Biden acaba con el anarcoliberalismo y tiene una buena razón para hacerlo

Un par de discursos de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, han bastado para tirar por la borda las proclamas anarcoliberales de los últimos cuarenta años.

 

En el Senado, Yellen advirtió que "la recesión será larga y dolorosa si no hay un mayor estímulo fiscal" y, en el Congreso, anunció las subidas previstas en los impuestos sobre sociedades (del 21% al 28%) y en los que gravan los beneficios obtenidos en el exterior (del 13% al 21%), así como la necesidad de establecer un impuesto mínimo común en todos los países sobre las ganancias de las multinacionales.

Todo ello -dijo- para frenar la carrera global a la baja y "hacia el abismo" de los impuestos en los últimos treinta años. Días antes, Biden había presentado el último plan de estímulo dedicado a inversiones en infraestructuras por un valor de 1,9 billones de dólares, elevando así a la fabulosa suma de 5,8 billones el dinero que la administración estadounidense lleva gastado para combatir la crisis. Todo lo contrario de lo que los anarcoliberales, desde Reagan hasta Trump, vienen diciendo que hay que hacer para arreglar cualquier tipo de problema económico: recortar gasto y bajar impuestos.

Lo importancia de estas medidas va más allá de su magnitud, muy grande en gasto pero no tanto en materia impositiva, pues la del tipo del impuesto sobre sociedades se quedará a siete puntos del 35% que tenía cuando Trump lo redujo al 21%. Lo importante, a mi juicio, es el cambio en la filosofía que hay detrás de ellas y, sobre todo, el reconocimiento de que ese mantra anarcoliberal no ha funcionado en absoluto y que es inapropiado para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos para poder mantener su poder imperial sobre el resto del mundo.

Como el propio presidente Biden recordó hace unos días, 52 de las mayores empresas de Estados Unidos no habían pagado en impuestos ni un centavo en los últimos tres años pero eso no había conseguido recuperar su inversión ni que creasen más empleo. Y lo único que han logrado los programas de recortes de los últimos decenios ha sido un aumento extraordinario de la desigualdad y deteriorar la base material de la economía y los servicios públicos que son imprescindibles, no solo para mantener niveles mínimos de bienestar para toda la población, sino para que las propias empresas privadas puedan funcionar con un mínimo de eficiencia.

Ha tenido que producirse una pandemia para que se den cuenta pero bienvenido sea, aunque llegue tarde, este cambio de paradigma.

Lo bueno, además, es que Estados Unidos no se puede permitir poner en práctica esa nueva estrategia fiscal, imprescindible para financiar el enorme gasto público previsto, sin lograr, al mismo tiempo, otros dos objetivos. Por un lado, que se asuma esa filosofía en los demás países y se establezcan un estándar mundial común, y de ahí su propuesta de impuesto mínimo global sobre el beneficio de las sociedades.

Por otro, cambiar la percepción que se ha sembrado en la ciudadanía sobre la fiscalidad a lo largo de los últimos treinta o cuarenta años. No es posible consolidar los cambios que necesita llevar a cabo la administración Biden, o los parecidos que se propongan a partir de ahora otros gobiernos, sin acabar con la demonización de los impuestos y de la inversión pública, y eso obliga a realizar un discurso político muy diferente al que hemos venido oyendo en los últimos decenios.

Ahora bien, ni Yellen, ni Biden, ni los dirigentes del Fondo Monetario Internacional que igualmente reclaman más impuestos sobre los ricos y empresas para hacer frente a la crisis y que ahora dicen "estar a favor de un impuesto mínimo de sociedades a nivel global", se han hecho de izquierdas, bolivarianos o comunistas. Es verdad que asumen lo que veníamos proponiendo desde hace tiempo los economistas y organizaciones progresistas pero lo han debido hacer porque las propuestas de los anarcoliberales han fracasado y porque tienen por delante unos retos a los que no podrían hacer frente simplemente haciendo cada vez más ricos y poderosos a quienes ya lo tienen todo.

Por eso no conviene echar las campanas al vuelo. Detrás de las buenas palabras hay una estrategia de fondo que lo explica todo.

Estados Unidos tan solo se propone recuperar el terreno perdido, evitar que su sociedad colapse como resultado de las fracturas sociales tan grandes que han provocado cuarenta años de políticas a favor del gran capital, y reforzarse para hacer frente a la competencia cada día más feroz de China.

La explicación de los cambios tan radicales que en materia económica está llevando a cabo la administración Biden quizá se puede encontrar en un informe publicado por The Atlantic Council sobre la estrategia que debería adoptar Estados Unidos frente al ascenso del poder de China en el mundo y cuyo autor es un ex alto funcionario del gobierno que se mantiene en el anonimato (aquí).

En el informe se definen, en primer lugar, los intereses nacionales que Estados Unidos debe proteger, junto a los de sus socios y aliados. Los tres primeros, retener la superioridad económica y tecnológica colectiva, proteger el estado global del dólar estadounidense y mantener una abrumadora disuasión militar convencional.

La estrategia que puede ser eficiente para alcanzarlos debe tener, según el informe siete componentes de los cuales el primero es reconstruir los fundamentos económicos, militares, tecnológicos y de capital humano del poder nacional a largo plazo de Estados Unidos

Según el informe, para desarrollar esa estrategia hay que basarse en diez principios organizativos básicos de los que destaco el primero: los pilares fundamentales del poder estadounidense son cuatro, las fuerzas armadas, el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y pilar del sistema financiero internacional, el liderazgo tecnológico global, y los valores de la libertad individual, la justicia y el estado de derecho.

De ahí se deducen, finalmente, una serie de "tareas domésticas centrales" de carácter estructural, a largo plazo y "con dividendos que solo se obtendrán en una década o más". Entre ellas, las siguientes:

- Revertir las inversiones en declive en infraestructura económica nacional crítica, incluidos los sistemas móviles 5G de próxima generación.

- Revertir la inversión pública en declive en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, educación, universidades e investigación científica básica.

- Asegurar que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en las principales categorías de innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial.

- Desarrollar un nuevo consenso político sobre la naturaleza futura y la escala de la inmigración a los Estados Unidos para garantizar que la población estadounidense continúe creciendo, permanezca joven y evite las implosiones demográficas que amenazan a muchas otras economías desarrolladas y emergentes, incluida la propia China, mientras retiene a los mejores y más brillantes de todo el mundo que vienen a los Estados Unidos para estudiar.

- Rectificar la trayectoria presupuestaria a largo plazo de los Estados Unidos para que la deuda nacional se mantenga en última instancia dentro de parámetros aceptables.

Esto es lo que posiblemente hay detrás del impresionante programa de estímulo que está diseñando la administración de Biden y de las medidas fiscales anunciadas: la paradoja del anarcoliberalismo de las últimas décadas. Ha hecho más poderosos y ricos que nunca a quienes ya lo eran pero ha debilitado al capitalismo como sistema, porque este necesita legitimación y equilibrio interno y sostenibilidad. Queriendo apropiarse de todo se ha fracturado la sociedad que lo sostiene y desmantelado las fuentes de ingresos que el propio capital necesita para sobrevivir.

El anarcoliberalismo ha matado de éxito al capitalismo de nuestro tiempo y este debe ahora reinventarse. Está por ver a qué precio y con qué resultados pero la casi total ausencia de contrapesos me hace temer lo peor.

 Por Juan Torres López

10 abril, 2021

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Sábado, 10 Abril 2021 06:18

El teatro de los inocentes

El presidente Jair Bolsonaro junto a quien fuera comandante del Ejército, Edson Pujol, durante una ceremonia oficial en Brasilia, en 2019 AFP, SERGIO LIMA

¿Qué sucedió realmente entre los generales y Bolsonaro?

Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen.

La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre que significó la gestión del general Eduardo Pazuello al frente del Ministerio de Salud, en especial el impacto mediático de la escandalosa falta de oxígeno en Manaos –por la que Pazuello es investigado judicialmente (véase «Asfixiados», Brecha, 29-I-21)–. Hasta su nombramiento en setiembre, y a pesar de ocupar diversos puestos estratégicos en el gobierno, los militares actuaban de forma más discreta, casi siempre a través de oficiales retirados. Pero Pazuello, general en actividad, agarró el fierro caliente durante la mayor crisis sanitaria de la historia del país. Otros oficiales filtraban constantemente a la prensa su malestar con la gestión sanitaria del gobierno y, casi siempre en off, pedían que el general pasara a retiro y evitara así la mancha en la imagen castrense. Pazuello dimitió el 23 de marzo, día en que se registró un nuevo récord de 3.251 muertes por covid-19.

La crítica de algunos oficiales a la política sanitaria no era, sin embargo, el único motivo de desencuentro entre las jerarquías civiles y militares. Desde el año pasado, Bolsonaro estaba molesto con el ahora excomandante del Ejército Edson Pujol. En abril, en un evento militar en Porto Alegre, el presidente, conocido por su rechazo a las más mínimas precauciones sanitarias, extendió su mano para saludar a Pujol. Recibió un codo. En noviembre, dos días después de la velada amenaza bélica de Bolsonaro al entonces presidenciable estadounidense, Joe Biden, por unos dichos de este sobre la protección de la Amazonia («cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora», había retrucado el brasileño), Pujol salió al cruce de su superior y sostuvo a la prensa que no existía ningún país en el continente que representara una amenaza para Brasil y que, de todas maneras, las Fuerzas Armadas brasileñas no tenían los recursos suficientes para garantizar la soberanía nacional.

Para mayor inri bolsonarista, durante una conferencia con empresarios al día siguiente, Pujol afirmó: «No queremos ser parte de la política gubernamental o del Congreso Nacional, y mucho menos queremos que la política entre en nuestros cuarteles». «No cambiamos cada cuatro años nuestra manera de pensar o de cumplir nuestras misiones», agregó. De inmediato, Bolsonaro recordó en Twitter que era él quien había elegido a Pujol para el cargo de comandante, un ayudamemoria que parecía tener como destinatario al propio general.

Lo cierto es que Pujol era visto como un obstáculo para las tentativas del presidente de radicalizar el apoyo militar a su gobierno. En las últimas semanas, el mandatario se refirió varias veces a las tropas como «mi ejército» y dejó claro, fiel a su estilo de gestionar la pandemia, que los militares no saldrían a la calle a obligar a ningún trabajador a quedarse en su casa. Mientras tanto, la Justicia anunciaba la anulación de las condenas de quien será seguramente el principal contendor de Bolsonaro en las próximas elecciones, Lula da Silva, en el medio del más estricto silencio militar. En ese escenario y en pleno recambio de gabinete, el presidente removería, el 29 de marzo, como quien no quiere la cosa y sin mayores explicaciones, al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, protector de Pujol (véase «Hasta aquí llegó mi amor», Brecha, 30-III-21).

Las cosas no salieron como esperaba. Tras el terremoto de la renuncia simultánea de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en respaldo a Azevedo e Silva, Bolsonaro acabó por respetar el criterio de antigüedad para las nuevas designaciones. Terminó eligiendo –o aceptando, según se lo mire– al general Paulo Sérgio Nogueira como nuevo comandante del Ejército, hecho que, con el pasar de los días, fue entendido por analistas y entendidos de política militar como una señal de continuidad. El ejército publicó entonces una foto de una reunión entre el nuevo ministro, Eduardo Villas Bôas, Pujol y Nogueira, con la frase: «Antiguo, actual y futuro comandante del Ejército de Caxias: lazos inquebrantables de respeto, camaradería y lealtad».

GOLPE… DE EFECTO

Las primeras reacciones mediáticas y políticas fueron dominadas por la euforia. El periodista y exasesor de prensa del gobierno de Lula, Ricardo Kotscho, que mantiene contacto con algunos militares en actividad, expresó en su columna en UOL del primero de abril que lo que había conseguido Bolsonaro había sido «unir a los militares contra él», ya que los uniformados habían por fin «desembarcado del gobierno y encuadrado al presidente en los límites constitucionales». Sin embargo, dos días después escribió: «Lo que pareció una ruptura del gobierno con su base uniformada fue apenas un juego de escena para cambiar los quepis de los jefes militares por otros más al gusto del capitán, sin cambiar nada en la concepción secular de los militares como tutores del poder civil».

Kotscho repensó su lectura, pero el resto de los análisis de la prensa brasileña fueron –y son– casi unánimes: los uniformados estarían tratando de evitar la «politización» de las Fuerzas Armadas, abocados a preservar la democracia frente a las «aventuras golpistas» de Bolsonaro. Pero pensar que los militares quieren evitar una politización de los cuarteles durante el gobierno más militar de la historia democrática suena, como mínimo, contradictorio. Piero Leirner, antropólogo y especialista en estrategia castrense de la Universidad Federal de São Carlos, afirma a Brecha que lo ocurrido no se trata de una reacción a los arrebatos golpistas de Bolsonaro, sino la simulación de una reacción: «La figura de Bolsonaro como presidente es en sí misma una construcción militar, hecha para parecer independiente, errática e incontrolable. De esa forma, los militares siempre aparecen como un factor de contención (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20). Lo que sucedió ahora es una sobrecarga de esas construcciones, una operación psicológica del tipo conmoción y pavor a nivel informacional, en la que todo el mundo queda desnorteado en un primer momento y luego con la sensación que ellos quisieron imprimir en el imaginario colectivo: que dijeron “basta”, que ahora “la política” se va a mantener lejos de los cuarteles». Para el analista, «la supuesta crisis militar ya alcanzó su objetivo y lo que vendrá ahora es una operación de desacoplamiento de la tropa en relación con Bolsonaro».

Para el periodista André Ortega, coautor, junto con Pedro Marín, del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, «los militares afirmaron su unidad en el actual escenario y mostraron que mantienen una unidad corporativa, que no es solamente institucional, racional-burocrática, sino política y cultural, como han hecho siempre en la historia». Ortega tampoco cree que los uniformados estén defendiendo las instituciones democráticas: «Hay un exceso de entusiasmo con relación a los supuestos “generales democráticos”. No podemos confundir las diferencias de ambiciones individuales o de feudos con grandes diferencias políticas. No hay ruptura ni esfuerzos de preservación democrática: hay una puesta en escena para preservar la imagen de que la militar es una institución competente y mantener, e incluso aumentar, lo que han conquistado con este gobierno».

PASANDO REVISTA

Eduardo Svartman, historiador, doctor en Ciencia Política y presidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, tampoco cree que se pueda hablar de ruptura, porque «los militares son corresponsables de la elección de este gobierno y son una parte de su base». Desde su perspectiva, lo acontecido «sugiere un reacomodo en el que algunos militares en actividad pretenden marcar una cierta distancia respecto al gobierno y, en ese marco, se explicita una tensión entre parte de la alta oficialidad activa y los oficiales de la reserva, que son quienes están masivamente presentes en el Ejecutivo». Este último actor, sostiene Svartman, «enfrenta su peor momento y juega con el golpismo para contrabalancear su debilitamiento».

Para el académico, lo que los oficiales en actividad quieren evitar es una posible insubordinación en los cuarteles: «Hay una preocupación por la creciente politización y polarización y el accionar entre las tropas de las milicias digitales bolsonaristas». Existe, según él, «un temor de que ocurran episodios como los de Bahía [véase recuadro] en unidades militares y se le haga difícil a la cúpula mantener el alineamiento de todo el mundo».


Recuadro

Los de abajo

El lunes 29 de marzo, un integrante de la Policía Militar protagonizó un extraño episodio en el Farol da Barra, un sitio icónico de Salvador de Bahía. Después de empezar a disparar contra sus compañeros, el agente fue ultimado. Las bases bolsonaristas de Internet se abocaron rápidamente a convertirlo en héroe, alimentando la versión de que el policía habría muerto por negarse a seguir las órdenes del gobernador del Estado, Rui Costa (del Partido de los Trabajadores), que había decretado algunas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia.

La campaña, por el tenor de sus mensajes, parecía una tentativa bolsonarista de enardecer a sus seguidores y fogonear un levantamiento de las Policías Militares a lo largo del país. Rafael Alcadipani, integrante del Foro Nacional de Seguridad Pública, dice a Brecha que, sin embargo, las bases del gobierno «le erraron al diagnóstico». La táctica no funcionó. Sí existe, afirma, una coincidencia ideológica entre ambas fuerzas: las Policías Militares, «alineadas en la derecha y el conservadurismo, están muy influenciadas por la ideología del bolsonarismo y se identifican con el presidente». Pero Alcadipani cree que, a pesar de que no puedan descartarse sublevaciones o acuartelamientos puntuales, no tienen, por sí solas, la suficiente fuerza para generar un hecho de mayor gravedad: «Con una tasa de desempleo tan alta, sin una ayuda económica fuerte y un sólido apoyo de las Fuerzas Armadas es muy difícil que tentativas como estas tengan posibilidades».

Marcelo Aguilardesde San Pablo 
9 abril, 2021

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (primer plano), y su secretario de Defensa, Benny Gantz, ayer en el parlamento, en Jerusalén. Foto Afp

El acuerdo histórico de China e Irán, con bendición rusa, por 25 años y 500 mil millones de dólares –casi equivalentes al PIB nominal de la vapuleada economía persa– constituye un genuino game changer (punto de inflexión) que ha sacudido las placas tectónicas de la geopolítica en Eurasia que epitomiza la irrupción de China al Gran Medio Oriente (https://bit.ly/2Reo6LN).

El cronograma geopolítico es seminal cuando el fallido golpe de Estado en Jordania (https://wapo.st/31Og1zz) se escenificó una semana después al acuerdo histórico de China e Irán –que creó de facto el eje Moscú/Pekín/Teherán– y tres días antes de la reunión "indirecta" entre EU e Irán en Viena para renegociar el levantamiento de las mil 600 (¡megasic!) sanciones de Washington y la detención del enriquecimiento de uranio de Teherán (https://bit.ly/2PyfM9k) –todavía muy lejos del mínimo de 90 por ciento para fabricar una bomba nuclear que el atribulado premier Netanyahu ha inventado posee el país persa, como parte de la brutal "guerra de propaganda" que emprendió la triada Trump/Jared Kushner/Netanyahu.

Más allá de las conocidas intrigas palaciegas, que han recreado la narrativa de la perpleja población jordana, entre dos medio-hermanos –el rey Abdala y el príncipe Hamzeh, hijo de la cuarta esposa estadunidense, de origen libanés, la reina Noor Halabi– destacan las revelaciones estrujantes del rotativo israelí de mayor circulación Yedioth Ahronoth (5/4/21) sobre el presunto rol que hubiera jugado Netanyahu que se había enfurecido por la prohibición de la travesía de su vuelo a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este dato no es menor ya que la instalación en el poder de Jordania de un "aliado" de Israel en forma indirecta hubiera expandido su alcance y su profundidad estratégica hasta su frontera con Irak de 179 kilómetros, no muy lejos de Irán cuando la distancia aérea más corta entre Irak e Irán es de 941 ­kilómetros.

El éxito del golpe hubiera tenido profundas reverberaciones en las otras fronteras de Jordania: Arabia Saudita (731 kilómetros), Siria (341) y la Cisjordania palestina ocupada (148).

El popular rotativo israelí señala que fuentes jordanas anónimas sospechan la complicidad de algunas petromonarquías del golfo Pérsico.

El sitio de noticias Ammon de Jordania implica al ex agente del Mossad Roy Shaposhnik, a lo cual el portal iraní Hispan TV le ha dado gran vuelo (https://bit.ly/3sXuF39).

Shaposhnik –quien trabajó para el siniestro ejército paramilitar estadunidense Blackwater/Xe de Erik Prince–, contactó a la esposa del príncipe golpista Hamzeh para proporcionar a su familia un avión privado y organizar su salida con el fin de que desde el exterior dirija el golpe palaciego a unos días del centenario del reino, el 11 de abril.

Llamó poderosamente la atención que cinco (sic) días antes del fallido golpe de Estado en Jordania, el analista militar israelí Amos Harel haya advertido que los 328 kilómetros de frontera de Israel con Jordania podían ser el escenario de una enorme inestabilidad (https://bit.ly/2Q5cgTq).

Harel revela que los "ayudantes de Netanyahu se burlan (sic) de un país en ­declive".

Como dicen los avezados criminalistas, Netanyahu tenía "motivos" suficientes para derrocar al rey Abdala, si es que hacemos caso a las perturbadoras revelaciones de Harel cuando días previos Jordania había solicitado a Israel más agua a lo que se negó Netanyahu, lo cual "refleja otro estadio en el deterioro de las relaciones entre los dos países".

Viene la parte nodal de Harel: "Existe una crisis severa que prevalece entre Amán y Jerusalén, exacerbada a inicios de mes, cuando los jordanos impidieron el paso de Netanyahu a EAU".

Harel abunda sobre la "venganza personal de Netanyahu contra el rey Abdala" al prohibir también el envío de vacunas contra el Covid-19.

Lo más kafkiano radica en que mientras Netanyahu presuntamente instigaba el golpe de Estado en Jordania, el atribulado primer israelí comparecía ante un tribunal por fraude/corrupción (https://bit.ly/3mr2SWI) y se quejaba de ser víctima de un "golpe de Estado" jurídico.

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En plena catástrofe sanitaria Bolsonaro anunció una semana de privatizaciones

El gobierno de Bolsonaro inicia este miércoles una gran subasta de 28 infraestructuras controladas por el estado, entre aeropuertos, terminales marinas y ferrocarriles.

Espera atraer en tan solo una semana inversiones por unos 1.800 millones de dólares, un proceso que pone a prueba el proyecto privatizador del mandatario en plena crisis del coronavirus y en medio de turbulencias políticas.

Mientras la población muere por miles, el presidente y su ministro de Infraestructura, Tarcísio Freitas, aprovechan para entregar la infraestructura brasileña al capital privado.

El gobierno prevé subastar 22 aeropuertos actualmente operados por la estatal Infraero, 5 terminales portuarias (cuatro en Itaqui y una en Pelotas) y el primer tramo del Ferrocarril de Integración Oeste-Este (Fiol), entre Ilhéus y Caetité, en Bahía. El proyecto incluye la venta de los derechos de explotación por 30 años.

"Nuestro principal objetivo no es la recaudación, es la generación de inversión", afirmó en una rueda de prensa el ministro de Infraestructura, quien dio por inaugurada lo que llamó "Infra Week", como el Gobierno ha bautizado la semana de concesiones que serán realizadas en la bolsa de Sao Paulo.

La agroindustria y la minería es uno de los sectores de los empresarios nacionales a los que el gobierno busca favorecer. El ferrocarril que se entregará puede consolidarse como un corredor logístico para la exportación y transporte de mineral de hierro y granos.

Para mostrar sumisión total a la voluntad del mercado, el gobierno de Bolsonaro decidió arrodillarse a voluntad de posibles compradores para contratar a otra empresa para que sea la operadora de la terminal subastada, es decir, además de privatizar, también avanza con la subcontratación que atenta contra los derechos y los salarios de los trabajadores.

Los proyectos de privatización se duplicaron con creces. En 2020, el ministerio de Suministro de Infraestructura, en línea con las políticas neoliberales del ministro de Economía, Paulo Guedes, había ofrecido voluntariamente 9 bienes públicos al mercado. Hoy, con el impacto de la pandemia en su negocio, la demanda en la zona portuaria ha aumentado, mientras que en los aeropuertos ha caído drásticamente.

El gobierno está entusiasmado mientras con las incertidumbres de la pandemia genera mayor desempleo, el hambre y la inflación. El “apetito” por concesiones de largo plazo se explica por el alto potencial de rentabilidad con compras de activos muy devaluados, con inversores que buscan rentabilidad en entornos con tipos de interés bajos y precios aún más rentables. La devaluación del real frente al dólar es uno de esos “triunfos” del gobierno de Bolsonaro, lo que demuestra que la crisis de salud y económica que afecta a la población trabajadora y pobre es una oportunidad de negocio entre ellos y el mercado.

Martes 6 de abril | 19:47
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Jeff Bezos, el jefe de todo esto. Foto: Seattle City Council

El economista Robert Reich propone siete medidas para que las grandes fortunas de Estados Unidos paguen los impuestos necesarios para la economía del país.

 

Los ingresos y la riqueza están ahora más concentrados en la élite que en cualquier otro momento de los últimos 80 años, y nuestro injusto sistema tributario es una de las principales razones. El sistema tributario está diseñado para los ricos, lo que permite que un puñado de personas adineradas ejerzan una influencia indebida sobre nuestra economía y nuestra democracia.

Los conservadores se preocupan por los déficits presupuestarios. En tal caso, para pagar aquello que la nación necesita —poner fin a la pobreza, atención médica universal, infraestructuras, revertir el cambio climático, invertir en las comunidades y mucho más— los súper ricos tienen que pagar la parte justa.

Estas son siete formas necesarias para gravar a los ricos.

Primero: Derogar los recortes de impuestos de Trump. No es ningún secreto que la gigantesca rebaja de impuestos de Trump fue un gran regalo para los ricos. El 65% de sus efectos favoreció al quintil más rico, y de esa parte, el 83% lo hizo al 1% más rico. En 2018, por primera vez desde que hay registros, los 400 estadounidenses más ricos pagaron una tasa impositiva efectiva más baja que la mitad inferior. Revocar los beneficios de la reducción de impuestos de Trump para las corporaciones ricas y grandes, como ha propuesto Joe Biden, recaudará un monto estimado de 500.000 millones de dólares en una década.

Segundo: aumentar el tipo impositivo sobre los que están en la parte superior. En la década de 1950, el tipo impositivo más alto para los estadounidenses más ricos superaba el 90%. Incluso después de las deducciones y las desgravaciones fiscales todavía pagaban más del 40%. Pero, desde entonces, las tasas impositivas se han reducido drásticamente. Hoy, después de la reducción de impuestos de Trump, los estadounidenses más ricos pagan menos del 26%, incluidas deducciones y desgravaciones. Y esta tasa se aplica solo a los dólares ganados por encima de 523.601 dólares. Aumentar la tasa impositiva marginal en solo un 1% sobre los estadounidenses más ricos generaría aproximadamente 123.000 millones en diez años.

Tercero: un impuesto sobre el patrimonio para los súper ricos. La riqueza es una fuente de desigualdad aun mayor que los ingresos. El 0,1% más rico de los estadounidenses tiene casi tanta riqueza como el conjunto del 90% inferior. Durante la pandemia, los multimillonarios de Estados Unidos agregaron 1.300 millones a su riqueza colectiva. El impuesto sobre el patrimonio propuesto por Elizabeth Warren cobraría un 2% sobre el patrimonio de más de 50 millones de dólares y el 3% sobre el patrimonio de más de mil millones. Solo se aplicaría a unos 75.000 hogares estadounidenses, menos del 0,1% de los contribuyentes. De acuerdo con él, Jeff Bezos pagaría 5.700 millones de su fortuna de 185.000 millones, menos de la mitad de lo que ganó en un día el año pasado. El impuesto sobre el patrimonio recaudaría 2.750 billones de dólares en una década, lo suficiente para pagar el cuidado infantil universal y la universidad pública gratuita con mucho sobrante.

Cuarto: Un impuesto a las transacciones financieras. El 1% más rico posee el 50% del mercado de valores. Un pequeño impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras, solo un dólar por cada mil dólares negociados, recaudaría 777.000 millones en una década. Eso es suficiente para proporcionar vales de vivienda —más de 12 veces— a todas las personas sin hogar en Estados Unidos.

Quinto: Poner fin al vacío legal de la “base de costos incrementados” [“stepped-up cost basis”]. Los herederos de los superricos pagan cero impuestos sobre las ganancias de capital respecto a los enormes aumentos en el valor de lo que heredan debido a una laguna jurídica llamada stepped-up cost basis. En el momento de la muerte, el valor de los activos se “incrementa” a su valor actual de mercado, por lo que una acción que se valoró originalmente en, digamos, un dólar cuando se compró, pero que vale mil dólares cuando los herederos la reciben, lleva aparejada un ahorro de 999 dólares en términos de ganancias de capital. Este vacío legal permite que enormes y crecientes concentraciones de riqueza pasen de generación en generación sin tener que pagar impuestos. Eliminar esta laguna legal recaudaría 105.000 millones de dólares en una década.

Seis: Cerrar otros vacíos legales para los superricos. Por ejemplo, una forma en que los administradores de bienes raíces, capital de riesgo, capital privado y hedge funds reducen sus impuestos es el agujero del “interés acumulado”, que les permite tratar sus ingresos como ganancias de capital en lugar de como ingresos salariales ordinarios. Eso significa que pagan impuestos a la tasa más baja de ganancias de capital en lugar de la tasa impositiva más alta sobre los ingresos. Se estima que cerrar este vacío legal recaudará 14.000 millones en una década.

Siete: Incrementar los fondos del Fisco para que pueda auditar a los contribuyentes ricos. Debido a que el IRS [Internal Revenue Service, la Hacienda estadounidense] no ha recibido fondos suficientes, es mucho menos probable que los millonarios sean auditados de lo que solían serlo. Como resultado, el IRS no recauda una gran cantidad de impuestos de los contribuyentes ricos. Recaudar todos los impuestos federales sobre la renta no pagados por el 1% más rico generaría al menos 1.75 billones de dólares durante una década. Así que, definitivamente, hay que financiar el IRS.

Juntas, estas siete formas de gravar a los ricos generarían más de seis billones en diez años, suficiente para abordar las grandes necesidades de la nación. A medida que la desigualdad se ha disparado, nuestro injusto sistema fiscal ha permitido que los estadounidenses más ricos hagan trampa para no pagar lo que en justicia deben pagar. No es radical frenar esta irresponsabilidad. Es radical dejar que continúe.

Por Robert Reich

6 abr 2021 06:06

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Ilustraciones: Juan Dellacha

Perú. Entrevista a Verónika Mendoza

 

En vísperas de las elecciones presidenciales, desde el Colectivo Editorial de Jacobin América Latina tuvimos la oportunidad de conversar con Verónika Mendoza, quien se proyecta como candidata de la izquierda peruana.

Jacobin América Latina. Desde que fuiste candidata a la presidencia en 2016, los medios no se cansan de calificarte como representante peruana del ciclo progresista latinoamericano. Sin embargo, pocos indagaron en tu propio sentido de pertenencia a ese ciclo político. ¿Cómo te sitúas en relación con el progresismo latinoamericano?

Verónika Mendoza. En Perú siempre nos sentimos un tanto alejados de los procesos progresistas latinoamericanos. A veces los miramos con admiración, a veces de manera crítica, pero siempre con distancia. Valoramos su horizonte antimperialista, que sigue vigente y deberá ratificarse a cada paso para construir cada vez mayores márgenes de autonomía regional y continental. También valoramos la tendencia redistributiva que, en mayor o menor medida, todos compartieron. La intención de construir un Estado que se comprometa con el bienestar de las mayorías y que, por medio de iniciativas de distinta índole, procure garantizar derechos y permitir el acceso a los recursos y a los bienes públicos es siempre una política saludable. Su componente democratizador, que tuvo efectos concretos en la ampliación de derechos y de la dignidad de los sectores populares, es otro punto a resaltar.

También es valorable el arraigo histórico transformador que exhibieron, lo cual estuvo vinculado al hecho de poner en cuestión elementos estructurales como la identidad o la nación. Apuntar a remover el sustrato conservador-colonial-dependiente de nuestras sociedades resulta fundamental. En ese sentido, el caso boliviano, con el acceso de los sectores indígenas al gobierno y la puesta en práctica de una serie de mecanismos democráticos por fuera de los tradicionales, constituye un ejemplo a seguir. También lo fue el intento venezolano de generar otro tipo de participación, de construir el poder desde otras bases, tal como se observó durante el gobierno de Hugo Chávez.

Definitivamente, en Perú nos sentimos hermanados con estas experiencias, pasadas y recientes. Es innegable que hay una identidad y una cultura que compartimos con distintas experiencias populares, particularmente en lo referido a la impronta plebeya de impugnar el neoliberalismo y denunciarlo en todas sus versiones.

Pero también existen deficiencias, y la posibilidad de extraer lecciones y volvernos mejores depende de que seamos capaces de identificarlas y discutirlas. Es necesario tener en claro lo que podemos y no podemos hacer y lo que debemos y no debemos hacer, tanto en Perú como en toda América Latina.

JAL. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, estas deficiencias de los gobiernos progresistas y las lecciones que se desprenden de ellas?

VM. Desde nuestro lugar, a la izquierda del mapa político peruano, hemos sido críticos en varios aspectos. Venimos elaborando, desde los años 1990, algunas ideas más radicales vinculadas al movimiento alterglobalizador, al zapatismo, a los Foros Sociales. Trabajando junto a todo un movimiento que se atrevió a impugnar el orden en el momento en el que estaba mejor establecido, y que pretendió montar una plataforma que fuese mucho más allá de la crítica antineoliberal.

Desde ese lugar, cuando vimos emerger los gobiernos progresistas en nuestra región, si bien los recibimos como una buena noticia en relación con lo anterior, los percibimos en otra frecuencia, con otros códigos. Unos proyectos sin mucho compromiso por superar el capitalismo, sin vocación de ir más allá en la búsqueda de alternativas.

Existe una limitación muy desarrollista en el progresismo, que se expresa en su afán por gestionar lo establecido, particularmente en todo lo que tiene que ver con el modelo económico extractivo. Vimos cómo los países con gobiernos progresistas mantenían una creciente dependencia de sus materias primas, de la minería, del petróleo o de la soya, sin proponerse superar realmente el modelo primario exportador extractivista. Al contrario, muchos terminaron por exacerbarlo. Ese, creemos, es un primer déficit del que aprender: no se puede transformar realmente un país manteniendo una política económica meramente rentista y primario exportadora.

Un segundo déficit importante gira en torno a que, a pesar de los esfuerzos y de cierta radicalidad exhibida en algunos países, no se pudo desmontar la estructura de los Estados tal y como fue construida a lo largo de todos estos siglos. En Venezuela se habla de la Quinta República, pero vale la pena preguntarse cuántas de las taras de las otras repúblicas pesan sobre esta Quinta. El Estado cambió de manos, pero no hubo una reforma profunda. La forma de organizar el poder, a pesar de todo, parece persistir de forma inalterada.

No se puede negar que, aunque empalmaron con las demandas de cambio reclamadas por los movimientos sociales y por sectores ciudadanos, terminaron enmarcados en una dinámica más bien estatalista. Con ello, surge un tercer aspecto aleccionador: la compleja relación con los movimientos sociales, muchas veces tensa y ambivalente, terminó a menudo convirtiendo en opositoras a las organizaciones que no encajaron en esa lógica estatalista, lo cual terminó por tender un manto de sospecha sobre su autonomía. Una experiencia dramática, en este sentido, es la de Brasil, donde todo el acumulado del PT y su relación con los diversos movimientos sociales entraron en tensión, lo cual lo llevó a replegarse frente a fuerzas conservadoras como las que condujeron a Bolsonaro al gobierno. Otro ejemplo lo constituye Ecuador: la relación de tensión entre Correa y una parte importante del movimiento indígena y ecologista continúa hasta el día hoy.

Pero la dinámica histórica de las últimas décadas en Perú no es asimilable a ninguna de las trayectorias anteriores. Es un país hecho de retazos. Puede que un sector de la ciudadanía –especialmente en el sur– se sienta identificado con el proceso de cambio de Bolivia. Pero también hay otro sector que no, y que se identifica más con lo que pasa en Argentina, donde existe un bloque más amplio y nacionalista con fuerte presencia de una capa tecnocrática de corte moderno. Entre los jóvenes peruanos, por otra parte, la identificación más fuerte pasa por el movimiento chileno y la movilización social por una nueva constitución.

JAL. Iniciaste tu militancia política a principios de la década del 2000, en las filas de lo que alguna vez –aunque de manera efímera– fue aclamado como el vehículo del progresismo peruano: el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Ahora, como candidata presidencial de Juntos por el Perú en 2021, ¿qué balance haces de la transformación de la izquierda peruana en estas últimas décadas?

VM. En Perú fue el nacionalismo de Ollanta Humala el que, hacia el año 2011, intentó subirse a la ola latinoamericana de gobiernos progresistas. Pero, pese a las expectativas depositadas por buena parte de la población, el Partido Nacionalista nunca lo logró del todo. Humala nunca fue revolucionario, ni mucho menos. No tenía una cultura de izquierdas, ni siquiera en clave nacional-popular. Su proyecto se estuvo muy limitado desde sus orígenes. La correlación de fuerzas al momento de su ascenso al gobierno fue el factor que más condicionamientos impuso, y el poder económico –en medio de una bonanza generalizada– se volvió rápidamente dominante. Más allá de la implementación de algunos programas sociales y del incipiente desarrollo de la arista social de la gestión estatal, Humala terminó siendo profundamente conservador.

Y es que, en nuestro país, la correlación de fuerzas heredada del fujimorismo ha permanecido hasta hoy inalterada. La herencia que recibimos a su caída nos legó todo su andamiaje de poder, incluyendo la Constitución promulgada en el año 1993. Las reformas neoliberales en el Perú fueron sumamente profundas, producto del conflicto armado y la crisis política de las décadas de 1980 y 1990. El gran logro de largo plazo del fujimorismo fue la rearticulación y la consolidación de un bloque dominante neoligárquico, aliado a las Fuerzas Armadas y sumamente poderoso.

Pero el retrato no estaría completo si no contemplamos también las debilidades propias: la crisis política y el pragmatismo dominante en la izquierda. Sin calibrar de manera justa la profunda derrota sufrida por el movimiento popular durante el conflicto armado y la consecuente implementación en toda línea del modelo neoliberal (no solo como programa de gobierno, sino también en el sentido ideológico), resulta imposible comprender la crisis del campo progresista en Perú. Su versión más deforme fue encarnada por la figura de Humala, pero también se expresó en la crisis de la izquierda, replegada en torno a las ONG y buscando atajos al gobierno para acomodarse con mayor facilidad.

Pero hoy nuestra realidad comienza a cambiar. Las intensas movilizaciones desatadas a partir de la destitución de Vizcarra sacaron a la luz la necesidad de transformaciones de otro orden y la disposición de amplios sectores de la población para impulsarlas. La construcción de un proyecto firmemente arraigado en los procesos populares puede permitirnos revertir el camino de renuncia que viene transitando hace tiempo la izquierda. Es un esfuerzo propio, que solo podemos hacer nosotros mismos, porque la búsqueda de atajos ya se ha evidenciado infructuosa en el pasado. No se trata de llegar más rápido, sino de llegar mejor, con mejores posibilidades de triunfar. Las experiencias progresistas en nuestra región representan un punto de referencia del cual extraer lecciones positivas y negativas. Pero la fortaleza de nuestro arraigo popular dependerá de la originalidad de la senda que logremos trazar: ni calco ni copiasino creación heroica, una apuesta por avanzar más allá.

Por Jacobin América Latina

3 abril 2021

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El bolsonarismo cruje Entrevista a Sergio Lirio

Las renuncia de los comandantes de las tres fuerzas, las dimisiones ministros y la crisis sanitaria configuran una nueva crisis múltiple en el gobierno de Bolsonaro, enfrentado al fantasma del impeachment. Todo esto tiene como contexto la vuelta al ruedo político de Luiz Inácio Lula Da Silva. 

 

Los recientes cambios de gabinete en Brasil y la renuncia simultánea de los comandantes de las tres fuerzas armadas informan de una crisis profunda en el sistema de poder construido por Jair Bolsonaro desde 2018, en medio de una profunda crisis sanitaria. El negacionismo de Bolsonaro respecto de la pandemia de covid-19 se suma a una incompetencia más amplia para gestionar el aparato del Estado. Es esta última la que esta provocando el alejamiento de sectores de la elite. «Muchos querrían un bolsonarismo sin bolsonaro», dice Sergio Lirio, jefe de redacción del semanario Carta Capital en esta entrevista con Nueva Sociedad. Y esto ha provocado que el mandatario dependa cada vez más del denominado centrão, partidos alineados con el mejor postor que controlan el Congreso. Pero los crujidos actuales en el bolsonarismo se vinculan también a la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al ruedo político, tras la anulación de sus causas por la Corte Suprema brasileña.

¿Qué explica la crisis militar y cuál es, en su opinión, su profundidad? Algunos medios titularon que es la peor crisis con los militares desde 1977.

En 1977, efectivamente, el presidente Ernesto Geisel exoneró al general Sílvio Frota, que se oponía a su proceso de apertura lento y gradual. Pero incluso dentro de la dictadura no hubo algo tan explícito como ahora. Durante el gobierno de José Sarney hubo dimisiones por cambios ministeriales y en el segundo gobierno de Lula hubo amenazas de dejar los cargos por parte de los comandantes de las tres fuerzas, durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad de los crímenes de la dictadura. 

Pero, ¿qué pasó ahora? No hay que olvidar que los militares son uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro junto con los sectores financieros y el agronegocio. Es la coalición social que le dio el golpe a Dilma Rousseff. La expectativa era que Bolsonaro llevara adelante una agenda ultraliberal y recuperara la imagen de los militares, erosionada desde la dictadura. Ni durante la dictadura los militares brasileños ocuparon tantos cargos como con Bolsonaro. Son unos 6.000 militares en puestos en la administración en diferentes niveles. Hasta la Casa Civil (equivalente al jefe de gabinete de ministros) es dirigida por un militar. Presiden Petrobras, presiden Furnas, la mayor generadora de energía de América Latina. Incluso hijos e hijas o esposas de militares ocupan cargos en diferentes escalafones del Estado. Los militares tuvieron su propia reforma previsional, mucho más favorable que para la mayoría de los brasileños. Entonces, la pregunta sería ¿para qué un golpe militar si el de Bolsonaro ya es un gobierno militarizado? Sería, además, una aventura con altísimos costos.

El problema para los militares, pero también para los otros grupos de poder que apostaron por Bolsonaro, es que su gobierno es un desastre absoluto. La economía, bajo el ministerio del ultraliberal Paulo Guedes, es una calamidad. Para peor, cuando llegó la pandemia Bolsonaro se mostró contrario, de manera hiperbólica, a todas las medidas de distanciamiento social. Los resultados en términos sanitarios fueron tan terribles que hoy Brasil es uno de los países con mayor cantidad de muertes. Además, la diplomacia brasileña fue un fracaso absoluto, nunca fue tan ideológica, tan terraplanista, que con Ernesto Araújo como canciller. Terminó perjudicando incluso la posibilidad de hacer negocios. 

Mientras estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, si bien no era un aliado completo de Brasil, protegía a Bolsonaro, que se iba volviendo un paria en el concierto internacional. Pero eso cambió con la llegada de Joe Biden. Ahora Brasil ya no es solo paria sino una amenaza internacional. Más de cien países impiden la entrada de brasileños. Ya pasamos las 300.000 muertes y podríamos llegar a 500.000. Pero no solo hay un rechazo internacional a su política sanitaria, también a su política ambiental, por ejemplo respecto de la Amazonia. Desde el punto de vista interno, el ingreso de emergencia de 600 reales aprobado por el Congreso, impidió en el primer año de la pandemia que la economía cayera más aún (4,1% en 2020) y que las personas cayeran en una tragedia mayor. Pero ahora el monto de esas transferencias será menos de la mitad. Por todo eso Bolsonaro está perdiendo apoyo tanto entre las elites como entre la población. 

En este contexto, intentó llevar a las fuerzas armadas a una escalada autoritaria. Se repitió tanto estos días que no había posibilidad de golpe que todo el mundo sospechó lo contrario. Básicamente, el presidente quería que el general Edson Pujol se manifestara contra la decisión de la Corte Suprema de devolverle los derechos políticos a Lula. El último domingo de marzo, Bolsonaro dijo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son nacionalistas y están del lado del pueblo, lo que significaba que estarían del lado de él. En medio de un caos sanitario y administrativo -Brasil ya tiene el cuatro ministro de salud en cuatro años- quería que los militares lo apoyen para poner en pie una especie de estado de emergencia que le diera más poderes. Las fuerzas armadas dijeron no, al menos no ahora, y se mantuvieron leales a la Constitución.

El problema es que a diferencia de otros países, como Argentina, donde los crímenes de la dictadura fueron juzgados y el pasado fue analizado y discutido, en Brasil la ley de amnistía generó una especie de equilibrio entre el poder militar y el poder civil. Por eso, las Fuerzas Armadas terminan por estar encima de la Constitución, encima de las leyes. Ese es el problema más grave de la democracia brasileña. 

Hace poco hubo una carta de sectores de la elite económica que criticaba al gobierno de Bolsonaro. ¿Hasta dónde llega este distanciamiento?

Esa carta es muy significativa porque está firmada por varios banqueros, entre ellos los dos principales accionistas del banco Itaú, y por varios economistas neoliberales. Hay un sector del empresariado, anticuado e histriónico, que se beneficia de la mano de obra barata, que sigue siendo bolsonarista. Pero los sectores industriales más dinámicos cada vez quieren menos a Bolsonaro. Ellos querrían un bolsonarismo sin Bolsonaro. El gobierno es tan incompetente que ni siquiera puede garantizar las reformas que ellos querrían. Por ejemplo, la reforma provisional, una de las pocas que se aprobó, salió porque el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, la hizo pasar. Pero otras, como la profundización de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer, o directamente la destrucción del modelo social instaurado por la Constitución de 1988, que de todos modos nunca se aplicó demasiado, siguen pendientes.

A eso se suma el desastre en la gestión. Bolsonaro acabó asociando el proyecto económico liberal a su locura, a su incompetencia, a su autoritarismo. Por eso, el de Bolsonaro es un gobierno disfuncional que terminó por transformar a Brasil en un país odiado. No solo por los Estados Unidos de Biden o por China; también nos alejamos de Rusia y de la India. Y los exportadores sufren esto. Por eso muchos en la elite buscan un candidato centrista, lo que no parece fácil. Ellos se dan cuenta de que Bolsonaro puede terminar por abrir paso a una posible vuelta de la izquierda en 2022, y eso es a lo que más temen. Lo que pasó estos días tiene que ver con esta presión. 

La aprobación de Bolsonaro ronda el 30%. Bolsonaro ya no piensa más en gobernar. Solo busca no sufrir un impeachment y llegar entero a 2022, al menos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Relacionados esto, ¿Bolsonaro quedó como una suerte de rehén del centrão, que controla el Congreso y tiene la llave del juicio político?

El centrão está aumentando su influencia en el gobierno; el centrão es más competente que Bolsonaro. Fue el Congreso el que echó a Araújo y podría tumbar a Ricardo Salles, el ministro de medio ambiente. Quizás no ahora, pero sí en un futuro próximo. Salles es otro de los peores ministros del gobierno, de los más terraplanistas. En el centrão son los viejos zorros de la política brasileña: negocian cien y entregan cincuenta. El centrão fue también muy importante en el sostenimiento del gobierno de Lula y del primer mandato de Dilma. El estilo de Bolsonaro, que es consciente de sus limitaciones intelectuales, e incluso es un sociópata, es dar golpes en la mesa. Con el centrão eso no funciona.

Bolsonaro necesita potenciar todo el tiempo los conflictos (con la izquierda, con la prensa, con los movimientos sociales…). El centrão, por el contrario, opera entre bastidores. Y no va a atar su suerte a la de Bolsonaro. Así funciona la política brasileña.

¿Cómo ve la candidatura deLula da Silva? ¿Podrá mantener su fuerza después del «efecto Lula» que generó la anulación de sus condenas?

Mucho de lo que está pasando se vincula con la recuperación de los derechos políticos de Lula y de su vuelta al ruedo político. El hecho de que el juez Sérgio Moro fuera declarado «parcial» al condenar a Lula, genera en mucha gente la sensación de que Lula sufrió una injusticia. Incluso Bolsonaro modificó algunas de sus actitudes respecto a la mascarilla o la vacuna después del regreso de Lula, que busca presentarse como un anti-Bolsonaro. Hasta cambió el ministro de salud, el general Eduardo Pazuello. 

La vuelta de Lula fue triunfal, pero su nombre sigue generando rechazo en gran parte de la población, no solo en la elite. Muchos en el Partido los Trabajadores (PT) minimizan el antipetismo. Pero en mi opinión, Lula, además de unir a la izquierda, deberá hablar con sectores más amplios de la sociedad. Una «solución argentina» -buscar a otro candidato y no ir el a la cabeza- no parece probable. El ex-presidente ya dejó claro que será candidato. Pero el camino será largo. Falta mucha reflexión en el PT, mucha explicación, mucha conversación. La imagen que se construyó del PT como un partido corrupto no es borrada automáticamente por la incompetencia de Bolsonaro, aunque haya generado una degradación tan grande, tan amplia y simultánea en tantas esferas –política, social, intelectual– como hemos visto en esta década.

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Domingo, 04 Abril 2021 10:45

La boca del infierno

La boca del infierno

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas; y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya, una oquedad que espanta a cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se le han dado están bien contados. Y si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que sirva como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado demanda negociaciones "incluyentes y oportunas" entre el gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y restructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes y observación electoral nacional e internacional.

La resolución suma que debe haber un proceso político pluralista "que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos".

Tales compromisos deberían estar concluidos en mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se disponen a ser relectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó "grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes".

Manda "abandonar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación", y "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente". Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio".

¿Es posible un clima electoral aceptable cuando hay más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo asedio, como Radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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El modelo chino puede inspirar para eliminar la pobreza en Chiapas.Foto Víctor Camacho

Global Times exultó que “China declaró en forma solemne la victoria (sic) completa por haber erradicado la pobreza absoluta (https://bit.ly/2PXXTjK)”: la hazaña china representa ¡más de 70 por ciento de la reducción de la pobreza en el mundo!

Mientras Estados Unidos y su modelo fracasado de la globalización empobrecieron a 99 por ciento de su población para beneficiar a uno por ciento de su plutocrática bancocracia, China, en forma inversamente proporcional, alivió su previa miseria que prevaleció durante su legendaria "Larga Marcha" de 9 mil 600 kilómetros.

El mandarín Xi celebró el "salto histórico" de haber sacado de la pobreza a 100 millones de las zonas rurales gracias a su plan de ocho años en los que invirtió 246 mil millones de dólares (https://bit.ly/3rI7IQc) y que ahora podrán acceder a alimentos y vestimenta, mientras el gobierno proporcionará sus tres "garantías": salud,vivienda y educación.

Existen muchas definiciones sobre "pobreza", pero usan los parámetros del Banco Mundial que se ajusta a los intereses de Estados Unidos.

Una de las críticas malignas señala la "definición" de la pobreza rural china en 1.69 dólares por día frente al umbral global de 1.90 dólares del Banco Mundial, como si esos 0.21 dólares fueran la única causal, soslayando su abordaje multifactorial, donde predominan la jerárquica voluntad política y la ontología cultural, con mejora de las condiciones circundantes, médicas y científicas.

Hasta el sesgado Banco Mundial admite que desde 1978 más de 850 millones de chinos (¡equivalentes a 6.5 Méxicos!) han salido de la extrema pobreza.

China, que cuenta con mil 400 millones de habitantes, el mayor número del planeta, realizó su hazaña de erradicar la pobreza –que predomina en su parte occidental– en 832 municipios y 128 mil pueblos y contó con los dos grandes "espíritus" de sus tiempos revolucionarios: el Jinggangshan (municipio de la primera base revolucionaria rural del Partido Comunista) y el Yan’an (fase heroica de la revolución comunista basada en la política de reforma campesina y la guerra de guerrillas).

China lanzará la "revitalización rural" en una transición de cinco años (https://bit.ly/3fBfQzH).

Los medios propagandísticos Voice of America (https://bit.ly/3uxV7kD), BBC (https://bbc.in/2PnPK8F) y Brookings Institution fustigaron las cifras del gobierno chino y ponen en relieve una frase del premier chino Li Keqiang: "Existen más de 600 millones de personas cuyo ingreso mensual es de 140 dólares, que no son suficientes para rentar un cuarto en las ciudades". No es ningún secreto la aguda disparidad entre las prósperas ciudades y su entorno rural.

Los chinos se jactan de que su inconmensurable éxito "puede ser promovido para ayudar a otros países en vías de desarrollo en el mundo" como inigualable soft power.

En la milenaria China de cinco mil años, sus ominosos "tiempos de turbulencias" han derivado de revueltas campesinas. El milagroso despegue chino, que no sólo es vulgarmente economicista, sino también científico y socio-educativo, exacerbó la brecha urbano-rural en un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados.

El alivio de la pobreza en China ha sido bautizado como un "milagro del desarrollo".

La tasa de pobreza de Estados Unidos hace dos años era de 43.5 millones (alrededor de 15.1 por ciento, frente a 3.3 por ciento de los pobres que quedan en China) y que seguramente se incrementó con la pandemia del Covid-19.

La CIA publica el ranking de los países con el porcentaje de su “población debajo de la línea de pobreza (https://bit.ly/2PSpC5J)”, donde viene Siria en primer lugar –gracias a las guerras de "Occidente" para promover "libertad/democracia/derechos humanos"– cuando México resalta en un nada edificante lugar 30, empeorado por su Índice Gini, uno de los peores del mundo.

Ahora que me adentré al tema candente de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica (https://bit.ly/2R8s9JH), que ha creado una grave crisis transfronteriza con Estadis Unidos, descubrí que su epicentro era Chiapas, que ostenta su peor PIB per cápita de 2 mil 291 dólares (https://bit.ly/3fDsYnI).

El apoteósico modelo chino puede servir muy bien de inspiración para erradicar la peor pobreza de México centrada en Chiapas.

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Jaime Durán Barba sobre las elecciones en Ecuador: “Creo que va a ganar Guillermo Lasso por unos cinco puntos”

Aseguró que el gobierno de Lenín Moreno "es el más impopular de la historia del país”

El consultor y analista político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, se refirió este sábado a las elecciones previstas para el 11 de abril en su país y consideró que ganará el candidato Guillermo Lasso por “unos cinco puntos”. A su vez, habló sobre la situación política en Argentina y manifestó que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

En diálogo con AM 750, Durán Barba aseguró desde su departamento situado en Quito, que se encuentra “encerrado, hipocondríaco y asustado por la pandemia” y consideró que la gente está atravesando un momento de cambio, en el que se volvió “más autónoma y pasa por encima de las instituciones”.

Al referirse a las elecciones de Ecuador, cuya segunda vuelta se realizará el próximo 11 de abril, dijo que “hay distintas variables en juego” y aseguró que el gobierno nacional, al mando de Lenín Moreno, es el “más impopular de la historia del país”. “Se dedicó a perseguir de manera absurda a Rafael Correa y eso ayudó al candidato del expresidente, Andrés Arauz. Nunca hubo un gobierno con tanto rechazo, ni tampoco uno que se haya dedicado tanto a perseguir a un político”, detalló.

 “A Moreno le fue espantosamente mal, pero a su vez la gente tiene un recuerdo complejo de Correa, quien vivió un momento económico estupendo del país con el petróleo a 100 dólares, pero su temperamento, su violencia y sus amenazas fastidiaron a los electores. Ese es el elemento negativo más fuerte. Correa tiene un 23% de apoyo y un 65% de personas que no lo votarían jamás”, agregó.

Sobre Arauz, quien resultó ganador en la primera cita en las urnas el pasado 7 de febrero con 32,72% de los votos, dijo que hizo una buena campaña en la que le funcionó “ser distinto” y explicó que “si un político es igual a los que vivían hacen 30 años, no se tiene ningún futuro”. “Arauz hizo una campaña bonita y su juventud le favoreció mucho. Sin embargo, Correa estropeó su avance, no por mala fe, sino por su temperamento”, analizó.

A su vez, sostuvo que de “no ocurrir algo muy imprevisto que importe a los electores”, cree que las elecciones las terminará ganando por unos cinco puntos Lasso, quien fue el segundo en las primeras elecciones con el 19,74% de los votos, seguido de muy cerca por el candidato indígena Yaku Pérez, apenas 35 décimas por debajo del banquero.

Respecto a Yaku Perez, dijo que el candidato “hizo algo rarísimo”, que fue “asomar varias veces tocando el saxo en sus videos y bailando de una manera muy occidental”. “Esto le dio una entrada muy importante en sectores juveniles y urbanos del país. Yaku terminó siendo una mezcla del voto indigena más el de los electores del siglo XXI, con ideas ambientalistas. El resto tiene sensaciones mezcladas”, detalló.

Tras hablar sobre la estrategia de Yaku en las redes sociales, consideró importante “estudiar la política de clicks” y dijo que “el tema del Internet es mucho más difundido de lo que creemos los académicos. Hubo una experiencia con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, cuando fue a visitar a un grupo indígena y le pidieron una foto para subir a Facebook y él no entendía cómo iba a hacerlo. Ahora los pibes indígenas tienen su teléfono y navegan por las redes.

Luego, al hablar sobre la situación política en Argentina, Durán Barba dijo que la discusión en nuestro país está “muy atrasada” y aseguró que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

 “Ni el macrismo ni el kirchnerismo se han reformulado. Yo creo que, si no repiensan su situación, se va a sumar un tercer grupo que los barra”, aseguró. Y cuestionó que el país esté “todavía discutiendo cosas del siglo XX”. “No digo que Ecuador esté mejor, pero estamos muy atrasados, muy convencidos de que cuando se produjo el Big Bang, ya estaban las 10 verdades peronistas. No es así, son mucho más recientes”, agregó.

Al concluir, consideró que “hay que pensar en un mundo distinto que incorpore la tecnología, sin que la tecnología mate a la gente, porque es un gran progreso que también implica riesgos. Hay que reformular la revolución, el cambio. La clase obrera va extinguirse en 10 años, hay que pensar qué hacemos ahora”.

Ecuador entra esta semana en la recta final de la campaña electoral, en la que los candidatos presidenciales al balotaje, Arauz y Lasso, dejaron de lado el discurso polarizador y los vínculos partidistas e incorporaron propuestas más inclusivas para captar a los más de cuatro millones de ecuatorianos que votaron por otras opciones en la primera vuelta.

En la primera cita a las urnas, el último 7 de febrero, Arauz resultó ganador con 32,72% de los votos, insuficientes para evitar el balotaje. Por su parte, Lasso fue segundo con 19,74%, seguido por Pérez, apenas 35 décimas por debajo. En el cuarto puesto, figuró Xavier Hervas, con 15,68% de los sufragios. 

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