Plan golpista del Departamento de Estado de EE.UU.

La extorsión a Venezuela crece 

EE.UU. planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, que excluya a Maduro y a Guaidó.

 

El ajedrez golpista se acelera en tiempo de pandemia. Estados Unidos, al frente de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, dio un nuevo paso: planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, en el cual no estén ni Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó, que convoque a elecciones presidenciales antecedidas por el levantamiento del bloqueo.

El anuncio fue dado por el secretario de Estado, Mike Pompeo y los detalles publicados por el Departamento de Estado bajo el título de “Marco de transición democrática para Venezuela”.

La hoja de ruta planteada por EE.UU. sostiene que la Asamblea Nacional (AN) encabezada por Guaidó, debe nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y crear el Consejo de Estado que se convierta en poder ejecutivo. Ese Consejo sería conformado por cuatro miembros de la AN -pudiendo participar los diputados del chavismo- que a su vez designaría al quinto integrante para desempeñarse como presidente.

Una vez asumidos todos los poderes presidenciales por el Consejo, y con la salida de “las fuerzas de seguridad extranjera”, EE.UU. levantaría las sanciones “contra el gobierno, PDVSA y la industria petrolera”. Finalmente, el Consejo de Estado, convocaría  elecciones legislativas y presidenciales en un lapso de seis a doce meses, y, luego de su realización, se quitarían las “sanciones restantes”.

La arquitectura de transición creada por EE.UU. busca sostenerse sobre la figura del Consejo de Estado que aparece en el artículo 251 y 252 de la Constitución. Sin embargo, el texto constitucional afirma que dicho órgano es de consulta de Gobierno y no para reemplazar a un presidente, y el sistema de elección descrito por EEUU no es el que dicta el texto constitucional.

La dimensión legal y constitucional es, en realidad, secundaria. Las palabras de Pompeo y de Elliot Abrams, enviado especial para el expediente Venezuela, se dan cinco días después de que el Fiscal General, William Barr, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones por Diosdado Cabello.

El denominado “marco de transición” aparece en este contexto como un intento de ofrecer una salida o claudicación donde sean apartados Maduro, Cabello, y algunos dirigentes más, pero no toda la dirección. El texto del Departamento de Estado afirma que el “alto mando militar permanece en el lugar durante el gobierno de transición”, al igual que gobernadores y alcaldes, y no excluye al Partido Socialista Unido de Venezuela del nuevo tiempo político.

Según los cálculos de correlación de fuerza que maneja EE.UU., se ha llegado al punto de cerco tan grande que podría darse la ruptura interna. Esa lectura se basa sobre un factor central: la economía y, en particular, la situación de los precios petroleros que llevan varias semanas de caída sostenida. El presidente Maduro afirmó que el precio de venta del barril venezolano no cubre su costo de extracción, lo que, en la economía venezolana representa un impacto transversal y profundo.

La perspectiva de una mejora de los precios es aún lejana debido a la crisis económica global dentro de la cual se enmarca la baja de la demanda petrolera, un exceso de producción, una progresiva saturación de los almacenamientos, y una baja de los precios sobre el marco de una falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, y un diálogo incipiente entre Donald Trump y Vladimir Putin al respecto.

La combinación de bloqueo económico y caída petrolera conforma así un cuadro de gran dificultad para la economía venezolana. Sin embargo, el gobierno venezolano cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Rusia, donde, entre otras cosas, el gobierno de Putin ha comprado los activos de la petrolera Rosneft en Venezuela.

No sería la primera vez que Washington realice un cálculo equivocado respecto a la situación en Venezuela. La misma conformación de un gobierno paralelo con Guaidó a la cabeza, incapaz de llevar adelante la transición anunciada, fue la expresión de un error de esa naturaleza.

No resulta sorpresivo que su figura sea puesta de lado en el esquema del Consejo de Estado: Guaidó ha perdido progresivamente su capital político hasta quedar desdibujado ante la pandemia. Según Abrams, el pedido de renuncia de Guaidó responde al hecho de que quien presida el Consejo no podrá presentarse en las elecciones y, por lo tanto, quitar al autoproclamado permitiría que luego se presente.

Resulta improbable que este nuevo llamado norteamericano genere un quiebre interno. Su presentación puede en cambio leerse, por ejemplo, como la preparación del terreno que seguiría a la salida de Maduro planificada través de una operación encubierta. Esa hipótesis volvió a verse evidenciada la semana pasada cuando fue desmontada una operación militar que se preparaba desde Colombia.

Por esa misma operación el Ministerio Público llamó a Guaidó a presentarse el próximo jueves. Esa citación puede transformarse en un nuevo momento de elevación de las tensiones ya que seguramente Guaidó no acudirá.

Este escenario deja claro que el escenario de pandemia, en lugar de permitir un diálogo y levantamiento del bloqueo -como pidió, entre otros, el Grupo de Puebla o Michelle Bachelet- ha generado que Estados Unidos busque acelerar el desenlace con ofertas millonarias de información, captura y muerte_la semana pasada ofreció quince millones de dólares por la cabeza de Maduro-, así como con una asfixia económica utilizada como moneda extorsiva.

Paso a paso, los 13 puntos y las 2 garantías para la transición democrática de Venezuela que propuso Estados Unidos

El Departamento de Estado norteamericano presentó la hoja de ruta para que el régimen latinoamericano deje el poder. Dentro del programa existen señales inequívocas para gran parte de la actual administración

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, presentó este martes en Washington un Marco de Transición Democrática para Venezuela e instó al dictador Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como mandatario interino, a hacerse a un lado para celebrar nuevas elecciones.

Luego de más de un año de esfuerzos liderados por el gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Maduro, Pompeo dijo en una rueda de prensa que en Venezuela ambas partes deberían establecer un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado para organizar los comicios en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus.

Cómo es el plan presentado por el Departamento de Estado norteamericano:

1 - El pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); la Corte Suprema (TSJ) levanta la orden de rebeldía y restablece todos los poderes a la AN, incluidas las inmunidades para los diputados; la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se disuelve. Estados Unidos levanta las sanciones impuestas a los miembros de ANC debido a su membresía a la ANC.

2 - Todos los presos políticos son liberados de inmediato.

3 - Todas las fuerzas de seguridad extranjeras parten de inmediato a menos que estén autorizadas por 3/4 de los votos de la AN.

4 - La AN elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y TSJ que son aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representan el 25% o más de los miembros de AN. Esto otorgaría al PSUV y a la coalición multipartidista de Guaidó un veto sobre el personal para cualquiera de estos puestos. Tras la selección de un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ debido a su membresía en esos cuerpos.

5 - La AN aprueba la Ley del “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de miembros de AN selecciona dos miembros del Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser un gobernador del estado. Los cuatro miembros del Consejo de Estado luego seleccionan a un quinto miembro, que será Secretario General, y que se desempeña como Presidente interino hasta las elecciones y no se les permite ser candidatos para presidente en las elecciones. Los miembros del consejo no pueden ser miembros de AN o TSJ. Las decisiones del Consejo de Estado se tomarán por mayoría de votos. Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (FANB) servirá como Asesor Militar del Consejo de Estado.

6 - Todos los poderes asignados al Presidente por la Constitución serán conferidos exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la UE levantarán las sanciones contra aquellos que reclamaron las autoridades presidenciales que se impusieron debido a que mantuvieron sus cargos anteriores una vez que el Consejo de Estado está funcionando y esas personas renuncian a cualquier reclamo adicional para ocupar cargos ejecutivos y reconocen al Consejo de Estado como el Poder ejecutivo exclusivo.

7 - Una vez que se establece el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad extranjeras se han marchado (a menos que se apruebe por 3/4 de voto en la AN), se suspenden las sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, PDVSA y el sector petrolero.

8 - El Consejo de Estado nombra nuevo gabinete. Los Estados Unidos levanta las sanciones a los ex miembros del gabinete debido a sus cargos anteriores. Estados Unidos también levanta las sanciones a los miembros de la FANB que se basan en su posición en la institución.

9 - La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, desarrollo, seguridad y económico, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica, el suministro de agua y electricidad. Los programas de bienestar social existentes, que ahora se complementarán con el apoyo internacional, deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos venezolanos. Las negociaciones comienzan con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo para los principales programas de apoyo.

10 - Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con la tarea de investigar los actos graves de violencia ocurridos desde 1999, e informa a la nación sobre las responsabilidades de los perpetradores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión tiene cinco miembros, que son seleccionados por el Secretario General de las Naciones Unidas con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía consistente con las obligaciones internacionales de Venezuela, que abarca crímenes de motivación política desde 1999, excepto crímenes contra la humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran el apoyo a la remisión de la Corte Penal Internacional.

11 - El Consejo de Estado establece una fecha para elecciones presidenciales y AN simultáneas en 6-12 meses. Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 puede competir en las elecciones.

12 - Se celebran elecciones presidenciales y de la AN. Con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres y justas, se levantan las sanciones estadounidenses restantes.

13 - La comisión bipartidista dentro de la AN se desarrolla para crear soluciones a largo plazo para rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

1 - El alto mando militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanece en el lugar durante el gobierno de transición.

2 - Las autoridades estatales o locales permanecen vigentes durante el período de transición.

El futuro de Guaidó

El Secretario de Estado señaló que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado, y dijo que Guaido podrá presentarse en las elecciones futuras, mientras que Maduro debe abandonar el poder. “Hemos dejado claro todo el tiempo que Nicolás Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela”, dijo Pompeo a los periodistas. Además aclaró que el presidente del Consejo de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones.

Consultado sobre si Guaidó podría ser candidato en los nuevos comicios, Pompeo contestó: “Absolutamente sí”. “Es el político más popular en Venezuela, creo que si se celebraran elecciones hoy, le podría ir increíblemente bien”, apuntó, destacando que Estados Unidos sigue “apoyándolo”. “Cuando armamos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él”, agregó.

Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus

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¿Por qué Trump declara la guerra a Nicolás Maduro?

La acusación de William Barr, fiscal general de Estados Unidos, contra Nicolás Maduro, de "haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína" y la recompensa para su "arresto" de 15 millones de dólares que anunció Mike Pompeo, secretario de Estado, constituye, en los hechos, una declaración de guerra de Donald Trump contra Venezuela.

El marco en el que Trump realiza esta declaración se caracteriza por un desplome extraordinario de los precios internacionales del petróleo que han colocado la cotización del petróleo tipo Brent en 27. 51 dólares –similar al precio promedio nominal de 1999–, sobreproducción de petróleo en los mercados internacionales, producción inédita de Estados Unidos superando los 13 millones de barriles por día, los descuentos y la decisión de incrementar la producción de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait, cuyos gobiernos son aliados incondicionales y subordinados a Estados Unidos, hundimiento de la economía mundial en una gran depresión por el freno que apuntaló la pandemia del coronavirus (Covid-19) de la actividad industrial, comercial y financiera.

No es casual que Trump escoja este momento para reforzar su ofensiva para derrocar al presidente de Venezuela. China, que es uno de los principales aliados de Venezuela y se encuentra a la defensiva, concentrado en restablecer sus actividades que fueron paralizadas en muchas de sus principales ciudades para frenar el ritmo de propagación del Covid-19. Rusia e Irán, también aliados de Venezuela, van a tardar en sacudirse el impacto del desplome de sus ingresos petroleros y, además, en el caso de Irán, persiste el bloqueo comercial que le ha impuesto Estados Unidos.

Sin embargo, lo más importante y que ya anticipaba el freno del exponencial crecimiento de su producción petrolera entre 2015 y 2017, es que ésta se mostró muy sensible con precios inferiores a 60 dólares por barril al estancarse su producción; el desplome actual de los precios al retirar a muchos de sus productores amenaza su actual volumen de producción.

Adueñarse de las reservas petroleras de Venezuela, las más importantes del mundo, en el escenario de un eventual derro­camiento de Nicolás Maduro, aunque tuviera que sacrificar a sus productores petroleros internos, concentrados en el fracking, no le importaría, pues en un horizonte de largo plazo estima disponer de una mayor seguridad de abastecimiento, desestimando la decidida batalla que darán el pueblo y el ejército venezolano de cada metro de su territorio frente a sus bombas y mercenarios.

Dentro de este plan contra Venezuela, Irán y Rusia se inscribe la reunión a que convocó a principios de marzo, en la Ciudad de México, el embajador estadunidense a diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Países Bajos para concertar acciones ante las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al considerar que "erosionan las bases legales de los contratos de miles de millones de dólares firmados en la administración de Enrique Peña Nieto".

Detener la puesta en marcha de la declaración de guerra de Donald Trump, a través de las irresponsables acusaciones de integrantes de su gobierno, que no tienen mayor validez y sustento a las que utilizaron para ahorcar a Saddam Hussein y asesinar a Muhamar Kaddafi, es un acto de autodefensa para frenar las presiones imperiales contra México para que se retome la vía de la privatización de sus hidrocarburos, incluyendo la explotación de yacimientos mediante la fractura hidráulica.

por Francisco Colmenares. autor de Despojo, resistencia y corrupción. México en los ciclos del precio del petróleo. Ed. Plaza y Valdés, México, 2019

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El general venezolano retirado Clíver Alcalá, durante una conferencia de prensa en Caracas en 2016.JUAN BARRETO / AFP

Clíver Alcalá, acusado de narcotráfico por EE UU, se entregó a Washington tras detallar un supuesto complot de la oposición contra Maduro, quien lo califica de “agente estadounidense”

 Un hombre con camisa azul claro y pantalón oscuro camina por la pista del aeropuerto de Barranquilla rodeado de funcionarios colombianos y estadounidenses. Ocurrió el pasado viernes. A media tarde, se formaliza la entrega y Clíver Alcalá Cordones sube a un avión enviado por Washington. Horas antes, el Departamento de Justicia lo había incluido en una lista de 12 dirigentes chavistas acusados de narcotráfico junto a Nicolás Maduro y a la cúpula del régimen venezolano. La Administración de Donald Trump ofrecía 10 millones dólares por su cabeza, aunque según la Fiscalía colombiana todavía “no existía orden de captura ni solicitud con fines de extradición”. Con esta información todo encajaba en el esquema de confrontación entre Estados Unidos y Caracas. Pero las últimas declaraciones de Alcalá antes de pasar voluntariamente a disposición de las autoridades arrojan una historia más nebulosa, y llena de lagunas, en la que se mezclan un arsenal de armas y una supuesta conspiración para derrocar a Maduro. Este lo considera un hecho probado y este lunes, en una carta dirigida a la comunidad internacional, lo calificó abiertamente de “agente estadounidense”.

Clíver Alcalá es un mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB). Tiene 58 años y se mantuvo fiel al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, desde el intento de golpe de Estado de 1992. Rompió con el oficialismo hace al menos cuatro años y llevaba dos afincado en Barranquilla. El exmilitar se declara opositor, reconoce como presidente a Juan Guaidó y, sin embargo, acabó involucrándolo en un complot que, según su relato, se estaba urdiendo desde Colombia.

El pasado lunes agentes de la Policía colombiana de Tránsito dieron el alto a una furgoneta en un control vial en Pueblo Viejo, un municipio de la costa del Caribe ubicado entre Barranquilla y Santa Marta. En el vehículo, conducido por un hombre llamado Jorge Alberto Molinares Duque, hallaron “26 fusiles americanos, 14 cascos blindados con visores nocturnos y tres chalecos blindados”. El conductor fue detenido bajo los cargos de “fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares”. Tres días después, Washington emitió la acusación formal de tráfico internacional de drogas contra la plana mayor del chavismo. Entonces, Alcalá aseguró públicamente estar detrás del transporte de ese arsenal.

Las imágenes de su entrega, adelantadas por el diario colombiano El Tiempo, dejan atrás una serie de dudas sobre su versión de los hechos y su papel en la red de los disidentes del régimen. “Primero”, afirmó el general retirado en un vídeo difundido a través de su perfil de Twitter, “las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando en la conformación de una unidad libertad para Venezuela”. Alcalá no aporta pruebas, pero menciona al consultor Juan José Rendón, al dirigente del partido Voluntad Popular Sergio Vergara y va más allá. Asegura que también estaban al tanto del plan Iván Simonovis, colaborador de Guaidó y hasta 2019 uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, y Leopoldo López, líder opositor refugiado en dependencias diplomáticas españolas en Caracas.

“Acordamos ahí, junto a militares venezolanos, de hacer una unidad militar, que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales del narcotráfico y del desastre que ha generado en nuestro país”, continúa Alcalá, quien dijo asumir su responsabilidad y que el Gobierno de Iván Duque “no está vinculado”. “Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha contra el régimen generaron filtraciones desde el seno de la oposición, aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el Gobierno de Maduro, aquella oposición que no quiere que nada cambie”, mantuvo el general.

La justicia colombiana se enteró de este relato, que Guaidó negó rotundamente, igual que los demás. Esto es, cuando Alcalá decidió hacerlo público. “La Fiscalía General de la Nación generó nuevas actividades investigativas dentro del caso para recolectar evidencia que determine su participación y, como consecuencia, se han llevado a cabo diligencias de allanamiento y registro en varias ciudades del país”, informó el ente acusador. Las autoridades activaron canales de cooperación judicial y, a partir de ahora, solicitarán información a Estados Unidos para avanzar en las indagaciones.

Pero más allá de las consecuencias judiciales en territorio colombiano, el Gobierno de Maduro se remitió a las declaraciones de Alcalá para estrechar el cerco contra Guaidó, que lleva más de un año de pulso para tratar de desalojar al sucesor de Chávez y acaba de proponer conformar un gabinete de emergencia nacional ante la crisis del coronavirus. El fiscal general, Tarek William Saab, informó el viernes de que el Ministerio Público ha iniciado “una investigación contra Guaidó, Clíver Alcalá y demás colaboradores: por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente”.

México - 30 mar 2020 - 13:23 COT

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Por el coronavirus se postergan las elecciones en Bolivia

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia anunció la postergación de las elecciones presidenciales del 3 de mayo a causa del avance del coronavirus, que en ese país registró 19 casos hasta el momento. La nueva fecha no fue anunciada porque, según especificó la resolución, se consensuará con todos los partidos políticos.

La medida fue tomada a solo 24 horas de que comience a regir en ese país la cuarentena obligatoria, dispuesta por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y en momentos en que el Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente depuesto Evo Morales, analizaba qué postura adoptar sobre los comicios en un plenario celebrado en La Paz.

El presidente del TSE, Salvador Romero, aseguró que lo que aceleró la resolución fue la cuarentena obligatoria por 14 días para frenar la propagación del COVID-19. En diálogo con agencias internacionales, el funcionario aclaró que la nueva fecha para elegir al sucesor de Evo Morales tras el golpe de Estado en su contra salga de un diálogo con las principales fuerzas políticas en base a criterios de “imparcialidad”, para no beneficiar ni perjudicar a ninguna de ellas.

"Criterios técnicos y científicos sólidos", dijo y anticipó que el Parlamento de ese país deberá hacer formalmente una nueva convocatoria. "Sabremos resistir el embate de la pandemia y también organizaremos un proceso electoral limpio y transparente", remarcó Romero.

Antes de conocerse la decisión del TSE, Evo Morales -quien reside en la Argentina- había anticipado que el MAS llevaría a ese diálogo una propuesta de unidad de la oposición, acompañada de un reclamo de un plan de emergencia enfocado no sólo en la sanidad sino fundamentalmente en la economía, como forma de lograr la unidad para enfrentar esta epidemia global, porque, aseguró, “la pandemia no tiene color ni ideología”.

El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien lidera las encuestas de intención de voto, encabezaba hoy la reunión partidaria que se celebraba en La Paz.

Morales anticipó la postura de su partido: “Antes que estalle esta pandemia, la derecha golpista estaba buscando ya la suspensión”, aseveró y aseguró que “permanentemente se comenta en la sede del gobierno en La Paz que va a haber autogolpe, que Áñez le va a dejar el gobierno a los militares, porque de acuerdo a las encuestas somos ganadores en la primera vuelta”, de modo que “esta pandemia les llega como anillo al dedo”, agregó Morales.

No obstante, puntualizó que “todos los bolivianos y las bolivianas tenemos la obligación de atender y aplicar las recomendaciones de los expertos, de los científicos nacionales e internacionales, que sienten que es importante el adiestramiento social preventivo y obligatorio, porque menos circulación, menos traslados, menos contacto es menos contagio”.

“Tenemos la obligación primera de salvar la vida, como de defender la vida. Seguramente será esto lo que nuestros compañeros reunidos van a plantear mañana. Pero no solamente poder sumarnos a la cuarentena sin una propuestas de una emergencia alimenticia, económica y social”, anticipó.

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Erick Foronda. Foto: ABI.

Erick Foronda es un periodista que se desempeñó como encargado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz desde 1995, hasta 2008 cuando el gobierno de Evo Morales expulsó al embajador rompiendo relaciones diplomáticas con EE.UU.

En los 13 años de trabajo en la embajada de la plaza Avaroa, Foronda colaboró con cinco embajadores: Curtis Warren Kamman, Donna Jean Hrinak, Manuel Rocha, David N. Greenlee y Philip Goldberg. Después de la expulsión dispuesta por el gobierno de Morales, Foronda partió a Washington junto con el embajador Goldberg en septiembre de 2008. Radicó en la capital de Estados Unidos durante 12 años, adquirió nacionalidad norteamericana y se hizo votante del Partido Republicano.

Durante su permanencia en Washington, según un informe de El Deber, “trabajó para diversas organizaciones”. Fuentes en Estados Unidos aseguran a Sol de Pando que una de esas organizaciones es la Agencia Central de Inteligencia donde adquirió pericias de “negociador político”. Fue el ex embajador Philip Goldberg quien lo introdujo en la CIA.

Su retorno a Bolivia para asumir el cargo de secretario privado de Añez y “contribuir en la pacificación del país”, según dijo a Página Siete, fue inicialmente atribuida Carlos Sánchez Berzaín, con quien se le vio en el Estado de Florida en abril de 2018 haciendo una especie de cobertura al juicio que se ventiló en Fort Lauderdale contra Sánchez de Lozada y su Ministro de Defensa, por las muertes de El Alto en octubre de 2003.

El agente de la CIA se apresuró en deslindarse de Sánchez Berzaín negando ser su “enviado”. Declaró en una entrevista publicada por Página Siete: “No tengo ninguna vinculación o relación de ningún tipo con Sánchez Berzain. No me gustaría tenerla porque siento que nada me une a él”.

Una vez instalado en Bolivia, desplegó un intenso lobby para afianzar su situación de alto privilegio en el régimen provisional que emergió tras la salida de Evo Morales. Suele ofrecer “parrilladas de confraternidad” en los jardines de su mansión invitando a influyentes políticos y periodistas; y habitualmente Jeanine Añez almuerza en su casa.

Interfiere en diversas áreas del aparato estatal, desplegando un rol acaparador muy similar al de Juan Ramón Quintana. Impuso la designación de la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como cónsul de Miami alegando “razones humanitarias” y mantiene a raya a la canciller Karen Logaric decidiendo por sí mismo la política exterior del Gobierno transitorio. Mientras Longaric se hallaba fuera del país, Foronda obligó a Añez romper relaciones con Cuba.

En el área de seguridad, donde la prioridad norteamericana es reactivar la presencia de la DEA en el país, Foronda tiene en su bolsillo al verborreico ministro Murillo.

Agente de la CIA ordenó cambios en Canal 7

El ex asesor de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Erick Foronda Prieto, actualmente emisario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), fue quien decidió la destitución del Gerente de BoliviaTv, el canal estatal.

Por decisión de Erick Foronda, el reconocido presentador y jefe de prensa de Unitel Jorge Tejerina asumiría este lunes la Gerencia de BoliviaTv, en reemplazo de Gonzalo Rivera, cuya abrupta destitución generó críticas en círculos de la prensa nacional. Tejerina hizo público, el sábado, su retiro de Unitel. No obstante también se menciona el nombre del periodista Andrés Rojas.

Foronda Prieto viene concentrando todo el poder del Gobierno transitorio en sus manos (lo mismo que Quintana en la época de Evo Morales), al ejercer como secretario privado de la presidente Añez. Tiene entre sus habituales funciones asesorar a la Jefa de Estado en su campaña electoral y redactar sus discursos de gestión. Oficia también como vocero presidencial.

Fuentes confiables del Ministerio de Comunicación informaron a Sol de Pando que, por presiones suyas, la red Unitel estaría recibiendo una carga privilegiada de publicidad estatal incidiendo en un elevado nivel de cobertura por parte de dicho canal privado a las intensas actividades proselitistas de Añez desde la gestión transitoria.

Lizárraga y la sobrina de Foronda

Según versión de un funcionario del Ministerio de Comunicación, la renuncia de la anterior titular de esa cartera, Roxana Lizárraga, se habría precipitado por discrepar respecto a los negocios con Unitel. Lizárraga no aceptó la contratación eventual de periodistas de Unitel en el staff de BoliviaTV sin que dicho personal se desvincule totalmente del canal privado.

Nicole Bisbal Brito, una sobrina de Foronda que trabajó como presentadora del noticiario de Unitel junto con Jorge Tejerina, fue motivo de una disputa entre el secretario privado de la Presidente y la entonces Ministra de Comunicación; Lizárraga se negó a contratar a la sobrina. Sin embargo, la familiar de Foronda fue contratada por la actual ministra Isabel Fernández (también proveniente de Unitel), quien forma parte del entorno íntimo del ex funcionario de la Embajada norteamericana.

Jeanine Añez cercada por Foronda

Lizárraga acusó a Erick Foronda de sabotear su gestión ministerial. Comenzó bloqueando el acceso de la Ministra al despacho de Jeanine Añez. Dijo que en los días previos a su renuncia —presentada el 25 de enero— sólo se podía contactar con la Presidente “mediante mensajes de celular” debido al cerco de Foronda que le  impedía a la Ministra un contacto directo con la Presidente-candidata.

También denunció que Foronda ordenó la transmisión completa del lanzamiento de la candidatura de Añez para las elecciones del 3 de mayo, acto televisado por BoliviaTv que se efectuó el 24 de enero, endilgando ese uso indebido del medio estatal a Lizárraga. “Yo pregunté quién había ordenado la transmisión y me dijeron que fue el secretario privado de la Presidenta, Erick Foronda, mediante una llamada”, reveló Lizárraga en entrevista publicada por el portal Asuntos Centrales.

La destitución de Gonzalo Rivera, el pasado viernes, tendría los mismos móviles. Foronda vio que Rivera no era “funcional” a la estrategia de usar el canal estatal con fines electorales y de sistemática promoción de la imagen “glamorosa” de Jeanine Añez, descuidando y poniendo en segundo plano las tareas específicas del proceso de transición. La estrategia de Foronda se basa en una especie de alianza entre Unitel y BoliviaTv.

La ministra Isabel Fernández, que ejerce el cargo en estricta subordinación a Foronda —aseguran nuestras fuentes—, fue la encargada de separar a Rivera por instrucciones del mismo Foronda, arguyendo “falta de coordinación” entre el Ministerio y la Gerencia del canal para definir los contenidos de la programación.

“La señora Ministra tiene razón cuando afirma que es un tema de coordinación, lo que no dice es que ella no quiso coordinar una reunión para mirar el proyecto del canal de todos los bolivianos, lo que no dice es que impuso personal y quiso imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno”, aclaró Gonzalo Rivera en sus redes sociales

18 marzo 2020

(Tomado de Plurinacional)

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Domingo, 08 Marzo 2020 05:17

Jeanine Añez en su laberinto  

Jeanine Añez en su laberinto  

La presidenta de facto no puede dormir tranquila. La semana pasado fue de espanto para ella. Fue expulsada de El Alto por una multitud, ciudad donde se perpetró una de las dos masacres que acontecieron poco después de que asumiera el poder. El jueves 5 de marzo tuvo que salir con chaleco antibalas y a la carrera mientras la muchedumbre incluso destrozó los vidrios del vehículo del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas con la explosión de un cachorro de dinamita.

La periodista boliviano argentina Verónica Zapata escribió: “Como todo delincuente que vuelve a la escena del crimen, se presentó custodiada de cientos de policías y militares para participar de una sesión de honor en el Consejo Municipal por el 35° aniversario de la fundación de El Alto que se cumple el día 6 de marzo.” Y doña Jeanine acaba de descubrir que el crimen no paga, que la gente recuerda, que los alteños piensan que sus muertos no se negocian. En resumen: que Senkata no se olvida.

Por supuesto, el viernes ya no asistió a nuevos desfiles. Hubiera sido una provocación. Los alteños no la quieren y se lo hicieron saber. Lo propio al excandidato por su partido Óscar Ortiz que en Senkata durante la sesión de la cámara de senadores también salió a las corridas y resguardado por la policía. “Asesina, asesina, asesina” gritaban miles de alteños a la presidenta y “motines, motines, motines” a los policías.

Pero además el viernes tenía que asistir a un tercer llamado del congreso a dar su informe el ministro de Defensa Fernando López, quien fuera el operador de Luis Fernando Camacho con los militares para que estos dieran el golpe de estado, según las propias declaraciones del ex líder cívico. López nuevamente no asistió y a los senadores y diputados se les acabó la paciencia. Lo censuraron por más de dos tercios y según la Constitución Política del Estado eso significa su destitución inmediata.

Y el próximo en la lista es el nada menos que Arturo Murillo, el hombre de la represión y muy íntimo allegado a Añez que debe elegir entre presentarse y que le hagan preguntas incómodas o dejar de ir y que lo censuren. Si se presenta también puede recibir la sanción del congreso y si son dos tercios deberá dejar el puesto.

Añez debe escoger entre hacer caso a la Constitución y deshacerse de uno (quizá dos) de sus hombres fuertes en el manejo del miedo o ella misma poder ir a juicio de responsabilidades. Mientras, en el Movimiento al Socialismo se han soldado las fisuras. Y aún los más concertadores de los diputados y senadores que algún momento pactaron con el poder golpista, saben que su futuro político depende de con que fuerza condenen al régimen. Y cada vez que leen las encuestas la idea se afirma.

No, no son buenos momentos para la presidenta golpista más si sumamos que los campesinos le han dado 72 horas para que deposite el dinero para que continúen funcionando 400 proyectos que han quedado detenidos en su gestión y los maestros preparan sendos paros (el viernes hubo uno masivo en Sacaba, donde se cometió otra masacre) exigiendo mayores ítems para compensar el crecimiento vegetativo de los alumnos, algo que el ministro de hacienda, José Luis Parada, ha rechazado.

El nieto de Mahadma Gandhi, Aroun, decía que: “Hemos encontrado que la forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo y entre más miedo puedas infundir en la gente, más control puedes tener.” Pero eso ya no funciona en la Bolivia preelectoral que le ha perdido el miedo a la represión y con la llegada de 100 observadores de la Unión Europea y la arremetida de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en contra de las matanzas ordenadas por Añez, esta no puede darse el lujo de un muerto más por la represión.

En resumen, lo que la llevó al poder ahora no sirve de receta. Sin ser médicos ya sabemos que pronto Jeanine deberá tomar pastillas para dormir si no lo está haciendo ya.


Áñez ratifica al ministro de Defensa pese a destitución aprobada por la Asamblea Legislativa

 

7 marzo 2020

Cubadebate

 

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha ratificado este sábado su confianza en el ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, pese a la censura y destitución aprobada por dos tercios Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria", ha afirmado Áñez a través de su cuenta en Twitter.

Previamente el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, había denunciado que la censura a López en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba orquestada desde Argentina, país de refugio del expresidente Evo Morales.

Por ello están estudiando presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que la censura al Ministro de Defensa es ilegal, por ser en ausencia del propio ministro.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia censuró este viernes al ministro López Julio, lo que supone su destitución inmediata como cargo del Gobierno.

López Julio no se presentó al acto de interpelación pese a estar convocado para dar explicaciones por dos cuestiones: la petición de renuncia de las Fuerzas Armadas al presidente Evo Morales en noviembre de 2019 y la represión de las protestas contra la salida de Morales del poder en enero de 2020.

El ministro presentó excusa para su ausencia, pero el pleno de la Asamblea decidió declarar injustificada la misma. Es la tercera vez que López no se presenta a una convocatoria. La Asamblea aprobó por dos tercios la censura de López y los legisladores del MAS aplaudieron la decisión.

La presidenta del Legislativo, Eva Copa, ha subrayado que la censura implica la destitución del Ministro, según manda la Constitución Política del Estado. Concretamente así se recoge en el Artículo 158 Párrafo 18. "Esta resolución será enviada a la presidenta de transición (Jeanine Añez), para que dé cumplimiento inmediatamente", ha explicado Copa.

"Este justificativo es un chiste a la Asamblea, pues las interpelaciones son por temas importantes, por lo que ocurrieron en octubre y noviembre y (se trata de) esclarecer lo que ocurrió en Sacaba y Senkata", ha argumentado Copa.

Copa ha adelantado además que para los próximos días están previstas interpelaciones de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo;  de Comunicación, Isabel Fernández, y de Obras Públicas, Iván Arias.

Además, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado una resolución para la constitución de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.

La Comisión Mixta está conformada por las senadoras Sonia Chiri y Lineth Guzmán del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rosario Rodríguez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de los y las diputadas Mireya Montaño, Patricia Gutiérrez, Víctor Borda y Juan Cala (MAS) y Amilcar Barral y Eida Middag de Unidad Demócrata.

Copa ha indicado que la tarea de la comisión es investigar los sucesos acontecidos entre octubre y noviembre de 2019: en medio de las protestas por el supuesto fraude electora l en las elecciones presidenciales del 20 de octubre que depararon la reelección de Evo Morales, el presidente tuvo que huir del país después de que Policía y Ejército le retiraran su apoyo. En las protestas posteriores hubo simpatizantes de Morales muertos en Senkata y Sacaba.

(Con informaciòn de Europa Press)

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El gobierno venezolano ordenó la detención de dos gerentes de PDVSA

Los acusa de entregar información confidencial a Estados Unidos

Las sanciones de Washington contra la petrolera estatal constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes acusó de espiar para Estados Unidos y entregar a este país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial". En ese sentido, la comisión presidencial denominada Alí Rodríguez Araque, le solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal sobre ambos funcionarios. Debido al fuerte impacto de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, la reorganización de la empresa estatal venezolana. Maduro también designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas importantes de la compañía. Las sanciones de Washington contra PDVSA constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente venezolano.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, constituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran "gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos", respectivamente.

"Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de Estados Unidos (...) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones", dice el comunicado.

De acuerdo al texto, las detenciones tuvieron lugar el pasado viernes 28 de febrero. A los detenidos también se los acusa de suministrar "datos" de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA. Los dos gerentes "suministraron datos sobre las operaciones y capacidad logística de PDVSA, así como la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano", agrega el documento.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una "miserable traición", y solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique "todo el peso de la ley". Por sus acciones de espionaje, Chirinos y Torrealba recibieron la calificación de "colaboradores de alto nivel" de parte del gobierno de los Estados Unidos. 

"Esta Comisión Presidencial manifiesta su compromiso en empeñar todo su esfuerzo en la necesaria transformación revolucionaria de nuestra industria petrolera (...) acciones de esta naturaleza son totalmente opuestas al compromiso patriótico de la clase trabajadora petrolera", concluye el documento.

En las últimas semanas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del poder del mandatario socialista. Una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano permanece vigente desde abril de 2019.

Bajo la presión de las sanciones de Washington a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, que encabece una comisión destinada a reorganizar a la empresa venezolana. Ese mismo día declaró la emergencia de la petrolera estatal.

La nueva comisión también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su número dos, Remigio Ceballos, para que sumen "todo el poder" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y "además garanticen la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo". El actual ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también formará parte del equipo de trabajo.

En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó por narcotráfico a El Aissami tras una larga investigación que llevó al Departamento del Tesoro a determinar que juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos" con destinos que incluyen México y Estados Unidos.

El sábado pasado, en otro intento por revalorizar PDVSA, Maduro designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas clave: exploración y producción, refinación, comercio y finanzas. La producción petrolera de Venezuela inició 2020 a la baja, al cerrar enero en 882 mil barriles por día, 25 mil menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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Un estudio del MIT no encuentra evidencia estadística de fraude en las elecciones de Bolivia

 

 La conclusión del documento contradice el informe de la OEA sobre el resultado de votos en los comicios de octubre que daban por ganador a Evo Morales

 Un estudio realizado por los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab ha concluido que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude” en las elecciones presidenciales del pasado octubre en Bolivia, que daban por ganador al expresidente Evo Morales. Por presiones militares el líder boliviano abandonó el cargo. Los académicos califican las conclusiones del informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado noviembre como “profundamente defectuosas”, según han escrito en un artículo publicado este jueves en The Washington Post y recuerdan que el país latinoamericano se prepara para unas nuevas elecciones el 3 de mayo “luego del golpe de Estado respaldado por el Ejército” el 10 de noviembre.

El documento del organismo regional, que daba cuenta de actas quemadas, redirección de votos a servidores ocultos y nombres duplicados, acusaba que cuando se retomó el conteo tras una suspensión del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), los mostraban una tendencia "altamente improbable" a favor del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, la investigación de los especialistas del MIT ha revelado que no parece haber una diferencia “estadísticamente significativa” en el margen entre los resultados de antes y de después del alto en la transmisión.

“En cambio, es muy probable que Morales haya superado el margen de 10 puntos porcentuales en la primera vuelta”, afirman en el Post. Según la Constitución boliviana, un candidato gana las presidenciales cuando obtiene una mayoría absoluta o el 40% de los votos, con al menos una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo candidato. Si no es el caso, se realiza una segunda vuelta.

El conteo preliminar de los votos se detuvo con cerca del 84% de los votos contados, cuando Morales tenía una ventaja de 7,87 puntos porcentuales, según detalla el estudio. Cuando se reanudó el conteo, el margen de Morales superaba por más de 10 puntos al segundo candidato más votado, el expresidente Carlos Mesa. El informe de la auditoría encargado por la OEA -con el consentimiento de Bolivia- determinó que "una irregularidad en esa escala es un factor determinante en el resultado" a favor de Morales. Además, que las “manipulaciones” e “irregularidades” impedían conocer con certeza el margen entre Morales y Mesa. “Lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, concluyó.

“¿Hubo una discontinuidad entre los votos contados antes y después del recuento no oficial? Por supuesto, las discontinuidades pueden ser evidencia de manipulación”, afirman Williams y Curiel, pero con base solo en la “evidencia de las estadísticas” no han encontrado las “anomalías” que acusa la OEA en la tendencia de los votantes. En el estudio encargado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) encontraron una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados de antes y después de la suspensión del conteo de votos. Esta correlación desacredita el informe del organismo regional, que databa que el último 5% de los votos presentó una tendencia distinta del anterior 95%. “El análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable”.

Cuando se reveló el resultado con el 95% de las actas escrutadas, la OEA hizo una declaración donde revelaba su preocupación por “el cambio de tendencia”. Una vez contados todos los votos, el resultado le otorgó una ventaja a Morales del 10,6% por sobre Mesa. Las protestas en la calle, la sombra de las irregularidades y las presiones de las Fuerzas Armadas, obligaron al presidente boliviano a abandonar el cargo. El líder boliviano ha publicado este jueves el artículo del Post afirmando que la OEA, su presidente Luis Almagro y la comisión encargada de la auditoría de los resultados de las elecciones “le deben muchas explicaciones al pueblo boliviano y al mundo entero”. Almagro ha dicho que “el único golpe de Estado en Bolivia” sucedió cuando Morales “cometió fraude electoral”.

Washington 27 FEB 2020 - 22:09 COT

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Droga del Narcojet detenido en México salpica campaña de Jeanine Áñez

Este martes trascendió que la aeronave detenida en México en enero pasado, procedente de Guayaramerín, Bolivia, pertenecía al cártel de Jalisco y debía financiar la campaña de la presidenta de facto de ese país sudamericano, Jeanine Añez.

Apenas se conoció la denuncia sobre la detención del “Narcojet” el 28 de enero pasado, el ministro de gobierno Arturo Murillo, se apuró a decir que “la droga fue cargada en el Chapare”. Días después ante la lluvia de evidencias, no tuvo más remedio que admitir que la cocaína procedía de Guayaramerín, provincia colindante con las tierras de la familia de la presidenta de facto.

“La droga estaba en el avión sin ningún método de ocultamiento. Está claro que en el lugar donde la cocaína fue subida a bordo, no hubo ningún tipo de control”, comentó una fuente judicial al periódico argentino La Nación. Lo que quiere decir que el brazo boliviano del cártel de Jalisco contaba con la protección de la policía y el ejército. La acumulación de pruebas que complican al gobierno de facto, llevaron al ex ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, a pedir la renuncia del ministro de gobierno Arturo Murillo.

Según el periódico La Nación, la aeronave que despegó desde Guayaramerín tenía placa de EEUU (matrícula N18ZL GLF3).

Un testigo reveló que la droga pertenecía al cártel de Jalisco y que debía financiar la campaña de Jeanine. Además, un informante confidencial testificó que las ganancias de la transacción de 1.000 kilos de cocaína destinada a los EEUU eran para solventar los costos de la campaña de Jeanine Añez Chávez, senadora y actual presidenta autoproclamada de Bolivia.

Los medios de comunicación, cuya tarea se ha reducido a blindar (proteger) la imagen de los autoproclamados, escondieron bajo la alfombra los nexos familiares de Jeanine Añez con el narcotráfico. La autoproclamada está casada con Héctor Hincapié, conocido político colombiano, investigado por sus nexos con el cártel de Cali, y es tía propia, de Carlos Andrés Añez Dorado, detenido en Brasil con media tonelada de cocaína.

25 febrero 2020  

(Con información de Primera Línea)

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Bolivia confirma que las rupturas de la democracia son golpes

Desde que adoptó su nueva estrategia, la derecha latinoamericana ha tratado de enarbolar la bandera de que ha tumbado a gobiernos progresistas latinoamericanos por vías democráticas, mediante movilizaciones populares, cívicas, de la sociedad civil contra gobiernos que habrían roto la institucionalidad, cometido arbitrariedades, atentado contra la democracia.

Lo ha hecho en Brasil, tumbando al gobierno recién reelegido de Dilma Rousseff alegando arreglos presupuestarios, que no faculta, según la Constitución brasileña, a promover el impeachment de un presidente de la República. Es tan arbitraria e inconstitucional la decisión, que, hasta ahora, casi cuatro anos después, el Supremo Tribunal Constitucional, instancia máxima del Judiciario de Brasil, no ha juzgado el impeachment en contra de Dilma. Porque si abre la Constitución, no va a encontrar respaldo alguno para la mas grave decisión que un Congreso puede tomar – tumbar a una presidente recién reelegida democráticamente para el cargo por el voto popular. Entonces el trubunal aplaza su posición, como si el paso del tiempo pudiera hacer olvidar la connivencia del Judiciario brasileño con el golpe que ha roto la democracia brasileña y ha llevado al país desde los gobiernos mas virtuosos de su historia, hasta el infierno en el que vive actualmente.

La discusión de si el impeachment fue un golpe o no, es absolutamente relevante, porque denuncia aquel acto como ruptura de la democracia, de la Constitución brasileña o, al contrario, como quiere la derecha y sus voceros en los medios, se trataría de una corrección de camino, de un acto perfectamente legal y aceptable, para tumbar un gobierno que la derecha no supo derrotar por medios democráticos, habiendo sido derrotada cuatro veces de manera sucesiva.

Cuando la derecha ha derrotado a un gobierno progresista por medio de elecciones, como ha ocurrido en Argentina, teniendo que atenerse a la institucionalidad democrática, esa derecha ha sido abiertamente derrotada cuatro años mas tarde. Confirmando que, por vías democráticas, la derecha puede hasta llegar a triunfar, pero no tiene políticas que den estabilidad y apoyo popular a su visión neoliberal, inmediatamente reinstalada, cada vez que la derecha vuelve al gobierno. La democracia se revela incompatible con el neoliberalismo y así condena la derecha a la derrota__salvo que ésta apele a métodos antidemocráticos.

El caso de Bolivia es, de alguna manera, similar al brasileño. La derecha se ha mancomunado con fuerzas policiales y las fuerzas armadas, contando con los medios y con el Judiciario, para tumbar al gobierno legalmente reelegido de Evo Morales. Ha alegado ilegalidades electorales, mencionadas por la OEA, que se ha revelado  rápidamente como participe del golpe, a punto de que había propuesto nuevas elecciones, aceptadas por Morales, pero que ha abandonado aquel planteo, para sumarse a un gobierno abiertamente golpista y dictatorial.

La prueba definitiva de si aquel movimiento sería de restauración democrática o, al contrario, de ruptura de la democracia, estaría dada por las nuevas elecciones convocadas por la presidente que, sin legitimidad institucional alguna, ha asumido el gobierno. La represión a los movimientos populares, la prisión de dirigentes del MAS, las condiciones cada vez mas estrechas en que pretende que se den las elecciones en principio convocadas para mayo de este año, confirman que se ha tratado de una farsa  de movilización popular y de restauración democrática, como ha querido afirmar la derecha boliviana, sostenida por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en la región.

La reciente prohibición de la candidatura de Morales al Senado boliviano, solo confirma las condiciones controladas, antidemocráticas, excluyentes, en que pretenden realizar las elecciones. Conforme la candidatura de Luis Arce, del MAS, asume el liderazgo en las encuestas, hasta la realización misma de esas elecciones se pone en peligro, pues las FF.AA. bolivianas han asumido espacios determinantes en el gobierno actual.

Bolivia camina por la vía brasileña, de la guerra hibrida, del régimen de excepción, y no la vía argentina, en que las fuerzas democráticas se han reimpuesto, porque se ha logrado mantener las condiciones democráticas mínimas para la disputa electoral.

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