La arriesgada apuesta de Nayib Bukele por el bitcoin

El presidente de El Salvador impulsa un plan para introducir el bitcoin en la economía de un país en el que cuatro de cada 10 personas son pobres. En el camino, se juega su propia credibilidad.

 

Óscar Romero atiende una tienda en Meanguera, un municipio rural a 200 kilómetros de San Salvador. Vende verduras, hortalizas, productos empacados como galletas, frituras y cervezas. Óscar no es un economista ni un político ni un inversor de riesgo pero sabe que hace unas semanas se ha aprobado en la capital de su país una ley que le obligará, dentro de poco, a aceptar una cosa llamada Bitcoin como pago por sus productos. Y sobre eso dice dos cosas: que es «una moneda que sube y baja»  y que no cree que vaya a funcionar.

No le falta razón. Bitcoin es una moneda digital —o sea no se emiten billetes ni monedas—, privada y descentralizada. Es decir, que ningún organismo de gobierno supervisa la posibilidad de falsificación. Para darle seguridad, se codifica en un circuito de computadoras (de ahí que sea una «criptomoneda») aunque eso no resuelve lo que Óscar acertadamente describe como el «sube y baja», que técnicamente se llama volatilidad. En abril de 2021, el bitcoin alcanzó su máximo histórico de 64.895 dólares. Cuando empecé a escribir esta nota, estaba a 35.767 y cuando la terminé, tres días después, estaba a 32.629.

Entre otras razones, por eso es que pequeños comerciantes como Óscar Romero y premios Nobel de Economía, como Paul Krugman o Robert Schiller, son escépticos sobre la utilidad real de las criptomonedas como el bitcoin.

La adopción de la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador está poniendo a prueba la lealtad y la confianza de los salvadoreños hacia Nayib Bukele. Dos años después de haber empezado su mandato, el presidente Bukele mantiene una aprobación cercana a 90 %  en diversas encuestas. Sin embargo, su última ocurrencia, que está atrayendo la atención mundial, no ha sido acogida por los salvadoreños con tanta confianza. Y eso, en sí, es un hecho político.

Usualmente, y desde hace algunos años, como funciona en El Salvador es que Bukele dice que se haga la luz y la luz se hace, entre un coro de aplausos. El presidente da entrevistas en exclusiva a youtubers y publica videos de su caravana de camionetas en Tiktok. Llegó al poder tras capitalizar el resentimiento con una clase política corrupta, encabezada por los partidos de la Guerra Fría. En 2018, miles de salvadoreños hicieron fila para firmar por la inscripción de su partido y consiguió 200.000 en un fin de semana. Arrasó con su victoria en primera vuelta en 2019 y la refrendó obteniendo el control de las dos mayorías legislativas en 2021.

Desde entonces, parece inmune al desgaste, raro para un político latinoamericano. Ganó la presidencia con un partido de esa «clase política corrupta» —no se le permitió inscribirse con su partido— y, aunque admitió que esa alianza le podía costar caro, en realidad no le costó nada. Invadió el Congreso militarmente antes de ganar las elecciones, lo que le granjeó decenas de condenas internacionales, pero el 80% de los salvadoreños lo apoyó. Luego vino la crisis del covid-19, que afectó a todo el mundo. El gobierno salvadoreño escondió los datos de fallecidos en la pandemia y acumuló una docena de casos en investigación por corrupción por las compras de emergencia. Hasta la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, terminó en una lista de funcionarios corruptos difundida por el gobierno de Estados Unidos. No pasó nada. Al contrario, Bukele obtuvo 61 de 84 escaños en la Asamblea Legislativa, en la elección de febrero.

Cuando esa enorme mayoría tomó posesión, en mayo pasado, lo primero que hizo fue remover al fiscal general que investigaba al gobierno y a la Sala de lo Constitucional que se había atrevido a contradecir algunas decisiones de Bukele. Aún así, para junio, 80% de los salvadoreños dijo que el presidente estaba haciendo las cosas bien.

Lo del bitcoin está siendo distinto. Un sondeo digital de la Cámara de Comercio señala que 93% de las personas consultadas no quiere recibir su salario en bitcoin y un 96% de pequeños empresarios consultados dijo que no está de acuerdo en que su uso sea obligatorio en el país. Aunque eso es exactamente lo que dice la ley. A partir de septiembre de este año, «todo agente económico» deberá aceptar bitcoin como forma de pago. «Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’. Tienen que aceptarlo por ley», ha dicho Bukele. Los impuestos se podrán pagar en bitcoin así como «todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares previas a la emisión de la ley». 

La ley plantea una vaga excepción para quienes no estarán obligados a comerciar con Bitcoin: «quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin». ¿Qué significa eso? Los diputados de Bukele no se preocuparon de especificarlo. En teoría, todo lo que se necesita para comprar y vender en bitcoin es un teléfono celular.  En El Salvador hay más celulares que personas y el 94 % de los hogares contaba con al menos uno para 2019. Pero eso no resuelve toda la ley. 

Tras el mostrador de la tienda de Óscar Romero, una de sus hijas matiza la prevalencia de los celulares por dos razones: en las zonas rurales como esta, la señal de celular es intermitente. Sube y baja, como el precio del Bitcoin. La segunda es que, aunque haya muchos teléfonos, la mayoría de las personas lo recarga en promedio con 11 dólares al mes, según una encuesta nacional de 2019, lo que significa que no siempre tienen datos o Internet disponibles. El salario mínimo es de $300 y la canasta básica cuesta $400. Después de la pandemia, cuatro de cada 10 personas son pobres, algo que el Banco Mundial define como vivir con menos de 5,5 dólares al día.

Estas consideraciones, hechas durante una breve charla en una tienda, no alcanzaron a entrar en las discusiones legislativas. La ley se anunció el sábado 5 de junio y ya estaba aprobada en los primeros minutos del 9 de junio. El grupo de diputados que estudió la propuesta de Bukele en la Comisión Financiera tardó 85 minutos, menos de lo que dura un partido de fútbol, en darle el visto bueno.

¿Por qué tanta prisa? No parece evidente, al menos en las declaraciones públicas. Bukele ha ofrecido la ley principalmente como una herramienta para atraer capital e inversionistas extranjeros. Ha dicho, además, que contribuirá a reducir las tarifas que cobran los intermediarios de las remesas: dinero enviado principalmente por salvadoreños desde Estados Unidos a sus parientes y que compone una quinta parte de la economía nacional. La gente que ha hecho fila en los cajeros de bitcoin que existen en el país se ha decepcionado al comprobar que no es cierto que no cobren comisión. Finalmente, Bukele ha dicho que contribuirá a introducir en el sistema bancario a buena parte de la población que no tiene cuenta de ahorro (77% del país hasta 2016).

Hay, sin embargo, otras razones menos evidentes pero implícitas con la medida. En primer lugar, devuelven los titulares positivos a un Bukele que, aunque fuerte internamente, ha visto cómo su imagen internacional se desplomaba, principalmente por sus despliegues autoritarios. El mandatario de 39 años ha hablado más de bitcoin en inglés que en español. La noche antes de anunciar la ley a través de un video presentado en Miami, brindó una conferencia de prensa en la que no dijo nada de la nueva moneda. En cambio, justificó su decisión de eliminar una comisión internacional contra la impunidad liderada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Otra posibilidad, según los expertos, es que Bukele quiera darse un mayor margen de maniobra en cuanto a política monetaria, en una economía dolarizada desde  2001. «El plan parece una desdolarización furtiva», según David Gerard, un experto y autor de varios libros sobre criptomoneda, en Foreign Policy. «Bukele parece estar preparando al país para inyectar bitcoins a la economía, marcarlos como ‘dólares’ para solventar su déficit (fiscal) y tomar los dólares verdaderos para pagar deuda extranjera», sostiene Gerard. El gobierno salvadoreño ciertamente tiene un problema de ingresos y la tasa de endeudamiento incrementó en el 2020, motivado en parte por los gastos extraordinarios para atender la pandemia de covid-19.

El Salvador será un laboratorio de bitcoin, según lo ha expresado Karim Bukele, hermano y uno de los principales asesores del presidente. Para la región y para el mundo, será un interesante experimento, a coste cero, ver cómo le va a un pequeño país centroamericano con la nueva moneda. Pero los especialistas financieros saben todos los riesgos que esto implica.

El Banco Mundial rechazó la solicitud de colaboración que el gobierno Bukele hizo para implementar el bitcoin, alegando razones de transparencia y preocupaciones ambientales. El Fondo Monetario Internacional citó «problemas financieros, macroeconómicos y legales» en el proceso de aprobación de la ley. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales advirtió sobre «el riesgo de que El Salvador sea empleado como paraíso para lavar dinero mediante el uso malicioso del bitcoin, ante la incapacidad legal de las autoridades para ejercer control y sancionar».

El mismo Bukele ha aceptado que tendrán que hacer una campaña publicitaria y educacional para hacer que su idea cuele. Pero aún con su impresionante aparato de propaganda, está tropezando con varios obstáculos. La Secretaría de Prensa de la Presidencia presentó fotos de un youtuber que dijo estar asombrado de poder pagar un aguacate con bitcoin, pero el youtuber se hizo más famoso por el video de un vendedor de pan que se quejó de que le estaba regateando. Un empresario anunció que había pagado en bitcoin el salario a sus empleados. La reacción lo obligó a poner una aclaración de que no se había realizado ningún descuento.

Usualmente, las críticas a Bukele señalan sus abusos autoritarios, la falta de respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Estos son conceptos vacíos de significado para la mayoría de salvadoreños que valoran más los programas de asistencia durante la pandemia, como múltiples entregas de canastas de víveres a domicilio y un bono de 300 dólares. Pero el bitcoin supone preguntas directas relacionadas al salario y la vida de las personas.

 Por ahora, parece que los salvadoreños están dispuestos a perdonarle todo a Bukele y a apoyarlo. Excepto cuando la apuesta incluye su propio dinero.

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La herencia de Netanyahu en Israel: una fuerte erosión de la democracia

El país dividido que deja Benjamín Netanyahu a sus sucesores debe cambiar radicalmente para no hundirse en un ensimismamiento dañino para la sociedad. Si atendemos a la erosión que ha experimentado en los últimos doce años, la democracia israelí está en peligro. Netanyahu ha atacado con una energía sin precedentes a las principales instituciones del país, desde la judicatura hasta la prensa.

 

 Los últimos doce años al frente del gobierno (2009-2021) y los tres años anteriores en el mismo cargo (1996-1999) han convertido a Benjamín Netanyahu en el político occidental que más tiempo ha ocupado esa posición, con excepción de la canciller Angela Merkel, y le han permitido moldear el estado judío a su antojo, dejando una herencia que ha erosionado la democracia y que sin duda perdurará en el futuro.

El descrédito de la democracia puede observarse en numerosos aspectos de la sociedad israelí y es consecuencia natural del nacionalismo y el religionismo.

Durante su prolongado mandato el país se ha convertido en lo que se denomina una "democracia iliberal", en la que todo el poder se ha concentrado en sus manos, sirviéndose de las mayorías que le han dado las urnas para oprimir a los sectores que no comulgaban con sus ideas.

La justicia

La judicatura ha sido posiblemente el frente de la política interior al que Netanyahu ha dedicado más tiempo. Lo ha debilitado todo lo que ha podido, tanto él como los ministros de Justicia que ha designado y que permanentemente se han enfrentado a los jueces, especialmente a los del Tribunal Supremo. Ha sido una persecución en toda regla argumentando que el parlamento, y no los jueces, es quien debe decidir lo que se hace y que el parlamento no debe obedecer las decisiones del Supremo cuando hay discrepancias entre los dos poderes.

Sus ataques a la justicia se han intensificado en los últimos años, ya desde antes de que comenzara el juicio contra la corrupción que ahora se está celebrando en un tribunal de distrito en el sector ocupado de Jerusalén.

Netanyahu ha creído que, respaldado por una mayoría parlamentaria, podía hacer y deshacer a su antojo al margen de las leyes, y no está claro cómo y hasta dónde podrá recuperarse el Supremo de esos embates que lo han desacreditado entre una buena parte de la población más populista.

La crispación

La crispación ha alcanzado límites desconocidos, incluso superiores a los que existieron en el periodo previo al asesinato de Yitzhak Rabin en noviembre de 1995. Los citados ataques contra la justicia, o contra la policía y la prensa, han contribuido a crear un clima de tensión y división permanente que Netanyahu y su entorno han impulsado conscientemente puesto que consideraban que la crispación y la división les beneficiaba electoralmente.

Esa misma política de enfrentamiento es la que Netanyahu ha empezado a aplicar en el parlamento desde mediados de este mes de junio como jefe de la oposición. Su nueva responsabilidad en la Kneset sin duda augura malos momentos para el gobierno de Naftalí Bennett, especialmente si, como todo parece indicar, mantiene el sistemático descrédito del sistema en su conjunto.

Palestinos

Los doce últimos años se han caracterizado por una creciente expansión colonial judía en los territorios ocupados, encerrando a los palestinos en guetos cada día más precarios que se sostienen por la ayuda que reciben de Occidente. Netanyahu ha conseguido que los palestinos sobrevivan en un estado de hibernación permanente a la espera de que más pronto o tarde se presente la ocasión de darles la patada definitiva.

Esta misma política continuará con el nuevo gobierno si EEUU y Europa no dan un golpe sobre la mesa y obligan a Israel a cumplir las resoluciones internacionales. Es una cuestión que sobre todo está en las manos de Biden, pero también de los europeos. Los mandatarios Angela Merkel y Emmanuel Macron deberían implicarse puesto que la solución de este conflicto redundará en beneficio de Europa y apuntalará su estabilidad.

Irán

Irán es una bicoca que permite a Israel apartar la atención internacional de la brutal ocupación militar de los territorios palestinos. Con las negociaciones de Viena a pleno rendimiento, es muy probable que pronto se restablezca el acuerdo nuclear de Barack Obama de 2015, un acuerdo contra el que Netanyahu ha luchado con todas sus fuerzas.

No está del todo claro cuál será la actitud del nuevo gobierno con respecto a Teherán, entre otras cosas porque dependerá de las decisiones que adopte el presidente Joe Biden, pero el choque con Irán seguirá siendo positivo y ventajoso para Israel por muchos motivos, en particular porque pone en la órbita israelí a varios países sin escrúpulos, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que se traducirá en importantes negocios, sobre todo militares y de inteligencia.

El objetivo de las potencias mundiales debe ser impulsar la cooperación entre los países de Oriente Próximo, pero esto solo puede hacerse partiendo de la justicia. Durante décadas el cinismo occidental ha contribuido a la desestabilización de la región, lo que se ha traducido en una instabilidad que ha llegado a Occidente de manera repetida y constante.

Encaminar a Oriente Próximo hacia un futuro mejor requiere ante todo resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, algo en lo que Netanyahu no tiene el menor interés. El nuevo primer ministro Bennett es de la misma escuela, de hecho empezó su carrera política a las órdenes de Netanyahu y es tan radical como él. Si ese problema persiste, lo más probable es que toda la región continúe bajo la precariedad e inestabilidad de las últimas décadas.

23/06/2021 12:08 Actualizado: 24/06/2021 07:44

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Human Rights Watch denunció detenciones y procesos penales arbitrarios en Nicaragua

En un duro informe, la organización exigió una respuesta activa de la ONU

HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Daniel Ortega par

 

Human Rights Watch (HRW) presentó este martes un informe que detalla "hostigamientos", "arrestos" y "procesos penales arbitrarios" contra voces críticas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El documento incluye recomendaciones concretas al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que escale la respuesta de la ONU ante la situación que atraviesa el país centroamericano. "Nicaragua está ante una hora crítica que no tiene un ejemplo similar en los últimos 30 años en América latina", aseguró en la presentación del informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el informe, HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo". Los arrestos de opositores en Nicaragua continuaron el martes con la detención de la ex primera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza. Con ambos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia. A todos se les aplica una ley aprobada por el Congreso que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno de Ortega, cometan actos que "menoscaban la independencia y la soberanía" e incitan "a la injerencia extranjera".

Entre enero y junio de 2021, HRW entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo a activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido "víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias". La organización revisó fotos y videos tomados durante las detenciones y vigilancias policiales, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

"Las prácticas y políticas represivas encabezadas por el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo (su pareja y vicepresidenta) no son felizmente habituales en la región", aseguró Vivanco, quien comparó la situación actual en Nicaragua con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000). "No recuerdo en todo este tiempo una represión así, donde vayan casa por casa y simultáneamente se arreste a los principales líderes que pueden disputarle el poder a Ortega sin el debido proceso y violando las normas básicas del estado de derecho, manteniendo a todos separados de sus familias", remarcó.

Como ejemplo de esa lógica Vivanco citó el caso de Cristiana Chamorro, periodista y precandidata presidencial: "Está secuestrada en su hogar y limitada a su dormitorio. Unos delincuentes armados están en control del resto de su casa. Ha podido apenas por un par de minutos hablar con su abogada, pero no le permiten el acceso regular a la defensa". Chamorro fue procesada y está siendo investigada por presunto lavado de activos mediante una fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Para el director regional de HRW, "los cargos en su contra son evidentemente fabricados y lo único que se persigue es sacarla de la contienda electoral".

A través de un comunicado publicado el 14 de junio, el gobierno de Nicaragua advirtió que asumirá "como un ataque frontal" a su soberanía cualquier intento "de socavar una investigación" contra los líderes opositores detenidos bajo la Ley 1055. Ante la consulta de Página/12 respecto a si HRW pudo contactarse con autoridades gubernamentales, la subdirectora para las Américas de la organización, Tamara Taraciuk Broner, aseguró: "Hicimos solicitudes formales al gobierno de Nicaragua pidiendo información detallada sobre todas nuestras conclusiones y la postura oficial, y hasta el momento no nos han respondido".

Durante la presentación del informe, Vivanco fue particularmente crítico con la abstención de Argentina y México durante la votación en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para repudiar la situación en Nicaragua. "Es un grave retroceso para Argentina que convoque como pretexto para no emitir un voto el principio de no intervención del país", aseguró el abogado chileno. En cambio, Vivanco valoró la nueva declaración del gobierno argentino. "Me parece muy acertada, pidiendo además la venida de su embajador en Nicaragua. Es fundamental que Argentina retome su apoyo y adhesión con las obligaciones jurídicas internacionales de universalidad de los derechos humanos. Prefiero a un gobierno que rectifica y lo hace a tiempo, a uno que se mantiene tozudamente en sus posiciones cerradas", remarcó.

Sobre la base de su llamado a la acción por los derechos humanos, HRW considera que el secretario general António Guterres debería invocar el Artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, tratándose de una crisis que involucra "graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región". Louis Charbonneau, director para las Naciones Unidas de HRW, recordó que en septiembre de 2017 Guterres impulsó al Consejo de Seguridad para que tratara específicamente el tema de la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas en Myanmar. Charbonneau destacó que el secretario general de la ONU "acaba de ser reelecto para un segundo mandato, así que no tiene nada que perder".

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Al menos 20 civiles heridos y un muerto durante protestas en Usme

Según las autoridades, hay 27 uniformados de la Policía Metropolitana afectados.

Por lo menos cuatro horas duraron las manifestaciones en la localidad de Usme este 21 de junio en el sector denominado como Puente de la Dignidad. Luego de que llegara el Esmad para acabar con los bloqueos y reprimir a la población civil se presentaron graves hechos de violencia.

Durante los enfrentamientos, el reporte de las autoridades asegura que hay 20 civiles heridos al igual que 27 uniformados de la Policía Metropolitana.

Tras los hechos de gravedad, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez aseguró por medio de un trino que recibió el informe de una persona sin signos vitales que fue ingresada al Hospital de Santa Librada.

“He recibido informe de una persona sin identificar ingresada al Hospital de Santa Librada sin signos vitales, presuntamente en el marco de las protestas en Yomasa-Usme. En este momento me desplazo al punto con equipos de DDHH a verificar y acompañar personalmente el caso”, escribió Gómez en su cuenta personal.

De acuerdo con el diario El Espectador el joven fue identificado como Jaime Alonso Fandiño, de acuerdo con la ONG Temblores. Este habría recibido un impacto de una granada lacrimógena en el pecho, lo que lo llevó a su muerte.

LA ONG Campaña Defender la Libertad se contactó con la familia del joven asesinado y confirmó la noticia. Además, pidió que se detenga el exceso de fuerza estatal y aseguró que hay una “situación desbordada de violencia” en la localidad de Usme que pone en riesgo la vida, integridad de las personas que se están manifestando en esa zona de Bogotá.

Con esta ya serían dos las víctimas mortales en Bogotá durante el paro nacional y la cuarta en Cundinamarca. La primera fue Daniel Zapata, quien falleció en el un centro de salud en Kennedy a los ocho días de haber sido impactado con un elemento contundente, de al parecer la Policía Nacional.

El Mayor General Óscar Gomez Heredia comandante (E) de la Policía Metropolitana de Bogotá- Usme confirmó también la muerte del joven en un comunicado difundido a través de un video.

Horas más tarde y desde el lugar de los hechos, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez volvió a pronunciarse sobre la muerte del joven y confirmó que fue impactado por un objeto contundente a muy poca distancia, luego de hablar con las personas que lo atendieron. Contó que el joven de 32 años estaba desempleado y buscaba un mejor futuro para él y su familia.

El informe de la Personería de Bogotá a la CIDH revela datos de las protestas más relevantes del informe desde el 28 de abril al 7 de junio. Allí se registra la muerte Zapata. Así mismo, la cuenta de personas desaparecidas, que va por 109 casos, y de las cuales 31 no han sido ubicadas; y 881 heridas, de las cuales 435 son civiles y 446 son miembros de la fuerza pública, ya sea del Ejército Nacional, la Policía Nacional o el Escuadrón móvil Antidisturbios (Esmad).

En el documento también se señala que se han registrado más de 100 denuncias por abusos de autoridad en la capital. La principal queja es por abuso policial, que reporta 85 casos, y violencia contra servidor público, con 17; y estos hechos habrían ocurrido principalmente en Kennedy y Suba, las localidades con mayor reporte. Se aclaró que están contando este tipo de denuncias de acuerdo con los reportes que han sido recibidos en el punto móvil de toma de quejas y el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

También se realizaron 56 jornadas de verificación de identificación, dotación y órdenes de servicio por parte del ministerio público distrital a los uniformados de las distintas instituciones de la fuerza pública del país.

21 de Junio de 2021

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Un hombre sujeta la bandera de Colombia en medio de los disturbios en el Paro Nacional (abril 2021). Oxi.Ap

Entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización, a pesar de la pandemia y de la violencia policial

 

Desde el 21 de noviembre de 2019, se inició una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilización hecha por el Comité Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones indígenas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por más de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concertó, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociación que precedió al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableció unas mesas de diálogo infructuosas por sus propias maniobras de dilación, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represión fue cruenta y dejó muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual e intentos de desaparición. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a raíz de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy difíciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del país y, en particular, en las ciudades. Así, se dio el llamado “movimiento de los trapos rojos”, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atención sobre su situación. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogotá, la gente convocó a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha –según Indepaz, sólo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o más personas en un mismo hecho; en Bogotá, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal–; el asesinato de más 900 líderes y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, además de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados después de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pacífico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educación. 

Todo esto y mucho más se sumó a las retrógradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupción, de narcopolítica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotación de la policía.

En la actualidad, están en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que va en contravía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en mayo de 2022,  la ciudadanía expresa una bajísima confianza en la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una retórica generacional de exaltación a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposición, una narrativa desmemoriada y ahistórica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya más de cinco siglos, al tiempo que echa leña al fuego para que las y los jóvenes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una política racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilización, en su gran mayoría crímenes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una política estructural misógina, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se presentó en el Senado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no salió adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano había autorizado un bombardeo en 2020, que dejó un saldo de más de diez niños muertos. Antes, había asegurado que esos “niños eran máquinas de guerra”. La realidad es que se trataba de niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Paradójicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, institución encargada de las políticas de niñez y adolescencia en el país.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, también autorizó un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que allí había niñas y niños: el saldo, 18 niños asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez más desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represión y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la región y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el país.

Manifestaciones pacíficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pacíficas. En algunas ocasiones han acudido a vías de hecho como el corte de rutas, una acción legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero también ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectación a la infraestructura pública y privada, por parte de agentes que, según se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por policías vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos también da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia común cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represión y comisión de crímenes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detrás de esos actos estarían grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigación clara que confirme esa hipótesis. Desde allí, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son vándalos, representación que ha sido contrarrestada con sarcasmo e información por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Según medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto cómo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompañados por la policía, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas “no letales” que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadanía documentando, mediante videos y audios, lo que está sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco mediático impuesto por unos medios de comunicación en su mayoría amañados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz cómo ha sido el accionar paramilitar en nuestro país, durante décadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP presentó ante el gobierno, dadas las condiciones de salud pública y políticas que vive el país, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP presentó, el 16 de mayo, otro pliego de garantías para poder instalar las mesas de negociación. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se llegó a un preacuerdo que fue después rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de diálogo

Dado que no existen garantías, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de diálogo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garantías mínimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, después de la dilación en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este año se cumplen dos años de presentación del pliego de negociación de 104 puntos. El CNP además propone una campaña pedagógica y de comunicación en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social continúan en medio de un escalamiento de la represión y de una degradación del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por vías de la militarización del país y en una clara apuesta por desestabilizar aún más la ya débil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepción de hecho, lo que, en términos prácticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los más de 45 días de paro: según la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial física, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificación, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los más de 106 reportes de violencia de género contra personas LGBTI y mujeres a manos de la policía, según cifras de la Defensoría del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistemático de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluctúa a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Además de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza pública a las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, el CNP y políticos de la oposición por parte del gobierno, así como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en inglés, pagada por la presidencia de Iván Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garantías del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado públicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto también con declaraciones xenófobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropolíticas del gobierno nacional.

Por estos días, luego de la dilación y reticencia por parte del gobierno nacional, se llevó a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campaña por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y la militarización escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Además de la caída o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros días de movilización, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunció una reforma de la policía, cuya única medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripción de la policía al sector defensa y asignación de la jurisdicción penal militar de los casos de abuso sistemático por parte de policías y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participación que dan cuenta del talante de la ciudadanía y de la necesidad de resistir la represión estatal: primeras líneas jurídicas, informáticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical “el paro suena” y miles de corte artístico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simbólico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violación, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanación espiritual del territorio por parte de la Minga indígena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompañadas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver cómo continúa la integración de agendas políticas y sociales de diversos sectores, así como el liderazgo de la Minga indígena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del país, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan “cambiarlo todo” para poder vivir, no sólo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

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Por Camila Esguerra Muelle, investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.

 21/06/2021

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En Cali, 45 homicidios y en municipios del Valle, 14: el rastro de la represión

Las cifras del horor: ¡Juicio a los asesinos!


Las memorias del horror se han escrito y se siguen escribiendo por estos días en Cali, llamada, paradójicamente, “La capital del cielo”, convertida en un infierno por la represión brutal del Estado contra las manifestaciones de la población en el paro, que este domingo 20 de junio llegó a su día 53.

Todas las formas de la brutal violencia del Estado y del paramilitarismo han sido utilizadas por las élites segregacionistas en el poder a través de los diferentes componentes de su Policía, empezando por el Esmad, y de su Ejército, en conjunción con personas armadas vestidas de civil, es decir agentes de los servicios secretos del Estado y/o particulares de las autodefensas urbanas (parapolicías) que se han generalizado, aupadas y financiadas por sectores de la derecha más recalcitrante.

Esa violencia estatal y paraestatal es la responsable de las cifras aterradoras que deja la represión contra el Paro Nacional y la protesta social en marcha que, de acuerdo con el registro llevado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, es de 70 asesinatos, 46 de los cuales atribuye a la policía y otros componentes de la Fuerza Pública.

Pero a esa cifra hay que agregar los últimos tres asesinatos cometidos en Cali contra manifestantes, para un total de 73, aunque existen registros de otras entidades defensoras de derechos humanos según los cuales la cifra de homicidios contra manifestantes es superior a los 73.

Al desglosar esas cifras macabras, podemos encontrar que, del total de 73 personas asesinadas en el marco de la represión del régimen de Iván Duque contra el pueblo, 45 lo fueron en Cali *(el 62% de todo el país)* y 14 más en cinco municipios del Valle del Cauca (6 en Yumbo, 5 en Tuluá, 1 en Cartago, otro en Cerrito y uno más en Candelaria), para 59 en todo el departamento *(el 81% de todo el país)*.

Datos escalofriantes que en cualquier Estado serio del mundo habrían originado la destitución de los altos mandos policiales y militares, lo mismo que de los ministros del Interior y de Defensa y juicios al presidente y la vicepresidenta del país.

Pero estamos en Colombia, donde toda esta barbarie estatal contra las protestas del pueblo en las calles hace parte de la política oficial, de la forma como históricamente las clases dominantes han atentado contra las luchas populares y del modus operandi de un régimen despótico en cabeza de Duque, mandadero de Álvaro Uribe Vélez y de los intereses del poder burgués-terrateniente existente en el país.

Por eso, urge desde ya que el primer gran objetivo de todos quienes continúan en la resistencia social, a pesar del desmonte decretado por un sector del Comité Nacional de Paro (el llamado Comando Nacional Unitario), sea exigir el juicio a los asesinos, integrados en el régimen de Duque, responsables estos crímenes de Estado.

Más asesinatos en Cali

Precisamente, el jueves 17 de junio la represión cobró la vida de dos personas más en las calles de Cali, la primera de ellas, hacia las 4:30 p.m., en el barrio San Luis II, en el sector de Paso del Aguante (Paso del Comercio), nororiente de Cali.

Allí fue asesinado *Juan David Muñoz Montenegro*, de 23 años de edad, un joven trabajador independiente muy apreciado en el sector, que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

El homicidio causó pánico entre los pobladores del barrio donde se produjo, varios de los cuales grababan con sus teléfonos lo que ocurría.

Asimismo, defensores de derechos humanos y juristas denuncian que gases lacrimógenos fueron lanzados de manera indiscriminada por el Esmad de la Policía, afectando a niños, ancianos y a una vasta población del sector.

En su accionar contra las protestas juveniles en Paso del Comercio, lapolicía actuó de nuevo como fuerza de ocupación en los barrios del área, pues incursionó en ellos agrediendo a la población, lanzando, además de los gases, granadas de aturdimiento y deteniendo a numerosas personas.

La actuación de la policía, incluso con el uso de una tanqueta, se registró con más violencia en inmediaciones de la Biblioteca Nicolás Guerrero, la cual, según denunciaron vecinos del lugar, agentes de la Fuerza Pública querían destruir, pues se ha constituido en un símbolo cultural de la resistencia juvenil en Paso del Comercio.

Se denunció, asimismo, que a las 5:18 de la tarde del jueves, en el sector de Calimío fue herido en la cabeza José Cuellar, defensor de derechos humanos, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno accionada por un agente del Esmad de la policía, plenamente identificado.

Cuellar fue remitido a un centro de atención médica, donde el sábado 19 de junio era sometido a una intervención quirúrgica.

Los hechos en este punto de Cali han sido de tal gravedad, que personas en el lugar denuncian que un ciudadano que atendía un puesto de socorro médico está siendo objeto de persecución debido a su voluntariado humanitario, fue víctima de un allanamiento absolutamente injustificado y la carpa de primeros auxilios que había instalado fue destruida por la policía.

Crimen en el Suroiente

El mismo jueves 17 de junio, desde otro punto de la capital del Valle, el suroriente, la Unión de Resistencias de Cali, el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente Jaime Rosas de Sameco denunciaron que la Policía atacó a balazos un bus que se desplazaba con personas solidarias, y que un joven fue asesinado en esa acción demencial, al tiempo que cuatro ciudadanos resultaron heridos.

La víctima fue identificada como *Jhonatan Londoño, *quien sería una de las personas que acompañaban el bus que transportaba a los jóvenes agredidos por motorizados de la policía y miembros de la Sijin, en inmediaciones de la Avenida Ciudad de Cali, de acuerdo con denuncias comunitarias.

Un reporte desde Puerto Resistencia indica que entre las personas heridas se encuentra Jhan Sebastián Velasco Quintero, y que entre los detenidos en el lugar figura Anderson David Cifuentes.

Los operativos policiales del jueves se iniciaron temprano en el sur de Cali, cuando se produjo el allanamiento del apartamento de *Francisco Velasco*, dirigente de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, en el Valle, y quien es reconocido como hombre solidario con las causas juveniles y sociales. El hecho tuvo lugar en el conjunto residencial Bochalema

Otros puntos de protestas y concentración juvenil también fueron objeto de la represión estatal a lo largo de la semana, como el ocurrido en el sector de Meléndez, donde, además, la policía contaminó una olla comunitaria que preparaban en el lugar, con el fin de evitar que los jóvenes en resistencia se alimentaran.

Todo lo anterior ocurrió en el marco de los anuncios del comandante de la Policía de Cali en el sentido de que arreciaría la coerción contra todos los puntos de resistencia, y luego del fallo del Juzgado 16 de lo Contencioso Administrativo, que estableció medida cautelar consistente en declarar suspendido el Decreto 304 de la Alcaldía del Distrito de Cali, que reconocía la interlocución con las Primeras Líneas de Resistencia Juvenil, norma que había desatado la ira de la ultraderecha uribista en la ciudad.

Una semana atrás, en otra jornada de horror, el ciudadano *Elkin Andrés Fernández Salazar*, de 43 años de edad y trabajador del barrio Siete de Agosto, fue asesinado recién llegaba a su casa por la policía, que reprimía de manera brutal las protestas juveniles llevadas a cabo en el barrio, contiguo a Andrés Sanín.

Esos hechos, en los que también resultaron heridas 20 personas, se presentaron el miércoles 9 de junio, en el marco de las resistencias que la joven generación de la zona desarrolla en el así llamado Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días).

Parapolicías urbanos en los Mil días MIL DÍAS

El viernes 18 de junio las fuerzas parapoliciales volvieron a disparar contra la juventud en resistencia, de nuevo en la zona de La Mil Luchas, hasta donde llegaron motorizadas abriendo fuego y asesinando al joven *Eloy Alejandro Mata Díaz*, con cédula de extranjería 28.856295, según informó un comunicado de la Unión de Resistencia de Cali, URC. El cometido en la persona de Eloy Alejandro es el asesinato número 73.

En horas de la noche, la represión se trasladó más arriba del Puente de las Mil Luchas, a la Autopista Suroriental, en inmediaciones del sector conocido como La Luna, donde la policía inundó los barrios vecinos de gases lacrimógenos y en la calle detuvo a cuatro jóvenes manifestantes.

En ese mismo punto, en horas de la mañana, la policía acantonada en el área había agredido a los componentes de una ambulancia estacionada y cuyos integrantes permanecían alertas por la represión permanente en el lugar: la actitud de los miembros del Esmad fue lanzar piedras contra la ambulancia, por lo cual la tripulación de esta se tuvo que retirar.

El sábado 19 de junio, el Esmad y otros componentes de la policía continuaron su hostigamiento contra los puntos de concentración juvenil y popular, y siguieron en su nueva y nefasta tarea: destruir ollas comunitarias, el alimento que preparan madres y jóvenes en lugares de protesta para el colectivo social, como ocurrió en el sector de La Luna.

De acuerdo con denuncias ciudadanas en los barrios, “cuando los muchachos de Primera Línea regresan a casa los persigue la policía y les disparan, amedrentándolos”. Es el imperio del terror oficial.

Nace el jardín de la vida

Pero las resistencias juveniles y las luchas por sus derechos no cesan, a pesar, reiteramos, de las decisiones de *un sector* del Comité Nacional de Paro en el sentido de suspender las movilizaciones y de la brutal represión del Estado, represión que los medios de comunicación de las clases dominantes, obrando como aparatos ideológicos del del sistema, ocultan.

Es el momento de que pongamos en el primer plano de las exigencias el respeto a la vida y el juicio político y penal a los responsables de la horrible noche y de la barbarie policial que viven Colombia, el Valle del Cauca y, especialmente, Cali, la antes “Sucursal del Cielo”, hoy sumida en la oscuridad del averno criminal del régimen uribista.

El hermoso homenaje cumplido en la Plaza de los Poetas de Cali el viernes 18 de junio a las víctimas de la represión en Colombia, en el que participaron exponentes de diferentes actividades artísticas y varios de los padres de los jóvenes asesinados, es una esperanzadora avanzada de que la reacción ciudadana y popular frente a los crímenes del Estado no demora.

El Jardín de la Vida, como se denomina este esfuerzo de diversas organizaciones sociales y políticas de la capital del Valle, es una reivindicación de la memoria de los asesinados por el sistema de injusticias y desigualdad imperante en Colombia, y seguramente se convertirá en una comparecencia periódica de la sociedad caleña en la plaza pública para reclamar ¡juicio a los asesinos!

Cali, domingo 20 de junio de 2021.

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Miles de manifestantes se juntaron en las calles de todos los estados de Brasil en protesta contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y a favor de las vacunas. La impresionante foto de la Avenida Paulista de San Pablo, corresponde al fotógrafo Ricardo Stuckert.

Sao Paulo. Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de varias capitales brasileñas para protestar contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia.

Brasil superó 500 mil muertos, mientras los expertos advierten que el segundo brote más mortífero del mundo puede empeorar debido al retraso en la vacunación.

"500 mil vidas perdidas por la pandemia que afecta a nuestro Brasil y al mundo", tuiteó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, sin precisar el balance de las anteriores 24 horas. Hasta el viernes, su ministerio había contabilizado 498 mil 499 muertos, con un promedio diario de más de 2 mil en los pasados siete días.

Más de 20 capitales estatales fueron escenario de protestas, entre ellas Río de Janeiro, Brasilia, Recife y Sao Paulo, donde a pesar del frío, una marea humana inundó unas 10 cuadras de la avenida Paulista, marco de la capital económica de Brasil.

"Tenemos más de 2 mil muertos por día. Perdimos a más de 500 mil personas por una enfermedad que tiene vacuna. Querría estar en casa, pero nos toca venir a las calles para detener este proyecto político que es la destrucción de Brasil. Bolsonaro: escuche al pueblo", expresó Tita Couto, estudiante de 21 años que acudió a la manifestación en Sao Paulo junto a sus amigos. Muchos manifestantes llevaron carteles con el número "500 mil".

"Fuera Bolsonaro", "Fuera genocida", "Gobierno del hambre y el desempleo", "Vacuna ya" y "Vacuna en el brazo y comida en el plato" fueron otras consignas repetidas en Brasilia, Río y Sao Paulo. El viernes el mandatario reiteró su rechazo a las vacunas al afirmar que "es mejor infectarse".

La lentitud de la vacunación contra el Covid-19 en Brasil, donde sólo 11.5 por ciento de la población de 212 millones de personas ha sido inmunizada, también fue un motivo de movilización.

Al caer la tarde, la temperatura cayó en Sao Paulo y comenzó una llovizna, pero la multitud creció. Hinchas de los clubes rivales de futbol Corinthians y Palmeiras marcaron presencia con enormes banderas "por la democracia".

Más temprano, en Río de Janeiro, miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad. "La posición de él (Bolsonaro) en relación con el Covid-19 y su negacionismo son absurdos. Él ya salió de la realidad, del buen sentido, no se explica, es tan surrealista", clamó Robert Almeida, fotógrafo de 50 años.

Los actos fueron convocados por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo), formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales y apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Éste no acudió a la cita para evitar que su presencia dominase "una manifestación convocada por la sociedad brasileña", tuiteó hace dos días. Y agregó: "500 mil muertos por una enfermedad para la cual ya hay vacuna, en un país que ha sido referencia mundial en vacunación. Eso tiene un nombre: genocidio".

Brasil es el segundo país en el ranking de letalidad de la pandemia, detrás de Estados Unidos. Una comisión parlamentaria investiga la acción del gobierno frente a la pandemia. A pesar de que especialistas advierten sobre el inicio de una tercera ola, el gobierno acogió este mes la Copa América de futbol, rechazada antes por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa de la pandemia.

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Domingo, 20 Junio 2021 05:31

Miseria del algoritmo

Miseria del algoritmo

Los sistemas digitales de gestión de políticas sociales y el ensañamiento con los pobres

 

Virgina Eubanks, politóloga y profesora estadounidense, estudia desde hace 20 años las aplicaciones digitales usadas por los Estados para administrar las ayudas sociales. Lejos de obedecer a una supuesta neutralidad técnica, dice, suelen reproducir los postulados más crueles de las políticas de recorte y austeridad.

Sophie Stipes era una niña del estado de Indiana (Estados Unidos) con parálisis cerebral y un trastorno en el desarrollo. Desde su nacimiento, contó con la ayuda del seguro estadounidense de salud Medicaid. Nacida en el seno de una familia obrera, Sophie recibió una inquietante carta en marzo de 2008. En ella, los servicios sociales del Estado le advertían que perdería su acceso a atención médica gratuita –que incluía el pago de fármacos muy caros– por «falta de colaboración» con las autoridades a la hora de determinar si tenía o no derecho a contar con esa póliza pública.

La pequeña Sophie finalmente recuperó el acceso al seguro. Lo hizo después de que su madre, con la ayuda de varias asociaciones de base, llevase su caso hasta el mismo Congreso del estado de Indiana. Igual que ella, miles de familias de bajos recursos estaban siendo víctimas de un sistema automatizado que discernía, supuestamente, entre casos aptos y no aptos para recibir subsidios con base en criterios sorprendentes (como la existencia o no de una firma en un documento). Dicho sistema, implementado por la multinacional tecnológica IBM, llegó a denegar más de 1 millón de solicitudes entre 2006 y 2008, antes de que el gobierno federal lo suspendiese.

La politóloga y profesora de la Universidad de Albany Virginia Eubanks (Nueva York, 1972) relata con todo detalle la batalla de la familia de Sophie en su libro La automatización de la desigualdad, reeditado este año en castellano por Capitán Swing. Esta y otras historias de exclusión por parte de algoritmos sirven a Eubanks para alertar sobre cómo la tecnología aplicada en los servicios públicos puede tener consecuencias desastrosas sobre los pobres. «Tenemos la tendencia a pensar en estas tecnologías como simples mejoras administrativas, como cuestiones de eficiencia, cuando realmente hay una serie de decisiones sociales, culturales y políticas incrustadas en ellas», reflexiona Eubanks por videoconferencia desde su despacho en Nueva York.

SEÑALAMIENTO DEL POBRE

El libro aborda casos que ejemplifican bien esta discriminación envuelta en papel de modernidad e innovación. El condado de Allegheny, en el estado de Pensilvania, contrató en 2014 un sistema de predicción de riesgos ideado para anticiparse a posibles casos de maltrato infantil en los hogares. A partir de más de un centenar de variables, este algoritmo estimaba de forma automática en qué familias supuestamente había un riesgo para los pequeños. Si la puntuación era alta, los servicios sociales abrían una investigación que podía acabar con la retirada de la tutela de los niños.

Eubanks revela historias de familias pobres que tuvieron que pasar por este trance… aunque no existiese ese supuesto maltrato. El algoritmo –alimentado en ocasiones por denuncias telefónicas falsas– se basaba en datos recogidos por los servicios públicos, como el número de visitas al médico o la recepción de ayudas sociales. Este tipo de muestreo, explica la autora, introducía un sesgo en el sistema: en Estados Unidos, los principales usuarios de servicios públicos son familias de clase trabajadora, de tal manera que eran estas las que acababan sufriendo el escrutinio del software.

Eubanks explica que estos métodos de vigilancia digital y filtrado se han extendido por todo Estados Unidos en las últimas décadas. ¿El resultado? «Las familias de clase trabajadora y los pobres no son solo juzgados por el formulario que rellenan ante los servicios sociales, sino por todo su historial de interacciones con el sistema», apunta. «Los únicos valores que importan son la eficiencia, el ahorro de costes y la lucha contra el supuesto fraude, desperdicio o abuso de los solicitantes», en línea con el discurso proausteridad en la gestión pública que ha triunfado en las últimas décadas, prosigue.

¿QUIÉN MERECE AYUDA?

En su libro, Eubanks traza un paralelismo histórico entre estas herramientas digitales de supervisión y los asilos para pobres que proliferaron durante el siglo XIX en la joven democracia estadounidense. Estas instituciones lúgubres, explica la autora, tenían un doble objetivo: recluir a los excluidos lejos del resto de la sociedad y ejercer una suerte de diagnóstico moral sobre quiénes eran merecedores de algún tipo de ayuda pública.

«Lo que hacen estas herramientas digitales también es tomar decisiones del tipo quién merece ayuda y quién no. Y esa es una decisión política», señala. Eubanks lleva 20 años estudiando el impacto que la minería de datos, los modelos de riesgo predictivo y las políticas de algoritmo tienen sobre la población pobre de su país. Y su diagnóstico es contundente: «Estamos usando estas herramientas como escapatoria. Bajo esa especie de fachada de neutralidad y objetividad nos permiten, de alguna manera, lavarnos las manos ante conversaciones difíciles que tenemos que tener como sociedad en torno a la pobreza y el racismo».

La narrativa de que la pobreza solo afecta a una pequeña minoría en Estados Unidos sigue teniendo mucho éxito, tanto dentro como fuera del país norteamericano. Pero los datos son tozudos, esgrime esta profesora. Los estudios elaborados por los expertos en desigualdad Mark Robert Rank y Thomas A. Hirschl estiman que casi seis de cada diez estadounidenses caerán por debajo del umbral de la pobreza en su vida adulta. Estos datos, señala Eubanks, desmontan el discurso de que estas herramientas optimizan el reparto de unos recursos limitados sobre una población reducida.

«Si asumimos que esa narrativa sobre la pobreza es falsa, entonces el diagnóstico de trabajo de las herramientas digitales queda mucho más claro: se trata de una racionalización para violar los derechos humanos de la gente pobre y la clase obrera, con consecuencias duraderas para las personas, las familias y las comunidades», apunta Eubanks. «Hay un montón de lugares en el mundo en los que no hay decisión que puedas tomar que te haga no merecer atención médica. Ese no es el caso en Estados Unidos», concluye.

UNA CONVERSACIÓN GLOBAL

El libro de Eubanks ha recibido numerosos premios así como elogios de prominentes figuras de la izquierda estadounidense, como Naomi Klein. Las reseñas destacan su capacidad para analizar, a partir de historias humanas reales, el régimen distópico al que se ven sometidos los pobres en suelo estadounidense. Pero su autora advierte que estos sistemas llevan años extendiéndose por todo el mundo, con efectos perniciosos también entre las clases medias.

Un ejemplo de ello es el escándalo ocurrido en Australia en torno al sistema de cobro de deudas automatizado conocido como Robodebt. En 2016, el gobierno de la isla lanzó un software que casaba los datos fiscales de los contribuyentes y su registro de ingresos para detectar posibles fraudes en el cobro de ayudas sociales. Durante este tiempo, las autoridades enviaron cerca de 1 millón de avisos reclamando supuestas deudas. Los afectados se vieron ante el compromiso de tener que demostrar que tales reclamos, algunos de hasta 20 años de antigüedad, eran infundados.

Después de que la prensa revelase numerosas historias truculentas de cómo este sistema estaba castigando de manera injusta a miles de familias, el primer ministro australiano anunció en 2020 que cancelaba el programa. La justicia ha dictaminado que hasta 400 mil familias tuvieron que abonar injustamente el equivalente a 550 millones de dólares estadounidenses. «Ese algoritmo estaba lleno de errores, en algunos casos con efectos horribles», apunta Eubanks, quien decidió investigar casos similares en su país natal.

En Europa tuvo lugar el escándalo que provocó la dimisión del gobierno holandés en enero pasado. Las autoridades tributarias del país acusaron erróneamente de fraude a 26 mil familias receptoras de un subsidio para el cuidado de hijos menores. Según se ha demostrado a posteriori, la administración puso el foco de sus pesquisas en el origen de las familias y apuntó a los hogares de ascendencia marroquí o turca. El resultado para muchas de ellas fue la ruina económica y el estigma social por un fraude que no habían cometido.

CONTRA LA NEUTRALIDAD DE LA TECNOLOGÍA

Para la autora de La automatización de la desigualdad, es necesario desterrar la idea de que los sistemas automatizados han de ser «neutrales». Más bien al contrario: hay que construir herramientas con valores explícitos que ayuden a combatir los sesgos arrastrados históricamente. «Solo la fantasía puede llevar a creer que un modelo estadístico o un algoritmo de clasificación cambiará drásticamente, como por arte de magia, una cultura, unas políticas y unas instituciones construidas a lo largo de los siglos», escribe Eubanks.

Este análisis se emparenta con otras voces críticas con el impacto que los algoritmos están teniendo en el Estado de bienestar de numerosos países. Poco antes del inicio de la pandemia del coronavirus, el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philipp Alston, advirtió en un informe de los riesgos de encaminarnos hacia una «distopía digital del Estado social».

En este documento se recomendaba a los gobiernos no centrar sus políticas sociales en la lucha contra el fraude, el ahorro de costes y la búsqueda de la eficiencia económica en último término, y utilizar, en cambio, la tecnología para asegurar una mejora en las vidas de los más vulnerables y desfavorecidos. «Existe el riesgo de que los Estados de bienestar digitales se conviertan en caballos de Troya de la hostilidad neoliberal hacia la protección social y las regulaciones», concluía.

Eubanks coincide con esta reflexión e insiste en la necesidad de tener «una conversación urgente» sobre unas herramientas que «automatizan e intensifican los aspectos ya punitivos de nuestros sistemas», especialmente tras la covid-19, una crisis que ha dado cobertura a los gobiernos para producir sistemas digitales cada vez más extensos e invasivos, concluye.

Pablo Jiménez Arandia
18 junio, 2021

 (Publicado originalmente en CTXT. Brecha publica fragmentos por convenio.)

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Sábado, 19 Junio 2021 06:12

La internacional ultracapitalista

Escultura de Atlas en el Rockefeller Center, Nueva York AFP, TIMOTHY CLARY

Red Atlas en América Latina

Prolijamente organizada y generosamente financiada por las industrias farmacéutica, petrolera y tabacalera de Estados Unidos, la red libertariana reúne a políticos, empresarios y comunicadores decididos a extender el reino del mercado a todas las áreas de la vida social.

La semana pasada comenzó a difundirse en Argentina una investigación sobre la «reacción conservadora», es decir, sobre el entramado de asociaciones, partidos políticos, think tanks, medios de comunicación y corporaciones que forman parte de la nueva derecha en ese país, así como sobre sus vínculos regionales e internacionales. Reproducida parcialmente en Eldiario.ar y en Página 12, hacía referencia, con nombre y apellido, a políticos, periodistas, empresarios e influencers. Los aludidos denunciaron, como era previsible, una «caza de brujas», «espionaje», «terrorismo». Y a quienes hicieron el trabajo –cinco mujeres y un hombre– algunos de los mencionados los trataron globalmente de feminazis, aludiendo a que la principal fuente de financiación de la investigación había sido la Federación Internacional de Planificación Familiar, un «lobby abortista», según dijeron. Entre los aludidos aparecían grupos e individuos que en los últimos años han formado parte de campañas públicas contra la llamada agenda de derechos.

Eldiario.ar denunció que los seis periodistas fueron amenazados y sus datos personales publicados, y que el sitio web en el que se colocó el trabajo en su totalidad (reaccionconservadora.net) fue hackeado y desde el domingo 13 está caído. Cerca de un millar de colegas –de Argentina y la región– se solidarizaron de inmediato con los periodistas. «El solo hecho de revelar el mapa de articulaciones, sus dinámicas, sus organizaciones de apoyo y sus protagonistas les valió un amedrentamiento pocas veces visto en redes y hasta la condena de un partido político (Juntos por el Cambio), algunos de cuyos integrantes son investigados por [ejercer] espionaje ilegal desde el Estado», escribieron en un comunicado. Y apuntaron: «Todo lo publicado es información de acceso público, documentada, sobre eventos que sucedieron y se pueden chequear. […] Nos llama la atención también que algunxs colegas no quieran entender la diferencia entre vigilancia y datos abiertos y que caigan en la reproducción del marco que estas ideologías de derecha le dan a la investigación; no son listas, es un sociograma; no es espionaje, es periodismo; no está hecho desde el Estado, sino desde el oficio de investigar».

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Entre quienes aparecen citados como parte de los tentáculos de la nueva derecha en Argentina figuran personas e instituciones relacionadas con la Atlas Economic Research Foundation (Fundación Atlas para la Investigación Económica), hoy conocida simplemente como Atlas Network (Red Atlas, en español), algo así como una internacional de los llamados libertarians, esos defensores a ultranza del libre mercado y la propiedad privada que gustan identificarse como «anarcocapitalistas».

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Creada en 1981 por el empresario británico Antony Fisher, un gurú del thatcherismo y fiel entre los fieles del ultraliberal premio nobel de economía austríaco FriedrichvonHayek, la Red Atlas es una suerte de federación de fundaciones, centros de reflexión e instituciones académicas que se proponen difundir las políticas de libre mercado a lo largo y ancho del planeta. «Tapizar el mundo con think tanks pro libre mercado» fue la misión que le asignó Fisher desde su propio nacimiento. La reducción de los impuestos para los malla oro (o su mantenimiento en un nivel bajo bajo bajo, según el caso, para estimularlos a crear empleo), la privatización de empresas públicas y del sistema educativo, el achique del Estado, el ataque al «poder» o la influencia de los sindicatos y el desmantelamiento de los sistemas de previsión social figuran expresamente entre los objetivos de sus principales dirigentes.

La Fundación Ecuador Libre, creada por el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y premiada por la Red Atlas años atrás por sus «aportes» a «soluciones de libre mercado para la pobreza», tiene en su página web un documento que resume el pensamiento de los individuos y las organizaciones relacionados con este entramado. «Lamentablemente, en nuestra idiosincrasia latina, el odio a los ricos es muy común. […] El discurso de nuestros políticos mueve fibras sensibles que exacerban el odio a los ricos y a la riqueza, explotando la lucha de clases para la obtención de votos y/o popularidad. […] El odio a los ricos y a la riqueza parece ser parte del ADN latinoamericano y contribuye enormemente al retraso de nuestros países. […] Ojalá entendiéramos que la acumulación de la riqueza es positiva y es la única vía segura hacia la disminución de la pobreza», dice el artículo, firmado por Paola Ycaza, una milipili ecuatoriana que dirigió el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo de Quinto.

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La Red Atlas subvenciona think tanks; financia becas; imparte y banca cursos, reuniones y seminarios, y organiza concursos. «Este es un proyecto de persuasión», decía un documento elaborado a comienzos de 2020 por tres referentes de la red: su director ejecutivo, Brad Lips; el director de su Centro para América Latina, Roberto Salinas León, y el empresario chileno y presidente de la Fundación para el Progreso, Nicolás Ibáñez Scott. Tres años antes, el entonces director de la red, el argentino Alejandro Chafuen –empresario con fuertes vínculos con las dictaduras militares de su país e integrante de la Sociedad Mont Pelerin, un think tank ultraliberal creado por el propio Von Hayek–, había sido muy claro en cuanto a las definiciones de la red: «Somos una organización sin fines de lucro que nació para proponer soluciones privadas a problemas públicos».

La red tiene el apoyo financiero de otras fundaciones; de grandes corporaciones (Pfizer, Shell, Exxon Mobil, Philip Morris, Procter & Gamble…), a las que, de cuando en cuando, retribuye con «encuestas de mercado» e «investigaciones»; de milmillonarios, como los hermanos Charles y David Koch, integrantes de una de las diez familias más ricas del mundo, y del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fundación Nacional por la Democracia, una organización washingtoniana privada, alimentada con fondos del Congreso, que en su página web dice que desde su creación, en 1983, «se ha mantenido en la vanguardia de las luchas democráticas en todos lados». En 1985, a poco de ponerse en funcionamiento, la red contaba con 27 instituciones asociadas en 17 países. El año pasado ya eran más de 500, diseminadas por 98 países. Brad Lips dijo, en enero de 2020, que el presupuesto anual agregado de la Red Atlas se acercaba a los 909 millones de dólares y que la media del de sus integrantes era de algo menos de 500 mil.

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Durante mucho tiempo la Red Atlas permaneció en una zona oscura. A mediados de 2017, el joven periodista estadounidense Lee Fang publicó en la revista digital The Intercept (25-VIII-17) una detallada investigación que comenzó a echar luz sobre sus orígenes, su financiación, su estructura, sus definiciones, sus vínculos y su crecimiento exponencial, sobre todo en América Latina. Otros informes –por ejemplo, los de los periodistas Aram Aharonian y Álvaro Verzi Rangel (rebelión.org, 9-X-17) y la filial española de la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 24-V-21)– aportaron luego nuevos datos sobre la red.

«El modelo de Atlas que se disemina por América Latina se basa en un método perfeccionado durante décadas en Estados Unidos y Reino Unido, en el que los libertaristas se esforzaron por contener la marea favorable al Estado de bienestar que se dio tras la Segunda Guerra Mundial», escribió Fang. En marzo de 2017 el periodista cubrió el Foro para la Libertad en Latinoamérica, una fastuosa reunión organizada por la Red Atlas en el recoleto hotel Brick de Buenos Aires, en la que participaron exponentes de la nueva derecha política, social y empresarial regional. El foro tuvo tres invitados especiales: el presidente argentino de entonces, Mauricio Macri; el escritor peruano y presidente de la Fundación Internacional por la Libertad, Mario Vargas Llosa, y el exministro de Hacienda de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, Hernán Buchi. Para el director de la época de la Red Atlas, el argentino Chafuen, que se estaba retirando de la escena tras casi dos décadas de estar al frente de la organización, el foro representaba «una mezcla de regreso a casa y festejo triunfal», señaló Fang. «Chafuen […] había dedicado su vida adulta a desacreditar los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda en América del Sur y América Central, y a impulsar, en su lugar, una versión business-friendly del libertarismo. Por décadas fue un trabajo solitario, pero ya no», detalló.

El encuentro del hotel Brick dio pie a que la red se decidiera a crear una dirección específica para esta zona del mundo, donde tenía una presencia ascendente pero no coordinada. Lo hizo a fines de 2018, cuando surgió el Centro para América Latina, conducido por el empresario mexicano Roberto Salinas León, del Grupo Salinas, propietario de TV Azteca. Para mediados de 2020, señala el ecuatoriano Miguel Ruiz Acosta en una nota publicada el 31 de agosto del año pasado en el sitio web Rutakritica, la red ya contaba en esta región con alrededor de un centenar de organizaciones. Aunque la mayoría de sus instituciones asociadas siguen estando en los países centrales (204 en Estados Unidos y Canadá, y 135 en Europa),América Latina es hoy uno de sus principales polos de crecimiento. En Uruguay tiene vínculos con el Centro de Economía, Sociedad y Empresa, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, así como con la Universidad de Montevideo y los diarios El País y El Observador.

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La red se cuida de financiar directamente a organizaciones políticas establecidas. «No es adecuado ni eficaz», dijo en su momento Chafuen. Pero se mueve discretamente en la órbita de gobiernos liberales, apoyando la implementación de políticas promercado. The Intercept mostraba cómo Atlas tuvo estrechos lazos con think tanks y organizaciones relacionados con el golpismo hondureño, venezolano y brasileño; los tiene con el fujimorismo, en Perú, y está ligada carnalmente a la Fundación Ecuador Libre, el macrismo, en Argentina, y el trumpismo, en Estados Unidos (en la anterior administración estadounidense había prominentes integrantes del Atlas Network). Hoy los cultiva también con el entorno del presidente colombiano, Iván Duque. Propuesta Republicana, sin ir más lejos, nació de la Fundación Pensar, una de las ramas de Atlas en Argentina. La hondureña Fundación Eléutera fue, a su vez, muy activa en el respaldo a los gobiernos posteriores al golpe de 2009 contra Manuel Zelaya, y sus «expertos» inspiraron la creación en ese país de unas zonas especiales de desarrollo que los empresarios privados manejan a su antojo, sin atenerse a las leyes nacionales. También apoyó a los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro en sus reformas liberales y sus iniciativas para debilitar económicamente a los sindicatos brasileños.

Fang expuso las características de la «labor de persuasión» promovida por los impulsores de la red. Tanto Fisher como Chafuen y otros eran conscientes de que el libertarismo no tenía buena prensa: demasiado evidentes eran sus lazos con los más ricos. Había que «democratizarlo», transformarlo en una «ideología del bien común», «preocupada por la situación de los más pobres», alentando las actividades de beneficencia y filantropía de sus miembros, sin dejar, ni por un segundo, de machacar con «la idea de libertad» ni de atacar a los defensores del Estado de bienestar. «El 95 por ciento de las fundaciones de Atlas lleva en su nombre la palabra libertad», como la llevan los eventos (foros y seminarios) que organiza, comentó recientemente el investigador Julián Macías, que participó en un informe sobre la nueva derecha española elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 25-V-21). Progreso y democracia son otros de los sambenitos de los fundados por Fisher, a quien Margaret Thatcher llegó a reconocer como uno de los inspiradores intelectuales de su revolución conservadora.

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En mayo lo más granado de la Red Atlas se dio cita en Ecuador para presenciar la asunción de Lasso. Antes de la ceremonia, la red –por medio de tres de sus fundaciones asociadas: la Fundación Ecuador Libre, del propio Lasso; la Fundación Internacional por la Libertad, de Vargas Llosa, y la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, de Alemania– organizó en un hotel de la cadena Hilton en Quito el Foro Iberoamericano Desafíos de la Libertad. Entre los ponentes presenciales y virtuales estuvieron el colombiano Duque, la peruana Keiko Fujimori, la golpista venezolana María Corina Machado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al margen del foro, José María Aznar, histórico dirigente del ala más ultra del Partido Popular español, anunció la creación de una filial latinoamericana de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que él preside. La FAES Latam estará a cargo del expresidente colombiano Andrés Pastrana, un derechista duro que impulsó el Plan Colombia y se opuso a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la reunión, Aznar no ocultó su preocupación por la debacle de la derecha chilena, la situación en Colombia y la posibilidad que entonces se vislumbraba (ahora se concretó) de que Pedro Castillo derrotara a Fujimori en Perú. Dijo que al gobierno de Duque había que defenderlo con uñas y dientes, y ahora también al de Ecuador, la nueva cabeza de playa del liberalismo en la región.

Nuestro Luis iba a ir a la asunción de Lasso. Se lo impidió la muerte de Jorge Larrañaga. No se sabe si hubiera participado en el foro, pero se puede deducir que con los postulados de la red tiene no pocas coincidencias. Y en la red lo aprecian. No en vano dictó varias conferencias en eventos organizados por ella y tuvo en su gabinete a tres ministros (dos defenestrados, Ernesto Talvi y Pablo Bartol, uno sobreviviente, Pablo da Silveira) ligados a fundaciones afines al think tank neoliberal.

Por Daniel Gatti
18 junio, 2021

Publicado enInternacional
Sábado, 19 Junio 2021 06:04

El pecado de la carne

La Habana, Cuba, en mayo Afp YAMIL LAGE

En la isla volvió a faenarse ganado vacuno, legalmente, por primera vez en 60 años. El país enfrenta una situación delicada y falta un rumbo claro ante la dificultad para importar comida.

Cuando lo conocí, en mayo de 2015, Pablo Lobaina se resistía a vender su pequeño rebaño de toros y vacas y dedicarse a una actividad menos exigente, como la cría de ovejas. A impulso de las menguadas fuerzas de sus 78 años y con la ayuda de algún temporero ocasional, Lobaina mantenía su finca sin la esperanza de que un hijo o nieto suyo abandonara la vida citadina para relevarlo. El día que no pudiera seguir, la propiedad terminaría perdiéndose, lamentó la tarde de aguacero que escampamos conversando en el portal de su casa.

Nunca volví a visitarlo. De sus reflexiones de entonces, durante años he conservado un razonamiento inapelable en su sencillez: «Ni loco cambiaría las vacas por los carneros», decía. «Cualquiera se roba un carnero y la Policía ni lo investiga; pero no cualquiera se atreve a llevarse una res, sacrificarla y venderla. La posibilidad de pasar 20 años preso se las trae.»

Años más o menos, dos décadas en prisión siguen siendo la condena previsible para quien en Cuba sea hallado culpable de hurto y sacrificio de ganado mayor y de la comercialización de sus carnes. En 1999 una modificación al Código Penal duplicó el monto de las sanciones fijadas hasta entonces para esos delitos, en un intento por preservar la cabaña ganadera de la avidez de los cuatreros. Las primeras normas penales al respecto habían sido promulgadas en 1979.

Fidel Castro había lanzado la primera piedra de esta historia en diciembre de 1961, cuando al presidir una graduación de técnicos agropecuarios había convocado a «salvar las vacas». «Ya la leche en la capital no alcanza. La capital está consumiendo el doble de litros de leche que consumía antes […]. Lo primero que hay que hacer ya lo hemos hecho o lo hemos estado tratando de hacer: que no se mate una sola vaca. ¿Contra quién hemos tenido que luchar para que no se mate una sola vaca? Primero que todo, contra el eterno vicio capitalista, el interés privado de los individuos que les importa un bledo la economía de la nación y de la república», había dicho el mandatario.

Pero, a despecho de las convocatorias políticas y el punitivismo judicial, no han faltado nunca los interesados en hacer dinero con el negocio de la carne bovina. La dificultad para agenciarse otras fuentes de proteína es la razón por la que el producto mantiene altos precios y alta demanda en el mercado negro, y por la que tantos se arriesgan a participar de su tráfico. Los ganaderos, a su vez, terminaron por convertirse en una suerte de custodios de sus propios animales, sin potestad para sacrificarlos ni venderlos. Para algunos, ese hecho hacía insoportables las estrecheces económicas y las veleidades burocráticas del Ministerio de la Agricultura.

Tal era el orden de cosas cuando, a mediados de abril, el gobierno anunció el fin de la prohibición. La medida, que se dictó acompañada de un paquete de normas para «incentivar la producción de alimentos y la sustitución de importaciones», fue opacada por el VIII Congreso del Partido Comunista, que se celebraba por esos días. El tema volvió a la agenda pública recién este 5 de junio, cuando en la provincia de Camagüey (en el centroriente, 500 quilómetros al este de La Habana) tuvieron lugar los primeros sacrificios. El matadero designado para la faena se ubica a menos de media hora de camino de la finca de Lobaina.

UNA SINGULAR POLÍTICA AGRARIA

Cerca de 2.500 criadores de todo el país reúnen los requisitos exigidos para hacer sacrificios. Su número es pequeño, como también lo es el potencial volumen de carne que podrán incorporar al mercado interno, pero la noticia fue tomada como un buen augurio por la mayoría de las familias ganaderas.

Motivar su permanencia en el campo es, desde hace tiempo, un lugar común del discurso oficial. Aunque el hecho es que la tendencia a emigrar hacia las ciudades (desde 1982 se redujo el peso de la población rural del 30 por ciento a poco más del 23 por ciento del censo) ha ido acompañada por la disminución del número de los jóvenes que residen fuera de las zonas urbanas (340 mil individuos menos que en 1982) y de su participación en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (de sus miembros, solo el 14 por ciento tiene menos de 35 años de edad).

La decisión de despenalizar el sacrificio de ganado mayor fue aplaudida recientemente por expertos como el doctor Omar Everleny Pérez Villanueva, profesor durante más de 30 años de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. «Es verdad que ahora habrá que ver quién tiene una vaca, pero durante muchos años no se había querido hablar siquiera de este tema», consideró Pérez Villanueva. Otros entendidos, entre ellos el también economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco, insistieron en acortarle las riendas al optimismo. «Los datos de 2014 a 2019 no permiten visualizar una recuperación rápida. En ese período, la masa ganadera bovina se contrajo un 7 por ciento» y la producción de leche «un 2,7 por ciento», afirmó en su cuenta de Twitter. Si bien no se han publicado las estadísticas oficiales más recientes, es lógico suponer que en ambos indicadores la tendencia al decrecimiento se mantuvo en 2020, en línea con la falta de medicinas y otros insumos importados y la crónica escasez de combustible (véase «Tiempos de coyuntura», Brecha, 27-IX-19), un bien esencial para enfrentar los seis meses de seca que cada año atraviesa la isla.

La falta de dinero fue también el motivo último por el que en 2020 no fue posible importar los plaguicidas necesarios para preservar la cosecha de frijol. Un campesino de la provincia de Sancti Spíritus (en el centro, 300 quilómetros al este de La Habana) me contó cómo un insecto llamado trips de la flor del frijol acabó con sus sembrados en menos de una semana. Las alternativas biológicas propuestas por el Ministerio de la Agricultura alcanzaron apenas para contener la plaga y permitir a algunos productores recuperar sus semillas. De las 13.500 hectáreas sembradas, más de 8 mil debieron destruirse y los rendimientos obtenidos en las que se salvaron representaron menos de la décima parte de lo que se pretendía acopiar.

«Lo peor es que el trips no se pudo eliminar por completo y en la campaña de este año volvió a hacer de las suyas, a pesar de que las siembras eran mucho más pequeñas y de que habíamos cambiado a variedades más resistentes», agregó mi interlocutor. «Harían falta productos químicos que el país no está importando y que, cuando entren, seguro serán vendidos en MLC [moneda libremente convertible]», añadió.

Desde hace meses, el gobierno promueve la comercialización de insumos para la agricultura y la ganadería a través de tarjetas en MLC. Ese mecanismo financiero gira en torno a una tarjeta prepago, en la que se pueden depositar divisas tanto en efectivo como mediante transferencias. Su unidad de valor equivale a un dólar estadounidense. El problema radica en que dentro de Cuba no existen vías legales para adquirir divisas.

El esquema está pensado para captar las remesas de los emigrados en el exterior, redireccionándolas hacia las arcas del Estado. La demanda insatisfecha de divisas ha provocado un divorcio entre la tasa de cambio oficial, de 24 pesos cubanos por cada MLC, y la que rige en las calles, que ha llegado a ser de 70 por 1.

El hecho ha colocado a muchos campesinos en una situación equívoca, pues si bien el Ministerio de la Agricultura insiste en seguirles pagando con pesos sus cosechas, las tiendas del propio ministerio van pasando de manera inexorable a operar en MLC, con precios muy superiores a los del mercado internacional.

«Salvo el agua, todo lo demás pareciera que quieren vendérnoslo en dólares. No hay quién entienda, si, en definitiva, producir aquí siempre será mejor que comprar afuera», le escuché a Omar Urquiza, un arrocero de Sancti Spíritus, luego de que se enterara de que un tractor bielorruso de mediana potencia sería comercializado por el Ministerio de la Agricultura a 27 mil dólares. Más del doble del precio promedio con que se le puede encontrar en diversos sitios de maquinaria agrícola.

LA FELICIDAD ES UNA NEVERA LLENA

Para cuando Yasnier Lamorú comenzó su primer turno como custodio en una de las oficinas de la calle habanera de Galiano, ya sabía que esa noche no serían pocos los interesados en pagarle por pasar la noche en el vestíbulo del edificio, a la espera de que a la mañana siguiente abriera la cercana tienda de La Época, que opera en MLC. «Como de noche la Policía anda por la calle, deteniendo a los que violan el toque de queda de la covid, los coleros se esconden en los lugares más insólitos; hasta algunos vecinos se dedican a alquilarles. Pero nada más dan las cinco de la mañana –la hora en que finaliza la veda– se arman unas carreras tremendas para llegar antes a la puerta de la tienda y conseguir los primeros puestos de la cola», relató a Brecha.

La de los coleros ha resultado ser una de las ocupaciones más lucrativas en tiempos de pandemia en Cuba. La mayoría de los ítems acaparados por ellos en las tiendas pueden encontrarse pocas horas después en grupos de compraventa de Facebook, al doble o incluso el triple de su valor inicial.

Tampoco el Estado acostumbra a vender a precio de saldo. Al amparo del objetivo fundacional de esa modalidad de comercio (vender para un «segmento de mercado de gama media alta», según afirman las autoridades), las ofertas de las tiendas en MLC suelen incorporar en su factura los elevados impuestos con que antes operaban las llamadas cadenas recaudadoras de divisas. Así, cualquier producto ve incrementado su costo entre un 200 y un 300 por ciento solo por transitar del depósito a la estantería.

Cuando en julio de 2020 el presidente Miguel Díaz-Canel defendió las ventas en MLC, aseguró que sus ingresos serían destinados «a mantener a un costo tremendo» las ventas en pesos y que parte del dinero recaudado se introduciría en la industria nacional «para que se convierta en una fuente de productos». Pero, en la práctica, el dinero recaudado en esos establecimientos ha debido emplearse –casi por completo– en cubrir los déficits presupuestarios del último año y medio, cuando cayeron en picado la exportación de servicios médicos, el turismo y las remesas, sectores que en su conjunto aportaban más del 70 por ciento de los ingresos nacionales.

El caso del turismo es ilustrativo. De acuerdo con datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, solo 64.712 turistas extranjeros visitaron Cuba en los primeros cuatro meses de 2021, durante la llamada temporada alta. Esa cifra, que equivale al 6 por ciento de los vacacionistas internacionales atendidos un año antes (983.099) y al 3,4 por ciento de los correspondientes a 2019 (1.900.000), adquiere su verdadero significado si se tiene en cuenta que la isla ha debido apelar a mercados de menor poder adquisitivo para compensar la ausencia de visitantes «históricos», como los canadienses.

Para un país que importa alrededor del 80 por ciento de sus alimentos, una noticia así es de las peores posibles. Sobre todo por el hecho de que buena parte de las compras de ese tipo tienen lugar en Estados Unidos, al amparo de una legislación que establece que las operaciones han de hacerse mediante pagos en efectivo y por adelantado. Aunque la isla no puede ofertar productos a su contraparte estadounidense, la proximidad de la nación norteña ha hecho de esa opción una de las más usadas por La Habana.

Productos como el pollo congelado, la principal fuente de proteína animal para los habitantes de la isla, provienen en su mayor parte de territorio estadounidense. La reducción del volumen de compras verificada en 2020 (cuando se importaron 163 millones de dólares, el menor monto desde 2002) tuvo un impacto inmediato en la dieta local, con un aumento de las colas y la tensión social (véase «Lo que nos toca», Brecha, 5-XI-20).

En 2020, una semana después de dar luz verde a la dolarización parcial de su economía, el gobierno cubano presentó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Quien lo consulta se encuentra con un ambicioso proyecto, repleto de citas, estadísticas y buenas intenciones. Pero poco más. Los alimentos que el país no pueda importar a causa de la falta de divisas deberán ser aportados por la agricultura y la ganadería locales, plantea el texto, sin entrar en detalles. Salvo por lo relativo a la comercialización en MLC y al levantamiento de la veda sobre la carne vacuna, pareciera que, en cuanto a asuntos de puchero, en La Habana no tienen muy claro qué camino seguir.

Por Amaury Valdiviadesde La Habana 
18 junio, 2021

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