Pobreza: ¿tema macroeconómico o problema administrativo?

El llamado Premio Nobel de Economía ha sido entregado este año a tres investigadores que han desarrollado una novedosa línea de trabajo sobre la pobreza en el mundo. Se trata de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, quienes desde hace ya dos décadas cultivan un "enfoque experimental" sobre la forma de combatir la pobreza.

Las investigaciones de Banerjee-Duflo-Kremer (BDK) se han concentrado en reducir las grandes preguntas sobre la pobreza y transformarlas en interrogantes más sencillas y manejables. El objetivo de Banerjee y Duflo ha sido desentrañar "la verdadera naturaleza de la pobreza" eliminando las caricaturas y estereotipos. También han buscado comprender mejor cómo reaccionan los pobres "frente a los incentivos".

En 2003 fundaron el Laboratorio Abdul Lateef Jameel de Acción sobre Pobreza (J-PAL) en el MIT y desde entonces han llevado a cabo muchos "experimentos" en diversos países de África y Asia. Una parte importante de su trabajo se ha concentrado en buscar mejorar el aprovechamiento escolar de los niños. Como resultado de las actividades del J-PAL, hoy más de 5 millones de niños han recibido atención especial en escuelas primarias de India para optimizar su aprovechamiento. Estos economistas también han realizado estudios e intervenciones en materia de nutrición infantil.

El trabajo de BDK es muy interesante y, sin duda, ha contribuido a cambiar la vida de muchas personas pobres en varios países. Sin embargo, sus investigaciones "experimentales" tienen muy poco que ver con las causas de la pobreza y con la forma de remediar el problema de manera duradera. Para empezar, nada en el análisis de BDK está relacionado con la política económica neoliberal, que ha dominado el destino de los países en los que han realizado sus "experimentos". Ni la política fiscal, ni la de apertura comercial y financiera ocupan un lugar importante en los análisis por los que estos investigadores reciben el Premio Nobel de Economía. Y, para colmo, el tema de los salarios estancados y castigados tampoco es un asunto digno de recibir atención en sus experimentos. Tal pareciera que el problema de la pobreza ha dejado de ser un problema macroeconómico y se ha convertido en un malestar de índole administrativo o gerencial. Es como si el capitalismo o el neoliberalismo no tuvieran nada que ver con la "verdadera naturaleza de la pobreza".

Según datos del Banco Mundial, hoy existen unos 760 millones de personas en el mundo en condiciones de "pobreza extrema", es decir, con un ingreso inferior a 1.90 dólares estadunidenses. Pero esos números son engañosos. Ese indicador de 1.90 dólares tiene una historia absurda y no es representativo de nada más que del hecho de que cualquier persona que tenga un ingreso equivalente realmente está en peligro mortal. Muchos investigadores han señalado que una cota de 7.40 dólares diarios sería más realista si se quiere medir la pobreza. Otros, como el también investigador de Harvard Lant Pritchett, consideran que una medida de pobreza más razonable sería de 10 o 15 dólares diarios.

¿Qué sucede si se utiliza la medida de 7.40 dólares diarios? En ese caso, se observa que el número de personas que viven en pobreza ha ido creciendo desde 1981 (cuando se iniciaron estas mediciones) y hoy supera la cifra de 4 mil millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población mundial vive en una condición de pobreza y padece fuertes niveles de inseguridad alimentaria y de salud. Esto es más consistente con los datos sobre las débiles tasas de crecimiento económico, salarios estancados y, por supuesto, los análisis sobre desigualdad creciente en el mundo.

Desgraciadamente al Banco Mundial le ha costado trabajo abandonar sus convenientes datos sobre pobreza extrema, con los cuales puede alardear que la pobreza disminuye en el mundo. Todo esto es un adecuado telón de fondo para la obra de Banerjee-Duflo-Kremer, que, sin poner en entredicho la dinámica del neoliberalismo, contribuye a perpetuar la idea de que la pobreza es una trampa personal de la que un individuo puede escapar si realmente hace los esfuerzos necesarios. Ya sólo faltaría concluir que no hay pobreza "involuntaria".

En contraste con el trabajo de BDK, este año salió publicado un nuevo libro de Thomas Piketty, Capital e ideología. Es una propuesta de cambios profundos en la estructura del capitalismo, buscando trascender a un arreglo social más acorde con la época llena de amenazas que vivimos. Entre las recomendaciones más importantes se encuentra la de otorgar 50 por ciento de los asientos en los consejos de administración de las empresas a los empleados y trabajadores. Piketty también recomienda una profunda reforma fiscal que permita gravar la riqueza extrema y que haga posible financiar un programa de renta básica universal. Este es el tipo de análisis y propuestas que permitirán hacer realidad un mundo en el que la pobreza sea realmente un fenómeno marginal y, quizás, hasta un simple malestar administrativo.

Twitter: @anadaloficial

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 Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles. 

Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia.

La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto. 

La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.

En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.

La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.

La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.

Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.

Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.

Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.

El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”. 

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Toque de queda en Ecuador; vía libre para el uso de armas letales

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) –que aceptó dialogar con el régimen la "derogatoria o revisión" del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles– se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2.7 millones de habitantes. Luego el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ante el anuncio, se viralizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están "listos para el uso de armas letales (...) No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra".

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una "violencia nunca antes vista" en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidaS por Correa y Maduro –en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos– causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación.

Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares.

Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas 30 personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios.

La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la Afp.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de "No más muertes", mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y mil 127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo.

El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más focos de violencia.

La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió "participar" en las conversaciones después de "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales".

Precisó que negociará "la derogatoria o revisión" del decreto 883 –que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios hasta en 123 por ciento de la gasolina y el diésel–, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional.

Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para "garantizar la paz y a regresar el orden constitucional".

Iza añadió que ese movimiento no va a caer "en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano", aunque no hizo precisiones, indicó Ap.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit "la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población", y reiteró que "realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del decreto 883".

Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el decreto 883 "para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo".

Dijo que se evaluará también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones, incluidos en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional y que propondrá un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y por último que se incluirá un impuesto para grandes empresas "para que aquellos que más ganan, sean los que más contribuyan al país".

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos.

Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a la calles formando improvisadas brigadas de vigilancia, para exigir su deseo de paz. Los militares junto con policías patrullan las calles de la capital..

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4 mil 200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos.

Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

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Ecuador: Intransigencia, toque de queda y represión

 La represión del gobierno se extiende de día y de noche, y ya no solo abarca los alrededores de la Asamblea sino todo Quito y alrededores.

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el mandatario en Twitter. En un mensaje televisado para explicar su decisión el mandatario agregó: “son los traficantes, los narcotraficantes, los Latin kings criminales y los correístas los que están dedicados a los actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas.”

Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social --Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular-- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida.

La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

La postura de la CONAIE se ha mantenido idéntica desde el inicio de las protestas: no dialogarán ni se retirarán de las calles hasta tanto Moreno no dé marcha atrás con el decreto 883 y el conjunto de medidas pedidas por el FMI.

Hasta el viernes, la respuesta de Moreno había sido en cambio la de no retroceder y aumentar los niveles de represión, con un total de cinco muertos según la Defensoría del Pueblo -algunas organizaciones hablan de siete- más de mil detenidos y heridos. La noche del viernes fue particularmente violenta: la represión ingresó hasta los puntos acordados como de descanso para el movimiento indígena.

Quito amaneció el sábado con barricadas y gases, en una escenografía de levantamiento popular protagonizado por mujeres y hombres indígenas venidos de las sierras, las costas y la Amazonía, por jóvenes, trabajadores, una multitud frente al poder legislativo y presidencial. Con el correr de las horas se sumaron manifestantes de distintos barrios de la capital.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 

Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. "Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación," declaró en un comunicado.

Mientras la postura de la CONAIE se mantiene firme en su condición para dialogar, el ex presidente Rafael Correa --quien se encuentra en Bélgica y enfrenta diferentes acusaciones judiciales en lo que ha sido denunciado como un proceso de lawfare-- llamó a realizar elecciones generales anticipadas. “La Constitución del 2008 estableció en sus artículos 130 y 148 que en caso de ‘grave política o conmoción interna’ la Asamblea o el presidente podrán anticipar elecciones generales, ¿entonces a qué esperan?”

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

Según dirigentes indígenas, como Ricardo Ulcuango Farinango --quien fue vicepresidente de la CONAIE-- el movimiento tiene posibilidad de sostener este nivel de protesta y bloqueos. Cuenta, además, con la solidaridad de muchos habitantes de Quito que se acercan a aportar comida, bebida, ropa, medicinas, logística para enfrentar la situación.

Si bien la CONAIE no es el único actor en las calles, es quien sostiene el principal nivel de movilización y radicalidad. Su recorrido reciente ha estado enmarcado por una política de oposición al anterior gobierno de Rafael Correa por parte de sectores de su dirigencia, así como por la participación de algunos dirigentes en el gobierno de Moreno que han roto a partir de este escenario.

La crisis abierta en Ecuador es entonces doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.  

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Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Micohaumado es uno de los focos de un conflicto que dura ya décadas. David F. Sabadell

Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

La bebida nacional de Colombia es el tinto, llamado coloquialmente tintico, un café ligeramente aguado que funciona como el primer signo de hospitalidad en cualquier hogar o reunión. El café impulsó la prosperidad colombiana a finales del siglo XIX, hoy es junto al aceite de palma, el principal cultivo legal del país. El concepto cultivo ilícito se utiliza en exclusiva para las matas de hoja de coca, la base de la cocaína, el estigma del campesinado de determinados departamentos del país, el ingrediente secreto de la economía colombiana, y uno de los símbolos de una guerra por el territorio que la colombiana institucional libra a través de su ejército en hasta cinco territorios: el Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Catatumbo. Una misión internacionalista de verificación de derechos humanos impulsada por la ONG Paz con Dignidad con el apoyo de dos organizaciones del terreno, Sembrar y Cisca, recorrió entre el 15 y el 24 de septiembre dos de los focos de ese conflicto en curso. Los sonidos de la guerra se recrudecen en un país con seis décadas de guerra a sus espaldas.

El brigadier comandante Jairo Leguizamón y sus subordinados ofrecen un tintico a los integrantes de la misión internacionalista. Leguizamón, que dice a los visitantes que anhela la paz tras varias décadas en el servicio, dirige desde febrero de 2019 la operación Fuerza de Tarea Marte (el dios romano de la guerra) sobre el territorio del sur de del departamento de Bolívar, un alargado departamento que se extiende desde el mar Caribe hasta el interior del país.

Después de advertir que no se puede grabar la conversación ni tomar fotografías, el comandante despliega ante la misión sus dotes para la comunicación. Cuida la imagen que el ejército quiere mostrar a la opinión pública colombiana: un ejército con la mente abierta —“open minded”— para pacificar el país mediante la erradicación de las guerrillas que operan en el Sur de Bolívar, la persecución de la minería y “combatir el narcotráfico”.

La fuerza Marte es la evidencia del último fracaso de Colombia en su esfuerzo por construir la paz, un fracaso programado por el poder económico y político aglutinando en torno al expresidente Álvaro Uribe, figura fundamental en la campaña por el no a los acuerdos en el plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016. La salida del presidente que impulsó la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, y la llegada a la presidencia de Iván Duque, delfín de Uribe, ha dejado en vía muerta unos acuerdos que no modificaban la estructura económica, política y social del país y no se extendían a otros grupos, especialmente el ELN, que iniciaron conversaciones para su propio proceso, suponían la esperanza de poner fin a una concatenación de conflictos que arrancó en el año 58. Mil días después de aquel referéndum que se perdió para la paz, y a pesar de la propaganda del Ejército y el Gobierno, el conflicto sigue vivo y el futuro inmediato está teñido por la misma sangre de más de 60 años de guerra.

 

Micoahumado, sur de Bolívar

 

Es de noche en Micoahumado y el pueblo se prepara para una fiesta de recepción a la veintena de personas que desde los ámbitos del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las redes de solidaridad internacionalista y el periodismo conforman la misión. Poco después de las seis de la tarde, la luz se apaga. No volverá en toda la noche. Con la ayuda de tres focos, la celebración sigue. El público lo componen mayoritariamente niños y niñas. Los adultos saben que los próximos años serán cruciales para mantener la comunidad. El futuro es de esos chicos y chicas que se asientan en un territorio extraordinariamente rico y excepcionalmente violentado.

 

Víctimas

 

Acnur estima que más de siete millones de personas se encuentran ahora mismo desplazadas por la guerra, lo que lo convierte en el primer país del mundo con más desplazamientos internos por delante de México. Hasta julio de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizaba 262.197 muertos en el periodo transcurrido desde 1958. Pese a que los medios de comunicación resaltan la responsabilidad de los grupos armados —FARC y ELN principalmente— en la lógica de la guerra, las cifras oficiales explican que el mayor número de víctimas procede de la actividad de los grupos paramilitares, que eliminaron a más de cien mil personas en 60 años de conflicto.

Hoy, para las instituciones del Estado, el paramilitarismo sigue siendo un secreto a voces. No se refieren a esas estructuras fascistas el ejército y apenas constatan su presencia otros organismos como la procuraduría o la defensoría del pueblo. Han cambiado sus nombres, pero no han dejado de existir: hoy son los rastrojos, las águilas negras, el clan del golfo o los gaitanistas. Controlan distintos territorios y, como las guerrillas, funcionan como para-Estado para cubrir necesidades y ejercer su concepto de justicia.

En la ciudad de Aguachica es posible apreciar la presencia de dos Colombias: el país “despejado” por los “paracos” y la otra Colombia de las víctimas. En plena campaña electoral para el Gobierno de departamentos y municipios —unos comicios que tendrán lugar el 27 de octubre—, la corporación Sembrar y el colectivo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur del Cesar, Sur de Bolívar y el Catatumbo rinden homenaje a sus muertos y desaparecidos en una reunión con la comisión internacionalista. Una vela y un puñadito de piedras recuerdan a los fallecidos. Muy especialmente a Alejandro Uribe, líder comunal de la Federación Agrominera Del Sur De Bolívar, asesinado hace 13 años y disfrazado de falso positivo por el ejército.

En una historia de violencia como la que vive Colombia, el caso de los Falsos Positivos destaca con un resplandor siniestro. Una historia de la infamia que se destapó en 2008 y que involucra al Estado y altos mandos del Ejército en la desaparición y asesinato de al menos 2.248 personas —varones jóvenes en su mayoría— que fueron hechas pasar por guerrilleros. El Gobierno de Álvaro Uribe, a través de la a Directiva Ministerial 029, estableció unos incentivos para el abatimiento de insurrectos que llevaron a soldados y militares de graduación y sectores del paramilitarismo al asesinato de civiles.

Uno de esos jóvenes secuestrado y asesinado fue Ismael Quintero, hijo de Marlene Quintero Díaz. Su madre cuenta cómo Ismael, que tenía problemas de aprendizaje y para las relaciones sociales, fue engañado con la promesa de un trabajo, asesinado y hecho pasar por un guerrillero de las FARC. “Se aprovechan de la inocencia de las personas, de la necesidad” rompe a llorar Leslie, tía de Ismael, quien se despidió de ella con la ilusión de “por fin” haber encontrado un trabajo. Sólo en Aguachica, 809 personas fueron desaparecidas en la fase anterior del conflicto. Las víctimas tienen que ver cómo el líder paramilitar conocido por el seudónimo de Juancho Prada vive libre e impune en una población a unos pocos kilómetros de la escena de sus crímenes.

El colectivo de víctimas discute sobre los acontecimientos del día siguiente, 19 de septiembre. La campaña electoral va a llevar a Álvaro Uribe a Aguachica. El expresidente, que en estos momentos está siendo juzgado por los vínculos de su familia con el paramilitarismo en el conocido como caso de los 12 Apóstoles, tiene millones de partidarios en el país. Su mandato es el de los falsos positivos y el de la expansión de los paracos, el de la expansión de los monocultivos de palma y también el de las fumigaciones de coca de los años 2002 hasta 2005. Hoy Uribe es la voz de la Colombia que rechazó los acuerdos de paz bajo consignas como que iban a suponer la implantación de “la ideología de género” en el país. Las víctimas de su mandato saben que se arriesgan a nuevas amenazas si acuden a expresar su desprecio a Uribe. Pero se insuflan unas a otras el arrojo para hacerlo. En medio del conflicto, reclaman su derecho a no ser despojadas de la memoria, reclaman el fin de la impunidad.

El Sur de Bolívar es rico en aceite de palma, también tiene las reservas más importantes de petróleo de Colombia, es además territorio en disputa por la presencia de oro y plata en sus minas. A la presencia de la petrolera estatal Ecopetrol y la conflictividad obrera ligada a los derechos laborales que ha marcado una historia no concluida de asesinato de líderes, lideresas y sindicalistas, se sumó hace más de una década la ofensiva de la multinacional minera AngloGold Ashanti por acaparar y expulsar de sus explotaciones a las pequeñas comunidades mineras que se despliegan en esa zona con el beneplácito de la institucionalidad. La disputa sobre la propiedad de la tierra supone el no reconocimiento de títulos a sus pobladores, tiene su correlato en la expedición de licencias mineras para AngloGold.  

La región del Magdalena Medio, y su capital oficiosa Barrancabermeja, en el departamento de Santander, han sido históricamente escenario de masacres, de la presencia paramilitar y asesinatos extrajudiciales. Desde la casa de la memoria y los derechos humanos de las mujeres de Barrancabermeja, Kelly Campos, de la Organización Feminista Popular, define el momento actual como una “reocupación del territorio y una reconfiguración de la guerra” en un contexto de aumento de la pobreza en la zona, de aumento del desempleo femenino y con nuevos elementos de riesgo para las mujeres. Al aumento de los feminicidios se le suma la extensión de microcréditos —llamados “gotagotas”— con créditos usurarios, un sistema controlado por clanes mafiosos vinculados con el paramilitarismo, una realidad que afecta a las mujeres como principales organizadoras de los tejidos familiares. Campos destaca también un tipo de violencia diferenciada contra las lideresas sociales, violencia aplicada contra sus cuerpos en forma de violaciones, torturas y abusos sexuales y contra sus familias.

Siguiendo el río Magdalena desde Barrancabermeja por el norte, y después de un viaje en autobús, ferry, chalupa y cuatro por cuatro se llega al corregimiento de Micohaumado, dentro del municipio de Morales. Una zona de hombres y mujeres de “la otra Colombia, la Colombia de hacha y machete”, como lo define Juan B. el veterano líder social que da la bienvenida a la comisión internacionalista de derechos humanos en una reunión con presidentes de las juntas de acción comunal y delegados de toda la zona.

Micoahumado es una comunidad humilde, de trabajadores del campo, que se estableció en el año 58 en el territorio y que sufren la condena de asentarse sobre una zona rica y fértil, terreno para “el asedio sobre las riquezas renovables y no renovables”, explica Narciso Beleño, otro de los líderes presentes en el encuentro. “Siempre estamos en un punto crítico”, define Beleño, “siguen evidentes los riesgos de muertes y desapariciones”.

A la falta de una carretera desde la que sacar los alimentos producidos en el corregimiento se une la falta de comunicaciones a través de internet. El agua contaminada genera problemas de salud para tres cuartas partes de una población estimada de 2.000 personas que no tienen un doctor ni un dentista en el pueblo. El evidente abandono estatal es reconocido por la procuraduría de la nación y es la principal demanda de la comunidad que ven cómo la única respuesta es la presencia del ejército.

Eran las cinco de la tarde del 7 de marzo cuando la fuerza de tarea Marte en una ofensiva sobre el pueblo disparó y mató al joven de 18 años José Dolores Sánchez. La muerte en la cancha de fútbol de un chico que nunca hizo mal a nadie, como resalta la comunidad, ha dejado una nueva cicatriz en un pueblo en el que los jóvenes tienen escasas oportunidades de llegar a la universidad y son vistos como carne de cañón para los grupos armados legales e ilegales. En julio, la policía judicial y el ejército llevaron a cabo otra operación con resultado de nueve detenidos, también varones en el borde de la mayoría de edad. Hoy se encuentran en una prisión a varias horas de viaje, en Cartagena, la capital de Bolívar. La fuerza pública los vincula con el ELN; el pueblo de Micoahumado denuncia que las detenciones se produjeron con pruebas falsas y manipuladas y acusan al Gobierno de un proceso de judicialización contra los líderes y jóvenes del pueblo.

Pablo, de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, denuncia que la guerra “de Uribe e Iván Duque” que se está produciendo contra los campesinos: “Generan guerra para que nos dé miedo, y que eso nos desplace”. Pablo, uno de los líderes de Micoahumado fue testigo de una muerte a menos del ELN, y vive en sus carnes la conflictiva relación con la guerrilla. Durante años, los “elenos” cooperaron con las comunidades supliendo algunos de los abandonos del Estado pese a que, como dice Pablo, Micoahumado fue capaz de “decir al ELN que respetara su territorio”. En 2019, con el despliegue de la fuerza de tarea Marte contra el ELN “y la minería ilegal”, la comunidad se siente hostigada, “vuelta mierda”, define otro de los líderes presentes en la reunión con la comisión internacionalista.

Aunque el plebiscito por la paz se perdió, el Estado colombiano asegura estar comprometido —y recibe ayudas internacionales para ello— en poner fondos para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas o a una Comisión de la Verdad, pero el dinero para la memoria no llega a su destino. Los colectivos denuncian que engrasan los circuitos de corrupción institucional y que no se ejercen sanciones contra quienes no cumplen con la reparación de las víctimas. Otras organizaciones denuncian que los cuestionarios de la Comisión de la Verdad tienden a la exclusión de la fuerza pública como actor en el conflicto y están contribuyendo a la estigmatización de las comunidades. Está en juego, indica Gladys Rojas, de la corporación Sembrar, que el relato de la paz y la memoria dé prioridad “a la verdad de los víctimas o a la verdad de los militares”.

El año que comenzó con el primer atentado suicida de la historia de Latinoamérica en la escuela de policía General Santander en Bogotá, que se cobró 23 víctimas, concluye con un incremento de la violencia. El anuncio, este verano, de que una parte de las FARC firmantes del acuerdo de La Habana, encabezados por Iván Márquez, ha dado al Estado y el Ejército el pie para el incremento de la presión sobre los territorios en disputa. Zonas con activos estratégicos para el capital colombiano, que aspira a la integración del país en la OCDE, y poblaciones acostumbradas a la guerra.

 

Catatumbo

 

En medio de la carretera, alguien pide una sábana o un trapo para tapar el cadáver que se encuentra en medio de la vía. En la buseta en la que viaja la misión hacia el territorio del Catatumbo suena el vallenato “Los caminos de la vida” del grupo los Diablitos, del departamento del Cesar. Es la entrada al Catatumbo desde la histórica ciudad de Ocaña, en la que Simón Bolívar encontró la financiación para su campaña contra la corona española. Catatumbo significa “la casa del trueno” en la lengua de los barí, una comunidad indígena atropellada por el progreso que aún se asientan sobre dos zonas de reserva en el parque nacional que se estableció sobre sus tierras. Hoy es uno de los cinco focos que la ONU y el ejército reconocen como vivos en la Colombia “de la pacificación” de Duque y Uribe. Sobre el Catatumbo operan el ELN, el frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no participó en los acuerdos de La Habana, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) un grupo armado a medio camino entre la lucha política y la organización criminal enfrentado en los últimos años con el ELN.

María Lázaro es, por su edad, una de la pocas mujeres que ha conocido la paz en el Catatumbo. Recuerda que las mayores amenazas eran los truenos, cómo cambiaba pescado por grano, el reparto no escrito por el que los pioneros y los barí se desplegaban en el territorio a ambos lados del río Catatumbo. Hasta finales de la década de los 50, María no supo qué eran la guerra ni el ejército. Hoy la fuerza pública ocupa la finca de su hija, Luisa María Prieto, de 50 años. El incremento de los combates en el último año ha alterado aún más su vida: los cilindros —balas— vuelan alrededor de su casa a cualquier hora del día. Los helicópteros han acabado con cincuenta de las cien gallinas que le proporcionó el Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), y la ocupación dejado inutilizada media hectárea de cacao y una de leña.

A los diez años, Luisa María Prieto perdió a su padre a manos de un grupo armado. Hace trece, a su hermano. Hace tres años “un cilindro afeitó mi cabeza”. Recibió tres disparos de bala y ninguna indemnización por parte del Estado. Desde entonces tiene dolores de oído, de cabeza y pérdidas de memoria. Cuando el ejército ocupó su predio, Prieto se desplazó, pero tampoco entonces recibió ayuda más allá de arroz y lentejas. A los diez días, decidió regresar. “Usted en mi finca encuentra de todo, encuentra conejitos, cerditos, pollitos, plantitas, aguacates, café, cacao, de todo”, explica. El trabajo se interrumpe cuando comienzan los combates, pera veces se traslada a una pequeña habitación en la que puede seguir elaborando jabones y cremas que vende con la ayuda del Cisca, que promueve un movimiento social autónomo en varios frentes que van desde el empoderamiento de las comunidades hasta la participación electoral desde una premisa que es no pelear por la legalización sino mantener un pulso por la construcción de tejidos ajenos a la lógica estatal.

Por encima del carbón, y por encima del contrabando de gasolina en la porosa frontera con Venezuela, la planta de coca es el principal insumo de la economía de Catatumbo. Los cultivos ilícitos son un reflejo de la paradoja que vive Colombia: un formidable activo y una formidable lacra. En el marco de los acuerdos de paz y en el contexto del Plan Colombia que, desde el año 2000 estableció una relación fluida entre el Gobierno de Estados Unidos y el ejecutivo colombiano, se ha fijado el año 2020 para el comienzo de una nueva campaña para la fumigación y la erradicación de plantas de coca. Algo que amenaza la vida del campesinado, como explica otra agricultora: “Al fumigarnos la coca nos veremos desplazados de nuevo, porque se acabarían los cultivos del plátano, del café, del cacao, todo lo que tenemos sembrado muere porque muere si nos echan veneno”.

José De Dios Toro, alcalde de El Tarra, en Catatumbo, está convencido de que hay que buscar una alternativa viable a la fumigación que, si se produce va a venir de la mano de un estallido mayor de “confrontación armada, desaparecidos, desplazamientos y falsos positivos”. Como en Sur de Bolívar, ante la falta de alternativas, los jóvenes son candidatos al reclutamiento en los grupos armados. En Catatumbo hay un médico por cada cinco mil habitantes y solo uno de cada mil estudiantes puede llegar a la universidad.

Entre las mujeres, especialmente entre las migrantes venezolanas, la amenaza es el reclutamiento para trabajo esclavo y la explotación sexual por parte de los grupos armados. En primavera de este año, una joven que había sido raptada por uno de estos grupos y que, tras huir se encontraba bajo custodia estatal, fue asesinada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo habla del “tabú” de esas prácticas que son el motivo de desplazamiento de muchas familias, que no pueden denunciar las prácticas de violación y abuso por parte de esos actores armados.

En la Casa de la Cultura, algunos niños y jóvenes del municipio de El Tarra presentan un conjunto de canciones y bailes tradicionales. Al requinto y a guacharaca, al bajo y el acordeón, chicos y chicas con menos de un año de experiencia musical despliegan un talento asombroso ante las personas que integran la comisión internacionalista que recorre la zona del Catatumbo. María Siro, del Cisca, ha contado antes cómo la suya, es una “generación que nació en medio del conflicto y no conoce la paz, por eso nos cuesta imaginar cómo es la paz”. Quizá el sonido del grupo musical Son Folclor sea uno de esos fogonazos de vida digna en medio del conflicto. Lo cierto es que esa misma noche, se produjo un ataque de la escisión Frente 33 de las FARC en torno al municipio de El Tarra, Teorama, Sardinata y Tibú que dejó 17 personas heridas por explosivos.

A la mañana siguiente, a la salida de San Pablo, un retén del Frente 33 detuvo al convoy de la comisión internacionalista —entre otros vehículos— para distribuir un papel con una invitación a todos los exguerrilleros que permanecen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación​ para reincorporarse a la lucha armada. “Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, finaliza la carta “desde las montañas del Catatumbo, Estado mayor del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC-EP”.

Intentando sustraerse de los sonidos de la guerra, la Comisión por la Vida, la Paz y la Reparación del Catatumbo es una de las organizaciones que, como Cisca o Sembrar, disputan el relato de la paz que el Gobierno colombiano exporta fuera de sus fronteras. Tres años después del plebiscito que agrietó la confianza de los distintos actores de los acuerdos de La Habana, el movimiento social y las comunidades de las regiones en disputa, apelan a la unidad y la autoprotección para salvar los próximos meses de zozobra y dolor. Como se explican unos a otros en sus reuniones, el objetivo es morir en las zonas en las que han crecido y vivido, pero morir de viejos.

 

Las recomendaciones de la misión

 

La Asociación Paz con Dignidad, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo planteó la Misión Internacional de verificación de Derechos Humanos con un objetivo de acompañamiento a las comunidades en conflicto, para incidir en políticas locales, departamentales y nacionales y para sensibilizar a la opinión pública internacional, especialmente en Europa para la implementación completa de los Acuerdos de Paz. Tras la misión sobre el terreno, el equipo de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se entrevistó con diputados de la bancada por la paz —formado por varios partidos de la oposición al Gobierno del Centro Democrático de Iván Duque y con la embajada española en Bogotá.

Del informe publicado por la misión destacan las recomendaciones que instan al Gobierno de Duque a “velar por la protección de todas las personas que habitan estos territorios, especialmente las más vulnerables, e impulsar políticas públicas que tengan como objetivo final garantizarles una vida digna y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales”. Facilitar la actividad social y económica de las comunidades —especialmente los tejidos de economía social— y garantizar la protección de líderes y lideresas sociales, son otros de los puntos que destacan las organizaciones que participaron en la misión. “Abordar las causas estructurales de la desigualdad” y cuestionar la militarización como estrategia de pacificación son pasos clave para alcanzar “una paz real y duradera”, según Paz con Dignidad y las organizaciones que participaron en la misión de verificación de derechos humanos.

 

Por Pablo Elorduy

@pelorduy


publicado

2019-10-12 05:59

Publicado enColombia
Sábado, 12 Octubre 2019 05:51

Ecuador: insurrección indígena

Ecuador: insurrección indígena

Un total de 40 demandas conforman el pliego petitorio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización indígena en el país que protagoniza junto con otros movimientos sociales un levantamiento nacional que sacó al presidente Lenin Moreno de Quito y lo llevó a pertrecharse a Guayaquil. La Conaie convocó a la Jornada de Lucha Progresiva contra las medidas gubernamentales que atropellan los derechos de los pueblos, las mujeres, los trabajadores y los campesinos ecuatorianos.

Luego de romper el diálogo con el gobierno del presidente Lenin Moreno “por los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica”, la Conaie señaló que “es momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”, en referencia a las medidas en favor de los empresarios que incluyen la remisión tributaria para las grandes empresas, la vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado y, sobre todo, la desregulación y precarización laboral.

El levantamiento nacional paralizó en los primeros días de octubre al país, pues los indígenas tomaron las carreteras exigiendo la derogación del llamado “paquetazo” de medidas económicas que incluyen eliminación de subsidios y liberación de precios a gasolinas y un paquete de reformas laborales contrarias a los trabajadores.

Las exigencias de la Confederación se extienden más allá del “paquetazo” que provocó el paro nacional en todo el país, días después de que Moreno, quien llegó a la presidencia impulsado por su antecesor Correa, anunció una serie de reformas económicas que comprenden la eliminación de los subsidios al combustible, la renovación con 20 por ciento menos de remuneración de los contratos ocasionales y el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público, entre otras medidas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su pronunciamiento, la Conaie incluyó la reversión íntegra de la carta de intención con el FMI y la terminación de los intentos de privatización de las “empresas públicas encubiertas en la figura de ‘concesión’”, así como un desglose de demandas para hacer frente al extractivismo y la minería en el país, a la corrupción de las grandes empresas privadas y a la crisis del sector de pequeños productores, además de medidas en defensa de las pequeñas economías campesinas, la plurinacionalidad, el trabajo digno, la puesta en marcha de la agenda de reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, la educación, los medios comunitarios y la salud pública.

Por ello, explicó la Conaie, el objetivo de la Jornada “es avanzar a una acción que permita alcanzar grandes victorias para las mayorías obreras, campesinas, populares, de las mujeres, estudiantes, la juventud, artistas, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador”.

Malestar acumulado

La movilización prevista para el martes 15 de octubre se ubica dentro del marco del paro nacional que inició desde el 3 de octubre en Ecuador, el cual fue convocado por los transportistas del país tras la entrada en vigor del decreto que subió los precios de los combustibles y al cual se unieron organizaciones populares y el movimiento indígena. Tan sólo para el 8 de octubre, más de 5 mil indígenas habían tomado Quito, donde fueron recibidos por las fuerzas represivas.

En su comunicado del 26 de septiembre, la Confederación explicó que el gobierno de Lenin Moreno “sirve a las élites dominantes igual que los anteriores, sólo que sin el ropaje de ‘izquierda’ que su predecesor sostuvo a partir de las políticas de asistencia social”, pues la transición gubernamental no representó un cambio en “lo central”, sino que todavía las empresas, como antes, “se aseguran una altísima tasa de ganancia a partir de las intervenciones del Estado en la economía, y de los mecanismos que el Estado genera para que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras, y no los empresarios”.

Además, la Conaie criticó que la implementación de medidas en favor de los grandes empresarios “remata con una política de ocultamiento”, con la cual no sólo se culpa de la corrupción a los funcionarios y se protege en los juicios a los líderes empresariales, sino que además se les permite a las corporaciones continuar con “el despojo de los territorios y el malestar entre la población”, como son los casos de la imposición de la concesión petrolera del bloque 28 en la provincia de Pastaza, al nororiente del país; el inicio de la fase de explotación de las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y el territorio Shuar; y la persecución a los dirigentes de los trabajadores del sector bananero y encubrimiento de los abusos cometidos en las haciendas, entre otras denuncias de criminalización, detención e incluso asesinato de líderes sociales e integrantes de las luchas populares.

La problemática en Ecuador se extiende de tal forma que deja ver “cómo el Estado en su conjunto forma parte de un avance del conservadurismo, el fascismo y el sentido común más reaccionario”, entre cuyas consecuencias se encuentra “la satanización” de la lucha de las mujeres que buscan la garantía de sus derechos fundamentales, “como el aborto en caso de violación, la denuncia del feminicidio y, en general, la lucha contra el patriarcado-capitalismo”.

A este panorama se añade la promoción de la violencia institucional y el racismo, sustentados tanto en la difusión de discursos que ensalzan la seguridad pública “para incrementar la presencia de la represión policial y dejar sin resolver los graves problemas sociales y económicos del país, como en la popularización de discursos de odio contra los migrantes pobres para criminalizar la presencia de extranjeros, especialmente venezolanos”.

Por ello, la Conaie destacó que para hacer frente a la problemática es necesario “recomponer las fuerzas de las organizaciones sociales con medidas de hecho en cada territorio y con diferentes formas de lucha”, entre las cuales, hasta ahora, se incluye la Jornada Progresiva de Lucha, en miras de una declaratoria unificada de Levantamiento Indígena, Huelga Nacional de las centrales sindicales y Paro del Pueblo de las organizaciones populares.

Publicado enCrisis Ecuador
Bolsonaro reitera ante los inversores que Guedes, su ‘superzar’ de las finanzas, tiene plena autonomía para liberalizar la economía

El presidente y su ministro presentan los avances en su agenda de reformas para abrir la economía de Brasil

Los inversores con interés en Brasil pueden estar tranquilos, la política económica no está en manos del presidente. Como el propio Jair Bolsonaro les ha explicado este jueves a los 1.500 empresarios reunidos en São Paulo, él es solo un entrenador de futbolistas en los que confía. Y la política económica, ha reiterado el polémico mandatario, es asunto del superzar económico, Paulo Guedes. “La economía es suya, no indiqué a nadie. No interfiero”, ha dicho a un auditorio que ha respondido con un aplauso cerrado. Bolsonaro y Guedes no han logrado llegar al foro de inversores con la reforma de las pensiones definitivamente aprobada, pero el ministro ha reiterado: “La democracia y los mercados son nuestra guía”.

El ultraliberal Guedes entró en el Gabinete del ultraderechista Bolsonaro con la misión de dar la vuelta a la economía brasileña. En su discurso ha presentado la llegada del presidente al poder como una revolución en toda regla para corregir la política económica. Un país con una economía cerrada, un inmenso aparato burocrático y un sinfín de normas. “Los Gobiernos anteriores pusieron la economía por encima del país”, ha dicho el ministro, que se hizo rico en el mundo de las finanzas y casi no tenía experiencia política. Desde su nombramiento está implementando una agenda para sanear las cuentas, desregularizar, encoger la estructura del Estado, hacer concesiones y privatizaciones.

Poco después de que Bolsonaro terminara su discurso, la agencia Bloomberg ha publicado que el Gobieno de Estados Unidos apoya la entrada de Argentina y Rumanía en la OCDE, y no de Brasil, en una carta enviada al organismo pese a que el presidente Donald Trump había prometido a su homólogo apoyar la candidatura brasileña. Horas después el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha tuiteado que que "apoyan totalmente a Brasil para que inice su proceso de acceso".

Coincidiendo con el foro, Brasil ha comenzado a licitar concesiones de explotación petrolífera. “Estamos quitando trabas al petróleo, que lleva cinco años en el mar (sin ser explotado)”, ha remarcado. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, ha asegurado que Brasil empieza a recuperar la confianza exterior. "En un momento que muchos países están mirando hacia dentro y cuestionando el comercio exterior, Brasil está poniendo en marcha una ambiciosa agenda de apertura económica e inserción internacional", ha dicho en un discurso en el que también ha recordado uno de los datos símbolo de la anquilosada economía brasileña. Una empresa requiere 2.000 horas anuales para pagar los impuestos, un récord mundial.

La reforma de las pensiones, la estrella de la agenda legislativa de este Gobierno que es un paso imprescindible para frenar la sangría de las cuentas públicas, está a punto de concluir su procelosa tramitación parlamentaria pero por pocos días no ha llegado a tiempo. Aprobada en julio en la Cámara de Diputados con holgura, el plan es que el Senado celebre la votación final a partir del día 22 para implementar un profundo cambio en el sistema de jubilaciones que supondrá un ahorro de en torno a 900.000 millones de reales en una década (unos 200.000 millones de euros).

La clave es ver en qué queda el ahorro cuando la ley sea definitivamente aprobada. Esa es la señal que esperan los inversores. Aunque la tramitación ha sufrido diversos retrasos, que el Gobierno tenía contemplados, el motivo del último es cuando menos llamativo: la canonización este domingo en Roma de Irmã Dulce —hermana Dulce, la primera santa brasileña—. “Soy católico, pero esto es un chiste. Hay tres aviones llenos de políticos que van a costa del contribuyente, retrasando 10 días la votación de las pensiones”, dijo el senador Major Olimpio, el jefe de la bancada del partido de Bolsonaro. La siguiente gran reforma económica, la tributaria, ya está en marcha,

El presidente ha mencionado el derrame de petróleo que ha llevado chapapote a más de cien playas del noreste y ha hablado de medio ambiente en general, un tema importante para los inversores pero que es también el que más críticas extranjeras le genera. Tras asegurar que pretende explotar la Amazonia “de manera sostenible”, ha reiterado su intención de regular la minería informal. “Queremos legalizar el explotación [minera] para los blancos, como dicen los indios, y para los indios”, ha recalcado el presidente que considera que las regulaciones ambientales, que han sido clave para la preservación del bosque tropical, son un corsé demasiado apretado. Su llegada al poder ha supuesto un enorme debilitamiento de la fiscalización ecológica. El Gobierno ha logrado recaudar este jueves 8.900 millones de reales (casi 2.000 millones de euros) con las licitaciones petrolíferas. Uno de los bloques a subasta, cuya explotación supone, según los ambientalistas, un riesgo para una zona con la mayor biodiversidad marina del Atlántico sur, ha quedado desierto.

Pero las enormes expectativas con las que los mercados recibieron a Guedes y a Bolsonaro —con subidas récord en la Bolsa— no se ha traducido en el crecimiento económico inicialmente esperado, en parte por la coyuntura internacional, y en parte porque el Gobierno se ha enzarzado en infinidad de polémicas y no ha mantenido una relación con el Congreso todo lo fluida que los modos políticos brasileños exigen. “El crecimiento ahora es sostenible, sano, no una burbuja artificial”, ha recalcado Guedes.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 10 OCT 2019 - 18:22 COT

Publicado enInternacional
Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel, quien ayer fue ratificado presidente, en la sesión de la recién restructurada Asamblea Nacional.Foto Afp/Cubavisión/HO

La Habana. La Asamblea Nacional de Cuba estrenó ayer un nuevo esquema de gobierno al ratificar una restructuración con la que busca mejorar la gestión, y que considera el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República y la salida del Consejo de Estado de los últimos representantes de la generación de la revolución.

Los diputados cubanos estrenaron ayer un nuevo esquema de gobierno para el cual volvieron a designar a Miguel Díaz-Canel como presidente, al tiempo que eligieron a los miembros de un Consejo de Estado en el cual excluyeron los últimos representantes de la generación de la revolución.

Díaz-Canel, ingeniero de 59 años que en 2018 sucedió a Raúl Castro, tendrá ahora tres meses para designar un primer ministro que encabece el Consejo de Ministros y a los gobernadores de las 15 provincias, cargos también de nuevo cuño.

En la reorganización, Esteban Lazo, líder de la Asamblea Nacional, fue designado presidente del Consejo de Estado de 21 miembros, que excluye ahora a los comandantes Ramiro Valdés, de 87 años, y Guillermo García, de 91, los últimos representantes de la generación que combatió con Fidel Castro (1926-2016).

Raúl Castro, quien también es diputado y estuvo presente en la sesión parlamentaria, se desempeña como secretario del poderoso Partido Comunista de Cuba.

Díaz-Canel ocupaba hasta la fecha, según el antiguo esquema impuesto por la Constitución de 1976, el puesto formalmente separado, pero en la práctica unificado, de presidente de los Consejos de Estado, por un lado y de Ministros –éste con el gobierno efectivo–, como anteriormente lo hicieron Fidel y Raúl Castro.

El diseño trata de separar poderes y distribuirlos entre varias figuras en consonancia con la Constitución que entró en vigor en abril.

El Consejo de Estado es el principal órgano de la Asamblea, el Poder Legislativo del Estado comunista.

La reorganización, establecida en una Constitución aprobada en un referendo a principios de año, busca fortalecer a los gobiernos provinciales y liberar al presidente del día a día de los asuntos gubernamentales.

"Siendo optimistas, podemos esperar mayor calidad de gestión política y económica a partir de la diferenciación de funciones entre varios órganos", comentó en entrevista con la agencia Ap el jurista y constitucionalista cubano, Raudiel Peña. "Esto supone un reto importante para la Asamblea Nacional, porque tendrá que perfeccionar sus mecanismos de control sobre los otros órganos del Estado".

El cambio de esquema de gobierno no representa una modificación del modelo unipartidista en la isla.

El presidente sigue manteniendo el poder y detrás de él el Partido Comunista, indicó Arturo López-Levy, ex analista del gobierno cubano y ahora profesor asistente en la Universidad Holy Names, en California.

"Hay una división de funciones y mayor delegación en la gestión de actividades diarias, pero en el área de personal y decisión, nominal e institucionalmente, el poder está más concentrado en el presidente", explicó.

En un discurso ante los diputados, Díaz-Canel dijo que la sesión de la Asamblea Nacional tiene lugar cuando lo peor de la escasez de combustible terminó, pero advirtió que continuarán las medidas de austeridad.

En septiembre, el transporte público quedó paralizado en parte y bueyes remplazaron a los tractores por la falta de diésel.

El mandatario culpó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sancionar los envíos de combustible desde su aliado Venezuela, pero dijo que actualmente se había estabilizado en parte el suministro, pese a que Washington está "persiguiendo barco por barco y negociación a negociación".

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