Viernes, 23 Julio 2021 06:08

Un alarido

Un alarido

El escritor cubano Leonardo Padura pidió difundir este texto con su opinión sobre la situación en Cuba a partir de las protestas del domingo 11 de julio: "es el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

 

Parece muy posible que todo lo ocurrido en Cuba a partir del pasado domingo 11 de julio lo hayan alentado un número mayor o menor de personas opuestas al sistema, pagadas incluso algunas de ellas, con intenciones de desestabilizar el país y provocar una situación de caos e inseguridad. También es cierto que luego, como suele suceder en estos eventos, ocurrieron oportunistas y lamentables actos de vandalismo. Pero pienso que ni una ni otra evidencia le quitan un ápice de razón al alarido que hemos escuchado. Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

A ese reclamo desesperado, las autoridades cubanas no deberían responder con las habituales consignas, repetidas durante años, y con las respuestas que esas autoridades quieren escuchar. Ni siquiera con explicaciones, por convincentes y necesarias que sean. Lo que se impone son las soluciones que muchos ciudadanos esperan o reclaman, unos manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su desencanto o inconformidad, muchos contando los pocos y devaluados pesos que tienen en sus empobrecidos bolsillos y muchos, muchos más, haciendo en resignado silencio colas de varias horas bajo el sol o la lluvia, con pandemia incluida, colas en los mercados para comprar alimentos, colas en las farmacias para comprar medicinas, colas para alcanzar el pan nuestro de cada día y para todo lo imaginable y necesario.

Creo que nadie con un mínimo de sentimiento de pertenencia, con un sentido de la soberanía, con una responsabilidad cívica puede querer (ni siquiera creer) que la solución de esos problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera, mucho menos de carácter militar, como han llegado a pedir algunos, y que, también es cierto, representa una amenaza que no deja de ser un escenario posible.

Creo además que cualquier cubano dentro o fuera de la isla sabe que el bloqueo o embargo comercial y financiero estadounidense, como quieran llamarlo, es real y se ha internacionalizado y recrudecido en los últimos años y que es un fardo demasiado pesado para la economía cubana (como lo sería para cualquier otra economía). Los que viven fuera de la isla y hoy mismo quieren ayudar a sus familiares en medio de una situación crítica, han podido comprobar que existe y cuánto existe al verse prácticamente imposibilitados de enviar una remesa a sus allegados, por solo citar una situación que afecta a muchos. Se trata de una vieja política que, por cierto (a veces algunos lo olvidan) prácticamente todo el mundo ha condenado por muchos años en sucesivas asambleas de Naciones Unidas.

Y creo que tampoco nadie puede negar que también se ha desatado una campaña mediática en la que, hasta de las formas más burdas, se han lanzado informaciones falsas que al principio y al final solo sirven para restar credibilidad a sus gestores.

Pero creo, junto con todo lo anterior, que los cubanos necesitan recuperar la esperanza y tener una imagen posible de su futuro. Si se pierde la esperanza se pierde el sentido de cualquier proyecto social humanista. Y la esperanza no se recupera con la fuerza. Se le rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios y los diálogos sociales, que, por no llegar, han causado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias de tantos cubanos y ahora provocaron el grito de desesperación de gentes entre las que seguramente hubo personas pagadas y delincuentes oportunistas, aunque me niego a creer que en mi país, a estas alturas, pueda haber tanta gente, tantas personas nacidas y educadas entre nosotros que se vendan o delincan. Porque si así fuera, sería el resultado de la sociedad que los ha fomentado.

La manera espontánea, sin la atadura a ningún liderazgo, sin recibir nada a cambio ni robar nada en el camino, con que también una cantidad notable de personas se ha manifestado en las calles y en las redes, debe ser una advertencia y pienso que es una muestra alarmante de las distancias que se han abierto entre las esferas políticas dirigentes y la calle (y así lo han reconocido incluso dirigentes cubanos). Y es que solo así se explica que haya ocurrido lo que ha ocurrido, más en un país donde casi todo se sabe cuando quiere saberse, como todos también sabemos.

Para convencer y calmar a esos desesperados el método no puede ser las soluciones de fuerza y oscuridad, como imponer el apagón digital que ha cortado por días las comunicaciones de muchos, pero que sin embargo no ha impedido las conexiones de los que quieren decir algo, a favor o en contra. Mucho menos puede emplearse como argumento de convencimiento la respuesta violenta, en especial contra los no violentos. Y ya se sabe que la violencia puede ser no solo física.

Muchas cosas parecen estar hoy en juego. Quizás incluso si tras la tempestad regresa la calma. Tal vez los extremistas y fundamentalistas no logren imponer sus soluciones extremistas y fundamentalistas, y no se enraíce un peligroso estado de odio que ha ido creciendo en los últimos años.

Pero, en cualquier caso, resulta necesario que lleguen las soluciones, unas respuestas que no solo deberían ser de índole material sino también de carácter político, y así una Cuba inclusiva y mejor pueda atender las razones de este grito de desesperación y extravío de la esperanza que, en silencio pero con fuerza, desde antes del 11 de julio, venían dando muchos de nuestros compatriotas, esos lamentos que no fueron oídos y de cuyas lluvias surgieron estos lodos.

Como cubano que vive en Cuba y trabaja y crea en Cuba, asumo que es mi derecho pensar y opinar sobre el país en que vivo, trabajo y donde creo. Ya sé que en tiempos como este y por intentar decir una opinión, suele suceder que «Siempre se es reaccionario para alguien y rojo para alguien», como alguna vez dijera Claudio Sánchez Albornoz. También asumo ese riesgo, como hombre que pretende ser libre, que espera ser cada vez más libre.

Leonardo Padura

Escritor, periodista y guionista

16 de julio de 2021 21:55h

En Mantilla, 15 de julio de 2021. 

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Fujimorismo: enfermedad infantil del fascismo

A unos días de la proclamación del nuevo presidente de Perú –por primera vez en su historia un auténtico representante de las clases subalternas– hay algunas cuestiones que hay que intentar explicar si no se quiere que se vuelvan misterios.

Antes que todo, cómo es posible que más que 8 millones de electores –o sea casi la mitad de los votantes– hayan votado por una candidata tan desacreditada, tramposa y manifiestamente hambrienta de poder como Keiko Fujimori, cuyo único currículo político es ser la hija de un dictador que está purgando 25 años de cárcel por los graves crímenes que cometió.

A pesar de haber ordenado matanzas de civiles y campesinos, orquestado robos multimillonarios al patrimonio de la nación, reprimido o comprado a la oposición, infiltrado la magistratura, sujetado al ejército, rediseñado las instituciones a su antojo, Alberto Fujimori ha sabido crear una mitología alrededor de sí mismo, sobre todo gracias al trabajo incesante de una prensa mercenaria, que perdura aún hoy.

Esta narrativa chicha (o sea chayotera) celebra la victoria del estado sobre el terrorismo de Sendero Luminoso, el salvamento de la economía, desastrosa en el quinquenio de Alan García, la construcción de grandes obras y el interés hacia el Perú profundo.

Todos estos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos apoyándose en la realidad histórica: la derrota de Sendero Luminoso se debe a la actividad autónoma de la Dirección contra el Terrorismo (Dincote) y no a las directivas de Fujimori; la recuperación de la economía aconteció motu proprio y gracias al FMI luego de que la inflación rebasó 7000 por ciento, o sea los precios se duplicaban cada dos semanas; las grandes obras y las privatizaciones sirvieron sobre todo para enriquecer monstruosamente al dictador y a su círculo íntimo; el interés para las comunidades más remotas se reducía a unas limosnas –mayormente láminas y cemento– con fines ­clientelares.

La sobrevivencia de esta mitología es indicativa de cuánto el monopolio de la información –y a escala nacional 80 por ciento está en manos del Grupo El Comercio– puede dinamitar el pluralismo informativo y envenenar las consciencias. Que estos mismos grupos se yergan en paladines de la libertad de expresión e información a nivel internacional es algo realmente grotesco.

La campaña electoral de Keiko Fujimori, respaldada por la gran prensa y la mayoría de las televisoras, donde han sido invertidas sumas enormes, producto de lavado de dinero sin algún control, ha fracasado por la tercera vez: la primera contra Ollanta Humala en 2011, la segunda en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo irónico de la actual tercera derrota es que ha sido por el mismo, minúsculo porcentaje que la segunda: 0.24 por ciento, lo que ha enfadado la heredera del otrora poderoso shogun, truncando sus aspiraciones ­presidenciales.

La segunda derrota de Keiko, en 2016, le ha costado a Perú cinco años de parálisis política, un constante boicot al Ejecutivo, la remoción de tres presidentes y el descrédito y la extrema impopularidad del Congreso. Sin embargo, todo esto no podría explicarse como la pataleta de una mala perdedora que tiene subyugada la voluntad de la mitad de la nación, si no fuera que la Señora K, como la llamaban en jerga sus financiadores, es una especie de Juana de Arco de los corruptos –políticos y no– , los narcos, los poderes fácticos, los aspirantes golpistas, los mercenarios, lo que aquí se llama la derecha “bruta y achorada”y, last but not least, el gran capital, como se ve, en buena compañía.

Falta también considerar que al menos la mitad de los que han votado por ella –a pesar de saber que es imputada de asociación criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia con un pedido de 30 años de cárcel– lo han hecho "tapándose la nariz", considerándola un mal menor frente al candidato "con olor a pueblo", el maestro rural Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, financiada por sus futuros patrones, ha tenido la última astucia de abrazar el espantapájaros del anticomunismo, muy radicado en un país aún lastimado por las secuelas de una guerra civil, y de explotar los sentimientos racistas que atraviesan la sociedad peruana y determinan la férrea exclusión de la "raza cobriza"de los niveles más altos del poder.

Aun apelando a dos sentimientos negativos muy difundidos, la "eterna perdedora", como ha sido rebautizada por sus desertores, no ha logrado superar el rechazo a su entera dinastía. "¡Fujimori nunca más!" ha sido el grito recurrente en las manifestaciones de noviembre pasado, que en cinco días frustraron el intento golpista de Manuel Merino. Eran sobre todo jóvenes, que se han hecho llamar "la generación del Bicentenario" y que, justo en la conmemoración de los dos siglos de la Independencia, celebrarán la victoria de un verdadero candidato del pueblo, con gran disgusto de la oligarquía.

Sin embargo, la lucha continúa. A pesar de que muchos de los que la apoyaron, a partir del propio Vargas Llosa, se están retirando, Keiko espera apadrinar a los 8 millones de electores anti-Castillo para sacarlo de la presidencia en los próximos meses.

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  La Habana vieja, al anochecer. Joakim Eskildsen

A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por el conflicto entre el empuje de las demandas de apertura y el inmovilismo autoritario de un modelo de partido único

Emilio Santiago Muiño 21/07/2021

Joakim Eskildsen

El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en unas protestas masivas e inéditas en la era revolucionaria, que tuvieron su foco inicial en los municipios de San Antonio de los Baños (Artemisa) y Palma Soriano (Santiago de Cuba) y a las pocas horas se extendieron por La Habana y por el resto del país. El gobierno cubano ha respondido a este estallido social con represión policial y un apagón digital que ha limitado el acceso a internet en la isla. Fuentes gubernamentales reconocen hasta ahora la muerte de una persona,  Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. No hay cifras oficiales de detenidos, y se baraja un arco que comprende entre varios cientos y varios miles de represaliados.

Aunque aún es pronto para aventurar un desenlace, es evidente que las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la historia de la Revolución. El único precedente es el Maleconazo del 5 de agosto de 1994, en el momento más crítico del Período especial.  La crisis migratoria de los balseros fue su consecuencia más visible. Pero toda la batería de reformas que en los últimos treinta años han ido desmontando, con tiras y aflojas y muchas contradicciones, la ortodoxia socioeconómica socialista que la Revolución implementó durante sus primeras tres décadas, son inexplicables sin la señal de ingobernabilidad que enviaron los disturbios de aquel verano del 94.  Hoy Cuba se encuentra en una encrucijada análoga pero con una presión popular mucho mayor. Y menos margen de maniobra para circunscribir las transformaciones necesarias al ámbito de la economía dejando al margen la esfera política.

Entre 2012 y 2014 viví en Cuba nueve meses haciendo el trabajo de campo etnográfico de mi doctorado en Antropología, que versó sobre el proceso de sostenibilidad ecológica forzosa que impuso en la isla el Período especial. En este marco estudié durante seis años su realidad social con cierta profundidad. Durante esta etapa de mi vida hice grandes amigos. Hoy muchos viven en Cuba y otros han emigrado. Aunque mis investigaciones académicas han ido después por otros caminos, gracias a este contacto personal me he mantenido mínimamente al día sobre la realidad cubana y sus transformaciones recientes. Sin duda se me escaparán muchas cuestiones. Pero estas palabras son un intento, con sus limitaciones, de ayudar a clarificar ante la mirada extranjera que hoy está puesta en la isla una situación que no se deja abordar desde aproximaciones dicotómicas y simplistas. Esas que Cuba, como miniatura que concentra todas las tensiones y las pasiones políticas irresueltas del siglo XX, acostumbra a generar en el debate público. No pretendo ser equidistante o imparcial. Soy un ecosocialista que considera que las instituciones democráticas plurales son una conquista irrenunciable para las clases populares, y esto marcará mi análisis. A lo que sí aspiro es a intentar atender a la complejidad social como un prerrequisito sin el cual no se puede ni comprender el curso de los acontecimientos ni intervenir políticamente en ellos.

Tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima y compleja

Estas protestas no pueden coger por sorpresa a nadie que conozca mínimamente la realidad cubana y no esté cegado por sus anteojeras ideológicas. “Si se repiten los años noventa, aquí habrá un estallido social”. Durante mi investigación escuché en boca de muchos científicos sociales cubanos este juicio. Los textos más lúcidos de la crítica social cubana apuntan en esta línea. De lo que se deriva una primera idea básica: tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima, compleja y no se explica solo en términos de golpe blando, como si fuera un producto made in Miami. Tampoco como un efecto exclusivo del bloqueo, del que el gobierno cubano fuera un completo rehén y careciera de responsabilidad o iniciativa. Por supuesto el bloqueo existe, es real, y se trata de una política colonial de tintes genocidas, que siempre debe ser denunciada como condición primera al hablar de Cuba. No se puede relativizar. Su recrudecimiento concreto durante la administración Trump, que Biden no ha dado señales de revertir, ha contribuido a alimentar la difícil coyuntura del 2021. Pero del mismo modo el bloqueo no se puede convertir en una coartada para evitar analizar críticamente el desempeño del gobierno cubano. Por cierto, en la batalla ideológica entre los términos bloqueo y embargo, empleo bloqueo porque así es recogido por las declaraciones oficiales de condena aprobadas recurrentemente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La segunda idea que quiero subrayar es que en el debate sobre Cuba no pueden dar ninguna lección de democracia aquellos que no solo no condenan sino que jalean y celebran al mismo tiempo las masacres represivas que están teniendo lugar ahora mismo en Colombia, o el golpismo en Bolivia o Chile, por circunscribirnos a América Latina. Su interés por la falta de democracia en Cuba no es auténtico sino puramente instrumental: una herramienta propagandística en su guerra global contra el socialismo. Lo que añade un punto de dificultad extra en el posicionamiento de la izquierda internacional sobre Cuba. Con la extrema derecha mundial lanzándose sobre Cuba como hienas con sus hordas de bots y fakenews (la más viral ha sido la foto de las manifestaciones en Egipto como si fuera el Malecón, pero las mentiras propagandísticas que han circulado por las redes estos días se cuentan por decenas) puede parecer sensato cerrar filas con el gobierno cubano. Pero lo que menos necesita el pueblo cubano (y seguramente la revolución, aunque ese es otro debate, y la diferencia es importante) es otro atrincheramiento maniqueo entre revolucionarios-gusanos. Cuba hizo una revolución en 1959 para ser soberana y dejar de ser un país monoexportador de azúcar. Ciertas formas de apoyo incondicional operan rebajándola hoy a ser un país monoexportador de símbolos para consumo de una izquierda atrapada en las nostalgias y los traumas del siglo XX.

La derecha cubana y mundial está tratando de liderar el descontento popular en Cuba. Pero no tiene capacidad para provocarlo. Lo hará si se le regala. Y regalárselo pasa, en primer lugar, por no atender a las motivaciones de la frustración y el malestar de la sociedad cubana. Tanto las inmediatas como las larvadas, acumuladas en una olla a presión desde hace décadas. Unas motivaciones que tienen una dimensión económica muy evidente, pero que ya no se dejan desconectar de una creciente insatisfacción política que reclama derechos y libertades que hoy en Cuba no se cumplen. Por tanto, para entender la explosión social de estos días es preciso abordar el binomio economía-política en sus niveles coyunturales y estructurales.

Coyunturalmente, el pueblo cubano en 2021 está sufriendo un episodio muy dramático de escasez material y una situación pandémica descontrolada, especialmente en algunas provincias (Matanzas). Confluyen aquí, al menos, tres elementos:

- El menor, pero importante, y que se suma a un cúmulo de presiones históricas que genera serios perjuicios a la economía cubana, un endurecimiento del bloqueo por parte de la administración Trump, que ha incidido especialmente en las nuevas limitaciones al envío de remesas. Debe destacarse aquí que la recepción de remesas de cubanos en el extranjero es un pilar estratégico de la economía cubana postsoviética, y estas tienen un papel fundamental tanto en a) el aprovisionamiento de divisas por parte del Estado, en las que descansa el comercio exterior; b) el consumo cotidiano y el mantenimiento del nivel de vida de la parte de la población que las recibe y c) la financiación de los negocios vinculados al trabajo por cuenta propia y los emprendimientos privados.  

- El segundo es la propia pandemia, tanto en su vertiente de drama sanitario como de shock económico. Si bien Cuba ha tenido un éxito sobresaliente en el desarrollo de su propia vacuna, su sistema médico está casi colapsado ante la falta de insumos esenciales que normalmente eran importados. En este punto cabe destacar el modo en que la covid ha afectado al encarecimiento de muchas otras importaciones, como las alimentarias, y especialmente el frenazo que ha supuesto al turismo internacional, que es una de las vías cardinales de enganche competitivo de Cuba con el mercado mundial.

- La llamada “Tarea Ordenamiento”, esto es el fin del sistema de doble moneda. Este es un asunto técnicamente muy complejo que no se deja abordar bien en formatos de opinión o divulgativos como este texto. Intento decir algo al respecto. Desde los años noventa, en Cuba rige una dualidad monetaria: la moneda nacional (el peso cubano o CUP), que solo intermedia en la economía interna y con el que se pagan la mayoría de los salarios, y una divisa funcional en el mercado internacional, que inicialmente fue el dólar y luego el peso convertible o CUC, con un tipo de cambio equiparable al dólar en 1-1. Esta divisa circula por la isla por vía remesas, consumos turísticos y también en forma de complementos salariales en algunas empresas estratégicas. El Estado la recauda, entre otros dispositivos, a través de tiendas de recuperación de divisas donde ofrece productos de importación gravados con un fuerte impuesto.

Esta política fue imprescindible en la crisis de los años noventa como un colchón para combatir la devaluación salvaje del peso cubano y el proceso hiperinflacionario que se desató en aquel momento. La dualidad monetaria fue como un airbag que amortiguó el choque con el mercado mundial. Y permitió al Estado absorber la circulación de divisas que ya se producía de facto, y ejercer una suerte de racionamiento de las mismas, que fue imprescindible para estabilizar el tipo de cambio. De este modo Cuba pudo volver a importar y exportar en un marco de relaciones de intercambio previsibles, y así empezar a reordenar todo su entramado de comercio internacional, que había estallado con la caída del campo socialista.

Pero la dualidad monetaria tuvo muchas consecuencias negativas, reconocidas por el propio gobierno cubano. La desigualdad social (luego abordaré este tema) es una de ellas. Pero casi tan dañino ha sido la generación de una estructura de incentivos laborales perversa: la mano de obra altamente cualificada que ha generado la revolución (y que es uno de sus logros históricos más notables) ha ido desplazándose desde los puestos de trabajo público de perfil técnico, actualmente muy mal pagados en moneda nacional, a los empleos vinculados con la recepción de pesos convertibles, como pudieran ser los turísticos. Quien haya visitado La Habana tendrá su propia anécdota que ilustra este proceso tan problemático para la economía cubana, habiendo conocido a ingenieros o arquitectas trabajando como chóferes de bicitaxis o haciendo de guías turísticos.

Pero además la dualidad monetaria ha sido una política altamente impopular, por ser autoritaria, intrincada y por representar de un modo muy gráfico la normalización de una desigualdad que rompía de hecho las bases del “contrato social” establecido en 1959. Aunque las brechas sociales que se están abriendo en Cuba no se explican solo por la doble moneda, para la mayoría de los cubanos este ha sido el símbolo que las concentra y las resume. Por todo ello el gobierno llevaba muchos años (desde el 2013) preparando la transición hacia la unificación monetaria. En esta hoja de ruta, el 1 de enero de 2021 debía ser el principio del fin del sistema CUC-CUP. Economistas cubanos me decían durante mi investigación que desarmar este sistema de doble moneda sería como desactivar una bomba. Siguiendo con esta metáfora, la coincidencia de esta reforma con la crisis del covid ha sido como haber cortado el cable equivocado. Sin duda, precipitar esta reforma en el contexto pandémico se entenderá con el tiempo como uno de los errores económicos más graves de la trayectoria de un gobierno revolucionario que no ha cometido pocos.

El resultado de esta triple conjunción (bloqueo recrudecido, pandemia global, fin de la dualidad monetaria) ha sido una crisis en la balanza de pagos de la economía cubana, que ha dado lugar a un proceso inflacionario durísimo que afecta la vida cotidiana de grandes masas de población. Este ha golpeado además en un contexto de progresivos pero sustanciales recortes sociales (eliminación de subsidios y gratuidades) dentro una línea de reformas promercado que necesariamente, a pesar de la retórica del gobierno (“nadie quedará desamparado”), ha generado más perdedores que ganadores, aunque esto supuestamente debía irse compensando con el tiempo.

Analizar la dimensión económica en las causas inmediatas del estallido social es necesario para entender su masividad, completamente inédita. Pero no agotan el fenómeno. A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por un conflicto generacional entre el empuje de las demandas de apertura política de los sectores más jóvenes (muy plurales, muchas de ellas de izquierdas, con algunas victorias importantes como es el caso de las reivindicaciones del colectivo LGTBI-) y el inmovilismo autoritario de un modelo leninista de partido único. La Cuba que yo conocí personalmente (2012-2014) era ya una Cuba partida en dos entre la esclerosis ideológica de la oficialidad y el dinamismo e inteligencia colectiva desplegada por colectivos disidentes que, si bien eran pequeños en número, estaban ejerciendo de facto el liderazgo cultural de las fuerzas vivas de la sociedad cubana. Contra toda simplificación maniquea, muchas de estas iniciativas críticas compartían y comparten el ideario socialista, como pudieran ser los colectivos agrupados alrededor del Observatorio Crítico, el Taller Libertario Alfredo López o muchos intelectuales que escriben en webs como Havana Times o La Joven Cuba. Este divorcio entre el país oficial y el real ha ido a más a través de una proliferación polifónica de voces críticas que han empezado a articularse entre sí a través de las posibilidades que ha ofrecido la conectividad a internet que ha ido creciendo en la isla. Y lo ha hecho sin que el sistema político haya sabido-querido incorporar y atender a esta creciente complejidad política nacida de su base poblacional más joven.

En fechas recientes, todo lo acontecido alrededor del Movimiento San Isidro, organizado para reclamar la libertad de artistas y raperos disidentes, o la ocupación el pasado 27 de noviembre del Ministerio de Cultura por 300 manifestantes que exigían el fin de la censura, han sido la eclosión visible de más de una década oposición al régimen incubada a fuego lento. Una oposición cuya primera característica es su extrema diversidad, englobando desde posiciones derechistas y liberales que reciben fondos de USAID y persiguen un cambio de régimen, hasta anticapitalistas, anarquistas, socialdemócratas o feministas, cuyos reclamos tienden a apuntar hacia alguna forma de reinvención del proyecto revolucionario en términos de socialismo democrático. Este es el magma ideológico complejo que hoy se  disputa el liderazgo político del estallido de descontento social. Y sin su progresiva agitación durante años en forma de luchas pro-democracia, enunciadas desde coordenadas, compromisos ideológicos y formas de entender lo democrático muy distintas, no se podría entender el perfil explícitamente político que ha adquirido la revuelta popular.

Pero ambas dimensiones (la económica y la política) no se circunscriben a la coyuntura inmediata provocada por la covid o el fin de la dualidad monetaria. Ambas hunden sus raíces en procesos históricos de onda larga, de mayor calado estructural, que exigen una aproximación mínima para poder hacerse una idea de conjunto sobre lo que está pasando en Cuba y cuáles pueden ser sus posibles desenlaces. En la segunda parte de este texto intentaré abordar este nivel de análisis de mayor profundidad temporal.

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 Una persona posa junto a una pancarta del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, en Lima. — Paolo Aguilar / EFE

Impugnaciones, denuncias de fraude sin pruebas, manifestaciones, amenazas, insultos, acoso, violencia contra funcionarios, periodistas y críticos. Así ha sido, y seguirá siendo, la guerra sucia del fujimorismo contra el recién proclamado presidente de Perú. El maestro rural de izquierdas tomará posesión el 28 de julio.

 

"Iremos a Palacio con el voto popular. Quiero que quede bien claro, que me escuche el señor Castillo, el señor Cerrón y el señor Sagasti. ¡Este partido recién empieza!". La voz de Keiko Fujimori retumbaba a través del sistema de sonido frente a algunos cientos de personas y dejaba claro que no aceptaba la derrota. La hija del dictador Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado por corrupción y violaciones de los derechos humanos, se dirigía así en el centro de Lima a sus seguidores el 10 de julio, más de un mes después de que tuviera lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y con el conteo oficial de votos concluido: el ganador era su contrincante, Pedro Castillo.

Solo el lawfare al que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, sometió a los organismos electorales, con petición de nulidades e impugnaciones de los votos –ninguna de las cuales prosperó– y acusaciones de fraude –sobre las que no presentó una sola prueba irrefutable–, pospuso la proclamación de Castillo más de lo debido, hasta este martes. Pero, en su realidad paralela, la candidata seguía comportándose como si aún estuviera en campaña y fuera posible su victoria.

"¡Vamos a defender la democracia en el Perú!", "¿Se van a rendir?", gritaba o preguntaba alternativamente a sus seguidores en aquella y otras movilizaciones. Mientras Keiko seguía con el micrófono en la mano, sus operadores políticos trabajaban contrarreloj para ensuciar –o evitar– la más que segura proclamación de Castillo. Recordemos que, tras conocerse los primeros resultados del conteo rápido, Keiko salió ya salió a denunciar irregularidades.

En ese escenario, Fujimori se remitió al manual de Goebbels y a su principio del método de contagio y reunió a varios adversarios en uno solo: Pedro Castillo, Vladimir Cerrón (el polémico líder del partido Perú Libre) y el presidente saliente,  Francisco Sagasti, tenían que convertirse, ante su público, en una suma, en un solo villano que representara el "fraude", el "comunismo" o la "dictadura", según fuera el caso.

Mientras tanto, en otro mundo paralelo al juego sucio del fujimorismo, ese mismo 10 julio, el Ministerio de Salud confirmaba que 194.249 peruanos habían fallecido de covid. Este país ha sido uno de los más afectados por la pandemia en el mundo.

El fujimorismo y sus malas artes

"La defensa de la democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza". Como si fuera un déjà vu de junio de 2016, cuando también perdió la carrera presidencial, esta nueva frase de Fujimori recordó al momento en el que una altiva Keiko aseguraba, de la boca para afuera, que aceptaba los resultados "democráticamente", pero mostraba una simbología opuesta: ella, de pie, con sus 73 congresistas detrás, mostrando al entonces presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, el poder que lo amenazaría desde ese mismo momento. "Esta defensa recién empieza" volvió a decir hace dos días, horas antes de la proclamación de Castillo, con una actitud de perdedora hostil.

Desde aquella declaración, hace ahora cinco años, Perú "pagó" no haber elegido presidenta a Keiko Fujimori con la mayor inestabilidad política de las dos últimas décadas. ¿Cómo le mostró su poder a PPK?: humilló y censuró ministros, obstruyó con alevosía las propuestas del Ejecutivo desde el Congreso y terminó sacándole del poder pese a que había ganado en las urnas. En 2016, el fujimorismo había obtenido la mayoría de los asientos en el Congreso.

El primero que derrotó a Keiko fue Ollanta Humala, en 2011. Curiosamente, los tres (Humala y Kuczynski –PPK–) comparten un rasgo común: enfrentan procesos judiciales por sus vínculos con Odebrecht, la constructora brasileña que pagó coimas a diestro y siniestro en Latinoamérica (también Keiko Fujimori está acusada de corrupción y se encuentra en libertad provisional). Pero la crisis de los últimos años queda latente en que, desde 2016, en Perú han juramentado cinco presidentes (PPK, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino y Francisco Sagasti), aunque solo los dos primeros y el último han sido considerados oficialmente jefes de Estado. Y, para colmo, llegó la covid y las protestas sociales, todo junto. Nadie sabe qué le espera a Perú en esta nueva revancha fujimorista.

La semana pasada, mientras Pedro Castillo seguía esperando que se hiciera oficial su victoria para iniciar la transición con el gobierno de Sagasti, el abogado de Fuerza Popular Julio César Castiglioni aseguró a la emisora RPP que tenía derecho a "seguir apelando", a pesar de que el número de votos en las actas impugnadas no fuera a cambiar los resultados finales. Preguntado sobre el perjuicio y la demora que eso estaba causando en la transición entre las distintas carteras ministeriales, Castiglioni respondió: "No es mi tema". La lectura que hicieron millones de peruanos fue que la grave crisis económica, la mortal pandemia y el proceso de vacunación no era, para el fujimorismo, "su tema".

Regresando al pasado siempre se encuentran paralelismos: En 2017, la excongresista fujimorista Yesenia Ponce aseguró que Keiko le había dicho, sobre la postergación de un proyecto de irrigación que beneficiaría a miles de pobladores de Ancash: "No me importa si se perjudican diez mil, cien mil personas, si favorece al Ejecutivo no va". Para el psicoanalista Jorge Bruce, la frase "No es mi tema" ha ingresado "sin lentitudes burocráticas a la historia universal de la infamia".

El acoso de los violentos

Como parte de su campaña por el "fraude", la candidata fujimorista y sus aliados organizaron diversas manifestaciones en el centro de Lima. La del miércoles 14 de julio mostró la peor cara de los grupos violentos que apoyan a Fuerza Popular y manejan su misma retórica. Los miembros de una de esas organizaciones ultraderechistas, que se hace llamar ‘La Resistencia’, realizan el saludo fascista, difunden fake news y atacan a fiscales, periodistas o funcionarios que consideran "enemigos", "caviares" o "comunistas" –aunque no lo sean– desde hace meses. Esta vez, las víctimas fueron tres periodistas, incluso de canales que le han otorgado una generosa cobertura a cada movimiento o declaración de Fujimori.

Ante la llegada de la policía montada al lugar de los disturbios, los grupos profujimoristas llegaron al extremo de azuzar para que se matara a los caballos. Otros grupos violentos intentaron acceder a la Plaza de Armas de Lima e, incluso, llegar hasta la sede de Gobierno. El objetivo, según el periodista Marco Sifuentes, era "tomar Palacio", en un intento de imitar a los seguidores de Donald Trump que tomaron el Capitolio de EEUU en enero pasado, cuando también alegaron, sin pruebas, un fraude contra el candidato republicano.

En el momento más tenso de la jornada del miércoles 14 de julio, los vehículos oficiales en los que viajaban, por un lado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte y, por otro, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, fueron atacados por una turba con palos y piedras, y retenidos en una avenida por varios minutos. La noche del jueves 15, una cuenta de Twitter asociada a esos grupos radicales, "La resistencia Reporteros", publicó un video de una nueva escena de acoso contra el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, esta vez en la puerta de su domicilio. Unas 80 personas se plantaron allí a gritarle durante más de dos horas. Los insultos, que incluían ofensas contra su madre, iban desde "ladrón" hasta "terrorista".

El presidente saliente, Francisco Sagasti, condenó los ataques y anunció medidas. Justo acababa de rechazar intervenir en el pedido de convocar a una "auditoría internacional", tal y como le exigía el fujimorismo. "Estaría violando la Constitución (...), pedir una intervención de esta naturaleza no tiene ningún sentido", afirmó. Desde ese día, troles fujimoristas crean hashtags diarios en redes sociales atacando a Sagasti con términos como "genocida", a pesar de que cumplió una de sus misiones más importantes: cerrar contratos por más de 98 millones de vacunas hasta enero del 2022.

Si bien Keiko Fujimori rechazó los actos de violencia a través de un tuit, las reacciones a su pronunciamiento fueron, en su mayoría, negativas. Hay abundante material fotográfico que prueba la cercanía de ‘La Resistencia’ con el fujimorismo –además de con Renovación Popular, partido del ultraderechista Rafael López Aliaga– y, en sus arrebatos de violencia, el grupo maneja el mismo discurso de la candidata, con el "fraude", el "comunismo" y el "terruqueo" como mantras.

La Fiscalía ha anunciado que les abrirá investigación a los responsables de los ataques. Audios, afiches y cuentas de Twitter y Facebook llamando a la violencia prueban que se trató de una estrategia coordinada.

¿Qué le espera a Perú?

El viernes 16, fujimoristas y aliados dieron un manotazo de ahogado –y es de esperar que no sea el último–, al presentar en los instantes finales del plazo legal nuevas apelaciones para seguir postergando la proclamación de Castillo. El pasado lunes, a primera hora de la mañana, todas las solicitudes fujimoristas habían sido declaradas improcedentes de forma unánime por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras la proclamación, sus seguidores viralizaron el hashtag #CastilloPresidenteIlegitimo, a pesar de que la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y mandatarios de diversos países ya habían saludado la elección democrática del profesor de Cajamarca.

Tras las falsas denuncias de fraude, impugnaciones y otras argucias legales que incluyeron un gasto millonario, Keiko solo logró variar 205 votos en su diferencia con Castillo. Curiosamente –y según ha contado el programa independiente La Encerrona, del periodista Marco Sifuentes–, estos fueron 205 votos más, pero para él. Su ventaja ascendió, finalmente, a 44.263 votos sobre Fujimori. En definitiva, Fuerza Popular presentó más de 1.300 recursos legales y gastó  en ello alrededor de un millón de soles (más de 200.000 euros), según medio digital independiente Ojo Público.

Sin precedentes en la historia de Perú, ahora el presidente electo sólo tiene una semana –hasta el 28 de julio– para realizar la transición en los distintos departamentos y ministerios.

El capítulo de esta historia que acaba de concluir se llamaba suspenso. El que comienza hoy, con Castillo al mando, se llama incertidumbre. Y así entra Perú en una nueva era marcada por el bicentenario de la independencia, que se celebrará el mismo día en que Castillo será investido presidente

Lima

21/07/2021 22:12 Actualizado: 22/07/2021 10:03

Ricardo Hinojosa Lizárraga@
santoschilcano

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Perú: danza de nombres para el gabinete de Pedro Castillo

El presidente electo convocó a técnicos de todos los espacios sociales a formar parte de su gobierno

El maestro rural y sindicalista pasó la mayor parte de su primer día como presidente electo armando su gabinete ministerial.

 

 “La responsabilidad no es solo del gobierno, es de todos los peruanos”, dijo este martes el profesor Pedro Castillo en sus primeras declaraciones a la prensa luego de su proclamación como presidente electo en la noche del lunes. Pidió “tranquilidad” al “pueblo peruano” y “a los empresarios”. “Estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos y a las personas más comprometidas con el país. Estamos estructurando un equipo de trabajo. Todos los espacios sociales son bienvenidos, todos van a tener oportunidad”, señaló el presidente electo en breves declaraciones a la prensa. Destacó que en medio de la pandemia que tiene al Perú como el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo lo “más importante” es la salud. El maestro rural y sindicalista que la próxima semana asumirá la presidencia del país pasó la mayor parte de su primer día como presidente electo reunido con sus principales colaboradores terminando de armar su gabinete ministerial. Tuvo una reunión en el sindicato de trabajadores mineros.

Los reclamos sin fundamento de la derrotada Keiko Fujimori para buscar anular votos de Castillo para intentar voltear el resultado electoral fracasaron, pero han demorado semanas la proclamación del presidente electo, lo que afecta seriamente el proceso de transferencia de gobierno, que usualmente toma un mes o más y que en esta ocasión apenas tendrá ocho días. Esto complicará los inicios del nuevo gobierno. El presidente Francisco Sagasti llamó por teléfono a Castillo para felicitarlo e invitarlo a Palacio de Gobierno para ver los temas relacionados a la transferencia. “Tuvimos un diálogo muy cordial”, reveló Sagasti.

Desafíos

Castillo deberá enfrentar un escenario complicado. Asumirá en medio de una masiva campaña de la derecha para desacreditarlo y buscar restarle legitimidad a su triunfo. Deberá enfrentar las maniobras desestabilizadoras del fujimorismo y de sus aliados de la extrema derecha, que estas últimas semanas han venido buscando un golpe para evitar que asuma la presidencia. Quedan pocas dudas que la estrategia de esa derecha será boicotear al nuevo gobierno de izquierda para buscar su caída.

El primer reto de Castillo será hacerle frente a esas maniobras desestabilizadoras y golpistas y darle estabilidad a su gobierno. Algo que deberá hacer con un Congreso en el que no tiene mayoría y con una prensa hostil. Sus otros grandes retos para el inicio de su gestión serán la vacunación contra el coronavirus, que ya ha tomado buen ritmo, enfrentar una posible nueva ola de la pandemia con un sistema de salud precario que tendrá que mejorar aceleradamente y trabajar por una reactivación económica y la recuperación del empleo, muy afectados por la pandemia. Satisfacer las demandas de cambio y mejora de los sectores populares debe ser la principal tarea de su gobierno. Salud, educación y agricultura serán los sectores priorizados por su gestión, según ha anunciado Castillo.

Han circulado varios nombres para la jefatura del gabinete ministerial, entre ellos el de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo. Quién ocupará este cargo sigue siendo una incógnita en medio del hermetismo sobre el tema en el equipo de Castillo.

Economía

Para el Ministerio de Economía se vocea como la primera opción al economista Pedro Francke, quien fue jefe del equipo económico de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, de la coalición progresista Juntos por el Perú. Francke se incorporó como asesor de Castillo para la segunda vuelta de las elecciones luego de un pacto entre Juntos por el Perú y Perú Libre, el partido por el que postuló Castillo. En estas últimas semanas se ha convertido en una de las personas más cercanas al presidente electo y ha venido reuniéndose con empresarios y representantes de organismos financieros. Ha descartado  estatizaciones, y ha anunciado que se renegociará con las transnacionales mineras para un aumento de impuestos.

Salud

Otra de las personas muy cercanas a Castillo en estas últimas semanas es el médico y excongresista Hernando Cevallos, considerado casi seguro próximo ministro de Salud, cargo clave en esta coyuntura. Cevallos, quien fue elegido legislador en 2016 por el izquierdista Frente Amplio, ha trabajo en la salud pública y ha sido dirigente sindical. Ha señalado que la prioridad del nuevo gobierno debe ser aumentar la inversión en salud y asegurar la vacunación de toda la población para fin de año.

Educación y diplomacia

En el Ministerio de Educación, un sector de especial interés para el profesor Castillo, asumiría el reconocido maestro Juan Cadillo, profesor, como Castillo, de una pequeña escuela primaria pública del interior del país. Por su labor docente, Cadillo ha recibido premios a nivel nacional e internacional. En 2017 fue elegido como uno de los 50 mejores profesores del mundo por The Global Teacher Prize.

Para Relaciones Exteriores suenan los nombres de los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth. Rodríguez Cuadros fue canciller en el gobierno de Alejandro Toledo. Forsyth fue hasta hace unas semanas embajador en Japón, antes lo fue en Estados Unidos. Es padre del excandidato presidencial George Forsyth, un exfutbolista que postuló en estas últimas elecciones al frente de una agrupación de centroderecha. Para el gobierno de Castillo la prioridad en la política exterior será la apuesta por la integración latinoamericana.

Por Carlos Noriega

20/07/2021

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El presidente electo Pedro Castillo junto a su vice Dina Boluarte.. Imagen: EFE

Después de una demora de 6 semanas marcadas por la tensión y las amenazas golpistas, el maestro y sindicalista de izquierda fue proclamado oficialmente presidente. Una victoria de los sectores populares y excluidos que respaldaron su llamado a cambiar el modelo económico neoliberal.

 

Fue una larga espera, marcada por tensiones y amenazas golpistas. El profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo ya es oficialmente presidente electo del Perú. Después de seis semanas, algo sin precedentes, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó la noche del lunes a Castillo como el ganador de las elecciones del 6 de junio. Una proclamación histórica. El triunfo de Castillo, un maestro y campesino que viene de una empobrecida zona andina y que asumirá la presidencia este 28 de julio, es la victoria de los sectores populares, de las poblaciones marginadas, de las olvidadas zonas rurales, de los históricamente excluidos, que en esta victoria electoral encuentran una reivindicación en el año del Bicentenario de la Independencia del país. Es también el triunfo del cambio, de una propuesta que ha ganado pidiendo el respaldo de la población para cambiar el modelo económico neoliberal que impera hace más de tres décadas en el país. A tono con estos tiempos de pandemia, la sesión de proclamación de Castillo como presidente electo fue virtual. El próximo presidente recibió su proclamación conectado por internet desde su local partidario, en el centro de Lima. En las afuera del local, una multitud celebraba el momento de triunfo. “Sí, se pudo”, comenzaron a corear apenas fue oficialmente proclamado como presidente electo.

Minutos después de su proclamación, Castillo apareció en el balcón del segundo puso de la vieja casona del centro de Lima donde funciona el local del partido Perú Libre, que lo ha llevado a la presidencia. Lo hizo acompañado por su vicepresidenta, Dina Boluarte. “Muchas gracias compañeros y hermanos, muchas gracias a todos los peruanos”, fueron sus primeras palabras. La multitud vitoreaba. Como en todas sus presentaciones públicas, llevaba el sombrero blanco de ala ancha típico de los hombres del campo de Cajamarca, la zona andina de la que es oriundo y donde ha vivido y trabajado como maestro y campesino en su chacra, hasta que se metió a la campaña electoral que lo ha llevado a la presidencia. Cuando hace unos meses comenzó la campaña nadie lo tomaba en cuenta. Fue la gran sorpresa. Ahora es el primer presidente del Perú de un partido de izquierda. En su pequeño pueblo natal la población tomó las calles coreando “Pedro, presidente”. Las celebraciones se repitieron en todo el país.

Como en otras ocasiones en estas últimas semanas, quien en unos días se convertirá en presidente del país hizo un llamado a la unidad. Un llamado hecho cuando desde la derecha se busca dividir al país, enfrentarlo, con llamados golpistas a no reconocer la legitimidad del nuevo presidente. “Llamo a la más amplia unidad para abrir las puertas del próximo Bicentenario. Traigo el corazón abierto para todos, aquí en este pecho no hay rencor. Compañeros y hermanos, primero está el Perú”, señaló Castillo durante su breve discurso de victoria. “Invoco a los contendores políticos a acercarnos. Invoco a la lideresa de Fuerza Popular, a la señora Fujimori, que no pongamos más barreras en esta travesía, no pongamos más obstáculos para sacar adelante este país”.

Castillo dijo que había sido “una lucha de muchos años” para llegar a la victoria popular celebrada este lunes. Prometió “un gobierno de todas las sangres, sin discriminación alguna, donde nadie se quede atrás”. Tuvo palabras de apoyo y reconocimiento para las poblaciones indígenas, para “los hombres y mujeres del Perú profundo”, a quienes les aseguró que gobernaría para defender sus derechos. Él mismo viene de ese Perú profundo. “Así como nosotros confiamos en ustedes, pido la lealtad de este pueblo con nosotros, pido el esfuerzo y el sacrificio, que compartiremos juntos en este esfuerzo para hacer un Perú más justo, más digno y más unido”, exclamó. Quienes lo escuchaban estallaron en aplausos y gritos de victoria. Entre ellos, muchos eran pobladores del interior del país, de zonas rurales, que viajaron a Lima para defender la victoria de Castillo que la derecha intentó arrebatarle con maniobras para quitarle votos, con reclamos sin fundamento de un supuesto fraude. El presidente electo reconoció ese respaldo. “Ustedes han hecho el esfuerzo de estar aquí, muchas gracias por esta gesta, por esta lucha. Gracias a todos los que han luchado las 24 horas del día, hombres y mujeres del último rincón de la patria, pueblos indígenas. Vamos a trabajar juntos”. La multitud comenzó a corear: “Vamos pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo”.

“Rechazamos cualquier cosa que vaya en contra de la democracia. No vamos a permitir que se robe un centavo al pueblo peruano. Ratificamos nuestro compromiso, luchar contra la corrupción y los grandes males de país”, fueron las palabras con las que cerró su discurso de victoria ante una entusiasmada multitud que, por fin, pudo celebrar. Fue una noche de júbilo y de desahogo, de un festejo contenido por semanas por los intentos de la derecha de cambiar el resultado electoral, lo que demoró la proclamación. Castillo ofreció que su gobierno dará estabilidad jurídica y económica.

Castillo ganó con el 50,12 por ciento, algo más de 44 mil votos que la derechista Keiko Fujimori. La hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori no reconoció su derrota, la tercera consecutiva en una elección presidencial, y maniobró para anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo obtuvo un masivo respaldo, alegando un inexistente fraude en esos lugares. Todos sus reclamos fueron rechazados por falta de sustento. Eso demoró la proclamación de Castillo. Castillo ha insistido en sus llamados a la unidad, pero su gobierno deberá enfrentar a una derecha que ha hecho llamados a un golpe para evitar que asuma como presidente y sin argumentos niega la legitimidad de su triunfo y anuncia acciones desestabilizadoras contra su gobierno.

Horas antes de la proclamación de Castillo, Keiko Fujimori dio un mensaje que fue una declaración de guerra. Contradictoria, dijo que reconocería el resultado electoral que ha dado como ganador a Castillo, pero señaló que el gobierno del sindicalista de izquierda sería “ilegítimo”. Llamó a sus seguidores a movilizarse en contra del nuevo gobierno.

Minutos después de oficializada su proclamación como presidente electo, Castillo comenzó a recibir felicitaciones de presidentes y personalidades de todo el mundo. “Todas nuestras felicitaciones a Pedro Castillo, quien finalmente fue proclamado hoy presidente del Perú. Le deseamos mucho éxito en su gestión y enviamos un fuerte abrazo al querido pueblo peruano”, fue el mensaje enviado por la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. 

Por Carlos Noriega

20 de julio de 2021

Desde Lima

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Foto de archivo del primer ministro interino de Haití, Claude Joseph / Efe

El grupo de contacto liderado por Estados Unidos le quitó el apoyo este sábado al primer ministro de Haití, Claude Joseph, al que había apoyado en primera instancia tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. Joseph anunció este lunes que renunciaría a su cargo, dejando ese puesto a Ariel Henry, que tiene el visto bueno del imperialismo.

 

Si quedaban dudas sobre el nivel de injerencia imperialista en la política interna de Haití, al anuncio este lunes de la renuncia como primer ministro por parte de Claude Joseph, las despejan por completo.

En medio de una fuerte disputa por el liderazgo en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, el pasado 7 de julio, Claude Joseph se había proclamado primer ministro interino, teniendo en ese momento el respaldo de Estados Unidos.

Sin embargo, la situación cambió este fin de semana cuando el grupo de contacto (Core Group) liderado por Estados Unidos y conformado por varios países le restó apoyo a Joseph forzando su renuncia para entregar el poder al Ariel Henry, que había sido indicado por Moise como primer ministro antes de su asesinato, aunque nunca había sido oficializado.

El pasado sábado Henry recibió el respaldo expreso de Naciones Unidas, la OEA y de un grupo de potencias extranjeras para formar Gobierno. El grupo de los seis embajadores que forman el Core Group (Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Alemania y Canadá) decidieron el sábado quién debe encabezar y cómo debe ser el nuevo gobierno de Haití.

Tras la decisión el "traspaso de poder" tendrá lugar este martes y está previsto que Claude Joseph permanezca en el nuevo Gobierno liderado por Henry, en el cargo de ministro de Exteriores.

Estallidos sociales, fragmentación política y lucha por el poder

Al margen de la brutalidad con la que queda expuesta esta injerencia sobre Haití, Estados Unidos también busca evitar nuevos levantamientos sociales en una región cruzada por las revueltas y estallidos en medio de la crisis económica, social y sanitaria agudizada por la pandemia.

Haití ya viene de protagonizar muchos de estos estallidos, el último y más importante de ellos en febrero de este año cuando Moise se negó a renunciar al cargo a pesar de que amplios sectores de la oposición consideraban que su mandato había finalizado.

Ante este escenario, con la posibilidad de nuevos estallidos latentes y con una casta política fragmentada, la injerencia imperialista pretende una solución de "consenso", como quedó plasmado en el comunicado emitido tras la reunión de embajadores del sábado. Allí el grupo pidió la formación de "un Gobierno de consenso e inclusivo" y animó "encarecidamente" a Henry a continuar con "la misión que se le ha encomendado para formar dicho Gobierno".

Esa empresa, sin embargo, no parece sencilla de cumplir. Los principales referentes de la oposición y organizaciones sociales criticaron el respaldo de estos países a Henry e insistieron con un nuevo gobierno interino desvinculado de los partidos políticos tradicionales de Haití. También señalaron que no reconocerían como líder interino a nadie que hubiera sido nombrado por Moïse, como es el caso de Henry.

Por su parte la mayoría de los únicos 10 senadores que habían quedado en su cargo tras el cierre del parlamento propiciado por Moise en 2020, también rechazaron el acuerdo entre Claude Joseph y Ariel Henry y votaron a su propio candidato. Propusieron a Joseph Lambert, actual jede del Senado, como presidente interino del país. Aunque Lambert no pronunció palabra, y de hecho es rechazado por Estados Unidos, la propuesta del Senado muestra la fragmentación política y las luchas por el poder.

La muerte de Moise planteó un problema sucesorio, puesto que al haber ocurrido cerca del final de su mandato, la Constitución prevé que el Parlamento debe elegir un jefe de Estado interino para terminar el periodo presidencial. Esto fue imposible por el golpe que Moise le dio al parlamento al cerrarlo virtualmente en 2020. Por su parte el presidente de la Corte Suprema que podría haber sido otra de las figuras en la línea sucesoria falleció recientemente por Covid.

La trama oscura del asesinato de Moise

A esta injerencia directa sobre la sucesión de Moise, se suma el aún oscuro episodio en el que ocurrió el asesinato del exmandatario. Por este hecho se detuvo a al menos 26 exmilitares colombianos, todos ellos formados por Estados Unidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos con lazos con la agencia de drogas, DEA.

La investigación llevada a cabo con la "ayuda" de Estados Unidos tiene como principal hipótesis una trama bastante extraña que vincula a un médico y pastor de 63 años, un vendedor de equipos de seguridad y un agente hipotecario y de seguros en Florida. Ninguno de ellos con capacidad ni contactos para realizar semejante operación por su cuenta ni menos aún para hacerse del poder en Haití. En medio de ella, sin embargo, aparece el nombre de Antonio Intriago, propietario de la empresa privada de seguridad y equipamiento que contrató a los antiguos comandos colombianos y los llevó a Haití.

Intriago sería socio de Alfred Santamaría, excandidato por la alcaldía de Miami Dade y que fue apoyado en su momento por el presidente Colombiano Iván Duque.

Si bien, esto no explica que Duque esté involucrado directamente, si muestra el grado de connivencia entre la política y el paramilitarismo, con el respaldo estadounidense, que durante años fue moneda corriente en Colombia y que, ahora, puede estar actuando "libremente y a demanda" en otros países.

Puede que este entramado y la participación de diferentes autores haga que la investigación sobre el asesinato de Moise termine quedando en el olvido, mientras negocian un nuevo gobierno para la isla.

Esta nueva injerencia directa de Estados Unidos y otras potencias, respaldada por la golpista OEA y por la ONU, responsable de la misión humanitaria que fue denunciada por violaciones, asesinatos y torturas, no puede más que traer más miseria y frustración al pueblo haitiano. Estados Unidos es responsable mediante la intervención militar y política directa e indirecta de la degradación de las condiciones sociales, económicas y políticas en la isla. Este hecho no es más que un nuevo episodio de esa intervención imperialista.

Juan Andrés Gallardo@juanagallardo1

Lunes 19 de julio

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Lunes, 19 Julio 2021 05:56

Claroscuros

El jefe del Estado Mayor, general Mark Milley, preparó con otros comandantes un plan para evitar que Donald Trump intentara un golpe de Estado tras perder la relección, según el nuevo libro I alone can fix it escrito por dos periodistas del Washington Post.Foto Ap

Se calcula que hasta 40 mil niños indígenas murieron en los internados estadunidenses como resultado de maltrato, pero el gobierno federal dice que no sabe cuántos asistieron a las escuelas, cuántos murieron o se extraviaron, ni cuántas escuelas existieron, reportó Reuters. Se sabe que existen por lo menos 73 planteles de ese tipo para indígenas americanos, de un total de más de 500. La nueva secretaria del Interior, Deb Haaland, primera indígena en un gabinete, declaró el mes pasado que el gobierno investigará por primera vez la historia de los internados para indígenas y buscará los restos de los alumnos que murieron en ellas. Esa historia oscura poco documentada empezó en 1819 con el gobierno estadunidense removiendo a la fuerza a niños indígenas de sus tribus para enviarlos a esas escuelas; hasta la fecha no se sabe el paradero de decenas de miles de ellos.

Las separaciones forzadas de niños de familias migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump comenzaron casi un año antes de lo que se ha reportado, publica el Washington Post. Entre julio y diciembre de 2017, fueron separadas en Yuma 234 familias, algo que no se sabía. Algunos de los menores separados eran tan pequeños que incluso había uno de 10 meses de edad.

Ambientalistas y dreamers juntos: los jóvenes de Sunrise Movement se sumaron a los de United We Dream para demandar que se incluyan tanto fondos para combatir el cambio climático como un camino a la ciudadanía para los dreamers, jornaleros y trabajadores esenciales en el proyecto de ley presupuestario ante el Congreso con el lema: "sin clima no hay acuerdo, sin ciudadanía no hay acuerdo". Señalaron que uno de los principales factores en promover la migración es el cambio climático.

Tommie Lee, el atleta olímpico que junto con John Carlos levantó su puño en protesta contra el racismo en Estados Unidos y en solidaridad con la lucha por la igualdad en el mundo en las Olimpiadas de 1968 en México, comentó que esperaba más expresiones parecidas en los Juegos Olímpicos que están por estrenarse en Japón. “Espero que más atletas… se pongan de pie y hagan un movimiento hacia la exaltación de la libertad”, declaró.

El jefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, preparó con otros comandantes un plan para evitar que Trump intentara un golpe de Estado después de que perdió la elección en medio de lo que el militar calificó de un "momento Reichstag" y opinó que el presidente estará promoviendo el "evangelio del Führer", según el nuevo libro I alone can fix it escrito por dos periodistas del Washington Post.

Biden, al declarar la fase final de operaciones militares en Afganistán –la guerra más larga en la historia estadunidense– está cerrando el primer capítulo de la llamada "guerra contra el terror". En parte eso es posible porque Estados Unidos no ha sufrido otro atentado "terrorista" desde el exterior desde el 11-S. Ahora, según las agencias de inteligencia estadunidenses, la secretaria de Seguridad Interna (creada en la era post11-S) y el procurador general, la principal amenaza terrorista ahora proviene desde el interior del país por "extremistas violentos" racistas estadunidenses. Gran avance.

En varias ciudades, incluidas Boston y Baltimore, se realizó un experimento para reducir la encarcelación: las autoridades dejaron de enjuiciar delitos menores no violentos y con ello se redujo la tasa criminal en general (el músico David Byrne investigó esto: https://reasonstobecheerful.world/reducing -incarceration-no-prosecuting- minor-non-violent-crimes/).

Bernie Sanders “ha cambiado todo el debate en la capital de la nación… buscando jalar a su partido de regreso a sus raíces en la clase trabajadora y guiar al presidente Biden en una dirección más audaz y progresista”, concluye la veterana columnista Maureen Dowd del New York Times. "Un presidente y un senador que están por cumplir 80, hombres que fueron subestimados y descartados por años en círculos demócratas, están haciendo equipo para transformar al país", concluyó.

Sólo algunos de los claroscuros que pintan los días en Estados Unidos.

Tina Turner. Proud Mary. https://www.youtube.com/watch?v=TTfYnRQgKgY

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Miles de personas se manifiestan en La Habana en apoyo a La Revolución. — Alexandre Meneghini / REUTERS

El presidente cubano ha acusado a Estados Unidos de ser el principal instigador de las protestas del pasado 11 de julio.

 

El Gobierno cubano organizó este sábado una concentración masiva para sacar músculo como respuesta a las protestas en su contra protagonizadas de forma espontánea por miles de personas hace casi una semana en varias ciudades del país y en el peor momento de la pandemia.

Con banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, fotografías del fallecido presidente Fidel Castro y de su hermano y sucesor Raúl, quien asistió al acto masivo del sábado, los concentrados –muchos agrupados según su pertenencia a distintos organismos y empresas estatales– corearon consignas a favor de "la Revolución", que identifica al sistema político vigente desde 1959.

Los participantes, convocados desde la madrugada, llegaron en autobuses estatales a la zona del Vedado capitalino conocida como La Piragua, frente al emblemático Malecón y muy cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Para llevar a cabo la concentración, las autoridades desviaron las principales calles del barrio habanero del Vedado y paralizaron el transporte público y privado.

En otras provincias, como la oriental Santiago de Cuba, también se realizaron actos similares de reafirmación revolucionaria.

En La Habana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, culpó a Estados Unidos de ser el principal instigador de las masivas protestas que demandaron libertades civiles, una cuestión negada por Washington.

Díaz-Canel manifestó en su discurso que el Gobierno estadounidense usa las redes sociales y una "campaña de intoxicación mediática" para promover el "odio" entre cubanos, disturbios y un clima de inestabilidad, argumento que lleva repitiendo desde que comenzaron las protestas el domingo 11.

Días previos a las manifestaciones, un grupo de jóvenes independientes organizó una campaña virtual para recolectar donaciones y enviarlas a las regiones más golpeadas por la crisis sanitaria, como la provincia de Matanzas (occidente). Luego se sumaron a las manifestaciones en las calles.

Lo hicieron, aseguró el presidente ante los congregados -más de 100.000 según el Gobierno-, aprovechándose de "las difíciles condiciones provocadas por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo".

¿De quién son las calles?

El mismo domingo 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles gritando "libertad" y consignas contra el gobierno, Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el "combate". "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", expresó el mandatario en una comparecencia televisiva especial ese día.

Este sábado dijo que sus palabras en la intervención "improvisada" ese día tuvieron una interpretación "malintencionada" para dar a entender que "se había convocado a una guerra civil".

"La historia se pretende contar al revés", sostuvo al defender la idea de la guerra mediática sobre los sucesos del 11 de julio.

Sin cifras oficiales de detenidos

"Lo que el mundo ve sobre Cuba es una mentira: un pueblo levantado contra el Gobierno y el Gobierno oprimiendo", afirmó Díaz-Canel hoy frente al Malecón.

Precisamente allí, antes de comenzar el acto, detuvieron y sacaron a un hombre a la fuerza por gritar "libertad" y "patria y vida", uno de los principales lemas de las protestas antigubernamentales, un incidente que recogieron las cámaras.

El Gobierno cubano ha negado que en las protestas hubiera represión policial, lo que contrasta con vídeos difundidos en las redes en los que se observa represión violenta por parte de policías y de agentes vestidos de civil, con declaraciones de testigos y con hechos observados por Efe y otros medios que cubrieron los sucesos.

El ejecutivo de Díaz-Canel solo ha confirmado hasta el momento la muerte de un hombre durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en un barrio periférico de La Habana, que dejó también varios lesionados entre civiles y agentes.

Sigue sin ofrecer cifras sobre el número de detenidos, que organizaciones de derechos humanos y activistas cifran en cientos, e incluso miles.

En la principal protesta en el emblemático Paseo del Prado de La Habana los manifestantes desfilaron en una marcha pacífica hasta que la policía y los contramanifestantes se enfrentaron a ellos, produciéndose heridos y detenidos

La Habana

17/07/2021 21:04

EFE

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Perú: la justicia electoral confirmó el triunfo de Pedro Castillo

Asumirá el 28 de julio, pese a las maniobras dilatorias del fujimorismo

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración.

a justicia electoral terminó de revisar y rechazó, por falta de sustento, todos los reclamos de la derechista Keiko Fujimori para anular votos del profesor Pedro Castillo, con lo que pretendía arrebatarle la victoria al candidato de la izquierda. De esta manera, después de una larga espera de más de un mes, quedó confirmado que el maestro rural y sindicalista que viene de una las zonas andinas más pobres del país será proclamado en esto días como presidente electo. Asumirá el cargo el 28 de julio. La derecha ha respondido con violencia en las calles y con una última maniobra para demorar la proclamación de Castillo, pero que no podrá impedirla.

Rechazadas todas sus demandas, el viernes los abogados fujimoristas presentaron nuevas apelaciones sobre un grupo de actas, alegando esta vez supuestos errores de conteo. El número total de votos de esas actas apeladas es significativamente menor a la ventaja de más de 44 mil votos que Castillo le sacó a Fujimori, con lo que cualquiera sea el destino de esas apelaciones, que los expertos estiman muy probablemente también sean rechazadas, no cambiará el resultado de las elecciones.

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración. Con todo consumado, la derecha aglutinada alrededor de la actual jefa del clan Fujimori juega ahora la carta de deslegitimar al próximo gobierno y boicotear su gestión. Si no pueden evitar que asuma como presidente, intentarán sacarlo del poder. Desde la victoria de Castillo la derecha ha venido promoviendo un golpe para anular las elecciones. Confirmada en la última instancia electoral la victoria de la izquierda, el fujimorismo y sus aliados han pasado de la violencia verbal a la violencia en las calles.

Esta semana, enfurecidos fujimoristas, armados con palos, intentaron llegar a Palacio de Gobierno, en el centro de Lima, gritando insultos contra el presidente Francisco Sagasti, repitiendo las acusaciones lanzadas por Keiko contra el jefe de Estado acusándolo de haber tomado partido por Castillo. Las evidencias, sin embargo, demuestran la neutralidad del gobierno. La turba fujimorista descargó su furia contra los negocios de las calles cercanas. Un fotógrafo del diario La República, uno de los pocos medios que no han respaldado las pretensiones de la derecha de desconocer el triunfo de Castillo, fue arrojado al piso y golpeado por varios sujetos. En su frustración y desbocada ira, los fujimoristas la emprendieron contra todos, incluyendo periodistas de medios que han venido apoyando el falso discurso del fraude. Una reportera de televisión y su camarógrafo fueron rodeados, insultados y amenazados. Otra reportera fue atacada por la espalda por una mujer, que le cubrió la cabeza con una bandera y comenzó a jalonearla. La turba rodeó el automóvil del ministro de Salud, Oscar Ugarte, que iba a una reunión del Consejo de Ministros, y comenzó a zarandearlo y golpearlo con palos. Lo mismo le ocurrió a la ministra de Vivienda, Solange Fernández. Pasaron unos quince minutos hasta que la policía disolvió a los agresores y los ministros pudieran reanudar la macha para llegar a Palacio de Gobierno.

El grupo que desató la violencia se hace llamar “La Resistencia” y desde hace años ha venido actuando como fuerza de choque del fujimorismo. Ahora se han rebautizado como “La Insurgencia”. En el pasado han atacado al fiscal que ha investigado a Keiko y la ha acusado por lavado de dinero y organización criminal, y a periodistas críticos del fujimorismo. A los de “La Resistencia” les gusta tomarse fotos haciendo el saludo nazi. En los actos de violencia de esta semana algunos llevaban chalecos con el lema fascista “Dios, Patria, Familia” escrito en la espalda.

Keiko Fujimori pretendió desmarcarse de la violencia desatada por sus seguidores con un tuit en el que rechazó esas acciones, pero su larga relación con ese grupo extremista es inocultable. Sus discursos llamando a sus seguidores a movilizarse contra un supuesto fraude electoral que es inexistente y para “enfrentar el comunismo” han creado las condiciones para el estallido de esta violencia. Otro personaje cercano a las cabezas de este grupo violento, el excandidato presidencial de ultraderecha Rafael López Aliaga, conocido como “Porky”, ahora aliado de Keiko, incentiva permanentemente la violencia. “Muerte a Castillo”, “muerte al comunismo”, “comunistas malditos lárguense de aquí”, son algunas de las amenazas que el fascista López Aliaga vocifera en cada manifestación pública en respaldo a Keiko.

Lo ocurrido esta semana es el mayor estallido de violencia desde las elecciones y la negativa de la derecha a aceptar su derrota y sus llamados contra la legalidad democrática, pero no el único. Anteriormente, los extremistas de “La Resistencia” atacaron con palos a un grupo de simpatizantes de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esperando la proclamación del presidente electo. Seguidores fujimoristas se han manifestado en repetidas ocasiones frente a los domicilios de los magistrados del JNE y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la encargada del conteo de votos, gritando amenazas si no favorecían los intereses fujimoristas. En las calles se han visto marchas con símbolos fascistas lanzando gritos de muerte contra todos los que no estén alineados con ellos. Son pequeñas, pero muy agresivas.

 En redes sociales abundan los mensajes racistas contra Castillo y sus electores, entre los que son mayoría los habitantes de las zonas rurales y sectores populares. “Lo que ha sucedido marca un quiebre. Respetamos las manifestaciones pacíficas, pero lo sucedido se pasa de la raya. No lo permitiremos”, señaló el presidente Sagasti, refiriéndose a los últimos actos de violencia.

De otro lado, este sábado miles volvieron a movilizarse pacíficamente por las calles de Lima y de otras ciudades en respaldo a Castillo. Exigen su pronta proclamación como presidente electo, que se había anunciado para esta semana, pero que últimas maniobras dilatorias ha retrasado unos días.     

17 de julio de 2021 

Publicado enInternacional