Lunes, 01 Marzo 2021 05:36

¿Regreso a la normalidad?

Debra Haaland compareció el miércoles pasado en el Senado estadunidense, como parte de la nominación a secretaria del Interior. Haaland podría ser la primera indígena en liderar la dependencia que administra territorios federales y tribales. Foto Ap

“America está de vuelta”, es la consigna de política exterior del nuevo gobierno de Joe Biden con el propósito derecuperar la "autoridad moral" (si es que alguna vez existió) y el "liderazgo mundial" y, con ello, regresar a algo antes llamado "normalidad".

Aparentemente eso incluye cosas como bombardear a Siria. Fue, según la versión oficial, respuesta a un ataque por milicias respaldadas por Irán contra instalaciones estadunidenses en Irak. De hecho, era tan "normal" la acción que algunos comentaron como si era de esperarse ese rito de cada nuevo gobierno mostrando que es "duro", o como escribió con tinte sarcástico Charles Pierce en Esquire, "no eres realmente presidente de Estados Unidos hasta que has hecho que algo estalle en Medio Oriente".

El ataque estadunidense no fue autorizado por el Congreso, y su justificación era la necesidad de proteger a las tropas estadunidenses en Irak, también ahí sin autorización. O sea, todo es técnicamente ilegal, pero tan normal que sólo es una más de múltiples "operaciones antiterroristas" por las fuerzas armadas estadunidenses que se han llevado a cabo en 85 países sólo desde 2018 [https://watson.brown.edu/ costsofwar/papers/2021/US CounterterrorismOperations].

Otra guerra, la que dicen que es contra el narco, sigue llenando las prisiones y condenando a generaciones de gente pobre a la violencia en Estados Unidos, como también en Afganistán, Colombia y México, entre otros "frentes". Siguen hablando igual que cuando se inauguró, hace casi medio siglo, o sea, lo normal. Pero Virginia ya se sumó a 15 estados más en Estados Unidos en legalizar la mariguana (el primero en el sur), nutriendo la esquizofrenia entre un gobierno federal que continúa llevando a cabo sus operaciones internacionales manchadas de sangre y corrupción mientras sus ciudadanos –y nuevos empresarios– gozan cada vez más de manera legal esa droga.

En otra guerra interna, los supremacistas blancos y neonazis que siguen siendo soldados de Donald Trump están ahora amenazando "hacer estallar" al Capitolio para matar a decenas de legisladores cuando el presidente Biden se presente para su primer informe del Estado de la Unión, a principios de marzo, reveló el jefe interino de la Policía del Capitolio. Esa guerra interna, parte de la cual tiene raíces con la primera guerra americana, sigue amenazando al país.

Ah, y hablando de guerras e impunidad, resulta que el gobierno de Biden no castigará al autor intelectual, según la conclusión de fuerzas de inteligencia estadunidenses, del delito de secuestrar y descuartizar al periodista Jamal Khashoggi. Y es que el responsable es el príncipe saudita Mohammed Bin Salman y jefe de ese gran gobierno aliado y líder en democracia, derechos humanos y libertades civiles de Arabia Saudita.

Aun con cambios potencialmente significativos, siguen muy presentes ecos de lo que era "lo normal", incluyendo los más antiguos de la primera guerra americana, la que se libró contra sus pueblos indígenas. Algunos de los descendientes de los conquistadores sometieron a la congresista Deb Haaland a un interrogatorio cuestionando su "entendimiento" del manejo de los recursos naturales y acusando que era una "radical", durante audiencias en el Senado para ratificar su nombramiento como secretaria del Departamento del Interior –la primera indígena nominada para ocupar un puesto en un gabinete presidencial en la historia del país. Si es aprobada, la experta ecologista especializada sobre el impacto de los combustibles fósiles estará encargada de tierras bajo control federal (casi una quinta parte del territorio nacional) incluyendo las reservaciones indígenas.

“Una mujer indígena está por encabezar una secretaría que una vez fue encabezada por un hombre quien declaró que su misión era "civilizar o exterminar" a los pueblos indígenas. Hay gran ironía cuando republicanos ahora están describiendo [a Haaland] como una amenaza existencial a su manera de vida”, comentó Crystal EchoHawk, activista indígena y directora de IlumiNative.

Algunas cosas ya no son, nunca deberían ser, normales.

Angelique Kidjo interpreta Once in a Lifetime . https://open.spotify.com/ track/5nXXJeSf9MeDmUmEoafgOH ?si=PHWskR74Tc-5-ieC4hlLyA

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Domingo, 28 Febrero 2021 05:15

Lenin aplasta a los marineros de Kronstadt

Marineros de Kronstadt

La de esta legendaria base naval fue la primera y la última rebelión en el seno de la URSS. Sus marineros se alzaron contra los bolcheviques en busca de una república más democrática

 

La pequeña isla de Kotlin, a unos treinta kilómetros de la desembocadura del río Neva, era el escudo marítimo que protegía San Petersburgo desde los tiempos de Pedro el Grande. En Kronstadt, la capital de la isla, se levantó una fortaleza colosal que se iría ampliando hasta configurar una formidable línea defensiva.

En el siglo XIX, Kronstadt pasó a servir de base a la flota rusa del Báltico. Soldados de la guarnición, tripulaciones y obreros con sus familias sumaban cerca de 80.000 almas en vísperas de la Revolución de 1917. Tras la caída del zar, la ciudad hizo suya, como en ningún otro lugar de Rusia, la consigna de Lenin de dar todo el poder a los sóviets.

En Kronstadt, marineros, soldados y trabajadores practicaron una democracia directa a través de pequeñas asambleas (sóviets), sobre las que se construyó la democracia representativa del sóviet de la ciudad.

Todo ello hizo arraigar en el imaginario de sus habitantes la creencia de que la nueva sociedad que surgiera de la revolución adoptaría un modelo similar de autogobierno, plural y radicalmente democrático. Pero no fue exactamente así. Con los bolcheviques en el poder, su régimen se fue alejando del ideal de Kronstadt.

Comunismo de guerra

Después de tres años de contienda mundial y una revolución, Rusia está exangüe y devastada. Lenin y los bolcheviques habían prometido pan, paz y libertad, pero un cruento conflicto civil entre ‘rojos’ y ‘blancos’ han sumido al país en el caos y la misera. El hambre de las ciudades obliga a requisas forzosas en el campo. Y en la poca industria que sobrevive, la disciplina recuerda la brutalidad de otros tiempos. El malestar se traduce en huelgas y revueltas.

A mediados de 1920, cercana la victoria en la guerra civil, se espera que los bolcheviques mejoren las condiciones de vida. La realidad es otra y la agitación se redobla. A inicios de 1921, en Petrogrado, la antigua San Petersburgo y cuna de la revolución, la situación es explosiva.

El detonante es un anuncio funesto. En un país falto de grano por la sequía, la parálisis del transporte, a causa de la escasez de petróleo y las nevadas extremas, obliga al gobierno a reducir la ración de pan. En Petrogrado, en pleno invierno y sin combustible, la perspectiva del hambre echa la población a las calles. El temor a que todo se desborde conduce a las autoridades de Petrogrado a tímidas concesiones, pero para entonces los ecos de lo sucedido han llegado a la vecina Kronstadt.

Kronstadt la Roja

Los marineros de Kronstadt han sido desde el principio el baluarte más firme y leal a la revolución. Pero, acabada la guerra civil, a las deplorables condiciones de vida en la base se añade un hondo malestar político. La marinería rechaza el monopolio del poder de los bolcheviques, la obediencia sumisa a la que han reducido a los sóviets y sus formas autoritarias de gestión.

Las noticias sobre las huelgas de Petrogrado inflaman todavía más los ánimos en la base naval, y el falso rumor de un baño de sangre durante la represión de las protestas empuja a los marineros a reclamar al gobierno reformas de calado. El 28 de febrero, en una asamblea febril, redactan una resolución con quince exigencias. Incluyen elecciones libres a los sóviets, la restitución de libertades civiles, libertad de comercio y la liberación de los presos socialistas y anarquistas.

La sublevación

Moscú no va a atender ninguna de las exigencias. El 1 de marzo, más de 15.000 marineros, soldados y trabajadores abarrotan la plaza del Ancla en Kronstadt. Aguardan expectantes la intervención de Mijaíl Kalinin. Como presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso, es el jefe del Estado.

La multitud espera palabras conciliadoras que inviten a negociar con el gobierno. Pero Kalinin la enfurece con acusaciones de chantaje y traición y amenazas que suenan a ultimátum. Un griterío ahoga su arenga hasta que se da por vencido y abandona la tribuna. La asamblea, en cólera, ratifica por abrumadora mayoría las quince exigencias formuladas el día anterior.

Al día siguiente, otro falso rumor, el de un inminente ataque sobre Kronstadt, precipita la creación de un comité revolucionario, que ordena tomar los puntos estratégicos de la ciudad. A medianoche, la base naval está en poder de los marineros. Todos los buques, fuertes y baterías también reconocen su autoridad. Kronstadt se acaba de sublevar.

Los insurrectos envían emisarios al continente para propagar la noticia. Confían en levantar a la población. Contra el parecer de los asesores militares, partidarios de tomar la iniciativa y alentar la sublevación en Petrogrado con una ofensiva sobre la ciudad, los marineros deciden aguardar parapetados en la fortaleza. Desoyen también el consejo de romper el hielo que circunda la isla y la conecta al continente para crear un foso acuático que la proteja de asaltos. Dos errores estratégicos que van a decidir el desenlace.

Que la principal base de la armada soviética esté en manos rebeldes es una baza que cualquier enemigo querría aprovechar. Y si algo le sobran a la Rusia comunista son enemigos. La Polonia del mariscal Pilsudszki, con quien Moscú aún no ha firmado la paz, o la Guardia Blanca, con fuerzas dispersas todavía por el país, podrían reanudar su lucha. Lenin teme un escenario peor: que ambas amenazas confluyan en una intervención extranjera que haga de Kronstadt su ariete y arrastre el país a otra guerra.

La tragedia

Moscú ha decidido liquidar la rebelión por la fuerza, pero antes debe aislar a los sublevados. La propaganda elabora el relato que justifique un ataque contra los hombres que hasta entonces eran el máximo símbolo de la revolución. Aunque no exista relación alguna entre ellos y el exilio antibolchevique que celebra su alzamiento, la campaña los acusa de servir a la Guardia Blanca.

En esos días, todos los ojos están puestos en la inmensa alfombra de hielo que se extiende desde las riberas de Petrogrado hasta Kotlin. A finales de marzo comenzará el deshielo en el golfo de Finlandia. Cuando se produzca, los sublevados dejarán de estar aislados. Podrán recibir por mar todo tipo de refuerzos y emplear los navíos de la flota. Es escaso el margen de tiempo para atacar la fortaleza antes de que sea inexpugnable. Trotski, comisario de Guerra, encarga el plan de ataque a Mijaíl Tujachevski, un joven y prominente general del Ejército Rojo.

Al atardecer del 7 de marzo el plan se pone en marcha. Un intenso bombardeo sobre las defensas de la fortaleza precede al ataque de la infantería, que avanza a campo abierto y sin protección alguna en medio de una tormenta de nieve. Es una empresa suicida. En Kronstadt, 15.000 hombres en armas aguardan el embate tras los gigantescos muros de la ciudad, artillados por más de un centenar de cañones y defendidos por fuertes y baterías. Cuentan, además, con la potencia de fuego de dos modernos acorazados y otros buques de guerra.

Los asaltantes, a pesar de sus uniformes de camuflaje, son un blanco fácil. Al despuntar el día, la artillería de Kronstadt los recibe con un fuego devastador, que siembra con cientos de cadáveres el mar congelado. Otros muchos mueren engullidos por los cráteres que las explosiones abren en el hielo.

La escasez de alimentos y munición comienza a dejarse sentir en el ánimo de los marineros

Precipitación, falta de efectivos y baja moral de combate. El asalto es un completo fracaso, y el estupor por la noticia corre entre el millar de delegados que asisten en el Kremlin a la inauguración del X Congreso del Partido Comunista. La crisis de Kronstadt va a marcar el cambio de rumbo en el país que apruebe el congreso.

A pesar del fracaso, en los días siguientes, la aviación y las baterías de costa castigan la ciudadela. Allí, el bloqueo de la isla está surtiendo efecto. La escasez de alimentos y munición comienza a dejarse sentir en el ánimo de los marineros. Sin embargo, el hielo se funde y el tiempo se agota. Tujachevski tiene nuevo plan. Ha reunido una fuerza de asalto que dobla el contingente anterior. Son tropas de élite y de probada fidelidad revolucionaria.

En la tarde del 16 de marzo comienza un intenso cañoneo sobre Kronstadt que se prolonga hasta entrada la noche. Al amparo de la oscuridad y la niebla, más de 50.000 hombres inician su avance desde diversos flancos. Les guía la luz de los reflectores de Kronstadt que barren el hielo rastreando señales de su ataque.

Cuando lo detectan, la artillería se emplea sin descanso. Diezma las columnas de infantería, pero esta vez no logra detenerlas. Los invasores abren brechas y, después de vencer una resistencia feroz, toman los primeros fuertes. En el interior de la ciudadela la lucha es despiadada. Se combate calle por calle, casa por casa, hasta la mañana del 18 de marzo, cuando se da por sofocada la rebelión.

La sublevación ha acabado en un baño de sangre, con más de 10.000 muertos, en su mayoría soldados del Ejército Rojo. Cerca de la mitad de los rebeldes ha conseguido huir a Finlandia. De los 2.000 prisioneros, trece han sido elegidos como cabecillas y ejecutados. Mientras se combatía en Kronstadt, el X Congreso del Partido Comunista ha inaugurado una nueva etapa en la vida del país. Ha decidido reactivar la economía sustituyendo el comunismo de guerra por medidas en favor de la iniciativa privada y el libre comercio. Comienza la NEP, la Nueva Política Económica.

Memoria selectiva

En marzo de 1936 se estrenaba en Moscú Los marinos de Kronstadt. Fue un éxito rotundo, con más de 23 millones de espectadores solo aquel año. La película narra cómo los marineros de la base naval libraron a Petrogrado de la amenaza de la Guardia Blanca en los peores momentos de la guerra civil. Quince años después de la tragedia de Kronstadt, en pleno estalinismo, el régimen soviético había borrado de su memoria aquel episodio fratricida, pero reivindicaba a los héroes que en su día se ganaron ser “gloria y orgullo de la Revolución”.

Por Alfonso González Quesadaprofesor del Área de Documentación de la UAB.

28/02/2021 07:00

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El primer bombardeo de Joe Biden: Estados Unidos atacó Siria

Veintidos miembros de una milicia proiraní habrían muerto en el noreste de Siria

El ataque destruyó tres camiones cargados con municiones provenientes de Irak

Un ataque aéreo de Estados Unidos contra instalaciones de una milicia iraquí apoyada por Irán dejó al menos 22 combatientes muertos en una zona del noreste de Siria fronteriza con Irak, informaron activistas y el Pentágono, en la primera acción militar del Gobierno de Joe Biden y a días de una histórica visita del papa Francisco a Irak. "Bajo la dirección del presidente Biden, fuerzas militares estadounidenses realizaron a principios de esta noche ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por milicias respaldadas por Irán en el este de Siria", confirmó este viernes el vocero del Pentágono. El Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que había llevado a cabo ataques aéreos en un punto de control fronterizo entre Siria e Irak usado por esos grupos, destruyendo "múltiples instalaciones".

La organización Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) dijo que 22 personas murieron luego de que el ataque destruyera tres camiones cargados con municiones provenientes de Irak cerca de la ciudad de Bukamal, en el noreste de Siria. Todos los muertos pertenecían a la fuerza de Hashed al-Shaabi, patrocinada por el estado de Irak y que agrupa a diversas milicias pequeñas que tienen vínculos con Irán, agregó el OSDH. El departamento de Defensa dijo que el objetivo eran facciones de la poderosa coalición de paramilitares iraquíes respaldados por Irán de Hashd al Shaabi, Kataeb Hezbolá y Kataeb Sayyid al Shuhada. Kataeb Hezbolá, uno de los grupos más radicales, calificó los ataques de "agresión bárbara" y "crimen atroz que viola el derecho internacional". A su vez el ministerio de Defensa iraquí negó cualquier coordinación con Washington en este ataque.

El ataque de la noche del jueves, la primera acción militar ordenada por Biden, llegó después de tres ataques con cohetes contra instalaciones situadas en Irak y que son utilizadas por las fuerzas estadounidenses y de la coalición que asesoran y entrenan a tropas iraquíes que combaten al grupo islamista radical Estado Islámico (EI). Uno de esos ataques, a un complejo militar en Erbil, la capital de la región kurda, el 15 de febrero, mató a un civil y a un contratista extranjero que trabajaba con las fuerzas de la coalición y en él resultaron heridos varios contratistas estadounidenses y un soldado.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo estar "confiado" en que los bombardeos golpearon "a los mismos milicianos chiitas que cometieron los ataques" del 15 de febrero, en declaraciones a periodistas mientras volaba de California a Washington. Austin dijo que él recomendó a Biden emprender la acción. "Dijimos varias veces que íbamos a responder a nuestros tiempos. Queríamos estar seguros de la conexión y queríamos estar seguros de que eran los blancos correctos", agregó.

Más temprano, el vocero del Pentágono John Kirby dijo que la acción había sido una "respuesta militar proporcionada" que se había adoptado junto con medidas diplomáticas, incluyendo consultas con los socios de la coalición de fuerzas extranjeras en Irak. "Estos ataques fueron autorizados en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la Coalición en Irak, y a las continuas amenazas a ese personal", dijo Kirby en un comunicado. Kirby dijo que el objetivo era un punto de control fronterizo utilizado por grupos armados iraquíes respaldados por Irán. "La operación envía un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición", agregó el portavoz del Pentágono.


Los ataques en Irak llevados a cabo por grupos que operan bajo la dirección de Irán supusieron un desafío para la nueva administración de Biden, en un momento que abre la puerta a reanudar las negociaciones con Teherán sobre su programa nuclear. La creciente violencia entre Estados Unidos y esas milicias en Irak llega a una semana de la llegada del papa Francisco, en el primer viaje de un Pontífice al país árabe y su primer viaje desde el inicio de la pandemia. El Gobierno estadounidense dice que quiere restablecer el acuerdo de 2015, del que el expresidente Donald Trump salió en 2018, y que tiene como objetivo congelar las aspiraciones nucleares de Irán. Pero Washington también considera a Teherán como una amenaza continua para la seguridad en Medio Oriente y sostiene que no tolerará "actividades malignas" llevadas a cabo por la República Islámica.

Estados Unidos sospecha que Irán está buscando una oportunidad para vengar el asesinato por fuerzas norteamericanas del general Qasem Soleimani, un año atrás.
Soleimani, un alto oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue el enlace clave de Teherán con los grupos y personalidades aliados en Irak, Siria, Líbano y otras partes de la región. Murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses justo cuando llegaba a Bagdad para reunirse con los principales funcionarios iraquíes. En el mismo bombardeo falleció el líder de Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis. Desde sus muertes, las milicias iraquíes proiraníes parecen haberse vuelto incontrolables, y analistas dicen que se han separado como táctica para reivindicar ataques con diferentes nombre y ocultar su participación en ellos.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el lunes que Estados Unidos "responsabilizaría a Irán por las acciones de sus representantes que atacan a los estadounidenses", pero que no "arremeterá" y correrá el riesgo de desestabilizar a Irak.


El número de soldados estadounidenses en Irak se ha reducido significativamente a 2.500, y las tropas ya no participan de ofensivas contra el EI, sino que se limitan a asesorar y entrenar a las fuerzas iraquíes.


Apoyo para Siria de su aliado y llamado a la paz de la ONU

Rusia condenó el ataque de Estados Unidos

 

"Condenamos firmemente esas acciones e instamos a que se respete, sin condiciones, la soberanía y la integridad de Siria", afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, en una rueda de prensa

 

Rusia condenó este viernes los bombardeos estadounidenses contra milicias pro-Irán en el este de Siria, la primera operación militar del presidente estadounidense Joe Biden. "Condenamos firmemente esas acciones e instamos a que se respete, sin condiciones, la soberanía y la integridad de Siria", afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, en una rueda de prensa. "Reafirmamos nuestro rechazo a todas las tentativas de transformar Siria en un ruedo en el que saldar cuentas de la escena geopolítica", agregó.

En guerra desde 2011, la Siria del presidente Bashar al Asad ha contado con un apoyo militar masivo y crucial de Moscú desde 2015. El viernes, una oenegé reportó la muerte de 22 combatientes en unos bombardeos del ejército estadounidense la víspera en el este de Siria. Fronterizo con Irak, ese territorio está controlado por milicias pro-Irán que combaten junto al régimen de al Asad. Los ataques, que Washington calificó de "defensivos", se produjeron luego de tres ataques recientes en Irak imputados a grupos armados pro-Irán.

El viernes, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, lamentó que Washington hubiera avisado a Moscú de los bombardeos tan solo "cuatro o cinco minutos" antes de llevarlos a cabo. "Este tipo de advertencia no sirve de nada cuando los bombardeos ya están en curso", afirmó.

Además, Lavrov sugirió que Washington no tenía intención de abandonar Siria, pese a la retirada anunciada por el expresidente estadounidense Donald Trump. "Habrían decidido no irse de Siria [...] hasta el hundimiento del país", sostuvo Lavrov. "Es muy importante para nosotros entender cuál será la línea estratégica de Estados Unidos sobre el terreno y en la región", agregó, afirmando que las fuerzas armadas rusas y estadounidenses tenían contacto en Siria de vez en cuando.

A su turno el Gobierno de Siria afirmó que el bombardeo perpetrado esta madrugada por Estados Unidos en el este del país árabe, presuntamente contra milicias proiraníes aliadas de Damasco, "traerá consecuencias" que incrementarán la tensión en la región.

"Siria condena en los términos más enérgicos la agresión estadounidense contra su soberanía, que va contra las leyes internacionales y la carta estatutaria de la ONU, (...) y alerta de que esta agresión traerá consecuencias", dijo el ministerio sirio de Exteriores en un comunicado difundido por la agencia oficial siria, SANA.

Asimismo, llamó a Estados Unidos a cambiar su "estrategia agresiva" contra el país árabe, así como a dejar de violar su soberanía y de "apoyar" a grupos "terroristas armados" que atacan a Siria, su gente y su infraestructura, de acuerdo con la nota.

El departamento gubernamental informó de que el bombardeo se produjo durante una visita a Damasco del enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, lo que interpretó como un reflejo de la "indiferencia" de Washington hacia el papel internacional en la resolución del conflicto.

"Esta descarada agresión en un nuevo episodio en la serie de ataques constantes del Ejército israelí, la denominada 'Coalición Internacional (liderada por EEUU contra el Estado Islámico), la ocupación turca y aquellos cometidos por organizaciones terroristas", sentenció, al enumerar a sus enemigos.

A su vez el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes contención a todas las partes tras el ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra milicias proiraníes iraquíes en el este de Siria. Según su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres está siguiendo de cerca lo ocurrido y está “preocupado por la volátil situación en la región”. El jefe de Naciones Unidas llama “a todas las partes a ejercer contención y a evitar una escalada” de las hostilidades, señaló Dujarric preguntado en su conferencia de prensa diaria. 

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“Colombia produce más coca ahora que en la época de Pablo Escobar”, según prensa británica

Colombia en la actualidad es el “mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína”, según afirma la investigación.

 

Este 22 de febrero, un informe especial del diario Finacial Times reveló cifras sobre el aumento de las hectáreas de hoja de coca en Colombia y su producción.

En la investigación se asegura que la labor de los erradicadores manuales es en vano, pues son los “primeros que están perdiendo la guerra” porque, “una vez que han limpiado un campo, los cultivadores de coca regresan y plantan de nuevo”.

La investigación periodística revela que en el Gobierno de Iván Duque han asesinado a 20 erradicadores y 200 han sido heridos o mutilados por minas terrestres.

“La producción de coca se ha disparado”, dice el medio y cita un informe de la ONU que dice que 2012 y 2017 creció en más del 250 %.

A pesar de la lucha contra este flagelo, el medio indica que Colombia en la actualidad es el “mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína”, e incluso, compara el panorama actual con la década de auge del Cartel de Medellín.

El país produce más cocaína ahora que a principios de la década de 1990, cuando el líder del cartel de la droga, Pablo Escobar, estaba en la cima de su notoriedad.

Cifras de las Naciones Unidas dicen que Colombia produce el 70 % del suministro mundial de droga, pero para países como Estado Unidos, el territorio nacional tiene el 89 % de la producción global de cocaína.

En el informe se puede ver como desde la muerte de Pablo Escobar, hasta 2000 -año en el que se consolidó el Plan Colombia con Estados Unidos- la producción se ha acelerado de manera drástica.

Trece años después del inicio del milenio, la producción de coca siguió aumentando, con un leve descenso en 2019, así lo asegura la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Sobre el uso con glifosato, el diario hace referencia al debate que hay entre quienes lo promueven y quienes aseguran que causa enfermedades tan graves como el cáncer.

Según el informe, la aspersión con glifosato traer recuerdos horrorosos a los agricultores de las zonas rurales de Colombia, pues muchos aviones pasaban por los campos rociando no solo la coca, sino cultivos legales como el maíz, cacao, plátano e incluso animales como vacas.

Pedro Nel Segura, dueño de una finca en la provincia de Nariño habló con el diario y aseguró que le rociaron la tierra la menos “siete veces”.

“Perdí 12 cabezas de ganado, muertas por el herbicida, y tuve que vender el resto porque no había pasto. Perdí todo lo que había invertido (…) Cualquier piloto debería haber podido ver que no estaba cultivando coca. Mis vacas son blancas, se las puede ver fácilmente desde el aire y estaban pastando en un campo abierto sin cultivos “.

Este método de erradicación, recuerda la investigación, causó el desplazamiento de miles de campesinos de distintas partes de Colombia. Leider Valencia, organizador de COCCAM, grupo que representa a más de 30.000 familias en Colombia que se ganan la vida mediante el cultivo de cultivos ilícitos, dijo al diario económico que “muchos agricultores se vieron obligados a abandonar sus tierras por completo y mudarse a otro lugar”.

A pesar de que el pasado 17 de febrero, Diego Molano, ministro de Defensa, aclaró que el Gobierno nacional reanudará en abril el uso de la aspersión aérea con glifosato para seguir combatiendo los cultivos ilícitos de coca, muchos otros políticos no están de acuerdo con la idea.

Juan Manuel Santos, expresidente y Nobel de Paz de Colombia, fue citado por el reportaje y allí recordó que la única forma de lidiar con la cocaína es despenalizarla.

“Era como si estuviera en una bicicleta estática, pedaleando, pedaleando, pedaleando. Miraba a la izquierda y miraba a la derecha y todavía estaba en el mismo lugar “, dijo el exmandatario en una conferencia sobre el fracaso de la política de prohibición en los Estados Unidos

Santos, recuerda el diario, aseguró que la solución es legalizar el negocio de la cocaína para que sus ganancias vayan al Estado y no a los criminales.

23 de Febrero de 2021

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El ejército colombiano asesinó a 6402 civiles 

Mil quinientos militares las presentaron como muertes en combate entre 2002 y 2008

Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

 

El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados "falsos positivos", que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes. 

Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. "Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz", declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

El Caso 03 está caratulado como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado". Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número. 

"La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso."No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP", aseguró Castillo. "Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país", agregó el vocero del MOVICE.

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.

Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP "pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial" pese a que el tribunal de paz "tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia".

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

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Israel: un actor importante en la militarización del mundo

Israel es un importante distribuidor internacional de tecnologías y estrategias militares. Los datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz) entre 2015 y 2019 muestran que Israel fue el octavo mayor exportador de armas del mundo y que sus ventas mundiales aumentaron un 77 % (Estados Unidos + 23 %, Rusia -18 %, Canadá + 33 %).

Jeff Halper, en su investigación crítica sobre las armas militares avanzadas de Israel, escribe que a Israel «le va bien» debido a su indispensable especialización en armas, estrategia y vigilancia mundiales.

El alcance mundial de Israel implica ahora la militarización de la policía con la venta de tecnologías de vigilancia, armas y estrategias de control de multitudes y disturbios. Gaza es un laboratorio y un escaparate para las armas y métodos probados en combate de Israel para controlar poblaciones civiles altamente concentradas a medida que la población mundial se urbaniza cada vez más y se concentra en barrios marginales urbanos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. construyó el Centro de Entrenamiento de Guerra Urbana en el Negev, donde Estados Unidos e Israel se entrenan para atacar en áreas densamente pobladas. Las tecnologías y estrategias de defensa perimetral israelíes se aplican a núcleos financieros, distritos gubernamentales y centros de reuniones, embajadas y depósitos de combustible en todo el mundo.

La guerra sin fin contra el terrorismo es una mina de oro política y económica para Israel, que conduce a acuerdos bilaterales y multilaterales – en los campos de la ciencia, la tecnología, la defensa y la seguridad – y a asociaciones e inversiones industriales con los principales fabricantes de sistemas de armas / seguridad / vigilancia. La práctica israelí de librar una guerra total contra Gaza, es decir, contra la población civil altamente concentrada de Gaza, sirve como laboratorio y escaparate para el armamento y el comercio militar de Israel.

El alcance mundial de Israel también implica controles fronterizos, vigilancia, monitoreo y control de la migración. Al final de la Guerra Fría, había quince fronteras amuralladas; hoy en día, hay 77. Muchas fronteras amuralladas recientes están equipadas con tecnologías de seguridad y pacificación compradas a Israel. Al usar esta tecnología, cada vez es más común que las y los refugiados sean monitoreados y detenidos mucho antes de llegar a los cruces fronterizos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que a mediados de 2020, 80 millones de personas, algo sin precedentes, habían sido desplazadas por la fuerza, un número que se ha duplicado en la última década.

Armas nucleares

Israel sigue una política de secreto y ambigüedad con respecto a sus armas nucleares. Israel nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación. Por lo tanto, a diferencia de Irán e Iraq, Israel no es inspeccionado ni regulado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Las reuniones internacionales oficiales previstas para crear una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio incluyen a todas las naciones árabes, pero no a Israel, el único país con armas nucleares en Oriente Medio.

Según estimaciones actuales, Israel tiene entre 100 y 300 ojivas nucleares, desplegables por tierra, aire o mar. Los misiles tierra-tierra de largo alcance israelíes Jericó I, II y III tienen una capacidad nuclear y un alcance de hasta 7800 km.

Actualmente, las armas nucleares de Israel apuntan a Irán. A pesar de la falta de pruebas, los líderes israelíes desde el final de la Guerra Fría han advertido repetidamente al público israelí, a Estados Unidos y a la ONU de que Irán está a punto de producir armas nucleares. La repetida advertencia de Israel de que «todas las opciones están sobre la mesa» viola una opinión de la Corte Internacional de Justicia de que incluso la amenaza del uso de armas nucleares es una violación del derecho internacional. Los asesinatos de científicos nucleares iraníes por parte de Israel, el más reciente en noviembre de 2020, también pueden estar vinculados a la estrategia militar de Israel en Gaza y Líbano en la que Israel utiliza secuestros y asesinatos para provocar una reacción, y luego lanza un ataque de represalia masiva en nombre de la legítima defensa, como si Israel fuera la víctima.

Israel y todos los países de la OTAN se han negado hasta ahora a firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entra en vigor el 22 de enero de 2021.

Por Judith Deutsch, extractos de un texto publicado en Socialist Project 21 de enero de 2021. http://alter.quebec/israel-an-important-player-in-the-militarization-of-the-world/

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur (https://vientosur.info/israel-un-actor-importante-en-la-militarizacion-del-mundo/)

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Estado “Paraco”: su funcionamiento ficticio y su funcionamiento real

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de recurrir al país y al mundo para dejar constancia de múltiples atropellos por parte de quienes siguen buscando nuestra destrucción.

Este año 2021 comienza con el asesinato de un campesino humilde, residente en la vereda La Pedroza. Las autoridades, como lo han hecho siempre, anuncian “investigaciones exhaustivas” y operativos militares, pero, como siempre, son acciones de fachada que no llegan a ningún resultado. Nunca han llegado a nada. Todo el mundo percibe que los victimarios nunca son tocados y que los muertos siguen cayendo y las amenazas siguen su curso, mientras las extorsiones son cada vez más asfixiantes. En esta región el poder de las armas es el único en pie. Nada se hace para controlar el paramilitarismo, pues los paramilitares se mueven armados en medio de ejército y policía y todo sigue igual. Es tanta la libertad que tiene el paramilitarismo que está reclutando a mucha gente, incluyendo a muchos menores de edad. En las últimas semanas se nos ha informado que los reclutados están siendo enviados a otras zonas a entrenamiento militar. Muchas personas han manifestado en las redes sociales que se está privando de la libertad a muchos jóvenes en esta región, pero ninguna autoridad está tomando en serio e investigando esa práctica.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de los hechos ocurridos recientemente:

  • ·El jueves 24 de diciembre de 2020, en horas del día, se recibió información según la cual el paramilitar Wilfer Higuita, actualmente residente en el asentamiento de La Unión, la noche anterior habría embriagado a una joven en esa vereda y abusado sexualmente de ella.
  • ·En la semana del 24 de diciembre de 2020el mismo paramilitar Wilfer Higuita, quien lleva muchos años vinculado a las estructuras paramilitares, incluso sirviendo desde allí a altos oficiales de la Brigada XVII, ahora radicado en el casco urbano de la vereda La Unión, lanzó amenazas contra varias mujeres de esa vereda, acusándolas de estar informando a nuestra Comunidad de Paz sobre las acciones de los paramilitares. Como Comunidad de Paz aclaramos que todas las informaciones que nos llegan a ese respecto y que   incluimos en nuestras constancias, se originan en el actuar público de los paramilitares, sin que tengamos necesidad de buscar informaciones, pues los paramilitares actúan a la luz pública.
  • ·En la última semana de diciembre 2020, los paramilitares reunieron a población civil en la vereda Naín del municipio de Tierralta, Córdoba, y amenazaron a los líderes de las juntas de acción comunal por supuestamente estar robando los dineros de las comunidades.
  • ·El viernes 01 de enero de 2021, mientras varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz reparaban una malla que protege el monumento a la memoria de nuestros líderes masacrados por el ejército y los paramilitares en la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, el poblador Adolfo Guzmán, quien afirmó tener mando en la junta comunal de dicha vereda, se acercó en deplorables condiciones de embriaguez a insultar a quienes estaban reparando el monumento. Según sus palabras, ellos van a derribar ese monumento, pues está estorbando para el juego de fútbol de los jóvenes, ya que ellos declararon ese espacio como “parque de recreo”. Despreció la memoria de los mártires afirmando: “los muertos, muertos están”, es decir, es estúpido recordarlos.
    Se entiende: su memoria será una condena perpetua a sus bestialidades. Afirmó además que habían conversado con el Alcalde de Apartadó quien les había autorizado derribar el monumento y hacer respetar el espacio público de recreo.

Así se acata en los territorios paramilitarizados la Ley 1408 de 2010, en sus artículos 12 y 13 que declara “Santuarios de la Memoria” los sitios donde incluso se sospeche que puede haber restos de personas desaparecidas, mucho más cuando se sabe a ciencia cierta que allí fueron masacradas. Con la misma grosería se pisotea la Resolución 3 de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció los Principios sobre Políticas de Memoria en Las Américas. Allí definió que: “Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.  Por eso, dicha Resolución le ordena a los Estados: “asegurar un abordaje integral de la memoria, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas”.  Y añade la misma Resolución que dicho abordaje integral de la memoria “incluye la obligación de los Estados de asegurar la representación y participación de las víctimas”.

Es una vergüenza que un Alcalde, un Ejército, un Gobierno, una Junta de Acción Comunal, toleren estas afrentas a las víctimas sin recato alguno ante la comunidad internacional, como gritándole al mundo con todo el descaro posible que quieren tapar a toda costa y validos de la fuerza bruta, el recuerdo de las barbaridades que allí han perpetrado.

  • ·El jueves 7 de enero 2021, en horas del día, se escucharon disparos cerca del centro urbano de la vereda la Unión. Según los comentarios, se trataba de entrenamientos que estarían realizando los paramilitares con personas recién reclutadas.
  • ·El domingo 10 de enero de 2021, se recibieron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, reclutaron a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a la vereda Playa Larga y al corregimiento Nuevo Antioquia del municipio de Turbo, para entrenamientos.
  • ·El miércoles 20 de enero de 2021, el paramilitar conocido como “RAMIRO” quien es hermano de alias “SAMUEL”, reconocido comandante de paramilitares en la vereda la Unión, amenazó con arma de fuego a una mujer en dicha vereda, acusándola de ser informante de nuestra Comunidad de Paz y conminándola a renunciar a ello o de lo contrario no respondía por su vida. En los últimos días nos hemos enterado que el mismo “RAMIRO” y WILFER HIGUITA continúan amenazando a esta mujer y a su compañero y a la vez están amenazando de muerte a miembros de nuestra comunidad que viven cerca de allí, supuestamente por informar lo que hacen los paramilitares en la vereda, cuando son hechos perpetrados a plena luz del día, pudiéndolos conocer todos los habitantes de la zona.
  • ·El viernes 22 de enero de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares habrían reclutado a 5 jóvenes, entre ellos una mujer, todos del casco urbano de San José de Apartadó. Según se comenta, la misma fuerza pública y la policía son conocedores de todo lo que se está viviendo, pues los paramilitares son los dueños de San José y de sus veredas y no hay ni una sola medida para evitar que los paramilitares tengan tanto control. La misma Brigada XVII del ejército, por medio del Coronel José Luis Bastidas Moreno, anuncia que están realizando operaciones para neutralizar cualquier plan criminal, pero nada pasa, pues los paramilitares son cada vez más libres en la zona para moverse y controlar. Nos preguntamos ¿cuáles son la operaciones militares que están realizando?­­­ Si a la fecha no se ha dado ninguna neutralización de los paramilitares que recorren armados el casco urbano de San José, nadie se explica para qué sirven una base militar y un búnker de la policía con muchos efectivos militares y policiales y sin embargo sean los paramilitares quienes tengan el control total. Varios asesinatos han ocurrido en esta zona y ¿de qué han servido los operativos? ¿Cuáles han sido los resultados? Como Comunidad de Paz seguimos convencidos de que en esta zona el poder de las armas tiene suficientes alianzas para ejercer control total sobre la población civil.
  • ·En la misma semana del 22 de enero de 2021, los paramilitares habrían realizado una reunión en la vereda Mulatos-Cabecera, de San José de Apartadó, en la cual informaron sobre prohibiciones que afirman imponer con su   usurpada autoridad a los pobladores del lugar, entre ellas: tumba de rastrojos para siembra de pan coger y uso de celulares. Durante la reunión obligaron a apagar todos los celulares táctiles, alegando que tienen muchos enemigos en la zona, los cuales denuncian la presencia de ellos allí. El paramilitar que dirigió la reunión, quien afirma ser “el político” de esa estructura, manifestó que todas las informaciones que está recogiendo serán llevadas a sus jefes, quienes luego impartirán órdenes.
  • ·El domingo 24 de enero de 2021,en las horas de la tarde, fue asesinado en la carretera que conduce desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, el joven campesino BLAS HUMBERTO DAVID TORRES. El hecho ocurrió a la altura de la vereda La Balsa. Blas Humberto se movilizaba en moto hacia Apartadó cuando fue atacado por paramilitares que le propinaron varios impactos de arma de fuego acabando con su vida. Blas Humberto era agricultor independiente y actualmente vivía en la vereda La Pedroza.

Ya el año pasado, el 29 de febrero de 2020, estos mismos paramilitares habían asesinado al señor Amado Torres, residente en la vereda La Miranda, a pocos minutos de la vereda La Pedroza, por el hecho de no aceptar someterse a esa estrategia de muerte. Ahora, según las versiones recibidas, Blas Humberto fue asesinado precisamente por no aceptar someterse a la estrategia paramilitar, pues le estaban cobrando impuestos o vacunas que él se negó a pagar. Y lo más doloroso es que no ha avanzado ninguna investigación real en ninguno de los casos similares, por parte del poder judicial. Todo nos confirma que la “Justicia” sigue corrompida, y seguirá corrompida mientras las mismas altas Cortes se nieguen a investigar al poder judicial de Urabá; mientras se nieguen a reabrir los millares de expedientes que encierran podredumbres morales, donde campean el soborno, la amenaza y el montaje  como determinantes del sistema probatorio. La misma Corte Constitucional claudicó de las medidas tomadas en el Auto 164 de 2012, de crear una Comisión de Evaluación de la Justicia o de decretar un Estado de Cosas Inconstitucional en la falsa “justicia” de Urabá. Este gobierno se ha caracterizado por continuar con ojos cerrados y manos cruzadas frente a los horrores de la criminalidad estatal y para-estatal que sigue imperando.

 La persecución a quienes no aceptan el paramilitarismo no se detiene, pues todo aquel que se resista es sometido a desplazamiento o de lo contrario termina asesinado con el mismo libreto con que asesinaron a Amado y a Blas Humberto y a muchísimos otros. Responsable será el gobierno por lo que le suceda en adelante a otros y otros pobladores.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 03 de 2021

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Más de 25 mil colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020, según la ONU

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre.

Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos ilegales en sus territorios, con 94 eventos registrados.

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre, hechos que se concentraron en Bahía Solano, Chocó, donde 900 indígenas abandonaron su comunidad; Roberto Payán, en Nariño con 333 damnificados; Argelia, Cauca con 118 afectados; Alto Baudó, Chocó con 94 víctimas; y Caucasia, Antioquia donde 91 habitantes dejaron sus casas.

Asimismo, el documento indicó que los mayores afectados fueron los indígenas, con un 75% de los eventos presentados en diciembre, seguidos por los afrodescendientes con el restante 25%.

Respecto a los confinamientos, 74.312 personas sufrieron en 2020 ese flagelo derivado de la presencia de grupos armados en su territorio, mientras que solo en diciembre, 4.661 colombianos restringieron su movilidad para evitar ser blanco de ataques armados o morir en medio de combates entre grupos ilegales en Iscuandé, Chocó con 4.149 confinados y Bojayá con 512 afectados.

El reporte además señala que, los desastres naturales produjeron 366.241 víctimas, de ellos 6.050 damnificados se produjeron en diciembre, la gran mayoría en Barbacoas, Nariño por cuenta de inundaciones relacionadas con lluvias.

La ONU alerta que, del total de emergencias presentadas en diciembre, solo el 73% de las personas afectadas en las tres categorías (desplazamiento, confinamiento y desastres naturales) recibieron atención de las autoridades por lo cual hizo un llamado a mejorar esos indicadores.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que la causa principal de los desplazamientos forzados en el país fueron las confrontaciones por los territorios entre grupos armados ilegales que, de igual forma, comenten otros delitos contra las comunidades de la zona.

Homicidios, violencia sexual, estigmatización, amenazas, hostigamientos, riesgo y materialización de reclutamientos, secuestro, desapariciones forzadas y territorios contaminados con minas personales, son los más recurrentes.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, haya una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En relación a los confinamientos, la entidad indicó que respecto a 2019 se incrementaron en al menos un 252% en el país, siendo la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, donde se presentaron la mayoría de los casos con 33.627 habitantes de casi 10 mil familias confinados.

Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del covid-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, concluyó Carlos Camargo.

3 de Febrero de 2021

 

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Lunes, 01 Febrero 2021 06:20

El ejemplo

El ejemplo

Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines. Serví en rangos comisionados desde segundo teniente a mayor general. Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, para Wall Street y para los banqueros.

“En suma, fui un estafador, un gánster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente en donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street… Ayudé a purificar a Nicaragua para la casa banquera internacional de Brown Brothers en 1909-1912. Traje la luz a República Dominicana para los intereses azucareros estadunidenses, en 1916. En China, ayudé a asegurar que la Standard Oil pudiera avanzar sin ser molestada.

"Durante esos años tenía, como decían los cuates, en el cuarto de atrás, un negocio turbio padre. Viendo hacia atrás, creo que le podría haber ofrecido algunas pistas a Al Capone. Lo más que él logró fue operar su negocio en tres distritos. Yo operé en tres continentes."

El mayor general Smedley Butler, autor de estas palabras en 1935, fue en su tiempo el militar más condecorado de Estados Unidos, incluida la Medalla de Honor por su papel en la batalla de ocupación de Veracruz el 22 de abril de 1914. Muchos conocen estas citas (parte de un libro y discurso), pero siempre vale recordarlas como parte de la larga historia de disidencia en Estados Unidos contra sus aventuras bélicas.

Hoy día, el gasto en "defensa" –aprobado de manera bipartidista (en ciertos rubros como este existe un consenso a pesar de la supuesta polarización política en el país)– asciende aproximadamente a 740 mil millones de dólares, más que el presupuesto militar combinado de los próximos 10 países con los mayores presupuestos militares. Eso es, según cálculos del Friends Comittee on National Legislation, más de 2 mil millones de dólares cada día, más de un millón de dólares cada minuto.

Según cifras recientes del proyecto Costos de Guerra de la Universidad Brown, Estados Unidos ha gastado más de 6.4 billones en guerras y operaciones militares en Afganistán, Pakistán e Irak desde 2001, donde se han registrado por lo menos 800 mil muertes, la mayoría civiles (https://watson.brown.edu/costsofwar/).

Algunas de las operaciones bélicas son llevadas a cabo ahora de manera más "discreta", por ejemplo, el gobierno de Barack Obama realizó por lo menos 500 ataques con dron, asesinando a más de cuatro personas.

El culto al poder militar de este país es algo practicado por presidentes y líderes políticos de ambos partidos. El nuevo gobierno de Biden ha declarado que entre sus objetivos está el de restaurar el liderazgo estadunidense en el mundo (ver Tinker Salas y Silverman: https://www.jornada.com.mx/2021/ 01/31/opinion/014a1pol). Biden ha formulado una consigna de que Estados Unidos será líder no sólo a través del "ejemplo de nuestro poderío, sino por el poder de nuestro ejemplo".

Esto, mientras la violencia política armada además de la criminal dentro del "país ejemplar" ha llegado a tales niveles de que hasta se efectuó una intentona de golpe de Estado y el centro de su capital está bajo protección de miles de tropas armadas de la Guardia Nacional, no para enfrentar a algún enemigo externo, sino el "terrorismo doméstico" de sus propios ciudadanos (muchos de ellos, veteranos militares).

La violencia dentro del país no se puede desvincular de su historia de violencia a nivel internacional. Vale recordar las palabras del reverendo Martin Luther King, quien en 1967 declaró que no podía hablar más sobre la violencia que se sufría en las ciudades estadunidenses sin abordar "el mayor proveedor de violencia en el mundo hoy día: mi propio gobierno".

Bruce Springsteen: War. https://youtu.be/mn91L9goKfQ

George Carlin: Nos gusta la guerra: https://www.youtube.com/watch?v=SoqcDPiVxJ8

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