Martes, 29 Junio 2021 08:57

Un régimen sediento de venganza

Un régimen sediento de venganza

El operativo de guerra contra Puerto Resistencia en Cali

 

A través de sus agentes locales, el régimen de Iván Duque dio inicio a una feroz venganza contra la juventud y las comunidades de Cali que han resistido en calles y barrios durante los dos meses del Paro Nacional, que se cumplieron este lunes 28 de junio de 2021.

La más alevosa de esas operaciones comenzó a las cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas combinadas de Ejército y Policía incursionó sobre Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad, para tratar de destruir este punto de lucha juvenil y popular, convertido en ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Juan Carlos León, lanzó toda clase de señalamientos y sindicaciones contra este epicentro de lucha popular en Cali, hasta las más inverosímiles, y el secretario de “Seguridad y Justicia” de la Alcaldía, Carlos Javier Soler, un coronel retirado recientemente nombrado en el cargo, apareció insólitamente con pistola al cinto, como si hiciera parte del operativo armado, en actitud de provocación que originó el repudio de miles de caleños.

Recién iniciado el operativo, y luego de no encontrar nada de lo que al parecer buscaban para saciar su venganza judicial contra la comunidad en el punto, el general León, sin tener autoridad para ello, anunció que el Monumento a la Resistencia, erigido en homenaje a las decenas de víctimas de la represión del régimen contra la juventud, sería demolido.

El monumento, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021, es una obra colectiva en la que participaron decenas de artistas y personas de la comunidad caleña, es también un legado que trasciende las fronteras de Cali y se ha convertido en símbolo del Paro Nacional y de la solidaridad a lo largo de toda Colombia y Latinoamérica.

El anuncio del comandante de la Policía reveló las intenciones de la clase dirigente de la capital del Valle del Cauca, que desprecia el sentimiento popular, ha generado un ambiente de estigmatización contra la protesta juvenil y promueve ahora, a través de nuevos funcionarios de corte uribista nombrados por el alcalde Jorge Iván Ospina para congraciarse con la ultraderecha, la criminalización de la protesta.

Sin duda, el despliegue de guerra contra Puerto Resistencia, con hombres de camuflado portando fusiles y ametralladoras, acompañados de tanquetas, drones y sobrevuelos de helicópteros en la oscuridad de la madrugada sabatina, tenía todas las intenciones de generar terror entre la población y de dar la sensación de sometimiento de una comunidad para beneplácito de la galería más reaccionaria de la ciudad, que todos los días, usando sus medios masivos tradicionales de comunicación, reclamaba el levantamiento de los puntos de resistencia juvenil a como diera lugar, a sangre y fuego si fuera preciso.

“FUERA, FUERA”

Pero el operativo constituyó una derrota para esa rancia oligarquía caleña, cuyo desproporcionado aparataje armado policial y militar no encontró ni los “arsenales” que esperaban para desacreditar la resistencia, ni los “nidos” de delincuencia con los que todo el tiempo han desinformado y tratado de desprestigiar la lucha popular.

Por el contrario, los organizadores del operativo recibieron el repudio masivo de los pobladores de los barrios que circundan este amplio sector popular del sur oriente caleño, que no dudaron en ir ante los ocupantes de su territorio a increparles por su montaje.

“Con nuestro monumento no se metan, lo defenderemos de principio a fin, es una construcción de toda la comunidad y ustedes no tienen ninguna autoridad para derrumbarlo”, opinaba la gente que fue despertada por los tambores de guerra de los centenares de hombres invadiendo un territorio de lucha y de resistencia.

“¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaba a los contingentes de las Fuerzas Armadas y a la burocracia de la Alcaldía de Cali la comunidad que madrugó a defender no solo el Monumento a la Resistencia sino también el espacio de solidaridad mantenido a lo largo de dos meses de Paro.

Fue de tal magnitud el rechazo de la población, que el alcalde Ospina no tuvo más remedio que pronunciarse desmintiendo que se hubiera dado la orden de destruir el monumento, aunque quedó en evidencia que fue la respuesta popular la que derrotó la provocación y la venganza oligárquica en Puerto Resistencia, a pesar de la planificada agresión.

EL SECRETARIO DE LA PISTOLA

Ante la aparición en Puerto Resistencia del secretario de “Seguridad y Justicia” con pistola al cinto, cual sheriff gringo, se produjeron numerosos pronunciamientos de rechazo. “Un funcionario público no debe intimidar a los ciudadanos ostentando un arma, menos en un lugar de protesta social que era víctima de un ataque policial y del ejército donde debe guardarse la prudencia que no tuvo al exhibirse en forma agresiva”, declaró Alberto Jairo Palomino, dirigentes político y social en Cali.

Al rechazar el acto de provocación del funcionario, el jurista Armando Palau Aldana recordó, además, que “el permiso de porte de armas está suspendido desde el 1o. de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 por el Decreto 1808 de 2020”, y reiteró que, en consecuencia, Soler violó la prohibición expedida por el mismo gobierno del cual es emisario en Cali.

Por su parte, James Larrea, defensor de derechos humanos, sostuvo que no es dable que “un secretario u otro funcionario en ejercicio de sus labores, preste sus servicios con pistola al cinto y con la intención de desenfundar al menor indicio que a él se le ocurra”.

“El mensaje inequívoco es que el gobierno de Ospina apoya la colaboración de civiles armados en acciones represivas de la policía”, manifestó el exfiscal José Élmer Montaña, quien subrayó que “en momentos en que tenemos brotes de paramilitarismo en el sur de la ciudad, esto alienta la conformación de este tipo de organizaciones”.

La Unión de Resistencia de Cali, URC, se pronunció exigiendo la renuncia de Carlos Javier Soler al cargo de secretario de “Seguridad y Justicia”, y explicó que la posición del funcionario “no permitirá encontrar una salida dialogada y pacífica a la realidad de la ciudad. El paro continúa, nuestras asambleas permanentes continuarán, nuestra lucha es en las calles y exigimos garantías para el ejercicio de nuestro derecho constitucional”.

SED DE SANGRE

Ya el lunes 21 de junio la Policía, utilizando al Esmad y a otro de sus escuadrones preferidos en la represión 2021, el Goes (Grupos de Operaciones Especiales), había arremetido en la tarde y la noche contra los jóvenes de Puerto Resistencia, especialmente en inmediaciones del barrio Villa del Sur.

En la represión, decenas de habitantes de los barrios circunvecinos resultaron afectados por los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y el estruendo de las armas de fuego disparadas por la policía.

La jornada dejó otro joven asesinado, identificado como Juan Carlos Arce, un hecho trágico que aumentó la cifra de homicidios contra participantes en el Paro a 46 en Cali y a 60 en todo el Valle del Cauca.

Y mientras en Cali ocurría esto, en otros puntos del país se registraban más homicidios perpetrados por la Fuerza Pública en la represión de la protesta, como sucedió en Bogotá, donde perdieron la vida por balas oficiales Jaime Alfonso Fandiño, en Usme, y Edward Castillo.

DETENCIONES A GRANEL

La venganza contra la resistencia juvenil emprendida por el aparato represivo del Estado, a través de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas, incluye detenciones de jóvenes a los que sindican de toda clase de delitos, en una aplicación clasista y selectiva de supuesta “justicia”, en Cali y Yumbo.

Uno de los detenidos es Yeison Fabián Muñoz Narváez, cuya familia informa que es un joven que está siendo procesado judicialmente por un delito que no cometió en los hechos acaecidos el 28 de mayo en el sector de La Luna, donde pereció un agente de la Fiscalía luego de que el funcionario asesinara a dos manifestantes. Los familiares del joven Muñoz solicitan solidaridad de la comunidad caleña y asistencia jurídica.

La Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, entre tanto, denunció la detención sin orden judicial de tres jóvenes de Paso del Aguante: Carolina Montaño Cuero, Cristián Andrés Cortes Ortiz y Jhon Michel Cardona Jaramillo. “Alertamos sobre la detención arbitraria, la seguridad personal y los posibles falsos positivos judiciales en contra de los manifestantes”, dice el pronunciamiento de la Red.

Por otro lado, desde Yumbo el Comité Municipal del Paro Nacional denunció la captura de tres activistas de la protesta en el barrio Juan Pablo II, identificados como José James Cabezas Quiñones, Sebastián Neuta y Diego Luis Tascón, y sostuvo que la Sijin de la Policía construyó un montaje judicial a través de un supuesto testigo anónimo para inculpar a los detenidos de lesiones contra un agente que el 29 de abril disparó públicamente contra los participantes en el Paro, a la altura del barrio La Estancia.

“Tal como sucedió con los compañeros manifestantes del corregimiento de Dapa, se trata de un nuevo montaje de la Policía Nacional para judicializar la protesta social en Colombia”, aseveró el Comité.

En el cúmulo de detenciones también se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Palmira los jóvenes Kevin David Cerón Díaz, Jeison Andrés Caicedo Ortiz y Jeison Andrés Ospina Monsalve, manifestantes de Paso del Aguante (Paso del Comercio).

TUTELAS AVANTES

Las resistencias han estado acompañadas no solo de la perseverancia de los jóvenes en las calles, sino también del esfuerzo de destacados líderes sociales y de juristas, que ha transmitido a las nuevas generaciones de luchadores sus conocimientos y experiencia.

Dos ejemplos ilustran lo anterior: el primero es el de Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Yumbo, veterano líder social que se formó en las luchas obreras de los años ochenta y noventa y quien ha estado a lo largo de los dos meses del Paro de 2021 al lado de los muchachos expresando su solidaridad y aportando luces para el devenir de la brega social.

Vargas Becerra logró que una tutela impetrada por él exigiendo el respeto al derecho a la protesta fuera aprobada mediante sentencia judicial, y acaba de obtener también que la autoridad judicial exija al alcalde de Yumbo y a la gobernadora del Valle que la tutela se cumpla, pues de lo contrario operará la sanción correspondiente al desacato.

El otro ejemplo es el del abogado Armando Palau Aldana, experto en derecho del medio ambiente y en derecho administrativo e integrante de la Asociación Americana de Juristas, quien ha venido asesorando a la Unión de Resistencias de Cali de manera altruista e igualmente solidaria.

Palau Aldana logró que este lunes 28 de junio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiriera una sentencia mediante la cual “se amparan los derechos fundamentales a la protesta pública y pacífica así como el debido proceso de los accionantes, la Unión de Resistencias Cali”, y, en consecuencia, se dejara “sin efectos la orden de la Jueza 16 Administrativo de Cali de suspensión del Decreto Distrital 304 de 2021 que adoptó garantías para la construcción de acuerdos” e institucionalizó la mesa de diálogo.

“El Tribunal consideró que la suspensión ordenada por la Jueza 16 no cuenta con soporte constitucional suficiente en una etapa temprana del proceso de nulidad y la limitación de derechos e intereses que conlleva resulta más gravosa para los derechos fundamentales de todas las personas que quieran sumarse al diálogo en el marco del conflicto”, explicó Palau Aldana.

De esta forma, en el Valle del Cauca la resistencia también se expresa en la lucha jurídica, que respalda la protesta pacífica de la juventud y el pueblo que continúan en el Paro Nacional.

Cali, lunes 28 de junio de 2021.

PERIODISMO LIBRE

Publicado enColombia
Haití: entre vientos de cambio y ruido de botas

Las protestas ciudadanas contra el gobierno autoritario de Jovenel Moïse se combinan con una política errática de las potencias que mantienen su influencia sobre el país. A la luz de la crisis actual, producto de la transición trunca hacia la democracia, es necesario reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

La crisis que sacude a Haití dista mucho de ser nueva. Estalló abiertamente en julio de 2018, bajo la forma de una protesta por el alza del precio de la gasolina, pero también por el aumento de la canasta básica y por la devaluación de la moneda nacional. La desaparición y el despilfarro de los fondos del programa Petrocaribe –un plan de ayuda al desarrollo que Venezuela ofreció a varios países del Caribe bajo la forma de préstamos preferenciales en hidrocarburos– fue la chispa que logró aglutinar a amplios sectores de la sociedad contra el gobierno. En los tres últimos años, esta crisis se ha agudizado y ha derivado rápidamente en un cuestionamiento directo y permanente al gobierno que preside Jovenel Moïse.

La situación actual no puede explicarse por un solo factor. Hoy parece estar quedando claro que el gobierno adopta rasgos propios de una dictadura. Pero, analizado históricamente, este momento parece ser el de la crisis y el derrumbe del régimen político instalado tras la caída de la dictadura de los Duvalier. A fin de cuentas, lo que vive Haití es el ocaso de un sistema varias veces remendado pero que ya no puede sobreponerse por su propio agotamiento.

En febrero del 2017, Moïse –un súbdito de su predecesor, el cantante Michel Martelly– llegó a la presidencia de Haití después de un tortuoso proceso electoral que empezó en el verano de 2016 y duró más de un año. La llegada de Moïse pretendía inaugurar un control duradero del poder por parte de la corriente neoduvalierista que se reconoce en Martelly. Basada en la captación sistemática de los recursos estatales e iniciada en un ambiente crispado, la dispendiosa e ineficiente gestión de Moïse exacerbó rápidamente la crisis económica y social que se iba profundizando desde el terremoto y las elecciones de 2010-2011. El estallido de julio del 2018 condensó todos esos elementos. La cerrazón sistemática de la presidencia a atender los reclamos populares provocó un rechazo social casi unánime. Buena parte de la población parecía rechazar el régimen y exigía un «cambio de sistema». Tras haber ignorado el calendario electoral que prescribía elecciones legislativas y locales en 2019, en junio de 2020 el Ejecutivo se quedó solo con las riendas del poder. El Parlamento bicameral había quedado reducido a 10 senadores y todos los poderes locales –consejos municipales y de secciones comunales– fueron revocados en junio.

El gobierno de Moïse emprendió entonces la construcción sistemática de una dictadura unipersonal, con la emisión de decretos liberticidas, nombramientos de allegados en puestos claves –como el de jueces en la Corte Suprema o del jefe de la policía– y una serie de políticas para, como él mismo dijo, «cazar criminales», dándole abierta participación a las Fuerzas Armadas.

En ese marco, se produjeron asesinatos que aún no han quedado claros, como el del presidente del Colegio de Abogados, el constitucionalista Monferrier Dorval. El contexto de violencia era, ciertamente, grave. Y se acrecentó cuando una agencia gubernamental quedó a cargo del «desmantelamiento» de las pandillas armadas que dominan parte del país y que reciben todo tipo de financiamiento. El terror fue la consecuencia lógica de esta política. Primero, se apoderó de numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe y, progresivamente, fue estallando también en otras regiones del país. Aún hoy, miles de ciudadanos se encuentran en situación de desplazados internos debido a los enfrentamientos. No contentos con ello, los funcionarios siguen echando leña al fuego. Recientemente, el jefe de la Policía llamó al pueblo a «reaccionar» frente a las pandillas que actúan sobre la salida sur de Puerto Príncipe.

Las iniciativas de Moïse en el plano institucional son destructivas y no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones. El sistema de justicia quedó huérfano con el bloqueo de los nombramientos de jueces por parte del Poder Ejecutivo. Ya el 5 de enero del 2021, un decreto dispuso la organización de un referéndum para aprobar una nueva Constitución –algo que, de hecho, está formalmente prohibido por la Constitución vigente–. El mandatario mantuvo su agenda aun después de haber suspendido la realización del referéndum el 8 de junio, e esencialmente bajo la presión internacional y la declarada oposición estadounidense. Después de haber aplicado a los poderes legislativos y locales una disposición constitucional que acorta el tiempo efectivo de su mandato, llegada la fecha de caducidad del suyo propio el pasado 7 de febrero, Moïse se aferró al poder.

Hay que subrayar que, a pesar del miedo, la ciudadanía organizada, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos continúan manteniendo una línea de protesta ciudadana pacífica y permanente. La violencia destructiva del Estado enfrenta una protesta social en la que predomina la madurez, lo cual obliga a reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

Antecedentes históricos

Claramente, la crisis institucional y constitucional no es nueva en el país. En realidad, es el resultado de un déficit de enraizamiento de los principales atributos del Estado de derecho. Aunque a partir de 1986, Haití comenzó un período de cambio en el que buscó la consolidación de las instituciones, de las prácticas jurídicas y económicas, y de ejercicios electorales acordes con un régimen de democracia liberal, los resultados no siempre fueron buenos. Tras treinta años de dictadura duvalierista, el ímpetu popular empujó hacia la adopción formal de una serie de instituciones, de principios jurídicos y de leyes que simbolizan conquistas y o anhelos largamente reprimidos, pero la implementación de este nuevo sistema se topó rápidamente con las limitadas capacidades (por inexperiencia, por falta de recursos) de quienes abogaban por un cambio sustantivo. Por otra parte, ni las principales instituciones que detentaban el poder –como el Ejército y el aparato administrativo– ni los grupos sociales mejor provistos –como el empresariado, el gran comercio, los altos ejecutivos y los sectores medios acomodados– asumieron un papel en la construcción de ese nuevo orden. Así, la Constitución de 1987 nunca fue implementada a cabalidad y fue objeto de manipulaciones y violaciones incesantes. Al igual que los otros aspectos de la democracia representativa, la Carta Magna nunca ha sido integrada como marco y brújula del ordenamiento social y de las reglas del juego político.

La vida política haitiana ha transcurrido entre la instrumentalición de la justicia, las derivaciones y las manipulaciones de los principios del Estado de derecho, la desnaturalización de las libertades individuales y, sobre todo, el saqueo de los recursos públicos. Además, la corrupción ha convertido la gestión gubernamental en un verdadero sistema de connivencia entre los representantes políticos y un sector privado monopolista con extensiones mafiosas. El resultado ha sido una caricatura del sistema democrático montada sobre los resortes del viejo sistema autocrático-clientelista.

El desarrollo de este proceso de manipulación del régimen democrático-liberal se produjo bajo la alta vigilancia y la influencia decisiva de Estados Unidos. Como supervisor de la salida del dictador Jean Claude Duvalier el 7 de febrero de 1986, Estados Unidos fue también el encargado de dictar la adopción y el rechazo de leyes y reglamentos, así como de plantear las políticas públicas que conformaron al nuevo régimen. La apertura arancelaria total (desde 1987 las tasas más altas aplicadas a las importaciones no sobrepasan el 10%), la absoluta desprotección de la economía agrícola y las restricciones al desarrollo y a la profesionalización de la Policía, son algunos de los resultados del monitoreo estadounidense. La historia electoral desde la década de 1990 es, sin duda, la que mejor ilustra la responsabilidad externa en el desplome del sistema político del país.

El 28 de noviembre de 1987, durante las primeras elecciones tras la salida de Duvalier, se produjo una verdadera masacre. Apenas pocas horas después de iniciarse la votación, grupos duvalieristas y militares dispararon a sangre fría contra filas de electores que esperaban su turno para votar. Recién en 1990, y gracia a las demandas de la ciudadanía organizada, se realizaron elecciones libres con una participación de más de 70% de los votantes. Jean Bertrand Aristide, ex-sacerdote católico y promotor de la Teología de la Liberación, llegó a la presidencia haitiana.

El mandato de Aristide duró solo nueve meses. Un golpe militar derrumbó al gobierno del movimiento Lavalas e inauguró un período de control y tutela de la democracia haitiana por parte de instituciones regionales e internacionales vinculados con Estados Unidos. Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se transformaron en verdaderos «aparatos de certificación electoral» de la democracia haitiana, en dictaminadores de ganadores y perdedores de los mandatarios de un país que se pretendía soberano.

Así, las elecciones de 1996 recibieron el sello de validez de la «comunidad internacional» pero las del año 2000 (en las que ganó Aristide con un amplísimo porcentaje, pero con poca afluencia electoral) fueron consideradas inválidas por estas mismas instituciones. Finalmente, y tras la salida de Aristide por segunda vez del poder, acaba instalándose la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). En rigor, se trataba de una misión militar de 10.000 soldados y unos cuantos miles de policías en un país agitado por disturbios sociales y una delincuencia politizada, pero de ninguna manera un país en guerra. El despliegue de la Minustah marcó un hito en el tutelaje internacional sobre Haití. El terremoto de enero de 2010 reforzó este control y aumentó el involucramiento estadounidense a través de Bill y Hillary Clinton, quienes integraron la Comisión Internacional de Reconstrucción de Haití. Desde 2004 no ha habido ninguna elección sin una abierta intervención externa. Mientras que en 2006 la elección de René Préval fue «confirmada» rápidamente, en 2010 la primera vuelta electoral fue «rectificada» por la OEA, favoreciendo a Michel Martelly, el candidato de Estados Unidos, quien es finalmente proclamado presidente en una muy dudosa segunda vuelta.

La elección y la presidencia de Jovenel Moïse son el capítulo más reciente de este proceso. Entre otros resultados, la participación del electorado pasó de más de 70% en 1990 a menos de 15% en 2016-2017.

Una situación descontrolada

El proceso de intervención extranjera a través de los organismos internacionales, el descrédito de un Estado de derecho que nunca logró establecerse definitivamente tras la dictadura duvalierista y una serie de factores políticos propios del país han conducido a Haití a un profundo proceso de polarización política. En la actualidad, esto se expresa en una serie de cuestiones inmediatas. La primera de ellas es la de la fecha y las condiciones de salida del poder de Moïse. Hoy, la gran mayoría del país considera que el mandato de Moïse efectivamente ha caducado, pero no hay un entendimiento acerca de la necesidad de negociar su salida o de pactar una cohabitación.

A esto se suma una segunda cuestión: el contenido y la duración de la inevitable transición que permitirá recomponer un sistema político mínimamente confiable, condición sine qua non para la organización de elecciones transparentes e inclusivas. La sociedad civil organizada está solicitando un período transicional que permita iniciar acciones que conduzcan a la normalización de las instituciones y de la vida nacional y no solamente elegir un equipo para un traspaso de poder. En ello se juega el tercer término de esta ecuación, referente a las modalidades y al peso de la participación ciudadana en ese proceso transicional. Al contrario de lo que anticipan los políticos, las organizaciones ciudadanas consideran que es necesaria una entidad para negociar los intereses de la sociedad civil como un actor en el escenario político, no para ejercer el poder, sino para controlarlo.

En la solución a estos desafíos, el peso de las potencias de tutela lideradas por Estados Unidos es, sin duda, determinante. A las recientes declaraciones de la misión de la ONU presente en el país en favor de elecciones rápidas, se suman las del llamado Core Group, un club de países y organismos internacionales que monitorea la política interna de Haití desde 2013 y que está integrado por Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, la OEA y la propia misión de la ONU. La misión de la OEA –que visitó el país del 8 al 10 de junio pasado– hizo, además, su propio llamamiento a que se convoque a elecciones rápidamente, considerándolo el único mecanismo de legitimación del poder político, a pesar de reconocer las peligrosas condiciones de seguridad que imperan hoy a lo largo del territorio nacional. El Parlamento Europeo emitió una posición mucho más crítica sobre la responsabilidad de las actuales autoridades en la situación actual. Sin embargo, la declaración del Parlamento Europeo dista mucho de tener el mismo peso que las posiciones estadounidenses y la de los actores cercanos a ellas.

El aparente empate que se mantiene entre un país alzado pacíficamente contra la arbitrariedad y una dictadura unipersonal que se despliega desenfrenadamente contra la ciudadanía ha conseguido llamar la atención internacional. Y hay tres factores que explican que los actores globales no hayan hecho la vista gorda. El primero, y sin lugar a dudas el más espectacular, es la utilización de Moïse de métodos que hacen caso omiso de los acuerdos y las formas más elementales de gobernabilidad vigentes en el mundo contemporáneo y, en particular, en los espacios políticos y diplomáticos de la región. A esto se suma el reciente cambio de administración en Estados Unidos. La llegada de Joe Biden al poder propició la movilización de amplios sectores de la migración haitiana.

Finalmente, el impulso solidario de sectores progresistas de diversos países de la región y del mundo también consiguieron que se haga foco en la crisis haitiana. Por primera vez desde el terremoto de 2010, estas voces progresistas han conseguido sacar a Haití de un silencio que cobijó durante más de un decenio el socavamiento sistemático de las conquistas democráticas conseguidas en 1986 y los permanentes intentos de restauración neoduvalieristas. Queda por ver cuán consistente y duradera resultará esta solidaridad, y queda por evaluar lo que puede conseguir la movilización y la fuerza ciudadana contra un Estado que se ha transformado en verdugo de su propia población.  

Publicado enInternacional
Investigan el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia Iván Duque

El gobierno ofreció una recompensa de 800 mil dólares a quien aporte información

El mandatario viajaba junto a dos de sus ministros y dos autoridades regionales del departamento Norte de Santander cuando el helicóptero recibió entre tres y seis disparos.

El gobierno colombiano ofreció este sábado cerca de 800 mil dólares de recompensa para quien suministre información sobre los responsables del ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y dos de sus ministros y el gobernador del departamento Norte de Santander, en el que todos los tripulantes salieron ilesos.

"Se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para aquella persona (...) que permita dar con los responsables de este atentado terrorista", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, a los medios en un video transmitido desde la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. "Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo", escribió el funcionario que también se encontraba en el helicóptero atacado.

Las autoridades colombianas continúan la búsqueda de los autores del atentado y comienzan a surgir dudas sobre si hubo fallas en la seguridad del mandatario. El director general de la policía, el general Jorge Vargas, precisó que los disparos se dieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.

"Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles (…) con marca de las fuerzas armadas de Venezuela" afirmó Vargas sobre las armas: un AK-47 cuyo número de registro está bajo investigación y otro fusil tipo FAL calibre 7,52. El helicóptero en el que viajaban Duque y sus ministros es un Black Hawk blindado que pese al ataque logró un aterrizaje normal.

El presidente colombiano, Iván Duque viajaba junto a Molano y el ministro de Interior, Daniel Palacios, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. La comitiva regresaba de un encuentro con autoridades regionales en Sardinata y se dirigían a Cúcuta. "Es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial", dijo el mandatario en un mensaje enviado a través de los canales oficiales. Las imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos de bala en la cola y la hélice principal de la aeronave. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas."El Estado es fuerte, Colombia es fuerte. El Estado hace presencia en todos lados", agregó Duque, que dijo que dio "instrucciones muy claras de ir detrás de quienes dispararon" contra el helicóptero.

Por su parte, Palacios, explicó que el gobierno de Duque convocó a un Consejo de Seguridad en Cúcuta para analizar la situación. "El orden público se mantendrá, la seguridad ciudadana se protegerá y el Gobierno seguirá con su compromiso de dar tranquilidad a todos. El presidente representa la unidad de la Nación y un atentado en su contra es un atentado a la democracia y a las instituciones", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

El ataque al avión presidencial fue ampliamente condenado por los países de la región como Argentina, Ecuador, Paraguay y Chile que expresaron su repudio a través de sus cancillerías. A su vez, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, repudió el “cobarde ataque” contra el presidente colombiano y las autoridades que viajaban junto a él. Desde el departamento de Estado norteamericano condenaron el atentado y felicitaron a los pilotos que lograron un aterrizaje seguro.

La comitiva que viajaba junto al mandatario colombiano había salido del municipio de Sardinata y fue atacado cuando se dirigía hacia la ciudad de Cúcuta cerca de la frontera con Venezuela. El pasado 15 de junio un coche bomba explotó en la Brigada 30 del Ejército de Colombia, y dejó un saldo de 36 heridos. El Gobierno de Duque, que sí apuntó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como autor del atentado contra la brigada militar, según las sospechas del ministro de Defensa, Diego Molano, aún no dio ningún nombre o apuntó de forma indirecta a alguien sobre el episodio de este viernes. Se trata del primer atentado contra un presidente colombiano en casi dos décadas. En febrero de 2003 una carga explosiva de 20 kilos oculta en una vivienda aledaña al aeropuerto de la ciudad de Neiva (suroeste) fue detonada previo al aterrizaje del entonces presidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque.

Publicado enColombia
El Salvador regala bitcoines a los ciudadanos para impulsar su uso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que en apoyo de la nueva ley que convierte al bitcóin en moneda de curso legal, el Gobierno ofrecerá 30 dólares equivalentes en la criptomoneda a cualquier ciudadano que se inscriba en una cartera digital.

El Gobierno creará su propia billetera de bitcóin llamada Chivo, anunció Bukele durante un discurso. Los fondos se depositarán en la cuenta de cualquier ciudadano que la descargue y se registre como usuario con su número de teléfono y su número de identificación, especificó.

La wallet del Gobierno de El Salvador se llama Chivo. ???

Estos son los pasos que debes seguir una vez la hayas descargado:

✔️ Debes regístrate con tu número de teléfono y DUI
✔️ Tiene reconocimiento facial o una verificación por medio de call center para crear la cuenta pic.twitter.com/aDQhxBSB7e

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

El monedero Chivo podrá descargarse en septiembre y será compatible con otras billeteras de bitcóin, dijo Bukele.

Será dentro de la app Chivo donde te depositaremos los $30 equivalente en #Bitcoin para promover su uso en la economía y para que la gente tenga un incentivo para utilizar la aplicación. pic.twitter.com/bi3zr6I93p

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Bukele reiteró sus argumentos de que el uso de la criptomoneda ayudará a atraer inversiones, impulsar el consumo y reducir el costo del envío de remesas para millones de salvadoreños que trabajan en el exterior.

"Todo esto hace muy beneficiosa a la wallet del Gobierno para todos los que reciben remesas. Millones de salvadoreños van a ser beneficiados con la Ley, por eso no entiendo cómo pueden atacar una ley que beneficiará a la gente que envía y recibe remesas”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/GuwTMgporD

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Además subrayó que el uso del bitcóin será opcional. Los consumidores pueden pagar a los negocios con bitcoines desde sus carteras por artículos cotizados en dólares. Pero si los propietarios de los negocios quieren recibir el pago en dólares, pueden pulsar un botón en la aplicación Chivo para convertir los bitcoines inmediatamente en dólares, según Bukele. "Será totalmente opcional. El dólar seguirá siendo de curso legal", dijo.

El Presidente @nayibbukele explica, con un ejemplo, como un comercio y un consumidor pueden hacer uso de la wallet y recibir o pagar con dólares o bitcoin según sea su decisión. pic.twitter.com/7OtiQDAbFi

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Las cuentas bancarias en dólares seguirán siendo en dólares, y los sueldos y pensiones se seguirán pagando en dólares, agregó.

Riesgo potencial

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de Bukele por el plan bitcóin.

Fitch Ratings reveló en un informe que la legislación que establece el bitcóin como moneda de curso legal aumentaría los riesgos regulatorios para las instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"Una implementación apresurada de la nueva plataforma del sistema de pago alternativo afectará al marco de gestión de las instituciones financieras en cuanto a los riesgos operativos, cibernéticos, monetarios y de liquidez", escribieron los analistas de Fitch.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha criticado la medida y señaló que se enfrentaba a "retos macroeconómicos, financieros y legales" con el paso de El Salvador al bitcóin. Por su parte, el Banco Mundial rechazó una solicitud del Gobierno para ayudar a la implementación de la criptodivisa.

El 26 de junio, un bitcóin perforó el piso de 30.500 dólares.

Publicado enInternacional
ordi Cuixart (d) y Jordi Sánchez (i), saludan a simpatizantes después de ser excarcelados.. Imagen: EFE

La jugada más arriesgada de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español apuesta por sacar de la cárcel a los líderes independentistas para buscar una salida negociada a la crisis en Cataluña.

Pedro Sánchez atesora una reputación bien ganada de ser un sobreviviente nato. Ganó contra pronóstico sus primeras elecciones internas para acceder a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al ser destituido de ese cargo y cuando prácticamente todo el mundo lo consideraba un cadáver político, comenzó una gira en coche por toda España para recorrer agrupaciones socialistas e imponerse en las siguientes primarias a Susana Díaz, la candidata del aparato y de las viejas glorias encabezadas por Felipe González. Así volvió a hacerse con el poder en el PSOE y desde allí llegó al Palacio de La Moncloa, primero con una moción de censura y después tras ganar unas elecciones generales y pactar con Unidas Podemos y otras fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas, entre ellos los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña.

Esa capacidad de supervivencia se enfrenta ahora a una nueva prueba con los indultos a los 11 líderes secesionistas que su Gobierno acaba de aprobar con el criterio en contra del Poder Judicial, las descalificaciones de la oposición de derecha y las dudas en el propio seno del PSOE, cuyos líderes regionales temen que la decisión les haga pagar una dura factura en las urnas en la mayor parte de los territorios, donde la cuestión catalana es mirada con distancia y antipatía.

Herencia

Cuando Sánchez llegó al poder, el conflicto catalán y su posterior judicialización ya estaban desatados. Desde La Moncloa, Sánchez vio cómo los líderes secesionistas que en 2017 habían desafiado al Estado español y a su entonces presidente, Mariano Rajoy, con un referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia, eran condenados a duras penas de cárcel por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Las condenas contra los 11 responsables de esos hechos que optaron por permanecer en España y no huir a otros países europeos, como lo hizo el expresidente de la Generalitat (gobierno de la autonomía catalana) Carles Puigdemont, revistieron especial dureza. Fueron desde los nueve a los 13 años de cárcel.

Tanto las sentencias como la entrada en prisión de los líderes condenados provocaron en su día los más graves incidentes callejeros que recuerda la democracia española y no fueron comprendidos en los países europeos, especialmente en aquellos, como Bélgica, donde los dirigentes huidos permanecen sin que prosperen las peticiones de extradición cursadas desde España. Se trata de una situación singularmente anómala en el espacio comunitario europeo, que presume de ser algo más que una mera alianza comercial y que comparte instituciones políticas, económicas y también judiciales.

Jugada de alto riesgo

En las últimas elecciones catalanas, celebradas este año, Sánchez lanzó una de sus acostumbradas jugadas de alto riesgo. Colocó como candidato a Salvador Illa, el hasta entonces ministro de Sanidad que se había forjado por su gestión de la primera etapa de la pandemia una reputación de político dialoguista.

La buena imagen de Illa devolvió al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC, filial catalana del PSOE) la condición de formación más votada después de haber sido relegado al cuarto lugar en los comicios anteriores, pero Illa no consiguió formar gobierno. Los independentistas de Esquerra Republicana (izquierda), JuntsXCat (conservadores) y CUP (izquierda antisistema) unieron sus votos para nombrar presidente al candidato de Esquerra, Pere Aragonés. Los socialistas entendieron en carne propia que su estrategia de imponer la dicotomía izquierda-derecha para conseguir un gobierno progresista estaba lejos de convertirse en realidad. Con los líderes independentistas aún tras las rejas seguía imperando el mismo marco que lleva más de una década rigiendo en la política catalana, la que pone en trincheras enfrentadas a los secesionistas de un lado, sean de izquierda o de derecha, y a los constitucionalistas, progresistas o conservadores, del otro.

Ahora Sánchez ha vuelto a redoblar su apuesta para intentar empezar a resolver el conflicto y al mismo tiempo seguir al frente del Gobierno de España.

En contra del criterio del Tribunal Supremo (que dictó sentencia contra los líderes secesionistas y ahora emitió un duro informe en contra) el Gobierno aprobó indultar a los 11 líderes presos, que ya llevaban cuatro años en prisión. Lo hizo, según argumentó, en aras de la concordia y con el respaldo inesperado de la Iglesia y los empresarios, para quienes devolver la estabilidad a una de las comunidades que es locomotora económica de España es también una cuestión de supervivencia.

Reconstrucción

Sánchez se juega mucho. Después de un año y medio de pandemia, hay encuestas que ya lo sitúan por debajo del Partido Popular. Europa acaba de aprobar un plan de reconstrucción que regará a España con 70.000 millones de euros de subsidio directo y la posibilidad de obtener otros 70.000 millones en préstamo. Para gestionar esos fondos y volver a acudir a las urnas en un contexto económico radicalmente distinto al que ha dejado la pandemia necesita completar el año y medio que aún queda de legislatura. Y para ello es fundamental que cuando las cuentas lleguen al Congreso pueda contar con los 13 votos de Esquerra Republicana.

El objetivo de la reelección todavía se ve lejos. Pero la experiencia ha demostrado que subestimar la capacidad de Pedro Sánchez de reponerse a las mayores dificultades puede ser un grave error

Publicado enInternacional
Sábado, 26 Junio 2021 06:40

Pagar para vender

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil FOTOS PÚBLICAS, ISAC NÓBREGA

A las apuradas y mientras arrecia la pandemia, Brasil decidió vender la empresa estatal de energía, a pesar de la dura oposición de empresarios, trabajadores y varios sectores tradicionalmente favorables a las privatizaciones.

El gobierno brasileño consiguió aprobar la medida provisoria 1031/2021, que habilita la privatización de la totalidad de las acciones de la empresa estatal Eletrobras, la principal empresa del sistema eléctrico brasileño. Fundada en 1962, Eletrobras era una sobreviviente del proceso de privatizaciones de la década del noventa. Hasta ahora, el Estado controlaba el 60 por ciento del llamado sistema Eletrobras y, con él, 125 usinas y 71 mil quilómetros de líneas de transmisión. Creada para ser uno de los motores del desarrollo económico y social brasileño, la compañía será ofrecida en bandeja a los capitales privados.

El presidente Michel Temer ya había enviado al Congreso, a comienzos de 2018, un proyecto de privatización que no prosperó. Luego, en noviembre de 2019, el propio Jair Bolsonaro remitió una propuesta que también resultó derrotada. Ahora, en momentos en que Brasil supera el medio millón de fallecidos por covid-19, diputados y senadores han corrido contra el tiempo para modificar y aprobar la venta de las acciones estatales de la compañía. El relator del proyecto en el Senado, Marcos Rogério, del partido Demócratas, encabezó la iniciativa y alternó por esta vez su papel de líder de la tropa bolsonarista que intenta obstaculizar la labor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia (véase «CómoBolsonarousalapandemiaasufavor», Brecha, 11-VI-21). En el Senado, la votación fue apretada: 42 votos a favor, 37 en contra. En Diputados, la diferencia fue de 258 a 136. Una de las principales justificaciones del gobierno para vender este gigante es que la venta reducirá las cuentas de luz de los usuarios en un 7 por ciento. Pero casi todos los actores involucrados en el sector dicen lo contrario: la cuenta de luz va a aumentar.

SALDO CERO

Gilberto Cervinski, magíster en Energía por la paulista Universidad Federal del ABC y uno de los coordinadores de la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y la Energía, que reúne a movimientos sociales y sindicales del sector energético, dijo a Brecha que con esta privatización, que define como una «transferencia de patrimonio», solo hay un beneficiario: la burguesía financiera. «Los nuevos dueños serán bancos privados, fondos de inversión internacional especulativos y grupos empresariales locales que sustentan el gobierno de Bolsonaro. Quien va a pagar la cuenta es el pueblo brasileño. […] La privatización de Eletrobras representa una completa destrucción de la soberanía energética del país», afirmó. Aseguró que la privatización «hará que aumente el precio de la luz y se acelere la desindustrialización por el peso de esta carga sobre centenas de medianas y pequeñas empresas».

El especialista en temas energéticos estima que la privatización traerá un aumento del 25 por ciento en las cuentas de los consumidores. Hoy 20 usinas estatales cuya inversión inicial ya fue amortizada venden energía más barata que la del mercado global, entre otras cosas que mantienen precios accesibles para la industria y los hogares brasileños. Con el nuevo régimen esos contratos caerán y pasaría a regir el precio de mercado. Actualmente, cerca de 20 hidroeléctricas de Eletrobras (con un total de 13.500 megavatios de potencia) venden el megavatio a 65 reales (13 dólares), aunque el precio de mercado actual está por encima de los 250 reales (51 dólares). La Unión por la Energía, que reúne más de 40 entidades del sector, estima que los aumentos que deberá costear la industria podrían llegar al 15 por ciento, un costo que terminaría siendo «pasado a los consumidores». En tanto, la Asociación de los Grandes Consumidores Industriales estima un aumento del 20 por ciento en la factura como consecuencia de la privatización.

DE TODOS LADOS

Es llamativa la amplia oposición que concita lo aprobado por el oficialismo. Sectores políticos, económicos y mediáticos históricamente favorables a las privatizaciones criticaron duramente la medida. La periodista y comentarista de temas económicos Miriam Leitão, conocida por sus posiciones favorables a la desestatización, llegó a escribir en su columna en O Globo que «los consumidores van a pagar [el valor equivalente a] una Eletrobras para que el gobierno privatice la Eletrobras». Y agregó: «Esta medida no tiene ningún sentido económico, distorsiona el mercado y le pasa la cuenta a la población».

En el Senado, Álvaro Dias, del partido Podemos, que como candidato a presidente en 2018 defendía la necesidad de un «amplio programa de privatizaciones», entre ellas la de Eletrobras, se mostró en contra de la norma recién aprobada y argumentó desde su banca que la sociedad «no fue escuchada». Desde la bancada del derechista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el senador Tasso Jereissati, redactor de un proyecto de ley que crea un «mercado del agua» en el país, también votó contra la medida provisoria. Hildo Rocha, senador por el Movimiento Democrático Brasileño, una formación que por lo general también es favorable a las privatizaciones, dijo que «esta medida va contra todos los conceptos y todas las teorías de la libertad económica». Bolsonaro tiene 15 días para sancionar la norma, y con eso se inicia un proceso que el gobierno estima que terminará en febrero de 2022. Varios senadores de la oposición ya anunciaron que irán al Supremo Tribunal Federal para impugnar lo aprobado por el Senado, que consideran inconstitucional.

LO QUE QUEPA

El texto de la medida provisoria 1031/2021 ha llamado la atención por la profusión de los llamados jabutis (tortugas) que contiene: enmiendas traficadas en su redacción, que se extienden más allá del objeto inicial a legislar. La jerga proviene del dictado popular jabuti não sobe em árvore, ou foi a enchente ou mão de gente, que explica actos llamativos que no ocurren de forma natural. En este caso la causa no fue una inundación, sino la mano del Ejecutivo y de los diputados y los senadores.

Entre los puntos más polémicos está la exigencia al Estado de contratar 8 mil megavatios de energía proveniente de termoeléctricas a gas natural ubicadas en regiones donde no hay gas ni termoeléctricas. Eso demandará construcciones millonarias, de usinas y gasoductos, que promediarán los 800 quilómetros de extensión. Otra de las novedades son los subsidios que el Estado deberá mantener por 20 años adicionales para empresas de energía eólica que ya amortizaron sus inversiones. De yapa, la 1031/2021 autoriza al gobierno a construir la línea de transmisión de la hidroeléctrica de Tucuruí –que conectaría el estado de Roraima con el sistema eléctrico nacional– sin las debidas autorizaciones ambiental y de la Fundación Nacional del Indio, a pesar de que la obra atraviesa la tierra indígena Waimiri-Atroari.

Otra tortuguita colada en la nueva regulación son los beneficios que se dará a la construcción de nuevas «pequeñas centrales hidroeléctricas», a través de la creación de reservas de mercado de 2 mil megavatios. El costo total estimado de estos jabutis supera los 80.000 millones de reales (16.000 millones de dólares). Un poco más de lo que el gobierno estima recibir con la privatización. Algo bastante parecido a pagar para vender, dicen los descreídos. Pero la ironía no termina ahí. La norma vende una empresa estatal y, al mismo tiempo, crea otra, que estará encargada de administrar la actual Eletronuclear y la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que quedaron fuera de la privatización. Lo cierto es que Paulo Guedes, ministro de Economía, podrá, finalmente, poner una gran privatización en su currículum y tachar un ítem de su prometida agenda neoliberal.

MÁS CLOROQUINA

En una sesión del Senado que debatió el asunto el 2 de junio, Ikaro Chaves, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobras (AESEL), dijo que «la privatización de la empresa es la cloroquina del sector eléctrico: no va a resolver los problemas y puede matar al paciente». Frente a los argumentos oficialistas, que alegan la necesidad de aumentar la competitividad, preguntó: «¿Cómo crear un ambiente competitivo permitiendo que una empresa privada controle el 30 por ciento de la capacidad total de generación energética del país, 52 por ciento del agua almacenada y 43 por ciento de la capacidad de generación hidroeléctrica? Una empresa como esa tendrá un poder de mercado desmesurado».

En un comunicado, la AESEL afirmó que la privatización «habilita un oligopolio privado en el sector eléctrico brasileño, algo extremadamente perjudicial para el país, ya que concede el poder de formación de precios a pocas empresas guiadas exclusivamente por el interés de lucro de sus accionistas». Chaves también desmintió que Eletrobras deba ser vendida como consecuencia de su situación financiera: «Es una empresa lista para hacer inversiones, tiene el capital para ello y no tiene ninguna dificultad para conseguir financiamiento ni en el país ni en el exterior».

Actualmente Eletrobras tiene 14.000 millones de reales en caja (2.800 millones de dólares) y en los últimos tres años dio ganancias por 30.000 millones de reales. Incluso durante la pandemia, en 2020, facturó 6.400 millones de reales (1.300 millones de dólares). Sin embargo, su nivel de inversiones sufre desde 2015 una fuerte caída. Una nota técnica del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de mayo de este año afirma que el análisis de los datos financieros de la empresa «indica una estrategia deliberada de freno a las inversiones, fruto de una nueva estrategia de negocios, que busca el desmonte deliberado de su capacidad de inversión». En Brasil a esto se le llama sucatear, que viene de sucata (‘chatarra’): dejar arruinar algo a propósito.


 Día D

Esta semana fue de grandes titulares en Brasil. El martes, O Estado de São Paulo publicó un telegrama secreto de la embajada brasileña en Nueva Delhi. Allí se estipula que el gobierno de Jair Bolsonaro compró la vacuna india Covaxin por un precio 1.000 por ciento superior que el ofertado por el fabricante. Según el periódico, la orden para comprar la vacuna fue dada personalmente por el presidente brasileño. A diferencia de las otras negociaciones por inmunizantes, hechas de forma directa entre el gobierno y las empresas, en este caso la adquisición fue mediada por la empresa Precisa Medicamentos. La firma está siendo investigada por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de la pandemia. Los altos precios ofertados fueron uno de los argumentos del gobierno para retrasar su negociación con Pfizer. Las vacunas indias, sin embargo, no solo son mucho más caras, sino que ni siquiera han llegado aún a Brasil y no han completado todas las etapas de análisis necesarias para su aprobación.

El miércoles, día en que este escándalo acaparaba la atención pública, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles fue dado de baja de su cargo tras haber pedido la renuncia, según consta en el diario oficial. Elogiado por Bolsonaro en una conferencia de prensa celebrada el día anterior por haber promovido un «casamiento perfecto» entre la agricultura y el medioambiente, es investigado por su presunta asociación con el tráfico de madera ilegal (véase «Lejosdeldisfraz», Brecha, 30-IV-21). A pesar de que su salida ha sido recibida como una buena noticia por organizaciones indígenas y ecologistas, el ministro no era más que un ejecutor; su reemplazo no abre ninguna esperanza de cambios de rumbo. Formado en administración de empresas y consejero de la Sociedad Rural Brasileña entre 1996 y 2019, Joaquim Alvaro Pereira Leite promete continuidad con la línea extractivista y proagronegocio que caracterizó la gestión de Salles.

También el miércoles, el pleno del Supremo Tribunal Federal ratificó por mayoría que el juez Sérgio Moro actuó con parcialidad en el proceso contra el expresidente Lula da Silva por el caso del triplex do Guarujá (véase «Elproceso», Brecha, 13-IV-18). Con esto, serán anuladas todas las decisiones tomadas por el juez que mantuvo a Lula en prisión durante 580 días y el proceso deberá recomenzar desde cero en los tribunales de Brasilia. En un comunicado, la defensa del exmandatario celebró la sentencia, que se suma a otros 11 procesos en los que el líder petista fue declarado inocente o que fueron archivados por falta de pruebas.

Por Marcelo Aguilardesde San Pablo 
25 junio, 2021

Publicado enInternacional
El primer acto de Castillo como presidente virtual

Dijo que él es el mandatario electo y llamó a la unidad

Pedro Castillo (foto), el profesor rural y sindicalista que ganó la elección presidencial pero todavía no es proclamado oficialmente como presidente electo porque el Jurado Electoral no termina de resolver el pedido, sin sustento, de su rival, la derechista Keiko Fujimori, de anular votos del ganador para voltear el resultado, participó este viernes en su primer evento público como virtual presidente. Lo hizo haciendo un llamado a la unidad en momentos que la derecha agudiza la polarización y amenaza la democracia promoviendo la anulación de las elecciones que ganó la izquierda. Castillo viajó a Cusco, en la zona sur andina del país, donde ganó las elecciones por amplio margen, para participar en un evento sobre descentralización con los gobernadores regionales. Dijo que el suyo era “un gobierno electo”, pero esperaba que el Jurado Electoral “diga su última palabra” para actuar plenamente como tal.

“El pueblo necesita de la más amplia unidad. En este caminar ya no hay ni vencidos ni vencedores, hoy somos una sola familia. Necesitamos poner el hombro todos para terminar con los grandes problemas, como la pandemia y las grandes desigualdades que tiene el país”, declaró a la prensa antes de participar en el evento. Luego, en su discurso ante los gobernadores, repetiría el mensaje de unidad.

Aseguró que el suyo será un gobierno “que piensa y siente como el pueblo”. “El Perú necesita que el pueblo sea escuchado. Lo primero que tenemos que agendar son los grandes problemas, las grandes brechas de desigualdad”. Anunció que su gestión priorizará la salud y la educación, “que deben ser un derecho y no un negocio”, y también la agricultura. “Tenemos que hacer un gobierno austero. No nos verán robar un centavo a este pueblo”, ofreció.

“Cuando sales a hacer una propuesta te dicen terrorista, chavista, comunista, que le vas a quitar su plata a los inversionistas, que vas a ahuyentar la economía, que les vas a quitar su propiedad, su casa, su terreno. Todo eso es falso”, señaló, en alusión a la guerra sucia en su contra.

Mientras Castillo se reúne con autoridades, organizaciones sociales, gremios, pensando en su próximo gobierno, que debe iniciar el 28 de julio, la derecha sigue maniobrando para desconocer su legítimo triunfo electoral, en una actitud cada vez más abiertamente golpista. Fujimoristas armados con palos atacaron a un grupo de seguidores de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Electoral. 

Por Carlos Noriega

26 de junio de 2021

Publicado enInternacional
Viernes, 25 Junio 2021 06:07

Por qué Ortega no quiere soltar

Por qué Ortega no quiere soltar

LOS INTERESES INNEGOCIABLES DEL RÉGIMEN NICARAGÜENSE

 

En los últimos días arrestó a cinco precandidatos y a varios excomandantes guerrilleros. Suman 1.600 los detenidos y más de 103 mil los exiliados desde 2018. Las causas de la intransigencia de acuerdo a la disidencia sandinista.

«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).

La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600 personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y sociales», reflexiona Medina en su artículo.

Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como “golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo” provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas populares masivas de 2018.

Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase «Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha, 27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente», Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Tinoco.

EL FSLN Y LA CULTURA POLÍTICA NICA

En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora rechazan.

Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988) y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que, siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).

Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13 de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político, de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).

A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad» (Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense: «Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la volveremos a repetir».

BURGUESÍA ROJINEGRA

Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?», uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios».

Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de «una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora «un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío, I-14).

En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500 millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.

Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51 por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento. «El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018, se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas, promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado», calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).

Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados; Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de «empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso privado a fondos públicos.

Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21). Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse en Costa Rica en 2013.

SIN MARGEN PARA LA DEMOCRACIA

Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una ficción, una ilusión, una mentira».

Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con «una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia». Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte», sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido –por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21). Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario» posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».


25 junio, 2021


ORTEGA Y LAS MULTINACIONALES

No es que Ortega quiera promover al empresariado nicaragüense para fortalecer una burguesía nacional capaz de desarrollar el país a partir de nuestras propias posibilidades, fomentando un capitalismo nacionalista, un objetivo que nunca terminó de construirse en Nicaragua. No, no es por eso. Se trata de una simbiosis al servicio de la lógica del gran capital transnacional […].

Tan profundos niveles de subordinación a la lógica del capital no los encontramos en el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) ni en el de Arnoldo Alemán (1997-2002), ni siquiera en el más cercano al empresariado, el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Tal vez se explica porque en estos gobiernos había fuerzas sindicales y gremiales que servían de contrapeso a estos gobiernos. Había un sandinismo de base que resistía […]. Veamos, por ejemplo, la relación de Nicaragua con la transnacional española Unión Fenosa […]. Las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con Unión Fenosa fueron tensas. En 2006, cuando llegaba al gobierno Daniel Ortega, Bolaños tenía demandas contra Unión Fenosa y había 12 juicios, reclamos estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional.

Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. En noviembre de 2007, mientras Daniel Ortega lanzaba un discurso virulento contra las transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile [el asesor económico de la Presidencia] Bayardo Arce estaba reunido en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con la gerencia de Unión Fenosa. A partir del Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, al que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero de 2009, una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios, todas las demandas y multas pendientes. Después, vinieron otras leyes, siempre en beneficio de la transnacional.

Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía fueron tan fluidas como con este gobierno. ¿Y qué pasa con la generación de energía alternativa? Está crecientemente en manos privadas, aun cuando la base de la generación sean recursos naturales del país, como el viento, el agua, los volcanes. Todos los nuevos proyectos de energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica han sido concesionados a las empresas transnacionales, en las que Ortega y su grupo tienen participación accionaria.

Mónica Baltodano

Publicado enInternacional
La muerte de Junior Jein y el poder que tiene miedo

Cuenta el primer libro de Samuel que el rey Saúl tenía muchos miedos de perder el poder y andaba ansioso y muy estresado; para aliviarlo de estos males alguno de sus funcionarios le aconsejó que se trajera a su palacio al joven David que tenía fama de sonar el arpa y cantar bien. Y así fue, David resultó en la corte y tocaba para el rey y lo calmaba; pero, muy pronto, a Saúl le empezó a chocar la música de David y empujado por sus demonios intentó clavarlo en la pared y así deshacerse de él: Las melodías del muchacho no le entretenían más y más bien alborotaban sus miedos, su ansiedad, su estrés y sus demonios.

El poder corrupto, ese que ostentaba Saúl, y todos los otros arbitrarios antes y después de él, nunca resiste el arte y esto porque la belleza, allí donde se le permita brotar, en la música o en la poesía, en la pintura o en los tatuajes, en los grafiti o en la fotografía, en las caricaturas o en las trovas, en los libros o en la danza, en la liturgia o en las fiestas populares, en los monumentos o también en los anti monumentos, en lo que sea, nombra lo innombrable, empuja desde dentro a los que se extasían en ella, y porque delante de una obra maestra ya no hay masas, hay personas y gente muy digna y esto, que es también muy sencillo y sin alardes, desarma a los tiranos de sus señuelos para manipular.

La historia de David se repitió en Colombia,el pasado domingo,13 de junio; el poder, no se sabe todavía si el poder legal o el ilegal, porque aquí en este país hay de los dos y no raramente son cómplices y se mezclan, se fastidió con la música de Junior Jein, un cantante del pueblo negro que con su salsa choke y la música tradicional del Pacífico hacía temblar consciencias; sus letras y su ritmo eran más que entretenimiento y resultaron retratando la realidad de nuestro país. Tristemente, hay que anotar que Junior Jein no tuvo la misma suerte del músico David: mientras que Saúl falló en su intento criminal contra David, los sicarios contratados en el caso de Junior Jein le descargaron cargas de fúsil y de pistola y lo dejaron bien muerto.

El poder en el Israel de la Biblia no resistía las canciones de David y el poder en Colombia no resistió las canciones de Junior Jein; es que también aquí el poder tiene miedo de perder y anda ansioso, estresado y lleno de demonios y ya sólo sabe disparar; estas canciones nos entregaban toda la fiesta y la fuerza de la cultura negra, la belleza del Pacífico, la alegría de Buenaventura y todo eso fastidió. Es que este país, lo hemos visto en la forma como el gobierno y la autodenominada “gente de bien” han reaccionado ante la protesta social, quiere oír un solo relato, se obstina en desaparecer y asesinar a los líderes que proponen alternativa. Este país, es doloroso escribirlo, parece no resistir el arte, nunca ha oído lo que un día apuntó Dostoievski y es que la belleza salvará el mundo.

La primera vez que vi actuar a Junior Jein fue el año pasado cuando después de la masacre de Llano Verde en Cali, en la que murieron cinco niños negros, él y sus amigos, a ritmo de currulao y de rap, compusieron y cantaron para preguntar “¿Quién los mato?”; como homenaje, ahora que lo hemos enterrado, quiero recordar la estrofa que le tocó interpretar a Junior Jein, en esa obra que es, como en su momento tituló el diario El Espectador, “más que una canción, un clamor por la justicia en Colombia”. Así cantaba el artista reclamando por los menores masacrados: “Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre lo hacen; nada, la vida de los negros no importa nada, lo primero que dicen es: «andaba en cosas raras»…. como Jean Paul, Jair, Leyder, Álvaro y Fernando; somos víctimas del sistema y abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, ¡carajo!”. Ahora, en este día triste y de esperanza, tendríamos que hacer coro con él y pedir que no solo la muerte de los de Llano Verde, sino también la del mismo Junior Jein, y la de tantos y tantos masacrados en este país, encuentren justicia y no queden en la impunidad.

Miles de personas que despidieron a Junior Jein, en Buenaventura y en Cali, gritaban bien duro y con honda fe -“no se fue, no se fue”… y tienen razón, Saúl no pudo callar la música de David, los poderes de aquí tampoco la de Junior Jein. La belleza es lo más revolucionario y esto porque nadie la puede matar.

Por Jairo Alberto, mxy

Publicado enColombia
Las prácticas militares y paramilitares contra los jóvenes en Colombia en el Paro Nacional

Sicariato, desaparición forzada, tortura, entre otras prácticas militares y paramilitares para acallar la lucha de los y las jóvenes colombianos y la complicidad de la Fiscalía para ocultar la magnitud de la represión y el terrorismo de Estado del gobierno de Iván Duque.

 

La juventud colombiana ha dado muestras de rebeldía y aguante frente a la represión de la que ha sido víctima al ser declarado objetivo militar. Pero el terrorismo de Estado no tiene límite y la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Ejercito en alianza con los paramilitares han implementado prácticas como la tortura, la desaparición, el desmembramiento, la decapitación, el abuso sexual propias del conflicto armado colombiano y que se retoman y extienden en contra de los jóvenes, pero también que evidencian la alianza entre el paramilitarismo, el narcotráfico que lo financia y la Policía junto al Ejercito.

El sicariato durante los tiempos de Pablo Escobar entreno a personas cuyo encargo era asesinar opositores en el negocio de las drogas o en la política. La elite caleña y el narcotráfico siguen haciendo uso de este modo de operar, por lo que el día 14 de junio sicarios asesinaron a líder social y músico Junior Jein oriundo de Buenaventura, a quien le dispararon en repetidas ocasiones con un fusil y una pistola.

Otro conocido caso fue el del asesinato de Lucas Villa, en el que dos sicarios dispararon contra él y otros dos manifestantes que también resultaron heridos en el viaducto de Pereira el 5 de mayo. Se supo días después del hecho que fue una operación ilegal conjunta entre la banda de microtráfico Cordillera y algunos agentes de la Policía Nacional, más precisamente de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN.

Asimismo, son muchos los casos en los que los paramilitares han llegado a las zonas rurales con el objetivo de desplazar a la población campesina e indígena de sus tierras, para forzarlos hacen uso de aberrantes prácticas que se retoman en el marco del Paro Nacional como decapitar, torturar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Estos asesinatos atroces tienen el objetivo claro de amedrentar a los manifestantes.

El día 19 de junio fue encontrada en el corregimiento de Aguaclara, Tuluá, Valle del Cauca, la cabeza del joven Santiago Ochoa que integraba la primera línea de manifestantes en Tuluá. Se sabe que fue retenido de manera arbitraria por el ESMAD la mañana del 19 de junio cuando iba en bicicleta y luego encontrado su cuerpo por partes.

La desaparición forzada durante el conflicto armado se convirtió en una cifra cotidiana y en constante aumento. Se calcula que hay en el país alrededor de 80.000 personas desaparecidas, más los mal llamados falsos positivos que son 6.402 jóvenes que fueron engañados por el Ejército con aparentes promesas de empleo y asesinados, luego fueron disfrazados como guerrilleros y mostrados como bajas del ejército en combate.

En este cuadro tenemos ahora los desaparecidos del Paro Nacional, las cifras siguen siendo distantes entre la Fiscalía y las ONGs que están recaudando los datos desde el principio del PN. El informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Temblores ONG, El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS reportaron 346 personas como desaparecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo.
Entre tanto la Fiscalía que nombra a las personas desaparecidas como “No ubicadas” afirma que hasta el pasado 10 de junio eran 572 registros de los cuales se encontraron 328 personas, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos. De acuerdo con este conteo según la Fiscalía quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84.

Pero no solo está la desaparición forzada sino el daño hecho a los manifestantes, las tortura y las amenazas a las que son sometidos, estas también son lesión considerable que se da en la retención arbitraria.

La organización Liga Contra el Silencio afirma que de acuerdo con la fiscalía en “documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos”, sin embargo, este procedimiento que debe ser informado se está ocultando a los abogados y familiares de los retenidos de manera arbitraria dando lugar a la desaparición forzada que no necesariamente es desaparición definitiva pero que entre medio puede exponer la integridad física y mental ante la brutalidad policial que actúa de manera impune y cuyo fin es amedrentar a los jóvenes para que abandones las calles y dejen de reclamar sus derechos.

Uno de los relatos de la organización Liga Contra el Silencio demuestra la brutalidad con la que son tratados los jóvenes cuando son retenidos y la complicidad entre el actuar de la Policía y los paramilitares: “El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”.

Los policías que reprimen y retienen a los manifestantes van uniformados algunas veces acompañados de paramilitares de civil o con un uniforme como lo afirma el relato anterior, pero sin número de identificación, con armas de fuego y armas blancas reprimiendo a los manifestantes con total impunidad; otro ejemplo es el del pasado 28 de mayo en el que civiles en compañía de la policía dispararon en contra de la Minga indígena en el barrio ciudad jardín de Cali. Esto en concordancia con la Fiscalía y la Defensoría que muestra cifras disminuidas de asesinatos, detenciones, desapariciones y que permite la impunidad de los agentes de Policía, ESMAD y Ejercito, pero también de paramilitares que actúan en su presencia.o que el pueblo colombiano grita en las calles es que “esto no es un gobierno son los paracos en el poder”, tal cual lo dice la consigna, cuando se escribe en las calles Colombia antiuribista, quiere decir Colombia antiparamilitar.

El terrorismo de Estado está encarnado en el actuar entre los paramilitares y los militares, que cuenta a la Policía y el ESMAD, que son los encargados de proteger y mantener a este gobierno narco paramilitar. Por eso no basta la negociación, ni los comités de paro, se debe buscar la salida del gobierno de Duque, que además de declarar objetivo militar a los manifestantes y mantener el terrorismo de Estado de la mano con los paramilitares, propondrá el próximo 20 de julio en la sesión ordinaria del Congreso la supuesta reforma a la Policía que dará continuidad a la impunidad y otra reforma tributaria consensuada con los partidos de derecha que son mayoría y con los empresarios.

Solo una huelga general y la organización de los y las trabajadoras, junto con los y las docentes, indígenas, campesinos, y la fuerza de la juventud moverán del poder a Duque y permitirá hacer justicia por los asesinatos, torturas, desapariciones y abusos y demás actos del terrorismo de Estado.

Por Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Miércoles 23 de junio

Publicado enColombia