Rusia exhibe su avión Checkmate (Jaque mate), que lo coloca en el primer lugar aeronáutico

La exhibición anual MAKS –Salón Internacional de la Aviación y el Espacio, en Zhukovsky, a las afueras de Moscú– presentó su avión de combate táctico ligero de quinta generación (5G) Checkmate –cuya traducción nada fortuita significa jaque mate en el juego de ajedrez, en el que los rusos son grandes maestros.

El avión de combate supersónico multifuncional Checkmate se basa en el mirífico avión furtivo Sukhoi-75, que ya supera al F-35 de EU, que ha tenido severas fallas (https://bit.ly/3iI6iTd).

Checkmate ostenta una poderosa computadora, descrita como un "segundo piloto electrónico", que es muy amigable a la inteligencia artificial (IA) y funciona como "copiloto" (https://bit.ly/3i1O3ZV).

Según Rostec – high tec estatal rusa–, su máxima velocidad alcanza Mach 1.8, su rango es de 2,800 km, su carga explosiva es de 7,400 kg y su costo es de 30 millones de dólares. Checkmate tiene un solo motor, lo cual es crucial porque la aviación rusa carece de ese tipo tan moderno de aviones de combate.

Su vuelo inaugural está contemplado para 2023 y, según Yuri Slyusar, mandamás de United Aircraft Corporation (UAC), Rusia empezará las entregas en 2026 cuando ya existe una lista de espera de varios países de Asia, Medio-Oriente, África, Europa y Latinoamérica, entre quienes destacan Emiratos Árabes Unidos, India, Vietnam y Argentina (sic).

Liu Xuanzun, en el Global Times, portavoz oficioso del Partido Comunista Chino, pregunta si el nuevo Checkmate ruso “rivalizará con el FC-31 de China en el mercado global” (https://bit.ly/2TwhLN8) y juzga que el "prospecto" del furtivo avión Checkmate es óptimo cuando “se espera sea competitivo frente al F-35 de EU en el mercado internacional de armas”, lo cual “también afectará la exportación de aviones de combate de China como el FC-31”.

Los “observadores militares chinos aducen que el FC-31 todavía tiene sus ventajas” cuando “ya ha realizado pruebas de vuelo y se encuentra un paso (sic) adelante del Checkmate en términos del progreso de su desarrollo”.

Una de las ventajas del Checkmate, donde destaca su diseño aerodinámico, es que posee una óptima capacidad furtiva que evita la detección de los radares enemigos. Según Liu, “a nivel doméstico la fuerza aérea rusa puede usar al Checkmate para sustituir sus añejas aeronaves”.

The Saker comenta que “los rusos construyeron algunos muy buenos aviones de combate en el pasado, incluyendo el MiG-23 (criticado en Occidente pero muy preciado por los pilotos rusos) y el MiG-21M, el más exitoso avión de combate jamás construido (https://bit.ly/3x7pb7b)”.

El brasileño Pepe Escobar –geopolitólogo de los mejor informados de la zona euroasiática–, después de exhibir las bondades del mirífico Checkmate, coloca en relieve los sistemas misilísticos de defensa S-500 Prometeo (https://bit.ly/3BBOwd5), los "submarinos silenciosos" y los misiles hipersónicos de Rusia, que "gasta en su industria militar aproximadamente 12 centavos por cada dólar que gasta EU" (https://bit.ly/3rxqfQM), lo cual ya había sido expuesto hace mucho por el analista militar Dmitry Martyanov (https://bit.ly/3BBfamk).

A propósito de la reciente prueba del S-500 Prometeo –similar “al muy eficiente sistema misilístico de defensa S-400”– tiene la "capacidad de interceptar aviones furtivos, así como destruir armas hipersónicas y satélites en el cercano (sic) espacio" (https://bit.ly/3x3uDrN).

Los militares rusos se jactan de que el S-500 Prometeo –nombre del titán que hurtó el fuego de los dioses del Olimpo para beneficiar al género humano– "es objetivamente muy diferente a cualquiera en el mundo y está diseñado para destruir una amplia gama de armas de ataque aéreo y en el espacio, presentes y futuros, en el amplio rango de altitudes y velocidades".

Tan apuestan en la alta eficacia del S-500 Prometeo que el Ministerio de Defensa rusa lo colocará en la región de Moscú. En sólo dos días, Rusia mostró la musculatura de sus tres armas "invencibles" (Putin dixit): el misil hipersónico Tsirkon, la defensa S-500 Prometeo y el furtivo Checkmate de 5G.

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Lunes, 26 Julio 2021 06:23

Una apuesta por la libertad

Una apuesta por la libertad

Los sistemas de protección social, como casi todo, pueden estar mejor o peor diseñados. Un ejemplo de una medida de protección social mal diseñada es, indudablemente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un derecho vacío desde su nacimiento que aprobó el examen gracias al marketing político. Un fracaso que no es plato de buen gusto para ninguna persona que defienda mínimamente la necesidad de erradicar la pobreza y de ofrecer una vida digna a todas las personas.

Frente a una política mal diseñada como el IMV, en Euskadi contamos con un programa de rentas mínimas más o menos competentemente diseñado -aunque con su progresiva degradación-. En sus más de 30 años de trayectoria, y según los datos del propio Gobierno vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha conseguido evitar que en Euskadi durante la última década hayan aumentado un 64,9% los casos de personas en situación de pobreza grave o un 20,2% el número de personas en situación de pobreza relativa. En el mismo período de tiempo, el número de personas con privación material ha incrementado un 105%, un 83,7% las familias que no pueden cubrir los gastos básicos y un 122,5% los impagados o atrasos en los pagos de alquileres o hipotecas. Tampoco podemos olvidar que solo una de cada dos personas que acceden al sistema de RGI consiguen superar la pobreza y que un tercio de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social ni siquiera acceden al sistema. Competentemente diseñado, repito.

Esto no es algo que ocurra solamente en los 'países del sur'. En Europa, entre el 20% y el 60% de las personas en situación de pobreza, por distintos motivos -laberinto burocrático, estigmatización o rechazo de lo que puedan considerar caridad-, no acceden a la última red del estado de bienestar. Pero, por lo que sea, ésta no es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Al fin y al cabo, 'solo' el 20,25% de los hogares de Euskadi se encuentran en riesgo de pobreza y, tú y yo, con suerte, nos salvamos -de momento-. El propio sistema se ha encargado de dibujar esa línea imaginaria entre la primera y la tercera persona. “Yo”, “nosotros” y “ellos”.

Entonces, ¿debemos tener alguna aspiración como sociedad? Si es así, ¿nos conformamos con tener un 30% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fuera del sistema de protección? ¿Y con tener una tasa de pobreza entre el 15% y el 18%? Sería un error por nuestra parte resignarnos y es por ello que debemos apostar por una clara mejora en las condiciones materiales de la mayoría social que, además, actúe como un seguro vital ante las inseguridades y las inestabilidades económicas. Sin este seguro, sin esta garantía, la libertad está claramente amenazada.

Diariamente encontramos numerosos artículos sobre la transición económica o la modernización de nuestro sistema productivo. Sin embargo, uno de los retos que no copa tantos titulares pero que también tenemos que abordar en este siglo XXI es la modernización de nuestro sistema de protección social. Es inútil tratar de afrontar las realidades actuales con políticas del siglo pasado que ya han mostrado sus limitaciones. La alternativa que más interés ha suscitado durante los últimos años, en parte por su eficacia tanto económica como técnica, ha sido la renta básica. Una asignación monetaria pública incondicional, individual y universal. Pero no nos engañemos: aunque la reciban todas las personas, no todas las personas salen beneficiadas en términos monetarios porque su financiación se realiza mediante una reforma fiscal donde el 20% más rico tendría que aportar más a las arcas públicas.

Países como Finlandia, Escocia, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Kenia, Namibia, India o, incluso, la ciudad de Barcelona, ya están explorando mediante proyectos piloto sistemas que garanticen el derecho universal a la protección frente a políticas inspiradas en el asistencialismo. Sí, asistencialismo. Porque si algo diferencia a los sistemas actuales y a la renta básica es la diferente concepción expresada en términos de libertad. El IMV o la RGI ayudan a las personas una vez estas han caído. Ofrecen una prestación a cambio de una contraprestación -habitualmente mediante un proceso de intervención laboral-, lo que conduce irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. La renta básica, por su parte, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía de partida, otorgando un aumento de libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica. Además, los resultados obtenidos en los proyectos piloto nos permiten observar que la renta básica ha conseguido aumentar el bienestar y la seguridad económica de las personas, mejorar su salud mental, comportar una mayor confianza en sí mismas, en las demás personas y en las propias instituciones y mejorar también la oferta laboral.

En un momento de desigualdad creciente, de pobreza creciente, de desempleo creciente, de degradación de las condiciones materiales de la mayoría de la población, en definitiva, de amenaza a la libertad, cabría ser valientes y no seguir parcheando una herida que está desangrando a una grandísima parte de nuestra sociedad. ¿Aspiramos a garantizar unos mínimos vitales a todas las personas? Para ello es necesario pasar del miedo y de la contención a la libertad y la prevención.

24/07/2021

Por Julen Bollain

es economista, investigador en Renta Básica y miembro de la Red Renta Básica.

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Coche de los años 40/50 en playa de Guanabo (Cuba).

La Revolución se enfrenta a uno de sus nudos gordianos más trágicos. El conformado por una pinza que se alimenta del autoritarismo del PCC y la injerencia de EE.UU. y de una derecha que desde Miami busca una marcha versallesca sobre La Habana

 

La reciente explosión social que ha tenido lugar en Cuba debe enmarcarse en el tortuoso proceso de ajuste y adaptación que ha tenido que vivir la Revolución cubana desde los años noventa, cuando colapsó el esquema de inserción económica y geopolítica (el CAME y la URSS) en el que se había cimentado su modelo de desarrollo social, y con él su legitimidad política interna. 

Tras una década (la de los sesenta) de experimentación revolucionaria autóctona, un laboratorio de soberanía socialista tan audaz en sus propósitos como aleccionador en sus fracasos, que es interpretado hoy en discurso oficial como una era de romanticismo idealista, la revolución cubana se situó en la órbita del imperio soviético. De la URSS obtuvo Cuba un modelo económico basado en la planificación centralizada de la economía y también un mercado internacional con precios preferenciales, tanto para las exportaciones cubanas de azúcar y níquel como las insustituibles importaciones de una materia prima tan estratégica para el desarrollo industrial moderno como es el petróleo. La primacía de la planificación centralizada sobre el mercado y un comercio internacional basado en alianzas políticas más que en precios  (y por tanto muy vulnerable a las coyunturas políticas de los países aliados) han sido dos rasgos persistentes y profundamente problemáticos del sistema económico cubano. Pero mientras existió la URSS y el campo socialista, aunque el modelo presentaba notables disfuncionalidades económicas, permitió un crecimiento sostenido que alimentó uno de los desarrollos sociales más ambiciosos de la historia de América Latina. La masiva inclusión de sectores de población previamente excluida, la elevación del nivel de vida, y las políticas sanitarias, educativas o deportivas, fueron claves para forjar el pacto social tácito que cimentó la revolución cubana como proceso con suficiente legitimidad social como para ser estable: el monopolio autoritario del poder político en manos del PCC a cambio de defensa de la soberanía nacional y avances en justicia social. 

Pero en 1991, y tras perder el paraguas del comercio protegido y ventajoso del campo socialista, Cuba se vio de pronto arrojada al mercado mundial para el que no estaba preparada. Lo hizo además en las condiciones desfavorables de un bloqueo norteamericano recrudecido (leyes Torricelli y Helms-Burton). Las consecuencias del trauma de los noventa fueron inmensas.  Cuba se vio obligada a redirigir su modelo apostando por el turismo, la apertura a las remesas de los cubanos emigrados (un duro golpe a la autoestima económica de la Revolución) y a la inversión extranjera. También, en el plano interno, abriendo espacio al mercado frente al plan (mercados agropecuarios, trabajos por cuenta propia) en un pulso ambivalente y contradictorio que tres décadas después está lejos de haber sido resuelto satisfactoriamente.  

La colaboración con la Revolución Bolivariana a partir de la llegada al poder de Chávez en el 2000 dio a Cuba una bocanada de oxígeno, especialmente en su dimensión energética (petróleo), que ha sido crucial y que llevó incluso a parte de la dirigencia cubana, con Fidel Castro al frente, a fantasear con la posibilidad de un retorno a los códigos de gobernanza pre-años noventa (lo que fue llamado la Batalla de Ideas). Pero la reorientación del viejo modelo de planificación económica (que hoy la propia dirigencia cubana considera obsoleto) hacia alguna forma de economía socialista que debía dejar espacios amplios al mercado y la iniciativa privada era inevitable. La crisis venezolana, que lleva afectando a Cuba casi un lustro como símbolo de la misma piedra con la que siempre tropieza la Revolución, no ha hecho sino confirmar la necesidad de abandonar la búsqueda de alianzas comerciales ventajosas mediadas por afinidades geopolíticas. Que Cuba sea capaz de prosperar por su propio desempeño económico en el mercado mundial es un imperativo de supervivencia para el régimen.  

De este modo, Cuba transita oficialmente hoy hacia un socialismo de mercado que sigue el ejemplo asiático. Un proyecto que, en teoría, debe lograr elevar los niveles de vida salvaguardando a) el monopolio político del PCC y b) (más problemático desde una perspectiva transformadora) el espíritu de la revolución. La imagen inspiradora en la élite gobernante cubana es Vietnam. A diferencia de China, cuyo proceso de desarrollo se da a una escala que no está al alcance de Cuba, Vietnam es una nación que a través de las reformas económicas aperturistas (el Doi Moi) ha logrado enfrentar simultáneamente tanto  su estructura económica colonial como los efectos devastadores de la intervención militar de EE.UU., volviéndose una sociedad moderadamente próspera bajo el férreo control del Partido Comunista. Que esta es la hoja de ruta de la dirigencia cubana es algo que no alberga discusión. De hecho la reciente reforma constitucional cubana básicamente dio amparo legal a las reformas promercado aplicadas en Cuba desde la etapa raulista. La gran diferencia entre la vía cubana y el socialismo asiático ha sido la relativa lentitud, timidez y precaución demostrada por la primera. La explicación fundamental es que desde la óptica del gobierno cubano el desarrollo de cualquier pequeña o mediana burguesía nacional, un actor imprescindible en este esquema, es interpretado como un germen quintacolumnista potencialmente favorable a las políticas injerencistas de Miami y de EE.UU.  

En este proceso de construcción ambivalente de un socialismo de mercado se inscribe la eliminación del sistema de doble moneda y otras muchas reformas, en muchos casos fallidas y cuya responsabilidad central ha sido el desempeño del propio gobierno, que han acabado configurando una tormenta económica perfecta en un contexto de pandemia global.  Quizá el más importante de estos fracasos, dado el peso que tiene la importación de alimentos en el desequilibrio comercial de la economía cubana frente a su potencial de autosubsistencia, ha sido la recampesinización vigente desde 2008, y cuyos resultados han sido bastante modestos. 

El ajuste estructural de los años noventa, a pesar de que se hizo con cierta sensibilidad social (el objetivo era mantener vivas las políticas públicas en materia de educación y sanidad, así como una defensa nacional competente) tuvo efectos desgarradores que debían ser transitorios pero se volvieron crónicos. Destaco dos: la precarización material y el aumento de la desigualdad en un país oficialmente igualitarista (lo que generó además una esquizofrenia política en el discurso público ideológicamente explosiva). 

Una vez superada la odisea material del Periodo especial y su excepcionalidad, buena parte del pueblo cubano descubrió que su nueva vida cotidiana seguía siendo tremendamente difícil. Sin duda la aparición de un inmenso precariado cubano, personas cuyo salario no reproduce su fuerza de trabajo y deben conseguir ingresos extrasalariales para llegar a fin de mes, es el hecho sociológico central de la Cuba post-soviética. Esta emergencia del precariado cubano debe entenderse además con el telón de fondo de un proceso progresivo de recortes de subsidios y gratuidades por parte del Estado (empezando por la libreta de racionamiento de alimentación básica, que lleva años minimizándose y hoy está en vías de desaparición), sometido ahora a las presiones del mercado mundial tras décadas al margen, y además ahogado financieramente por el bloqueo norteamericano.

En la Cuba de después de los noventa básicamente se establecieron tres vías para obtener esos ingresos extrasalariales imprescindibles para sobrevivir: a) remesas de familiares en el extranjero; b) derramas de los sectores vinculados a la economía global (propinas turísticas, salarios más elevados asociados a las misiones médicas internacionalistas): c) un mercado negro y una economía sumergida gigantesca, muy compleja  y que alberga de todo, incluyendo fenómenos muy vergonzosos para el ideal revolucionario como ha sido el retorno de la prostitución. Este “de todo” incluye desde procesos de explotación laboral y acumulación originaria de tipo capitalista muy salvajes hasta procesos de redistribución familiar y comunitaria de la riqueza, de impronta ética socialista, muy interesantes.

Lo que nos conecta con la cuestión de la desigualdad. Cuba en los ochenta, con un índice de Gini de 0,24, era uno de los países más igualitarios del mundo. Los años noventa dispararon la desigualdad. En el 2016, fuentes oficiales reportaron un índice de Gini entre 0,4 y 0,45, un aumento drástico que coloca a Cuba, aproximadamente, en el promedio regional de América Latina. La isla hace mucho tiempo que ha dejado de ser un paraíso de igualdad social. 

Estas cifras estadísticas se traducen, en la vida cotidiana, en diferencias muy importantes entre distintos estratos sociales en lo que se refiere a niveles de vida y seguridad material. Por supuesto, existen privilegios vinculados a los grupos dirigentes y también a las Fuerzas Armadas. Pero las posibilidades económicas de quien recibe remesas de familiares emigrados y quién no las recibe son muy diferentes.  Además, por la propia estructura racial de la migración cubana, mayoritariamente blanca, la recepción de remesas tiene un sesgo racial evidente. Julio César Guanche afirmaba, en un texto fundamental para entender el contexto de la crisis reciente, que por cada dólar que recibe por vía remesa un cubano con piel negra se reciben tres dólares por parte de un cubano con fenotipo blanco. En Cuba la pobreza vuelve a solaparse hoy con estructuras racializadas de perfil colonial que la Revolución, a pesar de haber intentado desmontar, ha vuelto a reproducir.  Otros sectores muy vulnerables son las personas mayores y los hogares monomarentales, que cargan sobre sus hombros con una precariedad económica que se traduce también  en una crisis de cuidados de tintes dramáticos. Estos son algunos de los sectores que conforman una inmensa bolsa de población obligada a sobrevivir en un día a día marcado por condiciones materiales muy extremas, y que el reciente proceso inflacionario ha terminado de movilizar y sacar a las calles. 

Aquí debe añadirse la otra cuestión que lo atraviesa todo, la de los reclamos de apertura política ante los déficits democráticos del régimen, que en lo estructural puede entenderse como un proceso de deslegitimación progresivo y difícilmente reversible del proyecto revolucionario, que además tiene un componente generacional muy marcado.

Entre otras razones, el régimen resistió al difícil examen de los noventa porque contaba con una enorme legitimidad popular conquistada por el proceso masivo de inclusión social que supuso la Revolución y el efecto del liderazgo carismático de Fidel Castro en la construcción de consensos. Pero Raúl no es Fidel, y Díaz-Canel no es Raúl. Y las generaciones jóvenes, a diferencia de la base demográfica de los noventa, no tiene experiencia alguna de mejora material y social provocada por la Revolución. Más bien sucede al contrario: la memoria juvenil cubana solo ha conocido un contexto precario en lo material y opresivo en lo político en comparación con el marco de expectativas que impone tanto su nivel formativo como el curso de los tiempos.

Ante esta cuestión, la Revolución se enfrenta a uno de sus nudos gordianos más trágicos. El conformado por una pinza política perversa, que se retroalimenta constantemente, entre el autoritarismo del PCC y la injerencia de EE.UU. y de una derecha que al menos en Miami (porque la diáspora cubana es también muy compleja y no se reduce al reducto de extrema derecha del sur de Florida) busca una marcha versallesca sobre La Habana. Cuando las demandas y las aspiraciones democráticas de las generaciones más jóvenes de la revolución no pueden ser satisfechas sin suponer una enmienda a la totalidad del sistema político (incluso las que provienen de una izquierda declarada socialista), tenemos la otra cara del problema estructural que hoy carcome Cuba. Lo dice el intelectual cubano Julio César Guanche de modo magistral: el ambiente político en Cuba ha programado, “un algoritmo de la exclusión”, que etiqueta como contrarrevolucionarias amplias zonas de experiencia y saber social, “una máquina de producir enemigos, elefantes sobre las cristalerías de los complejos acuerdos sociales cubanos”. En este marco político autoritario cualquier crítica al gobierno, motivada por cuestiones materiales o por cuestiones ideológicas, no puede ser constructiva, no puede ser integrada, y tienden a encadenarse necesariamente hasta dar forma a un discurso impugnador totalizante de signo anticomunista. 

Esto último es muy importante para entender la enorme complejidad ideológica que se está movilizando en el estallido social, que hoy es un abanico muy heterogéneo que no se puede simplificar.  Así, por ejemplo, entre los manifestantes contra el gobierno los anarquistas cubanos llaman a luchar por igual contra el bloqueo (y la injerencia extranjera) y contra la dictadura.  Quién va a liderar esta explosión social de descontento está aún por dirimir. Por desgracia, son muchos años en los que el régimen ha ahogado y reprimido la crítica interna (incluyendo la socialista) como para que la derecha no juegue en este terreno con inmensa ventaja. En definitiva, aunque las protestas no son ni mucho menos protagonizadas por agentes de la CIA, el corsé autoritario del sistema político en Cuba y sus déficits democráticos potencian, paradójicamente, la oposición al régimen en su conjunto y facilita la agenda de la derecha. Es una especie de juego de espejos de profecías autocumplidas que tiene muy mal pronóstico. Porque, al mismo tiempo, tampoco se puede afirmar que la defensa del estatus quo descanse exclusivamente en una minoría privilegiada y su red clientelar. Aunque esté históricamente en sus horas más bajas, la fidelidad al régimen revolucionario de otra parte sustancial de la población hace pensar que, si no se cortocircuita, este tipo de binarismo sin matices, en el que al gobierno cubano le gusta desenvolverse, solo puede tender a desembocar en un conflicto civil. .

Llegados a este punto de la panorámica, vuelvo a la actualidad y la coyuntura para cerrar. Es evidente que la represión gubernamental no es el camino para gestionar el estallido social. O es un camino terrible de corto recorrido que debe ser condenado sin paliativos. También entre socialistas. Todos los presos deben ser puestos en libertad, la represión debe cesar y las protestas pacíficas deben ser permitidas.  En el medio plazo, además de medidas económicas de choque que corrijan los efectos más dramáticos de la carestía material, la única posibilidad viable es una solución política, que necesariamente pasará por corregir muchos de los déficits democráticos del sistema cubano, ampliando derechos y libertades tanto individuales como asociativas. 

Considero que esto debe defenderse aunque un proceso así pueda poner en riesgo algunos de los logros revolucionarios. Se trata de un peligro menor ante el hecho de que la mayor amenaza para esos logros revolucionarios es que una parte creciente del pueblo cubano los percibe como una carcasa cada vez más desgastada, vacía y asfixiante. Comparto en este punto, palabra por palabra, esta afirmación de Wilder Pérez Varona en su texto Unas palabras sobre la Cuba de los humildes:  “Esa posibilidad no es otra cosa que su derecho a ser y actuar como pueblo. Su derecho como soberano a la no intermediación. A ejercer su indelegable soberanía. Es derecho a ser inoportuno respecto a planes, estrategias y programas ajenos. Es derecho incluso a equivocarse. Un derecho supremo que nadie más posee en su nombre”. En la situación de Cuba, a cualquier sensibilidad transformadora le conviene atender a cierto principio de sentido común anarquista: cuando un Estado (con su monopolio de la violencia) reprime a un pueblo, uno debe ponerse de parte del pueblo. Aunque supuestamente estuviera equivocado. No quiero decir con esto, como dice el gobierno cubano, que el pueblo cubano lo esté o entre los manifestantes haya “revolucionarios confundidos” (el reconocimiento de este matiz por parte del gobierno no es irrelevante para desenredar la tensión). Afirmo que cuando el choque es entre las armas de policía y militares que reprimen y los cuerpos de un pueblo que se defiende, las consideraciones ideológicas respecto a los propósitos de ese pueblo, sin desaparecer, tienen que pasar a un segundo plano.   

Abrir el callejón sin salida de la Cuba de 2021 mediante una vía política negociada, que no pase ni por la represión ni por la injerencia extranjera, será un ejercicio de funambulismo. Y para esta tarea son los propios cubanos-as los que ya están hablando y proponiendo opciones de un modo mucho más claro del que yo podría hacer. Sirva de muestra el trabajo que están haciendo por ejemplo Julio César Guanche y Ailynn Torres, dos de los autores de referencia de los socialistas democráticos cubanos, en sus propios textos e intervenciones. 

Puede parecer complejo solidarizarse con el pueblo cubano y sus demandas justas, tanto ante la emergencia material como con sus denuncias contra la represión, y más allá de ello su sed legítima de cambios que democraticen el país, sin hacerle el juego a la ofensiva involucionista de la derecha global. Muchos compañeros socialistas parecen paralizados en un cruce de lealtades contradictorio que no saben resolver. Pero esta complejidad es la que nos toca pensar y ayudar a construir a los que compartimos por igual convicciones socialistas y convicciones democráticas y además amamos Cuba.  Lo mejor que puede pasar está situado dentro de esa línea delgada finísima, fragilísima. Y solo cabe acompañar a los amigos y amigas cubanas en el proceso de articularlo políticamente con sabiduría. 

25/07/2021

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Por Emilio Santiago Muiño es doctor en Antropología Social y máster en Antropología de Orientación Pública.

 

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Protestas antigubernamentales en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2021.Santiago Mesa / Reuters

El ministro de Defensa colombiano Diego Molano precisó que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país.

La Policía Nacional de Colombia ha capturado a 134 miembros de la llamada 'primera línea' de las manifestaciones antigubernamentales, por supuestos actos de violencia y vandalismo, informó este domingo el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

El titular de la cartera señaló que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país dando como resultado la detención de personas que han protagonizado algunas de las acciones delictivas de las últimas semanas. "Mantenemos acciones por una democracia segura", apuntó el ministro.

Bogotá, Cali y Soacha son las ciudades donde se realizaron la mayor cantidad de aprehensiones, todas con orden judicial, según la Fiscalía. Algunos de los delitos que se les imputan son vandalismo, bloqueos de vías, atentado contra la autoridad y la propiedad.

Los últimos arrestos se producen pocos días después de que la Policía colombiana detuviera a otras 12 personas, también de la 'primera línea', por posesión de materiales explosivos con los que supuestamente pretendían atentar contra las fuerzas de seguridad.

La denominación de 'primera línea' se ha atribuido al grupo de jóvenes que se ha colocado al frente de las manifestaciones contra del Gobierno en Colombia, usando por lo general escudos de fabricación casera y máscaras antigás. Los integrantes, según sostienen, buscan defenderse de las agresiones de los uniformados.

Sin embargo, las autoridades consideran que comenten actos delictivos con el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, por lo que el presidente Iván Duque ha defendido su captura y judicialización.

Por otro lado, el tema de la violencia policial contra los manifestantes adquirió mayor relevancia internacional luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó en su informe separar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa, en vista de las denuncias de "graves violaciones a los derechos humanos" en el contexto de las manifestaciones.

Publicado: 26 jul 2021 04:03 GMT

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Castillo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres. . Imagen: AFP

Primer discurso como  presidente electo

La derecha derrotada afila las armas contra el gobierno que asumirá este miércoles y busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

 

 “El pueblo es el gobierno. Esta lucha no puede ser traicionada”, exclamó el presidente electo Pedro Castillo ante una entusiasta multitud en un mitin realizado la noche del viernes. Poco antes había recibido formalmente de las autoridades electorales sus credenciales como ganador de las elecciones y presidente electo. En la ceremonia oficial y en la manifestación popular, el profesor rural y dirigente sindical insistió en sus llamados “a la más amplia unidad”. A pesar de esas exhortaciones a la unidad, la derecha derrotada en las urnas afila las armas contra el gobierno de izquierda que asumirá este miércoles. Esa derecha radical y golpista busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

Desde el balcón de la plaza

Castillo habló a sus seguidores desde un balcón que da a la céntrica plaza San Martín, ubicada a pocas calles de Palacio de Gobierno y tradicional escenario de manifestaciones políticas y protestas sociales. Cuando apareció en el balcón se soltaron globos rojos y blancos, los colores patrios, se lanzaron fuegos artificiales y resonaron los aplausos y las consignas de apoyo al futuro gobierno de izquierda. Fue una noche de júbilo popular. El maestro y campesino que viene de una de las zonas andinas más pobres del país y que en unos días asumirá la presidencia del Perú, recordó su participación en las luchas gremiales en esa misma plaza, que esta vez lo recibía como presidente electo. “Yo aprendí a luchar en esta plaza del pueblo junto con ustedes, con los obreros y campesinos. El recuerdo más grato es la lucha con los maestros de todo el país. Gracias a la lucha tenemos ahora un proyecto político, una alternativa para el país”, comenzó su discurso, que como ya es costumbre fue breve. Duró diez minutos.

El presidente electo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres y excluidos han puesto en él y le pidió a la población que sea vigilante a su gestión. “Les pido ser vigilantes. Ustedes han sido vigilantes antes, durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido. No solo vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno, sino que sean integrantes del gobierno. Ustedes son el gobierno. El pueblo es el gobierno. Ayúdennos hermanos a encaminar este trabajo. Este es el trabajo del pueblo peruano. Esta es la lucha de ustedes. No traicionaremos al pueblo. Esta lucha no puede ser traicionada”. La multitud rompió en aplausos y gritos de respaldo.

Castillo convocó a los distintos sectores políticos y sociales a trabajar juntos: “Desde este espacio abrimos las puertas a los que no piensan como nosotros, a las otras fuerzas políticas. Hoy es el momento de unir los esfuerzos. Hago la convocatoria al pueblo peruano, a toda la clase política sin distinción, a los gremios, a los colegios profesionales, a los universitarios, a la clase obrera, al magisterio, a todo el pueblo peruano, para que hagamos el esfuerzo más inmediato en el marco de la más amplia unidad para terminar con estas brechas que tiene el pueblo peruano”.

En el Congreso

Mientras Castillo llama a la unidad, la derrotada Keiko Fujimori y sus aliados, donde la extrema derecha marca el rumbo, mantienen su discurso golpista que le niega legitimidad a la elección del nuevo presidente alegando sin pruebas un fraude electoral inexistente. Este lunes será un día clave en la confrontación entre el gobierno elegido democráticamente y la extrema derecha golpista. Se disputarán la conducción del Congreso unicameral de 130 bancas.

En un Parlamento fragmentado en diez bancadas no está claro lo que vaya a ocurrir este lunes. Hasta el sábado, ninguno de los dos bloques tenía los votos necesarios para hacerse con la presidencia del Legislativo. El bloque oficialista de izquierda tiene 42 votos: 37 del partido de gobierno Perú Libre y cinco de sus aliados de la coalición progresista Juntos por el Perú. Según diversas versiones, para la elección de la mesa directiva del Congreso ya habrían sumado otros nueve votos de agrupaciones de centro y centroderecha. El oficialismo no ha hecho público quién sería su candidato a presidir el Congreso. Del otro lado, el bloque de extrema derecha suma 43 votos: 24 del fujimorismo, 12 de los fascistas de Renovación Popular (RP) y siete de otra agrupación de derecha. Su candidato a presidir el Congreso es el almirante en retiro Jorge Montoya, de RP, que ha exigido anular las elecciones y ha pedido una intervención militar para evitar que Castillo asuma la presidencia.

Ambos bloques negocian contra la hora con tres bancadas que no se han definido para conseguir los votos que les faltan. Estas tres agrupaciones que suman 36 curules se mueven entre la centroderecha y la derecha. La izquierda la tiene complicada. En medio de esta disputa, la centroderechista Acción Popular, que tiene 16 legisladores, busca convertirse en una tercera alternativa y presidir ellos el Congreso.

Si la derecha golpista logra hacerse con la presidencia del Legislativo se abriría un complicado escenario para la estabilidad del gobierno Castillo. 

25/07/2021

Desde Lima

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Soldados custodian las calles de Cali, Colombia, luego que el presidente Iván Duque ordenara más presencia militar por los hechos de violencia presentados durante protestas por el Paro Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este decreto fue expedido por el Gobierno nacional en la madrugada del 29 de mayo para reestablecer el orden en algunas capitales, cuando se cumplía un mes del paro nacional.

 

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este viernes de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar para afrontar y superar los problemas de orden público durante las protestas sociales que se desarrollan en el país.

Esta decisión del Consejo de Estado determina que el decreto 575 de 2021, expedido por Iván Duque en la madrugada del 29 de mayo, con la intención de reestablecer el orden en distintas ciudades del país en el marco de las manifestaciones sociales del paro nacional, se suspende hasta que se emita un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria de este acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no al derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

“Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, indicó el Consejo de Estado.

De igual manera, la Sección Cuarta argumentó que si bien se puede limitar el derecho a la reunión y a la manifestación si se presentan graves afectaciones de orden público, en estos casos es admisible el uso de la fuerza policial, con criterios de necesidad y proporcionalidad, más no de las Fuerzas Militares.

Soldados prestan seguridad en medio de una manifestación de indígenas en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Por otra parte, la Sala se refirió al empleo de la fuerza y de armas de fuego, señalando que fueron reportadas 15 muertes producto de la violencia durante las protestas sociales, de las cuales tres fueron atribuibles a la fuerza pública, razón por la cual manifestó que si bien la Policía podía limitar algunos derechos de la protesta con el fin de retornar el orden, no se podía perder la garantía a la vida, integridad personal y debido proceso en estos hechos.

“La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza”, indicó el Consejo de Estado

23 de Julio de 2021

Publicado enColombia
Sábado, 24 Julio 2021 06:38

Las protestas lunares

Jóvenes con banderas de Cuba y Estados Unidos en una protesta en Miami, el 13 de julio AFP, EVA MARIE UZCATEGUI

Cuba y la oposición tras el 11 de julio

Tras las históricas manifestaciones de hace dos semanas, la disputa entre oficialistas y opositores se ha trasladado al ámbito diplomático y las redes sociales. La desinformación parece ser una constante en esa batalla.

 

A finales de la semana pasada el Diario Las Américas anunció con gran despliegue el suicidio de la madre de Diubis Laurencio (36 años), el manifestante muerto en La Habana la noche del lunes 12 durante el frustrado asalto a una estación de Policía. Ese enfrentamiento en el barrio marginal de La Güinera, de la periferia capitalina, que ocasionó, además, una decena de heridos entre civiles y agentes del orden público, se mantiene como la única manifestación ocurrida en Cuba luego de la masiva jornada de disturbios del domingo 11.

A pesar de la activa búsqueda de la prensa extranjera y no estatal, y de organizaciones como Human Rights Watch y Cubalex, no se han podido confirmar nuevas protestas ni otras víctimas mortales. Videos como los que documentaban supuestas muertes de niños o ancianos luego fueron desmentidos, tras comprobarse que pertenecían a crímenes en distintos países de Sudamérica. A falta de otros «mártires», el relato de la oposición se concentró en cuestionar las declaraciones del Ministerio del Interior cubano relativas a los antecedentes penales de Diubis Laurencio, difundiendo la especie de que estos cargos habían sido fabricados y que el manifestante había perdido la vida como consecuencia de un disparo por la espalda.

La noticia del suicidio difundida por el diario miamense marcó la agenda mediática en el sur de Florida durante un par de días. Y en el interior de Cuba tocó la sensibilidad de muchos que vieron en la muerte de la señora un símbolo de la «brutalidad del régimen». Pero el domingo se reveló como falsa, cuando desde La Güinera se supo que la madre de Laurencio, aunque «muy afectada por la pérdida de su único hijo», seguía viva. En respuesta, la periodista que había firmado el reporte original publicó un rocambolesco mea culpa a través de su perfil en Facebook, aprovechando la oportunidad para redirigir la atención hacia las protestas de cubanoestadounidenses, que tenían lugar en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, en reclamo de una intervención militar contra Cuba.

«VERIFICACIÓN CIUDADANA»

Unas 10 mil cuentas están suscriptas al grupo Desaparecidos SOS Cuba, el principal de los que en Facebook dice brindar informaciones acerca de los detenidos en los disturbios del 11 de julio. La distinción entre cuentas y personas resulta imprescindible. Quienes adversan al gobierno llevan años denunciando la existencia de miles de perfiles falsos en las redes sociales, que, gestionados por la Seguridad del Estado, se emplean para atacar a sus activistas e iniciativas. Ciberclarias, el término con que inicialmente se les designó, se ha extendido para denostar a los partidarios digitales del oficialismo, sean reales o no.

La oposición, a su vez, gestiona un impresionante «sistema automatizado de viralización de contenidos, sin ser penalizada por Twitter», observó el experto español Julián Macías en una entrevista reciente con AFP. La etiqueta #SOSCuba es el éxito más reciente de ese sistema de generación de contenidos.

«Entre el 5 de julio, cuando se empezó a usar, y el 8, se pusieron unos 5 mil tuits con esa mención. Luego, el día 9, fueron 100 mil; 500 mil el 10; 1,5 millones el 11, y 2 millones el 12 […]. Las cuentas que se usaron esta vez son las mismas que habían participado en las campañas contra AMLO [Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano]», resaltó el investigador.

La presión que puede llegar a ejercer ese ejército de bots fue experimentada en carne propia por la exactriz porno Mia Khalifa, luego de que el 8 de julio tuiteara la foto de un paciente recibiendo oxígeno en un hospital cubano. La imagen iba acompañada por una leyenda que culpaba al «embargo» estadounidense de entorpecer los esfuerzos de la isla para hacer frente a la pandemia. Bastaron pocas horas y miles de ataques a su perfil para que la libanesa se desdijera, borrando la publicación original de su historia y sumándose a las ofensas que se lanzaban contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

Las listas de Desaparecidos SOS Cuba, y el resto de grupos y plataformas similares, se han nutrido desde el 11 de julio con denuncias ciudadanas para las que no se requiere aportar evidencias. Basta escribir a sus perfiles o correos electrónicos para que el nuevo caso de desaparición sea registrado y hecho público. De ahí en más, las redes de bots garantizan la amplificación del mensaje, hasta posicionarlo como tendencia en Cuba y los países con mayor presencia de emigrados cubanos.

La sobreabundancia de información ha evitado que ese sistema de «verificación ciudadana» entre en crisis cada vez que nuevos «desaparecidos» denuncian su inclusión en las listas, muchos de ellos sin siquiera haber participado en las marchas o haberse contado entre los detenidos por la Policía. Esta semana el caso más notable fue el del presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, Ramón Samada, al que se presuponía desaparecido luego de una manifestación ante el edificio de la televisión nacional.

Una vez descubierta la mentira, varios de los opositores que sí habían acudido a la protesta de marras intentaron una justificación que apuntaba a errores en sus publicaciones de Facebook de ese día. Significativamente, a más de una semana de los hechos no habían considerado la conveniencia de enmendar sus errores. Instituciones como Cubalex, una organización de asesoría jurídica para los cubanos en la isla, que funciona desde Florida con fondos del gobierno estadounidense, insisten, sin embargo, en la «confiabilidad del trabajo que se está haciendo». Laritza Diversent, la abogada afrodescendiente que la preside, ha considerado «fundamental documentar los abusos del régimen». Pero como Human Rights Watch, el Movimiento San Isidro y otros grupos implicados en el tema han evitado referirse de manera explícita a los casos en que la denuncia ha resultado infundada o sencillamente falsa.

CONJUNCIÓN DE INTERESES

Entre 2000 y 2018 el consumo de electricidad de los hogares cubanos se duplicó. La tendencia se aceleró en los últimos dos años, a tenor con la pandemia (las familias permanecen mucho más tiempo en casa), la expansión del trabajo por cuenta propia (muchos de los negocios se desarrollan en las viviendas) y la masificación de bienes de consumo, como los equipos de climatización y las motocicletas eléctricas.

Cuba no experimentó un aumento de población en el período. Su estadística demográfica, en realidad, disminuyó en varias provincias, por lo que el salto en la demanda de energía solo puede explicarse bajo una fórmula que contemple la mejora de las condiciones de vida de un porcentaje significativo de los residentes en la isla. Ha sido, de hecho, lo que ha ocurrido. Cuando Fidel Castro dejó el poder en julio de 2006, solo una pequeña minoría de sus conciudadanos podía viajar al exterior y un grupo incluso menor tenía autorización para alojarse en los hoteles reservados al turismo extranjero. Artículos como los reproductores de video, ordenadores o teléfonos móviles se consideraban un lujo inalcanzable para las mayorías.

Durante las administraciones de Raúl Castro y Díaz-Canel, un segmento numeroso de la población se acostumbró a estándares de vida similares a los de la clase media de cualquier país latinoamericano. Días antes de los disturbios, muchas de esas personas denunciaban en redes sociales la discriminación de que eran objeto al no poder asistir a discotecas y otros centros recreativos en el balneario de Varadero (el principal de la isla, 140 quilómetros al este de La Habana). Con el pretexto de evitar posibles contagios, esos espacios solo admitían a turistas extranjeros, una decisión que cuestionaban aquellos con el deseo y la posibilidad económica de visitarlos, a pesar de sus elevados precios en dólares.

Cuando a mediados de junio el Ministerio de Turismo anunció la cancelación de las reservas para hoteles hechas de cara a los meses de verano, miles de personas también se lamentaron en Facebook y Twitter por la decisión. Para entonces, y a pesar de que los pagos debían hacerse en divisas, los alojamientos de Varadero y otros polos turísticos estaban reservados por cubanos casi al 50 por ciento de su capacidad, incluso los de más alto estándar.

La inconformidad de la «gente bien» (que paulatinamente ha adoptado el reclamo de reformas políticas) se conjugó con la de los sectores desfavorecidos para desencadenar las protestas del 11 de julio. La fuerte campaña mediática alentó esa singular alianza de intereses y la amplificó hasta convertirla en una suerte de relato revolucionario en el que el gobierno y quienes lo defienden adoptaban el papel de villanos sin matices.

La dificultad de la oposición para volver a organizar marchas, y la de las autoridades para recuperar el estatus de normalidad previo a los disturbios, mantiene el conflicto en un virtual punto muerto. La «lucha» se ha trasladado, entonces, a los campos de la diplomacia y la virtualidad, con el gobierno estadounidense comprometido en una activa campaña de presiones contra gobiernos extranjeros para que se distancien de La Habana, y constantes bulos de nuevas protestas con que los cubanos se encuentran cada mañana al encender sus teléfonos móviles.

Precisamente ayer se hacía viral en la isla la novedad de que, escribiérase lo que se escribiera, el buscador de Google derivaba en automático hacia contenidos relativos a las «protestas contra el régimen». Unos cuantos no perdieron la oportunidad para descubrirse como manifestantes en la Luna o Saturno.


Primeras condenas

Esta semana se dictaron las primeras sentencias contra los detenidos en las protestas: 12 personas recibieron entre diez meses y un año de prisión. El caso más mediático es el de Anyelo Troya, director de la sección filmada en Cuba del video de Patria y vida, la canción contra el gobierno que los opositores dentro y fuera de la isla consideran su himno. La familia asegura que lo detuvieron el día 11, mientras filmaba las protestas, y que su condena fue producto de un juicio sumario y sin abogado. En paralelo, el cantautor Silvio Rodríguez y otros artistas partidarios de la revolución han comenzado a promover la idea de una amnistía para los manifestantes «que no fueron violentos».

 

Por Amaury Valdiviadesde Camagüey 
23 julio, 2021

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Martine Moise despidiendo a su marido. Luego empezaron los tiros y los gases.. Imagen: EFE

Violenta despedida al asesinado presidente haitiano

Durante la misa se escucharon disparos y las personas que asistieron al funeral tuvieron que salir entre los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

 

El funeral del presidente de Haití  Jovenel Moise se realizó este viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con la presencia de Martine Moise, viuda del mandatario. A pesar de las fuertes medidas de seguridad se escucharon disparos durante la ceremonia y los participantes tuvieron que evacuar bajo una nube de gases lacrimógenos. Mientras las investigaciones en torno al magnicidio continúan con las declaraciones de los presuntos involucrados en el ataque al mandatario.

Un importante despliegue policial cubrió las calles de la ciudad de Cabo Haitiano en el departamento del Norte de Haití. La ciudad fue escenario de episodios violentos, este viernes la tensión se concentró en las inmediaciones del punto donde se desarrollaba la ceremonia de despedida de Moise, de 53 años. Momentos antes de que comenzara el acto, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, al grito de "asesino", al tiempo que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar las barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones, según el diario local Gazette Haiti.

Durante la homilía por Moise, se sintieron los gases lacrimógenos y más tarde, dentro del recinto donde se realizaba el funeral se escucharon disparos. Los participantes tuvieron que salir entre una nube de gases lanzados por la policía. "La delegación presidencial está a salvo y completa después del tiroteo reportado durante el funeral. Están todos de regreso a Estados Unidos", dijo Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca.

El ataúd de Moise, cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial, fue expuesto en una explanada decorada con flores y bajo la custodia de soldados de las Fuerzas Armadas de Haití. La viuda del presidente, Martine Moise, quien resultó gravemente herida en el ataque contra su marido, estaba presente en Cabo Haitiano, con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos. La viuda llegó acompañada por sus hijos y un importante dispositivo de seguridad. Ante el féretro se retiró la mascarilla y besó la bandera que cubrió el sarcófago.

"Fuiste abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso (la) fealdad y cobardía", dijo Martine en la ceremonia civil en honor de Moise celebrada en Cabo Haitiano, donde será enterrado este viernes.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático y miembros del gobierno de Haití que le ofrecieron el pésame a la exprimera dama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote, que llega a la isla encomendado con la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Hasta el momento unas 28 personas –26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses– fueron vinculadas al comando que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moise. La policía haitiana asegura que el complot fue organizado por personas con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Este jueves, el ecuatoriano Walter Veintemilla, dueño de la firma Worldwide Capital Lending Group de Miami y financista del operativo en el que fue asesinado Moise, admitió haber aportado dinero pero no para matar al mandatario sino para favorecer un cambio en el país. Veintemilla prevé una acción legal contra las autoridades haitianas que lo señalaron por haber financiado el complot.

El abogado de Veintemilla, Robert Nicholson, aseguró que su cliente sí estuvo en reuniones con haitianos y extranjeros ahora investigados, incluido el médico Christian Emmanuel Sanon, considerado uno de los autores intelectuales del crimen y ahora detenido. Veintemilla reconoció que desde Worldwide Capital Lending Group juntó de inversionistas cerca de 172 mil dólares y se los entregó a Sanon, y que antes había cedido una suma similar a Antonio Intriago, dueño de CTU Security LLC, en principio señalada como la firma que reclutó a los mercenarios colombianos acusados del operativo.

Nicholson afirmó que el papel de su cliente era financiar los gastos de las aspiraciones presidenciales de Sanon y que éste lo retribuiría con futuros contratos una vez que estuviera a cargo del Ejecutivo de Haití. "Ni Worldwide Capital ni el señor Veintemilla tenían conocimiento de ningún supuesto plan de asesinato", insistió Nicholson.

Mientras que desde el Departamento de Estado norteamericano confirmaron que seis de los ciudadanos colombianos arrestados por su presunta participación en el magnicidio recibieron entrenamiento militar en EE.UU. "Hasta la fecha, el Estado y el Departamento de Defensa han identificado a seis personas que podrían haber estado involucradas en el complot y que participaron anteriormente en programas de entrenamiento militar y educativos de Estados Unidos mientras servían al ejército colombiano", afirmó el portavoz de la cancillería, Ned Price.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe. Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes con la promesa de restablecer el orden para organizar los comicios exigidos por la población haitiana. Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos, ya que los mandatos de la mayoría expiraron.

23/07/2021

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Colombia: sin agua para apagar el incendio

El eco de las protestas en Colombia parece no haber terminado. Las jornadas de lucha de trabajadores, jóvenes y colectivos pauperizados han dado lugar a un nuevo escenario. ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Tendrá realmente poder para enfrentar en las urnas al gobierno de Duque?

 

Frustraciones y sorpresas dibujan los últimos 25 años de la historia de Colombia. La esperanza esquiva se filtró entre las oscuridades de la violencia con la firma del acuerdo de paz en el 2016, pero la victoria del «No» en el plebiscito convocado para aprobar el cierre del conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), significó un portazo a la ilusión de construir un nuevo tiempo como país. En 2018, como viene ocurriendo cada cuatro años desde 2002, triunfó en la elección presidencial Álvaro Uribe a través de la candidatura de Iván Duque, el ungido esta vez, con ánimo de cobrar revancha por la paz firmada por el ex-presidente Juan Manuel Santos, considerada siempre como una traición.

Desde 2019, la protesta estudiantil marcó la pauta con su expresión en las calles. La respuesta del gobierno de Duque fue desplegar policías antimotines y soldados, tanques y vehículos blindados; y reprimir durante las noches en Bogotá y Cali, al suroccidente del país, donde se instauró el toque de queda. Fueron asesinados 17 jóvenes.

Los discursos de miedo y odio cedieron a fines de 2019 ante una iniciativa «tranquilizadora», denominada la Gran Conversación Nacional, que no tardó en transformarse en una nueva frustración por la dilación e incumplimiento de la palabra del gobierno. Las protestas se adormecieron durante todo 2020 por la pandemia de covid-19, que sumió al país urbano en una realidad social, económica y sanitaria no conocida, atendida de manera ineficiente por el gobierno de Duque y acentuada por su desconocimiento del país, su inexperiencia e inmadurez; todo lo contrario a lo exigido para administrar una crisis.

Los mayores efectos de la pandemia se vivieron en el suroccidente, en especial en Cali, tercera ciudad de Colombia. A esto deben sumarse el descontento y rechazo por los repetidos asesinatos de líderes sociales (86 en lo que va del año), el desplazamiento forzado de comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del extenso corredor Pacifico (44.290 personas en 2021 según la Defensoría del Pueblo) y el crecimiento de las áreas geográficas bajo control o con un incremento de la presencia de actores armados no estatales que debilitan la gobernabilidad y la confianza en la capacidad del Estado. 

En abril de 2021, una propuesta tributaria que incrementaba los impuestos desató un alzamiento nacional múltiple que fue creciendo sin que el gobierno pudiera detenerlo. Ni la brutal represión, ni el retiro de la reforma tributaria, ni la salida del ministro de Hacienda, ni los anuncios de inversiones para los jóvenes, ni el temor al coronavirus y sus efectos -que han significado más de 115.000 muertes- lograron frenar la protestas.

El gobierno retomó entonces la retórica del enemigo interno apoyado desde el exterior, en una narrativa que va desde Venezuela a Rusia, pasando por Cuba, y apela a discursos anticomunistas de la época de la Guerra Fría. Al tiempo que agitaba la bandera contra el pre-candidato presidencial Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico (una coalición de fuerzas de izquierda, líderes sociales y senadores de origen liberal y del antiguo Partido de la U que han saltado de una a otra formación política en los últimos 20 años). Tanto Uribe como sus alfiles oficiosos, como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no dudan en señalar a Petro como responsable por la destrucción de bienes públicos y privados, llevar a los jóvenes a la muerte y alentar acciones contra la vida de funcionarios públicos, civiles y policiales, e incentivar bloqueos que significaron la ruina de empresarios y ciudadanía durante dos meses.

Las protestas paralizaron Colombia con jornadas masivas en las calles, reprimidas brutalmente, y confrontaciones que involucraron civiles armados, articulados a bandas de narcos que acompañaban a fuerzas de policía en los barrios para detener, y en algunos casos asesinar, a manifestantes. En ciudades como Cali florecieron el racismo, el clasismo, la represión armada institucional y para institucional durante los dos últimos meses.

Las cifras de asesinados van de 42 hasta 87, tanto en manifestaciones como en sitios de bloqueo, según datos oficiales y no oficiales aún en discusión. Si bien la crisis económica, el agotamiento individual y social derivados de la pandemia son insumos para una integral comprensión de lo ocurrido, el clamor por cambios estructurales en la sociedad y el rechazo ciudadano a una institucionalidad pública cada vez menos confiable, corrupta y violenta a los ojos de los jóvenes urbanos están al orden del día.

Esta confrontación social y política ameritó una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio, reclamada por organizaciones sociales, estudiantiles, autoridades locales y centrales obreras agrupadas en el Comité Nacional del Paro, entre otros. Las observaciones y recomendaciones de esta visita de trabajo, según la CIDH tienen por objetivo contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social. El gobierno ha rechazado el informe, incrementando las criticas nacionales e internacionales.

¿Cómo se reorganizan en este contexto las distintas fuerzas de la sociedad? ¿Qué esperar de un proceso electoral para elegir congreso y presidente el siguiente año?

El mundo empresarial aferrado a Duque reclama y respalda el uso de todas las herramientas, incluidas las Fuerzas Armadas, para recuperar el «orden institucional». Este bloque une al coro que ve en Petro la causa del desastre de los últimos meses y aunque hay matices entre sus voceros, cierra filas para frenar su elección como próximo presidente. La convicción empresarial es que Petro no debe ser elegido pues la llegada de la izquierda al poder significaría la destrucción de la economía. Los inversionistas rurales exportadores agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios empresariales, entre ellos bananeros, ganaderos, cultivadores de caña y frutales respaldan las tesis de Uribe. Pero además tienen en muchos casos sus propios operadores políticos, ligados a partidos de derecha y centroderecha que han sido punta de lanza para impedir la ratificación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales conocido como Acuerdo de Escazú, uno de los compromisos incumplidos por el gobierno luego de las protestas en 2019.

El excepcional bipartidismo colombiano, representado por los partidos Conservador y Liberal (que sobrevivió hasta casi el fin del siglo XX), es hoy un apéndice del uribismo y las elites para impedir la irrupción de la izquierda en el poder nacional. Esto quedó ratificado en 2018, cuando ambos partidos respaldaron a Duque contra Petro en la segunda vuelta electoral.

Dentro de los sectores que confrontan al uribismo el más importante es el Partido Verde. Su mayor elector en 2018 fue el ex rector de la Universidad Nacional y alcalde de Bogotá en dos ocasiones, Antanas Mockus, quien perdió su curul en el Congreso por decisión de la Corte Suprema de Justicia en atención a una demanda por conflicto de intereses como representante legal de una ONG.

El Partido Verde es una coalición de intereses diversos y cambiantes que ha mezclado liderazgos jóvenes comprometidos con el cambio, exguerrilleros que firmaron acuerdos de paz en la década de los 90, sectores de centroderecha y liderazgos independientes afirmados en prácticas clientelistas. Este partido ha tenido su mayor éxito al elegir 18 congresistas y tomar las riendas de la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, en 2019, quien se ha convertido, junto a la senadora Angélica Lozano, en la figura y voz más relevante del partido. Ambas promueven la construcción de un bloque con sectores de clase media y grupos de opinión dispuestos a «reformas sin traumatismos», articuladas a la centroderecha representada por el expresidente  Santos, artífice de los acuerdos de paz con la guerrilla. Con Petro mantienen un agrio enfrentamiento con descalificaciones mutuas luego de haber tenido relaciones de cooperación política.

Por su parte, el Polo Democrático es hoy una formación venida a menos en la que confluyen izquierdas de las décadas de 1960 y 1970, que se ha escindido para dirimir los conflictos internos. Es un partido con individualidades valiosas como Iván Cepeda y Alexander López pero sigue siendo un sector minoritario. Hoy forma parte del Pacto Histórico, que además de Colombia Humana de Petro incluye a movimientos sociales e indígenas, y también algunos sectores de la vieja política, que buscan poner en pie una candidatura unitaria para 2022 y se reclaman como la alternativa al uribismo y al continuismo de las viejas elites en el poder. Cuentan en su favor el liderazgo sólido de Petro y el antecedente de los 8 millones de votos que obtuvo en el 2018.

Álvaro Uribe y su partido están debilitados en la opinión pública por los escándalos judiciales, el apresamiento del propio Uribe y la ineptitud de Duque y su equipo de gobierno. Como Centro Democrático no parecen estar en condiciones de agrupar bajo un liderazgo propio a los sectores partidistas que apoyaron a Duque para ganar las elecciones en 2018.

El Centro Democrático de hoy, a pesar de no contar en la opinión pública ni con la mitad de la favorabilidad que tuvo cuando llevó a Duque a la presidencia en 2018, no está sin embargo políticamente muerto. A pesar de los procesos judiciales contra Uribe, su detención domiciliaria por acusaciones de soborno y fraude procesal y la de varios de sus copartidarios, el Centro Democrático conserva el poder presidencial, que junto al de las Fuerzas Armadas es el poder real en el país. Desde sus filas, las protestas son leídas desde teorías conspirativas a veces directamente delirantes como la de la «revolución molecular disipada», difundida por el propio Uribe citando a un personaje marginal de la extrema derecha chilena invitado a disertar en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Las Fuerzas Armadas han derivado en un instrumento político del ex-presidente Uribe. Los oficiales y el ministro de Defensa no solo atienden sus llamados -como pudo probarse en el manejo de la protesta social-, sino que evidencian de múltiples formas una postura contraria al Acuerdo de Paz, y en especial el sistema de justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Todos estos instrumentos son descalificados por el partido de gobierno que pretende reformarlos e incluso propone acabar con ellos.

En este marco, la protesta social continúa sin encontrar interlocución con las autoridades nacionales, con excepción de Cali, donde jóvenes y autoridades locales han conseguido construir una mesa de conversaciones que produce acuerdos. En este espacio se plantean iniciativas innovadoras que retan al gobierno local mediante un proceso denominado «constituyente juvenil», que debate temas ambientales, sostenibilidad de la vida, etnicidad, entre otros.

La debilidad e ilegitimidad de las instituciones es creciente, así como la ausencia de control territorial por parte del Estado en zonas del Pacifico desde la frontera con Ecuador a la frontera con Panamá. Igual ocurre en la frontera de 2219 kilómetros con la vecina Venezuela y en varias regiones en departamentos del interior del país. En adición a la inestabilidad institucional y de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el país registró 245.000 hectáreas de cultivos de coca el año pasado, frente a las 212.000 hectáreas de 2019. En 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas y la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas. Esto significa más gasolina para los incendios violentos derivados del narcotráfico.

El proceso electoral de 2022 se enmarca entonces en una dura confrontación en la que se están involucrando cada vez más funcionarios del ejecutivo nacional y los gobiernos locales. Hay un predominio de temas como la búsqueda de un modelo económico que respete y proteja el ambiente, que rompa las lógicas dependientes de economías extractivas, y que ponga en el centro la justicia social. Pero también anticomunismo, crítica al gobierno de Venezuela como forma de campaña electoral interna, además de la satanización de Petro y de Uribe dependiendo de los bloques enfrentados. Todo ello en un contexto de asesinatos de líderes, una violencia creciente y una situación económica difícil.

Aún hay definiciones pendientes. Claudia López y Angélica Lozano como actoras principales del Partido Verde buscan que Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la principal universidad privada del país, acepte ser candidato a la presidencia en una confluencia con cinco líderes agrupados bajo el nombre de Coalición de la Esperanza. Entre ellos se cuentan Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, quienes han sido senadores, gobernantes regionales y ministros en los últimos 30 años. Si Gaviria decide ser candidato podría mover el tablero por no tener confrontaciones con el poder económico ni con la clase política y por su condición de político no profesional. Gaviria es uno de los líderes de la iniciativa «Tenemos que hablar Colombia», que busca construir canales de interlocución con un grupo de 10.000 colombianos para abordar salidas al estallido social que se ha presentado en los dos últimos meses.

Petro y su propuesta de Pacto Histórico, que parece ser la opción de mayor definición y madurez al día de hoy, no podría, sin embargo, ganar en solitario las presidenciales. Las elecciones anteriores demostraron su fragilidad como candidato en la segunda vuelta por el rechazo de sectores temerosos de vivir una crisis económica e institucional como la de Venezuela. El consenso construido por los actores políticos que están fuera del Pacto Histórico es no hacer ningún tipo de alianza con él, lo que reduce significativamente sus posibilidades de triunfo.

Por otro lado, si la Coalición de la Esperanza, que tiene el propósito de derrotar a Petro en la primera vuelta, consigue este objetivo, deberá apelar al apoyo de los desencantados con Uribe para no depender de Petro o sus aliados. El objetivo de esta coalición es ganarle a Petro para enterrar definitivamente al líder de lo que consideran la más clara expresión del «populismo» y el «caudillismo de izquierda» en Colombia.

Parece claro que los tiempos de Colombia en el cercano y mediano futuro no serán estables. Lo incierto es si serán tiempos de mayor violencia o si el país podrá canalizar su debate político sin que la sangre de los líderes políticos sea la impronta, tal como ocurrió en el siglo XX. Las dos décadas de este XXI muestran que para los líderes sociales y quienes buscan avanzar en los acuerdos de paz los asesinatos siguen siendo la norma.

¿Participaran masivamente en el debate electoral de 2022 los jóvenes, que han hecho de la protesta y la pelea callejera su fuerza? ¿Podrán crear un cambio en el país que supere el actual colapso político, institucional y ético?

De no haber una masiva participación, el augurio es que el viejo poder con nuevos rostros continuará gobernando a Colombia.

 
Julio 2021

Publicado enColombia
Un capitán retirado del Ejército colombiano, acusado de ser el autor del atentado a  Duque

El helicóptero en el que el presidente se trasladaba el 25 de junio recibió seis disparos

Según la Fiscalía, el militar Andrés Fernando Medina Rodríguez diseñó y orquestó el intento de magnicidio. 

 

Un capitán retirado del Ejército colombiano diseñó y ejecutó el atentado del 25 de junio contra el helicóptero que trasladaba al presidente Iván Duque en la ciudad de Cúcuta y el ataque diez días antes con un coche bomba en una brigada militar. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró este jueves que Andrés Fernando Medina Rodríguez, "un capitán pensionado del Ejército Nacional que hace algunos años fue licenciado por sanidad", orquestó los ataques acompañado por disidencias de las FARC.

Medina, a quien tanto la Fiscalía como el ministerio de Defensa consideran el cerebro detrás del intento de magnicidio, es un militar con alta formación y piloto de helicópteros. Se retiró en 2016 tras 12 años en servicio, según medios locales que llevaban algunos días vinculando ese nombre al atentado.

El 25 de junio seis disparos impactaron el helicóptero presidencial en el que viajaban Duque, dos de sus ministros y varios funcionarios regionales que salieron ilesos cuando se aproximaba a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Diez días antes un coche bomba explotó en la sede de la Brigada 30 del Ejército, también en Cúcuta. En el lugar había personal militar de Estados Unidos y 36 personas resultaron heridas. Por ese hecho fueron detenidos diez disidentes de las FARC.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que "este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela". En esa línea denunció que el gobierno de Nicolás Maduro sigue albergando terroristas" que planean ataques contra "la institucionalidad colombiana". El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las palabras de Molano asegurando que se trata de la estrategia elegida por el gobierno de Duque para "tratar de ocultar la tragedia de su país".

22/07/2021

Publicado enColombia