Crónica desde Rojava: “No existen Derechos Humanos, todos mienten”

Varios colegios han sido adecuados para recibir a los desplazados en la ciudad de Haseke. Entre los 35 muertos reportados se encuentra una dirigente del Partido por el Futuro, recientemente creado con el propósito de buscar una solución pacífica e incluyente para todos los pueblos de Siria.

Los ataques perpetrados por el ejército turco y sus aliados yihadistas en el norte de Siria, en la llamada Autoadministración Democrática del Norte y Este de Siria, están provocando desplazamientos masivos hacia el interior del país desde que empezaron el pasado miércoles. En la región viven alrededor de cinco millones de personas de diferentes etnias: kurdos, árabes, siriacos, caldeos, asirios, circasianos, armenios, chechenos y yazidis.

Según la Media Luna Roja (Heyva Sor), 14 civiles habrían sido asesinados en los ataques, entre ellos un niño de 11 años, y 33 personas han sido heridas gravemente. La última actualización compartida por el Centro de Información de Rojava eleva esta cifra a 35 muertes y un centenar de heridos.

Entre las personas fallecidas se encuentra Hevrin Khalaf, copresidenta del Partido por el Futuro (Partiya Pêşroj), que ha sido asesinada en la mañana del sábado en la carretera de Til Temir por proxis yihadistas afiliados a Turquía. El Partido por el Futuro ha sido recientemente creado con el propósito de buscar una solución pacífica e incluyente para todos los pueblos de Siria.

Los ataques comenzaron en los alrededores de la ciudad de Sere Kaniye (Ras al-Ain) y la ciudad de Dirbesiye en el Cantón de Cizire el pasado 9 de octubre hacía las 16h. Ambas ciudades colindan con la frontera de Turquía. Pero pronto hubo ataques simultáneos a otras ciudades, Derik, Kobane, Ain Isa, Girê Spî (Tel Abyad). Esta periodista fue testigo de los ataques contra la ciudad de Serê Kaniye con artillería pesada y de cómo los aviones de combate surcaban los cielos dirigiéndose al interior del país. Los habitantes de la ciudad de Serê Kaniye comenzaron a huir en dirección sur, hacía las ciudades de Til Temir y Haseke. Grandes atascos de coches, camiones y autobuses, completamente llenos, se formaron en la carretera de salida. Había también muchos civiles que huían a pie, personas ancianas, niños y discapacitados.

Las cifras de desplazados aumentan cada día. Según el Centro de Información de Rojava, al menos 190.000 personas han huido de las ciudades y pueblos colindantes con la frontera turca, y se han dirigido principalmente a las ciudades de Haseke y Raqqa, al sur de la región.

Varios colegios han sido adecuados para recibir a los desplazados en la ciudad de Haseke. El colegio Lebidbin Rebia acogía hasta ayer a 40 familias, entre 250 y 300 personas. Los desplazados vienen de las ciudades de Serê Kaniye, Kobane y Girê Spî. Los suplementos médicos son organizados por ONG’s locales y la Media Luna Roja Kurda (Heyva Sor). Según el responsable del colegio, hay falta de agua potable y comida. Heyva Sor avisa de la escasez de agua en la ciudad de Haseke, donde se encuentra uno de los principales hospitales de toda la región. La carencia se debe al ataque contra la estación de agua de Alok, que suministraba agua a medio millón de personas. La falla en la estación de agua afecta también al resto de hospitales de la región

Zehra Qewesa, desplazada desde un pueblo de la región de Kobane, se encuentra actualmente en el colegio Lebidin Rebia. Zehra relata cómo tuvieron que huir de su pueblo a pie con los niños en brazos. Protesta por la traición del gobierno de EE UU y la falta de iniciativa real de la comunidad internacional para parar la invasión de Turquía. “No existen los derechos humanos. Ni América, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Alemania, ninguno de ellos sabe qué son los derechos humanos. ¡Todos mienten!”.

Otra mujer de la región de Kobane, que prefiere no dar su nombre, relata su huida: “Salimos corriendo de nuestras casas, estaban bombardeándonos. Llegamos a la ciudad de Ayn Isa, allí los bombardeos continuaban desde los aviones. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿A dónde vamos a ir?”.

Aparte de los ataques del ejército turco y sus proxis yihadistas, las células durmientes del Estado Islámico (ISIS) se han activado y están perpetrando diversos atentados en diferentes puntos de la región. El sábado 12 de octubre un coche bomba explotó frente a un local de kebab en la concurrida ciudad de Qamishlo. Hasta el momento, son cuatro las víctimas mortales, pero también hay varios heridos graves. Asimismo, la pasada madrugada, un coche bomba explotó cerca de la cárcel de la ciudad de Haseke donde se encuentran varios prisioneros de ISIS.

El mismo sábado, las familias de ISIS que se encuentran en el campo de refugiados de al-Hol, han llevado a cabo varios ataques con piedras y una revuelta contra las fuerzas de seguridad del campo; cinco mujeres han sido detenidas. El campo de al-Hol acoge a más de 70 mil personas, la mayoría de ellas mujeres y niños de ISIS que huyeron tras la victoria de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la región de Deir Ez Zor, al este de Siria. El portavoz de las FDS, Kino Gabriel, ha declarado que las FDS “no pueden garantizar la seguridad del campo de al-Hol ni de las prisiones donde están encarcelados los prisioneros de ISIS” si tienen que concentrarse en protegerse de la invasión.

 

Sara Ainhoa de Ceano-Vivas Núñez

SIRIA


publicado

2019-10-13 09:00

Publicado enInternacional
Micohaumado es uno de los focos de un conflicto que dura ya décadas. David F. Sabadell

Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

La bebida nacional de Colombia es el tinto, llamado coloquialmente tintico, un café ligeramente aguado que funciona como el primer signo de hospitalidad en cualquier hogar o reunión. El café impulsó la prosperidad colombiana a finales del siglo XIX, hoy es junto al aceite de palma, el principal cultivo legal del país. El concepto cultivo ilícito se utiliza en exclusiva para las matas de hoja de coca, la base de la cocaína, el estigma del campesinado de determinados departamentos del país, el ingrediente secreto de la economía colombiana, y uno de los símbolos de una guerra por el territorio que la colombiana institucional libra a través de su ejército en hasta cinco territorios: el Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Catatumbo. Una misión internacionalista de verificación de derechos humanos impulsada por la ONG Paz con Dignidad con el apoyo de dos organizaciones del terreno, Sembrar y Cisca, recorrió entre el 15 y el 24 de septiembre dos de los focos de ese conflicto en curso. Los sonidos de la guerra se recrudecen en un país con seis décadas de guerra a sus espaldas.

El brigadier comandante Jairo Leguizamón y sus subordinados ofrecen un tintico a los integrantes de la misión internacionalista. Leguizamón, que dice a los visitantes que anhela la paz tras varias décadas en el servicio, dirige desde febrero de 2019 la operación Fuerza de Tarea Marte (el dios romano de la guerra) sobre el territorio del sur de del departamento de Bolívar, un alargado departamento que se extiende desde el mar Caribe hasta el interior del país.

Después de advertir que no se puede grabar la conversación ni tomar fotografías, el comandante despliega ante la misión sus dotes para la comunicación. Cuida la imagen que el ejército quiere mostrar a la opinión pública colombiana: un ejército con la mente abierta —“open minded”— para pacificar el país mediante la erradicación de las guerrillas que operan en el Sur de Bolívar, la persecución de la minería y “combatir el narcotráfico”.

La fuerza Marte es la evidencia del último fracaso de Colombia en su esfuerzo por construir la paz, un fracaso programado por el poder económico y político aglutinando en torno al expresidente Álvaro Uribe, figura fundamental en la campaña por el no a los acuerdos en el plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016. La salida del presidente que impulsó la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, y la llegada a la presidencia de Iván Duque, delfín de Uribe, ha dejado en vía muerta unos acuerdos que no modificaban la estructura económica, política y social del país y no se extendían a otros grupos, especialmente el ELN, que iniciaron conversaciones para su propio proceso, suponían la esperanza de poner fin a una concatenación de conflictos que arrancó en el año 58. Mil días después de aquel referéndum que se perdió para la paz, y a pesar de la propaganda del Ejército y el Gobierno, el conflicto sigue vivo y el futuro inmediato está teñido por la misma sangre de más de 60 años de guerra.

 

Micoahumado, sur de Bolívar

 

Es de noche en Micoahumado y el pueblo se prepara para una fiesta de recepción a la veintena de personas que desde los ámbitos del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las redes de solidaridad internacionalista y el periodismo conforman la misión. Poco después de las seis de la tarde, la luz se apaga. No volverá en toda la noche. Con la ayuda de tres focos, la celebración sigue. El público lo componen mayoritariamente niños y niñas. Los adultos saben que los próximos años serán cruciales para mantener la comunidad. El futuro es de esos chicos y chicas que se asientan en un territorio extraordinariamente rico y excepcionalmente violentado.

 

Víctimas

 

Acnur estima que más de siete millones de personas se encuentran ahora mismo desplazadas por la guerra, lo que lo convierte en el primer país del mundo con más desplazamientos internos por delante de México. Hasta julio de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizaba 262.197 muertos en el periodo transcurrido desde 1958. Pese a que los medios de comunicación resaltan la responsabilidad de los grupos armados —FARC y ELN principalmente— en la lógica de la guerra, las cifras oficiales explican que el mayor número de víctimas procede de la actividad de los grupos paramilitares, que eliminaron a más de cien mil personas en 60 años de conflicto.

Hoy, para las instituciones del Estado, el paramilitarismo sigue siendo un secreto a voces. No se refieren a esas estructuras fascistas el ejército y apenas constatan su presencia otros organismos como la procuraduría o la defensoría del pueblo. Han cambiado sus nombres, pero no han dejado de existir: hoy son los rastrojos, las águilas negras, el clan del golfo o los gaitanistas. Controlan distintos territorios y, como las guerrillas, funcionan como para-Estado para cubrir necesidades y ejercer su concepto de justicia.

En la ciudad de Aguachica es posible apreciar la presencia de dos Colombias: el país “despejado” por los “paracos” y la otra Colombia de las víctimas. En plena campaña electoral para el Gobierno de departamentos y municipios —unos comicios que tendrán lugar el 27 de octubre—, la corporación Sembrar y el colectivo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur del Cesar, Sur de Bolívar y el Catatumbo rinden homenaje a sus muertos y desaparecidos en una reunión con la comisión internacionalista. Una vela y un puñadito de piedras recuerdan a los fallecidos. Muy especialmente a Alejandro Uribe, líder comunal de la Federación Agrominera Del Sur De Bolívar, asesinado hace 13 años y disfrazado de falso positivo por el ejército.

En una historia de violencia como la que vive Colombia, el caso de los Falsos Positivos destaca con un resplandor siniestro. Una historia de la infamia que se destapó en 2008 y que involucra al Estado y altos mandos del Ejército en la desaparición y asesinato de al menos 2.248 personas —varones jóvenes en su mayoría— que fueron hechas pasar por guerrilleros. El Gobierno de Álvaro Uribe, a través de la a Directiva Ministerial 029, estableció unos incentivos para el abatimiento de insurrectos que llevaron a soldados y militares de graduación y sectores del paramilitarismo al asesinato de civiles.

Uno de esos jóvenes secuestrado y asesinado fue Ismael Quintero, hijo de Marlene Quintero Díaz. Su madre cuenta cómo Ismael, que tenía problemas de aprendizaje y para las relaciones sociales, fue engañado con la promesa de un trabajo, asesinado y hecho pasar por un guerrillero de las FARC. “Se aprovechan de la inocencia de las personas, de la necesidad” rompe a llorar Leslie, tía de Ismael, quien se despidió de ella con la ilusión de “por fin” haber encontrado un trabajo. Sólo en Aguachica, 809 personas fueron desaparecidas en la fase anterior del conflicto. Las víctimas tienen que ver cómo el líder paramilitar conocido por el seudónimo de Juancho Prada vive libre e impune en una población a unos pocos kilómetros de la escena de sus crímenes.

El colectivo de víctimas discute sobre los acontecimientos del día siguiente, 19 de septiembre. La campaña electoral va a llevar a Álvaro Uribe a Aguachica. El expresidente, que en estos momentos está siendo juzgado por los vínculos de su familia con el paramilitarismo en el conocido como caso de los 12 Apóstoles, tiene millones de partidarios en el país. Su mandato es el de los falsos positivos y el de la expansión de los paracos, el de la expansión de los monocultivos de palma y también el de las fumigaciones de coca de los años 2002 hasta 2005. Hoy Uribe es la voz de la Colombia que rechazó los acuerdos de paz bajo consignas como que iban a suponer la implantación de “la ideología de género” en el país. Las víctimas de su mandato saben que se arriesgan a nuevas amenazas si acuden a expresar su desprecio a Uribe. Pero se insuflan unas a otras el arrojo para hacerlo. En medio del conflicto, reclaman su derecho a no ser despojadas de la memoria, reclaman el fin de la impunidad.

El Sur de Bolívar es rico en aceite de palma, también tiene las reservas más importantes de petróleo de Colombia, es además territorio en disputa por la presencia de oro y plata en sus minas. A la presencia de la petrolera estatal Ecopetrol y la conflictividad obrera ligada a los derechos laborales que ha marcado una historia no concluida de asesinato de líderes, lideresas y sindicalistas, se sumó hace más de una década la ofensiva de la multinacional minera AngloGold Ashanti por acaparar y expulsar de sus explotaciones a las pequeñas comunidades mineras que se despliegan en esa zona con el beneplácito de la institucionalidad. La disputa sobre la propiedad de la tierra supone el no reconocimiento de títulos a sus pobladores, tiene su correlato en la expedición de licencias mineras para AngloGold.  

La región del Magdalena Medio, y su capital oficiosa Barrancabermeja, en el departamento de Santander, han sido históricamente escenario de masacres, de la presencia paramilitar y asesinatos extrajudiciales. Desde la casa de la memoria y los derechos humanos de las mujeres de Barrancabermeja, Kelly Campos, de la Organización Feminista Popular, define el momento actual como una “reocupación del territorio y una reconfiguración de la guerra” en un contexto de aumento de la pobreza en la zona, de aumento del desempleo femenino y con nuevos elementos de riesgo para las mujeres. Al aumento de los feminicidios se le suma la extensión de microcréditos —llamados “gotagotas”— con créditos usurarios, un sistema controlado por clanes mafiosos vinculados con el paramilitarismo, una realidad que afecta a las mujeres como principales organizadoras de los tejidos familiares. Campos destaca también un tipo de violencia diferenciada contra las lideresas sociales, violencia aplicada contra sus cuerpos en forma de violaciones, torturas y abusos sexuales y contra sus familias.

Siguiendo el río Magdalena desde Barrancabermeja por el norte, y después de un viaje en autobús, ferry, chalupa y cuatro por cuatro se llega al corregimiento de Micohaumado, dentro del municipio de Morales. Una zona de hombres y mujeres de “la otra Colombia, la Colombia de hacha y machete”, como lo define Juan B. el veterano líder social que da la bienvenida a la comisión internacionalista de derechos humanos en una reunión con presidentes de las juntas de acción comunal y delegados de toda la zona.

Micoahumado es una comunidad humilde, de trabajadores del campo, que se estableció en el año 58 en el territorio y que sufren la condena de asentarse sobre una zona rica y fértil, terreno para “el asedio sobre las riquezas renovables y no renovables”, explica Narciso Beleño, otro de los líderes presentes en el encuentro. “Siempre estamos en un punto crítico”, define Beleño, “siguen evidentes los riesgos de muertes y desapariciones”.

A la falta de una carretera desde la que sacar los alimentos producidos en el corregimiento se une la falta de comunicaciones a través de internet. El agua contaminada genera problemas de salud para tres cuartas partes de una población estimada de 2.000 personas que no tienen un doctor ni un dentista en el pueblo. El evidente abandono estatal es reconocido por la procuraduría de la nación y es la principal demanda de la comunidad que ven cómo la única respuesta es la presencia del ejército.

Eran las cinco de la tarde del 7 de marzo cuando la fuerza de tarea Marte en una ofensiva sobre el pueblo disparó y mató al joven de 18 años José Dolores Sánchez. La muerte en la cancha de fútbol de un chico que nunca hizo mal a nadie, como resalta la comunidad, ha dejado una nueva cicatriz en un pueblo en el que los jóvenes tienen escasas oportunidades de llegar a la universidad y son vistos como carne de cañón para los grupos armados legales e ilegales. En julio, la policía judicial y el ejército llevaron a cabo otra operación con resultado de nueve detenidos, también varones en el borde de la mayoría de edad. Hoy se encuentran en una prisión a varias horas de viaje, en Cartagena, la capital de Bolívar. La fuerza pública los vincula con el ELN; el pueblo de Micoahumado denuncia que las detenciones se produjeron con pruebas falsas y manipuladas y acusan al Gobierno de un proceso de judicialización contra los líderes y jóvenes del pueblo.

Pablo, de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, denuncia que la guerra “de Uribe e Iván Duque” que se está produciendo contra los campesinos: “Generan guerra para que nos dé miedo, y que eso nos desplace”. Pablo, uno de los líderes de Micoahumado fue testigo de una muerte a menos del ELN, y vive en sus carnes la conflictiva relación con la guerrilla. Durante años, los “elenos” cooperaron con las comunidades supliendo algunos de los abandonos del Estado pese a que, como dice Pablo, Micoahumado fue capaz de “decir al ELN que respetara su territorio”. En 2019, con el despliegue de la fuerza de tarea Marte contra el ELN “y la minería ilegal”, la comunidad se siente hostigada, “vuelta mierda”, define otro de los líderes presentes en la reunión con la comisión internacionalista.

Aunque el plebiscito por la paz se perdió, el Estado colombiano asegura estar comprometido —y recibe ayudas internacionales para ello— en poner fondos para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas o a una Comisión de la Verdad, pero el dinero para la memoria no llega a su destino. Los colectivos denuncian que engrasan los circuitos de corrupción institucional y que no se ejercen sanciones contra quienes no cumplen con la reparación de las víctimas. Otras organizaciones denuncian que los cuestionarios de la Comisión de la Verdad tienden a la exclusión de la fuerza pública como actor en el conflicto y están contribuyendo a la estigmatización de las comunidades. Está en juego, indica Gladys Rojas, de la corporación Sembrar, que el relato de la paz y la memoria dé prioridad “a la verdad de los víctimas o a la verdad de los militares”.

El año que comenzó con el primer atentado suicida de la historia de Latinoamérica en la escuela de policía General Santander en Bogotá, que se cobró 23 víctimas, concluye con un incremento de la violencia. El anuncio, este verano, de que una parte de las FARC firmantes del acuerdo de La Habana, encabezados por Iván Márquez, ha dado al Estado y el Ejército el pie para el incremento de la presión sobre los territorios en disputa. Zonas con activos estratégicos para el capital colombiano, que aspira a la integración del país en la OCDE, y poblaciones acostumbradas a la guerra.

 

Catatumbo

 

En medio de la carretera, alguien pide una sábana o un trapo para tapar el cadáver que se encuentra en medio de la vía. En la buseta en la que viaja la misión hacia el territorio del Catatumbo suena el vallenato “Los caminos de la vida” del grupo los Diablitos, del departamento del Cesar. Es la entrada al Catatumbo desde la histórica ciudad de Ocaña, en la que Simón Bolívar encontró la financiación para su campaña contra la corona española. Catatumbo significa “la casa del trueno” en la lengua de los barí, una comunidad indígena atropellada por el progreso que aún se asientan sobre dos zonas de reserva en el parque nacional que se estableció sobre sus tierras. Hoy es uno de los cinco focos que la ONU y el ejército reconocen como vivos en la Colombia “de la pacificación” de Duque y Uribe. Sobre el Catatumbo operan el ELN, el frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no participó en los acuerdos de La Habana, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) un grupo armado a medio camino entre la lucha política y la organización criminal enfrentado en los últimos años con el ELN.

María Lázaro es, por su edad, una de la pocas mujeres que ha conocido la paz en el Catatumbo. Recuerda que las mayores amenazas eran los truenos, cómo cambiaba pescado por grano, el reparto no escrito por el que los pioneros y los barí se desplegaban en el territorio a ambos lados del río Catatumbo. Hasta finales de la década de los 50, María no supo qué eran la guerra ni el ejército. Hoy la fuerza pública ocupa la finca de su hija, Luisa María Prieto, de 50 años. El incremento de los combates en el último año ha alterado aún más su vida: los cilindros —balas— vuelan alrededor de su casa a cualquier hora del día. Los helicópteros han acabado con cincuenta de las cien gallinas que le proporcionó el Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), y la ocupación dejado inutilizada media hectárea de cacao y una de leña.

A los diez años, Luisa María Prieto perdió a su padre a manos de un grupo armado. Hace trece, a su hermano. Hace tres años “un cilindro afeitó mi cabeza”. Recibió tres disparos de bala y ninguna indemnización por parte del Estado. Desde entonces tiene dolores de oído, de cabeza y pérdidas de memoria. Cuando el ejército ocupó su predio, Prieto se desplazó, pero tampoco entonces recibió ayuda más allá de arroz y lentejas. A los diez días, decidió regresar. “Usted en mi finca encuentra de todo, encuentra conejitos, cerditos, pollitos, plantitas, aguacates, café, cacao, de todo”, explica. El trabajo se interrumpe cuando comienzan los combates, pera veces se traslada a una pequeña habitación en la que puede seguir elaborando jabones y cremas que vende con la ayuda del Cisca, que promueve un movimiento social autónomo en varios frentes que van desde el empoderamiento de las comunidades hasta la participación electoral desde una premisa que es no pelear por la legalización sino mantener un pulso por la construcción de tejidos ajenos a la lógica estatal.

Por encima del carbón, y por encima del contrabando de gasolina en la porosa frontera con Venezuela, la planta de coca es el principal insumo de la economía de Catatumbo. Los cultivos ilícitos son un reflejo de la paradoja que vive Colombia: un formidable activo y una formidable lacra. En el marco de los acuerdos de paz y en el contexto del Plan Colombia que, desde el año 2000 estableció una relación fluida entre el Gobierno de Estados Unidos y el ejecutivo colombiano, se ha fijado el año 2020 para el comienzo de una nueva campaña para la fumigación y la erradicación de plantas de coca. Algo que amenaza la vida del campesinado, como explica otra agricultora: “Al fumigarnos la coca nos veremos desplazados de nuevo, porque se acabarían los cultivos del plátano, del café, del cacao, todo lo que tenemos sembrado muere porque muere si nos echan veneno”.

José De Dios Toro, alcalde de El Tarra, en Catatumbo, está convencido de que hay que buscar una alternativa viable a la fumigación que, si se produce va a venir de la mano de un estallido mayor de “confrontación armada, desaparecidos, desplazamientos y falsos positivos”. Como en Sur de Bolívar, ante la falta de alternativas, los jóvenes son candidatos al reclutamiento en los grupos armados. En Catatumbo hay un médico por cada cinco mil habitantes y solo uno de cada mil estudiantes puede llegar a la universidad.

Entre las mujeres, especialmente entre las migrantes venezolanas, la amenaza es el reclutamiento para trabajo esclavo y la explotación sexual por parte de los grupos armados. En primavera de este año, una joven que había sido raptada por uno de estos grupos y que, tras huir se encontraba bajo custodia estatal, fue asesinada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo habla del “tabú” de esas prácticas que son el motivo de desplazamiento de muchas familias, que no pueden denunciar las prácticas de violación y abuso por parte de esos actores armados.

En la Casa de la Cultura, algunos niños y jóvenes del municipio de El Tarra presentan un conjunto de canciones y bailes tradicionales. Al requinto y a guacharaca, al bajo y el acordeón, chicos y chicas con menos de un año de experiencia musical despliegan un talento asombroso ante las personas que integran la comisión internacionalista que recorre la zona del Catatumbo. María Siro, del Cisca, ha contado antes cómo la suya, es una “generación que nació en medio del conflicto y no conoce la paz, por eso nos cuesta imaginar cómo es la paz”. Quizá el sonido del grupo musical Son Folclor sea uno de esos fogonazos de vida digna en medio del conflicto. Lo cierto es que esa misma noche, se produjo un ataque de la escisión Frente 33 de las FARC en torno al municipio de El Tarra, Teorama, Sardinata y Tibú que dejó 17 personas heridas por explosivos.

A la mañana siguiente, a la salida de San Pablo, un retén del Frente 33 detuvo al convoy de la comisión internacionalista —entre otros vehículos— para distribuir un papel con una invitación a todos los exguerrilleros que permanecen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación​ para reincorporarse a la lucha armada. “Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, finaliza la carta “desde las montañas del Catatumbo, Estado mayor del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC-EP”.

Intentando sustraerse de los sonidos de la guerra, la Comisión por la Vida, la Paz y la Reparación del Catatumbo es una de las organizaciones que, como Cisca o Sembrar, disputan el relato de la paz que el Gobierno colombiano exporta fuera de sus fronteras. Tres años después del plebiscito que agrietó la confianza de los distintos actores de los acuerdos de La Habana, el movimiento social y las comunidades de las regiones en disputa, apelan a la unidad y la autoprotección para salvar los próximos meses de zozobra y dolor. Como se explican unos a otros en sus reuniones, el objetivo es morir en las zonas en las que han crecido y vivido, pero morir de viejos.

 

Las recomendaciones de la misión

 

La Asociación Paz con Dignidad, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo planteó la Misión Internacional de verificación de Derechos Humanos con un objetivo de acompañamiento a las comunidades en conflicto, para incidir en políticas locales, departamentales y nacionales y para sensibilizar a la opinión pública internacional, especialmente en Europa para la implementación completa de los Acuerdos de Paz. Tras la misión sobre el terreno, el equipo de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se entrevistó con diputados de la bancada por la paz —formado por varios partidos de la oposición al Gobierno del Centro Democrático de Iván Duque y con la embajada española en Bogotá.

Del informe publicado por la misión destacan las recomendaciones que instan al Gobierno de Duque a “velar por la protección de todas las personas que habitan estos territorios, especialmente las más vulnerables, e impulsar políticas públicas que tengan como objetivo final garantizarles una vida digna y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales”. Facilitar la actividad social y económica de las comunidades —especialmente los tejidos de economía social— y garantizar la protección de líderes y lideresas sociales, son otros de los puntos que destacan las organizaciones que participaron en la misión. “Abordar las causas estructurales de la desigualdad” y cuestionar la militarización como estrategia de pacificación son pasos clave para alcanzar “una paz real y duradera”, según Paz con Dignidad y las organizaciones que participaron en la misión de verificación de derechos humanos.

 

Por Pablo Elorduy

@pelorduy


publicado

2019-10-12 05:59

Publicado enColombia
Sábado, 12 Octubre 2019 05:47

Ataque a un petrolero iraní en el mar Rojo

El ataque al petrolero iraní aumentó la tensión en el Mar Rojo.  Imagen: AFP

Se trata del primer incidente que afecta a un buque con pabellón de Irán tras una serie de ataques en el Golfo Pérsico.

Un petrolero iraní fue alcanzado este viernes por dos supuestos disparos de misiles en el mar Rojo, a un centenar de kilómetros de un puerto saudita, en el primer incidente que afecta a un buque con pabellón de Irán tras una serie de ataques en el Golfo Pérsico. El altercado se produce en medio de vivas tensiones entre Irán, por un lado, y Arabia Saudita y su aliado estadounidense, por otro. Estos dos últimos acusaron recientemente a Teherán de estar detrás de ataques contra instalaciones petroleras del reino, lo que ésta desmiente.

Horas después del ataque al petrolero iraní, el Pentágono anunció que enviará varias decenas de aviones de combate más así como otras aeronaves y un sistema de defensa antiaéreo a Arabia Saudita para proteger a su aliado árabe de potenciales ataques de Irán, su gran adversario regional, como el del mes pasado.

El vocero del Pentágono dijo que Estados Unidos desplegará en Arabia Saudita dos escuadrones más de cazabombarderos, otros aviones, dos baterías de misiles Patriot y un sistema de defensa antimisiles conocido como Thaad, y que este esfuerzo exigirá el envío de 1.800 efectivos adicionales a la petromonarquía.

La National Iranian Tanker Company (NITC), operador que administra la flota de navíos petroleros de Irán, declaró que el casco del "Sabiti" fue impactado por dos 'explosiones' a unos 100 km de las costas sauditas, frente al puerto de Yeda (oeste). Las detonaciones "probablemente estuvieron causadas por impactos de misiles", afirmó la NITC, y precisó que resultaron dañados unos 1,5 m2 del casco. "Todos los miembros de la tripulación están sanos y salvos", añadió NITC, que precisó que las personas a bordo del "Sabiti" están tratando de reparar los daños. "No hay ningún incendio a bordo", afirmó.

El ataque fue lanzado "desde un estrecho cerca del corredor (marítimo por el que transitaba el buque), en el este del mar Rojo", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores iraní. Según la televisión estatal iraní, es posible que el incidente fuese provocado por "un ataque terrorista". En fotografías publicadas por la misma televisión, el puente del barco no parece dañado. Las explosiones causaron una fuga de petróleo en el mar, según la agencia Isna. Una investigación sobre "este acto irresponsable" está en curso, afirmó Abas Musavi, portavoz de la diplomacia iraní. El supuesto ataque ocurre antes de la visita prevista a Irán y Arabia Saudita del primer ministro paquistaní, Imran Khan, que intentará ofrecer una mediación en el conflicto.

 

 

-Alza del precio del petróleo-

 

Según la web TankerTrackers, que sigue los movimientos de los buques-cisterna, el "Sabiti" transporta un millón de barriles de petróleo y su destino es el Golfo. Tras el incidente, el precio del crudo subió más de un dos porciento. "Esto aviva el fuego en Oriente Medio", según Bjarne Scheldrop, analista del banco suizo SEB.

El precio del petróleo sube "debido al riesgo de que un incidente similar se produzca en Irán, Arabia Saudita o Irak", declaró la analista Thina Margrethe Saltvedt. Se trata del último de una larga serie de incidentes en la región, especialmente tras unos ataques ocurridos en Arabia Saudita, la incautación de petroleros en el Golfo y la destrucción de un dron estadounidense por parte de Teherán.

En septiembre, Arabia Saudita y Estados Unidos, y después Alemania, el Reino Unido y Francia, acusaron a Irán de ser responsable de unos ataques aéreos contra dos yacimientos petroleros estratégicos en el este de Arabia Saudita, que provocó un aumento de los precios del crudo de un 20 por ciento durante un breve lapso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tras la agresión en septiembre que Estados Unidos estaba "listo para responder" y Washington anunció el envío de refuerzos militares a la región. Estos hechos despertaron el temor a un enfrentamiento militar con Irán, después de que Washington y Teherán rozaran el choque directo en junio. Estados Unidos formó una coalición militar marítima para proteger la navegación, a la que se unieron Riad y Abu Dabi.

Teherán negó cualquier implicación en estos ataques, reivindicados por los rebeldes hutíes chiítas de Yemen, que reciben el apoyo de Irán y combaten contra una coalición militar liderada por Riad. Irán, que se considera como el guardián del Golfo Pérsico, denuncia la presencia de fuerzas extranjeras en la región y amenazó varias veces con bloquear el estrecho de Ormuz, punto de paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, en caso de que Estados Unidos emprendiera una acción militar. A su vez presentó un proyecto regional para garantizar "la seguridad energética y la libertad de navegación" en las aguas del Golfo.

Las tensiones fueron in crescendo desde que Estados Unidos se retirara unilateralmente en 2018 del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní y restableciera las sanciones contra Teherán, que reaccionó liberándose de algunos compromisos del acuerdo.

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 El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en una visita en Roma en enero. En vídeo, así es el premiado con el Nobel de la Paz. SIMONA GRANATI (REUTERS) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

El dirigente africano recibe el galardón por impulsar el fin del conflicto fronterizo con Eritrea tras dos décadas de enfrentamientos

 

El Comité noruego ha otorgado este viernes a Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, el Premio Nobel de la Paz 2019 "por sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional y, en particular, por su decisiva iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea".

En un comunicado, su oficina ha expresado su "orgullo" por la concesión del premio, "un testimonio eterno" de los "ideales de unidad, cooperación y coexistencia mutua" que ha defendido el primer ministro. "Esta victoria y reconocimiento es un logro colectivo de los etíopes y un llamamiento a fortalecer nuestra resolución en hacer de Etiopía un país próspero para todos", ha subrayado.

Con el premio concedido al líder etíope, nacido en 1976 en Beshasha, se quiere "reconocer a todos los actores que trabajan en favor de la paz y la reconciliación en Etiopía y en las regiones del este y noreste de África", apunta el Comité.

Abiy Ahmed llegó al poder en abril de 2018 y, desde el principio, impulsó las conversaciones entre los dos países en un conflicto que ha causado decenas de miles de refugiados y solicitantes de asilo. El Comité noruego ha destacado la labor de "reconciliación, solidaridad y justicia social emprendida" por el primer ministro, que ha contribuido a la paz en el este de África.

El premio de la Paz se fue ya el año pasado en parte a África, al recibirlo el médico congoleño Denis Mukwege, que lo compartió con la activista iraquí yazidí Nadia Murad, ambos distinguidos por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra en conflictos armados.

Madrid 11 OCT 2019 - 04:47 CO

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Las claves de la ofensiva turca contra los kurdos en Siria

El ejército turco ha lanzado este miércoles las primeras operaciones militares dentro del Kurdistán sirio. Una vez conseguida la luz verde de Donald Trump, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha entrado en un juego peligroso que puede tener consecuencias graves para la estabilidad regional a medio y largo plazo, especialmente para la estabilidad de Turquía.

 

El conflicto sirio que se inició en 2011 ha entrado en una nueva fase. Espoleado desde el principio por Estados Unidos y otros países de Oriente Próximo, cada paso que se ha dado ha traído mucha más muerte y destrucción de la que se pretendía evitar. Ahora, la invasión turca del Kurdistán sirio va a causar más desastres.

¿Por qué ahora?

Durante años el presidente Recep Tayyip Erdogan ha estado quejándose de que los kurdos sirios colaboran con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) turco, un grupo considerado terrorista por Ankara. Ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha dado luz verde para cruzar la frontera, aunque haya sido en unos términos no muy claros.

¿Qué pretende Erdogan?

Erdogan sostiene que quiere crear una zona estéril a lo largo de la frontera, una “zona segura” de 30 kilómetros de ancho por 450 kilómetros de largo.

¿Es posible que cumpla su objetivo?

Es incierto que lo pueda cumplir puesto que el Kurdistán es un avispero y lo más probable es que encuentre resistencia, especialmente a medio plazo, incluida una guerra de guerrillas, por parte de los kurdos sirios. Por otra parte, a diferencia del Kurdistán turco, el de Siria es una zona llana, lo que dificultará las acciones de la guerrilla. Sin embargo, el hostigamiento de los milicianos podría obligar a Erdogan a meterse más allá de la “zona segura”.

¿Quiénes son los enemigos de Turquía en la zona?

Las Fuerzas Democráticas Sirias es una amalgama de grupos. El más destacado y numeroso es el YPG (Unidades de Protección del Pueblo), integrado por milicianos kurdos sirios, pero también hay otros grupos suníes, de menor entidad. Todos ellos han recibido armas y dinero de EEUU y de otros países suníes aliados.

¿Quién apoya a Turquía en esta empresa?

Erdogan no cuenta con apoyo exterior. Rusia e Irán han mostrado su escepticismo con esta operación, o incluso la han rechazado. Puede decirse que Erdogan está aislado y que este tampoco es su momento de mayor popularidad dentro de Turquía, por eso el desgaste que puede sufrir es enorme: siempre se sabe cuándo comienza una guerra pero nunca se sabe cuándo ni cómo termina.

¿Quiénes apoyan a los kurdos sirios?

Sus principales aliados son los kurdos de otros países de la zona. Hasta ahora también han recibido apoyo militar y económico de EEUU y de otros países suníes, aunque se trata de una ayuda limitada que no puede competir con la fuerza militar de Turquía.

¿Por qué Trump ha dado ahora la luz verde a Erdogan?

Trump es un líder que a menudo se guía por impulsos. Ha dicho que quiere sacar a las tropas estadounidenses de las guerras “ridículas” que no llevan a ninguna parte, pero también ha amenazado con destruir la economía turca si Erdogan se propasa.

¿Cómo han reaccionado los aliados de EEUU?

Los aliados de EEUU ven con preocupación la “traición” de Trump a los kurdos que contribuyeron de manera decisiva a derrotar al Estado Islámico. Benjamín Netanyahu, que mantiene unas discretas pero buenas relaciones con los kurdos sirios, no ha dicho nada oficialmente, pero otros políticos israelíes han criticado la decisión de Trump. Además, Alemania y Francia, que cuentan con pequeños destacamentos militares en la zona, han expresado su preocupación.

¿Cómo se ha reaccionado en EEUU?

Demócratas y republicanos, especialmente los representantes más próximos a Israel, han criticado la decisión de Trump. Algunos aseguran que Trump no sabe lo que hace.

¿Qué es Rojava?

Rojava es el nombre de la provincia del Kurdistan sirio. Tiene una extensión aproximada de 50.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 2 millones de habitantes, en su mayoría kurdos, aunque históricamente ha habido una considerable presencia árabe en la zona. Una parte muy considerable de la población son kurdos de origen turco que huyeron de Turquía hace décadas.

¿Qué papel juega el Gobierno sirio en la crisis?

Damasco mantiene una aceptable relación con los kurdos sirios y aspira a extender su control efectivo sobre Rojava con el apoyo de Rusia e Irán. Las dos partes están en contacto permanente, especialmente ahora, y el ejército sirio cuenta con varias bases en Rojava. Los kurdos sirios afirman que quieren obtener una autonomía y no la independencia.

¿Cómo puede acabar la crisis?

Es difícil hacer previsiones pero el paso que ha dado Erdogan es arriesgado. El presidente turco ha cometido demasiados errores desde que estalló la crisis siria en 2011 y hasta ahora solo ha tenido que pagar un precio limitado, como con el recibimiento de unos tres millones de refugiados. La entrada del ejército turco en el Kurdistán sirio puede convertirse en una gran pesadilla para Erdogan. Evidentemente, el poder del ejército turco es casi infinitamente superior al de los kurdos, pero estos podrían llevar a cabo costosas operaciones de acoso a medio y largo plazo.

¿Qué hará Ankara con los refugiados sirios?

Erdogan quiere implantar en el Kurdistán sirio a gran parte de los árabes que se han refugiado en Turquía, formar una barrera de población árabe cerca de la frontera y apoyarse en los árabes para mantener a distancia a los kurdos, que también son suníes. La presencia de los refugiados en Turquía ha causado serios problemas a Erdogan, y su partido se ha resentido en las últimas elecciones, de manera que hará todo lo que esté a su alcance para deshacerse de los refugiados. En su discurso del 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, Erdogan pidió ayuda a la comunidad internacional para implantar en el nordeste de Siria a 3 millones de sirios.

¿Qué hará el Estado Islámico?

Se estima que en el Kurdistán sirio hay unos 7.000 yihadistas del Estado Islámico prisioneros, desperdigados en campos por acá y por allá. Unos 2.000 de ellos son extranjeros, de 55 países. Además hay unos 70.000 familiares de los yihadistas. Ahora Turquía tendrá que hacerse cargo de todos, según ha indicado Washington, y no se trata de un problema menor. Existe el temor de que yihadistas que andan sueltos, que no son muchos, se reagrupen y entren en acción, pero tal como están las cosas no parece muy probable que el Estado Islámico recupere el ascendiente que tuvo hace unos años.

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Soldados del YPG celebran la victoria sobre ISIS en un acto organizado en marzo de 2019 en Qamishly, ciudad fronteriza con Turquía. De fondo, una pancarta con la cara de Abdullah Ocalan, fundador del PKK.

Los habitantes del territorio controlado por fuerzas kurdas en el noreste de Siria se preparan para un ataque turco que llevan tiempo esperando y ahora, tras el anuncio por parte de Donald Trump de la retirada de las tropas estadounidenses estacionadas en la zona, parece inminente.

Los kurdos se aprovecharon del caos que ha reinado en Siria desde que comenzó la guerra en 2011. Lo tomaron como una oportunidad de combatir al régimen de Damasco y construir su propio bastión autónomo, la entidad conocida como Rojava.

Pese a las amenazas de Bashar Al Asad, de ISIS y de Turquía, que considera las unidades kurdas como organizaciones terroristas vinculadas con el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la región ha corrido mucha mejor suerte que el resto del país, asolado por la guerra.

Y ahora muchos se preguntan si deben sacrificar esa relativa independencia a cambio de un acuerdo de protección con el régimen de Al Asad que pueda tener algún valor disuasorio ante la amenaza turca. Al tomar la decisión de abandonar a sus aliados militares, las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), Trump aparece ante sus ojos como un traidor. Más de 11.000 hombres y mujeres entregaron sus vidas luchando contra ISIS antes de su derrota final en marzo de este año.

"La actitud de Estados Unidos tendrá un impacto negativo en toda la región y todo lo que se ha construido en ella, como la paz y la estabilidad. Esta decisión se lleva por delante cualquier avance, sobre todo aquellos relacionados con la seguridad", señala Amjed Osman, portavoz del Consejo Democrático Sirio. "Siempre hemos dicho que las amenazas de Erdogan son serias. No hay una voluntad real por parte de la comunidad internacional de terminar con la crisis siria. La amenaza turca significa que la situación en la región vuelve a la casilla de salida. Regresará el caos", añade.

Se especula mucho con que los problemas que Erdogan enfrenta en su país actúen como detonante de un ataque que se espera inminente. El presidente turco y sus partidarios han perdido el control de las cuatro ciudades más importantes de Turquía, incluidas Ankara, la capital, y Estambul, la ciudad más importante del país. Los votantes han rechazado al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en amplias zonas del país entre las que se incluyen las de mayoría kurda y esa derrota se interpreta como castigo a la mala gestión de la crisis económica del país.

La última vez que Erdogan vio peligrar su férreo ejercicio del poder fue en 2015, cuando tras una derrota electoral decidió impulsar de nuevo la guerra contra el PKK. Muchos creen que el intento de adentrarse de nuevo en Rojava no es más que la búsqueda de un catalizador para el nacionalismo turco, de un impulso para esa causa que además actúa como cortina ante la crisis económica.

Bahoz Erdal, miembro de la dirección del PKK, señaló en una entrevista reciente con una emisora de radio vinculada al partido que "el Gobierno [turco] está sumido en una profunda crisis y pierde el poder gradualmente. Por eso Erdogan se apunta a cualquier posibilidad de cumplir con sus fantasías otomanas". "No tiene más que la guerra contra los kurdos para mantenerse en el poder. Se demostró en las últimas elecciones que los kurdos regresarían al poder", añadió.

La idea del abandono estadounidense de la zona comenzó a sondearse en diciembre del año pasado. Desde entonces, y a lo largo de una frontera de cientos de kilómetros, el SDF ha levantado trincheras y perforado túneles en espera de que eso detenga una eventual ofensiva turca.

Ya en 2016 y 2018 pequeñas incursiones militares turcas supusieron grandes pérdidas territoriales para las SDF. Un ataque más de Turquía, país miembro de la OTAN con una fuerza aérea poderosa, es percibido como una amenaza incluso mayor que la planteada en su día por el Estado Islámico.

Osman recuerda durante su entrevista un viejo mantra kurdo: "Resistencia es vida". "Estamos sobre el terreno y en nuestra tierra. Tenemos un ejército, tenemos voluntad y contamos con población que apoya a nuestras fuerzas políticas y militares. No vamos a limitarnos a esperar a que los turcos lleguen. Nuestro ejército resistirá", advierte.

08/10/2019 - 21:18h

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Martes, 08 Octubre 2019 06:39

La falsa paz de Colombia

La falsa paz de Colombia

La paz en Colombia es un espejismo en gran parte del país, donde persiste la desigualdad y el control de ciertas partes del país por grupos armados que asesinan, extorsionan y amenazan a quienes defienden sus tierras y se agarran a lo pactado hace ya casi tres años. Papel mojado.

Se cumplen casi tres años (noviembre de 2016) de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto colombiano y la paz está muy lejos de ser real. Casi tres años y la ausencia del Estado en los territorios es un hecho. Casi tres años y la muerte, violencia, amenazas y desapariciones siguen siendo el pan nuestro de cada día en ese rincón de América terriblemente acostumbrado a ver muertos flotando por sus ríos.

Casi tres años de paz teórica y el país no deja de sangrar. Casi tres años desde que  las FARC se desarmó (era parte del acuerdo), para evidenciar el abandono de la violencia, pero el conflicto sigue allí. También la desigualdad, que se entiende fácilmente con una cifra: el 1% de los propietarios posee el 80% del territorio. Y en este aspecto, las mujeres -esenciales en la firma de un acuerdo histórico por su perspectiva de género-, por quienes la guerra pasó de forma atroz convirtiéndolas en botín de guerra, sufren con mayor fuerza esa desproporción. “Una vaca tiene más derechos que una mujer. Ellas tienen derecho a una hectárea de tierra mientras que nosotras, no. Una vaca tiene derecho a vacunación y eso es sagrado acá, tiene un veterinario. Las mujeres rurales no tienen ni un centro de salud”, declara una campesina que no da su nombre por miedo a ser perseguida. Es una de las declaraciones que recoge el informe Defensoras de Derechos agrarios, territoriales y medioambientales de Colombia, presentado por Intermón Oxfam en estos días.

Porque las están matando y Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En este sentido, el grado de violencia es tal que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresaba hace unos meses su alarma por la cantidad de civiles asesinados, hostigados y amenazados. A fecha de julio de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP) y el 20 de julio de 2019, 627 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados.

En tan solo los primeros cuatro meses de este año, se contabilizaban al menos 51 asesinatos de líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. Y de nuevo aquí ellas, las mujeres que deciden defender su territorio, sufren con fuerza el estigma de género y el hecho de ser indígenas, afros o campesinas. En este sentido, Oxfam Intermón alerta de que en el primer trimestre del año, los ataques contra las defensoras se han incrementado en un 97% respecto al mismo periodo del año anterior. 55 defensoras han sido asesinadas desde 2016.

Pero mientras, van pasando días, casi 1.000 desde aquella esperanzadora jornada..., y muertos. Porque la realidad, en estos casi tres años, parece estar matando la esperanza. Porque ante la ausencia del Estado, esas tierras anteriormente ocupadas por los guerrilleros de las FARC, han sido tomadas por el ELN (todavía alzado en armas), las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares y las llamadas “bacrins” (bandas criminales).

Tampoco han llegado las promesas de hace casi tres años. La reforma rural no se ha acometido y no han llegado ni los recursos y ni planes prometidos. “Hasta la fecha, solo el 3% de las disposiciones incluidas en el capítulo de la Reforma Rural se ha completado y casi la mitad ni se han iniciado”, recoge el documento de la ONG.

Han pasado más cosas en el país andino con la guerra interna más larga de Latinoamérica: 50 años. Desde hace casi tres años el cultivo de coca crece anualmente. Casi tres años en los que las empresas extractivistas aumentan su negocio. Casi tres años en los que las gentes del campo denuncian unas políticas extractivistas que va en contravía de sus intereses y que además contaminan sus ríos y bosques.

“El país se raja en materia de Derechos Humanos. Nos están matando en un contexto de conflicto y con total impunidad”, afirma Jaqueline Rivera, una activista indígena traída a Europa por la ONG para denunciar la vulnerabilidad de sus vidas y del acuerdo de paz. Ella pide que se haga un “ejercicio de escucha” hacia sus comunidades, históricamente olvidadas. “La pobreza está nosotras”, denuncia gráficamente Luz Amparo Vázquez, también defensora y parte de la misma campaña, Todas somos Victoria. Ambas subrayan que las matan por defender el territorio. También dicen hablar en nombre de todos y todas. Piden acompañamiento internacional y ser reconocidas como sujetos de derecho. Y en estos casi tres años, y con tantas compañeras y compañeros asesinados, amenazas a sus familias, y amistades forzadas al desplazamiento, reconocen que tienen miedo, pero también que han aprendido a tragárselo, a veces, confiesan conscientes de que su activismo las sitúa en el centro de la diana

08/10/2019 07:33 Actualizado: 08/10/2019 07:33

Por Lula Gómez

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Estados Unidos autoriza el exterminio de las comunas de Rojava

La Casa Blanca anuncia que no se opondrá a una invasión turca del Kurdistan sirio para acabar con una de las experiencias sociales más innovadoras de las últimas décadas, que consiguió construir un espacio autónomo ecologista, feminista, laico y de convivencia en medio de la guerra.

Si hay una revolución innovadora en marcha en pleno siglo XXI esa es la de las comunas de Rojava. Una revolución en peligro de exterminio ante la complicidad de las grandes potencias regionales y mundiales.

Tras una llamada de Donald Trump al presidente turco, Tayyip Erdogan, la Casa Blanca ha anunciado en la madrugada de este 6 de octubre que autoriza la incursión “largamente planeada” del Ejército turco contra las fuerzas kurdas del norte de Siria. “Las fuerzas armadas de los Estados Unidos no apoyarán ni participarán en la operación, y, habiendo derrotado al califato territorial del ISIS ya no estará presente en el área”, decía el comunicado de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca.

Con esta decisión, la ahora llamada Federación Democrática del Norte de Siria, que ocupa la franja norte de este país, también conocido como Kurdistán sirio o Rojava, se enfrenta a una nueva amenaza, incluso más peligrosa que las fuerzas del Estado Islámico. Las comunas de Rojava consiguieron en medio de la guerra con el ISIS construir un gobierno autónomo laico basado en los principios del confederalismo democrático. Este experimento inédito bebe de raíces zapatistas, del municipalismo libertario de Murray Bookchin, del ecologismo y del movimiento feminista. 

Pese a que en el comunicado la Casa Blanca adjudica en exclusiva la derrota del Estado Islámico a las fuerzas estadounidenses, han sido las Unidades de Protección Popular (YPG) y su rama formada por mujeres, las Unidades Femeninas de Protección (YPJ), quienes protagonizaron las batallas que detuvieron, plaza a plaza, al ISIS en el norte de Siria. En el comunicado también se omite que las fuerzas kurdas y las estadounidenses, sobre todo con apoyo aéreo, fueron estrechos aliados durante la guerra contra el califato. Ahora que el ISIS ya no es una amenaza, Trump da vía libre a una invasión turca del norte de Siria.


El pasado sábado 5 de octubre, el presidente turco ya había anunciado una “inminente” operación militar en territorio sirio contra un movimiento que Erdogan califica de “terrorista” por sus vínculos con el Partido de los Trabajadores (PKK) de Abdullah Öcalan, el histórico líder que inició su lucha por la libertad del pueblo kurdo en los años 70 en el marco de los movimientos de liberación nacional y, con el tiempo, se fue acercando a las ideas de autonomía zapatistas y del municipalismo libertario, con una propuesta rompedora de construir un Estado desde abajo, desde comunas organizadas más allá del Estado.

En enero de 2018, el Gobierno turco inició la ocupación del kurdistán sirio con la invasión de la zona de Afrín, un experimento que costó 2.000 muertos y que ahora pretende exportar al resto del norte de Siria con el beneplácito de Estados Unidos y del resto de países vecinos, que temen un posible contagio de las ideas de autonomía, convivencia, ecologistas y feministas que han sostenido la comunas de comunas de Rojava en estos años de guerra.

Por su parte, la ONU advierte que se está “preparando para lo peor” tras el anuncio de la inminente operación turca en Siria, y pide a todas las partes que eviten el desplazamiento masivo de civiles ante el ataque de Turquía a Rojava.

El escritor y pensador británico David Graeber, gran admirador de la revolución del Kurdistán sirio, lanzaba una advertencia en el periódico británico The Guardian: “Recordad que cualquier invasión turca de Rojava será una invasión de la OTAN de Rojava [Turquía pertenece a la alianza atlántica]. Cualquier genocidio que lleve a cabo será un genocidio de la OTAN”.

Por Redacción El Salto


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2019-10-07 11:17

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Caminos protocolarios de falsedad y camuflaje

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Hoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.

No hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la  justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas?

Desde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos.

No hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados. 

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

 

  • ·El martes 17 de septiembre de 2019, a las 9:58 horas, fue captada la presencia de un grupo de paramilitares con vestidos de camuflado y portando armas largas en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó.
  • ·El miércoles 18 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo y acompañamiento internacional, por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, con la intención de poder acompañar a miembros de nuestra comunidad que viven allí, dada la presencia comprobada, en esos días, de unidades paramilitares. Al llegar a Arenas Altas se pudo verificar la presencia de gente armada muy cerca del camino, sin poder identificarla. Más adelante en el mismo camino,  como a  20 minutos de distancia,  encontraos un grupo armado muy sospechoso el cual estaba conformado por ocho integrantes quienes se identificaron como “fuerza pública”.
  • ·El miércoles 25 de septiembre de 2019, en horas de la noche, el señor ELKIN ORTIZ quien ha venido causando daños en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la finca La Roncona, volvió a incursionar para destruir nuestros alambrados, cultivos de plátano y cacao. Según informaciones, esto lo hace impulsado por los paramilitares que controlan el caserío de San José.
  • ·El viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00 a. m., cuando los miembros de una comisión de nuestra Comunidad  de Paz regresaban desde la vereda La Esperanza hasta San Josesito, fueron informados de que apenas habían salido de la finca de La Esperanza, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, llegaron 7 paramilitares vestidos de camuflados y con armas largas, como asechando a los miembros de nuestro proceso que se encontraban allí realizando trabajos en la finca. Al mismo tiempo se verificó la presencia de otros 10 paramilitares en la parte alta de la vereda La Esperanza.
  • ·El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz y otras comunidades del país, acompañadas por organizaciones internacionales, se encontraban de visita en la zona humanitaria Las Camelias, del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó y de igual manera acompañando a las familias del proceso comunitario que allí se ha desarrollado. Durante el viaje se pudo comprobar que esa es una zona totalmente controlada por el paramilitarismo, pues la intensa presencia de paramilitares en trajes civiles era muy notoria. Esto deja en evidencia una vez más que el paramilitarismo es el que controla todo a su antojo en los pueblos y veredas del país y lo peor de todo es que casi siempre el control lo ejercen en medio y bajo la protección o en complicidad de la fuerza pública y de toda evidencia, con su tolerancia y coordinación.
  • ·El mismo sábado 28 de septiembre de 2019, en respuesta a una orden del Consejo de Estado, el comandante de la Brigada XVII del ejército, Coronel Carlos Padilla, presidió una ceremonia de desagravio frente al salón comunal del caserío de San José de Apartadó, donde descubrió una placa alusiva a la masacre del 21 de febrero de 2005 y donde expresó: “Con esta placa reconocemos y dignificamos a las víctimas del conflicto armado por los hechos acaecidos el 21 de febrero de 2005 en la vereda La Resbalosa y Mulatos del municipio de San José de Apartadó en desagravio por su muerte (…) Quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan

 

El acto no lo presidió el Ministro de Defensa, como estaba ordenado por el Consejo de Estado, lo que ya revela el bajo valor que el gobierno les reconoce a las víctimas campesinas y el tratamiento despectivo que les da. Tampoco la placa incluyó los nombres de todas las víctimas de esa masacre y nadie entendió por qué excluyeron a BELLANIRA AREIZA, la compañera del líder histórico de la Comunidad de Paz allí masacrado, Luis Eduardo Guerra, quien fue también masacrada en esa misma orgía de sangre. Sólo asistieron al acto una veintena de personas , algunas de ellas familiares de las víctimas que habían recibido indemnización monetaria ordenada por el Consejo de Estado, ninguna de ellas integrante de nuestra Comunidad de Paz, pues desde el comienzo repudiamos el tasar a nuestras víctimas en dinero, como si fueran mercancías, y menos cuando esa “paga” no va acompañada de sanción a los victimarios y de medidas efectivas de no repetición y de corrección de la criminalidad sistémica evidenciada en dicha horrenda masacre.

Las palabras del Coronel Padilla y el texto mismo de la placa son un modelo refinado  del perverso encubrimiento y distorsión de la realidad, coadyuvantes de la horrorosa impunidad reinante. Presentar a estas víctimas como “víctimas del conflicto armado” es una ignominia. Ninguno de los centenares de crímenes perpetrados en estos 23 años contra nuestra Comunidad de Paz puede considerarse como relacionado con el conflicto armado, pues si algo definió la identidad de nuestras Comunidad desde su primer momento de existencia fue su negativa radical a participar en el conflicto armado y a colaborar con cualquier actor armado. La fuerza pública sabe de sobra que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas porque no los pudieron encuadrar en la estrategia paramilitar que habían diseñado para toda la región y que aún sigue imperando; los eliminaron porque por sus principios se les escapaban de las manos. Por ello es absolutamente irregular y contrario a las mismas reglas de la JEP que los victimarios de nuestra Comunidad estén pidiendo ingreso a la JEP.

Pero quizás lo más indignante es que el mismo texto de la placa y las palabras del Coronel Padilla “ignoren” lo sucedido en la masacre y sus reales dimensiones. Ninguna sombra de reconocimiento ni arrepentimiento de la responsabilidad del ejército en esos horrores, a pesar de que la misma Corte Suprema, en sentencia de casación, haya condenado a altos oficiales, si bien ha dejado en la impunidad a los más altos que tomaron las decisiones más macabras. ¿Qué tipo de desagravio es ese que no reconoce la responsabilidad evidente en el crimen? ¿Acaso no es una nueva victimización?

Pero el cinismo del discurso no tiene límites: el Coronel Padilla se atreve a “DAR FE” de que el ejército “CONTINUARÁ GARANTIZANDO CONDICIONES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA” que la gente demanda. No hay derecho a pretender ignorar la historia de manera tan atrevida. ¿Por qué no aludió siquiera a los 1462 crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en los primeros 21 años de persecución y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, cuya documentación reposa en tribunales internacionales y en los cuales el ejército tiene responsabilidad activa o pasiva? ¿Sigue creyendo el Coronel que el sol se puede tapar con un dedo?

Cuando habla de “garantizar una continuidad de libertad y democracia”, ¿ignora que lo que ha brindado el ejército en estas décadas es todo lo contrario de libertad y democracia, así él se atreva a llamarlas “libertad y democracia”, como quizás nadie más se atrevería a hacerlo, pues lo que han garantizado hasta ahora son: masacres, asesinatos, cercos de hambre, desplazamientos, torturas, destrucción e incineración de viviendas y cultivos, creación y apoyo a estructuras paramilitares, montajes judiciales, encarcelamientos de inocentes, torturas, abusos sexuales, amenazas, campañas de difamación, calumnias e injurias, robos de bienes de subsistencia y asaltos a mano armada para ejecutarlos, violaciones de la intimidad, desapariciones forzadas, falsos positivos, profanación y ocultamiento de cadáveres y otros muchos horrores. ¿Es esa la “libertad y democracia” que ofrece “CONTINUAR”, para lo cual “DA FE”?

Cuando se dan manifestaciones de “desagravio” o de “perdón” en un contexto envuelto y sumergido hasta lo más profundo en las mismas dinámicas criminales que produjeron el exterminio de las víctimas, los discursos sólo tienen la posibilidad de recurrir a las falsedades, al camuflaje, a la desviación, al disfraz. Y eso es lo que hemos estado viviendo en el llamado “posconflicto” o “pos acuerdo”, en que las raíces del conflicto siguen más vivas que nunca y retoñando de manera apabullante. Se percibe una búsqueda desesperada por tapar la falta de credibilidad. Vivimos dentro de un Estado y un gobierno que quieren convencer al país y al mundo que es posible mostrar una “cara nueva” apoyada en discursos incumplidos pero sin enfrentar el problema más acuciante: garantizar la no repetición de los crímenes. Creen que eso es posible tapando y evadiendo las responsabilidades; manteniendo en sus puestos y ascendiéndolos a quienes diseñaron y ejecutaron las barbaries y manteniendo (negándolas) las doctrinas y estructuras que inspiraron y favorecieron tan horrendas prácticas. ¿Cuántos años o décadas habrá que esperar para que se convenzan que eso es absolutamente imposible?

Con nuestra gratitud siempre reiterada a quienes desde numerosos espacios de nuestro país y del mundo nos sostienen con su fuerza moral, les enviamos una nueva alerta sobre lo que estos falsos “desagravios” revelan y anuncian.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 4 de 2019

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https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

 


 Cuando el río suena, piedras lleva

 

Wilmar Harley Castillo A

 

 

 

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

 


 

La guerra de los tal Ivanes

 

Enrique Santos Molano

 

 

 

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

 

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