Zetkin propuso la conmemoración en la conferencia de mujeres socialistas de 1910, para homenajear la lucha de las mujeres contra la explotación capitalista. Se recuerda el asesinato, a manos del Gran Capital, de 129 obreras en huelga quemadas vivas en una fábrica textil en EEUU: los dueños de la fábrica cerraron las puertas con ellas dentro y le prendieron fuego para hacerlas arder (como medida de «disuasión» para evitar que otras obreras siguieran su ejemplo de lucha). Se conmemora la lucha por la justicia social, por los derechos de la clase trabajadora, la lucha contra el patriarcado y el capitalismo, cuyos mecanismos se articulan el uno al otro a la perfección. 


El 8 de marzo también quedó apuntalado como fecha eminentemente revolucionaria por los sucesos del 8 de marzo de 1917 en la Rusia tzarista: miles de mujeres salieron a las calles clamando por sus derechos, contra la explotación y las guerras que la burguesía imponía al pueblo: ellas detonaron la Revolución de Octubre. Tras la revolución de Octubre las mujeres conquistaron sus derechos económicos, sociales, sexuales y reproductivos: derecho al voto para todas las mujeres (no solo para las propietarias como en Gran Bretaña), derecho al divorcio, derecho al aborto, derechos plenos al estudio y trabajo, vivienda, sanidad y educación garantizadas, etc. Todos estos derechos todavía se siguen luchando en la inmensa mayoría de países capitalistas.


Las mujeres somos la parte más golpeada de la clase explotada. Somos víctimas de las guerras imperialistas, del saqueo capitalista que empobrece regiones y países enteros, de las privatizaciones y la precariedad, y además somos víctimas del machismo incesantemente promovido por los medios y toda la industria cultural del capitalismo. Porque el capitalismo se sustenta fragmentando y dividiendo a la clase explotada: por ello la industria cultural del capitalismo difunde incesantemente paradigmas de discriminación como el machismo y el racismo.
Somos las trabajadoras explotadas, estudiantes, artistas, paradas y jubiladas a quienes se nos está privando de una vida digna, en ocasiones hasta de la alimentación, la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. Somos privadas de condiciones de trabajo y de remuneración dignas por los capitalistas que sacan la plusvalía de nuestro trabajo. Somos las madres cuyo trabajo en el hogar no es reconocido, las que se quedan en absoluta precariedad sin pensión. Somos las mujeres migrantes empujadas a padecer las peores explotaciones: en maquilas de espanto, rociadas de veneno en el agro-industrial, abocadas a la explotación de la prostitución o a ser cosificadas y saqueadas como «vientres de alquiler». Somos las niñas violadas y forzadas a parir. Somos designadas por este sistema como la diana de las frustraciones aberrantes que este sistema causa, de la misoginia que fomenta.

Por ello el feminicidio galopa: porque los medios banalizan la tortura y toda discriminación alienante funcional al capitalismo, porque la violencia ejercida de manera estructural arrastra su odio contra nosotras. Somos vícimas del capitalismo y su barbarie, víctimas del  machismo que el mismo Capital promueve; pero también somos mujeres luchadoras y revolucionarias. El 8 de marzo no es el día de las princesas, ni de las empresarias explotadoras. Las mujeres opresoras, las Cristine Lagarde, las Thatcher, las Hillary Clinton y demás… las que se lucran de devastar selvas, de oprimir poblaciones, de esclavizar en fábricas de espanto a miles de trabajadoras, las que se lucran, también, de fomentar el machismo a través de sus medios de alienación masiva, son clase explotadora, al igual que los hombres de la clase explotadora.


Al Capital le interesa mantenernos atadas a la división sexual del trabajo, a labores de cuidado no remuneradas, a la discriminación salarial por ser mujeres. Al Capital le interesa una clase explotada pulverizada y golpeada, impedida de unidad por el machismo, el racismo, la xenofobia, el individualismo y demás alienaciones que la clase explotadora se encarga de cultivar. Frente a una realidad tan brutal, el reformismo, siempre sirviendo a impedir cuestionamientos profundos, pretende encapsular nuestra lucha y superficializarla, ocultando su carácter de clase, obviando la funcionalidad que para el capitalismo tiene el machismo.  Los reformistas, que pretenden seguir engañándonos con la cínica fábula de un supuesto e imposible “capitalismo con rostro humano”, buscan ocultar que no lograremos cambiar la cultura profundamente machista que impera en el mundo entero, a menos que nos tomemos los medios de producción y por lo tanto los de difusión y educación. En este sistema toda una artillería de sometimiento ideológico es implementada por la clase burguesa; los paradigmas de opresión son activamente martilleados desde múltiples flancos: desde las instituciones religiosas históricamente funcionales a las clases dominantes, pasando por la gran industria audiovisual, hasta los nada ‘inocuos’ videojuegos. Para contrarrestar esa alienación a gran escala, que tanto sufrimiento causa, se necesitan obviamente medidas que subviertan el actual orden social; abolir el patriarcado no será posible sin abolir el capitalismo.


Los caballos de Troya de la burguesía intentan hacer creer que las mujeres explotadoras son nuestras hermanas, cuando ellas también participan de perpetuar este sistema que devora a la naturaleza, explota a los seres humanos (a la clase trabajadora), y perpetúa al machismo, al racismo, al individualismo, comportamientos y discriminaciones fundamentales para el mantenimiento de este sistema putrefacto.


Las mujeres revolucionarias sabemos que la sociedad de clases se perpetúa sobre la violencia: esa violencia ejercida por la clase explotadora (la que posee los medios de producción) contra las mayorías explotadas y precarizadas, y sabemos también el lastre que significa el machismo para la unidad de la clase explotada. Luchamos también por un feminismo revolucionario, para poder oponerlo a la infame recuperación que el sistema está intentando hacer de la lucha feminista, con sus aberrantes Caballos de Troya y su discurso de “sororidad interclasista» (¡cómo si tuviéramos que tener «sororidad» con una capitalista explotadora, una proxeneta o una ficha del complejo militar-industrial por el mero hecho de ser mujer!).


Luchamos contra toda explotación, y nuestra lucha contra la opresión de la mujer trabajadora, la adelantamos luchando día a día contra el machismo, contra la clase burguesa, contra un orden social de explotaciones concatenadas; luchando contra la raíz que sostiene las desigualdades sociales: luchando contra un sistema que fomenta la opresión de la mujer porque necesita esta opresión como mecanismo de dominación y división de la clase explotada; luchando contra un sistema que fomenta la violencia machista a modo de control social (como pérfida válvula de escape de las frustraciones que tal sistema crea); luchando contra un sistema en el que un puñado de multimillonarios capitaliza moliendo humanidades y rebanando el planeta.


El Feminicidio galopante es parte de la barbarie de un sistema económico, político, social y cultural, el capitalista, violento en esencia y perverso en su lógica. Un sistema basado en la explotación de las y los trabajadores y en el saqueo de la naturaleza, es un sistema que necesita banalizar la explotación, la injusticia social y la tortura. 


La lucha por la emancipación de la mujer y la lucha contra el capitalismo son inseparables. Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha cotidiana, que lucha contra toda explotación.

 

Por Cecilia Zamudio | 06/03/2021

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Miércoles, 24 Febrero 2021 06:02

Democracia de papel

Democracia de papel

 La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979, acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vida bajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional  y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firma de la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por una derecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la política tradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el gran país de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares. Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de facto a través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desde Washington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

23 febrero 2021

Créditos: 

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.

Edición: Francesc Relea

Coordinación: Milagros Romero Meza. 

Diseño para redes: Paula Álvarez. 

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En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

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Viernes, 20 Noviembre 2020 06:22

La séptima función del lenguaje

La séptima función del lenguaje

Para Roman Jakobson, uno de los representantes de la lingüística moderna, el lenguaje es un sistema funcional caracterizado por la intencionalidad comunicativa de los hablantes. De tal manera que se puede pasar de manifestar sentimientos a tratar de influenciar o convencer a otros, de transmitir una información a expresar un mensaje de manera bella. Las funciones del lenguaje son seis, pero en nuestro país tal vez se haya descubierto la séptima.

Desde finales de la Guerra de los Mil Días (1899–1902) la oratoria se volvería un recurso para deshumanizar a los vencidos. Ateos, masones, asesinos, apátridas, traidores; son solo algunos de los adjetivos utilizados contra líderes liberales como Rafael Uribe Uribe, que a la postre sería asesinado y cuya alma es condenada públicamente al infierno por el clero de la época.

De los luchadores sociales y trabajadores de las tres primeras décadas del siglo pasado, gente muy rebelde los llama Renán Vega Cantor, se afirmó que eran infiltrados del bolchevismo internacional, propagadores de doctrinas malsanas que estaban contra la sana religión y la moral católica. Se satanizaron sus fiestas (el Primero de Mayo) y se sancionó su cultura como vulgar y contraria al progreso. Al final la Masacre de las Bananeras (1928) fue el culmen de una retórica oficial contra cualquier reivindicación social.

El Bogotazo (1948) estuvo precedido de hechos de violencia en todo el territorio nacional. Mujeres y niños asesinados, cadáveres mutilados y expuestos para el terror de la población, pueblos donde alguno era degollado por no ir a la misa el domingo o por escuchar los discursos de Jorge Eliecer Gaitán en la radio. En esta ocasión la palabra también precedía a la masacre. Se tildaba a los liberales de ateos, asesinos de niños, incendiarios de iglesias. En Antioquia un obispo instaba a la turba a matar a cambio de la entrada directa al cielo, y en Armero –Tolima– un sacerdote clamaba por la cabeza de Gaitán.

En los años sesenta, tras repartir el país entre liberales y conservadores, los campesinos se alzan ante la injusticia de un Estado que los ignora a su suerte. Crean zonas donde, de manera independiente, podrán realizar sus proyectos comunitarios de solidaridad y dignidad. Solo son familias que huyen del hambre y la pobreza impuesta desde arriba por gamonales políticos y delfines. En el Congreso de la República y los medios hegemónicos se vuelven a escuchar las voces de la muerte. Los campesinos no serían más que una plaga levantisca en contra de los legítimos dueños de la tierra, aceptar las “repúblicas Independientes” es permitir la fragmentación de la unidad nacional, la única forma de conservar la paz es con la guerra… el bombardeo a Marquetalia viene precedido de una oleada de odio que justifica la matanza.

Guerrillero, mamerto, rojo, zurdo, izquierdoso, ateo, comunista, agitador. La jerga contra todo el que quiera un cambio social era variada y respondía a una moda continental venida de las dictaduras del Cono Sur y sus aliados en la Escuela de las Américas de Panamá. Los manuales de contrainsurgencia aconsejaban buscar sediciosos en las universidades, asociaciones campesinas, Comunidades Eclesiales de Base, en los llamdos “barrios de invasión" o leyendo en el transporte público. Ellos (todos) eran el enemigo a vencer, para mantener la civilización cristiana occidental…para mantener los privilegios de unos cuantos. A las desapariciones y las sesiones de tortura siguieron las fosas comunes. Los que se perdían en la noche y la niebla ahora no podían ser nombrados, habían perdido incluso su entidad.

Así mataron al cura Camilo, a los estudiantes, a los obreros. Así mataron a la gente de la Unión Patriótica. Al comandante Pizarro que entre sonrisas de esperanza nos daba su palabra para un país en paz…los mataron para no seguirlos nombrando.

Hoy la derecha envalentonada ha normalizado el lenguaje que deshumaniza, que niega al otro, que lo mata antes de que las balas atraviesen su cuerpo. “Te doy en la cara marica”, “terroristas”, “mamertos que todo lo quieren regalado”, “castrochavistas”, “te quitás esa camiseta o te pelamos”. O simplemente “sapo”, “vendido”…”gonorrea”. Nos hemos acostumbrado a leerlo en las redes sociales, lo escuchamos sin asombro en la voz de egregios periodistas y “editorialistas” en la radio. Lo vemos en los noticieros y telenovelas que hacen apología a una cultura de la muerte y el delito.

La séptima función del lenguaje es la deshumanización. Ese poder absoluto que resta dignidad al adversario antes de torturarlo, de asesinarlo, de hacerlo un enemigo público. La palabra creadora ha desaparecido para dar paso a una nueva lengua venida de los confines del odio y la perversidad.

Para Theodor W. Adorno “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie” pues la lengua ha perdido su conexión con lo más íntimo de lo humano. Los campos de concentración, esas fábricas de la muerte donde la racionalidad se convierte en una pesadilla, fueron también un cementerio de palabras y de voces. Las víctimas ya habían muerto antes de pasar el amplio portón donde los esperaba el olvido.

“Judío”, “Traidor”, “Enemigo del Estado”, “Homosexual”, “Gitano” …las palabras se convierten en etiquetas para los hombres, después en categorías para delitos y por último en el color de una estrella cosida a un raído uniforme que el prisionero utilizará para trabajar hasta morir…después el horno y la ceniza…la oscuridad y el silencio. El inicio de todo holocausto es la palabra.

Es nuestro deber recuperar la palabra creadora. Caminar con los otros para construir, humanizar y pensar. Esto solo es posible cuando hacemos de nuestro contacto con el mundo una experiencia sentipensante, donde el Otro es mi reflejo y se dignifica a través del don del lenguaje.                 

Es aquí donde la comunicación alternativa y popular asume su función frente a los hombres y mujeres que todos los días luchan, viven y mueren por la utopía posible de una sociedad mejor. La palabra que humaniza, que crea y devuelve la dignidad a los Condenados de la Tierra.

Colectivo Alebrijes

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Una milicia negra surge en reacción a los abusos policiales

En EE.UU., el grupo NFAC se moviliza contra la violencia de agentes y supremacistas blancos

Su líder, conocido como el Gran Maestro Jay, es un excandidato presidencial independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. 

 

Tiene un nombre curioso para una milicia: Not fucking around Coalition (NFAC) que en castellano significa algo parecido a “Coalición No estamos jodiendo”. Surgió en Estados Unidos como un grupo de autodefensa negro entre tanto racismo desatado por la policía y los supremacistas blancos. Están armados como si fueran a la guerra y el 4 de julio – día de la independencia en EE.UU – se hicieron ver en un video que recorrió el mundo. No había sido la primera vez, pero resultó suficiente para que nadie les saliera al paso. Ni siquiera los encapuchados del Ku Klux Klan (KKK) que seguramente los vieron como intrusos en lo que consideran su propio reducto: el parque Stone Mountain cerca de Atlanta, Georgia. Los milicianos pedían la destrucción de un monumento ubicado en ese lugar que homenajea a tres confederados de pasado esclavista: Jefferson Davis, Robert E. Lee y Thomas Stonewall Jackson. Su líder es un excandidato a presidente que se postuló de manera independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. Se llama John Fitzgerald Johnson aunque se lo conoce más como el Gran Maestro Jay.

Los integrantes de la NFAC ya anunciaron que seguirán marchando como lo hicieron el 12 de mayo por el asesinato de Ahmaud Arbery cerca de Brunswick, Georgia, a manos de un ex policía y su hijo. También se movilizaron el 25 de julio en Louisville, Kentucky, cuando protestaron por el crimen de Breonna Taylor, una trabajadora de la salud ejecutada en su propia casa durante un operativo policial. Los dos eran jóvenes afroamericanos. Como George Floyd y Jacob Blake, las últimas víctimas de la brutalidad en uniforme. El grupo miliciano “100 por ciento negro” como lo describe su referente y vocero Johnson tiene la cohesión de los militares. No en vano la mayoría pasó por las fuerzas armadas. Cuando desfilan lo hacen en formación cerrada.

En Estados Unidos se los asocia con las Panteras Negras, la organización socialista nacida en Oakland, California, en 1966, por la iniciativa de estudiantes universitarios. Como aquel grupo que fue influido por el ideario de Malcom X, la NFAC no solo se basa en la autodefensa de la comunidad afroamericana. Sus miembros exigen una reivindicación clave como el acceso a la tierra y un estado propio dentro de los EE.UU y solo para negros. Se declaran prisioneros políticos por ser descendientes de los esclavos y tienen en Johnson a un líder locuaz, decidido y que habla megáfono en mano en los actos donde la organización se mostró hasta ahora. En Louisville ya desfilaron un par de veces con su respetable poder de convocatoria. La coalición informó que en julio había movilizado a 3.500 militantes y los videos que pueden verse en youtube acreditan bastante esa cifra.

Vestidos completamente de negro, son hombres y mujeres camuflados con pasamontañas o pañuelos, llevan armas largas, usan porta balas, equipos de comunicación y algunos de sus miembros lucen máscaras antigas y binoculares. Un abundante equipo de combate que en Estados Unidos está permitido tener y portar al amparo de la Segunda Enmienda de la Constitución. Por eso cuando se movilizan en un país donde la violencia está institucionalizada, no llaman tanto la atención por su arsenal bélico. Pero sí porque se trata de afroamericanos armados. Un derecho que hasta pocos meses parecía que solo ejercían las milicias racistas blancas del KKK y sus derivados. Informaciones de la prensa mencionan que en Estados Unidos hay unos 1.300 movimientos de ultraderecha y a 2017 había 165 grupos de milicianos que pueblan su territorio. Una cifra que bien podría haberse incrementado por la tensión racial en ascenso de los últimos años.

La NFAC no se considera parte del Black Lives Matters que con su presencia diaria y multiracial se instaló este año en las calles de EE.UU. Pero si se observan con detenimiento los videos que produce, convive en armonía con la consigna que se instaló en la sociedad desde el asesinato de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo pasado. Cuando Johnson dio su discurso desde las escalinatas de un edificio ubicado en el Jefferson Square Park de Louisville, dijo que “la Not fucking around Coalition ha sido tergiversada por muchos en las redes sociales y demás, y estamos aquí para terminar con esas teorías”. Explicó que no se habían reunido ahí “para causar el caos porque hay rumores de que veníamos a cazar gente. Una vez más, simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales de reunirnos y portar armas”.

Johnson anunció el 15 de agosto que volverían a Louisville, el día en que se corre en la ciudad el famoso Derby de Kentucky. La convocatoria de la carrera de caballos fue la excusa para hacerle recordar al gobernador del estado, Andy Beshear, una promesa. Cuando dijo que el 5 de septiembre iba a quedar resuelto el asesinato de la enfermera Breonna Taylor. “Es bueno que el gobernador diga eso porque compartimos ese sentimiento también. Esperamos, tenemos esperanzas, de que eso es lo que va a suceder. Si no, también asistiremos al Derby de Kentucky” comentó el líder de la NFAC en un video. Cumplió su promesa y su organización se hizo presente para protestar el último sábado.

Algunas señales políticas de Johnson y su milicia están en su plataforma presidencial de 2016. Sobre el grave conflicto racial que atraviesa toda la historia de EE.UU sostiene: “Los Estados Unidos de América se han polarizado y paralizado en su esencia debido a su falta de voluntad para abordar el cáncer del racismo institucionalizado que ha habitado esta nación desde su nacimiento. Este cáncer se manifiesta de múltiples formas que afectan las funciones críticas de esta nación, desde la aplicación de la ley hasta el empleo. Impide que una nación que se decreta estar unida se convierta en todo lo contrario. ¡No debemos permitir que lo que hace grande a esta nación nos separe y es nuestra diversidad!”.

La propuesta política sugiere una reforma policial que contemple la creación de “una Fiscalía Federal Especial que reciba todos los casos a nivel nacional que involucran específicamente el uso de fuerza letal contra un ciudadano desarmado por un oficial de la ley”. Johnson y sus partidarios están a favor de asimilar a los inmigrantes que lleguen a EE.UU. Plantean una reforma fiscal con medidas para “exigir que las corporaciones ricas y grandes paguen su parte justa en impuestos”, la prohibición “de trasladar sus ganancias y empleos al extranjero para evitar pagar impuestos sobre la renta en Estados Unidos” y la implementación de “un impuesto al patrimonio del 0,3 por ciento de los estadounidenses que hereden más de 3,5 millones de dólares”.

Aquel candidato a presidente casi desconocido que solía aparecer de impecable traje y corbata entre 2015 y 2016 viste ahora en ropa de fajina como jefe del movimiento que se moviliza por las calles de Georgia y Kentucky. Su transformación es un símbolo del clima político-social violento e inestable que vive Estados Unidos.

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Lunes, 06 Julio 2020 06:02

¿Parteaguas?

Vista aérea de una pintura a gran escala que representa a Breonna Taylor en Annapolis, Maryland.Taylor fue asesinada dentro de su departamento a tiros por miembros del Departamento de Policía de Louisville en marzo durante una fallida redada antidrogas.Foto Afp

El movimiento Black Lives Matter es posiblemente la movilización de protesta social más grande de la historia de Estados Unidos, la cual está rescatando el futuro de su país al recordar su historia real.

“¿Que comparto yo, o los que represento, con la independencia nacional de ustedes? ¿Aquellos grandes principios de libertad política y de justicia natural, encarnados en esa Declaración de Independencia, nos incluyen?… Las bendiciones que ustedes regocijan este día no son gozadas en común. La herencia rica de justicia, libertad, prosperidad e independencia, entregada por sus padres, es compartida por ustedes, no por mí… Este 4 de julio es de ustedes, no mío. Ustedes pueden regocijarse, yo tengo que estar de luto… Conciudadanos, por arriba de su alegría nacional tumultuosa, yo escucho el triste lamento de millones cuyas cadenas, pesadas y dolorosas, hoy son aún más intolerables por los gritos de júbilo que nos alcanzan…. No dudo declarar, con toda mi alma, que el carácter y conducta de esta nación nunca me ha parecido más oscura que en este 4 de julio… Estados Unidos es falso al pasado, falso al presente y solemnemente se ata para ser falso al futuro. De pie con Dios y el esclavo aplastado y sangrando en esta ocasión, yo, en nombre de la humanidad que está indignada, en el nombre de la libertad encadenada, en nombre de la Constitución y la Biblia, que son ignoradas y pisoteadas, me atreveré a cuestionar y a denunciar… todo lo que sirve para perpetuar la esclavitud, el gran pecado y vergüenza de Estados Unidos…

“No es luz lo que se necesita, sino fuego; no es una llovizna suave, sino truenos. Necesitamos la tormenta, el torbellino y el terremoto… La hipocresía de la nación tiene que ser expuesta, y sus crímenes contra Dios y el hombre tienen que ser proclamados y denunciados… ¿Qué es, para el esclavo estadunidense, el 4 de julio de ustedes? Respondo: un día que le revela, más que todos los otros días del año, la grave injusticia y crueldad en la cual él es la víctima constante. Para él, esta celebración es una farsa… un velo delgado para encubrir los crímenes que desgraciarían a una nación de salvajes. No hay nación en el mundo culpable de prácticas más espantosas y sangrientas que las del pueblo de Estados Unidos en estos momentos…. Por barbarismo repugnante e hipocresía sin vergüenza, Estados Unidos reina sin un rival.”

Esas palabras son fragmentos de un discurso ofrecido justo en esta fecha en 1852, sobre el significado del 4 de julio, Día de la Independencia, que celebra la lucha por la libertad, por el abolicionista Frederick Douglass, quien fue un ex esclavo afroestadunidense, y director del rotativo The North Star (el cual, por cierto, fue de los primeros en publicar un editorial en oposición a la guerra de Estados Unidos contra México, la cual llamó "una guerra ignominiosa, cruel y desigual" y donde "México parece ser condenado a ser víctima del cupido y amor anglosajón de la dominación").

Pero el gran Douglass, entre otros, estaría sorprendido hoy día de que sus palabras de hace 168 años estén en boca de participantes en lo que se calcula es ahora el movimiento de protesta social más grande en la historia de Estados Unidos, reportó el New York Times. El cálculo es que entre 15 y 26 millones de personas han participado en las protestas.

“El peor error que podríamos cometer ahora, con todas estas marchas, las protestas en las calles, sería demandar demasiado poco… Es la hora por una revolución moral de valores”, afirma el reverendo William Barber, quien encabeza la Campaña de los Pobres.

Asustado, el presidente ha declarado, en sus festejos del Día de Independencia, que este movimiento es "el enemigo" de su país, o sea, ya no son los mexicanos ni los inmigrantes ni otros poderes, sino otros estadunidenses que se oponen a él y todo lo que representa.

El país esta en un parteaguas donde tiene que enfrentar lo que fue, lo que es y decidir –y luchar por– lo que quiere ser.

https://open.spotify.com/ track/0FdCFfb5xb7thJMaSjLFs H?si=HrLQt_-3TQuc6Sg7IWe1-w

https://www.youtube.com/watch?v=NV51gU00oqc

https://www.youtube.com/watch?v=d6szT5NnwTY

https://www.youtube.com/watch?v=Xv8FBjo1Y8I

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Doble discurso de Trump: alienta protestas en Hong Kong y reprime en casa

Las sonrisas cambiaron de bando. Ahora son los jerarcas chinos los que apuntan con el dedo al Gobierno de Donald Trump, que días atrás defendía a los manifestantes en Hong Kong como héroes, y ahora defiende en su país el toque de queda, el estado de sitio y la represión contra las protestas anti-racistas.

 

Las protestas anti-racistas tras el asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco alcanzaron 40 grandes ciudades de los Estados Unidos, conformando una oleada impresionante como no se había visto en mucho tiempo. Una de las reacciones de Trump consistió en anunciar, a través de sus redes sociales, su intención de designar al movimiento Antifa (antifascista) como organización terrorista.

La acusa de actos vandálicos, yendo mucho más lejos que las autoridades chinas frente a las protestas en Hong Kong. Una de sus frases podría haber sido pronunciada por la gobernadora de la ciudad o por algún miembro de la dirección del Partido Comunista Chino.

"Apoyamos el derecho de los manifestantes pacíficos y escuchamos sus súplicas, pero lo que estamos viendo en las calles de nuestras ciudades no tiene nada que ver con la justicia o la paz", dijo Trump en Florida, al asistir al lanzamiento de un cohete tripulado hacia la Estación Espacial Internacional.

Los medios chinos no dejaron de enfatizar en las contradicciones de Washington en el tratamiento de las manifestaciones en Hong Kong y las que suceden en EEUU ahora. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín dijo: "¿Por qué los Estados Unidos glorificaron a las llamadas fuerzas independentistas en Hong Kong como héroes, pero critican a los manifestantes estadounidenses decepcionados con el racismo?".

"¿Por qué Estados Unidos criticó a la auto-contenida policía de Hong Kong pero disparó a sus manifestantes y movilizó las tropas de la Guardia Nacional?", se explayó el ministro.

El editorial del oficialista Global Times del domingo 31 de mayo, recuerda que el gobernador de Minnesota, la ciudad donde se cometió el crimen de Floyd, dijo públicamente: "Al observar que esto se expande por todo Estados Unidos, uno comienza a ver si esto es terrorismo interno, extremistas ideológicos para radicalizar o si se trata de una desestabilización internacional de nuestro país".

La denuncia china del doble rasero de EEUU la lleva a recordar cómo las potencias occidentales apoyaron la violencia en las manifestaciones en Hong Kong: "El Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, así como el Reino Unido, simplemente echaron una mano a las manifestaciones violentas que no tenían nada que ver con sus objetivos iniciales y las elogiaron como un hermoso paisaje".

Destaca que si las autoridades chinas actuaran de forma simétrica a las de EEUU y el Reino Unido, ahora estarían apoyando la "revuelta del pueblo estadounidense", y además "exhortarían al Gobierno de los Estados Unidos a entablar un diálogo serio y negociaciones con los manifestantes y a ejercer moderación al tratar de restablecer el orden".

Por el contrario, el gobierno chino dice que Washington debería agradecerle que no se haya inmiscuido en sus asuntos internos. Así y todo, el editorial de Global Times lleva un título cargado de sorna: "El hermoso paisaje se extiende de Hong Kong a EEUU".

La frase hace referencia, según Diario del Pueblo, las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien en junio de 2019 calificó las protestas en Hong Kong como "una imagen hermosa para la vista". Miles de internautas chinos la recordaron con sarcasmo al comentar los disturbios en Estados Unidos.

"No esperábamos que los políticos estadounidenses pudieran disfrutar de este tipo de 'imágenes hermosas' en su propio país tan pronto", fue uno de los comentarios más repetidos. El diario del Gobierno chino asegura que los hashtags "disturbios de EEUU" y "los disturbios de EE.UU se extienden a 22 estados", recibieron más de 1.740 millones de visitas en la plataforma de medios sociales Sina Weibo.

La situación merece algunas reflexiones. La primera es que debería llegarse a un acuerdo en cuanto a la no intromisión de los Estados y los gobiernos en los asuntos internos de otros países, un principio que siempre había guiado las relaciones internacionales entre naciones. Es cierto que la no intromisión no implica neutralidad ante violaciones fragantes de los gobiernos hacia sus propios ciudadanos, pero deben ser éstos los que pongan límites a los gobernantes.

Este principio de no injerencia fue modificado unilateralmente por Occidente y por EEUU al adoptar la doctrina de los derechos humanos durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), como parte de su ofensiva contra la Unión Soviética.

El debate debería haberse actualizado durante la globalización, en la cual las relaciones entre naciones fueron más estrechas que en el período de la guerra fría, pero las principales potencias occidentales utilizaron los derechos humanos como arma arrojadiza contra sus enemigos geopolíticos, pasando por alto las flagrantes violaciones que cometían sus aliados o en sus propios países como sucede con el racismo en EEUU.

A mi modo de ver, la comunidad internacional no debería dar por buena cualquier actuación de los gobiernos ante sus poblaciones. Pero eso no debe ser excusa para promover bloqueos o aislar naciones, para emprender el derribo de gobiernos a través de invasiones o desestabilizaciones.

​Estados Unidos no abre la boca ante las evidentes y flagrantes violaciones que comete Arabia Saudí en Yemen, o la propia monarquía saudí contra su población (país donde las mujeres sufren enormes restricciones, incluso para conducir coches), pero pone en la lupa a los gobiernos de Venezuela y de Cuba, por ejemplo.

Por eso lo más sensato debería ser abstenerse de entrometerse en los asuntos internos de los demás países y, a la vez, difundir los valores que cada quien considere adecuados, sin esperar que los demás los adopten pero alentando un debate sereno.

En este sentido, China se ha mostrado más prudente que Washington. "La próxima vez, cuando Pelosi y otros políticos estadounidenses hagan comentarios sobre Hong Kong, deberían pensarlo dos veces", dijo Lyu Xiang, de la la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing a Diario del Pueblo.

Lyu dijo además que con el impacto de la epidemia de COVID-19 y los disturbios, los movimientos hostiles de la Administración Trump contra China disminuirán. "Trump hablará más, pero hará menos al desafiar a China", dijo.

19:20 GMT 01.06.2020

Por Raúl Zibechi

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Caravana de Mujeres Centroamericanas.

En situación de calle, bajo el sol en la ruta, abandonados o detenidos en las cárceles de frontera. El covid-19 expulsa a miles de migrantes latinoamericanos que, sin trabajo ni vivienda, emprenden distintas travesías agobiados por el hambre y el miedo.

 

“Quiero irme a Bolivia, tengo mis hijas allá, nosotros vinimos solamente a trabajar”, contaba Marina a la prensa chilena, mientras acampaba frente al Consulado de Bolivia en este país. Mientras tanto, a miles de kilómetros, migrantes centroamericanos que tenían como destino la deportación eran abandonados en la frontera sur de México. “Nos botaron aquí porque no sabían qué hacer. Ahora a ver cómo le hacemos para volver a nuestro país sin dinero y con la frontera cerrada”, decía Anthony, migrante guatemalteco.

Por estos días América Latina ve crecer el número de contagios, al mismo tiempo que aumentan las restricciones que vacían las ciudades expulsando a la población más pobre. Los migrantes son parte de este sector sumergido que no se puede quedar en casa al vivir al día con trabajos informales y alojamientos temporales. Personas que en los últimos años se desplazaron por razones económicas, pero también forzadas por contextos de violencia o los efectos que el cambio climático genera en sus territorios.

“Estamos hablando de flujos mixtos. Las fronteras entre migrante y refugiado son cada vez menos claras en los flujos contemporáneos”, explica a El Salto María del Carmen Villareal, investigadora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, especializada en migraciones internacionales y derechos humanos.

Un fenómeno reciente es el aumento de los flujos intrarregionales que responden a las restricciones impuestas por el norte global, pero también a la mejora de las políticas migratorias que facilitaron la movilidad y las residencias en América del Sur durante los Gobiernos progresistas. Según datos de 2019, hay más de 7,5 millones de migrantes sudamericanos en esta región. El fenómeno más visible es el venezolano, que tiene como principales destinos Colombia, Perú y Ecuador. Pero también aumentó el desplazamiento de nicaragüenses a Costa Rica o de centroamericanos que tenían a Estados Unidos como destino y terminaron quedándose en México, debido a los fuertes controles migratorios que impone el Gobierno de Donald Trump.

Si bien el objetivo de los migrantes es encontrar un futuro mejor, también es una vía para ayudar a sus familias a través del envío de remesas. En varios países esta contribución es muy significativa a nivel económico: en Haití representan más del 30% del PBI, en El Salvador y Honduras el 20% y en Guatemala y Nicaragua su peso es superior al 10%. Sin embargo, el informe Especial covid-19 de la CEPAL muestra que debido al coronavirus estas podrían contraerse entre un 10% y un 15%. El estudio también revela que llevaría entre tres y cuatro años recuperar el nivel alcanzado en 2019.

Según datos también de CEPAL, antes de la pandemia, América Latina mostraba bajo crecimiento económico, la tasa de desempleo alcanzaba el 8,1%, y el trabajo informal afectaba al 54% de los trabajadores. Un panorama que se agravará con la crisis sanitaria, y que si bien los Gobiernos han querido contrarrestar implementando medidas de apoyo a los sectores más afectados, en su mayoría son ayudas que están orientadas a nacionales o a migrantes con sus documentos regularizados.

VOLVER

La desprotección y el riesgo que supone el contagio los destina otra vez al desarraigo, con un efecto que hasta hace unos meses parecía imposible: el retorno a sus países de origen. “Es mejor vivir la miseria de uno con su familia”, dice una migrante venezolana que se arriesga a cruzar con sus hijas a cuestas por uno de los pasos irregulares, los “tronchos”, que conectan la frontera de Venezuela con Colombia.

La crisis del coronavirus generó el cierre de la mayoría de la fronteras, aunque en un continente caracterizado por la porosidad de sus límites el bloqueo nunca es definitivo. “Allí hay muchísimos peligros. Son personas que se han quedado sin nada, que no tenían para comer y que están tratando de volver para tener un techo. En el caso de las mujeres es muy importante tener una mirada de género. Porque muchas migrantes hablan del peaje migratorio, de la posibilidad de ser violadas“, señala la politóloga brasileña.

En el caso de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro habilitó algunos corredores humanitarios de retorno. Días atrás salieron diez autobuses de Cali a la ciudad venezolana de Cúcuta. Sin embargo, la mayoría de las personas están retornando a través de los “tronchos”, a donde llegan también decenas de venezolanos provenientes de Ecuador y Perú, dispuestos a arriesgarse luego de haber atravesado miles de kilómetros.

Según datos del consulado de la República Bolivariana en Quito, en Ecuador hay más de 17.000 personas anotadas a la espera de un vuelo humanitario. En los primeros días de mayo, dos aviones de la empresa aérea Conviasa llegaron a la capital ecuatoriana y retornaron a Caracas con 180 ciudadanos. Sin embargo, el cónsul venezolano, Pedro Sassone, dijo que hasta el momento no saldrán más vuelos. “Además de la parte económica está también el lado emocional, que es súper agobiante. La mayoría de los venezolanos se ve sola, y depende de las buenas personas que tengan a su alrededor”, explica a El Salto Lucía León, politóloga venezolana especializada en relaciones internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

En estos días, muchos venezolanos han sido expulsados de sus viviendas, sobre todo en Quito y Guayaquil, donde se concentra casi un 70% de los 500.000 que están en el país. Una región en la que también se da la mayor cantidad de contagios y muertes, lo que incrementa la estigmatización y xenofobia debido a las noticias falsas que los culpan de la propagación del virus. Según cuenta León, “hay muchas denuncias de que los servicios de emergencia no te atienden si se dan cuenta de que eres venezolano”. Ecuador dispone de un sistema universal de salud que incluye a toda la población, algo que no habitual en todos los países de la región.

También en Perú, donde viven alrededor de un millón de venezolanos, la situación es acuciante. Si bien se han generado ayudas mínimas como la de Acnur, que brinda 80 soles (100 dólares) a migrantes sin importar su situación legal, para ello es necesario contar con una cuenta bancaria. “Algo a lo que no tiene acceso la población que se encuentra en situación irregular", explica del otro lado del teléfono Martha Fernández, refugiada que vive desde hace tres años en el país e integra la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables.

En Brasil, el Estado incluye en sus planes de ayudas sociales a la población refugiada y migrantes regularizados. Si bien el giro a la derecha en la región marcó un momento más restrictivo con políticas que dejan de lado la retórica pro derechos humanos, algunos Gobiernos han instrumentalizados ideológicamente los flujos migratorios. “En Brasil tienes a Bolsonaro, que mucha gente podría pensar es un error en todos los sentidos, que no hay duda de eso, pero él aprobó miles de solicitudes de refugio para venezolanos”, explica la investigadora Villarreal. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil organizaron la campaña #RegularizaçãoJá, que exige una regularización permanente para todos los migrantes del país.

También en Argentina, país con una larga historia como receptor de migrantes, la Secretaría de Trabajadores Migrantes (STM) tiene el mismo reclamo. Más en estos días en que el Gobierno de Alberto Fernández creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que deja por fuera a los migrante que no están regularizados o a quienes tienen la residencia legal inferior a dos años. En el período del presidente Mauricio Macri se aprobó el Decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017), que retrasó la entrega de la documentación de residencia. Más de 70.000 expedientes estaban a la espera de su aprobación, multiplicándose en estos días debido a la paralización de las actividades por la cuarentena obligatoria.

La STM tiene un diálogo fluido con el Gobierno de Fernández y en este contexto le envió una carta en la que le solicita el acceso al IFE sin restricciones, aunque el intercambio con las autoridades es con una mirada a largo plazo. “Hay que hablar con el Estado de igualdad de derechos para todos y todas, no paliativos que se den solo durante la pandemia. Medidas de 'cuando me sirven regularizo a los migrantes por un tiempo, y cuando no, que vuelvan a su estadío normal, que es el del trabajo informal, la trata de personas, la prostitución'”, cuenta a El Salto Lila Báez, migrante paraguaya, vocera del STM. Mientras tanto, la organización está realizando ollas populares en las barriadas y villas del país, donde vive la mayoría de la población migrante. En estos días Argentina registró un aumento de contagios de coronavirus, sobre todo en estas zonas más empobrecidas.

Mientras tanto, en países como Perú, Chile y México se han establecido medidas de regularización especial, pero solo para la contratación de personal sanitario extranjero que no contaba con sus documentos regularizados, permitiendo que médicos, enfermeros y especialistas de otros países puedan ejercer durante el período que dure la pandemia.

SIN SALIDA

Pero el cierre de las fronteras también genera que muchas personas queden cautivas o varadas en las ciudades limítrofes entre los países. México, país que con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador militarizó todo el territorio y se convirtió en gran receptor de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, tiene detenidas a cientos de personas en sus estaciones migratorias. “Es una situación difícil, con mucha población en espera o atrapada, principalmente la población centroamericana que cruzó el país en las caravanas migrantes. Muchas que incluso han solicitado refugio o que ya tienen este estatus”, cuenta Luciana Gandini, especializada en estudios sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Frente a esta situación, organizaciones de derechos humanos, como el centro Fray Matías de Córdoba, denunciaron que la situación era insostenible, con las personas angustiadas debido al encierro indefinido y a la poca información que reciben en espacios que no cumplen con las medidas mínimas de salubridad. En estos días se han realizado distintas protestas en las cárceles migratorias, que fueron reprimidas de manera violenta por las autoridades mexicanas. En unos de estos reclamos, en la estación migratoria de Tenosique, en el Estado de Tabasco, falleció un migrante guatemalteco. El hombre era solicitante de asilo y estaba previsto que fuera liberado en dos días para continuar con su trámites.

La muerte del migrante guatemalteco recrudeció las protestas, lo que generó que el Instituto Nacional de Migración decidiera vaciar algunos de los centros y trasladar a los migrantes a la frontera sur con Guatemala. “Lo que hizo fue subirlos a camiones y autobuses, en teoría para devolverlos a sus países, pero la frontera está cerrada y no los puede devolver. Entonces los deja en una ciudad fronteriza como Talismán. Imagínate lo que implica eso en términos de xenofobia y de discriminación cuando tú en una ciudad pequeña que ya viene afectada dejas a cientos de personas sin ningún tipo de plan”, señala Gandini.

Junto a ellos también se encontraban migrantes centroamericanos que Estados Unidos había deportado en los últimos días, ya que el país no detuvo las audiencias. Incluso en el contexto de la pandemia se incrementaron las “devoluciones en caliente”. La patrulla fronteriza tarda 96 minutos en devolver a las personas que detiene en los cruces irregulares. “Es interesante pensar que el acuerdo por el cual se cerró la frontera entre Estados Unidos y México dice literalmente que se cierra para los flujos no esenciales. Por lo tanto la deportación es considerada un flujo esencial. Llevada a cabo además sin ningún tipo de control sanitario, lo que implica un riesgo altísimo para México”, afirma la investigadora de la UNAM.

En la página oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), se reconoce que en los centros de detención donde son alojados antes ser deportados hay personas infectadas. Sin embargo, en ninguno de los países se realizan test o se implementan medidas de aislamiento antes o después de ser devueltos a México.

La implementación de medidas sanitarias no implica necesariamente el respeto de los derechos humanos. En Costa Rica, bajo el argumento de asegurar “la seguridad pública”, el Gobierno instaló una base área militar en la frontera con Nicaragua para impedir la llegada de ciudadanos de este país. También en Bolivia, en la localidad de Pisiga, frontera con Chile, el Gobierno obliga a los trabajadores que retornan del país andino a realizar la cuarentena en un campamento militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a exigir “el desplazamiento inmediato de estas personas a localidades de Bolivia” y recordó que “los Gobiernos están obligados a recibir a sus migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.

TAMBIÉN EN CASA

Pero la movilidad que obliga la pandemia no solo se da atravesando fronteras externas. El coronavirus también generó éxodos internos. En Lima, capital de Perú, miles de pobladores provenientes de zonas andinas y selváticas que migraron a la capital en busca de mejores condiciones de vida están retornando a sus comunidades rurales. Uno de los flujos se dirige hacia los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, zonas que alcanzan una tasa del 53% de pobreza.

Según explica Martín Souto, docente peruano que trabaja asesorando a los Gobiernos locales de estas regiones, “esto lleva a un redescubrimiento de la importancia de estas comunidades para la alimentación. Son territorios que abastecen el mercado nacional y regional de papas nativas, habas, cebada”. En total hay 6.600 comunidades campesinas y nativas que son dueñas de la tierra, pero que pese a la riqueza de sus campos ven migrar a sus pobladores hacia otros zonas, no solo a la capital.

El Gobierno de Martín Vizcarra abrió una página web para que la población que quiera retornar se inscriba y pueda contar con opciones de traslado. Pero en estos días 170.000 inscripciones desbordaron la capacidad estatal. En Lima se anotaron 13.000 personas para regresar a Ayacucho. Sin embargo, hasta el momento, regresaron de manera oficial 700 personas. Mientras tanto, se estima que 6.000 pobladores están retornando por su cuenta. En el Perú profundo, el “no oficial”, miles personas se entrecruzan exhaustas luego de largas caminatas al sol con el único objetivo de regresar a casa. 

El 16 de marzo, cuando Perú implementó la cuarentena —hoy uno de los países con más casos—, las comunidades rurales de Huancavelica cerraron sus territorios. “La gente decía: 'Si acá entro en crisis, ¿quién me salva? Nadie. Entonces que no vengan, porque nosotros estamos sanos aquí'. Se habla mucho de la solidaridad, pero la gente que es pobre no tiene hospitales en el campo, está lejos y es precario”, afirma Souto. Luego de los primeros días de pánico, ahora la población permite el ingreso de los retornantes. Incluso se reactivaron las rondas campesinas que nacieron para enfrentar al grupo armado Sendero Luminoso, y que en este contexto se encargan de controlar que las personas que llegan respeten el aislamiento.

La pandemia encontró a América Latina en un momento histórico de movilidad intrarregional, con miles de personas forzadas a salir de sus territorios en busca de un futuro mejor. Al inicio de la crisis sanitaria se planteó que el virus era un “gran nivelador” que no entendía de razas, clases sociales o procedencia. Sin embargo, el #quedateencasa es imposible para los migrantes que, sin recursos y con Gobiernos que los invisibilizan, se ven obligados a emprender otra vez el camino del desarraigo.

Por Cecilia Osorio

Montevideo (Uruguay)

26 may 2020 06:00

Publicado enInternacional
Jueves, 27 Febrero 2020 05:32

Parasite no es fantasía

Parasite no es fantasía

Una vez al año, trecientos profesores surcoreanos son llevados en autos con ventanas ciegas a un lugar desconocido en la montaña a definir las preguntas del examen anual que rinden 548.000 aspirantes universitarios del que saldrá un ranking nacional: un 4% de alumnos entrará a las tres mejores universidades del país. Esos selectos docentes permanecen un mes incomunicados sin internet ni teléfono. Su misión es secreta por contrato, so pena de ir dos años a la cárcel: salvo la esposa o marido, nadie deberá saber en los siguientes años que ese profesor ha confeccionado esas preguntas.

Antes de comenzar la reclusión voluntaria, un detector de metales garantiza que no ingresen dispositivos electrónicos. Un batallón de servicios secretos del Estado controla que nadie salga ni entre del lugar durante el mes y queman in situ toda la basura para que no sea posible revisar bollos de papel buscando las codiciadas preguntas que se digitalizan un día antes de ir a la imprenta: de allí salen en camiones y la TV lo transmite en vivo.

En una sociedad marcada por la cosmovisión confuciana, la educación es un gran símbolo de status y la posibilidad más cierta de ascenso social. Este tema es el punto de partida del guion de la premiada película Parasite de Bong Joon-ho: un joven de clase baja va a darle clases particulares de inglés a una adolescente de familia rica quien --como casi todo coreano-- vive con una espada de Damocles clavada de nombre Suneung, ese examen que dura ocho horas y veinte minutos donde se define el futuro de casi todo coreano. La película pone de relieve los daños colaterales del Milagro Coreano que generó un desarrollo económico frenético, mientras crecía una desigualdad estratosférica con familias como la del docente de Parasite viviendo en subsuelos que fueron refugio antimisiles (los ricos tienen sus propios búnkeres pero preventivos).

Desde el jardín de infantes, muchos niños son entrenados para vencer y reciben clases de inglés. A tal punto escaló la psicosis educativa que el Estado debió promulgar una ley prohibiendo que los pequeños aprendan inglés antes que coreano. El día del Suneung la bolsa de comercio abre dos horas más tarde y una campaña nacional invita a no sacar el auto a la calle para que el tránsito fluya. Si un estudiante se retrasa 5 minutos no entra y pierde un año de su vida. Se habilita un call center para rezagados y una flota de vehículos policiales que salen con la sirena a rescatar dormilones (algunos duermen en un hotel cercano y se recomienda que el día anterior todos hagan el viaje a modo de prueba). El tránsito se corta 200 metros a la redonda de cada sede y los vuelos se suspenden durante los 40 minutos del examen oral de inglés.

Esa misma tarde se revelan las respuestas del multiple choice y cada quien intuye si sirvió sacrificar la infancia y la adolescencia casi completas para entrar a una buena universidad: lo logran con 490 puntos sobre 500. Algunos tienen más posibilidades: es el caso de los hijos de la familia rica de Parasite que contrata docentes privados en casa en lugar de mandarlos a institutos con aulas de 20 alumnos.

La ONG coreana Mundo lo dice sin eufemismos: “los jóvenes pasan de 70 a 80 horas semanales estudiando y están entre los peores en los ranking mundiales de felicidad y salud mental; su creatividad y sociabilidad están sofocadas”. Muchos adolescentes se levantan antes de las 6 a.m. y los fines de semana también van a institutos de apoyo. Un estudio del Centro de Prevención de Enfermedades de Corea concluyó que los alumnos de secundaria duermen en promedio 5,5 horas por noche y el 83% de los chicos de 5 años asisten a clase extracurricular 5,2 veces por semana. En 2003, el Comité por los Derechos de los Niños de la ONU declaró: “la naturaleza altamente competitiva de este sistema educativo obstaculiza el desarrollo de los niños en su completo potencial”.

Mantener un hijo en Corea del Sur cuesta entre 300.000 y 400.000 dólares hasta que se gradúa en la universidad. Los exitosos en esta carrera social tampoco la tienen fácil: un ingeniero en programación raso en Samsung trabajando 12 horas de lunes a viernes --y unas horas los sábados e incluso domingos-- gana 3000 dólares al mes en una ciudad como Seúl donde un departamento de 80 m² cuesta medio millón de dólares.

Los niveles de stress de la juventud son altos y una suma de 1500 alumnos de primaria, secundaria y terciario se suicidan por año, la mayoría por presiones en el estudio y la soledad derivada del mismo. La debacle trágica en que deriva la frustración de la familia pobre en Parasite es la manera en que explotó en esa “verosímil” ficción la olla de presión coreana, por lo general bien contenida por el confucianismo.

Todo esto comenzó, al menos, durante la dinastía coreana Joseon --siglos XIV a XIX-- que elegía sus funcionarios a través de un riguroso examen y abrazó al confucianismo como ideología de Estado: desde allí permeó a la base social. Según el filósofo chino Confucio, en lo más alto de la escala social se ubicaban los ilustrados, los únicos preparados para gobernar con justeza y honestidad. El cosmos regido por el Tao en el Este de Asia se compone de dos fuerzas complementarias en armonía, donde el hombre es la única disonancia. Confucio propuso máximas virtuosas buscando que ese hombre armonizara con el cosmos y sus semejantes. El primer paso era el respeto sagrado de la autoridad del gobernante y las leyes en pos del equilibrio social. Esa obediencia conservadora debía extenderse a todas las relaciones de la pirámide social: el respeto de los menores a los mayores (“sabios seres del crepúsculo”), de la mujer al hombre, de los hijos a los padres y del campesino al intelectual.

El confucianismo reflejó un modo de pensar colectivo que viene de la cultura del arroz y su trabajo comunitario. El trasfondo es que el individuo no debe rebelarse y tendrá siempre que cumplir bien su rol, siguiendo los rigores productivos y aceptando toda desigualdad y jerarquía. Y tiene que renunciar a su individualidad en función del grupo como totalidad. Todo esto ha sido naturalizado al nivel de un ancestral inconsciente colectivo: por eso es tan difícil cuestionárselo. Cada persona se reduce a un engranaje que, si se sale del curso, será punida por su entorno social. Así funcionan estas sociedades autoreguladas: “clavo que sobresale se hunde de un martillazo”. Si la mayoría acepta que el objetivo central de la vida --y de la nación, ese grupo mayor-- es el progreso vía el estudio para entrar a una compañía tecnológica, todos deben intentar lo mismo. Ese modo de pensar allanó el terreno para la fase hiperproductiva del capitalismo tigreasiático con el soldado corporativo como punta de lanza.

El precio de diferenciarse de la masa --y de no subirse al curso del río social-- implica resignarse a vivir en los subsuelos de la sociedad como la desempleada familia Kim en la película, a riesgo de terminar nadando en una cloaca. Su salvación parece ser parasitar ingeniosamente y sin escrúpulos a una familia rica hipersensible al olor a pobre, e incluso a otros desclasados que no lograron ser parte del exitoso “gran colectivo confuciano” que es Corea del Sur.

Julián Varsavsky es coautor con Daniel Wizenberg del libro Corea, dos caras extremas de una misma nación (Ediciones Continente).

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Bomberos apagan un auto incendiado en nueva Delhi en medio de los enfrentamientos.  ________________________________________ Imagen: AFP

Duros enfrentamientos entre hindúes y musulmanes

La normativa aprobada por el Congreso facilita la ciudadanía a inmigrantes irregulares de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, pero excluye a los musulmanes.

Al menos 27 muertos y más de 200 heridos es el saldo de los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en la capital india de Nueva Delhi por la flamante ley de ciudadanía. En el inicio del conflicto, el lunes pasado, el jefe de gobierno del estado de Delhi, Arvind Kejriwal, le había pedido al gobierno central que decrete el toque de queda y el despliegue del ejército para prevenir incidentes. La ley aprobada por el Parlamento de la India facilita la nacionalidad para las minorías religiosas llegadas antes de 2015 desde Bangladesh, Pakistán o Afganistán, asumiendo que sufrieron persecución. Al no contemplarlos, los musulmanes creen que la ley es discriminatoria. Luego de varios días, el primer ministro indio Narendra Modi rompió el silencio y le rogó a los habitantes de Delhi que contribuyan a la "paz y armonía" del país. El comienzo de los incidentes coincidió con la primera visita oficial al país del presidente estadounidense, Donald Trump, que concluyó el martes.

La nueva normativa cristalizó el temor de los musulmanes a ser relegados a ciudadanos de segunda categoría, en un país en el que los hindúes representan al 80 por ciento de la población. La violencia se desencadenó cuando un grupo de manifestantes bloqueó la ruta principal del barrio de Jaffrabad, Delhi, como protesta contra la ley aprobada a fines de diciembre del año pasado por el Parlamento. "Cerramos la carretera durante dos días, pero llevamos protestando casi dos meses", explicó una de las mujeres que participaron de la protesta, oculta bajo un largo velo negro y que pidió el anonimato por miedo a represalias.

Hacia el norte se encuentran las áreas más afectadas por la violencia, donde ardieron decenas de tiendas y las calles fueron tomadas por turbas armadas con palos y pistolas. Los problemas más serios empezaron cuando Kapil Misra, líder de la formación nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), organizó una manifestación a favor de la ley muy cerca de la protesta promusulmana de Jaffrabad, y pronunció un discurso incendiario.

"El líder del BJP Kapil Misra trató de llamar a la violencia y la policía no actuó contra los que estaban causando problemas", relató Rahu, un joven del barrio, sobre los inicios del conflicto. Los vecinos acusan a la formación gobernante del primer ministro, Narendra Modi, y al grupo extremista Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) de desatar una verdadera masacre contra los musulmanes.

"La gente estaba cantando Jai Shri Ram ("Gloria al Dios Ram"), no sabemos de dónde vinieron", dijo Rahu. Esa frase se ha convertido en el grito de guerra del nacionalismo hindú. Los vecinos de Nueva Delhi coinciden en denunciar la falta de acción de la policía a la hora de controlar las protestas, que tuvieron lugar al mismo tiempo en que llegaba al país el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de una visita oficial de dos días. Como resultado de la gira oficial, Trump dijo que su país venderá helicópteros militares valuados en más de 3 mil millones de dólares a la India.

Los alcances de la ley

El Parlamento indio había dado luz verde en 2019 a la llamada ley de ciudadanía, una reforma legal que agiliza la nacionalidad de las minorías religiosas que llegaron antes de 2015 desde países como Bangladesh, Pakistán o Afganistán. La norma, tachada por sus detractores como una ley antimusulmana, es la última de una serie de medidas impulsadas por el gobierno liderado por Narendra Modi, un nacionalista hindú, en contra de esta comunidad.

Para Modi, la nueva legislación tiene como objetivo ayudar a los cristianos, sijes e hindúes que han sufrido persecución en tres países con mayoría de población musulmana. Esos grupos minoritarios, que durante años permanecieron sin derechos reconocidos en la India, tendrán ahora una vía automática para conseguir la nacionalidad.

Arvind Kejriwal, jefe de gobierno de Delhi, estado que incluye a la capital, consideró que la situación es "alarmante" y pidió desde un principio que el gobierno de Modi imponga el toque de queda y despliegue a los militares. "A pesar de sus esfuerzos, la policía no logra controlar la situación e restaurar la calma", manifestó Kejriwal. La seguridad en Delhi, territorio que dispone de un estatuto particular, es responsabilidad del gobierno central. 

El primer ministro indio, Narendra Modi, finalmente rompió el silencio y dirigió un mensaje "pacifista" a los habitantes del territorio de Delhi: "La paz y la armonía son fundamentales para nuestro espíritu. Hago un llamamiento a mis hermanas y hermanos de Delhi para que mantengan la paz y la fraternidad en todo momento", dijo Modi, nacionalista hindú, en un mensaje difundido en su cuenta deTwitter. "Es importante que se restablezca la normalidad lo antes posible", agregó el primer ministro, intentando calmar las aguas, un objetivo que por el momento no ha podido cumplir.

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