Lunes, 13 Julio 2020 06:28

Peligro

Estados Unidos vive el movimiento de protesta social más grande de la historia del país. En la imagen, detalle de la marcha realizada el fin de semana en Los Ángeles en memoria de Breonna Taylor, una trabajadora de la salud de 26 años fue asesinada dentro de su departamento por policías de Louisville en un fallida redada antidrogas. Foto Ap

Trump declaró en enero de 2016 –durante su campaña electoral al elogiar y burlarse a la vez de sus propias bases fieles– que podría asesinar a alguien en plena Quinta Avenida sin perder a uno solo de sus votantes [https://youtu.be/iTACH1eVIaA]. Cuatro años después, con más de 130 mil muertes por Covid-19 –80 por ciento prevenibles si hubiera puesto en marcha medidas de mitigación dos semanas antes (algo que implica que más de mil mexicanos en esa lista estarían vivos hoy día)–, más una recesión relámpago y devastadora, el presidente sigue teniendo una tasa de aprobación de poco más de 40 por ciento.

Pero de repente no todo está, como él insiste, "bajo control". Trump está perdiendo, según las encuestas más recientes. La recesión económica y su manejo inepto, engañoso y, por sus consecuencias innecesarias, criminal del Covid, está teniendo un impacto negativo en las encuestas. Trump, como ha hecho desde el principio, ha minimizado la pandemia y acusa a todos los demás –incluyendo a chinos y a mexicanos– de ser los responsables del problema, e insiste en la reapertura del país a pesar de las recomendaciones de los especialistas (por cierto, no ha consultado al máximo experto de su gobierno, el doctor Anthony Fauci, en más de dos meses).

Con la economía y la salud pública fuera de control, el presidente "más peligroso" de la historia moderna y la "mayor amenaza" a la democracia estadunidense –apreciación compartida por múltiples ex colaboradores de la Casa Blanca, varios prominentes generales y almirantes, figuras nacionales conservadoras como George Will (quien ahora lo calificó como el peor presidente de todos los tiempos), y hasta pensadores de izquierda como Noam Chomsky– se vuelve cada vez más alarmante.

Su última hazaña no tiene precedente en los actos corruptos de un mandatario: conmutar la condena de prisión de su amigo Roger Stone, culpado de obstruir la justicia en la investigación del mismo presidente. Ni Richard Nixon se atrevió hacer tal cosa (y eso que Stone es famoso por el enorme tatuaje de Nixon que tiene en su espalda).

Esta barbaridad se agrega a todas las demás que distinguen a esta presidencia: las medidas sistemáticamente crueles contra inmigrantes (está por intentar promover la separación y división de familias a cambio de ceder sobre DACA), la invitación e incitación del odio racial y xenofóbico, la anulación de normas y medidas de protección del medio ambiente, la privatización de la educación, su intento de reactivar las ejecuciones de prisioneros federales esta semana, su promesa de intentar derrocar gobiernos desobedientes en el hemisferio occidental y la represión del movimiento de protesta social más grande de la historia de la nación (al cual proclamó como "enemigo" de Estados Unidos), y sus acusaciones de traición al país contra sus opositores políticos son sólo algunas.

“Es la eleccion más importante de mi vida… Las normas democráticas de nuestra república, que son esenciales para lo que es, lo que era, y lo que tiene que ser Estados Unidos están en juego”, comenta David Simon, periodista, creador de The Wire y Treme y ahora El complot contra America (basado en la novela de Phillip Roth sobre si un fascista ganaba las elecciones presidenciales) en entrevista reciente con Esquire.

Trump “ha metastatizado el temor latente estadunidense que ha sido parte de nuestro país desde 1840… el cual antes se dirigía contra los irlandeses, después contra los italianos y los judíos… y todo el tiempo contra los afroestadunidenses. Ahora es contra latinos y musulmanes en particular. Es algo que está a lo largo de la historia estadunidense. Ese tren nunca demora. Trump lo usó para llegar hasta la presidencia”. Concluye: "ahora no queda más que la lucha" para lograr evitar la relección de este presidente y rescatar al país.

Ahí, justo donde Trump dijo que podía bajar de su edificio y asesinar a alguien, está recién pintado en medio de la Quinta Avenida justo frente a la Torre Trump: Black Lives Matter.

https://www.youtube.com/watch?v= Mv3XmmQOOao&feature=youtu.be

https://open.spotify.com/track/ 7K6xMPtAjTuLPNlJMLf5bS?si=wuZcdhs-SSqDICLGdhFdnQ; https://open.spotify.com/track/ 4gMgiXfqyzZLMhsksGmbQV?si=BP5A3grxTuWzeTJcc8J0bQ

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En Bolivia crece el malestar social ante la crisis

Habrá marchas de la Confederación Obrera Boliviana (COB) y de los mineros

Las demandas van desde la salida de los ministros de Educación y de Trabajo hasta una política sanitaria de la que el régimen de Jeanine Áñez carece para enfrentar la pandemia. 

 

Las movilizaciones en Bolivia volvieron a tomar impulso en Sica Sica, ubicada al sudeste de La Paz, a donde está previsto que los maestros en huelga lleguen este martes. La convocatoria se amplió cuando la Confederación Obrera Boliviana (COB) llamó a marchar en los nueve departamentos del país. También se integró la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB) histórica columna vertebral del movimiento gremial organizado. Todos unidos confluirán en la capital y varias ciudades más con demandas hacia el gobierno golpista de Jeanine Añez. Van desde los pedidos de renuncia a un par de ministros – el de Educación Víctor Hugo Cárdenas y el de Trabajo, Oscar Toto Mercado - hasta una política sanitaria de la que el régimen carece para enfrentar la pandemia. La dinámica del conflicto social empieza a notarse en las calles como en los días inmediatos posteriores a la asonada cívica y militar que terminó con la salida de Evo Morales hacia el exilio en México.

El denominado “ampliado” de la COB finalmente se decidió a lanzar una Agenda Nacional de Lucha de 13 puntos, que incorpora al listado de reivindicaciones las de sectores que no están sindicalizados. Una lucha que Orlando Gutiérrez, dirigente de la FSTMB, definió como “un pequeño aviso, en realidad un ensayo”. El referente gremial minero le sugirió al gobierno de facto que “esté preparado porque el pueblo ya está cansado de tanta persecusión politica y de tanta discriminación”. Fue durante un diálogo telefónico que mantuvo con Página/12 desde la capital paceña que en las próximas horas se verá abarrotada por miles de trabajadores.

Gutiérrez integra la conducción de la COB cuyo máximo dirigente, Juan Carlos Huarachi, informó que la central obrera se moviliza para “hacer respetar los derechos constitucionales, laborales, el derecho a la salud, a la educación que son temas estructurales”. El gremialista había anticipado en la conferencia de prensa que dio en La Paz: “esta es una primera acción de lucha y si no existe atención de parte de las autoridades, las medidas se masificarán”. El régimen encabezado por Añez – quien contrajo covid-19 – hizo algunos anuncios para atenuar una crisis general que se le fue de las manos. La semana pasada la senadora devenida en presidenta anunció el lanzamiento del Plan de Mitigación de los efectos de la covid-19 para los pueblos originarios. Explicó que consistirá “en apoyar con alimentos, medicamentos y equipos a más de 62 mil familias en diferentes departamentos del país”.

Las marchas anunciadas se repetirán si no hay respuestas, más allá de las políticas cosméticas con que Añez pretende ganar tiempo hacia las elecciones programadas para el domingo 6 de septiembre. Todo indica que las movilizaciones se harán con la disciplina que suele verse en Bolivia cada vez que los obreros y campesinos toman las calles de las grandes ciudades. Huarachi remarcó que los sectores que participarán “deberán encargarse de que haya un control de bioseguridad”.

La errática política sanitaria del gobierno es cuestionada porque no hay un plan claro para afrontar la pandemia y tampoco medidas para canalizar la creciente demanda del controvertido dióxido de cloro. Se trata de un compuesto químico cuya venta provoca largas filas en la mayoría de las farmacias de Bolivia y que ya escasea como lo difundió un informe de la agencia española Efe desde Cochabamba. Huarachi declaró que los trabajadores reclaman que se apruebe su comercialización para tratar la covid-19, una situación que choca con la opinión de la comunidad científica internacional que desaconseja su ingesta. Sin embargo, en Bolivia hay una especie de fiebre por el dióxido de cloro, un compuesto que se utiliza en desinfectantes y otros usos industriales.

El país llegó el fin de semana a su récord de 1.635 contagios diarios y 47.200 en total, como títuló en su tapa el diario El Deber de Santa Cruz. Es en este departamento – el equivalente territorial a una provincia argentina- donde se mantiene con holgura la mayor cantidad de infectados de toda Bolivia. Al sábado se llevaban registrados 24.625 casos, más de la mitad del país y muchos más de los que tienen La Paz y Cochabamba. Las otras dos ciudades densamente pobladas cuyas cifras demuestran que rondan la quinta parte de aquella cantidad de contagiados.

A la crisis sanitaria, social y económica, Bolivia suma una situación política explosiva porque las elecciones convocadas para el 6 de septiembre ya despiertan sospechas de fraude en el MAS, la fuerza mayoritaria que lidera el ex presidente Evo Morales. Una hipótesis que comparte Gutiérrez en nombre de la Federación de Mineros y por eso su convocatoria a la marcha de mañana: “entre nuestras peticiones está que se garanticen las elecciones nacionales el 6 de septiembre. Por otro lado, algo más de 4,5 millones de personas han sido depuradas de los padrones para los comicios. La lista es tremenda y si bien es cierto que en cada elección se hace, el número es infladísimo y estamos peleando también para que se amplíe la fecha del cierre de inscripciones. Con la pandemia muchos han cambiado de domicilio, de localidad, de ubicación real. Entonces para nosotros esa es una clara muestra de que están incitando a iniciar el fraude” informó el dirigente que fue lanzado por la COB como precandidato a vicepresidente por el MAS junto al ex canciller David Choquehuanca, quien iba como presidente.

Finalmente se decidió en Buenos Aires que el ex ministro de Economía de Evo, Luis Arce Catacora, encabezara la fórmula masista. Todos en el partido más grande del país, irán ahora detrás del responsable del plan económico boliviano con fuerte presencia del Estado que elogió hasta el propio FMI.

La COB plantea ahora la sustitución del ministro de Trabajo Toto Mercado porque entre otras medidas “dio total prioridad a los empresarios privados y dejó de lado y en la calle a muchos trabajadores, hubo reducción de salarios en el sector minero, cierres masivos en el sector fabril y el ministro lamentablemente ni siquiera opera desde la oficina. Está en Cochabamba cuando su ubicación central es La Paz”, denunció el dirigente minero Gutiérrez.

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Brasil: ¿un "hitlerismo tropical"? II y última

Michael Löwy, el filósofo marxista brasileño, hijo de migrantes judío-austriacos que en la década de los 30 huyeron del hitlerismo, discutiendo el auge de la extrema derecha en Brasil y en el mundo –"un proceso con raíces en la crisis neoliberal y en la debilidad de la izquierda"− apuntaba a ciertas semejanzas entre Bolsonaro y el clásico fascismo europeo de los años 20-30: a) sus facetas autoritarias mezcladas con apariencias republicanas (como en los primeros años del régimen de Mussolini); b) su estigmatización de los enemigos (la izquierda, PT, las feministas, los ecologistas, los indígenas, MST, et al.), y c) su compulsivo anticomunismo. “La historia obviamente no se repite −subrayaba Löwy−, pero estas semejanzas son muy preocupantes” bit.ly/35m3oey). Enzo Traverso, por su parte, rehuyéndose a hablar del "fascismo" en caso de Trump, Orbán o Modi y prefiriendo el término de "posfascismo" −Löwy empleaba el prefijo "semi" y/o "neo"− destacaba "la antropología neoliberal" de los nuevos "hombres fuertes" que "suelen denunciar a las élites financieras, pero con las cuales mantienen lazos muy cercanos", como p.ej. Trump, "un líder posfascista sin fascismo" ( The new faces of fascism. Populism and the far-right, 2019, p. 34). Este análisis podría aplicar también a Bolsonaro sobre todo a la luz de la traversiana "dialéctica de continuidades y discontinuidades" entre los fascismos de ayer y hoy, que permite ver cómo el bolsonarismo intenta "ponerle una nueva cara" a la derecha brasileña (bit.ly/2Chzejj) reorganizando el campo de sus continuidades y discontinuidades (la dictadura, et al.) en un plano material de los intereses capitalistas.

En este sentido –y a pesar de que, como subraya Federico Finchelstein, él "es uno de los líderes populistas que más se acerca al fascismo" (bit.ly/2Z6pmlt) o de que la pandemia del Covid-19 en Brasil dio a luz una "verdadera política fascista de la enfermedad" (bit.ly/2Dg6gRD , bit.ly/3hTiQWB)− Bolsonaro, juzgando por sus propias declaraciones en las que reivindicaba la dictadura pinochetista (bit.ly/31Tqr1W), mirando las filas del propio equipo (el pinochetista Paulo Guedes) y los planes de su radical ajuste neoliberal (bit.ly/2O3AKs7), se parece, igual de acuerdo con el análisis de Traverso, más a "un nuevo Pinochet" (bit.ly/3gz3vJs) que a "un nuevo Hitler" y ésta sería su analogía histórica más adecuada, una que reflejaría mejor su lugar y papel en el sistema capitalista mundial (bit.ly/31Y3quQ). No sólo que la proliferación del "neofascismo" hoy se entiende mejor como un proyecto de defensa del "libre mercado" y el laissez-faire −como es el caso del bolsonarismo o el trumpismo, proyectos procapitalistas tan reaccionarios que hasta hace poco parecía imposible que llegasen al poder por la vía electoral y uno que en Chile subió al poder sólo gracias a las bayonetas−, sino que todo su arsenal retórico del viejo anticomunismo con Bolsonaro asegurando "haber salvado la nación que estuvo al borde del socialismo" (bit.ly/3gC3cxz) parece ser recortado y pegado de aquella época junto con todo su balbuceo y pifias (Pinochet aseguraba que “Allende llevó al país al borde del abismo y que ‘nosotros hicimos un gran paso adelante’”, mientras para el almirante Merino los bolivianos y... los brasileños eran unos "auquénidos metamorfoseados" y "seres primitivos").

Muy en este tenor, Ernesto Araujo, canciller de Bolsonaro, reseñando (sic) el libro de S. Zizek sobre la pandemia ( Pandemic!: Covid-19 shakes the world, 2020, p. 140), tildó las medidas de contener el virus, junto con la nueva ola de solidaridad global vaticinada por Zizek como "un complot comunista" −"la lucha global contra el Covid-19 quiere instaurar un mundo sin fronteras y sin libertad auspiciado por la Organización Mundial de la Salud"− y comparó el distanciamiento social a... "los campos de concentración nazis", subrayando que "ahora serán los comunistas que nos querrán encerrar en ellos" y que el lema de este aprisionamiento será igual Arbeit Macht Frei (bit.ly/2Ve8aZb) −Zizek analiza de paso este lema colocado cínicamente en las puertas de varios campos de concentración y/o exterminación− sólo para luego decir que fue "malentendido", pintarse como el más grande amigo de Israel (bit.ly/37XlSEE) y acusar al autor de Pandemic... de… antisemitismo (bit.ly/3du0qs4).

Si al lector ya le dio un vértigo intelectual es pertinente recordar que el propio Bolsonaro, que acaba de contraer este "virus comunista" (sic), dijo que "Hitler era de izquierda" (bit.ly/2C8pSqb), en sí misma una expresión del negacionismo del Holocausto (sic) y una fake news calculada para alejar las acusaciones de que él mismo fuera "un fascista" o que el mencionado lema nazi (O trabalho libertará) acabó siendo usado por su administración en los anuncios gubernamentales para la campaña de "reabrir la economía" (bit.ly/2VTjTwr). Si usted todavía siente fiebre, vértigo, náuseas, todos los síntomas del coronavirus, no es necesario reportarlos a su centro de salud más cercano. Es una reacción natural y pasajera: el neolenguaje hitleriano (¡Klemperer!) reciclado hoy por los nuevos autoritarios, junto con su retórica divisiva y antagonista convertida en su nueva lingua franca (bit.ly/2ByDQSt) –todo de lo que Jair Bolsonaro es un verdadero campeón–, son sólo los viejos delirios verbales de siempre.

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Viernes, 10 Julio 2020 05:47

Putin y Pinochet

Putin y Pinochet

 Los Pinochet, como los Hitler, surgen cuando el capitalismo está en peligro

 

Toque de queda. En una ciudad nocturna adormecida, todo el barrio oye el crujir de los frenos y el ruido de los soldados que saltan desde la parte trasera del camión. Golpes de culatas derriban la endeble puerta de la casa en los suburbios obreros. Después de unos minutos, gritos de personas que salen a la calle y órdenes cortas. Muchas miradas asustadas, malévolas y curiosas, miran a través de cortinas y persianas el drama de la familia vecina. Mi esposa chilena nunca se librará de los recuerdos de su infancia: un padre cavando un agujero en el patio de su casa para enterrar allí todos los libros, revistas y registros rusos, y unos meses después, militares que destruyen muebles en su casa en busca de rastros de un comunista escondido.

Antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Chile era el lugar más politizado de América del Sur y el único país capitalista donde las fuerzas que tenían como objetivo construir el socialismo lograron llegar al poder de manera pacífica y democrática. El gobierno socialista de Allende se basó en la clase trabajadora unificada y en los representantes más prominentes de la cultura chilena, quienes vieron este proyecto como la única alternativa. Después de que la oligarquía local lo derrocó con la participación activa de los Estados Unidos, fue importante para los defensores de los «valores occidentales y cristianos» tomar el poder para enseñar al pueblo chileno una lección inolvidable de terror: llevar a los ilusos ciudadanos de vuelta al redil.

Por eso el bombardeo y asalto al palacio presidencial. Por eso el salvaje asesinato del cantante Víctor Jara en el estadio de la capital. Y unos días después, la inyección fatal al destacado poeta, premio Nobel, Pablo Neruda, realizada por un «médico» desconocido en el hospital de Santiago. Por eso, cientos de cuarteles y estaciones de policía fueron convertidas en verdaderas fábricas de tortura, la violación fue practicada por perros especialmente entrenados, nombrados en honor a los líderes del gobierno derrocado. Hubo ratas en las vaginas de mujeres interrogadas, desapariciones de personas y cuerpos de «prisioneros de guerra» civiles aún vivos, atados a rieles que cayeron al Pacífico desde helicópteros.

Después de dieciséis años de esta continua limpieza del país de la suciedad del marxismo, el periodista internacional ruso Mijaíl Kozhujov se disculpó con Pinochet en Santiago por «lo que escribió sobre él bajo la influencia de la propaganda comunista cuando era joven». El famoso comediante Alexander Ivanov, desde un alto escenario de Moscú, habló de su admiración por el dictador chileno, y el bardo de Petersburgo, Alexander Rosenbaum, llamó a Pinochet «un abuelo fuerte y bien educado», que «reprobó» al «imbécil» de Víctor Jara.

La Rusia de Gorbachov y Yeltsin rápidamente cambió a un curso diferente de la historia, y el cambio ideológico de zapatos de la intelectualidad postsoviética, como una veleta, tuvo lugar rápida e irrevocablemente. Es útil recordar que en esos tiempos recientes, el general Augusto Pinochet fue una figura muy positiva para la mayoría del público liberal ruso que ahora moviliza a la gente para «luchar contra el régimen». Después de todo, fue visto como un luchador exitoso contra el comunismo y un arquitecto del llamado «milagro económico chileno» tan querido por el agitprop de Yeltsin. ¿Qué sucedió durante este tiempo con la prensa liberal rusa, cuyos estándares latinos de filantropía no permitieron lágrimas de debilidad para los izquierdistas y comunistas abrumados por el abuelo chileno, para que ahora vuelvan a convertir a Pinochet en un personaje familiar?

Sí, una parte de la intelectualidad rusa ahora hace popular una absurda comparación entre la dictadura de Pinochet y el gobierno de Putin (atención, ninguno de los medios occidentales lo hace). Aunque cualquiera que sepa al menos un poco lo que es la dictadura militar latinoamericana, solo hace una mueca en respuesta a tales paralelos. Además, estamos hablando del uso egoísta del tema terrorista Pinochet, que ofende la memoria de sus muchas víctimas.

Desprecio por el electorado, manipulaciones baratas sobre temas de espiritualidad y patriotismo, reformas antisociales, represión policial, proximidad a los oligarcas, falta de escrúpulos políticos, deseo de control sobre los medios de comunicación, presión a los tribunales y corrupción crónica, para gran disgusto de algunos luchadores por el bien, no son rasgos exclusivos del régimen autoritario de Putin, sino características típicas de la mayoría de los países capitalistas del mundo. Y dado que el capitalismo se ha convertido en la elección de la Rusia actual, sería absurdo exigir algo diferente de su gobierno.

Este sistema antisocial nunca estará dirigido a la búsqueda del bien común, sino al servicio del egoísmo de las élites estatales y corporativas, lo que explica las políticas internas y extranjeras profundamente contradictorias del gobierno ruso. La lucha contra el islamismo en Siria, junto con el juego en torno a la geopolítica y la industria petrolera, el apoyo incondicional al régimen moralmente defectuoso de Assad, junto con la indiferencia hacia el destino del heroico Rojava kurdo, las relaciones amistosas con Cuba y Venezuela, el vil «asunto de la Red» [La supuesta organización anarquista antigubernamental cuyos miembros, reconocidos antifascistas, fueron arrestados en 2017 y sentenciados en febrero de 2020 por un tribunal militar ruso a penas de prisión de hasta 18 años. Nota del Traductor.], la especulación franca en torno a la celebración de la victoria sobre el nazismo, los coqueteos populistas con las masas y la broma desagradable sobre el color de la bandera en la embajada estadounidense. Todo esto no es más que un conjunto de movimientos oportunistas a corto plazo. Las autoridades actúan de la manera que más les convenga, y sería ingenuo buscar en todo esto una visión del futuro con un componente ético.

Los ataques regulares de Vladimir Vladimirovich, primero contra Lenin, luego contra la URSS y ahora contra la Constitución soviética, no son más que celos. Como persona inteligente, no puede dejar de comprender que la Rusia actual ni siquiera tiene una pequeña fracción del proyecto creativo y de movilización que logró resultados impresionantes incluso en los peores momentos del período soviético. A diferencia de las autoridades, sabe que todo sigue funcionando de manera bastante tolerable, en comparación con muchas regiones del resto del mundo capitalista, en la esfera social, como resultado de una larga inercia de lo que se creó bajo la URSS. Y es curioso ver que la mayoría de los intelectuales rusos que protestan contra el deterioro de la educación, la atención médica y la protección de las pensiones lo hacen en nombre de algún tipo de capitalismo democrático de derecha que existe exclusivamente en sus sueños formados por los medios de comunicación posteriores a la perestroika.

Rusia es una aleación interesante de culturas, épocas, riquezas y paisajes. El actual estado ruso es otro depredador capitalista, no peor ni mejor que la mayoría de los demás, sujeto a la presión de parientes aún más grandes y más sedientos de sangre que desean obtener el control de sus recursos naturales, mercados y personas. Por eso en Ucrania, el país más cercano a Rusia, hubo un golpe de derecha en el Maidan. Con la complicidad de las élites locales venales, la Ucrania nacionalista se ha convertido en un indecente protectorado dependiente, un laboratorio de reformas antisociales y, al mismo tiempo, una herramienta de provocación constante contra Moscú. Pero la mayoría de los liberales postsoviéticos que critican a Putin por violar los principios de la democracia, apoyan sinceramente al gobierno ucraniano que es mucho más represivo y antidemocrático, mientras sueñan en secreto con la «democracia» del tanque de Yeltsin. Los intentos de comparar a Putin con Pinochet están diseñados para terminar de eliminar lo que queda de cerebro de la cabeza del postsoviético común, ya completamente confundido.

¿Puede el capitalismo de Putin convertirse en una dictadura militar? Claro, como todo capitalismo. Pero hay que admitir que este es un tema completamente diferente. Los Pinochet, como los Hitler, surgen cuando el capitalismo está en peligro. El capitalismo en la Rusia actual es parte de la ilusión popular no gastada. El infantilismo político de millones de rusos, traumatizados por la experiencia de los años noventa y los acontecimientos en la vecina Ucrania, fortalece su sueño ingenuo de un renacimiento gradual de la «Rusia que hemos perdido», que las autoridades parasitan con confianza, asegurando su dominio sin disparar al Parlamento ni manchar los estadios de sangre.

Por lo tanto, Putin, por supuesto, no es Pinochet en absoluto, aunque, tal vez, tal comparación lo halague.

9 julio 2020

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Dos cámaras de vigilancia frente a la entrada del gobierno municipal de Hong Kong (Roy Liu / Bloomberg L.P. Limited Partnership)

Facebook, Twitter o Google dejan de entregar datos de sus usuarios a la policía

 

Las grandes tecnológicas recelan de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en Hong Kong. Uno tras otro, gigantes como Facebook, Twitter, Google, Zoom o Telegram confirmaron que han suspendido temporalmente la entrega de datos de sus usuarios a las autoridades de la excolonia mientras analizan el alcance de la nueva normativa. La famosa aplicación de vídeos cortos TikTok fue un paso más allá, y anunció su intención de abandonar la región “en unos días”. Todas las miradas están puestas ahora sobre Apple.

El sorprendente consenso entre multinacionales rivales supone un inusual cuestionamiento público de la política china. También ilustra los dilemas a los que se enfrentan estas empresas frente a la nueva ley, que castiga con severas penas delitos como el de subversión, secesión o terrorismo y les obliga a cooperar con las autoridades locales .

El lunes por la noche, Hong Kong publicó nuevas reglas que otorgan a la policía local poderes para eliminar publicaciones en internet que contravengan la nueva ley, así como castigar a las empresas que no cumplan con sus requerimientos.

De hecho, el texto incluye explícitamente la capacidad de encarcelar a los empleados de las tecnológicas que no cumplan con las solicitudes de entrega de datos de sus usuarios o de imponerles multas de hasta 11.500 euros. Debido a que la nueva ley se aplica en todo el mundo, existe la posibilidad de que las empresas tengan que elegir entre divulgar información sobre una persona que escribe desde un tercer país o enfrentarse a una sentencia de prisión de varios meses para uno de sus empleados.

La aplicación de conversación Telegram, cuyo cuartel general está en Londres, fue la primera en comunicar sus planes de poner “en pausa” la cooperación. “Entendemos el derecho a la privacidad de nuestros usuarios de Hong Kong. En consecuencia, no tenemos intención de procesar ninguna solicitud de datos relacionada con los usuarios en Hong Kong hasta que se llegue a un consenso internacional en relación con los cambios políticos en curso en la ciudad”, anunció.

Le siguió Facebook, que detuvo las solicitudes “en espera de una evaluación adicional” sobre las implicaciones de la norma. “La libertad de expresión es un derecho fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad u otras repercusiones”, dijo la firma, también propietaria de WhatsApp e Instagram. En términos similares se expresaron Twitter, Google, Linkedin o Zoom, que el mes pasado fue muy criticada tras suspender varias cuentas de activistas chinos que planeaban mantener eventos en recuerdo de la masacre de Tiananmen.

Tras la puesta en pausa de la colaboración con las autoridades, lo que decidan estas compañías está llamado a trazar el rumbo del futuro de las libertades en internet en la excolonia. Hasta ahora, la red goza en esta región de una libertad y falta de censura incomparable con la de la vecina China continental, donde los servicios de Google, Facebook o Twitter –por citar solo algunos– están bloqueados. Aún así, estas mismas firmas cuentan con grandes negocios de publicidad en el gigante asiático, por lo que lo que hagan en Hong Kong podría afectar a sus intereses económicos.

La decisión de TikTok de salir en breve de Hong Kong –un mercado pequeño para su negocio– responde a su estrategia por tratar de captar a una audiencia más global. Esta aplicación pertenece a la firma china ByteDance, por lo que muchos sospechan de que opera bajo el control de las autoridades chinas. La marca siempre lo ha negado, y una salida de Hong Kong para no tener que responder a la norma dictada por Pekín reforzaría esa sensación. Sin embargo, puede que ese paso no sea suficiente, más aún después de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijera el lunes que Washington está analizando prohibir las redes sociales chinas, “especialmente TikTok”.

Mientras, la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, siguió ayer con su defensa de la ley de Seguridad. Volvió a negar que erosione las libertades de la ciudad y condenó las “falacias” dichas sobre su impacto. “Con el paso del tiempo, la confianza crecerá”, añadió.

Por Ismael Arana | Hong Kong, China. Corresponsal

08/07/2020 02:37 | Actualizado a 08/07/2020 10:40

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Reclusos con mascarillas mientras hacen cola durante una operación policial en la prisión del Centro Penal de Izalco. EUROPAPRESS/Especial/NOTIMEX/dpa

 

elDiario.es habla con un portavoz de la Mara Salvatrucha cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno salvadoreño ordenó mezclar en las mismas celdas a miles de miembros activos de tres pandillas enfrentadas entre sí

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el "castigo" del Gobierno salvadoreño.

"El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego", sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

"Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo", detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: "Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros".

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

"Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas", dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. "Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno", asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del "presidente millenial". Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

"En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...", describe Presente. "Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas", dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. "Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida", relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

"Violando nuestros derechos, el país no vive mejor"

"Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor", dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. "Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones", dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

"Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema", reitera el joven. "Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede", añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo "en tranquilidad, en su territorio".

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse "amigos" entre ellos. "Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no", explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

"Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas", contextualiza Aguilar.

"Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele", alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

"Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día", agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. "Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio", decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. "Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros", dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un "giro radical" en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un "despliegue mediático y propagandístico". "Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno", señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. "Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda" y no descarta que si el gobierno les da su lugar "el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos", concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. "En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía", se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Por Majo Siscar

4 de julio de 2020 22:26h

@majosiscar

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Participantes en el Occupy City Hall de Nueva York pasan el rato tirados en una explanada. SARAH YÁÑEZ-RICHARDS

Entre 500 y 2.000 personas se organizan en la ciudad de la costa este de Estados Unidos tras las protestas por la muerte de George Floyd. La principal proclama es reducir los fondos destinados al cuerpo de Policía.

 

Servicio de lavandería, biblioteca, enfermería, una pequeña huerta, una bodega y reparto de comida constante son algunas de las prestaciones de las que disfrutan los activistas y los sintecho que acampan en una de las esquinas del parque de la municipalidad de Nueva York, espacio que el 23 de junio fue tomado por cientos de personas y que ahora se llama Occupy City Hall (Ocupar el Ayuntamiento).

Lejos de ser una utopía, esta comunidad multirracial se enfrenta a nuevos retos diariamente, que van desde cómo hacerse oír sin dejar de ser un movimiento pacifista a cómo garantizar la salud a los participantes en medio de una pandemia, pasando por cómo evitar que el patriarcado y el racismo surjan en la acampada o qué hacer si uno de ellos es detenido.

Detrás de una mascarilla con el mensaje: "Parar de matar a la gente negra", Brandon West, uno de los muchos organizadores del espacio, explicó a Público que el movimiento -en el que participan entre 500 y 2.000 personas- empezó de manera orgánica. "Después de una manifestación la gente tomó el espacio", recalcó.

Desde finales de mayo, es normal ver por la Gran Manzana protestas en contra del racismo y la brutalidad policial bajo el lema de "Black Lives Matter". Marchas en las que se corean los nombres de George Floyd y Breonna Taylor, afroamericanos que murieron bajo custodia policial en 2020, entre otros.

"Nos juntamos distintos organizadores negros que queríamos hacer algo en Nueva York después de la muerte de Floyd. Hicimos algunas protestas, pero algunos queríamos tratar el tema del presupuesto (que la ciudad da al Departamento de Policía de Nueva York) por lo que decidimos ocupar el ayuntamiento y ocupar este parque", recalcó West.

En 2020 Nueva York destinó a la policía 5.900 millones de dólaresLa principal petición de esta toma era un recorte de 1.000 millones de dólares en el presupuesto del Departamento de Policía de la ciudad (NYPD), para luego reinyectar ese dinero a otras áreas con muchos menos fondos como educación, sanidad o servicios sociales. En 2020 Nueva York destinó a la policía 5.900 millones de dólares.

El alcalde, Bill de Blasio, no tardó mucho en contestar y anunció, un día antes de hacer oficial el presupuesto, que iba a recortar 1.000 millones de dólares al NYPD y redistribuir ese dinero en distintos programas sociales. En la acampada -zona repleta de coloridas hamacas, esterillas de yoga y parasoles- la noticia del ayuntamiento no fue recibida como una victoria, sino como una derrota o tomadura de pelo.

"La propuesta es una vergüenza, no es realmente un recorte de 1.000 millones de dólares. Ya que una gran parte se basa en mover el presupuesto de la Policía en las escuelas para ponerlo en otros lugares que tienen otro nombre pero ejercen la misma función. Algunos de los recortes no son sustanciales y, en general, no cambian lo que la policía es en la ciudad", subrayó West, quien se dedica profesionalmente a organizar acciones relacionadas con los derechos civiles.

El tema de liberar las escuelas de policías y poner más consejeros en los centros es una cuestión especialmente sensible para West, pues fue en el instituto donde el activista presenció por primera vez brutalidad policial contra uno de sus compañeros.

"Eso cambió todo para mí. Antes no me había fijado, pero cuando por fin lo vi, todo fue diferente. Llegué a la conclusión de que la policía no nos protegía, pues ellos protegen algo distinto que no somos nosotros", relató el treintañero afroamericano.

Occupy City Hall, el legado de Occupy Wall Street

A diferencia de muchos de los participantes, West es lo suficientemente mayor como para recordar los diversos movimientos que surgieron en 2011 a raíz de la crisis económica del 2008, como el 15-M en Madrid u Occupy Wall Street en Nueva York. Es más, él se acercó al distrito financiero de la Gran Manzana para mostrar su apoyo.

Aunque en esa ocasión este activista norteamericano no participó en la organización del evento, West destacó que algunos de los coordinadores de Occupy City Hall también se encargaron de Occupy Wall Street y que estos ahora están "aportando muchas estrategias que aprendieron en el primer evento".
Una de las cosas que más sorprende de esta toma es el constante flujo de comida. Dunkin' Donuts para desayunar, porciones de Joe's Pizza para merendar y catering vegetariano para cenar son algunas de las opciones que se pueden encontrar en este recinto.

La pandemia también está presente. Tanto de manera invisible como la causante de la pérdida de trabajo de mucho de los participantes. Como de manera visible con desinfectante para manos en cada mesa o mascarillas tapando todos los rostros.

Además de comida, se reparten otros bienes que los activistas han pedido, como crema solar, tapones para los oídos o tabaco. "La gente quiere cigarrillos, damos a la gente lo que quiere", dice West.

El límite de las peticiones está en el alcohol y los estupefacientes, ya que los organizadores intentan que este sea un "espacio seguro" en el que la gente está "alerta". Aunque si alguien lo trae por sí mismo no ponen impedimento para su consumo.

La estructura del campamento

El campamento, que está delineado por vallas, cuenta con dos secciones. Por un lado está la parte oficial donde se encuentran diversas carpas dedicadas a la comida, la inscripción de voluntarios, una mesa para pinchar música, la biblioteca, atención a la prensa, enfermería, un pequeño jardín comunitario, así como la zona de acampada, que está sobre un pequeño triángulo de césped.
La segunda zona es una gran explanada, en la que la gente se suele sentar para leer, pintar o jugar a las cartas.

Ambas zonas están divididas por la boca del metro de City Hall, entrada a la estación que está completamente tapada con una pequeña barricada.
Sentadas en el suelo y sin desvelar sus nombres, dos chicas contaron que esta era la primera vez que se desplazaban a esta zona, pero que llevan semanas participando en las marchas pacíficas.

"Los neoyorquinos hemos gastado miles de dólares para dar protección antidisturbios a los oficiales durante las manifestaciones, pero nuestros doctores no tienen suficiente dinero para equipos de protección personal que cuestan casi nada", indicó una de ellas. Haciendo referencia a que el presupuesto de 2020 dedicado a la sanidad en esta ciudad, que fue epicentro de la covid-19, fue de 1.900 millones de dólares.

Estas dos jóvenes actrices comentaron también que intentan ayudar a la causa hablando del tema con sus familiares. Una de ellas es originaria de Virginia y señaló que, aunque su madre no está de acuerdo con la semántica de "Defund The Police" (Quiten fondos a la Policía), ambas están en contra de que los agentes gocen de inmunidad calificada.

Mientras que la otra activista, que nació en Nuevo Hampshire, recalcó que ha podido dialogar con su madre sobre el tema, pero que cuando quiso tener una conversación con su padre, que es más conservador y sólo consume las noticias de Fox, este le acusó de ser una "ingenua" por querer cambiar el sistema policial a esos niveles.

Desde la improvisada biblioteca, Elizabeth, que es una bibliotecaria tanto en Occupy City Hall como en la vida real, apostilló que uno de los temas que más le preocupa es el actual complejo industrial de prisiones, sistema que, en su opinión, "no garantiza que la gente esté a salvo" y no da "oportunidades para que los presos vuelvan a formar parte de la sociedad".

Como buena amante de los libros, la joven activista recomendó que la gente lea "El Color de la Justicia: La nueva segregación racial en Estados Unidos", de Michelle Alexander, para informarse sobre el tema.

Elizabeth sólo se pasa por el ayuntamiento de día, pues a finales de mayo -cuando muchas de las protestas terminaron en violentas confrontaciones y saqueos- tuvo una experiencia traumática con la policía y ahora prefiere evitar la noche.

"Cuando mi madre me pide que no vaya a las protestas y me dice que le da miedo que me pase algo, yo respondo: Ahora sabes cómo se siente la madre de un afroamericano todos los días", añadió.

Tensión con la Policía

Vandalismo y aumento de tensión entre los ocupantes y la policía
Elizabeth hizo bien en irse a casa esa noche porque en la madrugada del martes, día en el que se tenía que aprobar el presupuesto de Nueva York, hubo un encontronazo entre la policía y los activistas.

Tal como pasó con los últimos minutos de vida de George Floyd, el enfrentamiento entre los dos bandos quedó registrado en vídeos filmados con teléfonos que luego fueron subidos a las redes sociales.

Sobre las tres de la mañana, oficiales con protección antidisturbios cercaron el lugar. Según activistas que estuvieron presentes durante el incidente, no era la primera noche que este tipo de policías venían -por el día hay oficiales en el recinto, pero vestidos con sus uniformes convencionales-. Además, los participantes relataron que el conflicto empezó después de que los oficiales retiraran bruscamente unos parasoles que tapaban una cámara de la avenida.

Con la llegada del alba, la policía intentó romper una barrera de activistas que estaba en una de las calles que rodean a la plaza. El enfrentamiento terminó con dos detenciones y la retirada de varias de las vallas que ejercían de barricada.
El vandalismo también se dejó ver durante esa noche, ya que uno de los edificios de la zona amaneció recubierto de pintadas en las que se podían leer "Sin justicia no hay paz", "La vida de los negros importan" o "cerdos", entre otras. Además, dos estatuas de aborígenes de su fachada fueron recubiertas de pintura negra.

"No somos una revuelta, somos una protesta pacífica, a no ser que consideres un par de grafitis como una revuelta", comenta una de las voluntarias responsables de los primeros auxilios. De acuerdo con esta joven de Nueva Jersey que prefiere mantenerse en el anonimato, fueron varios los activistas que resultaron heridos durante el enfrentamiento.

La joven tildó la actuación de los oficiales de "brutalidad policial" y dijo que "temió por su seguridad", pero que al ser una mujer blanca su experiencia nada tiene que ver con el temor que sienten diariamente sus compañeros negros o trans.

Por su parte, otra activista que estaba descansando en la hierba, destacó las pintadas como una manera de mostrar a la policía que no son sumisos. En ese sentido, explicó que la conversación de acción o inacción estuvo presente en este terreno durante días.

"Los primeros días a la gente no se le animaba a interactuar con la policía para no intensificar el conflicto de ninguna manera. Pero algunos decían: 'Esto parece más un campamento de verano, con un montón de gente blanca sentada en el césped bebiendo'", apuntó la joven de ojos azules y larga melena pelirroja.


Durante la asamblea matutina, uno de los organizadores dijo por un megáfono: "Hoy va a ser un gran día, no sabemos qué va a pasar y cambiar", haciendo referencia tanto a la votación del presupuesto como al futuro de Occupy City Hall. A gritos, también señaló diversas tácticas que los participantes tienen que tener en cuenta en caso de detención, como llevar una identificación con foto o tener el número de teléfono del equipo legal que trabaja con el movimiento.


En general, el martes el ambiente en el campamento había cambiado, se notaba que los activistas estaban agotados y preocupados por la detención de dos de sus compañeros. Tras discusiones en público y en privado, los organizadores decidieron mandar a un grupo a protestar delante del centro en el que estaba detenido uno de sus compañeros.

T.J., una joven nacida en Texas pero de familia filipina, y G.J., también estadounidense pero de padres salvadoreños, se ofrecieron voluntarios para ir a hacer presión.

Cuando llegaron al centro la policía les dijo que no tenían a la persona que estaban buscando, pero los manifestantes estaban seguros de estar en el lugar adecuado. Su táctica fue quedarse frente al edificio y no dejar ni que la repentina lluvia veraniega ni que la presencia policial les desanimara.
"Hubo un momento que aparcaron cerca de nosotros un autobús policial y pensé que nos iban a detener a todos", recordó T.J.. Pero nadie terminó detenido, los oficiales confirmaron que el detenido estaba en sus instalaciones y después de que este se pusiera en contacto con uno de los organizadores para confirmar que estaba bien todos volvieron al ayuntamiento.

La votación del presupuesto y la retirada

En medio de la plaza, el martes por la noche se proyectó la votación del presupuesto por parte de los miembros del consejo municipal. El resultado final se supo a la entrada del miércoles. La ciudad aprobó el presupuesto de 88.100 millones de dólares del ayuntamiento, con un recorte de 1.000 millones para la policía.

El miércoles por la mañana, De Blasio, al ser preguntado en una conferencia de prensa por el descontento de varias organizaciones sobre el recorte del Departamento de Policía, contestó: "Algunas personas nunca están felices".
Por su parte, la ONG-VOCAL, una de las organizaciones que fundó Occupy City Hall, anunció que se retiraba de la acampada.

Katie, que lleva desde el principio, aunque de tanto en tanto va a su casa para ducharse, echarse la siesta o trabajar, dice que desde el primer momento surgió un movimiento paralelo que iba más allá del presupuesto y se centraba más en la abolición de la policía y que, en tanto, en la acampada se sabía que muchos se iban a quedar pasada la votación.

"Más o menos es lo mismo, estamos el mismo número de personas, tenemos la misma infraestructura con un increíble equipo que facilita comida, electricidad y toda esas cosas que necesitamos. Pero es diferente en el sentido de que ahora las conversaciones de las distintas asambleas van más dirigidas a empujar la conversación hacia la abolición de la policía", recalcó. Pero el optimismo de Katie no fue realista, pues el miércoles, como consecuencia del mal tiempo y del cansancio general, fueron muchos los activistas que decidieron ir a sus casas a descansar.

"Por la noche, éramos tan pocos que nos pidieron que nos mantuviéramos todos juntos en la zona del césped", relató T.J., quién también dijo que estaba "preparada para lo peor", ya que en la acampada se temía que los oficiales aprovechasen el bajo número de participantes para entrar.

El hecho de que ese mismo día la policía de Seattle hubiese desmantelado la zona autónoma de Capitol Hill, también conocida como CHOP, ocupada por manifestantes desde hace semanas, ayudó a aumentar la paranoia de los presentes.

"Esa noche no vinieron los antidisturbios, pero sí que pasaron varios coches patrulla", remarcó G.J., quien antes de la pandemia trabajaba con T.J. en una tienda.

El reflorecer de Occupy City Hall

Pese a la dura noche, el jueves amaneció soleado y con el buen tiempo el recinto se volvió a llenar.

"Hoy hay mucha actividad. Hay buena energía, hemos tenido un concierto antes, nos estamos preparando para una reunión comunal. A mí no me parece que la ocupación esté muerta, sino que está muy viva", comentó Bianca Cunningham, una de las organizadoras.

Esta mujer afroamericana, que también es miembro de la Unión de Demócratas Socialistas de América, destacó que a partir del viernes habrá una zona de prueba de coronavirus y que uno de los temas que se estaban discutiendo es cómo se celebraría el Día de la Independencia del sábado, entre las opciones está hacer una "fiesta anticolonial".

Para Cunningham, Occupy City Hall es una manera de demostrar que se puede abolir el sistema policial en la sociedad. "Este es un proyecto en el que tratamos de modelar cómo es vivir en una sociedad sin policía, hemos tenido a gente peligrosa aquí, hemos tenido a gente con problemas mentales, hemos tenido conflictos interpersonales, hemos tenido emergencias médicas y hemos sido capaces de dar servir y mediar en estas situaciones sin tener que llamar a la policía", recalcó.

"Las ocupaciones son complicadas, soy una socialista y muchas veces hablamos de que los más vulnerables en la sociedad deberían de ser los que hablan. Los más vulnerables en la sociedad serán los que nos lideren. Creo que eso es muy fácil de decir, pero es muy complicado cuando estás en un espacio así", concluyó.

nueva york (EEUU)

04/07/2020 12:49

Sarah Yáñez-Richards

@SarahYanezR

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Elecciones en Bolivia: la derecha se une para intentar frenar al MAS 

Preocupados por la preeminencia del Movimiento al Socialismo (MAS) en todas las encuestas serias, la derecha boliviana se prepara a unir fuerzas contra el partido de Evo Morales. Así, la presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez está intentando conformar un frente unido con Carlos Mesa para las elecciones presidenciales del 6 de septiembre. El ministro de Gobierno Arturo Murillo precisó que Áñez le hará “muy buenas propuestas” al actual candidato de Comunidad Ciudadana (CC). Por su parte, el expresidente Evo Morales recalcó que se trata de un frente conformado por la vieja derecha boliviana. “Se juntan en conveniencia para reeditar la megacoalición del neoliberalismo”, sostuvo el líder del MAS.

Coalición "antipopulista"

Los partidos de derecha ya habían coincidido en su apoyo al golpe de Estado apañado por la OEA en noviembre pasado, cuando Morales superó ajustadamente la diferencia de 10 puntos necesaria para ganar en primera vuelta. Luego volvieron a dividirse de cara a las próximas elecciones, cada uno con la aspiración de colocar al nuevo presidente. Pero ahora las encuentras indican que Luis Arce, el candidato del MAS y exministro de economía de Morales, les saca una amplia ventaja a Mesa y Áñez. De esa manera corre riesgo el objetivo central del golpe: que las fuerzas populares queden definitivamente fuera de cualquier instancia de poder. Así fue como, con el poco disimulado empuje de la embajada de Estados Unidos, empezaron los contactos entre las diferentes fuerzas de la derecha para llegar a candidaturas unificadas. El objetivo es lograrlo de cara a la primera vuelta.

Fue el ministro de Gobierno Arturo Murillo el encargado de hacer pública la posibilidad de un acercamiento entre Áñez y Mesa, según informó el diario El Deber. “Yo creo que no es difícil. Habrá sorpresas en los próximos días... veremos cuál es la apertura del señor Mesa", indicó Murillo. Al ser consultado sobre la posibilidad de conformar una alianza que presente candidato único, señaló que habrá grandes sorpresas en los próximos días. “Nuestra presidenta realizará muy buenas propuestas”, sostuvo el funcionario. Murillo advirtió que esta vez no solo está en juego quién será presidente y quién no, sino los próximos 30 años de democracia. "Eso deben saberlo todos los candidatos que dicen ser de la línea democrática", insistió el ministro. Mesa es el principal oponente de la presidenta interina dentro las fuerzas "antipopulistas". El candidato de CC había quedado segundo en las elecciones de octubre pasado, en las que la dupla Morales-García Linera le sacó más de diez puntos de ventaja en la segunda vuelta.

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Desde que la pandemia se instaló en Bolivia, Mesa se había convertido en uno de los principales críticos a las medidas tomadas por el gobierno de facto. Por su parte Añez había manifestado presiones del líder de CC al momento de promulgar la ley con la que convocó a elecciones. “La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ha aprobado la ley para elecciones el 6 de septiembre. He recibido presiones del MAS, de Carlos Mesa y otros políticos para ir a elecciones”, había denunciado en un tweet la presidenta interina. Estos hechos hacían pensar a la mayoría de los analistas políticos que sería muy difícil conformar un frente común. Sin embargo Murillo adelantó que la presidenta está trabajando en ese sentido. "Áñez está dando todo por su país, por la patria y por la democracia, y lo seguirá haciendo. Por eso vendrán las sorpresas”, enfatizó el funcionario.

Consultado sobre una posible alianza, el jefe de campaña de CC Ricardo Paz no quiso adelantar nada. "Es muy difícil hablar en base a suposiciones", indicó Paz. El portavoz sostuvo que el tiempo para acuerdos preelectorales ya había pasado. Sin embargo ratificó que Mesa está abierto para conversar con todas las fuerzas democráticas y construir espacios de confluencia. Antes de la crisis desatada por la pandemia, en febrero de este año, la CNN le había preguntó Mesa si para evitar el retorno de Morales consideraría ir con Áñez en una sola fórmula. “Siempre hay una posibilidad, negarlo sería cerrar las puertas al desafío que debemos enfrentar. El MAS tiene una opción de voto muy importante y uno no puede descuidarla”, había señalado el expresidente boliviano en aquél entonces.

En paralelo, Morales criticó a los miembros de la posible coalición y señaló el recorrido de los dos candidatos. “Se viene la alianza entre quien, antes que enfrentar a las transnacionales pedía limosnas, y quien, en medio de la pandemia y antes de salvar vidas hace negociados hasta con los respiradores”, escribió el expresidente en Twitter. Además señaló la mano de Estados Unidos detrás de ambos candidatos. “Cumpliendo las instrucciones del gobierno de Trump, Mesa y Áñez acordaron un pacto para ir 'Juntos' en las elecciones del 6 de septiembre en Bolivia con asesores que apoyaron la campaña de Sánchez de Lozada. ¡El pueblo digno y soberano será primero!”, enfatizó el líder cocalero.

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Ciudadanos con cubrebocas en Caracas frente a un mural del fallecido presidente Hugo Chávez. El gobierno venezolano busca desesperadamente recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19.Foto Ap

Caracas. Once colaboradores del líder opositor Juan Guaidó fueron imputados en Venezuela por "traición a la patria", acusados de "despojar" a Venezuela de las reservas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra, informó este viernes la Fiscalía. "A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras (...) se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir", anunció el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones a la televisión estatal.

El gobierno de Maduro requiere los fondos para atender la pandemia de Covid-19 en Venezuela.

Figuran en la lista Vanessa Neumann y Carlos Vecchio, delegados de Guaidó en Reino Unido y Estados Unidos; así como el diputado Julio Borges, exiliado en Colombia, encargado de las relaciones exteriores del dirigente parlamentario, quien reclamó la presidencia encargada de Venezuela en enero de 2019 con reconocimiento de medio centenar de países. También están entre los acusados los cinco miembros de la directiva ad-hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, Guaicoima Cuius, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Carlos Suárez; el ex procurador especial José Hernández y dos miembros de su equipo, Irene Loreto y Geraldine Afiuni.

El jueves, el gobierno de Nicolás Maduro pidió una investigación penal para determinar "responsabilidades por el robo" de más de mil millones de dólares en oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, tras un fallo de la justicia británica que se derivó de que el gobierno británico es uno de los que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El Ministerio Público solicitó "órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes" contra los acusados, afirmó Saab. No habló, sin embargo, de procesos de solicitud de extradición.

El fiscal, quien se refirió a Guaidó como "payaso", calificó a los acusados de "falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República".

Contra Guaidó cursan varias investigaciones penales en la justicia venezolana, sin que haya sido ordenada su detención.

El gobierno de Maduro lleva año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro que Venezuela tiene guardadas en las cámaras del Banco de Inglaterra.

La oficina de prensa de Guaidó dijo en un comunicado que mientras el "proceso judicial continúa", los recursos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados a corto plazo.

El Banco Central de Venezuela, controlado por Maduro, anunció el jueves que apelará de la sentencia del juez británico.

En tanto, el presidente estadunidense, Donald Trump, utilizó el dinero robado a Venezuela para construir parte del muro en la frontera con México, según un informe del sitio digital thegrayzone.com.

Se estima que 24 mil millones de dólares del dinero público venezolano fueron saqueados y la administración Trump uso al menos 601 millones de dólares para construir un muro militarizado en la frontera entre Estados Unidos y México, precisa el sitio.

La denuncia suscrita por Ben Norton, periodista, escritor y cineasta, señala que desde que la Casa Blanca comenzó con un intento de golpe de estado contra el gobierno electo de Venezuela en enero de 2019, hasta 24 mil millones de dólares de bienes públicos venezolanos fueron confiscados por países extranjeros, principalmente por Washington y los estados miembros de la Unión Europea.

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump insistió en innumerables ocasiones en que "haría pagar a México" para construir un gigantesco muro que cubriera los aproximadamente 3 mil 145 kilómetros de su frontera común.

Al calificar de cuestionables las fuentes de financiación usadas por el mandatario estadunidense, Norton señala que Trump recurrió a ellas incapaz de obligar al país vecino a financiar su proyecto favorito de 18 mil millones de dólares, que ya costó unos 30 millones de dólares por milla en el sur de Texas.

Norton cita como fuente de la información a la cadena Univisión, la cual revisó los registros del Congreso estadunidense y documentos judiciales, en los cuales encontró que la administración Trump aprovechó 601 millones de dólares del "fondo de confiscación" del Departamento del Tesoro para la construcción del muro.

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Una jueza ordena que la brigada de EE UU desplegada en Colombia suspenda sus actividades

El presidente Iván Duque debe remitir al Senado toda la información sobre los militares extranjeros que asesoran al Ejército en operaciones antinarcóticos

 

El presidente de Colombia, Iván Duque, debió haber pedido autorización al Congreso para la llegada de una brigada estadounidense que se encuentra desde el mes pasado en el país brindando asesoría el Ejército en operaciones antinarcóticos. Así por lo menos lo determinó una jueza del departamento de Cundinamarca, en el centro del país, al ordenar que los militares extranjeros suspendan sus actividades y el mandatario remita al Senado de la República, en un plazo de 48 horas, “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia” de la brigada en cuestión.

El Senado podrá ejercer así su función de control político, señala el fallo de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante una acción interpuesta por un grupo de congresistas de diversos partidos. Los demandantes, que consideraban vulnerado su derecho a la participación política, incluyen a Iván Cepeda, del Polo Democrático; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; el izquierdista Gustavo Petro, rival de Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, o varios miembros del partido FARC, con representación en el legislativo por cuenta del acuerdo de paz. “Me complace enormemente que la justicia en Colombia restaure nuestros derechos y nuestra soberanía”, celebró Cepeda. “Esperamos que el Congreso esté a la altura, y que niegue esa presencia invasora y hostil en nuestro territorio”, añadió.

En un escueto pronunciamiento, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que el Gobierno es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de poderes, y “en consecuencia se dará cumplimiento a la orden judicial”. Anunció, sin embargo, que impugnarán la decisión, ya que consideran que la presencia estadounidense en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento “no requiere el permiso del Senado de la República”.

A finales de mayo, la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa informaron de la llegada a Colombia de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), “para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos”. De acuerdo con la embajada, el despliegue de esa unidad especializada, que comenzó a principios de junio, se extendería por varios meses. “La misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”, declaró en su momento el almirante Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.

Desde el anuncio, la llegada de las uniformados activó recelos y suspicacias. Acrecentadas además por la estrategia de la Casa Blanca de intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en la vecina Venezuela. Varios congresistas se quejaron de no haber sido informados, y el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, recordó que el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución, exige la intervención de diversas autoridades. El Ejecutivo defendió que el papel de los militares estadounidenses se enmarcaba en la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y por tanto no equivalía al tránsito de tropas ni a una brigada de combate.

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Después de haber alcanzado máximos históricos de 171.000 hectáreas, los narcocultivos comienzan a mostrar una tendencia a la baja en el Gobierno Duque, marcado por un regreso al prohibicionismo. La superficie total destinada a la hoja de coca, materia prima de la cocaína, pasó de 169.000 a 154.000 hectáreas al cierre del año pasado, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI).

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2020 - 21:24 COT

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