Sábado, 17 Julio 2021 06:41

Inédita situación

Inédita situación

En una situación inédita desde que se proclamó independiente en 1991, la república ex soviética de Moldavia –que ostenta el tristemente célebre récord de ser el país más pobre de Europa– tendrá presidenta, gobierno y mayoría en el parlamento unicameral sin contrapesos de ningún tipo.

Las recientes legislativas así lo determinaron. El partido liberal Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu tendrá 63 de los 101 diputados del Congreso y podrá nombrar primer ministro y gabinete sin tener que negociar con otras fuerzas políticas ni, como pasaba casi siempre, verse obligado a repartir las cuotas de poder entre europeístas y pro rusos, al margen de quién ocupase la presidencia o la jefatura del gobierno nombrado por el parlamento, lo cual bloqueaba cualquier iniciativa de ley de unos y otros, mientras los clanes mafiosos –simbiosis de empresarios y funcionarios corruptos– saqueaban el país.

La coalición de socialistas y comunistas, que promueve mayor acercamiento con Rusia, será minoría con 32 escaños, y apenas seis ocupará el partido conservador Shor. Los llamados unionistas, que buscan la reunificación con Rumania, carecerán de representación parlamentaria al no sacar ni 2 por ciento del voto.

Las regiones separatistas de Transdniester y Gagauzia, que forman parte de Moldavia pero no reconocen el gobierno de Chisinau, votaron más por la coalición de socialistas y comunistas, sin poder influir en esta ocasión en equilibrar los resultados.

Sandu, quien se jugó su permanencia en el cargo al forzar el adelanto electoral para poner fin a la paralizante convivencia de proyectos de país antagónicos, obtuvo una victoria abrumadora para sacar adelante su propuesta de integración con la Unión Europea. Su meta es lograr el respaldo de 70 por ciento de la población y la más reciente encuesta sobre un hipotético referendo arrojó 57 por ciento en favor de solicitar el ingreso a la UE frente a 28 por ciento que prefiere la integración económica con Rusia.

Por lo pronto, la mayoría oficialista permitirá a Sandu gobernar cuatro años sin sobresaltos y, al mismo tiempo, es insuficiente para modificar la Constitución, eventualidad que sólo podrá llevar a la realidad sumando al menos los votos de cinco diputados de oposición, los que le faltan para alcanzar los dos tercios requeridos.

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Protestas en La Habana en julio de 2021.

 

La desaceleración económica, el nuevo y alarmante índice de contagios de covid y el aumento del malestar con el Gobierno avivan las mayores protestas en décadas

 

Nunca, desde el triunfo de la Revolución cubana de 1959, habían organizado los manifestantes antigubernamentales protestas multitudinarias y simultáneas en varias ciudades a lo largo de la isla como las vividas el pasado fin de semana. Algunas de las concentraciones fueron pacíficas; otras, poco más que disturbios y una excusa para saquear. Sin embargo, todas eran manifestaciones de la desesperación económica del pueblo y de la frustración ante la incapacidad del Gobierno de paliar el sufrimiento que padecen.

El Gobierno cubano está arruinado. En los dos últimos años, ha perdido todas las principales fuentes de ingresos de divisas que tenía. La caída en la producción de crudo en Venezuela ha reducido a la mitad la exportación de petróleo barato a Cuba. La presión que ejerce Estados Unidos ha convencido a otros gobiernos latinoamericanos de que cancelen los contratos de servicios médicos con La Habana y manden a los facultativos cubanos a casa. La pandemia de covid ha cerrado el sector turístico y ha reducido los ingresos en 3.200 millones de dólares. Justo antes de dejar el cargo, Donald Trump hizo prácticamente imposible que los estadounidenses de origen cubano pudiesen realizar envíos de dinero: una pérdida de otros 3.500 millones de dólares anuales y un golpe directo a más de la mitad de las familias cubanas.

Cuba importa el 70 % de la alimentación, el 69 % del petróleo y la mayor parte de los suministros médicos. La escasez de divisas implica que el país ha tenido que reducir las importaciones de forma drástica: casi un 40 % solo el año pasado y más este año. Las estanterías de los comercios están vacías. Las farmacias, también. Encontrar comida puede llevar horas de búsqueda y de hacer cola. Hasta los establecimientos que solo aceptan pago en moneda extranjera tienen poco que ofrecer. Los últimos cortes de luz desatan en la gente los peores recuerdos del “Período Especial”, la depresión económica que sufrió Cuba en los años noventa tras la caída de la Unión Soviética.

La tensión social ha ido aumentando a medida que la economía se deterioraba, y se ha hecho patente en pequeños incidentes de protesta, confrontaciones entre la policía y los ciudadanos y altercados en las colas de las tiendas. Y aunque el alcance de estas manifestaciones es sorprendente, el hecho de que haya estallado la tensión no lo es.

Solo en los últimos meses, la situación ha empeorado sensiblemente. La unificación de la doble moneda y el sistema de cambio que el Gobierno llevó a cabo en enero –un paso necesario hacia la reforma económica, según los expertos– desencadenó la inflación, lo que redujo los ingresos reales a pesar del intento del Gobierno de aumentar los salarios para compensar. La covid, que parecía estar controlada antes de la llegada de la variante delta, ha vuelto a estallar, con un número de casos récord, y amenaza con sobrepasar un sistema de salud que cuenta con escasos recursos.

La situación económica de Cuba todavía no es tan mala como en los noventa: el año pasado el PIB cayó un 11 % y sigue cayendo, pero en los noventa bajó un 35 %. La situación política, sin embargo, es muy diferente hoy en día a la que era entonces. La generación que vivió la Revolución de 1959 y los primeros tiempos dorados de exuberancia revolucionaria fue un pilar de apoyo al régimen en aquel entonces. Ahora, que rondan los setenta u ochenta, suponen un colectivo pequeño y que cada vez se va haciendo menor.

La franja de edad predominante hoy en día la representan personas que alcanzaron la mayoría de edad después de la caída soviética. Su experiencia de “la Revolución” es una de interminable desabastecimiento y promesas de reforma incumplidas. Fidel y Raúl Castro, cuyo prestigio como fundadores del régimen apuntaló el apoyo popular entre los cubanos más mayores, ya no están, y los ha sustituido una nueva generación de dirigentes que tienen que demostrar su derecho a gobernar mediante resultados. Tienen que repartir las mercancías, literalmente, y de momento, no han sido capaces de hacerlo.

La desigualdad es otra fuente más de frustración y resentimiento. Las reformas económicas del Gobierno, orientadas al mercado, han agravado la desigualdad, sobre todo en términos raciales, y en los últimos años se ha hecho más notorio. Los cubanos de ascendencia africana tienen menos posibilidades de tener familia en el extranjero que les envíe dinero, tienen menos posibilidades de tener trabajos que les proporcionen parte de sus salarios en moneda extranjera y tienen menos posibilidades de vivir en barrios bonitos y atractivos para turistas que buscan paladares (restaurantes en casas particulares) o alquilar una habitación. Por lo tanto, no sorprende que las últimas protestas empezaran en algunos de los vecindarios más pobres de Cuba.

Las redes sociales han jugado un papel clave en la envergadura nacional de las manifestaciones. En 1994, cuando se produjeron disturbios en el Malecón, la avenida principal de La Habana, las noticias se propagaban de boca en boca. El pasado fin de semana, las redes sociales corrieron la voz de las primeras manifestaciones entre los cubanos de todo el país y desencadenaron protestas similares en otra docena de ciudades. El Gobierno, sin mucho éxito, intentó restringir la difusión cortando el acceso a internet durante casi todo el día.

Durante años, Cuba ha estado rezagada con respecto a sus vecinos en cuanto a acceso a internet, pero la rápida expansión del wifi y de la tecnología 3G ahora les ofrece conectividad a los cubanos –sobre todo a los jóvenes– a través de sus teléfonos inteligentes. Las redes sociales les permiten conectar en línea con otras personas con las que comparten intereses. Estas redes sociales virtuales han demostrado ser una forma eficaz de movilizar a las personas a emprender acciones reales. Hasta ahora, se trataba de manifestaciones a pequeña escala centradas en asuntos específicos como los derechos LGTBI, la libertad artística y los derechos de los animales, pero presagiaron el papel que iban a jugar las redes sociales a la hora de catalizar las manifestaciones antigubernamentales de mayor calado que estallaron la semana pasada.

La respuesta de la administración Biden a la agitación social en Cuba ha sido la que cabría esperar: ha transmitido su solidaridad con los manifestantes y ha instado a la moderación al Gobierno cubano frente a las protestas pacíficas. Ningún funcionario del Gobierno estadounidense se ha pronunciado para reconocer que Estados Unidos esté exacerbando la crisis actual al continuar con las políticas de Trump de bloquear los envíos de dinero y suspender la emisión de visados de inmigrante. No obstante, el senador Marco Rubio (republicano por Florida) denunció la respuesta de Biden, lo que demuestra que diga lo que diga o haga lo que haga Biden con respecto a Cuba, los republicanos lo acusan de mostrarse blando con el socialismo.

Durante la campaña presidencial, Biden prometió revocar las sanciones que impuso Trump y que perjudican a las familias cubanas, restablecer los viajes a la isla y retomar las conversaciones diplomáticas con el Gobierno cubano. De momento, no ha hecho nada de esto. Su administración parece paralizada por miedo a repercusiones políticas en Florida, donde los demócratas fueron derrotados en 2020, y por la necesidad de tener contento al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey).

Sin embargo, priorizar la política interior de Estados Unidos en detrimento de la crisis humanitaria en Cuba conlleva sus propios riesgos. Una escalada en las protestas antigubernamentales bien podría desencadenar una violencia mayor, como ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Si los cubanos que se sienten marginados deciden que no tienen “voz”, puede que su alternativa sea la “salida”. La última vez que la situación económica de Cuba fue así de mala, en el verano de 1994, 35.000 cubanos decidieron marcharse y partieron hacia Estados Unidos en balsas y embarcaciones precarias.

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Por William M. LeoGrande (The Nation) 16/07/2021

William M. LeoGrande es profesor de gobierno en la American University, autor de Our Own Backyard: The United States in Central America (Nuestro patio trasero: Estados Unidos en Centroamérica) y coautor junto con Peter Kornbluh de Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana.

Este artículo se publicó originalmente en The Nation.

Traducción de Ana González Hortelano.

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Líbano, en caída libre económica y política

Hasta hace poco, la descomposición de Líbano podía apreciarse de mes a mes, pero el país ha alcanzado ahora una descomposición que se aprecia de hora a hora, con disturbios más violentos protagonizados por una población que observa a una clase política y económica corrupta e incapaz de sacar al país del pozo sin fondo donde continúa en caída libre.

 

Los datos económicos de Líbano se deterioran de un día a otro para sugerir un inminente caos general. Pocos dudan de que el colapso está a la vuelta de la esquina. La libra se ha devaluado hasta un 90% en año y medio, el precio de los alimentos se ha incrementado en un 400% en pocas semanas, y en el mercado negro el dólar costaba el jueves por la noche más de 21.000 libras, frente a un cambio oficial artificialmente fijado en 1.570 libras.

Los salarios están por los suelos y el desempleo supera el 40%. En realidad muy pocos libaneses pueden sobrevivir debido a que sus ingresos son insuficientes. Quien tiene familia en el extranjero, debe depender de ella, y lo más terrible es que el horizonte no es halagüeño. Al contrario, el pequeño país tiene que hacer frente a la presencia de cientos de miles de refugiados sirios que carecen de lo más elemental.

Buena parte de sus seis millones de habitantes debe contentarse con suerte con dos horas diarias o poco más de electricidad, lo que obliga a la población a adquirir generadores que normalmente funcionan con diésel a precios estratosféricos. La mayoría de los servicios públicos o no funcionan o lo hacen sin satisfacer las necesidades de la gente.

¿Quién es responsable de esta situación? Naturalmente todos miran a los políticos, una clase privilegiada que controla el país desde un tiempo inmemorial participando en una gigantesca corrupción que llega hasta los rincones más alejados del Estado, que perjudica a todos y sostiene una amplia red clientelar que obra como una infección gangrenosa que destruye las pocas células sanas que todavía quedan.

Quienes tienen empleo trabajan por salarios miserables, incluidos los militares, a quienes las pocas libras que les dan no les bastan para alimentarse. Muchos oficiales y soldados cuentan con uno o dos empleos adicionales. Los jefes temen que los soldados se enrolen en milicias privadas, una actividad bien conocida en Líbano donde se cobra bastante más que en el Ejército.

El mismo Ejército ha habilitado helicópteros militares para sobrevolar partes del país por 150 dólares a quien tenga dinero y ganas de hacer turismo. El montante que se recauda se destina a productos alimenticios para oficiales y soldados. En este contexto, el que puede, joven o mayor, emigra sin pensárselo dos veces.

Los mayores recuerdan la gloria del país y de Beirut que se prolongó hasta mediados de los años 70, cuando estalló una terrible guerra civil que duró 15 años y de la que Líbano no se recuperó. El endeudamiento, el mayor del mundo, y la pobreza actuales pronostican que se tardará muchos años en enmendar el rumbo, y para ello será preciso dar un vuelco completo para el que el país no está preparado.

Fundamentado en la religión, Líbano cuenta con un reparto de poder que se adscribe a cada una de las confesiones presentes en el país, siendo las más importantes la chií, la suní y la cristiana. Se trata de un sistema disfuncional que no está basado en los votos sino en las distintas confesiones religiosas, una herencia del periodo de colonización francesa.

Para complicar las cosas, el analista Ibrahim Haidar considera que existe una serie de problemas internacionales que repercuten directamente sobre la crisis, empezando por las difíciles relaciones entre Irán y EEUU. Teherán tiene un gran ascendiente sobre Hizbolá, una formación chií clave para la estabilidad de Líbano.

Otra incidencia notable es el conflicto entre israelíes y palestinos. La ocupación israelí incide de una manera u otra en los conflictos de la región, y el de Líbano no es una excepción. Sin embargo, ni franceses ni alemanes ni americanos están por la labor de enfrentarse a la ocupación israelí, una circunstancia que seguirá dificultando la resolución del problema. "Mientras los problemas regionales sigan ahí, será imposible resolver la crisis libanesa", sostiene Haidar.

En las calles de Beirut se observan enormes colas ante las gasolineras, las señales de tráfico no funcionan, el número de comercios cerrados crece a diario, e incluso las estanterías de las farmacias abiertas están semivacías. Muchos comerciantes dicen que no les merece la pena vender el género que tienen porque al día siguiente les costará mucho más caro adquirirlo debido a la inflación.

Varias iglesias y ONG ayudan como pueden distribuyendo alimentos básicos como arroz o aceite. No es extraño ver en esas colas a personas que conducen un mercedes o un BMW, es decir, gente que hasta hace poco pertenecía a la clase media y que ahora no tiene para comer. Naturalmente, quienes ya eran pobres antes ahora lo son mucho más. Según Unicef, el 70% de los libaneses no dispone de suficiente dinero para alimentarse.

Francia y Estados Unidos se están implicando a fondo en Líbano, pero sus intenciones solo serán eficaces de una manera aparente, incluso aunque logren resolver la crisis política. A medio plazo es evidente que solo se podrá avanzar si se resuelven otras crisis regionales, como la de Irán y la de los palestinos, algo que no parece estar al alcance de franceses y americanos.

La situación, que algunos califican de "más que peligrosa", se complicó un poco más el jueves cuando el presidente cristiano Michel Aoun rechazó la distribución de carteras propuesta por el nominado primer ministro suní Saad Hariri. Hariri ha dimitido y ahora otro político deberá intentar formar gobierno, una empresa harto complicada a cuyo frente deberá figurar un suní con amplio apoyo dentro de su rama religiosa.

17/07/2021 08:27

Por Eugenio García Gascón

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¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?

Las razones de las protestas en Cuba son muchas y en estos meses se han superpuesto una serie de crisis. La unificación monetaria coincidió con la crisis provocada por la pandemia, pero también con la llegada de Miguel Diaz-Canel a la presidencia, un líder sin la legitimidad de origen de los hermanos Castro. En esta crónica de la revista cubana El Toque se repasan los motivos del renovado descontento social que es el combustible de las movilizaciones.

 

El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el territorio nacional.

Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las tiendas en moneda libremente convertible, la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y mejoras en general de la situación del país. El gobierno los llamó «confundidos», «vándalos» e «irresponsables» y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las expresiones populares.

Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas causas:

Emergencia sanitaria

La pandemia por COVID-19 en el país se ha agravado. Después de tener la enfermedad bajo relativo control, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas del país -como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos- se desató la ola más fuerte de contagios y muertes. Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra alcanza los 1.579 fallecidos y 224.914 casos positivos (2,5 veces más).

La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, fueron diagnosticados 16.447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del aumento de contagios que contaban con una capacidad para casi 6.000 personas en centros de aislamiento, pero declaró que se requieren 3.000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado número de casos que presenta. En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los casos oscilan en cifras de tres dígitos. El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos y medicinas, y el agotamiento progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».

A la falta de recursos para enfrentar el covid-19 se suman graves carestías en el llamado Cuadro Básico de Medicamentos, que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la escabiosis.

El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268 para farmacias. De ellos, 263 (42%) son importados y 356 (58 %) son nacionales: 350 producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante 2020. A estos se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan, fundamentalmente, en la atención secundaria de salud. El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y tradicional.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio, comercialización en el mercado ilegal y encargos al extranjero. En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha, Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado cubano, en el que no confían. El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses intervencionistas del gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».

Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos; pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la crisis general.

El gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparescencia televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122.000 turistas, la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.

A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos vacunales contra el covid-19 con una eficacia de más de 90 %, la vacunación también se ha demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional cubana el permiso de uso de emergencia.

Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención, hasta el 10 de junio 3.045.823 personas habían recibido al menos una dosis y 1.862.930 han completado el esquema de tres dosis de Abdala o de Soberana 02 más Soberana Plus. Sin embargo, esto se ha limitado a la provincias de La Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.

Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.

Crisis económica

La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad -comercializados desde fines de 2019 en divisas extranjeras- han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar.

La permanencia del bloqueo/embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro suenan de fondo en esta situación. Sanciones a empresas relacionadas con el consorcio GAESA, de las Fuerzas Armadas, condujeron al cierre de los servicios de Western Union en Cuba y un recorte drástico de las remesas; además de la prohibición de vuelos a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana, y el cierre de los servicios consulares de la embajada estadounidense por los presuntos «ataques sónicos», son componentes de la crisis pero no la explican por sí solos.

En octubre de 2019 el gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de autos y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.

En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertirle se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y, en algún momento, exportar.

«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.

Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que solo están disponibles en esta moneda. Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos cubanos (CUP) por dólar, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de viaje de compras. La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.

La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses. Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país». Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.

Un desordenado «ordenamiento económico»

La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021, después de ser pospuesta durante años. El timing, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño: transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y se había iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.

Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de las dos monedas cubanas circulante en el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una transformación en los ingresos. El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas, la inflación ha consumido las ganancias del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.

La crisis es también social

Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional, el gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.

La poca disponibilidad de productos -sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la nutrición- y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que cada día se agrava más.

Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.

Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de generación están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.

El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo máximo de 4 horas diarias -ampliada a 6 horas el 30 de junio- oficialmente. La realidad ha sido de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12 horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, el gobierno prometió el fin de estos problemas en breve.

Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años años 90, cuando el país atravesaba una dura crisis económica tras la caída del bloque soviético. Para muchas cubanas y cubanos la situación ahora es igual o peor que entonces.

Activación ciudadana y fractura del monopolio ideológico

Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.

Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en huelga de hambre, sed o ambas en protesta ante la detención y el proceso judicial contra uno de sus miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron a lo largo del día hasta superar la cifra de 300 personas ahí presentes.

El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo diverso de personas autorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.

En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, al acusar a los participantes de responder a intereses externos. Comenzaría entonces un proceso que ha durado varios meses en los que las detenciones, los asesinatos de carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se relacionó con los eventos del 27N, serían noticia cada día.

Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».

Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya a presentar un recurso de queja y petición firmada por más de 400 intelectuales para frenar los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, los cuales se han vuelto prácticas habituales de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.

Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, lo cual como era de esperar fue desestimado.

Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el gobierno cubano al prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica, donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.

La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato constitucional.

Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.

Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.

El encierro de Otero Alcántara generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos de ellos en prisión provisional. El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, fue dado de alta. Durante ese tiempo solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.

También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más «combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo. Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia artística en la galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal. La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores; además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a partir del tema musical «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o Muerte».

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el gobierno cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo raro es que no hubiesen ocurrido antes. Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible se escuchaba en las consignas de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!

Nota: este artículo fue originalmente publicado en la revista cubanaEl Toque.

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Los cubanos en actividades normales, ayer en un barrio de La Habana.Foto Afp

Convoca el presidente a realizar un análisis autocrítico de las causas de las protestas y llama a la unidad

 

La Habana., Al señalar que el bloqueo de Estados Unidos "supera los deseos de desarrollo y de hacer frente a las carencias", el gobierno de Cuba anunció ayer que levantará el resto del año restricciones aduaneras que limitan la importación de medicamentos y alimentos, tres días después de movilizaciones opositoras en esta capital y otras ciudades de la isla.

El presidente Miguel Díaz-Canel llamó a la unidad durante una emisión especial del programa Mesa Redonda e instó a hacer un análisis crítico y autocrítico de las causas de los disturbios del domingo pasado, y convocó a la paz, la concordia y el respeto entre ciudadanos.

En el mismo programa televisivo, el primer ministro, Manuel Marrero, indicó que a partir del lunes próximo y hasta el 31 de diciembre se podrá ingresar al país con maletas cargadas con alimentos, material para aseo y medicamentos que cumplan las normas sanitarias establecidas, sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles, con la finalidad de aliviar la situación de desabasto que vive el país.

Esta era una de las medidas solicitadas por académicos e intelectuales en una reciente carta abierta dirigida al gobierno, para aliviar la escasez de productos básicos, que figuraron entre las motivaciones de las protestas del domingo.

Las leyes cubanas permiten la importación no comercial de 10 kilos de medicamentos, libre de impuestos, mientras pone topes a alimentos y otros productos, por los que sí cobra aranceles.

"Usted puede traer la cantidad de alimentos, productos de aseo y medicamentos que considere, el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone el país, no lo pone la aduana, el límite se lo puede poner la aerolínea", indicó Marrero.

Un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos el cineasta Fernando Pérez y el economista Carmelo Mesa Lago, habían pedido facilitar el proceso "para permitir la entrada de medicamentos y enseres médicos al país".

Las autoridades han dicho que las protestas fueron provocadas por una campaña en redes sociales con la etiqueta #SOSCuba, que pedía una "intervención humanitaria" impulsada por "contrarrevolucionarios", en un intento de desestabilizar el país.

Durante el programa se transmitieron videos en los que se ve a decenas de personas saqueando un establecimiento. "Este no es el comportamiento que tienen los cubanos. Nuestra sociedad no genera odio, sino solidaridad", comentó Díaz-Canel.

El gobernante mencionó que "las agresiones detectadas en las protestas tuvieron un comportamiento salvaje y fueron manipuladas", y puso como ejemplo que el lunes en el barrio capitalino de La Guinera la gente iba directo a atacar una estación de policía, pretendía quemarla con la idea de huir en barcos estadunidenes. En esos disturbios un hombre murió y varios ciudadanos y agentes resultaron heridos, reportó antier el gobierno.

Díaz-Canel insistió en que su llamado a defender las calles "fue malinterpretado y manipulado" por los opositores, y reafirmó la "legitimidad de proteger los bienes del pueblo, el respeto a la ley y preservar la tranquilidad ciudadana ante elementos desestabilizadores".

Reiteró que este plan se ha apoyado en una enorme campaña de desinformación desplegada en redes sociales y medios de comunicación opositores, con la intención de generar "confusión" y "pánico" en la isla, lo que calificó de "terrorismo mediático".

Señaló que los "disturbios" del domingo “forman parte de un plan deliberado que responde a los preceptos de guerra no convencional y al manual del llamado golpe suave.

"Han coincidido el reforzamiento del bloqueo estadunidense y el pico de la pandemia por Covid-19 en las últimas semanas, lo que hizo creer a la mafia cubanoestadunidense que el momento de la estocada final había llegado", remarcó el jefe de Estado.

Añadió que esos "sectores reaccionaron, además, a los anuncios en Washington de que el gobierno del presidente Joe Biden realizaría una revisión de su política hacia Cuba, heredada de la administración de Donald Trump".

Insistió: "nuestros sueños y deseos son superados por ese bloqueo que nos impide avanzar a la velocidad que necesitamos" y explicó que "esa política hostil y de cerco provoca incomprensión y afecta las esperanzas de los ciudadanos" de la isla, que enfrenta carencia de divisas y el cierre de sus fuentes de ingreso.

"Por eso decimos que es genocida y demerita a Estados Unidos frente a un pequeño país que quiere conseguir la justicia social", subrayó Díaz-Canel, y reiteró: "si nos dejan actuar, si no nos ponen trabas, podemos alcanzar la prosperidad económica y multiplicar la inmensa obra social gestada por la revolución".

Manifestó que "la economía cubana funciona en condiciones de guerra", tarea que calificó de "compleja y retadora para superar adversidades y enfrentar una brutal campaña mediática atizada desde el exterior".

Más información sobre lo expuesto en el programa Mesa Redonda en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/14/diaz-canel-y-dirigentes-del-gobierno-comparecen-en-la-mesa-redonda-video/

"La represión, calumnia total"

En una comparecencia anterior, Díaz-Canel calificó de "mentira" y "total calumnia" la "represión" de las protestas en la isla. Pidió no dejarse "intoxicar" por las redes sociales, desde donde "se pretende construir una realidad que no se está viviendo; una Cuba desordenada, ingobernable, que está de estallido en estallido". Insistió en que "han sido tan cínicos, tan mentirosos que ridículamente han llegado a poner fotos, argumentos e informaciones que son nuestras y no de ellos".

Puso como ejemplo fotografías que han circulado por redes sociales. "Han usado las manifestaciones de apoyo a la revolución, las han puesto como si fueran actos públicos en contra. Han tomado la foto de una protesta en Egipto para decir que es en el Malecón", subrayó.

El Centro de Prensa Internacional, perteneciente a la cancillería, desmintió ayer dos veces al periódico español ABC. La primera, por "informar" sobre la "renuncia" del viceministro del Interior, general Jesús Manuel Burón, en rechazo a la "represión" ejercida el fin de semana, y la segunda, al negar que este medio tenga o haya tenido otra corresponsalía o más periodistas acreditados en la isla, tras la detención de su corresponsal Camila Acosta, quien según su familia fue arrestada el lunes.

Las autoridades también desmintieron la supuesta muerte de un detenido el pasado día 11 que participó en acciones vandálicas en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas.

Las conexiones al servicio de Internet y el uso de algunas redes sociales populares en La Habana comenzaron a recuperarse paulatinamente después de un apagón digital de casi 48 horas, derivado de fallas en el servicio eléctrico, que coincidió con las protestas que rompieron la tradicional tranquilidad en la isla.

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Una ola de disturbios y saqueos jaquea a Sudáfrica

Al menos 72 muertos se contabilizan en seis días de estallido

Los incidentes se iniciaron tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato a la justicia. El hecho alimentó el malestar social frente a la pobreza, el desempleo y el impacto del coronavirus.

 

La oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país, acumula ya 72 muertos. Los incidentes continuaban el miércoles en algunos puntos de Sudáfrica a pesar de las intervenciones de la policía y el ejército, que intentan hallar a los instigadores. La escasez de alimentos y combustible empezó a amenazar a la nación africana tras el sexto día de una ola de violencia que tuvo su inicio tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. Ese hecho alimentó el malestar de la sociedad frente a los elevados niveles de pobreza y desempleo, y la gestión gubernamental de la pandemia de covid-19.

Saqueos, incendios y justicia por mano propia

De acuerdo al último balance oficial difundido por la policía, el total de víctimas fatales por los disturbios y saqueos ocurridos desde el pasado viernes asciende a 72, mientras que los detenidos ya son 1.234. El miércoles, aunque más reducidos que en jornadas previas, todavía se registraban incidentes en algunos puntos de las dos regiones más afectadas por la ola de violencia, que son la oriental provincia de KwaZulu-Natal y la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. 

La policía, completamente desbordada, tuvo que recibir el apoyo de 2.500 efectivos del Ejército y el miércoles, tras seis jornadas de escalada de la violencia, esa presencia se dobló hasta 5.000 soldados. Además la fuerza de seguridad indicó que están investigando cada una de las muertes, en principio relacionadas con las estampidas producto de los saqueos, pero también por explosiones, incendios y disparos.

"Estamos apretando el acelerador para que lo que ha pasado no vaya a más en términos de destrucción", prometió el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, en declaraciones a los medios durante una visita a un centro comercial devastado en el distrito de Mamelodi, a las afueras de Pretoria. El alto funcionario sostuvo la hipótesis de que "el crimen organizado podría estar escondiéndose detrás del hambre y los problemas sociales de la comunidad".

Cele, quien en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prever y manejar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes no deben reaccionar aplicando justicia por mano propia. En ese sentido, en el distrito de Vosloorus, al sureste de Johannesburgo, se investiga la muerte de un adolescente que habría sido asesinado por choferes de taxis informales tras ser sorprendido intentando robar un negocio.

El principal centro comercial de la región fue devastado y parcialmente incendiado, y varios cadáveres fueron hallados en el lugar. "Nos pasamos la vida sirviendo a la comunidad y mira qué sacamos a cambio. Me rompe el corazón", decía abatido Mike de Freitas, de 45 años y dueño de una carnicería que había ido a verificar los daños. En la provincia de KwaZulu-Natal, los campos de caña de azúcar fueron quemados y el ganado robado. "La gente ha saqueado las tiendas y, ahora que no tienen comida, atacarán las granjas", lamentó el director de la organización agrícola AgriSA Van der Rheede.

En la ciudad costera de Durban las tomas aéreas mostraron a cientos de personas saqueando grandes tiendas comerciales. Una mujer fue vista tirando a su bebé desde el segundo piso de un edificio para salvarlo de un incendio, luego de que los negocios del piso de abajo fueran quemados. Transeúntes pudieron recibir al bebé sano y salvo. "Todo lo que podía hacer era confiar en completos desconocidos", dijo la joven de 26 años Naledi Manyoni en diálogo con la BBC, y contó que tanto ella como su hija Melokuhle se encuentran bien.

Los extensos daños materiales aún no fueron cuantificados y se teme que en los próximos días haya problemas de suministro de alimentos y de combustible, por lo que el miércoles muchos sudafricanos hacían cola desde primera hora en supermercados y en estaciones de servicio. Además la violencia obligó a interrumpir, por ejemplo, los servicios médicos para el tratamiento de condiciones de salud crónicas, como diabetes, tuberculosis y VIH, y la aplicación de vacunas contra la covid-19.

Según el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, los incidentes son de una magnitud nunca vista en democracia, solo comparables con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa tras el final del sistema segregacionista del apartheid. "El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo", lamentó el lunes Ramaphosa en un mensaje a la nación.

De protestas pro-Zuma al malestar general

Jacob Zuma, de 79 años, fue un luchador contra el apartheid que pasó 10 años preso en la cárcel de Isla Robben, cerca de Ciudad del Cabo. En la Sudáfrica democrática llegó a ser vicepresidente y luego presidente, antes de ser depuesto por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) en 2018 al proliferar una serie de escándalos de corrupción. Aún así, Zuma mantiene su popularidad entre muchos sudafricanos pobres, especialmente entre militantes de base del CNA que lo ven como un defensor de los marginados.

Los incidentes empezaron el viernes pasado en KwaZulu-Natal, cuna del expresidente, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por una de las causas de corrupción que lo salpican. Aunque Zuma se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución político-judicial y que la pena de prisión sería para él una "sentencia de muerte".

En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar caminos como muestra de apoyo. En los días siguientes las protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras regiones. Para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la gestión de la pandemia.

15 de julio de 2021

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Miércoles, 14 Julio 2021 06:36

Colombia: un peligro para la región

Colombia: un peligro para la región

Colombia, gracias al apoyo de los Estados Unidos no solo realiza la formación de las Fuerzas Militares que hoy ostenta el mayor número de violaciones a los derechos humanos y una simbiótica relación con grupos Paramilitares, sino que prepara así, un ejército de Matones Globalizados que obedecen al mejor postor.

El mercenarismo, otro lastre que potenció el Plan Colombia

El informe entregado a la Comisión de la Verdad “Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano” deja ver cómo la presencia del apoyo militar norteamericano ha estado asociado al incremento de acciones militares violatorias de derechos humanos, al uso de la guerra sucia, al incremento del paramilitarismo y a la formación bajo esta misma doctrina y lógica a las fuerzas militares de la región, exportando un producto esencial para la inestabilidad y la guerra sucia [FOR20].

Vale recordar que durante la década de los 60 el ejército estadounidense ya enviaba misiones y equipos de entrenamiento militar a Colombia. En 1962, por ejemplo, la misión en Colombia dirigida por el General William Yarborough, instruyó al ejército sobre la conformación de grupos mixtos de civiles y militares (paramilitares):

“Consideramos que […] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto’’ [Veg142].

El papel de la Escuela de las Américas (SOA) operativa entre 1946 y 2000, ha sido decisiva, en 2001 cambió de nombre por, Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC) esto, tras las innumerables denuncias documentadas ampliamente de su incidencia en la comisión de múltiples homicidios, violaciones a Derechos Humanos, fomento de estrategias de tortura, métodos criminales, etc., entre otras acciones difundidas y promovidas gracias a sus manuales de instrucción. De esta realidad da cuenta el análisis de siete manuales desclasificados que fueron usados en la SOA y distribuidos en Colombia y otros países latinoamericanos.

Más de 18.000 militares colombianos fueron entrenados en dicha escuela, incluyendo más de 1.300 durante 1965-1976 y 4.000 durante 1982-1991, los períodos en que el Pentágono ha reconocido que los manuales o contenido similar estuvieron en uso en la escuela [Sch20].

A finales de los años 90, hace su presencia el Plan Colombia devenido de este un contexto de militarización y doctrina del enemigo interno, una estrategia con la que EE.UU aumenta su presencia (entrenamiento, asesores, tecnología) interviniendo directamente en el conflicto armado colombiano.

El investigador John Lindsay-Poland en su libro Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario, referencia que: “entre 2000 y 2010, Estados Unidos financió el entrenamiento militar de 77.276 colombianos La mayoría de los oficiales del ejército colombiano” (Lindsay-Poland, 2020). En esta etapa, el enemigo interno se amplía a las organizaciones sociales, populares, étnicas, comunitarias.

Ahora bien, existe un claro patrón de conducta derivada de esta formación y política militar norteamericana:

  • Militares formados en la SOA y WHINSEC vinculados con graves violaciones de derechos humanos.
  • Militares y policías vinculados con graves violaciones de derechos humanos.
  • Militares violadores de derechos humanos protegidos y hasta ascendidos, premiados, por sus vínculos con la SOA WHINSEC, u otras escuelas militares de los Estados Unidos, promoviendo así, la impunidad y generando un mensaje como ejemplo a seguir [FOR20].
  • Muchos de los violadores de derechos humanos más destacados en América Latina fueron entrenados por SOA – WHINSEC [Sch19].

Vale señalar este ejemplo: de los veintiún instructores colombianos en WHINSEC entre 2001-2003 y de los ocho oficiales colombianos que tomaron el importante curso de comando y estado mayor en el mismo periodo, se resalta que:

De los veinticinco instructores y graduados colombianos de WHINSEC sobre quienes hay información posterior disponible, doce de ellos, esto es, el 48%, fueron acusados de un delito grave o comandaron unidades cuyos miembros, según informes, habían cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales después del período del oficial en WHINSEC. Para determinar si este porcentaje de oficiales colombianos implicados en violaciones o que tenían bajo su mando unidades acusadas de cometer múltiples ejecuciones era desproporcionado, examiné una muestra aleatoria de veinticinco oficiales de aproximadamente el mismo período, con la misma combinación de rango y rama militar que los instructores y egresados de WHINSEC. De estos veinticinco, cuatro dirigieron unidades con múltiples presuntas ejecuciones extrajudiciales bajo su mando. Otros tres lideraron unidades con una sola ejecución cometida bajo su mando. ¿Cómo es que pudo haber ocurrido todo eso? (Lindsay Poland, 2020, p 383-385).

Todo este contexto le deja muy buenos resultados a las empresas de seguridad de Estados Unidos que han presionado en su país la aprobación de apoyos militares y políticas de intervención como el Plan Colombia con todo y sus complejidades, como la empresa Lockheed que produce la aeronave de radar P-3, empresas fabricantes de helicópteros Sikorsky Aircraft Corporation y Bell Textron, entre otras, y también el sector extractivo, la Asociación Empresarial EE.UU.-Colombia compuesta por once compañías multinacionales, La Occidental Oil y un largo etcétera [FOR20], y lógico, entre estos negocios se encuentra uno muy lucrativo por todo el mercado que gira de manera directa e indirecta: el mercado y tráfico de drogas.

Estas estrategias de formación militar bajo la doctrina del enemigo interno, enfocado en el resultado y de aplicación de toda forma de terror incluyendo la más delirante psicología de guerra y manipulación a todo nivel, ha echado raíces en Colombia como su alumno avanzado, nada más estudiar a fondo el caso Falsos Positivos cuyo concepto da cuenta de una manera de hacer política exterior y política nacional, hacer de la guerra sucia, la mentira, la manipulación y el crimen su mayor fortaleza [Roj202].

Ahora bien, junto al interés empresarial está el interés político de control de la región a favor de dichos intereses, es así que hoy desde Colombia se viene preparando dicha asistencia militar para el control regional que incluye la creación funcional de una constante inestabilidad regional a la medida de intereses económicos y políticos, como un producto de exportación.

Colombia así, exporta formalmente entrenamiento militar a otros países [Lin20] y a la par brinda servicios a empresas privadas en calidad de mercenarios, el paquete completo y a bajo costo.

El general Kelly, excomandante del Comando Sur de los EEUU, en el año 2014 sugería que los EUA utilizara a las fuerzas de seguridad colombianas para entrenar a terceros países precisamente para evitar restricciones de derechos humanos.

No nos estamos enfocando de la misma manera en países que están, hoy, muy cerca de ir al límite, donde estaba Colombia en los 90. Están a solo unos centímetros de caer por el precipicio. Sin embargo, estamos restringidos de trabajar con ellos, por pasados – ‘pecados’, en los 80. La belleza de tener una Colombia – son tan buenos socios, particularmente en el ámbito militar, son tan buenos socios con nosotros. Cuando les pedimos que vayan a otro lugar y capaciten a los mexicanos, hondureños, guatemaltecos, los panameños, lo harán casi sin pedirlo. Y lo harán solos. Están muy agradecidos de lo que hicimos por ellos. Y lo que hicimos por ellos fue, de verdad, animarlos por 20 años y ellos han hecho un trabajo magnífico. Pero es por eso que es importante que se vayan ellos, porque yo, al menos en el lado militar, estoy restringido de trabajar con algunos de estos países debido a limitaciones que se basan realmente en pecados pasados. Y lo dejaré así [Sec14].

Hoy notamos el aumento de ese proceso de exportación de prácticas violatorias de derechos humanos de las fuerzas de seguridad colombianas a la región, generando esa funcional inestabilidad.

Es así que, en el marco del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia para la Seguridad Regional (USCAP), entre 2013 y 2017, Colombia entrenó: 17.000 efectivos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y la República Dominicana. En el 2011, 7.000 mexicanos habían recibido entrenamiento por colombianos con financiamiento de los EUA. Destaca la formación de la policía colombiana, con el apoyo de los EUA, a los TIGRES de Honduras, estructura policial implicada en la brutal represión a las protestas masivas que se sucedieron tras el fraude en las elecciones de noviembre 2017 [FOR20].

Un exacerbado extractivismo de muerte

Después de los 90 luego de la caída del muro de Berlín, se crean ejércitos privados para liberar guerras en las que los Estados no quieren verse directamente implicados saltando exigencias del Derecho Internacional Humanitario, de Derechos Humanos, escándalos, crisis diplomáticas e impacto en futuras elecciones para personas y grupos de interés. No han sido pocos los escándalos de empresas como: G4S, DynCorp, Blackwater, entre otras, por gestar dolor, sufrimiento y destrucción de la base social, son múltiples los bombardeos, asesinatos, ejecuciones masivas, exterminios, etcétera a su favor.

En los años 2000, en el marco del Plan Colombia, soldados y policías comenzaron a ser entrenados por estas empresas que llegaron al país a brindar entrenamiento en inteligencia, seguridad, contrainteligencia y operaciones antinarcóticos, entre otras. Una vez se intensificó la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán, luego del ataque contra las Torres Gemelas (2001), estas empresas decidieron recurrir a mano de obra colombiana, porque era más barata que contratar a exmilitares estadounidenses. Por unos miles de dólares se los llevaban con unos contratos poco claros que terminaron poniéndolos en el campo de batalla cuando la promesa había sido solo hacer tareas de vigilancia [ElE213].

En Irak, Libia, Afganistán, Yemen e incluso en la lucha contra el Estado Islámico se ha constatado la presencia de exmilitares colombianos contratados por empresas de seguridad privadas.

Tabla 1: Algunos casos de presencia de exmilitares en guerras externas.

País

Año

Descripción

Irak

2006

El 23 de agosto, la BBC, y varios medios locales, informaron que unos 35 exsoldados colombianos se quejaron de haber sido engañados por una compañía que los contrató en Bogotá para brindar servicios de seguridad en Irak.

Emiratos Árabes

2011

El 14 de mayo el New York Times informó que un avión que transportaba a decenas de colombianos aterrizó en Emiratos Árabes, habrían entrado a la región haciéndose pasar por trabajadores de la construcción. “De hecho, eran soldados de un ejército mercenario secreto liderado por Estados Unidos que estaba construyendo Erik Prince, el multimillonario fundador de Blackwater Worldwide” “Tales tropas podrían desplegarse si los Emiratos se enfrentaran a disturbios en sus abarrotados campos de trabajo o si fueran desafiados por protestas a favor de la democracia”, informó el Times.

  

La BBC informó en ese año que una firma que se hacía llamar Thor reclutaba por Internet soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares, entre 25 y 45 años de edad, que estuvieran interesados en prestar servicios de seguridad en el exterior.

Yemen

2015

El 25 de noviembre, la prensa estadounidense informó que Emiratos Árabes envió en secreto a cientos de mercenarios colombianos a Yemen para luchar en el conflicto de ese país. “Es el primer despliegue de combate para un ejército extranjero que los Emiratos han construido silenciosamente en el desierto durante los últimos cinco años, según varias personas involucradas actualmente o anteriormente en el proyecto”, informó el Times.

Fuente: elaboración propia con datos de [Ret21]

En Libia (2011) la prensa relacionó que en la invasión que terminó con el cruento asesinato por mercenarios de Maumar el Gadaffi, se reportó que “ebeldes ejecutaron a mercenarios, entre ellos 10 colombianos. «Los que no murieron en la batalla, fueron condenados de inmediato. Una bala en la cabeza y adiós. Eran asesinos, carniceros, no un grupo de soldados, eran hombres sin alma que mataban por dinero», sostuvo la fuente [Chi11].

Afirma Andrés Macías, investigador del CIPE, de la Universidad Externado de Colombia:

Hay una convención de Naciones Unidas que criminaliza el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (1989”, pero Colombia y muchos países no la han firmado, dejando un terreno fértil para que estas empresas contraten mercenarios, de acuerdo con la definición legal individuos reclutados para participar en un conflicto o un acto de violencia como derrocar un gobierno o socavar la integridad territorial de un Estado a cambio de una retribución material [ElE213].

En la región se evidencian hoy escándalos de militares implicados de manera directa o a modo de contratistas, en las redes logísticas y de protección de intereses norteamericanos en alianza con grandes carteles de la droga, paramilitarismo y sectores políticos altamente corruptos, es un fenómeno ya constante.

Vale recordar un caso emblemático y famoso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desmantelado ante los grandes escándalos de corrupción, tráfico de drogas, apoyo al paramilitarismo, asesinato de líderes sociales, la planeación e intento frustrado de asesinato del entonces Presidente de Venezuela Hugo Chávez, entre otras [Cep09].

Los ataques desde Colombia a Venezuela son constantes por medio de comandos tipo mercenarios, paramilitares y narcotraficantes, a la par de una política exterior basada en engaños y agresiones hacia el vecino país, también contra Cuba, ataques a los que se suman el Gobierno, su partido y los medios de cobertura nacional.

Se gestan así redes en alianza con Estados Unidos por medio de empresas de seguridad para atacar, intervenir y desestabilizar, es el caso de la Operación Gedeón cuyo objetivo era el de secuestrar y/o asesinar al presidente Nicolás Maduro, acción gestada con apoyos desde Colombia y según la declaración del Militar Venezolano en retiro Mayor General Cliver Alcalá quien lideró este ataque y que en entrevista al medio Nacional La W confirmó la articulación para tales fines entre altos funcionarios Colombianos, asesores norteamericanos, funcionarios Venezolanos, el liderazgo del ciudadano Venezolano Juan Gauidó, el asesor JJ Rendón y al apoyo de narcos en Colombia así, se entrenó y gestó toda esta operación, afirmó demás que de esto tenía pleno conocimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia (antes DAS), a tal punto que el General en cuestión vivía en Barranquilla y desde allí montó y proyectó este plan [LaW201]. Luego de fracasada esta operación y de la captura de varios mercenarios por el gobierno de Venezuela, se supo de la vinculación incluso de la empresa de seguridad Norteamericana Sylvercorp y de nuevo se reafirma la participación del Gobierno de Colombia [Par201].

Estas incursiones siguen realizándose de manera reiterada, como es el caso de la llamada Operación Cacique Guaicaipuro realizada en la Cota 905 (julio de 2021) y que neutralizó una nueva incursión armada contra Venezuela, allí fueron capturados paramilitares de Colombia con abundante y potente armamento colombiano y norteamericano, el objetivo desestabilizar el Gobierno y a la par ampliar las rutas del narcotráfico de Colombia desde Venezuela, detalles emitido en declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez.

Rodríguez recordó que previo a los sucesos registrados en Caracas, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, William Burns, visitó Colombia y Brasil. La funcionaria manifestó que el presidente Nicolás Maduro había denunciado que la CIA y el Comando Sur de EEUU preparaban un plan contra Venezuela [Spu21].

En simultánea a este hecho, ocurre el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, en donde se hace pública la supuesta participación de 26 colombianos.

Son 26 los colombianos que estarían presuntamente implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, de los cuales 18 fueron capturados por vecinos y la Policía Nacional haitiana, mientras que tres fueron abatidos y cinco continuaban prófugos según fuentes oficiales [Spu211].

Ahora bien, se hace más delicado aún porque no todos se reportan como exmilitares, sino que 6 se referencian como militares activos, lo que complejiza aún más la situación y deja mal parado al gobierno de Colombia.

Con relación de la infiltración de militares de Colombia aseguró que es novedosa y grave porque han confirmado que «se trataría por lo menos en el caso de 6 de ellos, ya no de militares retirados como afirmó el ministro de defensa, Diego Molano, sino incluso de militares activos y 2 de ellos con el rango de Sargentos en las Fuerzas armadas colombianas».

Por su parte, es pública la noticia que la policía de Colombia asesoraba a Haití sobre cómo afrontar la crisis de los secuestros, allí un grupo de oficiales se encargó en terreno, del análisis de marzo a mayo de 2021 [Mar21] y según avanza la investigación los capturados ingresaron al país en el mes de mayo.

De los militares o exmilitares detenidos en Haití se encuentran casos particulares, por ejemplo, Francisco Eladio Uribe quien tiene cuentas pendientes ante el organismo de justicia transicional de Colombia -JEP- por su participación en ejecuciones extrajudiciales de civiles (falsos positivos) la pregunta es cómo logra que la Cancillería le otorgue pasaporte y Migración le concede permiso para salir del país.

Así mismo otro de los militares o exmilitares detenidos Manuel Antonio Groso Guarín es primo de Rafael Guarín Cotrino, consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, quien negó conocer a su familiar luego de hacerse pública la noticia [Por21].

La información fluye muy rápido, los niveles de confusión mediática tal vez como estrategia de distracción también, ya se sabe de la Participación de la empresa de seguridad CTU con sede en Miami, desde donde se gestó el reclutamiento de algunos militares implicados, capturados, dicha empresa es dirigida por Antonio Intriago de nacionalidad venezolana, opositor y cercano al ciudadano Juan Guaidó, una empresa registrada en el año 2019, también está relacionado con otras empresas de seguridad de la Florida: la Academia Federal de la Unidad Contra el Terrorismo, el Consejo Nacional Venezolano Americano y Doral Food.

La pregunta sigue siendo ¿quiénes están detrás de los mercenarios que mataron al presidente y cuales los intereses que se tejen internacionales y nacionales allí?

Existen muchos intereses entrecruzados, como dice un dicho popular: si hay un muerto, sigue la ruta del dinero. Intereses de todo orden, desde reforma del sector eléctrico del país, la relación estrecha con Venezuela en temas de envío de petróleo a bajo costo, el interés de EE.UU. de mantener vigilado y bloqueado a Venezuela, petróleo que es un importante sector de la resquebrajada economía del país, los contratos a través de ayuda internacional ONGs que suma un gran porcentaje del producto interno bruto, y terminan siendo sectores más poderosos que el mismo Estado, acá un dato particular, el ciudadano norteamericano James Solages uno de los capturados y sindicados del asesinato del presidente de Haití, fue jefe de guardaespaldas de la embajada de Canadá en Puerto Príncipe, director de la ONG Save the Children, con sede en La Florida, Estados Unidos, a estos intereses se suma el narcotráfico, el mercado ilegal de armas, entre otras [Sga21].

En últimas, es lamentable lo bajo e indigno que ha caído la Fuerza Pública de Colombia, al punto que la han llevado los Gobiernos recientes y el actual, acabando con su soberanía, denigrando y mancillando su honor, destruyendo todo atisbo de ética, haciendo trizas su lealtad constitucional, reduciéndoles a un grupo de matones a sueldo al servicio de intereses mercantiles y políticas mezquinas a favor de extranjeros o de reducidos grupos de interés, movidos solo por el fin de lucro, sin consciencia alguna, mercenarios a sueldo.

Es necesario un cambio profundo en la estructura, doctrina y formación de la fuerza, gestar desde la misma sociedad cambios reales, propender por elegir líderes guiados por el bien común, articular bloques regionales que detenga esta estrategia global que utiliza a Colombia como plataforma de guerra sucia, fortalecer la articulación de medios alternativos que rompan el cerco mediático y la articulación de centros de investigación autónomos a modo de centros de pensamientos desde abajo, que puedan ahondar en estos fenómenos y tracen apuestas de cambio.

Por ahora Colombia fue transformada en un riesgo para América Latina exportando lo que más sabe crear, grupos mercenarios, paramilitares vendidos al mejor postor.

 

Referencias bibliográficas

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* Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

** Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Miércoles, 14 Julio 2021 06:16

Y Dios entró en La Habana

Una bandera cubana ondea en un barrio habanero, hoy lunes 12 de julio del 2021, en La Habana. EFE/Yander Zamora

Manuel Vázquez Montalbán aprovechó en 1998 la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba para escribir todo un tratado sobre las distintas aristas de la Revolución Cubana. Lo tituló Y Dios entró en La Habana. En aquel viaje, el papa polaco dejaría para la posteridad un célebre adagio: "Que Cuba se abra al mundo (…) y que el mundo se abra a Cuba". La isla todavía se resentía por los estragos del Periodo Especial de inicios de los años 90 y la llegada del Pontífice auguraba una nueva era de cambios que, sin embargo, no fructificaron. Dos décadas después, una nueva deidad está obrando el milagro de los panes y los peces. Allí donde surgen demandas de cambios, las redes sociales las difunden y generan un efecto contagioso. Ocurrió en noviembre de 2020 con las movilizaciones de un grupo de artistas e intelectuales y ha sucedido ahora, de manera explosiva, con el rechazo popular más contundente que se recuerda en la isla desde hace mucho tiempo.

Cuando Fidel Castro enfermó gravemente a finales de julio de 2006 y delegó el poder en su hermano Raúl (a la sazón, ministro de Defensa), un runrún circuló por las calles de La Habana: "Esto con Raúl no aguanta". Al general se le achacaba una falta de conexión con el pueblo de la que Fidel andaba sobrado. Frente al carisma y la elocuencia del comandante para mantener a flote la Revolución, Raúl solo parecía proponer su férreo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Pero el general se encargó pronto de acallar las voces más derrotistas con una habilidad política desconocida. Su gobierno no sería continuista sino reformista. En lugar de esperar un nuevo maleconazo (la protesta anticastrista de 1994 que el propio Fidel desbarató al presentarse en persona y disolver la concentración), Raúl fue proponiendo pequeños cambios en los modos de vida de una población exhausta tras años de austeridad económica y exigencias políticas.

El lento reformismo de Raúl y, más tarde, de su delfín político, el hoy presidente Miguel Díaz-Canel, ha generado más decepciones que esperanzas a lo largo de los últimos 15 años. En 2006 muy pocos cubanos tenían acceso a Internet. Una cuenta de correo electrónico era un objeto de deseo y un teléfono móvil, un artículo de lujo. La tímida apertura del régimen ha permitido un progresivo acceso de los ciudadanos a la Red. Era pues cuestión de tiempo que la creciente conectividad engarzara con el malestar de amplios sectores de la sociedad ante una crisis económica crónica, agravada por la pandemia.

En el hastío por un presente desolador y un futuro nada prometedor está el germen de las marchas del domingo. A diferencia de otras épocas en las que una protesta se localizaba en un lugar concreto y enseguida era aplacada por las autoridades sin que el resto del país se enterara, hoy Internet funciona como un altavoz difícil de silenciar. Las manifestaciones comenzaron en San Antonio de los Baños, un tranquilo pueblo próximo a La Habana y célebre por albergar la escuela de cine internacional. Y se reprodujeron en la otra punta de la isla, en el municipio de Palma Soriano, enclavado en ese oriente cubano donde arraigó la Revolución en los años 50 del siglo pasado. Y de ahí al mismo corazón de La Habana Vieja. La escasez de productos básicos y el preocupante aumento de los contagios por coronavirus han espoleado el descontento ciudadano. Las redes sociales han hecho el resto: convertir ese rechazo en un evento masivo.

Si la extensión de la protesta es fruto de la implantación de Internet en la isla, la primera respuesta del régimen parece extraída de los tiempos de la Guerra Fría. En su primera alocución televisada, Díaz-Canel volvió a culpar a Estados Unidos de la precaria situación económica de la isla. El embargo que todavía impone Washington a La Habana estaría en la raíz de un estallido social que, según el mandatario cubano, podría servir de excusa para una intervención extranjera.

Es incuestionable el daño económico y comercial que el bloqueo estadounidense ha causado en Cuba desde los años 60. Un perjuicio que se recrudeció en tiempos de Trump al dejar atrás la etapa del deshielo fomentada por Obama. Pero el malestar social ya no se circunscribe a la penuria económica. Lo demostraron a finales del año pasado los colectivos de artistas e intelectuales (San Isidro, 27-N), y lo expresaron este domingo los miles de manifestantes que gritaban "libertad". En ambos casos, las redes sociales fueron cruciales. Muchos jóvenes tienen hoy acceso a Facebook, Twitter o Instagram y se informan a través de estos canales de lo que ocurre en cualquier rincón del país.

El régimen debería prestar atención a ese cambio de época. Sin embargo, la retórica castrense no ha desaparecido del Palacio de la Revolución: "La orden de combate está dada", se despachó Díaz-Canel al llamar a los "revolucionarios" a tomar las calles. Es posible que la Policía y las brigadas parapoliciales puedan contener más protestas callejeras con represión y detenciones masivas. Pero aquellos que han salido a las plazas exigiendo una vida más digna, hartos de los apagones y de la escasez de productos de primera necesidad, aquellos que también demandan más libertad a un régimen enrocado en el pasado, cuentan con una herramienta nueva para potenciar su descontento. La protesta se ha hecho viral en Cuba. Las redes sociales van a modificar (ya lo están haciendo) las relaciones entre el poder y la ciudadanía. El combate debería ser dialéctico.

 

Por César G. Calero

Periodista. Ha sido corresponsal en México, Centroamérica, Cuba y Argentina.

12/07/2021


Cuba: malestar e injerencismo*

Miles de cubanos se manifestaron el domingo pasado contra el desabasto de artículos básicos, la carestía y los cortes intermitentes de la energía eléctrica, entre otras demandas. De manera completamente inusual en los actos de protesta que tienen lugar en la isla, durante las marchas se registraron saqueos de tiendas y ataques contra patrullas de policía, así como detenciones violentas de quienes causaban desmanes.

En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel se apersonó en la protesta realizada en la localidad de San Antonio de los Baños para escuchar las demandas de la población y explicar los motivos de las estrecheces que aquejan al país. El mandatario reconoció que no todos los manifestantes son "contrarrevolucionarios ni mucho menos", sino personas "insatisfechas", pero también denunció la campaña de desestabilización urdida por la mafia cubanoestadunidense, y sostuvo que "quienes alientan esas manifestaciones no quieren el bienestar de la gente, sino la privatización de la salud y la educación, el neoliberalismo".

Sería pueril negar que en ese país, como en muchos otros, existe un sector social descontento con las autoridades y decidido a tomar las calles para plantear sus exigencias; es sabido, por otra parte, que este malestar se ha exacerbado y ampliado a consecuencia de la prolongada pandemia que mantiene paralizado el turismo, una de las principales fuentes de ocupación e ingresos en la isla; por otra parte, es claro que las dificultades que experimentan millones de cubanos se origina, en parte, en las ineficiencias del gobierno y en las inercias burocráticas.

Sin embargo, supondría una enorme ingenuidad creer que no hay una promoción de estas manifestaciones desde Washington y Miami, y resultaría absurdo ignorar el peso que han tenido en la gestación de este enojo social las seis décadas del bloqueo estadunidense contra la isla, toda vez que esta brutal y permanente violación a los derechos humanos de todos los cubanos está expresamente diseñada para generar malestar contra el régimen y doblegarlo mediante el hambre y la carencia generalizada.

En las actuales circunstancias, la hostilidad de Estados Unidos contra La Habana se inserta, además, como una fuerza extraña que enturbia los legítimos reclamos de la sociedad cubana y oscurece el entendimiento de sus malestares.

Por ello, el llamado del presidente Joe Biden a que el gobierno cubano "atienda a las necesidades" de su pueblo en este momento vital resulta de una perversidad inaudita: es el bloqueo estadunidense y no las autoridades cubanas lo que impide a la isla adquirir los insumos básicos para lidiar con la pandemia, y la primera medida para terminar con el "sufrimiento económico" que denuncia el político demócrata pasa por levantar el embargo que mantiene maniatados al comercio y las finanzas cubanas desde hace más de medio siglo.

Está claro que la única actitud sensata ante las dificultades que enfrenta la isla es dejar que sean los propios cubanos quienes decidan qué quieren hacer con su país. Como lo expresó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación del pueblo cubano no debe utilizarse para intervenir en los asuntos internos una nación independiente, libre y soberana, a cuyos gobierno y ciudadanos corresponde buscar una salida mediante el diálogo.

*Editorial diario La Jornada, México, martes 13 de julio/2021

 

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles en rueda de prensa. | Foto: MIPCC

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles de las pruebas que vinculan al Gobierno de Colombia con los grupos paramilitares que participaron en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moîse y en los recientes hechos violentos en Caracas.

En comparecencia con la prensa, Rodríguez ofreció detalles de la relación que guardan las autoridades del Gobierno de Iván Duque con grupos paramilitares, al  proporcionarle a estas organizaciones armamento de alta potencia, utilizados en el despliegue contra un barrio de la capital venezolana.  

Rodríguez advirtió que el mandatario colombiano Iván Duque se ha convertido "en una verdadera amenaza" para la paz de la región.

Mostró pruebas de que la empresa que contrató a los mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití está involucrada en el atentado contra en presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018.

Se trata de la empresa de seguridad privada CTU Security, dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Rodríguez señaló que Intriago tiene vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live.

Denunció que el paramilitarismo colombiano es una suerte de nueva Escuela de las Américas, y empresas en Estados Unidos contratan a esos efectivos para ir a asesinar en Irak, Venezuela o ahora Haití.

Denuncia plan para atacar con drones en celebración del centenario de la Batalla de Carabobo

Agregó que tenían preparada una operación contra la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la celebración por el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Se articuló con cuatro drones que fueron neutralizados por los dispositivos de seguridad del Estado venezolano.

Explicó que, a partir del fracaso de este intento, desplegaron la operación con paramilitares en el suroeste de Caracas.

Mostró un video extraído del móvil de uno de los delincuentes que operaron en la capital venezolana, en que se aprecian vistas estratégicas de la urbe, entre ellas la Academia Militar y el Paseo de los Próceres, con la idea de atentar contra Maduro y la dirección de la Revolución Bolivariana.

Rodríguez valoró que los hechos ocurridos en la parroquia La Vega y en la cota 905 manifiestan un patrón típico del modo en que actúan los paramilitares colombianos. Refirió que la derecha violenta pretende articular acciones como estas en otras ciudades, lo cual es investigado por las autoridades.

Recordó que las oposiciones venezolanas tienen un espectro amplio y dividido, pero hay un avance real en el diálogo con aquellas que se inclinan por respetar la Constitución y por promover la vía política para participar en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Subrayó que otro sector de esas derechas, como el que representa Leopoldo López, desde hace mucho no tiene una participación política y solo les interesa promover acciones violentas. Al respecto, reiteró que el Gobierno no irá a ninguna mesa de diálogo o negociación con estos violentos.

13 julio 2021

(Con información de teleSur)

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El país de América Latina donde se duplicaron los desplazamientos forzados en la primera mitad de 2021 (y las razones del fenómeno)

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que en el primer semestre de 2021 hubo 102 eventos de esta naturaleza, frente a los 51 que se registraron en el mismo período del año anterior.

Los desplazamientos forzados se duplicaron durante el primer semestre de 2021 en Colombia con 102 eventos de esta naturaleza, detalló en un informe la Defensoría del Pueblo.

Esos eventos, propiciados por la violencia en los territorios, significaron la movilización forzada de 44.290 personas, pertenecientes a 15.340 familias. La cifra es significativamente mayor a los 13.912 ciudadanos que tuvieron que huir de sus casas en 51 desplazamientos registrados en la primera mitad del año pasado.

De acuerdo a estos datos, el número de eventos de desplazamiento forzado habría aumentado a 256% en 2021, y afectado a más del triple de personas con respecto al año pasado.

Los departamentos más afectados son Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda y Arauca. Y entre las comunidades más impactadas se encuentran en un 59 % de casos las indígenas y afrodescendientes y en un 41 % los campesinos. 

Confinamiento de poblaciones

Además, se registraron 68 eventos de confinamientos que obligaron a 36.101 personas, un 98,5 % indígenas y afrodescendientes, de 192 comunidades a quedarse dentro de sus territorios.

"La mayoría de estos eventos están relacionados con el interés de los grupos armados ilegales por los cultivos para uso ilícito, la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando y la extracción ilícita de minerales", señala la entidad en un comunicado

"El accionar de los grupos armados ilegales están generando situaciones que aterrorizan a la población y generan el desplazamiento masivo de las comunidades, por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, disputas por el control territorial y social, entre otros", indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. 

Camargo destacó la "urgencia" de desplegar "medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población". 

En Colombia existe una violencia estructural en zonas donde hay enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y las autoridades por el control territorial.

Hace unos meses, se compartieron en las redes videos donde se observan a comunidades enteras de indígenas huyendo de sus hogares en plena pandemia ante las amenazas de los grupos armados.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha hecho un registro de los homicidios de líderes sociales y excombatientes, en el país suramericano han ocurrido 43 masacres, que han causado 164 muertes, en lo que va de año. 

En las últimas décadas, desde 1985 hasta 2019, el Registro Único de Víctimas (RUV) tiene un acumulado histórico de casi 8 millones de desplazados. Según la Organización de Naciones Unidas, se trata de la mayor cifra de desplazamiento interno en el mundo.

Publicado: 13 jul 2021 21:27 GMT

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