Martes, 19 Mayo 2020 06:44

Oda al glifosato

Oda al glifosato

Esta oda será cada vez más cantada en el mundo, a pesar de que la mayoría de los lectores jamás en su vida haya oído la palabra glifosato. No será, como veremos, un canto agradable. El glifosato es un agente industrial de muerte que está cada vez más cerca de la vida de todo ser humano, especialmente en estos tiempos de pandemia. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo en agricultura, silvicultura, jardinería e incluso en actividades domésticas. El glifosato es un invento químico, que se comercializó por primera vez en la década de 1970 por la compañía Monsanto, con el nombre de Roundup.

Desde entonces y hasta 2014 el planeta había sido fumigado por más de 8 mil 600 millones de kilogramos de este plaguicida. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Por tanto, está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros propios cuerpos. Su principal uso es en los cultivos transgénicos de maíz, soya y algodón que hoy existen en millones de hectáreas.

A pesar de ser utilizado durante casi medio siglo, el glifosato fue considerado un plaguicida no peligroso. Esta situación se vio favorecida por una exitosa campaña de propaganda por parte de las compañías productoras y por la ausencia de estudios científicos que lo desmintieran.

Hoy esto ha cambiado radicalmente. En la última década las voces de alarma de las organizaciones civiles defensoras del ambiente, la salud y los derechos humanos impulsaron numerosas investigaciones críticas. Hoy, la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato, de E. Martín Rossi (2020) ofrece una lista de ¡mil 108 artículos científicos que dan fe de los efectos nocivos del plaguicida! Por ello, el glifosato ha sido prohibido o restringido en Austria, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Tailandia, Bermudas, Sri Lanka y algunas regiones de España, Argentina y Nueva Zelanda.

Una síntesis de los impactos de este exterminador de las malezas que compiten con los cultivos transgénicos es la siguiente. El glifosato genera encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras una extensiva revisión de la literatura científica, decidió clasificar al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Además, el glifosato resulta tóxico para diferentes especies de crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton y zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos, aves, mamíferos y, lo más preocupante, a insectos benéficos y polinizadores como abejas, coleópteros y colibríes. Un nuevo reporte del Instituto Ramazzini de Italia (www.glyphosatestudy.org) reveló, además, que el glifosato debilita el sistema inmunitario de los seres humanos por tres vías (por el cáncer NHL, porque destruye una enzima esencial y porque modifica la biota intestinal), y deja desprotegidos a los individuos contra infecciones como el Covid-19.

¿Y en México? En el país la lucha contra el glifosato apenas se inicia. El contubernio de los gobiernos neoliberales con las grandes compañías no sólo biotecnológicas permitió el uso y sobreuso de plaguicidas, de tal suerte que hoy aún están permitidos 140, de los cuales 111 están catalogados como altamente peligrosos en el resto del mundo (ver el libro Los plaguicidas altamente peligrosos en México, coordinado por Fernando Bejarano, 2017). De gran impacto fue el descubrir que hay ¡glifosato en las tortillas! (y otros productos elaborados con maíz importado), según un estudio de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana de 2017, confirmado un año después por el Health Research Institute en los productos de Maseca. También se ha probado que hay glifosato en los cuerpos de los habitantes de muchas comunidades rurales, incluyendo niños y adolescentes. Ello llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias para hacer un diagnóstico de la contaminación por plaguicidas; revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas, y prohibir en forma progresiva los plaguicidas considerados altamente peligrosos.

El primer paso se ha dado. Las autoridades ambientales bloquearon la importación de 67 mil toneladas de glifosato de 15 compañías. Lo anterior ha provocado ya reacciones diversas. Al igual que el petróleo, las carnes, el excusado, los autos, la Coca-Cola y los celulares, el glifosato es ya un icono de esta tragedia planetaria llamada modernidad, la misma que hoy vive un escenario catastrófico. Cantemos sobre el glifosato denunciando sus impactos sobre la salud humana y la salud del planeta. Es necesario y urgente.

Por Víctor M. Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Publicado enMedio Ambiente
Monsanto deberá defenderse en los tribunales de EEUU contra una denuncia de ocultación de pruebas sobre riesgos de sus herbicidas

Un juez de California acepta que el jurado considere la denuncia de ocultación de pruebas en una demanda contra la empresa, además de las pruebas científicas sobre el cáncer del demandante

Con 46 años, DeWayne Johnson no está preparado para morir. Pero con un cáncer que se expande por todo su cuerpo, los doctores dicen que apenas si le quedan unos meses de vida. Ahora Johnson, marido y padre de tres hijos en California, espera vivir lo suficiente como para hacer que Monsanto asuma la culpa.


El 18 de junio, Johnson se convertirá en la primera persona en llevar a juicio a la multinacional especializada en semillas y productos químicos, acusada de ocultar durante décadas los peligros cancerígenos de sus populares herbicidas Roundup. Ahora su caso acaba de conseguir un gran impulso.


La semana pasada el juez Curtis Karnow emitió una orden para permitir que los miembros del jurado consideren no solo las pruebas científicas sobre el origen del cáncer de Johnson, sino también las acusaciones de que Monsanto eliminó pruebas de los riesgos que conllevaba utilizar sus herbicidas. Karnow dictaminó que el juicio seguirá su curso y que un jurado será el encargado de considerar las indemnizaciones punitivas.


"Las comunicaciones internas anotadas por Johnson podrían apoyar las conclusiones de un jurado de que Monsanto ha sido consciente durante mucho tiempo del riesgo de que sus herbicidas hechos a base de glifosato sean cancerígenos... pero ha buscando continuamente influir en las publicaciones científicas para evitar que sus preocupaciones internas llegasen a la esfera pública y para reforzar sus defensas en acciones de responsabilidad por sus productos", escribió Karnow. "Por lo tanto, hay cuestiones enjuiciables de hechos materiales".


El caso de Johnson, presentado en el tribunal superior del condado de San Francisco, en California, está en primera línea de la lucha legal contra Monsanto. Unos 4.000 demandantes han demandado a la empresa argumentando que la exposición al Roundup causó que ellos o sus familiares desarrollaron el linfoma no Hodgkin. En octubre, está programado que se juzgue otro caso en la ciudad donde Monsanto tiene su sede, San Luis (Missouri).


Estas demandas cuestionan la posición de Monsanto de que sus herbicidas son seguros y aseguran que la compañía ha sabido de los peligros y los ha ocultado a los reguladores y también a la población. Los litigantes citan varios estudios que indican que el ingrediente activo de los herbicidas de Monsanto, una sustancia llamada glifosato, puede provocar LNH y otras dolencias.


También citan investigaciones que muestran que las fórmulas del glifosato de sus productos comerciales son más tóxicas que el glifosato por sí solo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como una sustancia con potencial cancerígeno para los humanos en 2015.
Monsanto "defendió datos falsificados y atacó a los estudios legítimos" que revelaban los peligros de sus herbicidas, y lideró una "campaña prolongada de desinformación" para convencer a las agencias gubernamentales, agricultores y consumidores de que el Roundup era seguro, según la demanda de Johnson.

"Esperamos mostrar la manera en la que Monsanto ocultó el riesgo de cáncer y cómo contaminó la ciencia", defiende Michael Miller, abogado de Johnson. "Monsanto no quiere que la verdad sobre Roundup y el cáncer salga a la luz".


Monsanto ha negado de forma tajante las denuncias, diciendo que sus productos no producen cáncer. Según la empresa, los descubrimientos de la IARC son erróneos y también los estudios que concluyeron que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato como el suyo son potencialmente cancerígenos. Monsanto señala que los hallazgos de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EEUU) y otras autoridades reguladoras respaldan su defensa.


"Los herbicidas a base de glifosato están respaldados por una de las bases de datos sobre efectos sobre la salud humana y el medio ambiente más extensas del mundo jamás recopiladas para un producto contra las plagas", afirma Monsanto en su página web. "Amplios estudios toxicológicos y de impacto ambiental realizados a lo largo de los últimos 40 años han demostrado una y otra vez el fuerte nivel de seguridad de este herbicida tan usado".


Un portavoz de la compañía no ha querido hacer comentarios a este diario.


La forma en la que se desarrolle la demanda de Johnson podría ser un indicador para otros demandantes sobre cómo proceder. Si Johnson lo consigue, podría haber muchos más años de duros litigios y duras reclamaciones por daños. Si Monsanto supera con éxito el desafío, podría frustrar otros casos y reducir la presión sobre la empresa.


Según los registros del tribunal, Johnson tenía un trabajo como encargado de mantenimiento del distrito escolar unificado de Benicia, lugar en el que se utilizó números tratamientos herbicidas de Monsanto sobre las propiedades de la escuela desde 2012 hasta, por lo menos, finales de 2015. Estaba sano y activo antes de que le diagnosticaran el cáncer en agosto de 2014.


En una declaración en enero, el médico que trata a Johnson testificó que más de un 80% de su cuerpo estaba cubierto de lesiones y que probablemente solo le quedaban unos meses de vida. Johnson ha mejorado desde que comenzó un nuevo tratamiento en noviembre, pero a veces sigue estando demasiado débil como para hablar o levantarse de la cama, han asegurado sus médicos y sus abogados en expedientes judiciales.


Los abogados de Monsanto planean presentar pruebas de que otros factores causaron el cáncer de Johnson, desafiar la validez científica en la que se basan las afirmaciones de Johnson y presentar sus propios expertos e investigaciones que apoyan que producen productos seguros. La compañía tiene un borrador de evaluación de riesgo de glifosato de la EPA que concluye que es poco probable que sea cancerígeno.


Carey Gillam es directora de investigación de la asociación de consumidores US Right to Know
Traducido por Cristina Armunia Berges

Publicado enSociedad
Martes, 23 Junio 2015 11:57

El ciego que no quería ver

El ciego que no quería ver

El pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó la suspensión del uso de glifosato en Colombia, un químico utilizado para la erradicación de la planta de coca en el país desde hace tres décadas y que, desde el inicio de su utilización, contó con pruebas insoslayables que requerían el cumplimiento de principio de precaución.

 

La decisión tomada, además de ser el resultado de la recomendación realizada por el Ministerio de Salud que evidenciaba la probabilidad cancerígena del glifosato, ha sido vista, por distintos creadores de opinión como una necesidad política que busca satisfacer una de las exigencias de las Farc para firmar el tratado de paz.

 

Lo que explica por qué luego de tres décadas de fumigación con agrotóxicos y de pruebas testimoniales y científicas de sus consecuencias, tanto en la salud de los seres humanos como en el medio ambiente y en el pancoger de los campesinos, se decide suspender al fin esta actividad ¿Ante cuales evidencias se tapó los ojos el Estado colombiano en todo este tiempo?

 

Evidencias como las presentadas en el año 2000 cuando la Defensoría del Pueblo encontró que durante las fumigaciones realizadas entre el 21 de diciembre de 1999 y el 25 de enero del año siguiente, en el Putumayo, fueron afectados los cultivos de plátano, maíz y pimienta de seis programas de desarrollo alternativo del Plante, dos de Corpoamazonía y tres de Naciones Unidas; sin ignorar los cargos impuestos por La Sección Tercera del Consejo de Estado en febrero del 2013 por los daños ocasionados a los cultivos de pancoger de los campesinos del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá.

 

Por otro lado, las pruebas de los daños que este químico causa en el medio ambiente ya son conocidas en el legislativo, tanto así que en el mes de mayo de 2014 magistrados del Alto Tribunal prohibieron la aspersión aérea con este químico de cultivos ilícitos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, al verlo como "un riesgo potencial al medioambiente".

 

Otro aspecto, también olvidado en el proceso de erradicación de los cultivos ilícitos ha sido la problemática económica que esto conlleva, sobre todo para los campesinos cocaleros que han dedicado gran parte de su actividad económica a su siembra y que, al no tener una alternativa efectiva para la sustitución del cultivo se ven afectados no solo con el sistema de fumigación con glifosato sino también con los erradicadores de la hoja de coca.

Por todos estos procesos, que por inmediatez de la información quedan en el olvido, el periódico desdeabajo realiza una cronología que pretende ser un pequeño esbozo de la persistencia que durante más de treinta años tuvieron diferentes sectores sociales en su deseo por erradicar las fumigaciones con glifosato y de las consecuencias que este agroquímico ha causado en su supuesta pretensión por erradicar los cultivos ilícitos en el país.

 

 

 

 


Recuadro

 

Herbicidas que contienen glifosato

 

Lo que debe alertar, luego de conocer los estudios de la Iarc que demuestran la probabilidad de desarrollar cáncer por el uso del Glifosato, es que su utilización, no es en su mayoría, para la erradicación de cultivos ilícitos. Al contrario de lo que pueda pensarse, su mayor uso está en los agroquímicos de la agricultura comercial.

 

Según la Larc "Se ha hallado glifosato en el aire, en el agua y en la alimentación, que precisa que la población está expuesta cuando reside cerca de las zonas tratadas".

 

-Abraxis LLC, una compañía situada en Pennsylvania (Estados Unidos), comenta que "se han encontrado residuos de glifosato en 41 de las 69 muestras de miel recibidas y en 10 de las 28 muestras de salsa de soja analizadas. También comenta que se ha detectado la presencia de este producto químico en 3 de las 18 muestras de leche materna analizadas y en 6 de las 40 muestras de leche de fórmula infantil".

 

Otro aspecto preocupante es que según un informe de Monsanto de 2008 sobre la historia de los herbicidas a base de Glifosato; Herbicidas como AquaMaster Roundup® WeatherMax, Roundup PowerMAX™, UltraMax, Full II y otros productos de uso agrícola bajo la marca Roundup, están elaborados a partir de este agroquímico y hacen parte de los más utilizados a nivel mundial por los agricultores para controlar las malezas e, incluso, en lugares residenciales como jardines y veredas. "Los productos de glifosato de Monsanto están registrados en más de 130 países y están aprobados para el control de malezas en más de 100 cultivos", afirma la multinacional.

Publicado enEdición Nº 214
Reduciendo la demanda de "drogas de sangre" en las Américas

En Washington hubo caras de asombro cuando, hace poco, Colombia anunció la suspensión de la fumigación aérea. La fumigación ha sido durante mucho tiempo una de las armas que utiliza la campaña de ambos países contra el narcotráfico, pero es un arma controvertida, y el gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los más estrechos aliados de Estados Unidos en América Latina, decidió que era suficiente. Los expertos predicen que la decisión hará que se extienda aún más el cultivo de coca. La producción ya se ha incrementado porque, en su intento de lograr un acuerdo de paz con las FARC, el gobierno ha bajado la guardia en varias regiones del país donde la guerrilla mantiene especialmente activa en el narcotráfico.


Aunque la decisión puede revocarse, debería ser un aviso para las autoridades estadounidenses, acostumbradas desde siempre a centrar sus esfuerzos en la oferta más que en la demanda que impulsa el narcotráfico. Si a eso se le une la investigación que llevan a cabo las fuerzas policiales sobre la posibilidad de que altos miembros del gobierno y el ejército de Venezuela hayan facilitado el tráfico ilegal de drogas, los brotes de violencia y corrupción en Centroamérica y el Caribe y los conflictos relacionados con las drogas en varias zonas de México, es evidente que las estrategias actuales no parecen eficaces a la hora de reducir ni mucho menos eliminar la plaga de las drogas. Mientras tanto, países enteros están en peligro.


El interés tradicional de Estados Unidos ha sido ofrecer incentivos económicos para reducir la oferta. Programas unilaterales como la Ley de Preferencia Comercial Andina y la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de Drogas prometían el acceso al mercado estadounidense a cambio de la cooperación en la lucha contra las drogas. La ayuda directa era relativamente abundante y el proceso de certificación, muy criticado, exigía el apoyo en las operaciones antidrogas como requisito para recibir esa ayuda. Ahora, sin embargo, los programas comerciales unilaterales han desaparecido para ser sustituidos por acuerdos de libre comercio más amplios, y el volumen de ayuda que proporciona Estados Unidos a la región disminuye cada año. Además, nuevos actores con abundantes recursos, como China, han reducido la influencia de EEUU y, por ende, su capacidad de impulsar sus políticas.


La región ha experimentado grandes cambios. Algunos países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, rechazan cooperar con Estados Unidos en la lucha contra las drogas y no parecen muy preocupados por las consecuencias económicas, gracias a la generosidad china; desde el punto de vista político, plantar cara al imperio es un triunfo para su causa. Otros, incluidos países amigos como Colombia y México, han observado con atención las tendencias dentro del propio Estados Unidos, incluyendo las campañas para la legalización de la marihuana en Colorado, Washington y el Distrito de Columbia. Estos y otros países de América Latina y el Caribe se preguntan por qué se les sigue pidiendo que hagan lo que consideran el trabajo sucio, con menos incentivos, acosados y sin recursos suficientes, después de décadas de pedir a Estados Unidos que haga algo para reducir la demanda de drogas, lo cual debilita sus propios gobiernos democráticos a ojos vistas.


La raíz del problema está en los millones de norteamericanos y europeos comunes y corrientes que consumen drogas
La demanda insaciable de Estados Unidos y otros consumidores ricos es lo que mueve el narcotráfico. El dinero obtenido de forma ilícita enriquece y provee de armas a los cárteles. Los funcionarios estadounidenses trabajan con diligencia, pero la raíz del problema está en los millones de norteamericanos y europeos comunes y corrientes que consumen drogas. Para muchos, consumir drogas ha dejado de acarrear un estigma social. No es más que algo que se supone que "todo el mundo hace" en algún momento de su vida. Las campañas educativas en los colegios suelen centrarse solo en las repercusiones físicas y neurológicas del consumo, además del posible efecto que puede tener en el futuro el uso descuidado de las redes sociales.


Pero el consumo de drogas no es un delito sin víctimas, sobre todo en el caso de las drogas más adictivas y destructivas que se encuentran en el mercado. Los daños pueden ser importantes en mayores costes sanitarios, deterioro de las facultades mentales en la escuela y el trabajo, y en vidas malogradas. Cualquiera familiarizado con los efectos del alcoholismo conoce las trágicas consecuencias que pueden tener incluso las sustancias legales, no solo para quienes las consumen sino para sus seres queridos.


Ha llegado el momento de probar algo que ha demostrado su éxito en el comercio de diamantes: hay que empezar a hablar de las drogas de sangre, que contribuyen a la muerte, la corrupción, el caos y la pérdida de oportunidades económicas en toda la cadena de suministro, desde los países productores hasta los consumidores, pasando por los países de tránsito. Reducir la demanda de esas sustancias disminuiría esos efectos. Pero la reducción de la demanda depende de decisiones personales tomadas cada día por millones de consumidores, que en general piensan poco —y se preocupan menos aún— en las repercusiones que tienen sus actos sobre otras personas más allá de las fronteras de su país.


Por desgracia, no podemos seguir ignorando todas esas consecuencias. Lo mismo sucedió en un momento dado con los diamantes procedentes de zonas de conflicto en África, pero una información eficaz ha ayudado, si no a eliminar el problema, al menos a controlarlo. Es posible que a veces sea más sencillo presionar a los países productores para que corten el flujo de drogas, pero la máxima responsabilidad es de quienes demandan el producto. Hace ya mucho tiempo que se debían haber reconocido y abordado la causa y el efecto.


Por Eric Farnswoth, vicepresidente de Americas Society / Council of the Americas en Washington DC. Lo expresado aquí es en carácter personal.

Twitter @ericfarns


Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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Sábado, 03 Mayo 2014 08:25

Hasta en la leche

Hasta en la leche

En abril de 2014 se encontraron por primera vez residuos de glifosato –el agrotóxico más usado del mundo– en la leche materna de madres en Estados Unidos.

 

Se suma a otros impactos comprobados, causados por los grandes volúmenes de agrotóxicos que conllevan los cultivos transgénicos, entre ellos: mayores niveles de residuos en alimentos y en agua potable, aumento de cáncer y otras dolencias en poblaciones aledañas al cultivo, residuos de agrotóxicos en leche materna, orina y sangre en Argentina y Brasil, residuos de glifosato en agua potable y orina de habitantes de varias ciudades en Europa. En 2010, estudios científicos conducidos por el doctor Andrés Carrasco, ex presidente del Conicet, Argentina, mostraron a partir de estudios con anfibios que el glifosato tiene efectos teratogénicos (deformaciones en fetos y neonatos).


El glifosato es el herbicida más usado del mundo debido a que la soya transgénica, y la mayoría del maíz, canola y algodón transgénico (que son el 99 por ciento de los transgénicos sembrados comercialmente en el globo) son manipulados para ser resistentes a este agrotóxico.
El tema de los impactos a la salud está tomando proporciones epidémicas. Aunque el glifosato y otros agrotóxicos se usaban anteriormente en cultivos convencionales con aplicación de químicos, la manipulación genética para hacer cultivos tolerantes causó el aumento exponencial de su uso, con fuertes impactos de salud y ambientales, además de afectar negativamente producciones muy necesarias y saludables como la apicultura.


Las pruebas de residuos en leche materna en Estados Unidos fueron una iniciativa del movimiento Moms Across America (Mamás a través de América) y la organización Sustainable Pulse, preocupados por la alta difusión del tóxico y porque no podían lograr que las instituciones de salud hicieran este tipo de test. De 10 muestras proporcionadas por madres de distintos puntos del país, se encontraran residuos de glifosato en tres de ellas. Las organizaciones creen que con pruebas más sensibles, los resultados serían aún mayores. Los niveles encontrados son de 760 a 1600 veces superiores a los permitidos por la directiva europea, pero sin embargo están por debajo del nivel máximo de residuos en agua autorizado por la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA). El límite permitido por EPA asume que el glifosato no es bioacumulable, lo cual ha sido el discurso de los fabricantes de veneno por muchos años. El científico de Monsanto Dan Goldstein, afirma que en caso de ingestión, el glifosato se excreta rápidamente; no se acumula en la grasa ni en los tejidos y el cuerpo no lo metaboliza, sino que es eliminado a través de la orina sin sufrir ningún cambio.


Sin embargo, la presencia en leche materna indica que el glifosato se acumuló por largos periodos de tiempo. Estudios anteriores habían mostrado presencia de agrotóxicos en leche materna en Brasil y Argentina (INTI, 2013, Pignati et al, 2013) pero este es el primer estudio enfocado a glifosato en Estados Unidos. En el estudio realizado en Brasil, en el Municipio Lucas do Rio Verde, en Mato Grosso, uno de los estados de producción intensiva de soya transgénica, se encontraron residuos de varios agrotóxicos en todas las muestras de leche materna, así como residuos de glifosato, piretroides y organoclorados en la orina y sangre del 88 por ciento de los maestros analizados en escuelas del municipio.


Estudios publicados por científicos noruegos, analizaron la diferencia de composición de soya transgénica, soya convencional cultivada con glifosato y soya orgánica. Solamente la soya transgénica contenía altos residuos de glifosato y también de AMPA (ácido aminometilfosfónico) un derivado tóxico de la degradación del glifosato. Muestran además que la norma legal de residuos permitidos de glifosato fue aumentada entre 50 y 200 veces en varios países, inclusive en Europa, no porque hubiera datos científicos que lo motivaran, sino simplemente porque de lo contrario la soya transgénica y muchos alimentos que la contienen quedarían fuera de la ley. Señalan también que las evaluaciones de toxicidad de los gobiernos se hacen sobre el ingrediente activo –glifosato– pero las formulaciones comerciales (RoundUp, Faena, Rodeo, entre otros) incluyen coadyuvantes y surfactantes que aumentan su toxicidad. Estas sustancias en muchos casos ni siquiera se declaran en los contenidos. (Bøhn, Cuhra et al; Annett et al, 2014).


Con los transgénicos, el glifosato se empezó a aplicar masivamente en fumigaciones áreas, lo cual impacta gravemente a las poblaciones aledañas a las siembras, incluso urbanas, como es el caso del Barrio Ituzaingó en Córdoba, Argentina. En ese país, tercer productor mundial de transgénicos, en varias provincias donde se ha extendido la siembre de transgénicos, se han reportado en la última década un aumento enorme (hasta 400 por ciento) de casos de cáncer, abortos y malformaciones de bebés.


Estas aplicaciones masivas significaron además que actualmente hay más de 20 hierbas invasoras que se hicieron resistentes al glifosato, por lo que la nueva generación de transgénicos que esperan ser aprobadas, son semillas tolerantes también a glufosinato, dicamba o 2.4-d, todos aún más tóxicos.


Gracias a Monsanto, Syngenta y unas pocas más trasnacionales de transgénicos, nuestros cuerpos están contaminados y nuestros bebés ingieren tóxicos desde el primer día de vida. Es hora de prohibir este perverso experimento.

 

Publicado enInternacional
Domingo, 15 Septiembre 2013 06:39

Colombia indemniza por el glifosato

Colombia indemniza por el glifosato

Colombia entregará a Ecuador 15 millones de dólares para compensar a los campesinos ecuatorianos afectados por esparcir glifosato sobre plantaciones de coca cercanas a la frontera común entre los años 2000 y 2007. Ecuador desistió de su demanda, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, luego de llegar a un acuerdo diplomático en el que Colombia asumió compromisos que no habrían sido conseguidos en un fallo de la Corte, según señaló el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Quito pretendía que la CIJ reconociera que Bogotá violó su soberanía e integridad territorial por su práctica de fumigaciones aéreas, que habría causado daños al país, a su población y a su medio ambiente. También pidió una orden para que Colombia restrinja las fumigaciones a una distancia de 10 kilómetros de la frontera binacional y el pago de reparaciones económicas para los afectados.

 

Una comisión científica, conformada en Ecuador, estableció que las fumigaciones se realizaron con un componente herbicida tóxico que causó daño en la salud de las personas, afectaciones psicológicas, contaminación de la cadena alimentaria y afectó la biodiversidad y el ecosistema. Además generó un enorme número de desplazados y refugiados. “Con este gobierno (de Juan Manuel Santos), ha habido mucho más respeto, mucha más coordinación y, por mantener las mejores relaciones con Colombia, nos propusieron un diálogo, llegar a un acuerdo para superar este doloroso episodio”, señaló el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

 

Desde Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, saludó el entendimiento. “Esta solución es una buena noticia para la diplomacia, una buena noticia para Colombia, una buena noticia para nuestras relaciones con Ecuador y para nuestras relaciones regionales, entre menos pleitos tengamos mejores serán las relaciones”, había expresado el jueves. “Quiero agradecerle nuevamente al presidente (Rafael) Correa, lo hice vía telefónica, su buena disposición y su buena voluntad para que lográramos lo que hoy estamos protocolizando.”

 

El procurador general de Ecuador, Diego García, comunicó al tribunal de La Haya la decisión, tras ratificar un acuerdo alcanzado por los gobiernos para poner fin al litigio, según un mensaje oficial. “Quito y Bogotá dieron por terminada la disputa existente entre las dos naciones relacionada con la erradicación aérea de los cultivos ilícitos en la zona común”, señaló la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado.

 

“Nosotros (el gobierno ecuatoriano) no hemos cedido; me parece que el acuerdo al que hemos llegado supera las expectativas que teníamos en la Corte Internacional de Justicia, donde los jueces pueden fallar como ellos quieren”, dijo el vicecanciller de Ecuador, Marco Albuja. El funcionario agregó que con el desistimiento, el gobierno de Correa no ha cedido en sus reclamos ya que se consiguieron cosas interesantes en el acuerdo firmado con Bogotá. “Si Colombia falla o no cumple con los compromisos, nosotros tenemos la posibilidad de ir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia porque ahí sí estaría violando una obligación internacional”, apuntó. Destacó que el acuerdo protege los asentamientos humanos de la zona de frontera.

 

Colombia podrá reanudar sus aspersiones a no más de 40 metros de altura y respetando una franja de diez kilómetros de frontera. Esta zona de exclusión podrá reducirse a cinco kilómetros en el segundo año y hasta dos kilómetros en adelante, siempre y cuando la comisión científica binacional compruebe y certifique que el herbicida no llegue al territorio ecuatoriano. Además, no podrá cambiar los componentes de la mezcla utilizada en las aspersiones y deberá informar a Ecuador con 10 días de antelación sobre las actividades áreas de fumigación, entre otros puntos.

 

“Mantener una diferencia entre los dos países lo que hace es distorsionar todo el potencial que tenemos para sacar adelante una importante y amplia agenda binacional. De este acuerdo hay un gran ganador, que es el proceso de integración binacional”, consideró el embajador de Colombia en Quito, Ricardo Lozano. Por su parte, Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), cuestionó que el acuerdo no haya incluido a los habitantes del lugar cuando hay alrededor de 10 mil personas afectadas por las aspersiones colombianas. Esta organización, junto a otros activistas, publicó una carta abierta al presidente Correa, en la que cuestiona que el acuerdo “no sólo podría verse como que se están minimizando los gravísimos impactos sufridos por ciudadanos ecuatorianos, sino que esto podría tener repercusiones en la demanda que más de 3000 campesinos de frontera tienen en la Corte de Washington”.

 

Por medio de un comunicado, la Cancillería colombiana expresó “su satisfacción” por el convenio que permite poner fin al proceso que se adelantaba ante la Corte Internacional de Justicia, por la fumigación aérea de cultivos ilícitos en la zona de frontera con Ecuador. “La solución pacífica alcanzada es una muestra más de la excelente relación que atraviesan los dos países, fruto de un trabajo continuo y articulado por sacar adelante los más de 160 proyectos que nutren la agenda binacional y que benefician a ambas comunidades”, resalta el comunicado. “El acuerdo establece mecanismos claros para verificar con la participación de una comisión científica binacional”, precisa la comunicación oficial.

Publicado enColombia
Es la primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos son contundentes y confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es el simple título del documento que fue entregado en la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental (ver aparte).

A Iván le gustaba ver las avionetas que sobrevolaban sobre su casa. Tenía seis meses, escuchaba los motores y pedía upa para salir al patio y saludar el paso del aeroplano. Laura, la mamá, lo levantaba y llevaba al jardín para dar el gusto al bebé. Con el paso de las avionetas, Iván aprendió a saludar con la mano, se reía y festejaba el vuelo rasante. A los 2 años le detectaron leucemia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan, padeció ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento intensivo.

“Los médicos me preguntaron si vivíamos cerca de plantaciones con agroquímicos. Recién ahí me enteré de que la avioneta que saludábamos con mi bebé lo que hacía era echar veneno en el campo frente a mi casa. Se me vino el mundo abajo”, explica Laura Mazitelli, del barrio La Ralera de La Leonesa. Era 2002, Iván se recuperó, y Laura se transformó en una denunciante de los agroquímicos. La trataron de loca y opositora al desarrollo, pero los casos de cáncer se multiplicaron y los vecinos comenzaron a organizarse.

La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja.

Por la movilización constante y el reclamo de estudios, el gobierno del Chaco creó por decreto el 9 de diciembre de 2009 la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Incluyó la participación del Ministerio de Salud Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. “Tendrá como misión receptar, estudiar, coordinar y conducir las acciones para garantizar y optimizar la contaminación de arsénico, agroquímicos y otros”, señala el breve decreto, de sólo dos páginas.

A cinco meses de su creación, la Comisión Investigadora finalizó su primer informe, que fue publicado por el periodista Brian Pellegrini, del sitio de noticias Chaco Día por Día.

“Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”, afirma el trabajo de la Comisión oficial, focalizado en La Leonesa.

En la década de 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses). En tanto en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). “Los valores se encuentran por encima de lo esperado, incrementándose notablemente en los últimos diez años, período en el que los casos registrados triplican la ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años.”

La media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100.000 niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.

El informe señala la multicausalidad del cáncer, pero llama la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.” Todas las cifras surgen del Servicio de Estadísticas del Hospital Pediátrico local y destaca que un 25 por ciento más de casos son atendidos directamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, por lo cual las cifras totales de casos es mayor.

Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas.

“Tatiana de 5 años. Milagros de 8. María de 7. Francisco de 12. Victoria de 6. Son todos vecinos con cáncer. Y lo peor es que la lista sigue. Todas familias humildes que están pasando lo mismo que nosotros”, lamenta Laura Mazitelli, la mamá de Iván, la que llamaron “loca” y ahora reprocha: “¿Hacían falta tantos casos para reconocer que nos están envenenando?”

Las malformaciones crecieron aún más. En una década se cuadruplicaron en toda la provincia del Chaco los casos en recién nacidos. En el lapso de un año, entre 1997-1998, hubo en Chaco 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron 46 malformaciones. Una década después, en doce meses entre 2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808, pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. El informe oficial destaca que se pasó de un índice de 19,1 por cada 10.000 nacidos a 85,3.

Los datos corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. De 1997 a 1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002 creció a 7,5 casos. Y entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos mensuales.

Desde el Ministerio de Salud de Nación informaron que no se cuenta con estadísticas nacionales sobre el tema. Desde la Comisión investigadora, una integrante –que pidió mantener el anonimato por “las enormes presiones” que están recibiendo–, consideró que “todos los firmantes del informe tenemos mucha experiencia y antecedentes en lo que estudiamos, pero las empresas arroceras y sojeras están presionando mucho al Gobierno. No sabemos cómo terminará, hay demasiados intereses en juego”.

Dos integrantes de la Comisión confirmaron que están elaborando un segundo informe que aporta estadísticas oficiales sobre el geométrico incremento, en zonas con uso de agroquímicos, de los embarazos que no llegan a término por abortos espontáneos, el aumento de problemas reproductivos en adultos y crecimiento exponencial de cáncer de mamas. No tienen fecha definida para entregarlo a las autoridades, pero alertaron sobre la posibilidad de “intromisiones en el trabajo de la Comisión”.

El primer informe fue elevado al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al Ministerio de Salud provincial el 8 de abril. La investigación oficial resalta que sólo son incluidos datos del servicio de salud pública. “Tanto en datos estadísticos de enfermedades oncológicas infantiles como en malformaciones en recién nacidos no están incluidos los registros de instituciones sanitarias privadas, en los cuales las estadísticas son similares, aspecto que las aumentaría considerablemente.”

El informe de la Comisión investigadora solicita que se tomen “medidas precautorias” en La Leonesa hasta que se realice un estudio de impacto ambiental y piden que se amplíen los análisis a otras seis localidades que estarían en las mismas condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia Terai y Colonia Elisa.

Por Darío Aranda
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