La propuesta de suspender las patentes de la vacuna anti-Covid divide a la UE

Bruselas. Los líderes de la Unión Europea (UE) están divididos sobre si seguir a Washington en el apoyo a la liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid-19, ya que muchos sostienen que esto llevaría años y no abordaría la cuestión inmediata de fabricar más dosis para acabar con la pandemia.

Los líderes del bloque de 27 países debatirán la idea de suspender las patentes en una cumbre de dos días que comenzó ayer en la ciudad portuguesa de Oporto, pero es poco probable que formulen una posición unida firme, más allá de una disposición general a debatir la cuestión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó el miércoles la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, a lo que las farmacéuticas respondieron que no son las patentes, sino las restricciones en el comercio internacional, lo que impide la distribución de los inmunológicos.

Algunos miembros de la UE sostienen que el proceso de liberación, que se llevaría a cabo en la Organización Mundial del Comercio, podría durar dos años, lo que lo haría irrelevante para controlar rápidamente la pandemia.

Los miembros de la UE creen que la mejor manera de acabar rápidamente con la pandemia, evitando la aparición de nuevas variantes del coronavirus, es impulsar la producción de vacunas y venderlas o donarlas a países de todo el mundo.

"Estamos abiertos a discutir la idea, las opciones relativas a las patentes, para ver cómo esto podría ayudarnos a lograr el objetivo de acelerar la producción y las entregas en todo el mundo", indicó una portavoz de la Comisión Europea en una sesión informativa periódica.

La UE, que está entre los mayores productores de vacunas del mundo, es también el principal exportador de estas sustancias, con 200 millones de dosis enviadas fuera del bloque, a diferencia de Estados Unidos o Reino Unido, que no exportan los biológicos que fabrican.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que la UE está "lista para discutir" tal levantamiento, a fin de determinar si era una "solución efectiva y pragmática", pero en rueda de prensa matizó: "A corto y medio plazo, este levantamiento no resolverá los problemas, no proporcionará ni una sola dosis de vacuna".

Von der Leyen puso énfasis en que Europa es "la única región democrática del mundo que exporta a gran escala", alrededor de 50 por ciento de su producción. Hasta ahora se han enviado 200 millones de dosis, dijo.

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Varias personas protestan ante las oficinas de Johnson & Johnson en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) pidiendo que liberalicen las patentes. Nic Bothma / EPA - EFE

En qué consiste? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Cuánto se tardará en aplicar? ¿Será suficiente para aumentar la producción? Esto es lo que se sabe y lo que no sobre el apoyo de EEUU a la suspensión temporal de las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas anti-COVID y sus consecuencias

 

Estados Unidos ha asombrado al mundo con su apoyo a la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. La medida ha sido calificada de "trascendental" e "histórica" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, para muchos, aunque importante, es solo el primer paso y aún queda camino por delante para aumentar el suministro de dosis y acabar con la enorme brecha en la vacunación entre países ricos y pobres.

De momento, sobre la medida, hay poco conocido y mucho por saber. "Muchos se preguntan si la exención acelerará las cosas. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el statu quo no está funcionando. La exención es una parte necesaria de un cambio más transformador", resume Matthew Herder, director del Instituto de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de Schulich, en Canadá.

¿Qué ha anunciado EEUU?

Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense, comunicó este miércoles en un tuit el apoyo del Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris a la exención de las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19.

"El Gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero en aras de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19", dice el comunicado de Tai. Su argumento: "Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias".

La decisión supone un giro de 180 grados en la posición que Washington había mantenido hasta ahora en los debates sobre el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual durante la pandemia. Llega tras meses de rechazo, y en un momento en el que EEUU –uno de los países ricos que han acaparado vacunas– figura entre los más avanzados en la inmunización: un 32% de la población está completamente vacunada y se han puesto alrededor de 75 dosis por cada 100 habitantes.

La presión por parte organizaciones de la sociedad civil, expertos y líderes mundiales hacia los gobiernos y las farmacéuticas para que apoyen esta medida ha sido cada vez mayor, mientras el virus sigue haciendo estragos en lugares como India y la desigualdad en la distribución de las vacunas persiste. La Organización Mundial de la Salud también ha abogado por la medida y ha elogiado a EEUU por su decisión, al igual que numerosas organizaciones sociales.

¿Es una idea nueva?

No. En la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha debatido hasta nueve veces desde octubre una propuesta que presentaron India y Sudáfrica a favor de una exención temporal de derechos de propiedad intelectual, algo previsto en el seno del organismo. La iniciativa ha recabado en todos estos meses el respaldo de decenas de países, principalmente los de menores ingresos, que defienden que puede ayudar a expandir el acceso a las vacunas.

Ahora, hasta 60 países copatrocinan la propuesta, a la que hasta el momento se habían opuesto sistemáticamente un grupo de miembros, principalmente aquellos con industrias farmacéuticas y biotecnológicas importantes, entre ellos, Australia, Brasil, Reino Unido, Japón y la Unión Europea, además de EEUU.

¿Qué pasa con esta propuesta?

La propuesta de India y Sudáfrica no se ciñe solo a las patentes, que otorgan a las empresas un monopolio sobre la producción y buscan proteger sus invenciones de la competencia durante un tiempo limitado. Tal y como está planteada en este momento, si saliera adelante, se suspenderían de manera temporal, mientras dure la pandemia, varias provisiones del llamado Acuerdo de los ADPIC, que es el marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual en el comercio: derechos de autor y los que se derivan de ellos, dibujos y modelos industriales, patentes y protección de la información no divulgada.

Sin embargo, tras meses de estancamiento en los debates y posturas enfrentadas, los impulsores de la propuesta anunciaron hace una semana que revisarán el texto en un intento de conciliar posiciones. Los detalles sobre los cambios se desconocen, pero se está trabajando en un calendario para discutirlos. Sobre la mesa está la posibilidad de reunirse en la segunda quincena de mayo. El texto revisado se presentaría, según fuentes de Ginebra, en la reunión formal del Consejo de los ADPIC, prevista para principios de junio.

Este movimiento se produjo pocos días antes de que EEUU se pronunciara a favor de una exención. Pero en su escueta declaración, Tai solo mencionó tal medida para las vacunas, mientras la iniciativa de India y Sudáfrica también se refiere a medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías. Esto, a juicio de algunas fuentes consultadas por elDiario.es, puede anticipar ciertas líneas rojas. Tras el anuncio de EEUU, las organizaciones sociales han pedido que no se ciña solo a las vacunas, sino que cubra igualmente otras herramientas médicas para la COVID-19.

"El peligro siempre está en los detalles. La transparencia y la publicación de los textos de negociación son fundamentales en todos los asuntos comerciales relacionados con la propiedad intelectual", ha dicho Tahir Amin, abogado experto en propiedad intelectual, en Twitter. "Tenemos que asegurar que se mantenga el espíritu de la propuesta presentada en octubre y no quede en una versión descafeinada del texto inicial", dice a elDiario.es Vanessa López, directora de Salud por Derecho, quien cree que la suspensión temporal de las patentes "puede marcar un antes y un después" en la lucha contra el virus.

¿Qué ocurrirá ahora?

Ahora toca negociar. La representante de EEUU ha dicho que el país participará "activamente" en las negociaciones para que haya una exención. Para que haya un acuerdo concreto, tiene que estar por escrito, y ahora toca hablar de qué se quiere hacer específicamente, cómo se quiere hacer, durante cuánto tiempo y con qué condiciones, y cómo se plasma eso en un texto que convenza a todo el mundo.

"Habrá que negociar hasta llegar a los elementos más técnicos, como qué aspectos de los acuerdos deben ser levantados, ya que no solo hay que considerar las patentes, sino los secretos comerciales, diseños industriales, copyright, etc.", dice Adrián Alonso Ruiz, investigador en políticas de innovación y acceso a medicamentos, que considera que la propuesta es positiva.

¿Cuánto pueden tardar?

EEUU ha dejado claro que estas negociaciones "llevarán tiempo" dada "la naturaleza basada en el consenso de la institución y la complejidad de los temas involucrados". La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha defendido que se debe responder "urgentemente porque el mundo está mirando y la gente está muriendo", y pide que el texto revisado se ponga sobre la mesa cuanto antes.

En la OMC hay una "regla de oro": las medidas se adoptan por consenso de todos los miembros, una de las razones por las cuales el debate ha permanecido bloqueado hasta este momento. "Las normas de la OMC permiten que se adopte una exención por mayoría de tres cuartos, pero en la práctica la OMC nunca ha abandonado la toma de decisiones por consenso en favor de una votación", ha dicho Thomas Bollyky, director del programa de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores.

En otras palabras, hay que esperar, ya que la iniciativa requiere también el apoyo del resto de países para salir adelante. Algunas voces consideran que el cambio de rumbo de EEUU, la mayor potencia económica, puede persuadir a los países detractores para que se comprometan y lleguen a algún tipo de acuerdo. Nueva Zelanda apoyó a las pocas horas la idea de trabajar por una exención.

Este jueves, Ursula von der Leyen dijo que la UE "está lista para discutir" cómo una renuncia de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas "podría ayudar a lograr el objetivo de combatir esta crisis".

"Es tarde para seguir debatiendo, necesitamos que la UE abandone el bloqueo para salvar millones de vidas en todo el mundo", dice López. El Gobierno de España ha apoyado este jueves la postura de EEUU y ha dicho que "marca el camino", aunque pide ir más allá.

Los países a favor de la medida han defendido estos meses que los problemas actuales en el acceso a las vacunas solo pueden abordarse eficazmente mediante la exención, pero hasta hace una semana algunas delegaciones seguían sin estar convencidas y otras han argumentado que podría ser contraproducente. Las organizaciones sociales vaticinan que el Gobierno de EEUU se enfrentará ahora a una "intensa presión" por parte de la industria farmacéutica para diluir los acuerdos.

Krishna Udayakumar, director del Duke Global Health Innovation Center, cree que no se puede esperar que la negociación en la OMC sea sencilla o rápida. "Existe el riesgo de que las negociaciones se empantanen y no se llegue a un consenso". También, dice, teme que se caiga en la complacencia a la hora de abordar las necesidades "más amplias" de aumentar la fabricación de vacunas.

¿Y si hay un consenso en la OMC?

A grandes rasgos, si se adoptara la exención, podría permitir a las empresas de todo el mundo que están desarrollando vacunas hacerlo sin temor a ser demandadas por otra compañía que posee la patente del producto. Es probable que tenga que acordarse una compensación económica. A falta de más detalles, hay quienes señalan que una posible limitación puede ser que no cambien las legislaciones nacionales. Es decir, que haya países que sigan protegiendo las patentes conforme a sus leyes, cuya modificación puede ser difícil y lenta.

"Una vez adoptado el levantamiento, quizás algunos países tienen que reformar su legislación nacional para adaptarla, lo que supondrá trámites parlamentarios e implementación, así como la identificación de fabricantes interesados en participar en la producción", dice Alonso Ruiz.

¿Cómo ha reaccionado el sector al anuncio de EEUU?

Como era de esperar, está en contra. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, que agrupa a compañías de todo el mundo, ha dicho en un comunicado que la decisión de EEUU es "decepcionante" y que una exención "es la respuesta simple pero incorrecta a un problema complejo". "No aumentará la producción ni proporcionará las soluciones prácticas necesarias para combatir esta crisis de salud global. Por el contrario, es probable que provoque trastornos", dice el texto.

"En medio de una pandemia mortal, la administración Biden ha dado un paso sin precedentes que socavará nuestra respuesta global a la pandemia y comprometerá la seguridad", se queja la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

En general, el sector ha defendido en los últimos meses que la medida podía sentar un precedente "peligroso" y corre el riesgo de socavar la innovación en el sector farmacéutico.

"Tal vez el estribillo más común en el sector es que compartir la propiedad intelectual significa que las empresas y sus inversores tienen que renunciar a los altos rendimientos que garantizan las patentes y otras formas de monopolio. Como resultado, no habrá más incentivos para la innovación farmacéutica. Este es un argumento extraño en el contexto de las vacunas anti-COVID-19, porque las empresas se libraron en gran medida de los riesgos con grandes cantidades de financiación pública", dice Ellen 't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, en un artículo.

¿Una exención será suficiente para incrementar la producción?

Existe cierto consenso entre los expertos y activistas partidarios de la medida, y es que tienen que ocurrir más cosas. En otras palabras, una exención de las patentes por sí sola no aumentaría el suministro mundial de vacunas, tiene que formar parte, dicen, de un paquete más amplio.

En primer lugar, hay que asegurar que tal medida vaya acompañada de lo que se conoce como "transferencia de tecnología", porque tan importante como tener los derechos para hacer una vacuna es tener los conocimientos técnicos para hacerla, que tendrían que ser proporcionados por las compañías desarrolladoras, y para eso se necesita su colaboración.

"Las transferencias de tecnología requieren que ambas partes, las empresas originarias de vacunas y las empresas receptora de vacunas, colaboren y compartan sus conocimientos. Si la empresa de vacunas originaria es reacia a colaborar, la renuncia a la propiedad intelectual por sí sola tendrá un impacto limitado", dice Julien Potet, de Médicos Sin Fronteras.

Por esta razón, hay quienes defienden que sin un apoyo mecanismos de transferencia de tecnología y know-how, difícilmente se podrán fabricar más vacunas. Pero, hasta la fecha, ningún fabricante de preparados eficaces contra el coronavirus se ha unido al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, plataforma creada para facilitar la puesta en común de estos avances.

En segundo lugar, muchas voces defienden que hace falta una inversión masiva en capacidad de producción, ya que podría hacer falta modernizar y construir fábricas, y producir más materias primas o ingredientes básicos, y otros elementos necesarios, como los viales o las jeringuillas. "Tenemos que sentar, de manera urgente, las bases de todo un sistema de abastecimiento que responda a las necesidades globales, no solo de ahora, también de las que lleguen con las nuevas variantes", señala López.

Alonso Ruiz explica que, una vez aprobada la medida, "hay que ver la capacidad y las ganas de la industria en entrar en acuerdos de transferencia tecnológica, habrá que coordinar la inversión económica para aumentar la capacidad de producción de materias primas, de líneas de fabricación, de cadenas de suministro". "Habrá que evaluar las plantas de fabricación, asegurarse de que los lotes de fabricación son de calidad y que responden a los requerimientos de las agencias reguladoras. Básicamente, ahora mismo nos enfrentamos a muchos de los problemas que teníamos ayer, pero hemos quitado una de las barreras".

Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, piensa que la exención es necesaria y un movimiento histórico, pero cree que "no va a resolver todos los problemas". "A corto plazo la redistribución de vacunas sigue siendo un problema a resolver, igual que el suministro de materias primas, y las limitaciones a las exportaciones de suministros necesarios para fabricar las vacunas".

Por estas razones, algunas voces creen que una exención no va a tener un efecto inmediato en la producción. "Recordamos que esta iniciativa fue propuesta en octubre del año pasado. Si se hubiese aprobado entonces, ya habría mucho camino andado", responde López. "No hay fórmulas mágicas que vayan a acabar con el problema de acceso a las vacunas de un día para otro y, al igual que las compañías propietarias del conocimiento y de las patentes han necesitado su tiempo, también lo necesitarán los nuevos fabricantes que se incorporen al mercado".

No obstante, también hay quienes piensan que si se adopta o avanza una exención, esta podría tener otros efectos de inmediato, como que las empresas entren en acuerdos de licencia voluntarias para intentar evitar que se adopte o para mitigar sus efectos. 

¿Habría capacidad de fabricación?

A lo largo de estos meses, países a favor de la medida, como Sudáfrica, han defendido que podría permitir "de inmediato a los países aprovechar la capacidad de producción no utilizada, accediendo a la capacidad sobrante en el mundo en desarrollo", lo que a su vez permitiría satisfacer la demanda de vacunas.

Sin embargo, uno de los argumentos más repetidos en contra de la exención y el intercambio de propiedad intelectual es que, en general, no hay productores de vacunas inactivos que puedan hacer uso de ella. 

"Este no parece ser el caso. Teva, una gran empresa farmacéutica israelí, intentó en vano obtener los derechos para producir las vacunas contra el coronavirus y recientemente anunció que abandonará la búsqueda de colaboradores. Empresas de Canadá, Bangladesh, Corea del Sur y Pakistán se han encontrado en la misma situación", escribe Ellen 't Hoen.

Tarrafeta cree que no está claro el problema que hay que resolver y "cuáles son las expectativas para resolverlo, también los tiempos". "Si el problema es la capacidad de producción global de vacunas, habrá que definir cuál es la capacidad total que necesitamos y para cuándo, y cuál es la capacidad actual. Esa capacidad de fabricación tiene que ir pareja a la capacidad de absorción –distribuir vacunas, organizar campañas...– de los sistemas sanitarios".

"Si lo que de verdad se necesita es aumentar la capacidad de producción con nuevos sitios de fabricación –como una medida esencial para asegurar una producción estable a largo plazo, es decir, no para los próximos seis meses, sino para los próximos años–, entonces la exención es necesaria como una primera medida, pero deberá ir acompañada por una transferencia tecnológica de la industria actual a nuevos fabricantes que creo que será difícil que se pueda forzar", señala.

Las formulaciones de vacunas son complejas. Pfizer, por ejemplo, ha asegurado que su vacuna de ARNm, una tecnología nueva, necesita 280 componentes de 86 proveedores en 19 países. También, dicen, necesita equipo y personal altamente especializado, "y transferencias de tecnología complejas que requieren mucho tiempo entre socios y redes globales de suministro y fabricación".

Según datos recopilados por la organización especializada Knowledge Ecology International (KEI), los fabricantes de vacunas contra el coronavirus generalmente comienzan a entregar los primeros lotes en menos de seis meses tras la transferencia de tecnología.

Potet, de MSF, cree que si hay un producto que podría beneficiarse rápidamente de una exención de propiedad intelectual, son los medicamentos de moléculas pequeñas, porque resulta "más fácil copiarlos" que las vacunas, mediante ingeniería inversa. "Producir a escala test de saliva que sean eficaces y de calidad podría permitir contener brotes de COVID-19 de manera mucho más eficiente", opina Tarrafeta.

Pero Estados Unidos, de momento, se ha limitado a las vacunas en su anuncio. "Una de las razones por las que EEUU apoyará una exención para las vacunas, pero no para los productos terapéuticos o de diagnóstico, es que las vacunas en los mercados extranjeros nos protegen. Las terapias y los diagnósticos en los mercados extranjeros no lo hacen", ha concluido James Love, director del KEI.

Por Icíar Gutiérrez

6 de mayo de 2021 22:53h

@iciar_gutierrez

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En una manifestación para exigir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se comprometa a crear un plan global de vacunación contra el Covid-19, que incluya compartir fórmulas para garantizar que todas las naciones tengan acceso a la inmunización, se rindió homenaje a los muertos por la pandemia, ayer en el National Mall, en Washington.Foto Afp

Rusia y China dejan atrás a EU en la "diplomacia de la inmunización"

 

Nueva York., El gobierno de Joe Biden, presionado por una masiva campaña social y política, anunció su apoyo a la suspensión de patentes de las vacunas contra el Covid-19 para facilitar la producción mundial de inmunólogicos ante la emergencia sanitaria.

Con este anuncio, Washington revierte la política del ex presidente Donald Trump de impedir una exención temporal de las barreras de protección de propiedad intelectual y se suma a más de 100 países que buscan negociar sobre la exención inicialmente impulsada por Sudáfrica e India.

Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, anunció la decisión y afirmó que "esta es una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del Covid-19 exigen medidas extraordinarias".

La decisión se da a conocer después de una campaña nacional e internacional con el fin de presionar al gobierno de Estados Unidos para revertir su oposición a la exención temporal de las patentes. Hasta ahora, Estados Unidos y un pequeño grupo de países ricos con vacunas estaban impidiendo la solicitud de más de 100 naciones pobres para dar inicio a negociaciones ante la Organización Mundial de Comercio en busca de la exención temporal de emergencia de las patentes.

Lori Wallach, directora del proyecto para comercio mundial de Public Citizen, y una de las organizadoras de la campaña de presión, declaró ayer: "gracias, presidente Biden, por dar prioridad a salvar vidas humanas y rechazar las mentiras y amenazas de las grandes farmacéuticas". Agregó que al luchar para que el resto del mundo acceda a las vacunas que tenemos aquí en Estados Unidos, el gobierno de Biden está reconociendo que eso de "nadie está a salvo hasta que todos estemos vacunados" es más que una consigna.

Más de 400 organizaciones de salud, de defensa del consumidor, religiosas, sindicatos, la mayoría de la bancada demócrata de la cámara y varios prominentes senadores como Bernie Sanders y Elizabeth Warren se habían sumado al llamado por el cambio anunciado por el gobierno de Biden.

Ayer los líderes de 110 legisladores demócratas que se sumaron a la campaña –entre ellos Jesús Chuy García, Jan Schakowsky, Adriano Espaillat, Earl Blumenauer y Barbara Lee– aplaudieron la decisión. "El anuncio comprueba que como nación nos importa más salvar vidas y ayudar a países más pobres, que la avaricia y ganancias empresariales", afirmaron.

A nivel internacional, más de 170 ex mandatarios y premios Nobel habían llamado, en una carta abierta enviada en abril, a que Biden apoyara la exención de las patentes para producir lo que llaman "una vacuna del pueblo". (https://www.jornada.com.mx/2021/04/ 24/mundo/022n1mun).

Las empresas farmacéuticas intensificaron sus esfuerzos para evitar que la OMC suspenda temporalmente las protecciones, advirtiendo que esa medida sentaría un precedente "desastroso" para la "innovación" e investigación y ayer condenaron la decisión. "En medio de una pandemia mortal, el gobierno de Biden ha dado un paso sin precedente que mirará nuestra respuesta global a la pandemia y pondrá la seguridad en entredicho", declaró Stephen Ubi, presidente de la asociación de empresas farmacéuticas Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Otras asociaciones empresariales de esa rama también expresaron su disgusto, advirtiendo que podría tener consecuencias severas.

Aunque el valor de las acciones de las farmacéuticas que elaboran la vacuna Pfizer y Moderna se desplomaron tras el anuncio del gobierno de Biden, más tarde se recuperaron.

Pero ante las dimensiones de la pandemia, las noticias recientes de descontrol de la pandemia en India, Sudáfrica y Sudámerica y el argumento de que muchos en los países pobres no tendrán acceso a una vacuna hasta 2024 si las cosas siguen como hasta ahora, es cada vez más difícil argumentar en defensa de los intereses económicos de las empresas.

El doctor Anthony Fauci, principal asesor médico para la pandemia del gobierno estadunidense, reconoció que las empresas tienen preocupaciones legítimas para mantener sus negocios, pero, agregó: "no puedes tener a personas muriéndose en el mundo porque no tienen acceso a un producto que los ricos sí poseen".

Mientras, algunos observadores indicaron que esta decisión ayudará a Estados Unidos a competir en el juego de "la diplomacia de vacunas", donde ha sido la última potencia mundial en entrar a esa "carrera", con Pekín y Moscú dejando atrás a Washington. China ha entregado o vendido sus vacunas a unos 90 países y ha exportado más dosis que todos los demás. Unos 70 países están recibiendo o han contratado la vacuna rusa, incluidos casi todos los países latinoamericanos, informa el Economist Intelligence Unit.

La Casa Blanca recién anunció que, después de exportar casi nada comparado con otros países productores, al menos 10 por ciento de las dosis obtenidas por Estados Unidos serán vendidas al exterior para el 4 de julio.


EE.UU. llama a liberar las patentes de vacunas contra el covid-19 y caen las acciones de empresas farmacéuticas

Por, Rusia Today

La representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, informó que su país participará "activamente" en las negociaciones que se realicen en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la liberación de patentes.

El Gobierno de Joe Biden manifestó este miércoles su respaldo a la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19, ante las "circunstancias extraordinarias" que presenta la actual pandemia del coronavirus. 

"La Administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero, en función de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas covid-19", afirmó la representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, en un comunicado de prensa

Tai apuntó que el Gobierno de Biden tomó esta decisión debido a las "circunstancias extraordinarias" que ha traído la actual crisis de salud global. 

Asimismo, la representante comercial informó que EE.UU. participará "activamente" en las negociaciones que se realicen en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la liberación de patentes, con el objetivo de hacer las gestiones necesarias "para que eso suceda".

En concreto, Tai adelantó que las negociaciones al interior de la OMC podrían llevar tiempo, debido a "la complejidad de los temas involucrados" y a que las decisiones se aprueban por consenso entre los miembros de la organización. 

La noticia fue celebrada por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien calificó el anuncio como un "momento grandioso en la lucha contra el covid-19". 

Caída de acciones de farmacéuticas  

Luego del anuncio del Gobierno estadounidense se desplomaron en el mercado las acciones de las grandes farmacéuticas que producen las vacunas contra el covid-19. 

Las de la compañía estadounidense Moderna cayeron un 6,2 % durante la jornada, según reportó Bloomberg. El valor de los títulos de Pfizer bajaron un 2,6 %, mientras que las acciones de la alemana BioNTech cayeron en 8,9 %. 

La compañía estadounidense Novavax también vio que sus acciones bajaron hasta 11 % durante la jornada. 

"Una respuesta simple, pero equivocada"

Mientras, desde la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos y Asociaciones (IFPMA, por sus siglas en inglés) criticaron la iniciativa y tacharon de "decepcionante" el hecho de que fuera apoyada por EE.UU.

Desde el organismo opinaron que la exención de las patentes es "una respuesta simple, pero equivocada a lo que es un problema complejo". El paso "no aumentará la producción, ni proporcionará soluciones prácticas, necesarias para combatir esta crisis de salud global", sino "probablemente" llevará a una interrupción.

"Mientras la decisión de la Administración de EE.UU. no aborda los desafíos reales en la vacunación en el mundo, la industria no renunciará a su compromiso para proporcionar vacunas seguras, eficaces y de calidad y tratamientos", destacó la entidad.

Publicado: 6 may 2021 02:53 GMT

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Vacunas sí, antivirales no: una decisión económica

Los beneficios potenciales de las vacunas y los tratamientos para la covid 19 son muy distintos. Hay 7.700 millones de clientes para las primeras frente a 103 millones para los segundos: 75 veces menos

 

Para evitar al lector interpretaciones erróneas, voy a hacer previamente una declaración de principios: soy un médico instruido y educado en la medicina científica, amante de la Medicina Basada en la Evidencia, totalmente alejado de las medicinas alternativas, soy pro vacunas y nada tendente a la conspiranoia, sin dejar de ser consciente, por mi edad y experiencia, de los grandes intereses económicos que se mueven en ciertos sectores de una sociedad.

Empezaré señalando que hace ahora 50 años la mayoría de los médicos del mundo asistimos expectantes al nacimiento del que parecía ser el camino que racionalizaría la práctica médica. Abandonándose para siempre el “yo hago esto así porque opino…” o “yo hago esto así porque creo…”, la medicina parecía que dejaría de ser un arte para ser una auténtica ciencia. Corría el año 1972 cuando el epidemiólogo escocés Archibald Cochrane, publicó su libro Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services –Efectividad y eficiencia: reflexiones aleatorias sobre los servicios de salud– en el que explicaba sus primeras reflexiones al respecto.

Estas incipientes ideas versaban sobre el camino que habría de conducirnos a una medicina científica, basada en la evidencia, en la que la separación del grano de la paja en la literatura científica conduciría a la creación del nuevo cuerpo de doctrina médica. En él solo habría lugar para las experiencias que superaran una estricta crítica de la metodología empleada y de las conclusiones objetivamente enunciadas, quedando por tanto excluidas todas las demás, es decir aquellas conclusiones que no estuvieran avaladas por el rigor metodológico exigido para ser dadas por ciertas. Y era importante, porque ejemplos de estas últimas llenaban los libros y revistas científicas que había en las estanterías.

La progresiva implantación de esta doctrina surtió en poco tiempo dos efectos claros. Por un lado, redujo notablemente la indeseable variabilidad de la práctica médica, acercándose a su objetivo final, que un médico en España y otro en Nueva Zelanda, sin conocerse, se enfrenten al mismo problema y puedan actuar exactamente igual. Por otro lado, la eliminación de técnicas, exploraciones y tratamientos que o bien no se habían mostrado sustentadas en una metodología exigente, o bien sus conclusiones no habían sido suficientemente razonadas, ha contribuido desde entonces a la sostenibilidad de los sistemas de salud.

La implantación y el desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) han supuesto que la medicina desde la segunda mitad del siglo XX sea la más racional que ha existido en nuestra historia. Sin embargo, es tendencia muy humana que el entusiasmo sobre algo nos conduzca a un fundamentalismo insano que puede volverse dañino. No en vano, en el punto medio suele estar la virtud, pues nunca es aconsejable olvidar el sentido común. Y una desviación en este punto, hasta convertirse en fundamentalismo, es lo que esta pandemia nos está mostrando. 

Aunque personalmente estoy de acuerdo en la bondad de la MBE, estoy seguro de que el mismo Cochrane cuando hizo sus primeras reflexiones no estaba pensando en una enfermedad que, por nueva, no dispusiera de un previo acervo de conocimiento, como ocurre con el caso de la epidemia de covid-19. Por el contrario, la gravedad y contagiosidad de la misma, con la consiguiente rapidez de extensión, apremia seriamente a la humanidad, pues en un año se han producido 103 millones de contagios y 2,4 millones de muertos, afectando además a todo el planeta. ¿No es una situación extraordinaria? En este contexto, considero que uno de los principales errores cometidos ha sido aplicar a rajatabla criterios y procedimientos de la MBE ideados para un contexto normalizado, cuando el actual no lo es. Es, por el contrario, demasiado extraordinario por urgente y destructor.

Parece obvio que, en situaciones extraordinarias, los métodos a aplicar deben ser también extraordinarios. El no haber tenido la inteligencia suficiente para adaptarse a tan especiales circunstancias ha supuesto un retraso en la investigación en algunos ámbitos concretos por no tener en cuenta precisamente las especiales características de la pandemia –inexistencia de conocimiento previo de la enfermedad, alta contagiosidad y mucha rapidez en su extensión y gravedad de la covid-19–. El fundamentalismo al que la MBE ha llevado a muchos médicos nos ha impedido aplicar el sentido común, única herramienta que nos podía ayudar en este caso, adaptándonos a las circunstancias y a sus necesidades específicas.

En consecuencia, durante el año 2020, la ciencia, y la medicina en particular, han mostrado una capacidad de adaptación desigual entre los distintos aspectos del tratamiento de la covid-19. Se ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo rápido de vacunas, mientras que ni se ha mostrado ni se sigue mostrando la misma diligencia para la investigación del tratamiento de la enfermedad, especialmente el referido a los antivirales, que van encaminados a abortar la enfermedad desde el principio, impidiendo la entrada del virus en la célula y por tanto su replicación. Los médicos de todo el mundo, en su gran mayoría, hemos buscado las evidencias publicadas sobre esta enfermedad, pero nos hemos encontrado con que estas ni siquiera existían. Necesitábamos encontrar su naturaleza, su comportamiento y las posibles opciones de tratamiento, es decir, cosas nuevas. Y esto solo podía lograrse con una investigación ágil, imaginativa y valiente, especialmente valiente. Y necesitábamos hacerlo rápido.

Sin embargo, a muchos nos da la sensación de que no se ha sido muy consciente del todo de la auténtica urgencia del caso. ¿Por qué ha ocurrido esto? Apuntaré algunas hipótesis.

Los médicos nos hemos esforzado en descubrir las medidas que trataran de mejorar las fases más graves de la enfermedad, solo cuando su proceso se había agravado tanto que se preveía el fallecimiento inminente del paciente. Ahí sí se han probado rápidamente tratamientos como la dexametasona. Sin embargo, esta fase crítica no es más que la consecuencia de una infección viral como hecho primero –dando lugar a la fase viral, de curso clínico relativamente benigno– que acaba en muchos casos en el establecimiento de la fase inflamatoria, cercana a la muerte –la famosa tormenta de citoquinas y el consiguiente fracaso multiorgánico, como últimos pasos antes del fallecimiento–. 

Por tanto hemos parecido olvidar algo fundamental, que lo ideal es encontrar un fármaco con acción antiviral, que sea capaz de abortar la enfermedad en su inicio, precisamente para evitar que, tras la replicación del virus, se desencadene la neumonía bilateral típica y se llegue a la segunda fase –fase inflamatoria–. La lógica más elemental aconseja actuar contra la causa primera y fundamental.

¿Por qué entonces los antivirales han ocupado solamente un lugar secundario en nuestros pensamientos y en el tiempo dedicado?  Llama la atención que solo las grandes farmacéuticas lo han intentado, probando fármacos antivirales que, sin excepción, han resultado ineficaces tras haber sido aprobados con relativa rapidez por parte de las agencias reguladoras. La mayoría de ellos eran de alto coste. Hoy todavía no se ha logrado disponer de ninguno auténticamente eficaz. Por el contrario, parece que nadie ha querido, ni quiere, oír hablar de otras investigaciones con moléculas que han mostrado resultados iniciales esperanzadores. La pretensión de lograr la aprobación de ensayos clínicos de varias de ellas se eternizan y se eternizan, cuando ya tienen la condición imprescindible para poder ser candidatas a ser estudiadas seria pero rápidamente –la seguridad–. Señalemos que no se pide la aprobación irresponsable de ninguna molécula o moléculas, sino solo la aprobación con la mayor rapidez y la mayor agilidad administrativa de los ensayos controlados, que posteriormente permitan, o no, su aprobación como tratamiento antiviral de la covid-19.

La mayoría de estas moléculas que esperan infructuosamente el permiso de ensayo comparten varias características, como son: suelen ser antiguas en casi todos los casos –algunas fueron aprobadas por la FDA estadounidense ya en 1965–, baratas y libres ya de patentes por el importante tiempo transcurrido desde su aparición, así como seguras, pues han sido utilizadas durante años para otras indicaciones mostrando muy pocos efectos secundarios. ¿Realmente hay que ser tan riguroso formalmente, y sobre todo tan exigente administrativamente ante unos fármacos que, si bien tienen que demostrar su eficacia, poseen la condición principal para ser aprobados: su necesaria y demostrada seguridad?

Por el contrario, en el mismo tiempo, se ha conseguido el desarrollo, completo en algunos casos, su rápida aprobación y su uso, de varias vacunas, como son las de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, entre más de veinte que se encuentran en fases algo más precoces pero que han gozado de la misma agilidad en su aprobación que las citadas. Y ello a pesar de que existen importantes incertidumbres en su comportamiento a medio y largo plazo –yo mismo debo admitirlo a pesar de tener una actitud provacunas–. De hecho la mayoría de los médicos del mundo occidental hemos decidido libremente ser vacunados, pero curiosamente solemos ser los mismos que luego estamos poniendo constantes trabas cuando deberíamos fomentar ensayos clínicos de sustancias baratas y antiguas –por tanto con seguridad contrastada– con la mayor urgencia posible.

El ingente trabajo realizado con las vacunas ha sido fruto de grandes compañías farmacéuticas, las mismas que han fracasado repetidamente en el descubrimiento de algún antiviral eficaz. ¿Son similares en cuanto a beneficio económico el negocio de las vacunas y el de los antivirales? ¿Tiene esto algo que ver con la perezosa maquinaria que parece retrasar y retrasar la aprobación de los ensayos clínicos solicitados para antivirales? No digo que las grandes compañías no persigan el beneficio de la humanidad, pero quizás… si puede ser haciendo grandes negocios, mejor. ¿O no? ¿Se ha preguntado alguien si en el fiasco en el aprovisionamiento de las unidades prometidas de vacunas en los plazos señalados puede haber habido cierta trampa? ¿Tan difícil es calcular el ritmo de producción de las mismas? ¿Pudiera haber una actitud de “vamos a firmar el contrato rápidamente para asegurar la operación, que luego las serviremos como vayamos pudiendo”? ¿Es cierto que importantes partidas de las dosis contratadas han sido desviadas a terceros países porque abonaban a última hora precios hasta tres veces más altos?

Los beneficios potenciales de ambos negocios –vacunas versus antivirales– son muy distintos, siendo mucho mayor el de las primeras que el de los segundos. Se calcula que con las vacunas va ser del orden de 20.000 millones de dólares. Hoy hay 7.700 millones de habitantes en el mundo, todos potenciales clientes de vacuna, mientras que son 75 veces menos los clientes potenciales de antivirales –ha habido hasta el momento 103 millones de infectados–. Imagínense la diferencia.

Será por esta o por otras razones, pero hasta ahora ha sido sistemática e inexplicablemente enlentecida la aprobación de ensayos clínicos de sustancias antiguas, por tanto con seguridad probada, y baratas. Como casos ciertos a modo de ejemplo podemos hablar de la ivermectina –antiparasitario–, la colchicina –fármaco antigotoso–, el omnivirol –compuesto de aceites esenciales–, algunas pautas antihistamínicas –fármacos antialérgicos– o la plitidepsina, nueva molécula española por  la que ha tenido que manifestarse un grupo de científicos de todo el mundo exigiendo que dejen de demorar el comienzo de la fase III de su ensayo. *

Señalo, una vez más, que no se trata de ser irreflexivo, sino de tener la mente abierta y, sobre todo, tener una actitud ágil en los procedimientos. Insisto: no se trata de aprobar medicamentos, solamente se pide la aprobación rápida de ensayos clínicos de sustancias seguras y de resultados prometedores para llevar a cabo los correspondientes ensayos clínicos. Y en eso llevamos meses de retraso. Parece sospechoso impedir investigar la eficacia de fármacos con menos efectos secundarios que otros que fueron aprobados con facilidad y se usaron los primeros meses de la pandemia. Por la actitud, pareciera que no se quiere comprobar que realmente pueden ser eficaces, en este caso, sustancias que fueron aprobadas en muchos casos hace muchos años para otras indicaciones por los organismos y agencias reguladoras de todo el mundo.

Resumiendo, el lobby de las grandes farmacéuticas va ganando esta batalla. Médicos del mundo, ¡exijamos que se permita investigar con rapidez los antivirales que pueden ayudar a largo plazo mucho más que las propias vacunas! Seamos sinceros, valientes y comprometidos con nuestra profesión, aplicando el sentido común a la necesidad y urgencia del momento que vivimos.

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* Fe de errores. En la primera versión de este artículo se citaba un tratamiento con dióxido de cloro experimentado en Bolivia; dicho tratamiento ha sido desaconsejado por la OPS.  

Por Manuel Calleja es cirujano cardiovascular en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

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Lunes, 18 Enero 2021 05:52

Militar la patente

Planta de Pfizer en Amboise, Francia AFP, ALAIN JOCARD

Cómo las farmacéuticas se aseguraron el monopolio sobre la vida y la muerte

Pfizer encabeza una dura oposición a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19. En el pasado, la misma empresa lideró el lobby que hoy impide el acceso de los pobres a medicamentos cruciales.

 

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por el gigante farmacéutico Pfizer junto con su socio alemán Biontech fue la primera en ser aprobada por varios Estados para su uso de emergencia y su aplicación ya se encuentra en estado avanzado en varios países. No obstante, mientras esto sucede, Pfizer ha mostrado una vehemente oposición a uno de los esfuerzos globales más importantes realizados en pos de garantizar que los países pobres puedan acceder a la inmunización contra la enfermedad.

En octubre, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera de forma temporal la vigencia de las patentes de los tratamientos contra el covid-19, en virtud del acuerdo de propiedad intelectual conocido como Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Apoyada ahora por casi un centenar de países, la iniciativa permitiría la producción asequible de tratamientos genéricos durante lo que dure la pandemia.

Si se aprueba, la propuesta podría salvar innumerables vidas en el Sur global, en momentos en que los países ricos acaparan los stocks de vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20) y cuando un estudio realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins advierte que una cuarta parte de la población mundial no recibirá el pinchazo hasta 2022 (British Medical Journal, 15-XII-20). Pero, hasta ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado la moción, a pesar de que en el contexto actual las demoras en el acceso a las vacunas significan, en los hechos, más muertes.

Con Pfizer a la cabeza, la industria farmacéutica, preocupada por proteger sus ganancias, es un socio poderoso de este frente opositor. «La propiedad intelectual es la sangre del sector privado y es la que trajo una solución a esta pandemia. En este momento, no es una barrera», declaró a comienzos de diciembre Albert Bourla, su director ejecutivo. Días antes, Pfizer había registrado oficialmente su oposición a la propuesta de India y Sudáfrica en un artículo del 5 de diciembre en The Lancet, en el que afirmaba que «un modelo global único [de acceso a las vacunas] ignora las circunstancias específicas de cada situación, de cada producto y de cada país».

En los alegatos de la empresa, el marco actual de las normas de propiedad intelectual y de los monopolios farmacéuticos es presentado como un orden planetario basado en el sentido común y cuyos beneficios para la sociedad serían evidentes. En realidad, estas normas internacionales son relativamente recientes y fueron moldeadas, en parte, por la propia Pfizer. Desde mediados de la década del 80 hasta principios de la del 90, la empresa desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las mismas reglas de propiedad intelectual de la OMC que ahora invoca para argumentar en contra de la liberación del suministro de vacunas para los países pobres. La «sangre del sector privado» mentada por Bourla no corresponde a un orden natural, sino que refleja una estructura comercial global que la compañía ayudó a crear en detrimento de los pobres de todo el mundo.

UNA CAMPAÑA CORPORATIVA

A mediados de la década del 80, el entonces presidente de Pfizer, Edmund Pratt, tenía una misión: asegurar que se incluyeran fuertes protecciones para la propiedad intelectual en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Aquellas fueron las negociaciones multinacionales de comercio que resultarían en el establecimiento de la OMC en 1995. El razonamiento de Pratt era simple: semejantes protecciones eran vitales para proteger la «competitividad» global de su empresa y de otras industrias estadounidenses.

Pratt tenía un poder institucional considerable más allá de su puesto corporativo. Como señalan los investigadores de Harvard e Insead Charan Devereaux Robert Z. Lawrence y Michael D. Watkins en su libro Case Studies in US Trade Negotiation, Pratt formó parte del Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales de los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan. En 1986, cofundó el Comité de Propiedad Intelectual, un organismo que se dedicaría a construir vínculos con corporaciones de Europa y Japón, se reuniría con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU y llevaría adelante un agresivo lobby para garantizar que se incluyera la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales.Ya en aquellos años, tanto a nivel mundial como estadounidense, Pfizer jugaba un rol importante en la promoción de la idea de que el comercio internacional debía depender de unas determinadas reglas de propiedad intelectual: según su concepción, los países que no siguieran las reglas de propiedad intelectual estadounidenses se dedicaban a la piratería. Los expertos en regulación comercial internacional de la Universidad Nacional de Australia Peter Drahos y John Braithwaite señalan, en su libro Information Feudalism, que «como el batir de un tambor, el mensaje sobre la propiedad intelectual se fue replicando por las redes empresariales, las cámaras de comercio, los consejos directivos, los comités de negocios y los organismos corporativos. Progresivamente, los ejecutivos de Pfizer que ocupaban puestos clave en las gremiales empresariales estratégicas lograron reclutar el apoyo de esos grupos a una concepción de la propiedad intelectual que estaba basada en el comercio».

Por aquel entonces, la idea de que la propiedad intelectual debía ser parte de las reglas comerciales internacionales no era algo universalmente aceptado. Muchos países del tercer mundo se resistieron a su inclusión, con el argumento de que, si se establecían normas más estrictas de propiedad intelectual, se iba a estar protegiendo el poder monopolístico de las corporaciones y se socavarían los controles internos de precios.

En 1982, la primera ministra de India, Indira Gandhi, decía a la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS, que «un mundo mejor ordenado será aquel en el que los descubrimientos médicos estén libres de cualquier patente y donde no se haga negocio a partir de la vida y la muerte». Y en 1986, el Christian Science Monitor informaba que «Brasil y Argentina encabezan un grupo que ha bloqueado los intentos de Estados Unidos de incluir la protección de la propiedad intelectual en la nueva ronda de conversaciones de comercio».

Pero el presidente de Pfizer tenía aliados poderosos, entre ellos el presidente del gigante tecnológico IBM, John Opel. Sus esfuerzos combinados desempeñaron un papel clave para asegurar que finalmente se incluyeran reglas de propiedad intelectual en las negociaciones del GATT. Pratt nunca dudó en atribuirse ese éxito. «Esta victoria en el GATT, que establece disposiciones para la propiedad intelectual, resultó en buena parte de los esfuerzos a brazo partido hechos por el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses, incluida Pfizer, durante las últimas tres décadas. Hemos estado en esto desde el principio, asumiendo un rol de liderazgo», declaró por entonces, tal como lo recogen los investigadores Lori Wallach y Patrick Woodall en su libro Whose Trade Organization? The Comprehensive Guide to the WTO.

Durante las negociaciones para la protección de la propiedad intelectual en el GATT, el grupo de lobby cofundado por Pratt jugó un papel activo como organizador de empresarios de Estados Unidos, Europa y Japón decididos a conseguir una regulación fuerte en la materia. Cuando, a mediados de los años noventa, se estableció formalmente la OMC y se firmaron los acuerdos internacionales, Pratt ya no era presidente de Pfizer, pero su contribución y el papel de la empresa que había dirigido todavía se hacían sentir. Fueron Pratt y Opel quienes, desde un comienzo, «diseñaron, presionaron y engatusaron al gobierno estadounidense para que incluyera la propiedad intelectual como uno de los temas de negociación», en palabras de uno de los miembros del equipo negociador de Estados Unidos citado por Devereaux, Lawrence y Watkins.

El acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que entró en vigor en 1995, se convertiría en el «acuerdo sobre propiedad intelectual más importante del siglo XX», escriben por su parte Drahos y Braithwaite. Ese tratado puso a la mayor parte del mundo bajo estándares mínimos de propiedad intelectual, parte de los cuales significaron el establecimiento de un monopolio global de patentes en manos de las empresas farmacéuticas. Para Dean Baker, economista y cofundador del think tank izquierdista Center for Economic and Policy Research, «el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC requirió que países de todo el mundo adoptaran normas de patentes y derecho de autor de tipo estadounidense. Anteriormente, ambos temas habían estado fuera de los acuerdos comerciales internacionales y los países podían tener las reglas que quisieran al respecto. India tenía una industria farmacéutica bien desarrollada en la década del 90. Antes del acuerdo, el Estado no permitía que las empresas farmacéuticas patentaran medicamentos. Podrían patentar procesos, pero no medicamentos».

ACCESO LIMITADO

El acuerdo sobre ADPIC trajo fabulosas ganancias a las compañías farmacéuticas y «elevó los costos farmacéuticos en Estados Unidos, al tiempo que restringió aún más la disponibilidad de medicamentos vitales en los países en vías de desarrollo de la OMC», según afirma la ONG Public Citizen, dedicada al contralor de prácticas corporativas. Esta dinámica se manifestó de forma brutal durante la crisis del sida, que se encontraba en su apogeo cuando se creó la OMC. «Le tomó al gobierno sudafricano casi una década romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén y condenaban a su gente a la muerte», recordaban hace poco en The New York Times (7-XII-20) Baker, el activista por la salud pública Achal Prabhala y el economista Arjun Jayadev.

Es difícil pensar en un escenario más propicio para defender una suspensión de las leyes de propiedad intelectual que el de una pandemia mundial, un argumento que ciertamente no es marginal en el contexto político actual. Además de una larga lista de activistas globales, los principales grupos de derechos humanos y los expertos en la materia de la ONU han sumado sus voces a la demanda de suspender las leyes sobre patentes. Sus llamamientos continúan lo iniciado por el movimiento por la justicia global de la década del 90 y principios de la del 2000, que puso en cuestión el papel que tuvo la OMC –junto con otras instituciones globales, como el Banco Mundial y el FMI– en la destrucción, a manos de las corporaciones, de las regulaciones nacionales en materia laboral, ambiental y de salud pública. Un punto clave de su crítica fue el enorme poder de las corporaciones estadounidenses en la OMC, que se revela hoy en su bloqueo de la propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19.

Pfizer no es la única que se opone a pausar por un momento las reglas de propiedad intelectual. Las gremiales de la industria farmacéutica y empresas individuales, se han manifestado con toda su fuerza en contra de estas propuestas. «La influencia de la industria farmacéutica es enorme», señala Baker. «No hace falta decir que Trump apoyará estas corporaciones. Incluso Biden será presionado por la industria farmacéutica y tendrá enormes dificultades para hacer algo que a esta no le guste».

La lucha sin cuartel de la industria farmacéutica por acaparar información que permitirá salvar vidas en plena pandemia contrasta con el gigantesco papel que ha tenido la financiación pública en el desarrollo de las vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20). Sin embargo, con un costo estimado de 19,50 dólares estadounidenses por dosis en sus primeras 100 millones de dosis, la vacuna de Pfizer es demasiado costosa para muchos países pobres, particularmente a la luz de sus requisitos de almacenamiento. La compañía farmacéutica Astrazeneca, que produjo una vacuna junto con la Universidad de Oxford, se comprometió, en 2020, a facilitar el acceso de los países pobres a su producto y afirmó que no obtendrá ganancias durante lo que dure la pandemia. Pero, al mismo tiempo, «se ha reservado el derecho a declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021», según señalan en el Times Prabhala, Jayadev y Baker.

Se podría tomar un mapa de la pobreza mundial, colocarlo sobre un mapa de acceso a las vacunas y se obtendría una coincidencia virtual de uno a uno. «Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países están reservando dosis en proporciones que superan con creces el tamaño de sus poblaciones», informó en diciembre The New York Times, «mientras que muchas naciones pobres luchan por asegurarse apenas lo suficiente» (15-XII-20). Es el resultado lógico de un sistema diseñado desde el principio para reforzar estructuras de poder existentes desde hace mucho tiempo y heredadas de un sistema colonial. Independientemente de las intenciones que se haya tenido, se dejará morir una vez más a las naciones negras y pardas, mientras que los países ricos del Norte global exceden con creces sus propias necesidades. Dado el riesgo de que podamos ver un apartheid global de la distribución de vacunas, en el que los países pobres continúan enfrentando pérdidas devastadoras mientras que los países ricos persiguen la inmunidad colectiva, no parece que alcance con vagas garantías de benevolencia empresarial. Como dice Baker, «¿no querría usted que todas las vacunas estuvieran disponibles tanto como sea posible?».

(Publicado originalmente en In These Times con el título «Pfizer Helped Create the Global Patent Rules. Now it’s Using Them to Undercut Access to the Covid Vaccine». Traducción y titulación en español de Brecha.)

Por Sarah Lazare
15 enero, 2021

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Miércoles, 30 Diciembre 2020 06:13

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

A pesar de los avances científicos en la lucha contra el covid-19, todavía queda un largo camino por recorrer para cumplir la promesa de una «vacuna para las personas» universal y de libre disponibilidad. Tal como están las cosas, los intereses de las grandes farmacéuticas están triunfando sobre el principio de justicia sanitaria.

 

Los anuncios recientes de resultados exitosos en dos ensayos clínicos de vacunas contra el covid‑19 generan esperanzas de que un regreso a la normalidad esté cerca. Los datos preliminares de las nuevas vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna son muy alentadores y hacen pensar que es inminente su aprobación de emergencia. Y noticias más recientes respecto de la eficacia (aunque ligeramente menor) de una vacuna desarrollada en forma conjunta por AstraZeneca y la Universidad de Oxford también dan motivos para esperar otros avances. En teoría, la llegada de una vacuna segura y eficaz sería el comienzo del fin de la pandemia de covid‑19. Pero en realidad, no hemos empezado a lograr lo que realmente se necesita: una «vacuna de la gente», que se distribuya en forma equitativa y gratuita para todas las personas que la necesiten. 

Por supuesto que hay que elogiar todo lo que se ha hecho para poder crear vacunas en apenas unos pocos meses. Ha sido un enorme salto tecnológico para la humanidad. Pero ese salto se hizo desde un trampolín de décadas de inversión pública a gran escala en investigación y desarrollo. Las principales vacunas candidatas se basan en general en preparar al sistema inmunitario para detectar la proteína spike, una técnica que es posible gracias a años de investigación en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Más recientemente, BioNTech recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán, y Moderna recibió un millón de dólares de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y más de 1.000 millones de dólares de dos organismos estadounidenses: la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. La vacuna de AstraZeneca‑Oxford recibió más de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) de financiación pública.

Pero para que los avances tecnológicos se conviertan en «salud para todos», es necesario que las innovaciones de creación colectiva se rijan por el interés público y no por la ganancia privada. Esto es particularmente cierto en el caso del desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas en el contexto de una pandemia. Ningún país podrá resolver esta crisis actuando solo. Por eso necesitamos vacunas al alcance gratuito de todos. Pero el sistema de innovación actual antepone los intereses de los países de altos ingresos a los del resto, y las ganancias a la salud pública. 

El primer paso hacia una vacuna al servicio de la gente es garantizar la plena transparencia de los resultados de los ensayos clínicos para permitir una evaluación independiente y rápida de la seguridad y eficacia de las vacunas. La publicación de datos preliminares incompletos a través de anuncios de prensa corporativos está dirigida a los mercados financieros, no a la comunidad sanitaria, y es una práctica que sienta un mal precedente. Mientras las acciones de las farmacéuticas se valorizan, los profesionales del área de la salud y la gente se ven obligados a tratar de adivinar los resultados de las pruebas. Conforme surgen más detalles sobre defectos en el diseño y la implementación del ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca‑Oxford, aumentan también los pedidos de un modelo de ciencia abierta y de que los protocolos y resultados se compartan en forma inmediata.

Además, hay preguntas cruciales sobre las principales vacunas candidatas que todavía no tienen respuesta. Presiones políticas y económicas en los países de altos ingresos llevan a que las farmacéuticas estén tratando de acelerar la aprobación de sus vacunas. Por eso han diseñado sus ensayos clínicos de fase III de modo de obtener resultados positivos lo antes posible, en vez de responder preguntas importantes, por ejemplo si la vacuna previene el contagio o solo protege contra la enfermedad. Tampoco está clara la duración de la protección; si la vacuna es igualmente eficaz en jóvenes y ancianos, o en personas con comorbilidades; y qué diferencias hay entre las principales candidatas (lo cual es esencial para el diseño de estrategias de vacunación eficaces). Además, el proceso de distribución de las vacunas sigue dominado por los intereses nacionales (sobre todo, los de los países desarrollados). Aunque el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) es un gran avance, este pierde efectividad frente a inmensos acuerdos bilaterales de compra anticipada de países ricos que pueden darse el lujo de apostar a varias vacunas. Por ejemplo, los países de altos ingresos ya compraron cerca de 80% de las dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna que estén disponibles el primer año. 

En resumidas cuentas, los países ricos se han apropiado de 3.800 millones de dosis de diferentes fabricantes, contra 3.200 millones (incluidos unos 700 millones de dosis para COVAX) para el resto del mundo. Es decir, reservaron dosis suficientes para dar cobertura a sus poblaciones varias veces, con posibilidad de que las dosis restantes no alcancen para vacunar ni siquiera a los grupos más vulnerables en los demás países. Al mismo tiempo, como la carrera por las vacunas se centra sobre todo en los mercados occidentales, algunas candidatas serían muy poco viables fuera de un país desarrollado. La de Pfizer/BioNTech hay que conservarla a -70 °C, una temperatura inferior a la del invierno antártico. La distribución de esta vacuna creará costosos y complejos desafíos logísticos, especialmente para los países de ingresos bajos y medios. Aunque otras candidatas (por ejemplo, la de AstraZeneca‑Oxford) son estables a temperaturas más altas, es notable que el primer producto que alcanza la fase de aprobación incluya un elemento tan evidente de discriminación de mercados. 

Más allá de los intereses nacionales acecha el problema de los aún más estrechos intereses privados, producto de un modelo de innovación farmacéutica hiperfinancierizado. Ahora que la pandemia da a los inversores la posibilidad de una ganancia inesperada, la industria está ampliando el modelo de negocios para desarrollar futuras vacunas. Pero mientras los inversores se benefician de la subida vertiginosa de sus acciones y las crecientes ganancias de capital y liquidan las acciones sobrevaloradas de una empresa el mismo día que esta anuncia resultados preliminares prometedores en un ensayo clínico, la creación de una vacuna para las personas pasa a segundo plano.

La crisis del covid‑19 es una ocasión ideal para saber si en los próximos años prevalecerá un modelo de innovación y producción más orientado a la salud pública. Pfizer se aferra al modelo de maximizar el valor para los accionistas, pero AstraZeneca al menos se comprometió a no lucrar con su vacuna «durante la pandemia». Aun así, el proceso (a pesar de toda la inversión pública que hay detrás de estas innovaciones) seguirá siendo opaco, y hay motivos para dudar de que AstraZeneca realmente esté dispuesta a anteponer la salud pública a las ganancias y ofrecer su vacuna al costo.

Las últimas noticias sobre vacunas han traído esperanza, pero también han puesto de manifiesto la disfuncionalidad del modelo de negocios de la industria farmacéutica y siembran dudas sobre la posibilidad de lograr una vacuna para la gente y Salud para Todos. Aunque el business as usual alcance por esta vez para superar la crisis, hay una manera mejor de hacer las cosas. Antes de que llegue la próxima pandemia, tenemos que entender que las vacunas son bienes públicos de salud globales y empezar a reorientar el sistema de innovaciones hacia un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada que se rija por el interés público.

Fuente: Project Syndicate

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Lunes, 14 Diciembre 2020 06:04

Vacunas

Vacunas

Los gobiernos están aprobando con rapidez el uso de las vacunas contra el Covid-19. Se han desarrollado varias de ellas. Son tres las que se consideran generalmente, las creadas por: Pfizer, Moderna y Astra Zeneca (véase la útil reseña publicada sobre ellas en https://elpais.com/ciencia/2020-11-23/ las-diferencias-abismales-entre-las -vacunas-de-pfizer-moderna-y-oxford.html ?prm=enviar_email).A esas habría que añadir la Sputnik V, de Rusia.

En medio de la larga pandemia y sus severas consecuencias en materia de salud, el alto número de los fallecimientos producidos, las presiones sobre los sistemas sanitarios, los efectos adversos en la educación y los muy altos costos económicos y cuyo saldo negativo aún no se conoce, la disponibilidad de vacunas resulta un suceso relevante.

Hay, sin embargo, elementos de suspicacia al respecto. Una tiene que ver, por supuesto, con su eficacia. Fueron desarrolladas con mucha celeridad tratándose de un producto complejo con las características de una vacuna y que, usualmente, requiere de más pruebas clínicas que fueron obviadas y una idea de sus consecuencias en lo que se llama inmunidad de rebaño y en distintos individuos.

En este caso, según se sabe, no se conocen suficientemente las formas variadas en las que ataca el virus al cuerpo humano; así se registran casos que van desde los asintomáticos –pero contagiosos–, los leves, los difíciles, los graves, hasta los que provocan consecuencias duraderas y, claro, los que producen la muerte.

En cuanto a la relación de esto con el patrón de los contagios también hay vacíos. Esto se asocia con la forma agresiva en que se propaga el virus y las recurrentes acciones de prevención impuestas por las autoridades.

También se vincula con las reacciones de ciertos grupos que ven en la vacunación una forma de represión de las libertades individuales, que se ligan sobre todo con las medidas de confinamiento, pero también con el simple uso de un cubrebocas, que es un medio de obstaculizar la propagación del virus, aunque haya un negacionismo testarudo al respecto entre algunos gobernantes y segmentos de la población.

La investigadora belga Els Torreele que trabaja ahora en el Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública en Londres, donde se investiga sobre la reforma del sistema mundial de desarrollo de medicamentos, critica en una entrevista la falta de transparencia en la creación de las vacunas contra el Covid-19.

Primero, apunta Torreele al hecho de que se gasten más de 4 mil millones de euros de dinero público en un resultado económico privatizado. Hay, pues mucha inversión pública, pero el control sigue en el ámbito privado, es decir: propiedad intelectual, fijación de precios, ensayos clínicos y los datos que se hacen públicos.

Al respecto, señala que en el Reino Unido el gobierno aprobó recientemente el uso de la vacuna de Pfizer a partir de información publicada en una nota de prensa de la propia empresa. Claro que la pregunta obvia es acerca de la función de los órganos especializados en salud y regulación de los gobiernos y cómo actúan. Hay incógnitas acerca de la duración del efecto de inmunidad que generan las vacunas y de las posibilidades de una nueva fase de contagios.

La vacuna de Pfizer, recientemente autorizada por Cofepris en México debe mantenerse a temperaturas ultra frías de alrededor de 70 grados bajo cero. ¿Existe esa capacidad de almacenamiento, mismo que se vincula directamente con los medios efectivos de distribución en el desigual territorio del país? Por otra parte, está el proceso mismo de vacunación; esta vacuna se administra en dos dosis con diferencia de 21 días y la inmunidad se alcanza hasta una semana después de la segunda dosis. Hay que repetir el proceso y hacer que la gente vaya dos veces a inyectarse.

El problema logístico será enorme y las posibles fallas, desastrosas. Y, sin embargo, en el planteamiento que se ha ido creando por largo tiempo con respecto a la naturaleza misma de la pandemia, las consecuencias que ha provocado y en buena medida la discutible gestión política emprendida, estamos encaminados a seguir el curso de las decisiones que se han tomado con respecto de las vacunas y en un contexto de mucha incertidumbre.

Cuando menos, estemos conscientes de la situación en que estamos ahora y admitamos que no tenemos muchas opciones. Pero sí tenemos el derecho de exigir a los responsables de la gestión de esta etapa de la pandemia y de la vacunación una efectiva responsabilidad con la población.

Gobierno y ciudadanos, a los que no se puede forzar a vacunarse, hemos de estar conscientes de lo que todo esto significa, en cuanto a las expectativas que se generan, el desempeño y cumplimiento de todas las partes involucradas en el proceso y las adaptaciones que esta nueva etapa va a exigir, sobre todo ahora que la nueva ola de contagios y fallecimientos se ha agravado.

En materia de la economía y en el marco de la pandemia, el gobierno ha rentabilizado lo que se ha llamado como una “austeridad subsidiada”, por medio de las abundantes remesas que se reciben y el aumento de las exportaciones demandadas por la industria de Estados Unidos. En cuanto a la cuestionable gestión de la pandemia y ahora el proceso de vacunación, no hay de donde subsidiarse.

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Vacunas contra el coronavirus: entre las pausas y las aprobaciones de emergencia

Cómo es el panorama de los diferentes laboratorios en la carrera por lograr la respuesta a la covid-19

Mientras que algunas farmacéuticas han pausado sus ensayos en Fase III por daños colaterales en alguno de sus voluntarios, otras aprietan el acelerador y buscan la aprobación de emergencia antes de fin de año. La perspectiva de los investigadores locales.

 

Aunque en la OMS se han inscripto casi 200 vacunas, son pocas las corporaciones que desarrollan los ensayos clínicos en fase III y cuentan con las mejores posibilidades. Mientras algunas –como Johnson & Johnson esta semana y AstraZeneca el mes pasado– debieron pausar sus ensayos para estudiar complicaciones y el desarrollo de afecciones inexplicables en algunos de sus voluntarios; otras, como Pfizer y Moderna, se apresuran a conseguir una autorización de emergencia para distribuir sus dosis en la población lo más rápido posible. En el medio, las presiones políticas del propio presidente de Estados Unidos que busca su reelección a toda costa. A continuación, se ofrece un panorama con las marchas y las contramarchas que se deslizan en un escenario dinámico; una competencia abierta entre gigantes del universo biotecnológico y de la salud que no se resignan a quedar afuera del podio.

Las que pausan

 “De las vacunas que se están desarrollando, a mi entender, hay algunas que tienen mejores perspectivas. Por ejemplo, las que utilizan virus inactivado, una tecnología más antigua pero mucho más robusta y segura porque ya se ha probado para otras enfermedades. Me refiero al caso de las chinas SinoVac y Sinopharm –la empresa estatal que está probando en Argentina–. Luego hay otras que emplean métodos más modernos. La de AstraZeneca, por caso, utiliza un vector viral, adenovirus (que comúnmente causa resfrío), al que se le agrega una cobertura con componentes del Sars CoV-2”, describe Mario Lozano, virólogo del Conicet y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Después continúa con la enumeración para completar el panorama: “Por último, están las más novedosas de todas: aquí se ubican las de Pfizer y Moderna, que tan solo usan una parte del genoma viral (ARN mensajero). Se les tiene mucha confianza porque se podrían fabricar de forma muy barata pero se desconocen realmente cuáles podrían ser los efectos secundarios”.

En este marco, algunas han experimentado breves interrupciones. El lunes pasado la farmacéutica Johnson & Johnson anunció la pausa temporal de sus pruebas porque uno de los postulantes había exhibido “una enfermedad inexplicable”. Estaba siendo testeada en más 60 mil personas de 200 localidades de Estados Unidos y de otras naciones como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Sudáfrica y Argentina, que iniciaría con la convocatoria en breve. Hoy el acontecimiento está siendo evaluado por una junta médica independiente. A principios de septiembre, AstraZeneca comunicó que había decidido suspender su Fase III porque una de sus voluntarias en Reino Unido había desarrollado mielitis transversa –una enfermedad que afecta al sistema nervioso– luego de la inoculación. Estaba siendo evaluada en 50 mil participantes de Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos. Al poco tiempo, como su vida no estaba en peligro y fue dada de alta, el procedimiento se reanudó, salvo en EEUU.

Los efectos adversos, en la abrumadora mayoría de los casos, son menores: un dolor de cabeza o unas líneas de fiebre suelen ser los más corrientes. No obstante, que algún voluntario desarrolle una enfermedad más grave constituye una situación “esperable” en cualquier diseño normal de vacuna. El desarrollo de una tecnología tan compleja está plagado de marchas y contramarchas. De hecho, con ese propósito se realizan los ensayos: para que el producto final sea lo más seguro y eficaz posible.

“Los estudios en Fase III involucran a decenas de miles de personas. Que en un grupo de 25 mil voluntarios, haya una o dos personas con alguna complicación es algo esperable. Si nosotros mañana seleccionáramos a 25 mil personas de la calle y realizáramos un seguimiento, también sería posible encontrar a dos o tres individuos que a lo largo de meses desarrollen algún problema. Ya sea un infarto, o una enfermedad, lo que sea. Los problemas no se detectan en las Fases I y II porque las pruebas son con menos postulantes”, explica Jorge Geffner, doctor en Bioquímica e Investigador Superior del Conicet. Luego, ofrece una cuota de optimismo para con los desarrollos que se realizan en el presente. “Hasta el momento, si uno suma la cantidad de voluntarios para todas las candidatas, estamos hablando de miles y miles de vacunados, de los cuales muy poquitos exhibieron alguna reacción adversa. Es una muestra fehaciente de que el estándar de seguridad en general viene funcionando muy bien, aun cuando los protocolos de base de cada una de las farmacéuticas las obligan a interrumpir sus inoculaciones, informar e investigar ante el registro de alguna anomalía. Confío en que el mundo producirá opciones seguras, desde mi perspectiva, no hay razón para dudar hasta el momento”.

Los equipos científicos detienen por completo el proceso porque los protocolos deben ser lo más exigentes posible. De lo contrario, resulta muy difícil que, una vez concluida la Fase III, la tecnología sea aprobada para su uso masivo por los organismos de monitoreo y control (Anmat en Argentina, FDA en EEUU). Es posible, además, que la patología pueda haberse desarrollado por efectos de la vacunación o no. Tal y como sugiere Geffner, cuando los voluntarios son decenas de miles, analizar qué ocurre con cada uno es mucho más complejo que hacerlo cuando las pruebas apenas son con 100 o 200 personas.

Frenar el protocolo cuando hay problemas es crucial. El propósito es que un equipo de especialistas externo a las instituciones que diseñan y prueban la droga, pueda extraer sus propias conclusiones al respecto. ¿Cómo sigue el procedimiento? Un comité de expertos evalúa las situaciones con detenimiento para especificar los detalles del suceso y chequean si otro de los postulantes experimentó reacciones adversas similares. Luego de un examen exhaustivo, deciden si es posible proseguir o si deben frenar el desarrollo de la vacuna.

Desde aquí, plantea Geffner: “No debemos perder de vista que las vacunas son tecnologías que demoran unos 10 o 12 años en desarrollarse y ésta se está fabricando en un par de meses. Lo que aún es una incógnita es a qué porcentaje de la población protegerá, si su eficacia llegará al 50% o al 90%. Si protegiera a la mitad de los habitantes del planeta ya implicaría una excelente noticia, por supuesto. Más teniendo en cuenta las segundas oleadas del virus en Europa. En Madrid, por ejemplo, el 80% de las instituciones de salud no tienen disponibilidad de camas, cuando hace un mes y medio se creía que lo peor ya había transcurrido”.

Las que buscan aprobar de emergencia

"Podríamos saber si nuestra vacuna es efectiva o no a finales de octubre", escribió Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer en una carta abierta difundida en el sitio oficial de la firma. Por este motivo, en noviembre, anunció que solicitará la autorización de emergencia para aprobar su vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Junto a la firma alemana BioNTech, la droga está siendo probada en Brasil, Estados Unidos, Alemania y Argentina. A nivel local, los ensayos en fase III son realizados en el Hospital Militar de CABA y coordinados por el doctor Fernando Polack de la Fundación Infant.

Moderna es la otra farmacéutica de EEUU que busca aprobar su alternativa hacia fines de noviembre para ser distribuida de inmediato. Donald Trump estableció un acuerdo con la farmacéutica para recibir 100 millones de dosis. Mediante el pacto, cerrado en agosto, los ciudadanos de aquel país podrán recibirla sin costo alguno. Para su fabricación, la corporación biotecnológica trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. Desde el 27 de julio, se realizan ensayos clínicos de Fase III para evaluar la seguridad y la eficacia. 30 mil voluntarios distribuidos en 89 centros a lo largo y a lo ancho del país reciben sus dosis y Anthony Fauci, el reconocido epidemiólogo y asesor de la Casa Blanca, cree que podrá llegar a la ciudadanía incluso antes de fin de año.

 “Las vacunas crearán un mundo distinto, un escenario transformado desde todo punto de vista. Pensemos que si vacunamos a los profesionales de la salud y a los mayores de 65 años, estamos protegiendo al sector más vulnerable y entonces se modificaría de forma positiva el horizonte. La aprobación de emergencia debe realizarse tras conocer los resultados de la Fase III, si Pfizer los difundirá en octubre no habría inconveniente en que inicie con la distribución en noviembre. Pero, en este afán, el rol de los comités de expertos independientes y la FDA será vital para analizar los resultados obtenidos”, precisa Geffner. Al respecto, también opina Lozano. “Las opciones de Pfizer y Moderna son las más novedosas. Si uno tuviera que decidir qué vacuna comenzar a distribuir masivamente y de emergencia, sería la china. Porque emplean mecanismos y procedimientos ya conocidos por la comunidad científica. Pfizer está ensayando un producto que si bien tiene muchas ventajas, aún no se ha probado a gran escala para ninguna otra patología”.

En ambos casos, si las pruebas clínicas en curso son concluyentes, las compañías podrían recibir el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que habilitará su distribución entre los habitantes del país. La FDA tendrá en cuenta tres requisitos fundamentales: que sean seguras, que sean efectivas y que puedan ser fabricadas a gran escala. Desde este punto de vista, el organismo regulador comunicó que requerirá, al menos, de dos meses de datos que comprueben su seguridad antes de autorizar el uso de emergencia.

Tanto Pfizer como Moderna estarían en condiciones de iniciar con la distribución local antes de fin de año, porque ya habían comenzado con la producción de miles de millones de dosis desde hace algún tiempo. Hay que recordar que las grandes biotecnológicas del mundo deciden tomar el riesgo –empezar con la producción previo a concluir la Fase III de ensayos– porque de ser aprobada, perderían mucho tiempo en distribuirla si tuvieran que fabricarla de cero apenas recibieran la aprobación.

Trump y las elecciones

¿Por qué Estados Unidos busca comenzar a distribuir sus vacunas? Si bien este interrogante no puede saldarse a partir de una sola respuesta, hay un motivo que no puede perderse de vista. Se acercan las elecciones, Donald Trump busca su reelección y contar con una solución para la pandemia global posicionaría a su gobierno en un sitio más auspicioso respecto del que actualmente se encuentra. Bajo esta premisa, sostiene Lozano: “aprobar cualquier vacuna tan rápido solo se justifica a partir de la necesidad política que tiene el gobierno de Trump. De seguro debe estar presionando a las compañías de bandera para poder presentar resultados antes de las elecciones de inicios de noviembre”.

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Sábado, 11 Abril 2020 06:34

Didier Raoult: chaleco amarillo

Didier Raoult: chaleco amarillo

El investigador francés Didier Raoult, microbiólogo de reputación mundial especializado en enfermedades infecciosas, se encuentra en el centro de una polémica desencadenada por la pandemia del nuevo coronavirus. Este científico propone un tratamiento a base de chloroquina, más precisamente hydroxichloroquine, producto que, según Raoult y el grupo de especialistas que lo secundan, podría curar las enfermedades contaminadas por el virus a condición de seguir sus instrucciones y aplicar el tratamiento al inicio de la enfermedad. Estos especialistas dan resultados en cifras que probarían la exactitud y la eficacia de su programa. Didier Raoult es director del Instituto Hospitalario-universitario en Enfermedades infecciosas de Marsella y laureado con el gran premio del Inserm (Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica) en 2010.

Esta esperanza de curación gracias al chloroquine produjo, de inmediato, un levantamiento de críticas, protestas y agresiones verbales. Otros investigadores de medicina, no menos diplomados y respetables, impugnaron resueltamente el resultado de los trabajos efectuados por el instituto de Marsella bajo la dirección de Didier Raoult. Cuestión de método: según ellos, las estadísticas no habían sido establecidas de acuerdo con las normas científicas requeridas.

Los científicos del instituto de Marsella respondieron que esta ola de reprobaciones era una prueba más de la arrogancia incorregible de los parisienses y de su menosprecio hacia los pobres provincianos marselleses. El tema dejaba el terreno de la medicina para tomar el de la eterna rivalidad entre la capital y la provincia, dando a la polémica un giro irracional. Excepción que confirma la regla: un grupo de doctores parisinos, entre ellos Alain y Jean-Pierre García, hicieron un llamado en apoyo al tratamiento de Raoult.

Después del desacuerdo médico y la rivalidad de las metrópolis, como si hicieran falta otras causas de cizaña, se declararon otras guerras. Para empezar, la política, siempre subyacente en los conflictos. ¿Hacia qué lado se inclinaba el Poder Ejecutivo: el presidente y el gobierno franceses? La controversia se extendió a la persona misma de Didier Raoult: ¿era un opositor, una especie de rebelde insumiso a las autoridades? Su aspecto fascina y desconcierta desde que se dejó crecer el cabello. Y este pelo largo ha dado lugar a todas las interpretaciones, incluso las más inverosímiles. Quienes prefieren bromear de su lado lo llaman Panoramix, nombre del druida que prepara una poción mágica, gracias a la cual los habitantes de un pequeño pueblo resisten a la invasión de los romanos. Se agrega a esta controversia, en importantísimo lugar, la guerra financiera. Intereses económicos disimulados a menudo tras el importante papel de los laboratorios farmacéuticos. No sería la primera vez que un escándalo estalle alrededor de los productos y maniobras de la poderosa y rica industria farmacéutica. Mientras el tratamiento del investigador y médico Didier Raoult no cuesta casi nada. Este científico, y quienes lo siguen, desean, en primer lugar, curar a los enfermos, sin ocuparse de ganar dinero. De ahí la nueva polémica que una cierta casta médica o mandarinato de investigadores al servicio de intereses financieros trata de encubrir poniendo en duda y desacreditando los trabajos científicos de Raoult. Así, los ataques se multiplicaron en todos sentidos a tal extremo que algunos observadores se decidieron a plantear algunas graves cuestiones: ¿los intereses monetarios prevalecen sobre las cuestiones de salud pública? ¿El coronavirus no sería el único enemigo invisible del bienestar sanitario? El polifacético Didier Raoult, fiel al juramento de Hipócrates, rebelde a la tecnocracia médica dominante, personalidad original que no teme decir lo que piensa y hace tambalearse ideas preconcebidas, ¿sería, como ya se dice, el chaleco amarillo de la medicina?

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La emergencia, prueba del fracaso del neoliberalismo: Noam Chomsky

El intelectual estadunidense negó una intención política en la propagación del virus

Sábado 21 de marzo de 2020,

El intelectual estadunidense Noam Chomsky rechazó versiones de que el coronavirus se haya propagado intencionalmente con fines políticos, como se ha especulado en diversas partes del mundo. Sin embargo, sostuvo que el colapso de los sistemas de salud ante la crisis se debe a los gobiernos neoliberales de muchos países y culpó al presidente estadunidense Donald Trump de minimizar la situación y arriesgar la salud de millones de personas.

El diario italiano Il Manifesto contactó a Chomsky, quien permanece aislado en su hogar en Tucson y afirmó: "La situación es muy grave. No hay credibilidad en la afirmación de que el virus se propagó deliberadamente. La reacción de Estados Unidos ha sido terrible. Era casi imposible incluso hacer pruebas a las personas, así que no tenemos idea de cuántos casos hay realmente".

Añadió: "En general, esta crisis es otro ejemplo importante del fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales farmacéuticas saben desde hace años que existe gran probabilidad de que se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para las ganancias prepararse para ello, no se ha hecho nada".

Agregó que "el huracán Trump" y su gobierno "han minimizado la gravedad de la crisis" en una actitud que ha sido replicada y aumentada por los medios de comunicación, lo que ha ocasionado que "muchas personas han dejado de tomar las precauciones básicas".

En cuanto a las condiciones generales de la pandemia, Chomsky indicó: “El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. Un ejemplo son las camas, que han sido suprimidas en nombre de la ‘eficiencia’”.

Publicado enInternacional
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