El presidente de Haití, Jovenel Moïse, durante una conversación con EL PAÍS por videollamada el pasado febrero.

Hombres armados asaltaron su domicilio de Puerto Príncipe la pasada madrugada. La primera dama está hospitalizada

 

Puerto Príncipe, Madrid - 07 jul 2021 - 12:41 CEST

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia durante la pasada madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, según ha informado esta mañana el primer ministro, Claude Joseph. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moïse, que ha sido hospitalizada, según un comunicado firmado por Joseph. El mandatario pidió calma a la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener el orden.

Hijo de un comerciante y una costurera, Jovenel Moïse concedió el pasado febrero una entrevista a este diario, en un país en el que la tensión iba en aumento semana tras semana. A la crisis política se le suma un año de espanto debido a la pandemia de coronavirus, los huracanes y la ola de violencia y secuestros que han llevado el hartazgo a una población que cuenta en su poder con más armas que nunca, tal y como señalaron los expertos a EL PAÍS.

El origen político del conflicto en Haití, país caribeño de 11,2 millones de habitantes, está en las convulsas elecciones de 2015. Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios convocados obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido, hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moïse un año después. Para la oposición, su Gobierno comenzó el día que Martelly dejó el poder y le acusa de “dictador” por gobernar por decreto desde hace un año.

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, declaró Moïse en esa misma entrevista.

Bandas armadas

Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló este martes un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). “El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones (...) Puerto Príncipe está sitiado en el sur, el norte y el este. Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado”, lamentó la organización en un documento.

Al menos seis extranjeros han sido secuestrados, lo que eleva el total a 20 en el primer semestre de 2021. Tres departamentos están aislados del resto del país, según este informe, que habla de “la hegemonía del crimen en Haití”. Del 1 de enero al 21 de junio, 30 policías fueron asesinados frente a los 26 de 2020, según la ONG, que sostiene que algunos son mutilados, desaparecidos, secuestrados, torturados, etcétera.

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El candidato presidencial Pedro Castillo en Lima, Perú, el lunes 7 de junio de 2021Guadalupe Pardo / AP

Quienes llaman a protestar afirman que en el Congreso y en la cárcel donde está Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, se preparan acciones para "desconocer la voluntad popular".

 

Este martes, varios sectores sociales y partidos políticos peruanos de izquierda convocan a un paro nacional para exigir la proclamación del candidato Pedro Castillo y rechazar lo que consideran un intento de golpe de Estado del fujimorismo, cuando se cumple un mes de la segunda vuelta electoral donde el dirigente sindical resultó en primer lugar. 

El Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad llamó, a través de su cuenta de Facebook, a realizar movilizaciones en todo el país. En estas acciones de calle se espera la participación de gremios, sindicatos, colectivos, asociaciones civiles y movimientos políticos, entre otros.

A pesar de que ya hay resultados oficiales de las elecciones, en las que Castillo obtuvo una ventaja de 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, aún no hay un presidente proclamado. Actualmente, varias instancias del Poder Electoral se encuentran analizando los expedientes con recursos presentados en su gran mayoría por la hija del expresidente Alberto Fujimori. Hasta ahora todos han sido descartados. 

¿Por qué ir a paro?

Si bien los simpatizantes de cada candidato han hecho manifestaciones principalmente en Lima, bastión electoral fujimorista, para pedir la proclamación del nuevo presidente, este llamado a paro no solo incluye a la capital. Castillo se alzó con la mayoría de votos en la región de los Andes, donde se desarrollan actividades mineras y agrícolas, y en el sur del país, donde está Cusco, el departamento con mayor pobreza del país, en el que arrasó y obtuvo más del 83 % de la votación.

En varios comunicados, el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad afirma que pide hacer esta movilización porque "el fujimorismo y sus aliados continúan sus intentos para perpetrar el golpe y desconocer la voluntad popular".

La estrategia que utilizaría la derecha, según quienes convocan a protestar, se basa en la próxima elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que quedaría conformado por personas "afines al fujimorismo" como parte de "un proceso de selección abiertamente cuestionado y apresurado", según el Frente.

El Parlamento peruano, cuya periodo culminaba el pasado junio, admitió una extensión extraordinaria de su legislatura hasta julio para aprobar varias reformas constitucionales "exprés" y cumplir con los pendientes del anterior Congreso, de mayoría fujimorista, que fue disuelto en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra. Todo esto antes de que se instale el nuevo Legislativo (2021-2026), el próximo 27 de julio, un día antes de que tome posesión de su cargo el nuevo presidente.

"Golpe fujimontesinista"

En opinión de quienes respaldan a Castillo, de resultar electos los magistrados derechistas "captarían" al Tribunal Constitucional "para servir a sus intereses y consumar un golpe de Estado", al que han denominado "fujimontesinista", por la unión de los apellidos de Fujimori y Montesinos.

En días pasados, la Fiscalía de Perú anunció que investigaría una serie de audios donde Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, hablaba de conspirar y pagar sobornos millonarios para que la derechista fuera declarada como ganadora en las recientes elecciones.

"Se cocina un golpe de Estado desde la Base Naval [donde permanece detenido Montesinos por secuestro, homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas y asociación ilícita] y el Congreso", afirmó el Frente.

Quienes convocan a una paralización de actividades aseguran también que "las estrategias del fujimorismo para salvar a su candidata han sido desmontadas por expertos y por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", que han declarado infundadas toda las apelaciones presentadas por el equipo de la excongresista.

"El JNE debe resolver con máxima celeridad los recursos pendientes y proclamar inmediatamente al profesor Castillo como presidente", dice uno de los textos del Frente.

Keiko nuevamente en vilo

A pesar de que la derechista se ha valido de una estrategia poselectoral para maniobrar y retardar el nombramiento del nuevo mandatario, su camino no ha estado exento de reveses.

En esta oportunidad, una nueva investigación por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2021 se abrió en su contra, según anunció José Domingo Pérez, fiscal del equipo de Lava Jato en Perú, tras la publicación de los audios de Montesinos. Se espera que estas "diligencias preliminares" se realicen durante 36 meses.

Según Pérez, el partido Fuerza Popular habría captado "activos de procedencia ilícita", por lo que incurriría en los delitos de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia.

En respuesta, Fujimori publicó una serie de trinos donde asevera que "Pérez lanza un nuevo show" con "afán de figuración" y que convoca a Montesinos "para asegurar difusión y cobertura". "Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo", agregó.

Ante esta nueva averiguación en su contra, informó que solicitará al Ministerio Público que excluya al fiscal del caso "para evitar que su evidente sesgo desvirtúe esta investigación".

Previamente, Pérez había pedido la revocatoria de las restricciones sobre Fujimori para imponerle prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos durante sus campañas de 2011 y 2016. Esta solicitud fue rechazada por un jurado peruano por considerarla infundada.

Publicado: 6 jul 2021 15:20 GMT

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XIX Congreso del Partido Comunista Chino. Xinhua/Ju Peng

El 1 de julio de 2021 marca el primer centenario del PCC, una de las organizaciones más importantes de nuestro tiempo. Al reflexionar sobre el significado de este centenario, lo primero que se me ocurrió es que el presente altera el significado del pasado. Antes de 1991, cuando se produjo el colapso del Estado soviético, yo habría apostado sin pensarlo dos veces que el acontecimiento más importante del siglo xx fue la Revolución Rusa de 1917. Ahora, debido a la despiadada intolerancia de la historia con los experimentos fallidos, aparece la Revolución China como el hecho más destacado del siglo pasado, y su consecuencia paradójica ‒el ascenso de China al centro de la acumulación capitalista global‒ constituye muy probablemente el fenómeno más significativo también del siglo actual.

De la liberación nacional a la Revolución Cultural

In 1949, China logró dejar atrás el largo siglo de vergüenza que había comenzado con su derrota en la primera Guerra del Opio de 1839 a 1842, que concluyó con la cesión de Hong Kong al imperio británico. En las décadas siguientes, la China imperial colapsó, el país se sumió en una profunda crisis social y espiritual y en una desgarradora guerra civil entre un gobierno nacionalista corrupto y débil y un partido comunista revolucionario puritano, dirigido por Mao Zedong.

Otros países habrían experimentado una consolidación posrevolucionaria después de 1949, pero no así China. Revolucionario incansable, Mao llevó al país al desastroso Gran Salto Adelante de 1958 a 1962, y después, tras una breve pausa, a los diez años de Revolución Cultural, en la que llamó a la juventud a declarar la guerra a sus mayores y a todo lo antiguo y tradicional. Incluso los empujó a “bombardear las sedes”, es decir, al Partido Comunista, mientras el Ejército de Liberación Popular controlaba los contornos del campo de batalla. A comienzos de la década de 1970, China estaba exhausta. O quizá sería mejor decir que Mao había dejado exhausta a China.

El llamado milagro asiático se desarrollaba junto a las fronteras orientales de China ‒en Japón, Corea y Taiwán‒, pero como escribieron Roderick MacFarquhar y Michael Schoenhals en 2009, “la propia China se halla ahora tumbada con brazos y piernas abiertas, esta vez por obra de ella misma, no debido a una invasión extranjera o una guerra civil convencional”. Para Deng Xiaoping y otros supervivientes del bombardeo de las sedes maoísta, el mensaje estaba claro, como escribió MacFarquhar en 2010:

Tenían que embarcarse en una política de rápido crecimiento económico para recuperar el tiempo perdido y la legitimidad del poder del PCC. Tenían que abandonar el utopismo maoísta y construir la nación fuerte y próspera con la que habían soñado cuando se unieron al naciente PCC en la década de 1920. De lo contrario, puede que el propio PCC no durara. De este modo, la práctica, no la ideología ‒no el marxismo-leninismo, no el pensamiento Mao Zedong‒ pasó a ser el único criterio de la verdad. Si funcionaba, se conseguiría.

Nación y clase siempre han tenido una difícil coexistencia en el comunismo chino. Reconciliadas durante el combate por liberar al país del imperialismo, el conflicto de clase tomó la delantera durante la Revolución Cultural. Sin embargo, muerto Mao y con Deng al mando, el acento se desplazó decisivamente a la solidaridad nacional a finales de la década de 1970, cuando se proclamó la “modernización nacional” como nuevo objetivo de China. Sin embargo, este propósito colectivo de lograr la prosperidad común mediante el rápido crecimiento económico no pasaba por sumergir al individuo en la empresa cooperativa de las masas virtuosas, sino por activar el espíritu latente de la competencia que las dividía.

Del socialismo al capitalismo

Deng no dijo, como se piensa comúnmente, que “enriquecerse es glorioso”. Pero comoquiera que expresara la nueva perspectiva, se situaba claramente en la tradición de Adam Smith, quien dijo que el bien común se lograría, paradójicamente, mediante la competencia entre individuos. Sin embargo, había una diferencia, y no menor: mientras que Smith dijo que un Estado reducido a su mínima expresión, un Estado vigilante nocturno, sería lo que más favorecería la competencia y el logro del bien común, Deng y el PCC pensaron que hacía falta un Estado fuerte, capaz de controlar los contornos de la batalla, como hizo el Ejército de Liberación Popular durante la Revolución Cultural, para conseguir el bienestar común en una sociedad en que la competencia también desataría la corrupción y en un mundo que seguía estando dominado por las depredadoras sociedades capitalistas occidentales.

Era una diferencia importante que marcaría los contornos de la tercera revolución china desde la fundación del Partido Comunista en 1921: la vertiginosas transformación capitalista del país. La revolución socialista de Mao se fue apagando, pero había creado el Estado que hizo posible el éxito de la revolución capitalista. Porque con este Estado, su sucesor Deng se sintió empoderado para cerrar un pacto con el diablo. El pacto fue que a cambio del desarrollo general del país sobre una base capitalista, el PCC ofrecería la fuerza de trabajo de China para su sobreexplotación por las empresas multinacionales estadounidenses. Este Estado poderoso, no obstante, aseguraría que el ímpetu del capitalismo generado por el pacto se doblegaría a favor de China, y no de las empresas multinacionales. Y este Estado, en virtud de sus orígenes revolucionarios, era mucho más fuerte que los míticos Estados desarrollistas de Japón y Corea del Sur, que habían impulsado las milagrosas economías asiáticas.

Al cabo de 40 años, Deng y sus sucesores han hecho sin duda un buen negocio a costa del diablo capitalista occidental. Es cierto que ha habido costes, en absoluto insignificantes. La desigualdad de rentas en China se aproxima a la de Estados Unidos. Las crisis medioambientales van en aumento. La parte occidental de China se ha quedado rezagada con respecto a las regiones costeras. El impulso a favor de la igualdad de género ha perdido fuerza. Los derechos democráticos han quedado supeditados a la estabilidad del Estado.

Sin embargo, no hay nada más exitoso que el propio éxito, como probablemente se habrá percatado el nonagenario Mijaíl Gorbachov con amargura, completamente olvidado ahora en su país, mientras que Deng asciende a los altares en el suyo. China se ha convertido en el centro de la acumulación capitalista mundial ‒o, según la metáfora popular, en la locomotora de la economía mundial‒, acaparando el 28 % del crecimiento económico mundial en el quinquenio que va de 2013 a 2018, más del doble de la cuota de EE UU, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este proceso, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza, según el Banco Mundial, si bien la afirmación de Pekín de que ha “acabado con la pobreza extrema” se contempla con cierto escepticismo.

Pese a las numerosas protestas sobre el terreno ‒a menudo toleradas y no reprimidas‒ y al distanciamiento con respecto a las autoridades que se pone de manifiesto ampliamente en internet, no existe ninguna amenaza sistémica para el PCC. Puede que el miedo a la represión influya en ello, pero mucho más significativo es un fenómeno más mundano. Como lo expresa un economista occidental, “durante la mayor parte de las últimas tres décadas, todos los botes han ascendido, y la mayor parte de la gente presta más atención a su propio bote que a los botes que han subido más… En suma, parecen haber interiorizado el lema de Deng Xiaoping del comienzo de la reforma de que ‘habrá que aceptar que algunas personas y algunas regiones prosperen antes que otras’”.

¿China como modelo?

Tras una visita a la joven Unión Soviética en la década de 1930, el periodista estadounidense Lincoln Steffens escribió aquello de que “he visto el futuro y funciona”. De un modo similar, el sorprendente éxito de China ha cautivado a muchas personas de fuera de China. Una de las más hipnotizadas es el profesor de economía de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs. Este ha dado un giro de 180 grados con respecto a su primera época como campeón del Consenso de Washington por el libre mercado en las décadas de 1980 y 1990. En una reciente conversación con funcionarios de Naciones Unidas, Sachs afirmó que “China muestra cómo es posible llevar a cabo profundas transformaciones a favor del bienestar en un breve espacio de tiempo”.

Sachs, quien ha sido acusado por algunos de sus colegas de ser “vocero de Xi Jinping”, no es más que uno entre numerosos economistas occidentales liberales y progresistas que han perdido toda esperanza de que la economía de EE UU, arruinada por las políticas neoliberales que han favorecido la desindustrialización, la especulación financiera descontrolada y una desigualdad espectacular (con un 50 % de la población que tiene acceso a tan solo el 12 % de la riqueza), tenga mucho que ofrecer al Sur global. China, en cambio, se considera la nueva estrella del Norte, el país más capacitado para asumir el liderazgo mundial de una estrategia que Sachs denomina “desarrollo sostenible”.

Sin embargo, China no es abanderada del “desarrollo sostenible” de Sachs ni ha promovido lo que algunos economistas occidentales ilusos consideran la respuesta de China al Consenso de Washington neoliberal: el llamado Consenso de Pekín. En cuanto a lo que tiene que ofrecer al mundo, China ha salido al paso diciendo que no prescribe un modelo para otros países. En efecto, siempre ha insistido en afirmar que lo que Deng Xiaoping llamó “socialismo con características chinas” es un sistema capitalista dirigido por el Estado, específico de China y probablemente intransferible.

En cambio, lo que quiere el heredero de Deng, Xi Jinping, es que China sea reconocida como líder de la globalización en su última fase de conectividad, o la interconexión completa de vastas zonas del planeta mediante infraestructuras físicas, económicas y digitales. Concebida originalmente como un medio que permitiera a China reducir la capacidad excedentaria que estaba mermando la rentabilidad de su industria, la tan cacareada Nueva Ruta de la Seda (NRS) ha pasado a ser el buque insignia de Pekín en su proyecto de conectividad, destinado a lograr la compresión, en términos de tiempo y espacio, de la masa terrestre eurasiática, africana y latinoamericana, mediante una red de instalaciones físicas y digitales.

En lo tocante a los compromisos financieros reales y futuros en forma de ayuda al desarrollo o de acuerdos comerciales más directos, Pekin ya ha reservado, según algunas estimaciones, hasta 3 a 4 billones de dólares actualmente ‒cuando originalmente Xi había comprometido 1 billón‒ para proyectos de la NRS, destinándose la parte principal a países en vías de desarrollo. En efecto, la NRS puede concebirse como un colosal proyecto de ayuda exterior al Sur global que es sumamente competitivo con la ayuda bilateral y multilateral prestada por Occidente, sujeta a condicionalidades neoliberales y de respeto de los derechos humanos.

Grupo de los Siete a punto de desmoronarse

La disparidad entre el poder blando de EE UU y de China se vio claramente durante la reciente cumbre del G7 en Cornualles, Reino Unido, y los días inmediatamente posteriores. El presidente estadounidense, Joe Biden, hizo todo lo que pudo por recrear la antigua alianza occidental tras la acción destructiva de Donald Trump, invocando una lucha entre la “democracia occidental” y la “China autoritaria”. El suspiro de alivio post-Trump se palpaba en el ambiente, pero la retórica del G7 escamoteaba duras realidades. Los aliados de Washington sabían que Biden se enfrenta a una guerra civil larvada en casa, donde el Partido Republicano supremacista blanco, liderado por Trump, trata activamente de desestabilizarlo. Los gobiernos europeos sabían que la propia Unión Europea se halla inmersa en una crisis muy real, con a salida del Reino Unido. El Japón expansivo de las décadas de 1970 y 1980 ahora es el pequeño Japón de la de 2020, que no ha logrado zafarse de sus más de 30 años de estancamiento económico.

La asociación B3W (Better World Partnership), concebida para contrarrestar la NRS y anunciada a bombo y platillo, es una iniciativa puramente reactiva, con programas puramente reactivos reunidos a toda prisa, con escasa intención de darles una continuidad real. El problema principal, desde luego, es el dinero. Y con todos esos países sumidos en sendas crisis fiscales y de endeudamiento, con la posible excepción de Alemania, ¿de dónde sacarán los gobiernos occidentales los billones de dólares que harían falta para contrarrestar los 4 billones que se calcula que piensa invertir China actualmente y en el futuro en proyectos de la NRS? Washington, de momento, ya ha prometido 250.000 millones de dólares, que por otro lado podrían reservarse para su harapiento programa de ayuda bilateral a favor del nuevo proyecto industrial de alta tecnología, centrado en EE UU, aprobado por el Senado y pendiente de aprobación segura en la Cámara de Representantes.

El caso es que por mucho que proclamen retóricamente la B3W, la mayoría de los países del G7, con la excepción de Japón y EE UU, han aceptado participar en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), liderado por China, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Obama por disuadirles hace unos años. Estos gobiernos saben muy bien dónde están sus intereses. Al tiempo que son conscientes de que la retórica sale barata, especialmente la destinada a tener contento a Washington. No es extraño que Pekín apenas pudo ocultar su desdén por el espectáculo insulso cuando calificó el número zalamero del G7 en Cornualles de manifestación de una “política de poca monta”.

Consejos a China

Pero tengo algunos consejos urgentes que dar a Pekín.

Un primer consejo tiene que ver con la famosa NRS. Los proyectos de la NRS deberían concebirse de manera que fueran más compatibles con el medio ambiente y el clima y más ajustados a las necesidades de la gente, en vez de ser lo que Arundhati Roy ha llamado proyectos “ciclópeos” de arriba abajo, reminiscencias de mediados del siglo xx. Asimismo, el compromiso de China de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debería ser más radical en alcance y ritmo de aplicación, como se exige de la potencia que actualmente emite más gases de invernadero que cualquier otra.

Por otro lado, Pekín debería poner fin a la práctica de enviar a miles de trabajadores chinos a trabajar en proyectos que financia en África y otras partes y contratar y formar aceleradamente a más mano de obra local. Además, China debería dejar de apropiarse de formaciones marítimas como el arrecife Mischief y el atolón de Scarborough, que pertenecen a la zona económica exclusiva de Filipinas, y de insistir en la estrafalaria afirmación de que el 90 % del mar de China Meridional le pertenece. Estas acciones son ilegales e injustificables, por muy comprensibles que resulten como medidas defensivas estratégicas frente a la amenaza militar muy real que comporta la presencia dominante de la viiª flota de EE UU en el mar de China Meridional y el mar de Filipinas. En su lugar, debería colaborar con la ASEAN con vistas a establecer un tratado de desmilitarización del mar en cuestión y disipar la amenaza estadounidense.

Finalmente, Pekín tiene que poner fin a la asimilación cultural forzosa de la población uigur en Xinjiang. Y aunque Hong Kong y Taiwán forman parte indiscutiblemente de China ‒un hecho que no cuestiona la comunidad internacional, dicho sea de paso‒, tiene que respetar el derecho de las poblaciones de estos territorios a participar en la decisión de cómo han de gobernarse, especialmente dadas la cuestiones inevitables de identidad nacional generadas por su prolongada separación del resto del país por obra del colonialismo.

Por tanto, China tiene problemas reales, tanto internos como en algunas de sus relaciones con el Sur global. Sin embargo, a fin de cuentas el ascenso de Pekín ha favorecido ampliamente a la mayor parte del mundo. Se ha convertido en una fuerza económica mundial que refuerza las economías de países más pequeños, y lo ha logrado empleando una porción muy pequeña, o incluso nula, de la fuerza y violencia que marcó el ascenso a la hegemonía de Occidente. Ha proporcionado a los países del Sur global oportunidades alternativas de obtener ayuda y financiación, lo que ha contribuido a que dependan mucho menos de EE UU y del resto de Occidente.

Pero más allá de esto, ha dado una lección inspiradora a muchos países: que con tesón, coraje y organización es posible no solo quebrar la dominación occidental, sino utilizar a Occidente para lograr la resurrección nacional. En perspectiva, el ascenso de China no es sino la última fase de la lucha sesquicentenaria del Sur global contra la colonización, para deshacerse del yugo de la hegemonía capitalista occidental que sufre desde hace 500 años.

¿Peligro en cierne?

Pero templemos nuestro optimismo, sobre todo por el hecho de que los poderes hegemónicos como EE UU suelen volverse todavía más agresivos cuando están en declive. EE UU es absolutamente superior a China en cuanto a su capacidad bélica, ya que China ha decidido dedicar la mayor parte de sus recursos económicos disponibles a sus prioridades económicas y la diplomacia económica. La enorme diferencia en este terreno crea una situación sumamente peligrosa, ya que Washington se sentirá tentado de compensar su rápido declive económico con nuevas aventuras militares, esta vez no en Oriente Medio, donde sus tropas siguen atrapadas en combates que no se pueden ganar, sino frente a China.

De ahí que la situación en el mar de China Meridional sea tan volátil. En una región en que no hay reglas de juego, salvo un equilibrio de fuerzas inestable, no es descabellado pensar que una simple colisión naval entre dos flotas que juegan al ratón y al gato entre ellas, como por lo visto hacen a menudo las fuerzas estadounidenses y chinas, podría desencadenar fácilmente una guerra convencional.

¿Somos demasiado alarmistas al calibrar los peligros de la absoluta superioridad militar de Washington? EE UU ha sido probablemente el país más belicoso del mundo en los últimos 245 años, expandiéndose constantemente y apoderándose de territorios mediante aventuras militares en sus primeros 150 años, y después utilizando la fuerza militar para alcanzar y mantener la hegemonía militar durante los siguientes cien años. Ha habido pocos periodos en que este país no ha estado en guerra. En efecto, la nación estadounidense ha estado combatiendo continuamente a lo largo de los últimos 20 años en Afganistán, y desde luego no es seguro que el poderoso grupo de presión de la guerra contra el terrorismo vaya a permitir al presidente Biden culminar su retirada total prevista de este país en septiembre de este año.

Compárese esto con China, que la última vez que desplegó una fuerza de guerra más allá de sus fronteras fue hace más de 40 años, en una operación transfronteriza de castigo a Vietnam que acabó en desastre para el Ejército de Liberación Popular, que Pekín preferiría olvidar. En efecto, el gran temor de los estrategas militares chinos es que sus fuerzas carecen de la experiencia bélica que tienen las de EE UU, un factor que sería crucial en cualquier conflicto. Como discípulos de Clausewitz, el gran teórico de la guerra, los comunistas chinos saben que hay un gran trecho entre prepararse para la guerra y entrar realmente en guerra, y que en este último caso, la experiencia bélica real sería decisiva. En su último libro, Graham Allison, decano del cuerpo de estudios de seguridad de EE UU, se pregunta retóricamente si China y EE UU están “destinados a la guerra”, como dice el título del libro. Lean el libro con atención, y pese a sus periódicas aseveraciones de que se ha escrito para permitir a Pekín y Washington evitar el conflicto, uno no puede evitar la sensación de que esta obra, que es de lectura obligada en [las academias militares de] West Point, Annapolis y Colorado Springs, está pensaba en realidad para exponer varias maneras de contener militarmente a China.

Esto no sorprende a quienes conocen a fondo, desde hace tiempo, la historia belicosa de la sociedad estadounidense, incluso antes de su declaración formal de independencia en 1776. Y no sería extraño que China, que por experiencia ha aprendido a ser muy realista con respecto a las relaciones entre Estados, considere que un golpe preventivo o provocador por parte de Washington no solo es posible, sino más bien probable. Seguramente los líderes del PCC, que ha vivido cien años de crisis y conflictos, no se preguntan si este golpe se producirá, sino cuándo, dónde y cómo.

01/07/2021

https://fpif.org/the-three-revolutions-of-the-chinese-communist-party/

Traducción: viento sur

Por Walden Bello, profesor adjunto de Sociología de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton y copresidente del Consejo del instituto Focus on the Global South, con sede en Bangkok.

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Lunes, 05 Julio 2021 05:44

Un abismo que se ensancha

Un abismo que se ensancha

Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones, que según la Constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático o, mejor que eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.

Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la relección es más viejo que la revolución de octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas, no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.

La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho que huela a naftalina, es el partido único.

Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral sólo tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones.

Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión vuelve indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones. Es lo que ha ocurrido con Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990.

Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusada del delito de lavado de dinero y sus cuentas bancarias han sido congeladas, han allanado su domicilio, la han dejado incomunicada, con la casa por cárcel, y le han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista ninguna sentencia judicial condenatoria para que no pueda ser candidata.

Dos funcionarios de la Fundación han sido llevados a la cárcel, porque una atrabiliaria ley faculta al Estado a detener por tres meses a personas sujetas a investigación penal, con lo que el derecho de habeas corpus, que es una garantía universal, queda anulado. Dos presos políticos más, que se suman a los cerca de cien que ya había antes.

Todos los periodistas que han recibido alguna vez respaldo económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente y también como una manera de amedrentarlos. Algunos de ellos han sido ya indiciados y no pueden salir del país.

La Fundación Luisa Mercado, que yo presido, y que realiza cada año el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relieve internacional. Fui llamado a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos convenios.

El pretexto de la acusación de lavado de dinero es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibió fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos.

Los organismos no gubernamentales de Nicaragua reciben recursos de gobiernos extranjeros y de agencias internacionales. Ya Ortega mandó aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de estas fuentes, a declararse agentes extranjeros, y con eso pierden sus derechos políticos. Pero no es la que se está aplicando en este caso.

Han buscado el nombre de un delito que evoque al crimen organizado, por absurdo que pueda ser. El lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando se busca legitimar fondos "generados por actividades ilegales o criminales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro, piratería".

Ahora, otro aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos, acusado de violar la "Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", por "incitar a la injerencia extranjera". Esta es una ley que castiga aún el acto de "aplaudir" la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas de la maquinaria oficial.

Estas son, pues, las elecciones que se avecinan en Nicaragua. Unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes, más que aquellos cortados a la medida de la representación teatral, que tiene un guion inflexible. Una falsa campaña electoral, unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes y con unos ganadores asegurados de antemano.

Todo esto lo que demuestra es que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies.

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Xi Jinping, el autócrata providencial en el centenario del PCCh

El escritor británico Anthony Burgess dio su definición sobre las conmemoraciones: algo así como una celebración de la memoria, ya que recordar de dónde se viene forma parte de diseñar hacia dónde se va. Para el Partido Comunista Chino, que celebra el centenario de su fundación, cumplida en julio de 1921, la celebración también sigue este principio. El pasado milenario de China, que la proyecta como el centro más próspero de las rutas comerciales asiáticas (el "Reino del Medio"), debe estar ligado al futuro en el que China recupere esa posición central; del mismo modo, el Partido Comunista muestra su futuro con los fuertes tintes de las gloriosas acciones de obreros y campesinos que, a mediados del siglo XX, superaron con heroicos esfuerzos la abominable opresión imperialista y la burguesía nacional para dar origen a la República Popular en 1949. Por lo demás, poco importa a la burocracia con sede en Pekín que el PCCh preserve la defensa de los trabajadores solo en una vaga retórica, habiéndose distanciado de hecho de la clase obrera hace mucho tiempo, recortando todas sus libertades de acción y pensamiento y convirtiéndola en un sujeto de explotación infernal por parte de los capitalistas nativos y occidentales para dar lugar al "milagro chino". La ironía es que mientras se celebran los 100 años del partido fundado para emancipar a la clase trabajadora, lo que se alaba hoy es un aparato burocrático que usurpó las conquistas revolucionarias de 1949 para restaurar el capitalismo en el coloso asiático.

Para Xi Jinping, la celebración oficia como un recordatorio de la grandeza personal que quiere transmitir a China y al mundo. Más cerca del romano Quintus Enius, Xi sabe que estará vivo mientras su legado pase por la boca de la humanidad, y es en ese legado en el que se centra. Casi una década en el poder, se enfrenta a enormes desafíos para China. Convertido en la segunda economía del mundo, y entrado en la carrera por la primacía industrial-tecnológica con Estados Unidos, el capitalismo chino (que se distingue del modelo habitual por el dirigismo estatal comandado por el PCCh) se ha convertido oficialmente en un "rival estratégico" de las potencias capitalistas occidentales. Dejando subrepticiamente de lado la "estrategia de los 24 caracteres" de Deng Xiaoping, que predicaba la circunspección y el bajo perfil de China en los asuntos exteriores, ocultando siempre su verdadera fuerza, Xi Jinping quiere mostrarse afirmativo. El Partido Comunista Chino proyecta su poder a nivel internacional, especialmente en el ámbito asiático, preparando la reincorporación de Taiwán y la integración territorial del Mar de la China Meridional, buscando desafiar la hegemonía de Washington existente en la región de Asia-Pacífico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los rápidos avances tecnológicos y la modernización de las Fuerzas Armadas –China tiene ahora la mayor flota de guerra del mundo– sirven al propósito del "sueño chino".

En una de las primeras ceremonias de apertura de las celebraciones del centenario, Xi Jinping, ensalzó la "lealtad al partido" y entregó una nueva medalla de honor ("Medalla del 1 de julio") a 29 miembros del PCCh, que ha gobernado China durante 72 años. "Dedica todo, incluso tu vida, al partido y al pueblo", dijo el gobernante a los 92 millones de afiliados. El país de los multimillonarios también tiene el partido de los multimillonarios. Cientos de miles de "capitalistas rojos", incluidos algunos de los empresarios más ricos de China, se encuentran entre los afiliados. Y no solo en sentido figurado, sino en posiciones de liderazgo en el Comité Central y el Politburó. Como revela la investigación de Bruce Dickson en Riqueza y Poder, la cantidad de empresarios capitalistas que son miembros del Partido Comunista Chino ha pasado del 13 % en 1993 al 35 % en 2008, y forma parte de una estrategia de cooptación del partido, en la que los gobiernos locales se fortalecen regionalmente incorporando al PCCh a los industriales más ricos (que se benefician de los resultados proyectados por estos gobiernos), y en la que los empresarios se benefician al tener facilidades para acceder a créditos bancarios y licitaciones, además de obtener la prerrogativa de injerencia política en las decisiones del partido. El mensaje de Xi Jinping a los empresarios chinos en octubre de 2020 seguía exactamente la misma lógica: todos los empresarios y multimillonarios se beneficiarán en China, siempre que colaboren con el mantenimiento del dominio del PCCh. No por casualidad, multimillonarios como Jack Ma, dueño del gigante Alibaba, y Pony Ma, de Tencent, son miembros del Comité Central, que dicta las coordenadas de la Asamblea Popular Nacional, en la que solo 209 diputados tienen una riqueza de 500.000 millones de dólares, equivalente al PBI de Bélgica.

De hecho, la lista de invitados distinguidos del Partido Comunista Chino para la celebración en la Plaza de la Paz Celestial es una radiografía sociológica del partido. Robin Li, multimillonario propietario de la empresa de Internet Baidu, es un querido amigo de Xi Jinping, invitado a las celebraciones junto con el empresario Dong Mingzhu, de Gee Electric Appliances. También está en la lista el multimillonario Lei Jun, dueño de la multimillonaria empresa de telefonía móvil Xiaomi y que fue invitado de gala a la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular en 2019. Jack Ma y Wang Xing, fundador del gigante tecnológico Meituan, han sido disciplinados por Xi Jinping para que vuelvan humildemente al reducto del PCCh. Los estalinistas brasileños, como Jones Manoel, celebran esta configuración del PCCh, diciendo (sin sonrojarse) que "no está en el horizonte del partido acabar con los multimillonarios." Por supuesto que no, ya que ninguna formación política prescinde voluntariamente de sus elementos vitales. En el siglo XX, los PC estalinistas defendían la asimilación de los terratenientes al socialismo; hoy, defienden la asimilación de los multimillonarios. Ayer y hoy, siempre con sus "terratenientes progresistas" en aras del orden del sistema estatal internacional.

Desde el punto de vista de las celebraciones, se hizo todo lo posible para entronizar a la burocracia del Partido Comunista como el principal desafío del imperialismo estadounidense y europeo en el nuevo siglo. Pero, ¿por qué Xi Jinping? ¿Qué razones lo convierten en el autócrata providencial en la obtención del "sueño chino"?

La encrucijada de la crisis mundial y el estancamiento chino

Según el filósofo de la escuela legalista china Han Feizi, que escribió en el siglo III antes de nuestra era sobre la necesidad de centralizar la autoridad total en manos de los gobernantes mediante leyes y métodos de administración (no por la virtud o la moral), los valores políticos cohabitaban, en una relación de subordinación, con las posibilidades materiales. Los tiempos materialmente difíciles exigían valores opuestos a la generosidad de la abundancia, así como los tiempos económicamente favorables explicaban la exuberancia y la magnanimidad. Curiosamente en sintonía con este tipo de materialismo individualista, la China del siglo XXI derrocha solidaridad retórica, contrarrestando la decadencia hegemónica del imperialismo estadounidense con los supuestos beneficios globales de su ascenso, adornado con favores para los aliados (y desgracias para los adversarios). Han Feizi probablemente explicaría la capacidad de proyección internacional de China de Xi Jinping con un examen minucioso de sus enormes éxitos económicos, que la han colocado como la segunda potencia mundial y la primera economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El filósofo legalista clásico -si se sigue el ejercicio mental- estaría a favor de la política de premiar a los aliados y castigar a los enemigos como forma de condicionar el comportamiento de la comunidad internacional, cada vez más dependiente de China para sus propios éxitos económicos.

Es innegable que los tiempos son materialmente favorables para China a la luz de su historia reciente en el siglo XX, o el gran dolor de las humillaciones nacionales entre 1840 y 1949. Hay una contradicción de origen en el problema chino actual. La preparación de su crecimiento económico a ritmos monumentales se viene produciendo desde hace décadas, a partir de la apropiación por parte de la restauración capitalista -impulsada por Deng Xiaoping- de aquellos logros de la revolución de 1949. Pero, en realidad, la entrada de China en el escenario de las principales disputas mundiales es excesivamente reciente. Los contornos claros de su entrada en el proscenio de las disputas globales entre las grandes potencias son identificables con certeza desde 2013, cinco años después del estallido de la crisis económica mundial de 2008-2009. Hace menos de una década, la relación de China con las grandes potencias se basaba fundamentalmente en la integración de las cadenas globales de valor y en la estructura de la división internacional del trabajo heredada del neoliberalismo, en el marco de un sentimiento de desconfianza cordial que aún priorizaba la cooperación sobre la ya evidente competencia. Después de 2013, China pasó a ser considerada como una potencia a la que había que frenar en sus saltos económico-tecnológicos, y quedó oficialmente marcada como competidora estratégica de Estados Unidos y la Unión Europea con la iniciativa de la administración estadounidense de Donald Trump (2017-2020) de abrir una agresiva guerra comercial-tecnológica con China.

Para comprender mejor la actualidad concentrada de la posición cambiante de China en el mundo, es necesario arrojar brevemente luz sobre tres momentos. El primero de ellos es la apertura de la Gran Recesión en 2008. La crisis económica y financiera mundial no solo derribó a Lehman Brothers y la noción de infalibilidad capitalista que se propagó durante la era del triunfalismo neoliberal: también derribó la noción, alimentada por la burocracia del Partido Comunista Chino, de que su crecimiento podría seguir sosteniéndose de forma estable dentro del viejo sistema industrial orientado a la exportación. Victor Shih señala que al inicio de la crisis económica mundial de 2008 las exportaciones chinas se desplomaron drásticamente: mientras que en los años de bonanza china el crecimiento de las exportaciones era de una media del 20% anual, en 2009 las exportaciones chinas cayeron a menos de un 18 %. La contracción del comercio mundial, la fragilidad de la economía estadounidense, pero sobre todo la falta de nuevos nichos de acumulación de capital por parte de las grandes potencias que dieran solución a la crisis de 2008, obligaron al Politburó de Pekín a iniciar un tortuoso cambio en su patrón de crecimiento. El objetivo era dejar de depender de la exportación de productos con escaso valor añadido basados en la mano de obra intensiva, e introducir elementos de una economía avanzada que produjera alta tecnología. Para el mantenimiento de las tasas de crecimiento chinas, la dependencia del mercado exterior debe suavizarse a partir del impulso de un aumento masivo de la capacidad de consumo del mercado interno chino. También vinculado a esta transformación, China pasó de ser un bolsillo para la acumulación capitalista occidental a convertirse gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta. La crisis de 2008, por tanto, abrió el camino a un complejo cambio en las bases estructurales que sustentaban la economía china en los últimos 40 años.

El segundo momento fue el año decisivo de 2013. China, que seguía actuando como contratendencia mundial de los factores que impulsaban la crisis, anclando el desarrollo industrial y comercial mundial, se convirtió en parte del problema. Entre 2013 y 2014 comenzó a sentir los efectos de la crisis dentro de su propio territorio. El aumento de las exportaciones volvió a los niveles anteriores a la crisis durante los breves años de recuperación entre 2010-12, con un crecimiento medio del 25 % anual. Pero la recuperación fue efímera: en el bienio 2013-14, este crecimiento cayó al 7 % anual, y al -2 % entre 2015-16, y el superávit por cuenta corriente de China, que osciló entre el 8-10 % entre 2008 y 2010, cayó al 2 % después de 2013 (SHIH, 2019). Las dificultades materiales más graves fueron contenidas por el colchón de reservas internacionales de China, utilizado por Hu Jintao y Wen Jiabao para aplicar un plan de estímulo fiscal (o "flexibilización cuantitativa", cómo se conocieron las medidas similares) de 4 billones de yuanes entre 2009 y 2010. Pero la línea de fragilidad china se había hecho evidente, más aún con la crisis de las bolsas chinas en 2015, que le hizo perder billones de dólares en pocos días. Los esfuerzos por modificar el patrón de crecimiento de China y disminuir su dependencia de las exportaciones tuvieron que chocar con los intereses cristalizados de segmentos de la propia burocracia del PCCh que se beneficiaban demasiado del curso de la industrialización exportadora en las provincias. La necesidad de autopreservación de la burocracia china ante la posibilidad de un malestar social en la lucha de clases con los efectos de la crisis económica –en los años 2013-14 se registraron huelgas obreras récord– fortaleció al sector más decisivo de la burocracia para operar agresivamente este cambio: Xi Jinping llegó al poder en China precisamente en 2013.

El tercer momento de estos cambios en la posición de China en el sistema internacional de Estados se refleja en la reacción de las potencias occidentales, en primer lugar Estados Unidos, ante el nuevo rumbo del bonapartismo de Xi Jinping. El hito estratégico de esta etapa es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre todas las tendencias nacionalistas y proteccionistas de sus políticas, sin duda fundadas en la propia crisis económica mundial y en las dificultades que atravesaba la economía estadounidense, se destaca una de ellas: la agresividad contra el avance de China. La carrera de China por cambiar el contenido de su producción, aumentando las inversiones en investigación y desarrollo de alta tecnología en ramas económicas de primera importancia –semiconductores, vehículos eléctricos, comunicación espacial, robótica, entre otras– ha hecho que China entre en la disputa por nichos de acumulación de capital. Esta entrada de China en la competencia por los espacios de inversión de capital ha puesto a China en curso de colisión con los intereses de Estados Unidos para preservar su primacía en la tecnología mundial. Todas las medidas de Trump relacionadas con China se basaron en el consenso bipartidista del imperialismo estadounidense para frenar el desarrollo chino. La disputa que marca nuestro siglo entre la superpotencia imperialista central (Estados Unidos) y la potencia emergente (China) –incluso teniendo en cuenta que China no está en condiciones de disputar la primacía imperialista en el mundo a Estados Unidos, muy por delante tecnológica y militarmente– entra en funcionamiento sin ningún disimulo.

Este período entre 2008 y 2017 es, por tanto, fundamental para entender la entrada de China en la contienda de los grandes asuntos capitalistas mundiales. Como no podía ser de otra manera, la línea política del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza, tomó un rumbo aún más autoritario. Steve Tsang y Honghua Men afirman que el retroceso de la economía mundial provocado por la crisis financiera de 2008 representó la oportunidad para que un político como Xi Jinping se hiciera notar:

Los avances en materia de desarrollo que China había logrado hasta 2012 la colocaron en un lugar que obligó a los dirigentes a tomar decisiones estratégicas sobre la dirección que tomaría el país a partir de entonces. El enfoque desarrollista seguido por los dirigentes del Partido Comunista después de que Deng Xiaoping inaugurara las reformas en 1978 ya estaba agotado para entonces. La "década dorada" de la asociación entre Hu Jintao y Wen Jiabao marcó el punto álgido de lo que el viejo enfoque podía ofrecer. La perspectiva de prolongar ese enfoque durante otra década no es prometedora. La atmósfera internacional cambiaba, el panorama económico se modificaba, las ventajas demográficas se erosionaban rápidamente, las presiones medioambientales aumentaban, las expectativas de los ciudadanos crecían, las relaciones entre grupos étnicos presentaban desafíos. El gobierno chino tenía que adoptar una vía más dinámica, o arriesgarse a que estos retos se le escaparan de las manos [1].

¿El momento Xi Jinping?

Esta es una forma de presentar las importantes modificaciones estructurales en el modus operandi del Partido Comunista para adaptarse a las necesidades impuestas por la crisis de 2008 y sus claros efectos en China a partir de 2013. Desde que Xi llegó al poder en noviembre de 2012, durante el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, su conducta ha sido combinar las políticas de aumento de las capacidades tecnológicas de producción (cambiando el contenido de la producción), con la regulación de las tasas de crecimiento medio del PBI de China. En contra de lo que se suele pensar, la reducción de la tasa media de crecimiento anual del PBI no implica necesariamente un debilitamiento económico. El punto de inflexión de 2013 se impuso a China para deshacerse del patrón de crecimiento a tasas superiores al 10 %. El enfoque estratégico del PCCh para equilibrar la economía implica objetivos de crecimiento anualizados del 7 %, y Xi quiere dejar claro que esta disminución de ritmos forma parte de la planificación económica en esta etapa. El énfasis está en la calidad del crecimiento, o en qué sectores de la economía se convierten en los nuevos centros de gravedad del capitalismo chino.

Xi Jinping añadió su marca a las supuestas premisas que entronizaron los derechos vitalicios de poder de la burocracia del PCCh: la búsqueda de China del estatus de gran potencia mundial. El actual nacionalismo chino se difunde ideológicamente en estrecha relación con la responsabilidad del pueblo de cooperar con los esfuerzos del "gran rejuvenecimiento" de la nación china, también estipulado en el XVIII Congreso del Partido Comunista. Los principales líderes gubernamentales que encabezan estos esfuerzos son todos aliados cercanos de Xi. Li Keqiang y Liu He (economía), Chen Xi y Wang Huning (ideología), Wang Qishan (seguridad), Zhang Dejiang (asuntos exteriores), Liu Yunshan (organización del partido) y Meng Jianzhu (asuntos políticos internos) son algunos de los principales hombres fuertes de Xi Jinping, que dirigen comités de administración que van desde la economía hasta la jurisdicción política estatal.

Pero esto se refiere a las necesidades de China en el centenario del Partido Comunista Chino. Otra cosa es saber por qué Xi Jinping fue consagrado como agente político todopoderoso, el segundo después de Mao Zedong, para llevar a cabo esas necesidades. Nada indicaba previamente que Xi Jinping sería el líder ungido del Partido Comunista. Hijo de un veterano del Partido, Xi Zhongxun –que fue uno de los favoritos de Mao para hacer carrera militar en el Norte durante la Guerra Civil, y que luego fue clave en la aplicación de las reformas procapitalistas de Deng Xiaoping–, Xi Jinping conoció desde muy joven el ambiente olímpico de la casta burocrática china. Tras ser enviado al campo en la provincia de Shaanxi durante la Revolución Cultural (1966-69), conoció los efectos directos de la entrada de capital extranjero en China cuando estuvo destinado en Xiamen, en la provincia de Fujian, una ciudad industrial que en la década de 1980 se convirtió en una de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE). Xi se benefició políticamente de la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989, ascendiendo en la jerarquía del partido con los triunfos de Deng, cuyo famoso "Viaje al Sur" de 1992 Xi pudo observar de primera mano. Secretario del Partido en el distrito de Ningde en la década de 1990 e incorporado al Comité Central del PCCh en medio de la crisis financiera asiática de 1997 (ayudado por las maniobras burocráticas del entonces presidente Jiang Zemin), Xi Jinping se trasladó posteriormente a la provincia agraria de Zhejiang a principios de la década de 2000, donde adquirió cierta notoriedad ya que la proximidad de la provincia a Shanghái hizo que se desarrollara rápidamente: bajo el liderazgo de Xi, las exportaciones de Zhejiang aumentaron un 33 % en cuatro años.

En cuanto a la orientación política, Xi Jinping era un partidario declarado de Deng Xiaoping y su política de reformas procapitalistas. La apariencia conduce al engaño y la exageración si se separa de la esencia de las cosas: a pesar del fortalecimiento de algunos gigantes nacionales (requisito para la proyección internacional, por cierto), Xi Jinping es un rígido defensor del capitalismo chino. Siguiendo los pasos de su padre, el actual presidente de China dio rienda suelta, allí donde trabajó, a las reformas liberalizadoras que devoraron los logros de la revolución de 1949 para catapultar el capitalismo chino a nuevas alturas. Patrocino el fortalecimiento de los principales propietarios privados del PCC, como Jack Ma, dueño de Alibaba, y Li Shufu, propietario de la automotriz Geely (ambos son de la provincia de Zhejiang). Animó a 2.000 empresarios de la provincia costera a invertir en el exterior en 116 países. Observando los tiempos actuales, se descubre fácilmente el origen de los enormes beneficios entregados por Xi Jinping al capital privado, a pesar de las eventuales medidas contra la cartelización de sectores de la economía.

Combinación de Mao y Deng

Sin embargo, la agresividad liberalizadora de Xi nunca implicó una clara separación individual de la figura de Mao. Curiosamente, en realidad ha ocurrido lo contrario. En ocasiones emblemáticas, Xi ha hecho públicos sus homenajes al "Gran Timonel". A finales de 2012, en uno de sus primeros viajes por China como secretario general del PCCh, Xi Jinping visitó la industrializada ciudad sureña de Shenzhen, rindiendo homenaje a la estatua de Mao. En las extensas celebraciones militares del 70 aniversario de la República Popular, Xi apareció en la plaza de Tiananmen con el mismo atuendo maoísta. Esto no es una casualidad. Revestir la línea de profundización de la liberalización a la Deng con la armadura de Mao sirve para señalar, interna y externamente, que China no seguirá el camino de la URSS, sacrificada por la odiada política de Gorvachov, según la ideología del PCCh. En enero de 2013, Xi se dirigió al Comité Central Chino sobre las razones de la caída de la Unión Soviética y la desaparición del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), señalando la "confusión ideológica" como factor central, e identificando la máxima traición que habría llevado al abismo la propia renuncia al legado de Stalin, con las acusaciones de Khrushchev en el famoso XX Congreso del PCUS de 1956.

De hecho, el nuevo gobierno posterior a 2013 no escatimó esfuerzos para hacer entender que China preservaría el legado de Mao, evitando el proceso de "desestalinización" que, a ojos de la burocracia autoritaria de Pekín, fue la decisión que hizo sonar la campana de muerte del PCUS. En ese mismo inicio de su gobierno, en enero de 2013, Xi Jinping fue más allá e incluyó su visión sobre cómo deben verse los periodos históricos en China. Como recuerda François Bougon en "Inside the Mind of Xi Jinping", en su discurso en la Escuela del Partido de Pekín dirigido a los miembros permanentes del Comité Central del PCCh, Xi argumentó que la historia del Partido debía considerarse como un todo, sin la fragmentación de sus partes. Haciendo hincapié en las épocas de la "implantación del socialismo" de Mao Zedong en China, y la era de la reforma y la apertura de Deng Xiaoping, que dio paso al "socialismo con características chinas", el nuevo presidente concluyó que los treinta años de maoísmo (entre 1949 y 1979), y los posteriores treinta años de reformas procapitalistas son complementarios; no deben separarse el uno del otro, y mucho menos oponerse. En parte, Xi bebía en la fuente de las resoluciones de 1981 sobre "Algunas cuestiones sobre la historia de nuestro partido desde la fundación de la República Popular China", adoptadas en el sexto pleno del undécimo Comité Central del Partido, según las cuales era necesario distinguir el pensamiento de Mao, de los errores que había cometido su figura política. Pero Xi elevó esta decisión a la categoría de una concepción integral que respalda el derecho histórico del PCCh al poder. En ese discurso dejó claro que evocaba la síntesis entre las dos épocas, la de Mao y la de Deng, la de la fundación de la República Popular con la de las reformas procapitalistas, como pilar del nuevo régimen: al igual que sería incorrecto invocar a Mao para criticar las reformas de apertura, sería inaceptable señalar las reformas como punto de apoyo crítico a Mao. En palabras de Xi:

Nuestro Partido ha dirigido al pueblo en la construcción del socialismo durante dos épocas, antes y después del período de reforma y apertura. Estas dos épocas están mutuamente conectadas, aunque difieran entre sí en muchas cosas, pero ambas son períodos en los que la construcción del socialismo fue implementada y explotada por nuestro Partido a la cabeza del pueblo. El "socialismo con características chinas" se inició con el nuevo período histórico de la reforma y la apertura, pero también se inició sobre los cimientos del sistema socialista ya establecido en la Nueva China [...] Aunque haya grandes diferencias entre los dos períodos en cuanto a la ideología, la política gubernamental y el trabajo práctico, no pueden separarse, y menos aún ponerse en oposición. El período histórico que precedió a la apertura y a la reforma no puede ser negado por el que le sucedió; tampoco puede utilizarse el período histórico que precedió a la apertura y a la reforma para negar el período posterior.

La conducta gubernamental de Xi Jinping es ilustrativa de la puesta en común de los rasgos distintivos de las épocas Mao-Deng, cristalizados entonces en el concepto "los dos que no se pueden negar" (liangge buneng fouding). En otras palabras, ni la era de la reforma ni la era de la apertura podían utilizarse para negarse mutuamente. En diciembre de 2013, en el 120º aniversario del nacimiento de Mao, Xi Jinping rindió homenaje al Gran Timonel en términos benévolos: se trataba de indicar la línea maestra del gobierno, que busca perpetuar el dominio del capitalismo chino bajo la égida del Partido Comunista, como soñó Deng Xiaoping. La ironía es que la complementariedad entre las dos épocas, si no fue virtuosa, sin duda operó en común en un aspecto primordial, que a la burocracia le interesa menos destacar: la preservación de la concepción estalinista del socialismo en un solo país para China, como bloqueo a la expansión internacional de la revolución y que resultó en la restauración capitalista por las propias fuerzas del PCCh.

Ascendiendo la montaña burocrática

Pero esto, aunque arroja luz sobre la concepción impulsora del nuevo gobierno, sigue sin explicar la elección de Xi Jinping. Frente a una nómina de burócratas empeñados en la restauración acelerada del capitalismo, tras el triunfo del ala de Deng contra el ala de los restauracionistas "moderados" (Chen Yun, Deng Liqun) a mediados de los años noventa, Xi Jinping no se erigió con ninguna capacidad extraordinaria a pesar de figurar entre los funcionarios bien situados en el Comité Central.

El sinólogo británico Kerry Brown, en su libro "CEO, China: the Rise of Xi Jinping", explica que en 2007, poco antes de la remodelación del liderazgo del partido en 2012 (el último año del gobierno de Hu Jintao-Wen Jiabao), tres nombres figuraban entre los más mencionados en la línea de sucesión: Li Keqiang, Li Yuanchao y Xi Jinping. Otro político de prestigio, Bo Xilai, hijo de un veterano del PCCh (Bo Yibo), surgió entre los aspirantes. Aunque menos cercano que los demás a Hu Jintao, Xi Jinping alcanzó el puesto de vicepresidente de la Comisión Militar Central, una institución clave en la política china cuya dirección aseguró el dominio indiscutible de Mao y Deng. Este paso supuso una ventaja considerable para Xi, complementada por un juego de fortuna: ante las acusaciones de corrupción de Chen Liangyu, jefe del Partido en Pekín, la burocracia del partido elige a Xi Jinping como su sustituto. El control de las provincias, o de ciudades estratégicas como Pekín, ha sido la plataforma más importante para ascender en la jerarquía interna del Partido Comunista desde su creación. Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping fueron líderes provinciales que llegaron a la cima de la burocracia de Pekín. Las provincias chinas tienen economías y densidades de población que a veces superan las de muchos estados nacionales. Henan y Sichuan tienen más de 100 millones de habitantes cada una, Shangái tiene el PBI de Finlandia y Guangzhou el de Indonesia. Esto confiere un inmenso poder a los líderes de estos colosos provinciales, que constituyen el grupo más influyente dentro de un Comité Central poblado por ministros, presidentes de empresas estatales y propietarios privados.

Con estas credenciales necesarias, Xi Jinping asumió la presidencia de la República Popular China en noviembre de 2012, ascendiendo también al cargo de presidente de la Comisión Militar Central y al de secretario general del PCCh. Pero estas credenciales necesarias no eran suficientes por sí mismas. Xi demostró ser el más capaz de encarnar las tendencias bonapartistas y nacionalistas que exigía la crisis económica mundial de 2008 y sus efectos en China en 2013. El bonapartismo, según la tradición marxista, distingue a una figura política autoritaria que, ante el enfrentamiento de las clases sociales en momentos de crisis y para evitar procesos abiertos de revolución y contrarrevolución, se eleva aparentemente por encima del eje de las clases y de su representación parlamentaria, convirtiéndose en un "juez árbitro" de la nación; este dominio del sable no está suspendido en el aire: sociológicamente, sirve a los intereses del sector y empresa más fuerte de la clase explotadora (el capital financiero), y políticamente sitúa el eje de su poder en la policía, la burocracia estatal y la camarilla militar” [2]. En el caso de la China capitalista, cuyo sistema presenta muchas diferencias con respecto a las formaciones occidentales, esta característica bonapartista afecta también, como un factor tan importante como los mencionados anteriormente, a la preservación del poder del Partido Comunista como fuerza política de dominio indiscutible. Xi Jinping reunió en sí mismo las mejores características disponibles para mantener el poder del PCCh en tiempos de crisis mundial. Como tal, se alzó como la fuerza más bonapartista para la defensa de los intereses de la casta burocrática de Pekín.

Los cuatro pilares de Xi

Podemos señalar cuatro ejes de intervención de esta fuerza social representada por Xi Jinping, y que le dieron amplios poderes. En primer lugar, desde el punto de vista económico, Xi representó la creciente necesidad de desarrollo tecnológico de China. A diferencia de Li Keqiang (que estudió Derecho) y Li Yuanchao (que estudió Historia), Xi tenía formación en ingeniería y ocupó comités responsables del desarrollo de la investigación y la innovación en los departamentos estatales. El actual presidente chino se opuso a lo que llamó "estructura industrial irracional" combinada con una "capacidad de innovación inadecuada". La carga presupuestaria dedicada a la investigación y el desarrollo (I+D) se ha disparado desde 2013. El gasto en I+D de China, en relación con el PBI, creció del 0,7 % (2.800 millones de dólares) en 1991 al 2,2 % del PBI (263.000 millones de dólares) en 2017. Según el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, China fue el mayor usuario del sistema internacional de patentes por primera vez en 2019, seguido de Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur. En el ranking publicado en 2019 por la Comisión Europea de las 2.500 empresas del mundo que más invierten en investigación y desarrollo, China es el segundo país con más empresas, por detrás de Estados Unidos, seguido de Japón y Alemania. El gasto total en I+D de China alcanzó los 2,214 billones de yuanes (unos 321.300 millones de dólares) en 2019, un 12,5 % más, o 246.570 millones de yuanes, en comparación con 2018, según un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Finanzas. El resultado de este movimiento ha sido una competencia por la primacía tecnológica con Estados Unidos. Este énfasis de la tecnología en el régimen de Xi ilustra la respuesta que China se vio obligada a dar ante la crisis del comercio mundial con la Gran Recesión de 2008. Más que eso, Xi fue proactivo y se encargó de llevar a cabo, de forma gradual pero segura, el cambio necesario en el patrón chino de acumulación capitalista, reduciendo la dependencia de la economía china de las exportaciones de bajo valor añadido, y desarrollando las bases de una economía de producción de alto valor añadido basada en el fortalecimiento del mercado interno. Con Xi, la fábrica del mundo debería convertirse en la inteligencia artificial de circuitos integrados del mundo. Tanto es así que el XIV Plan Quinquenal, por primera vez en la historia de la República Popular China, tiene un capítulo especial dedicado a la tecnología. Como informa Jaime Santirso, de El País:

En términos prácticos, el impulso estatal a la innovación, un concepto abstracto, se traduce en más recursos. El Gobierno prevé que en los próximos cinco años la inversión en investigación y desarrollo crezca a un ritmo anual superior al 7 %, una cifra viable, ya que en el último cuarto de siglo nunca ha bajado del 8 %. En términos absolutos, China dedica el 2,4 % de su PBI a esta partida, tres puntos porcentuales menos que Estados Unidos. Los recursos se destinarán a sectores considerados estratégicos. El plan menciona siete: la inteligencia artificial, la información cuántica, los semiconductores, la neurociencia, la ingeniería genética, la medicina clínica y la exploración del espacio, las profundidades oceánicas y los polos. El tema central es la autosuficiencia: un concepto transversal en la planificación, ya que China pretende reducir sus vulnerabilidades y blindarse frente al exterior.

Desde el punto de vista de la seguridad interna, China se enfrentó en 2009 a una insurgencia amenazante en la región separatista del Tíbet y a movilizaciones de la población musulmana en la región de Xinjiang, en el noroeste del país. Estos fenómenos de resistencia al autoritarismo estatal y en defensa de la autodeterminación nacional de los pueblos oprimidos por China hicieron tambalear la confianza del gobierno de Hu Jintao. A mediados de la década de 2000, las llamadas "revoluciones de colores" en varios países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, Georgia y Kirguistán, ya habían hecho saltar las alarmas en la burocracia china. No menos llamativos fueron los procesos de la Primavera Árabe de 2011, con movilizaciones de masas que derrocaron a dictadores en Túnez, Egipto y Libia (procesos que, en ausencia de una fuerza independiente de la clase trabajadora, fueron derrotados). La cuestión de la unidad nacional china, siempre una delicada llaga para el gobierno, se convirtió en una preocupación aún mayor con estos hechos políticos que aumentaron la desconfianza en Pekín sobre las intenciones de las potencias occidentales. Del Tíbet a Xinjiang, de Hong Kong a Taiwán, creció el sentido de autopreservación de la burocracia del PCCh, que depende de los logros de la unificación nacional heredados (e incompletos) de 1949. Xi Jinping, como presidente de la Comisión Militar Central y jefe supremo del Ejército Popular de Liberación, representó a la perfección el sentimiento agresivo del segmento mayoritario del gobierno sobre la defensa de su territorio, pero también de la necesaria realización de las tareas de unificación nacional. Ha impulsado la virtual incorporación de Hong Kong al territorio chino, con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en la ciudad financiera, e invoca un discurso cada vez más amenazante en favor de la reincorporación de Taiwán –que es muy importante para los planes de desarrollo tecnológico chino al tener en su territorio al principal productor mundial de semiconductores (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)–. La retórica de Xi contra el imperialismo estadounidense ha adquirido un tono mucho más asertivo contra cualquier amenaza de injerencia extranjera en los asuntos chinos.

Socialmente, Xi Jinping ha encarnado la represión virulenta de cualquier manifestación de los trabajadores chinos en el terreno de la lucha de clases. En la nueva fase de la historia nacional china, tras la crisis mundial de 2013, no se toleran las manifestaciones de los trabajadores, además de la habitual asfixia de las iniciativas para organizarse independientemente del aparato sindical oficial. Los años de crisis económica fueron tiempos de aumento exponencial de las huelgas de trabajadores en China. Los disturbios en huelga –que en la terminología gubernamental aparecen como "incidentes masivos"– aumentaron de 87.000 en 2005 a 127.000 en 2008, en plena Gran Recesión. Los datos de los tribunales de arbitraje en materia laboral confirmaron este monumental crecimiento de las huelgas en 2008, que casi se duplicaron respecto a las cifras del año anterior. El China Labour Bulletin (CLB), por su parte, identifica la tendencia de crecimiento de las huelgas laborales entre 2013-2014, un periodo de caída de las exportaciones y del superávit comercial chino, lo que se traduce en la menor tasa de crecimiento del PBI en décadas.

El récord se estableció en 2015, cuando se registraron más de 2.700 huelgas en China (en 2018 hubo 1.700 huelgas, frente a las 1.200 registradas en 2017).

Militarmente, el programa central de Xi Jinping es la modernización acelerada de las Fuerzas Armadas chinas. China ya no puede contenerse dentro de sus propias fronteras nacionales, ya que su influencia económica y, en consecuencia, política tiene alcance internacional. Por tanto, la tradicional cautela geopolítica china debe combinarse con elementos de mayor asertividad en el ámbito regional. La remodelación de las bases de crecimiento de China la sitúa directamente en una trayectoria de colisión con el status quo de la estructura de seguridad asiática, que desde la Segunda Guerra Mundial ha estado bajo la responsabilidad de Estados Unidos. Como presidente de la Comisión Militar Central y comandante supremo del Ejército Popular de Liberación, Xi Jinping ha encarnado el programa de modernización acelerada del arsenal bélico chino para romper con el status quo de la estructura de seguridad asiática. De forma subrepticia, Pekín desea comunicar que Asia ya no pertenece a los estadounidenses, y que son las naciones asiáticas las que ejercerán el control de la seguridad de las rutas comerciales y marítimas estratégicas del Océano Pacífico. Esto es así porque el control de Asia sirve de plataforma para la proyección del poder de China sobre todo el mundo.

Hay otra forma de ver el ascenso de Xi Jinping, combinable con la primera apreciación: simplemente heredó del pasado las tareas inconclusas de los últimos líderes. Este elemento subraya la continuidad, más que la discontinuidad, con el legado político de las generaciones anteriores. La coherencia con la historia pasada del gobierno del Partido Comunista no es un factor secundario en la elevación de un líder en la China post-Mao. En su década en el poder, Hu Jintao insistió en la necesidad de perseguir el desarrollo científico y lograr una sociedad moderadamente próspera para 2035, puntos programáticos marcados con énfasis en las banderas de Xi Jinping. Las críticas del actual presidente chino al crecimiento insostenible y desequilibrado de China ya estaban en boca del anterior primer ministro, Wen Jiabao. Estos y otros componentes fueron objetivos heredados por la nueva administración. La capacidad de cumplir estos objetivos influyó sin duda en la unción de Xi, más allá de los nuevos retos que planteó la crisis económica de 2008. Estas capacidades se refieren, nada menos, que a la preservación de las fortalezas morales de los dirigentes del PCCh ante el pueblo.

¿Burocracia posmaoista o clase obrera en acción?

En definitiva, Xi se inscribe en la tradición de las proyecciones políticas a largo plazo características de la administración china posterior a 1949. Para Mao Zedong, el futuro debería corresponder a una especie de paridad de condiciones materiales para todo el pueblo chino, una igualdad que tendría que encajar dentro de un régimen político completamente burocratizado, sin ningún rastro de democracia obrera urbana y rural, y encerrado dentro de los estrechos confines de las fronteras nacionales (la noción reformista-nacional de Stalin-Bujarin de "socialismo en un solo país"). Después de 1978, para Deng Xiaoping, el futuro consistía en el crecimiento económico a cualquier precio, y debía pasar por encima de la preocupación por una cierta paridad de condiciones materiales entre las personas, un pensamiento que se inscribía en el marco de una política restauradora del capitalismo a las puertas de la ofensiva neoliberal a nivel mundial. Para Xi Jinping, que les sigue en importancia, el futuro implica el "sueño chino" (zhongguo meng), una especie de rescate de la milenaria grandeza imperial para proyectar a China al estatus de superpotencia mundial. A partir de 1980, dentro de los parámetros establecidos por Deng tras la muerte de Mao, China debería pasar por tres fases. En la primera fase, la tarea consistiría en proporcionar alimentos y ropa a la población china, aún sumida en la pobreza resultante de las catástrofes del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. En la segunda fase, China se esforzaría por lograr una sociedad moderadamente próspera (xiaokang sheshui, un concepto extraído del confucianismo) para 2035; esta fase está en curso. En la tercera fase, China debería completar la modernización de sus zonas urbanas y rurales en su conjunto para el centenario de la Revolución China en 2049, convirtiendo al país en una gran potencia mundial. Bougon lo atestigua:

“La fórmula del "Pensamiento de Xi Jinping" anunció una nueva era de treinta años, que se extendería hasta 2050, siguiendo las eras de Mao y Deng, con sus herederos Jiang Zemin y Hu Jintao. Xi se consolidó como maestro y guía todopoderoso de China. Para él estaría reservado conducir a China por un camino que atraviesa dos etapas distintas para convertirse en una "gran nación socialista moderna": entre 2020 y 2035, el objetivo es lograr una "sociedad moderadamente próspera", la expresión confuciana utilizada por Deng; entre 2035 y 2050, la nación china volverá a ser un líder económico mundial. China será "próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada, armoniosa y hermosa", como dijo Xi a 2200 delegados [...] Para Xi, esta nueva era –su era– será de pleno rejuvenecimiento”.

Estos dos últimos objetivos coinciden con fechas conmemorativas estratégicas: respectivamente, el centenario de la fundación del PCCh y el centenario de la fundación de la República Popular. Como vínculo moderno que conecta el pasado con el futuro, Xi Jinping quiere dejar su huella en esta transición de la sociedad moderadamente próspera al "gran rejuvenecimiento" (fuxing-zhilu) de la nación china como gran potencia. De todo lo anterior se desprende una importante conclusión: no estamos tratando una cuestión individual de la figura de Xi Jinping, extrayéndola de la historia concreta. Aunque las personalidades son muy importantes en la historia política, lo esencial es qué fuerzas de clase y qué programa representan. Su ascenso responde a ciertas tendencias internas de China, y sobre todo externas. La autoridad de Xi está revestida de las necesidades sociales de la burguesía china y de la burocracia estatal ante la crisis económica mundial de 2008 (agravada por la pandemia de 2020), que amenazaba dramáticamente el rumbo previsto, y cuyos efectos solo podían prolongarse con fuertes inyecciones de estímulo fiscal y control social. Es una figura providencial para las necesidades de una burguesía que necesita operar un complejo giro interno que altere el patrón de crecimiento adoptado por China en las últimas décadas.

El único baluarte contra la disputa intercapitalista entre China y Estados Unidos solo lo puede proporcionar la clase obrera china y su acción en la lucha de clases. El nacionalismo reaccionario de la burocracia post-maoísta de Xi no es una alternativa al imperialismo occidental. La fuerza de los trabajadores chinos, como en todo el mundo, está en su unidad, no solo en su propio territorio sino a nivel internacional, a la solidaridad con los musulmanes de Xinjiang reprimidos por Pekín, en la oposición a la explotación de los trabajadores migrantes en Taiwán y en la coalición del PCCh con la junta militar asesina de Myanmar. Este es el verdadero poder del siglo, y es en la lucha de clases donde los trabajadores chinos necesitan construir su propia herramienta política, independiente del aparato burocrático reaccionario del PCCh.

Traducción: Javier Occhiuzzi

Fuentes bibliográficas (no citadas directamente en el texto):

Fulda, Andreas, The Struggle for Democracy in China, Taiwan and Hong Kong, E. Tylor & Francis Ltd, 2019.

Elfstrom, Manfred, Workers and Change in China: Resistance, Repression, Responsiveness, Ed. Cambrigde University Press, 2014.

Elfstrom, Manfred & Kuruvilla, Saros, The Changing Nature of Labor Unrest in Chine, Ed Cornell University ILR School, 2014.

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 Rusia today Foto: kremlin.ru

Entre otros aspectos, la estrategia indica que Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros.

 

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó este sábado la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia. El decreto correspondiente, publicado este sábado en el Portal Oficial de Información Legal ruso, reemplazará el anterior, adoptado en 2015. 

"La implementación de esta estrategia contribuirá a proteger el pueblo de Rusia, desarrollar el potencial humano, mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, fortalecer la capacidad de defensa del país, la unidad y cohesión de la sociedad rusa y lograr los objetivos de desarrollo nacional, aumentando la competitividad y el prestigio internacional de Rusia", reza el documento.

Entre otras prioridades de Rusia el archivo menciona la protección de los fundamentos tradicionales de la sociedad rusa, así como la seguridad ambiental y el uso racional de los recursos naturales.

Injerencia desde el exterior

Frente a la implementación de la política deliberada de contener a Rusia desde el exterior, el documento señala "la importancia vital" de fortalecer "la soberanía del país, su independencia, su integridad estatal y territorial", así como de proteger "los fundamentos espirituales y morales tradicionales de la sociedad rusa", garantizar la defensa y la seguridad y "prevenir la injerencia en los asuntos internos del país".

El curso hacia el fortalecimiento de las capacidades de defensa, la unidad interna y la estabilidad política, la modernización económica y el desarrollo industrial "aseguró el fortalecimiento de la condición de Estado soberano de Rusia como un país capaz de llevar a cabo una política exterior e interna independiente y de resistir eficazmente los intentos de presión externa", señala el documento.

"Solo una combinación armoniosa de un Estado fuerte y el bienestar humano garantizará la formación de una sociedad justa y la prosperidad de Rusia", continúa. En este sentido, la estrategia se basa en la interrelación e interdependencia de la seguridad nacional del país y su desarrollo socioeconómico.

Amenazas militares

El texto destaca que la situación militar y política en el mundo se caracteriza por la formación de nuevos centros de poder globales y regionales, así como por el agravamiento de la lucha entre ellos por las esferas de influencia. Se indica también que crece la importancia de la fuerza militar como instrumento para el logro de los fines geopolíticos a nivel internacional.

"El fortalecimiento de los peligros militares y las amenazas militares para la Federación de Rusia se ve facilitado por los intentos de ejercer presión sobre Rusia, sus aliados y socios, la acumulación de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, la intensificación de las actividades de inteligencia y los ejercicios de uso contra Rusia de grandes formaciones militares y armas nucleares", dice el documento.

La estrategia establece que para proteger los intereses nacionales de Rusia de las amenazas externas e internas, "incluso de las acciones hostiles de Estados extranjeros", es necesario "aumentar la eficiencia del uso de los logros existentes y las ventajas competitivas de Rusia, teniendo en cuenta las tendencias a largo plazo del desarrollo global".

El proyecto también afirmó que el despliegue planificado de misiles estadounidenses de mediano y corto alcance en Europa y la región de Asia y el Pacífico representa una amenaza para la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. En la estrategia también se enfatiza que, "en el contexto del desarrollo del potencial del sistema global de defensa antimisiles, EE.UU. está siguiendo un curso constante de renuncia a las obligaciones internacionales en el campo del control de armas".

Respuesta a las acciones hostiles

Rusia tiene derecho a tomar medidas simétricas y asimétricas en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros, asegura el documento.

"En el caso de que Estados extranjeros cometan acciones hostiles que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación de Rusia, incluidas las relacionadas con el uso de medidas restrictivas (sanciones) de carácter político o económico o el uso de tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias para reprimir tales acciones hostiles, así como para evitar que se repitan en el futuro", dice el documento.

Seguridad informática

A diferencia del documento anterior, la nueva estrategia contiene más datos sobre las tecnologías de la información y la comunicación y advierte que el rápido desarrollo de las mismas "va acompañado de un aumento en la probabilidad de amenazas a la seguridad de los ciudadanos, la sociedad y el Estado".

"El uso de tecnologías de la información y la comunicación se está expandiendo para interferir en los asuntos internos de los Estados, socavar su soberanía y violar la integridad territorial, lo que representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", advierte el documento.

La estrategia también apunta a que "la actividad de los servicios especiales de Estados extranjeros se está intensificando para realizar operaciones de inteligencia y de otro tipo en el espacio de información ruso. "Las fuerzas armadas de dichos Estados están practicando acciones para inhabilitar la infraestructura de información crítica de la Federación de Rusia", se asevera en el texto.

Comentando la nueva redacción de la estrategia rusa, el experto en geopolítica Fernando Moragón destaca la relevancia de los nuevos desafíos plasmados en el texto, y opina que EE.UU. libra una guerra híbrida contra Rusia, amenazando a su seguridad.

Publicado: 3 jul 2021 17:03 GMT

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

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Sábado, 03 Julio 2021 05:40

El peligroso efecto Bukele

Nayib Bukele

Nayib Bukele era casi un desconocido en América Latina hasta hace dos años, cuando ganó las elecciones presidenciales en El Salvador con la audacia de los outsiders, dejando en la cuneta a los dos partidos tradicionales: la derechista ARENA y el izquierdista FMLN. A punto de cumplir 40 años, este antiguo publicista y ex director de una distribuidora de motocicletas, acapara hoy un poder casi absoluto. Ha desbaratado la Corte Suprema y su partido (Nuevas Ideas) controla cómodamente el Congreso. Sigue a rajatabla el manual del populista 3.0, con una presencia continua en las redes sociales y el látigo siempre a punto para atizar a la prensa crítica. Pese a su deriva autoritaria, su discurso anticorrupción le ha granjeado una altísima popularidad. Acaba de adoptar el bitcoin como moneda de pago en un país regado de pobres. Nada parece frenarlo. Pero, ¿quién es Bukele? ¿El azote de los corruptos o un encantador cibernético de serpientes?

Su carrera política ha sido meteórica. Primero fue regidor de un pequeño municipio. En 2015 llegó a la alcaldía de San Salvador de la mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Bukele quería volar alto y enseguida chocó con los dirigentes de la antigua guerrilla. Fue expulsado del partido en 2017 por discrepancias internas. A partir de entonces, perfilaría su propio proyecto político presentándose ante la sociedad como el hombre que acabaría con la corrupción y la inseguridad, los dos tumores malignos de El Salvador. No llegó a tiempo para presentarse a las elecciones de 2019 al frente de su propio partido y buscó la muleta de alguna plataforma política ya establecida. Sondeó a su izquierda, no tuvo suerte y entonces miró a su derecha. Es lo bueno de no tener principios.

Le debió de gustar el acrónimo del partido que finalmente utilizó como lanzadera electoral: GANA. La Gran Alianza por la Unidad Nacional era todo lo contrario a lo que su nombre sugería. Se trataba de un partido minoritario, una escisión de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), el partido fundado por Roberto d’Aubuisson, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de monseñor Romero en 1980. Bukele no tuvo reparos en encabezar la lista de un partido, GANA, por el que había pasado el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), condenado por corrupción. Esa falta de escrúpulos, que tan bien define a los populismos de derecha, fue premiada en las urnas. Bukele obtuvo el 53% de los votos. Su estilo desenfadado y sus promesas de regeneración democrática cautivaron a los salvadoreños, hartos de una corrupción enquistada en las altas esferas del poder desde el fin de la guerra civil (1980-1992).

Una de las primeras muestras del estilo Bukele se escenificó en febrero de 2020, cuando el mandatario irrumpió en el Congreso escoltado por militares y policías armados para exigir la financiación de su plan de seguridad contra las pandillas del crimen organizado. Apeló a un artículo de la Constitución salvadoreña para llamar a la insurrección popular si los diputados de la oposición, que habían boicoteado la sesión con su ausencia, no acudían al Parlamento a votar su propuesta. Afuera, una multitud coreaba la consigna de su líder: "¡Insurrección, insurrección!".

Ese plan de seguridad había logrado reducir la alta tasa de homicidios en el país. El diario digital El Faro, referente del periodismo de investigación en Centroamérica, reveló en septiembre de 2020 que Bukele llevaba más de un año negociando con los líderes de la sanguinaria mara Salvatrucha (MS-13) sobre la reducción de homicidios y la concesión de beneficios penitenciarios. No era la primera vez que un gobierno se reunía en secreto con los pandilleros, responsables de cientos de muertes en El Salvador. En 2012 ya lo había intentado Mauricio Funes, del FMLN. Los asesinatos fueron a menos durante dos años pero cuando el proceso de negociaciones encalló, volvió la furia. En 2015 se batió el récord de homicidios. En cualquier caso, a Bukele no le hizo gracia la exclusiva periodística y anunció una investigación contra el diario por un supuesto caso de blanqueo de capitales.

El Faro no se arredra. Fue el primer medio digital fundado en América Latina. Sus reporteros han sufrido las amenazas de las poderosas pandillas y el acoso de las autoridades. A principios de junio desvelaron el "gobierno paralelo" de Bukele, un gabinete de asesores pertenecientes a la oposición venezolana que según la investigación, "sirven como enlace entre el clan familiar Bukele, el gobierno y el partido Nuevas Ideas".

Los escándalos no han quebrado la luna de miel que vive Bukele con gran parte de la ciudadanía. Con su gorra de visera calada hacia atrás, gafas oscuras y  vaqueros, se asemeja más a un rapero que a un líder político. Las redes sociales lo acercan a la generación millennial. Es para muchos el nuevo mesías centroamericano capaz de traer prosperidad y paz. Las elecciones legislativas celebradas en febrero certificaron esa feliz comunión. Nuevas Ideas obtuvo el 66% de los votos y junto a su socio GANA (5%) es dueño del Congreso con una mayoría cualificada (61 de los 84 diputados). ARENA (12%) y el FMLN (7%) son ahora residuales. Con ese abrumador respaldo legislativo, Bukele ha logrado destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado bajo las acusaciones de fraude a la Constitución, intromisión en las funciones del Ejecutivo y falta de independencia.

Las críticas internacionales por las arbitrariedades de Bukele van in crescendo. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras… Pero el joven mandatario sigue a lo suyo. Acusa a la prensa de mentir, anuncia decretos por Twitter y toma decisiones controvertidas en un abrir y cerrar de ojos. Su última apuesta ha sido la aprobación de una ley para adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en uno de los países más pobres de América Latina. Asegura que generará empleo y atraerá inversiones extranjeras, pero sus detractores le recuerdan la alta volatilidad de la criptomoneda y el riesgo de que El Salvador se convierta en un paraíso para el lavado de dinero.

Mientras la platea aplauda, el encantador de serpientes seguirá con su espectáculo. El fenómeno Bukele ha revolucionado el tablero político de El Salvador y su efecto podría irradiar a otros países de la región, en un momento en que la crisis derivada de la pandemia ha agudizado las desigualdades y ha alimentado el desapego hacia la clase política tradicional. Centroamérica no se merece más vendedores de motos.

Por César G. Calero 

03/07/2021  

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Fitch Ratings baja el grado de inversión de Colombia

Es la segunda firma que en menos de dos meses disminuye la calificación del país a causa de los problemas económicos derivados de la pandemia del covid-19 y la inestabilidad provocada por el paro nacional.

 

En la tarde de este jueves 1 de julio se confirmó que la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo a Colombia, de BBB- a BB+. Esta sería la segunda de tres firmas que emiten esa certificación en tomar dicha decisión en menos de dos meses. La primera había sido Standard and Poor’s.

No sobra señalar que la calificación BBB se interpreta como la capacidad que tiene un país para cumplir con sus obligaciones financieras, pero más sujeto a condiciones económicas adversas; mientras que BB hace referencia a que el país es “menos vulnerable en el corto plazo, pero enfrenta una gran incertidumbre ante condiciones económicas, financieras y del negocio que sean adversas”. Es decir que el país podría verse gravemente afectado en caso de que llegue a presentarse otra emergencia inesperada como la pandemia del covid-19

Los argumentos para este cambio tienen que ver con el aumento del déficit fiscal y la deuda pública con la que cuenta el Estado Colombiano, como resultado de los compromisos adquiridos para disminuir el impacto de la pandemia en los hogares más vulnerables, así como por la incertidumbre sobre su evolución en el mediano plazo de esos dos factores. En otras palabras, no existen en este momento razones para confiar en que el Gobierno nacional podrá recuperar la senda en términos económicos y reducir sus compromisos financieros, al menos por lo un par de años.

Valga recordar que Richard Francis, director Senior de Calificaciones de la firma ya había confirmado esta posibilidad, con esa justificación, durante un foro celebrado por Bancolombia a mediados de la semana pasada, pero advirtiendo que la baja en la calificación sucedería hasta abril del próximo año. “Colombia es uno de los pocos países que va a tener un déficit fiscal mayor este año que en el 2020”, fueron sus palabras en ese momento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, el déficit fiscal del país, que se traduce en los gastos que hace el Estado versus sus ingresos, fue del 7,8 por ciento del Producto Interno Bruto en 2020, mientras que las predicciones del Ministerio de Hacienda, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, indican que la cifra aumentará para 2021 hasta el 8,6 por ciento del mismo; mientras que la deuda neta para finales de este año será equivalente al 65,1 por ciento del mismo indicador, una cifra visiblemente superior al 60,4 por ciento del PIB con la que cerró 2020.

A ello se suma el balance trimestral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reveló que el endeudamiento neto del Gobierno nacional tuvo un crecimiento de 102,1 por ciento en 2020, mientras que el ingreso primario del país presentó una contracción del 14,5 por ciento. Como complemento, el ingreso disponible bruto del autor institucional (sector Gobierno) registró una caída del 26,2 por ciento.

Por su parte, Fitch Ratings estima que la deuda bruta del Gobierno colombiano equivaldrá al 60,8 por ciento del PIB en 2021 y seguirá aumentando en el 2022, sin dar señas de reducirse en el corto plazo, a pesar de que prevé que Colombia experimentará crecimientos económicos de 6,3 por ciento en 2021 y 3,8 por ciento en 2022 gracias, entre otras cosas, a la llegada de financiamiento internacional por cerca de 10 billones de pesos en los últimos meses y el retorno de la inversión extranjera directa a sus niveles previos a la pandemia.

La decisión ya provocó una respuesta por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien señaló que, “esto nos obliga a seguir trabajando en dos direcciones”, refiriéndose al crecimiento económico y la presentación de una nueva reforma tributaria o “proyecto de inversión social que logra recursos que garanticen la estabilidad social, la estabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía, que será presentado en las próximas semanas al Congreso de la República”.

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Bolsonarismo, salud y realidad alternativa

Cuatro ex-ministros de salud brasileños se refieren al actual manejo de la pandemia en el país. Discuten la apuesta bolsonarista a la inmunidad de rebaño, la vacunación, el uso de la cloroquina y el papel la Comisión Parlamentaria de Investigación que busca determinar las responsabilidades políticas por las casi 500.000 muertes por covid-19 en Brasil.

Frente a un virus desconocido, el gobierno de Jair Bolsonaro hizo trampa: en lugar de intentar manipular su curso, lo dejó librado a un aparente azar e hizo de cuenta que sus efectos eran un destino manifiesto. Ricardo Piglia, cuando leyó La República, dijo que el Estado descrito por Platón «manipula el azar y tiende a convertir en determinación aquello que puede ser considerado arbitrario». El autor agrega que «por supuesto el Estado va a hacer trampa. Primero decide cómo quiere que sean esas relaciones desiguales y luego manipula las reglas y todos los sujetos atribuyen la desigualdad a la suerte». Se trata de un verdadero complot. Las teorías conspirativas no sirven para pensar la política, pero la metáfora del complot se distingue de ellas porque pone el acento en la decisión del gobierno. Bolsonaro primero definió cómo iba a ser la relación de los brasileños con la pandemia –optando por una inmunidad de rebaño— y en pos de ello manipuló las reglas: alentó las concentraciones, desestimó el confinamiento y el uso de máscaras. En lugar de impulsar testeos y la compra de vacunas, decidió producir cloroquina a través de las Fuerzas Armadas y transfirió responsabilidades a estados y municipios. El resultado está a la vista: Brasil está por alcanzar los 500.000 fallecidos por Covid-19.

Rebaño sin inmunidad

«No hay alternativa», parece decir Bolsonaro, en una suerte de destino para el que no habría margen de acción. Pero el presidente brasileño actuó: se opuso a todas las medidas alentadas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementadas por la mayoría de los países. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces frente a los resultados? Los cuatro exministros de salud consultados en este informe –tres de los cuales ocuparon el cargo durante gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y uno en el de Bolsonaro– coincidieron en que la responsabilidad del presidente «es total» porque la teoría que subyace a sus decisiones es la de la inmunidad de rebaño a través de la exposición al virus y de un supuesto tratamiento precoz contra el Covid-19 sin base científica. Además de esa coincidencia, el primer ministro de Salud del expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva, actual senador nacional y uno de los once titulares de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Humberto Costa, ve a Bolsonaro como «el principal responsable por la tragedia sanitaria» en Brasil. «Adoptó la teoría de que el mejor camino para enfrentar la pandemia era permitir que el virus sea transmitido libremente con la expectativa de promover una inmunidad natural, de rebaño, y así habría un control inclusive sin necesidad de gastos. Esa decisión es trágica»- afirma. En tanto, Luiz Henrique Mandetta, pese a haber llegado a la cartera de Salud el mismo día en que Bolsonaro asumió su cargo al frente del Planalto, no tiene una valoración distinta a Costa y asegura que el presidente «pasó a creer en la teoría de que, si las personas se exponían al virus, Brasil llegaría a la inmunidad de rebaño». Esa idea, dice, respondía a un «asesoramiento paralelo» que tenía el presidente de Brasil. Eso explica por qué Bolsonaro fue «a aglomeraciones, que no usara mascarilla, que no haya adquirido vacunas, que hablara del uso de la cloroquina sin evidencia científica» y el hecho de que el Ministerio de Salud llegara a incinerar «casi tres millones de test» sin uso. Si no hay una cantidad aún más grande de casos es, según el ex-funcionario de Bolsonaro, porque los gobernadores y alcaldes tomaron medidas. Costa agrega que «el gobierno saboteó el aislamiento social practicado por estados y municipios y demoró todas las medidas económicas que permitirían a la población cumplir con la cuarentena». 

Alexandre Padilha, el primer ministro de Salud de Dilma Roussef, va más allá. Sostiene que, ya desde 2019, el gobierno de Bolsonaro «sofocó financieramente a todo el sistema de salud, cortó 22% del presupuesto» y «fue el primer año en el siglo XXI que el Brasil no alcanzó sus metas de vacunación en niños». Luego «usó los instrumentos como jefe de Estado para crear obstáculos en todos los pasos del enfrentamiento de la pandemia; en la ampliación de test y camas, en la llegada de médicos, en campañas, y en la contratación de vacunas» y cree que la única solución es «interrumpir el gobierno de Bolsonaro». El actual diputado del PT por San Pablo dijo también que el presidente «tomó una opción que fue no controlar la pandemia y apostar a que podría ser resuelta con un gran número de personas infectadas», un «corredor de la muerte», y que sus decisiones además de estar «motivadas por un proyecto genocida y negacionista», tiene «intereses financieros». En la misma línea, el cuarto ministro de salud de Lula, José Gomes Temporão, sostuvo que el «desastre» que se ve en Brasil «fue una estrategia deliberada y llevada a cabo por el gobierno federal bajo el liderazgo del presidente». Señaló también que «prevaleció una postura negacionista y anticientífica, que comprometió seriamente la capacidad de utilizar bases científicas y de salud pública» y marcó la falta de liderazgo nacional para coordinar con las administraciones subnacionales. Recién en marzo pasado, Bolsonaro creó un comité nacional, pero como aterrizó un año y un mes después del primer caso confirmado los cuatro ex ministros consultados dijeron la misma frase: «este comité llega tarde». Mandetta comentó que esa instancia «nace muerta» porque solo buscó «solucionar una crisis política» por las rivalidades con los otros poderes.

En suma, los cuatro ex líderes de la cartera de salud identifican una línea de comportamiento y los mismos fundamentos para los actos de Bolsonaro. Pero ¿se puede comprobar la responsabilidad del presidente? Las expectativas, si existen, están en el Congreso.

La Comisión Parlamentaria de Investigación y la salud en el Brasil de Bolsonaro

A fines del mes de abril el Senado brasileño creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar las responsabilidades del gobierno frente a la pandemia. Si bien Bolsonaro intentó posponerla –y su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, pidió se active recién cuando todos en la cámara estén vacunados—, la CPI avanzó. Pero muchos de los temas expuestos allí ya eran públicos, entonces ¿qué se puede esperar de esta comisión que ya lleva más de 50 días de los 90 que tiene estipulado para su funcionamiento? «La CPI tiene la finalidad de descubrir por qué Brasil no compró la vacuna y apostó en otras hipótesis para combatir un mal tan grande que ya mató a más de 450 mil brasileños», dijo en una entrevista con Folha de S. Paulo, Omar Aziz, miembro del Partido Social Democrático y presidente de la CPI. Por su parte, Padilha, que además de ex-ministro de Rousseff ocupó cargos en el gobierno de Lula, espera que la CPI «vaya a fondo» ya que hay investigaciones que «solo una CPI puede hacer sobre las medidas de Bolsonaro y los intereses financieros que estaban detrás». Además, agregó: «Tengo la seguridad absoluta de que mucha gente ganó dinero con las medidas negacionistas de Bolsonaro y eso necesita ser investigado inclusive para saber cuál es la relación de ese lucro con él». 

La CPI no parece estar cerca de definir cómo Bolsonaro se benefició de ese lucro, pero sí de cuáles fueron los sectores que sí lo hicieron. El senador Costa sostiene que los crímenes contra la salud pública ponen en duda el marco normativo y aseguró: «Nuestra tesis es que el gobierno dejó que la enfermedad sea transmitida libremente, esa actitud es francamente criminal. Todo indica que la CPI tendrá que evaluar también la legislación sanitaria, para ver si atiende a los requisitos de una situación de emergencia». El congreso erigió la CPI encima de los 68 pedidos originales de impeachment; de esos consideró sólo seis, y el resto llevan cerca de 900 días esperando su evaluación. «No creo nada en un desdoblamiento de la CPI para un impeachment porque además de ser un proceso traumático es largo e invadiría el 2022, el año de las elecciones. Creo que va a dejar en claro y documentar el papel de cada uno para que el país aprenda», sostuvo Mandetta días después de ser el primero en comparecer frente ante la CPI. Temporão, que impulsó el primer caso en el mundo en quebrar la patente de medicamento después de que la Organización Mundial de Comercio habilitara esa opción en 2001 para crisis sanitarias, dijo que su «expectativa» es que «la CPI investigue la verdad para responsabilizar a las autoridades causantes de esta tragedia». Mandetta, que estuvo en el cargo apenas hasta abril de 2020, explicó lo mismo que declaró ante la CPI, que trató de desligarse de las decisiones de Bolsonaro: «Yo lo alerté sistemáticamente pero no le gusta escuchar y yo tenía mucha preocupación de que dijera que no fue advertido, por eso le escribí una carta». La obsesión del ex funcionario por despegarse crece cuando se le consulta si va a jugar en las presidenciales 2022: «Creo que sí. Voy a participar activamente». Volviendo a quiénes formaban lo que llamó un «asesoramiento paralelo», aseguró: «Bolsonaro cuenta con una estructura paralela donde está su hijo Carlos –una persona destructiva–, auxiliares de la presidencia y personas externas». Este gabinete en las sombras lleva, según Mandetta, «carne a los leones», es decir a los votantes de Bolsonaro que «son movidos por el odio» en este «coliseo moderno de Internet». Un ejecutivo de Pfizer para la región confirmó también que Carlos –el único de los cinco hijos del presidente que lo acompañó en el auto que lideró el cortejo el día que asumió su padre– participó en una de las reuniones con la empresa a pesar de ser concejal en Río de Janeiro y no tener ninguna función que justifique su participación. Mandetta asegura, por ello, que Bolsonaro tiene una visión «de un gueto en Río de Janeiro» y que se asesora «con este tipo de gente». La CPI evalúa actualmente un video que muestra  a un grupo de políticos y referentes de la salud con el presidente, donde hablan de un «gabinete en las sombras»  y recomendaron el uso de cloroquina.

 Las vacunas

«Quiero hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que las dosis de nuestra futura vacuna estén reservadas para la población brasileña. Sin embargo, la rapidez es crucial», decía la carta que el 12 de septiembre de 2020 le envió el CEO mundial de Pfizer, Abert Bourla, a Bolsonaro. Fue uno de los 34 contactos propiciados por el laboratorio. La misiva hablaba incluso de negociaciones previas. Sin embargo, Brasil no respondió. Pfizer insistió: «hasta ahora no hemos recibido respuesta». El CEO de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, dijo ante la CPI que hizo ofertas formales al gobierno por 70 millones de dosis con entrega incluso en diciembre pero que el ministro de salud y general activo del Ejército Eduardo Pazuello habría citado problemas de logística y jurídicos para no firmar. Así, el ejecutivo de la farmacéutica refutó al ministro, quien el 23 de enero emitió una nota donde admitía la recepción de la carta pero criticaba las cláusulas «abusivas» del contrato y quien también el 11 febrero de 2021 ante el Senado dijo que Pfizer había ofrecido solo 2 millones de dosis de enero a marzo cuando en realidad ellos querían «grandes cantidades y sin condiciones leoninas». Por esa y otras contradicciones, Pazuello fue acusado en la CPI de mentir a los senadores, como parte de su estrategia de exculpar al presidente. Por su parte, el ex secretario de comunicación del gobierno, Fábio Wajngarte, sí confirmó las demoras del gobierno frente a Pfizer. En una entrevista previa, había dicho que la inmunización se demoró por la «incompetencia» del Ministerio de Salud, pero no nombró a Pazuello. Mandetta, que dejó el gobierno en abril cuando «ningún laboratorio estaba en fase dos» dijo que «el error» fue no apostar a un «mix de vacunas» considerando que un «país continental con 215 millones de habitantes» necesitaría al menos «450 millones de dosis» y un laboratorio solo no podría producirlas, y lamentó que Brasil, que «tiene capacidad instalada para ser una fábrica para América del Sur» no lo haya hecho. El presidente siguió sembrando desconfianza hasta el punto de decir que él no iba a tomar la vacuna y que Pfizer no se responsabilizaba si su producción convertía a las personas en «yacaré». Pero esa misma desconfianza no se le generó la cloroquina, una droga sin ninguna comprobación científica de eficacia alguna para el tratamiento de Covid-19. En paralelo a la política nacional, el gobernador de San Pablo, João Doria, firmó en junio de 2020 un acuerdo con Sinovac que permitió la aplicación de la primera vacuna, la Coronavac, el 17 de enero de este año. Bolsonaro criticó sistemáticamente ese desarrollo pero al iniciar Doria la vacunación y al ser aprobada por Anvisa en enero, la reivindicó. El ritmo de vacunación para Temporão es «extremadamente lento» cuando «Brasil tiene uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo», y esto se debe a «errores del gobierno federal, que no se dedicó a brindar las dosis suficientes y lideró una guerra contra las vacunas».

El 24 de marzo, Bolsonaro dijo que Brasil es el quinto país con más vacunación contra el Covid-19, pero para Padilha la declaración es «una vergüenza» ya que «en relación a población Brasil está en la quincuagésima sexta posición de vacunados». Es impensado en nuestra tradición», sostuvo. Y afirmó que, en la pandemia del H1N1, Brasil fue «el país que más vacunó en sistema público del mundo». El médico que ocupó la titularidad de la cartera de Salud desde 2011 a 2014 y que tuvo un programa insignia en el «Mais Médicos», dijo que el país rechazó vacunas: «Covax Facility ofreció 138 millones de dosis y el gobierno contrató apenas 46 millones».

La cloroquina y las teorías alternativas

«Tengo la certeza absoluta de que la decisión de Bolsonaro de hacer publicidad de la cloroquina y mandar a producirla por el gobierno federal no es solo una creencia negacionista, hay muchos intereses financieros detrás, alguien ganó dinero con esa producción absurda sin eficacia a costa de las muertes de nuestro pueblo», aseveró Padilha. Hasta el momento, la CPI expuso que Bolsonaro ordenó la producción de cloroquina a través de las Fuerzas Armadas, luego amplió su fabricación, intercedió ante el primer ministro indio Narendra Modi para que libere componentes para su producción y beneficiar así a empresas que lo producían en Brasil. Pero, según Costa, el presidente intentó dar vuelta este último argumento para reforzar la idea de un tratamiento precoz. «Crea una teoría de la conspiración de que mucha gente y laboratorios quieren ganar dinero con la pandemia, mientras hay un medicamento -según su visión- que la sería solución, que es barato y producido en Brasil, y por eso estimuló la producción de cloroquina contra todas las orientaciones de salud pública». También dijo retiradas veces que él la había consumido y alentó a que otros lo hicieran, creó la app TrateCov que la recomendaba, hizo publicidad desde la cartera de Wajngarte, cambió ministros que estaban en contra de su uso, quiso modificar el prospecto de la droga para incluir el tratamiento del Covid19. Para los cuatro exministros queda claro el interés de Bolsonaro en este medicamento, ahora resta saber si la CPI podrá definir si él fue un beneficiario directo o no.

El complot como metáfora de la política

Tanto para los ex ministros como para los senadores de la CPI, la negligencia de Bolsonaro está más que probada. Sin embargo, las acusaciones públicas manifestadas en esa instancia quedarán a mitad de camino si no hay acuerdo para demostrar cómo la política bolsonarista constituyó un atentado contra la salud pública, y así definir un «crimen de responsabilidad» para hacer avanzar los pedidos de impeachment. Esto implicaría ingresar en un proceso más largo que el del camino a las urnas para el que faltan solo 16 meses. El modesto resultado al que parece aspirar la CPI es a exponer públicamente a Bolsonaro, explicitar que estas decisiones no fueron parte de un destino manifiesto sino de la decisión política principalmente del gobierno federal de Brasil, metaforizada como complot. Pese a sus resultados, no parece que el presidente vaya a encontrar una instancia de rendición de cuentas antes de las urnas en 2022.

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