Las claves de la ofensiva turca contra los kurdos en Siria

El ejército turco ha lanzado este miércoles las primeras operaciones militares dentro del Kurdistán sirio. Una vez conseguida la luz verde de Donald Trump, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha entrado en un juego peligroso que puede tener consecuencias graves para la estabilidad regional a medio y largo plazo, especialmente para la estabilidad de Turquía.

 

El conflicto sirio que se inició en 2011 ha entrado en una nueva fase. Espoleado desde el principio por Estados Unidos y otros países de Oriente Próximo, cada paso que se ha dado ha traído mucha más muerte y destrucción de la que se pretendía evitar. Ahora, la invasión turca del Kurdistán sirio va a causar más desastres.

¿Por qué ahora?

Durante años el presidente Recep Tayyip Erdogan ha estado quejándose de que los kurdos sirios colaboran con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) turco, un grupo considerado terrorista por Ankara. Ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha dado luz verde para cruzar la frontera, aunque haya sido en unos términos no muy claros.

¿Qué pretende Erdogan?

Erdogan sostiene que quiere crear una zona estéril a lo largo de la frontera, una “zona segura” de 30 kilómetros de ancho por 450 kilómetros de largo.

¿Es posible que cumpla su objetivo?

Es incierto que lo pueda cumplir puesto que el Kurdistán es un avispero y lo más probable es que encuentre resistencia, especialmente a medio plazo, incluida una guerra de guerrillas, por parte de los kurdos sirios. Por otra parte, a diferencia del Kurdistán turco, el de Siria es una zona llana, lo que dificultará las acciones de la guerrilla. Sin embargo, el hostigamiento de los milicianos podría obligar a Erdogan a meterse más allá de la “zona segura”.

¿Quiénes son los enemigos de Turquía en la zona?

Las Fuerzas Democráticas Sirias es una amalgama de grupos. El más destacado y numeroso es el YPG (Unidades de Protección del Pueblo), integrado por milicianos kurdos sirios, pero también hay otros grupos suníes, de menor entidad. Todos ellos han recibido armas y dinero de EEUU y de otros países suníes aliados.

¿Quién apoya a Turquía en esta empresa?

Erdogan no cuenta con apoyo exterior. Rusia e Irán han mostrado su escepticismo con esta operación, o incluso la han rechazado. Puede decirse que Erdogan está aislado y que este tampoco es su momento de mayor popularidad dentro de Turquía, por eso el desgaste que puede sufrir es enorme: siempre se sabe cuándo comienza una guerra pero nunca se sabe cuándo ni cómo termina.

¿Quiénes apoyan a los kurdos sirios?

Sus principales aliados son los kurdos de otros países de la zona. Hasta ahora también han recibido apoyo militar y económico de EEUU y de otros países suníes, aunque se trata de una ayuda limitada que no puede competir con la fuerza militar de Turquía.

¿Por qué Trump ha dado ahora la luz verde a Erdogan?

Trump es un líder que a menudo se guía por impulsos. Ha dicho que quiere sacar a las tropas estadounidenses de las guerras “ridículas” que no llevan a ninguna parte, pero también ha amenazado con destruir la economía turca si Erdogan se propasa.

¿Cómo han reaccionado los aliados de EEUU?

Los aliados de EEUU ven con preocupación la “traición” de Trump a los kurdos que contribuyeron de manera decisiva a derrotar al Estado Islámico. Benjamín Netanyahu, que mantiene unas discretas pero buenas relaciones con los kurdos sirios, no ha dicho nada oficialmente, pero otros políticos israelíes han criticado la decisión de Trump. Además, Alemania y Francia, que cuentan con pequeños destacamentos militares en la zona, han expresado su preocupación.

¿Cómo se ha reaccionado en EEUU?

Demócratas y republicanos, especialmente los representantes más próximos a Israel, han criticado la decisión de Trump. Algunos aseguran que Trump no sabe lo que hace.

¿Qué es Rojava?

Rojava es el nombre de la provincia del Kurdistan sirio. Tiene una extensión aproximada de 50.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 2 millones de habitantes, en su mayoría kurdos, aunque históricamente ha habido una considerable presencia árabe en la zona. Una parte muy considerable de la población son kurdos de origen turco que huyeron de Turquía hace décadas.

¿Qué papel juega el Gobierno sirio en la crisis?

Damasco mantiene una aceptable relación con los kurdos sirios y aspira a extender su control efectivo sobre Rojava con el apoyo de Rusia e Irán. Las dos partes están en contacto permanente, especialmente ahora, y el ejército sirio cuenta con varias bases en Rojava. Los kurdos sirios afirman que quieren obtener una autonomía y no la independencia.

¿Cómo puede acabar la crisis?

Es difícil hacer previsiones pero el paso que ha dado Erdogan es arriesgado. El presidente turco ha cometido demasiados errores desde que estalló la crisis siria en 2011 y hasta ahora solo ha tenido que pagar un precio limitado, como con el recibimiento de unos tres millones de refugiados. La entrada del ejército turco en el Kurdistán sirio puede convertirse en una gran pesadilla para Erdogan. Evidentemente, el poder del ejército turco es casi infinitamente superior al de los kurdos, pero estos podrían llevar a cabo costosas operaciones de acoso a medio y largo plazo.

¿Qué hará Ankara con los refugiados sirios?

Erdogan quiere implantar en el Kurdistán sirio a gran parte de los árabes que se han refugiado en Turquía, formar una barrera de población árabe cerca de la frontera y apoyarse en los árabes para mantener a distancia a los kurdos, que también son suníes. La presencia de los refugiados en Turquía ha causado serios problemas a Erdogan, y su partido se ha resentido en las últimas elecciones, de manera que hará todo lo que esté a su alcance para deshacerse de los refugiados. En su discurso del 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, Erdogan pidió ayuda a la comunidad internacional para implantar en el nordeste de Siria a 3 millones de sirios.

¿Qué hará el Estado Islámico?

Se estima que en el Kurdistán sirio hay unos 7.000 yihadistas del Estado Islámico prisioneros, desperdigados en campos por acá y por allá. Unos 2.000 de ellos son extranjeros, de 55 países. Además hay unos 70.000 familiares de los yihadistas. Ahora Turquía tendrá que hacerse cargo de todos, según ha indicado Washington, y no se trata de un problema menor. Existe el temor de que yihadistas que andan sueltos, que no son muchos, se reagrupen y entren en acción, pero tal como están las cosas no parece muy probable que el Estado Islámico recupere el ascendiente que tuvo hace unos años.

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Soldados del YPG celebran la victoria sobre ISIS en un acto organizado en marzo de 2019 en Qamishly, ciudad fronteriza con Turquía. De fondo, una pancarta con la cara de Abdullah Ocalan, fundador del PKK.

Los habitantes del territorio controlado por fuerzas kurdas en el noreste de Siria se preparan para un ataque turco que llevan tiempo esperando y ahora, tras el anuncio por parte de Donald Trump de la retirada de las tropas estadounidenses estacionadas en la zona, parece inminente.

Los kurdos se aprovecharon del caos que ha reinado en Siria desde que comenzó la guerra en 2011. Lo tomaron como una oportunidad de combatir al régimen de Damasco y construir su propio bastión autónomo, la entidad conocida como Rojava.

Pese a las amenazas de Bashar Al Asad, de ISIS y de Turquía, que considera las unidades kurdas como organizaciones terroristas vinculadas con el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la región ha corrido mucha mejor suerte que el resto del país, asolado por la guerra.

Y ahora muchos se preguntan si deben sacrificar esa relativa independencia a cambio de un acuerdo de protección con el régimen de Al Asad que pueda tener algún valor disuasorio ante la amenaza turca. Al tomar la decisión de abandonar a sus aliados militares, las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), Trump aparece ante sus ojos como un traidor. Más de 11.000 hombres y mujeres entregaron sus vidas luchando contra ISIS antes de su derrota final en marzo de este año.

"La actitud de Estados Unidos tendrá un impacto negativo en toda la región y todo lo que se ha construido en ella, como la paz y la estabilidad. Esta decisión se lleva por delante cualquier avance, sobre todo aquellos relacionados con la seguridad", señala Amjed Osman, portavoz del Consejo Democrático Sirio. "Siempre hemos dicho que las amenazas de Erdogan son serias. No hay una voluntad real por parte de la comunidad internacional de terminar con la crisis siria. La amenaza turca significa que la situación en la región vuelve a la casilla de salida. Regresará el caos", añade.

Se especula mucho con que los problemas que Erdogan enfrenta en su país actúen como detonante de un ataque que se espera inminente. El presidente turco y sus partidarios han perdido el control de las cuatro ciudades más importantes de Turquía, incluidas Ankara, la capital, y Estambul, la ciudad más importante del país. Los votantes han rechazado al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en amplias zonas del país entre las que se incluyen las de mayoría kurda y esa derrota se interpreta como castigo a la mala gestión de la crisis económica del país.

La última vez que Erdogan vio peligrar su férreo ejercicio del poder fue en 2015, cuando tras una derrota electoral decidió impulsar de nuevo la guerra contra el PKK. Muchos creen que el intento de adentrarse de nuevo en Rojava no es más que la búsqueda de un catalizador para el nacionalismo turco, de un impulso para esa causa que además actúa como cortina ante la crisis económica.

Bahoz Erdal, miembro de la dirección del PKK, señaló en una entrevista reciente con una emisora de radio vinculada al partido que "el Gobierno [turco] está sumido en una profunda crisis y pierde el poder gradualmente. Por eso Erdogan se apunta a cualquier posibilidad de cumplir con sus fantasías otomanas". "No tiene más que la guerra contra los kurdos para mantenerse en el poder. Se demostró en las últimas elecciones que los kurdos regresarían al poder", añadió.

La idea del abandono estadounidense de la zona comenzó a sondearse en diciembre del año pasado. Desde entonces, y a lo largo de una frontera de cientos de kilómetros, el SDF ha levantado trincheras y perforado túneles en espera de que eso detenga una eventual ofensiva turca.

Ya en 2016 y 2018 pequeñas incursiones militares turcas supusieron grandes pérdidas territoriales para las SDF. Un ataque más de Turquía, país miembro de la OTAN con una fuerza aérea poderosa, es percibido como una amenaza incluso mayor que la planteada en su día por el Estado Islámico.

Osman recuerda durante su entrevista un viejo mantra kurdo: "Resistencia es vida". "Estamos sobre el terreno y en nuestra tierra. Tenemos un ejército, tenemos voluntad y contamos con población que apoya a nuestras fuerzas políticas y militares. No vamos a limitarnos a esperar a que los turcos lleguen. Nuestro ejército resistirá", advierte.

08/10/2019 - 21:18h

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Martes, 08 Octubre 2019 06:39

La falsa paz de Colombia

La falsa paz de Colombia

La paz en Colombia es un espejismo en gran parte del país, donde persiste la desigualdad y el control de ciertas partes del país por grupos armados que asesinan, extorsionan y amenazan a quienes defienden sus tierras y se agarran a lo pactado hace ya casi tres años. Papel mojado.

Se cumplen casi tres años (noviembre de 2016) de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto colombiano y la paz está muy lejos de ser real. Casi tres años y la ausencia del Estado en los territorios es un hecho. Casi tres años y la muerte, violencia, amenazas y desapariciones siguen siendo el pan nuestro de cada día en ese rincón de América terriblemente acostumbrado a ver muertos flotando por sus ríos.

Casi tres años de paz teórica y el país no deja de sangrar. Casi tres años desde que  las FARC se desarmó (era parte del acuerdo), para evidenciar el abandono de la violencia, pero el conflicto sigue allí. También la desigualdad, que se entiende fácilmente con una cifra: el 1% de los propietarios posee el 80% del territorio. Y en este aspecto, las mujeres -esenciales en la firma de un acuerdo histórico por su perspectiva de género-, por quienes la guerra pasó de forma atroz convirtiéndolas en botín de guerra, sufren con mayor fuerza esa desproporción. “Una vaca tiene más derechos que una mujer. Ellas tienen derecho a una hectárea de tierra mientras que nosotras, no. Una vaca tiene derecho a vacunación y eso es sagrado acá, tiene un veterinario. Las mujeres rurales no tienen ni un centro de salud”, declara una campesina que no da su nombre por miedo a ser perseguida. Es una de las declaraciones que recoge el informe Defensoras de Derechos agrarios, territoriales y medioambientales de Colombia, presentado por Intermón Oxfam en estos días.

Porque las están matando y Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En este sentido, el grado de violencia es tal que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresaba hace unos meses su alarma por la cantidad de civiles asesinados, hostigados y amenazados. A fecha de julio de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP) y el 20 de julio de 2019, 627 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados.

En tan solo los primeros cuatro meses de este año, se contabilizaban al menos 51 asesinatos de líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. Y de nuevo aquí ellas, las mujeres que deciden defender su territorio, sufren con fuerza el estigma de género y el hecho de ser indígenas, afros o campesinas. En este sentido, Oxfam Intermón alerta de que en el primer trimestre del año, los ataques contra las defensoras se han incrementado en un 97% respecto al mismo periodo del año anterior. 55 defensoras han sido asesinadas desde 2016.

Pero mientras, van pasando días, casi 1.000 desde aquella esperanzadora jornada..., y muertos. Porque la realidad, en estos casi tres años, parece estar matando la esperanza. Porque ante la ausencia del Estado, esas tierras anteriormente ocupadas por los guerrilleros de las FARC, han sido tomadas por el ELN (todavía alzado en armas), las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares y las llamadas “bacrins” (bandas criminales).

Tampoco han llegado las promesas de hace casi tres años. La reforma rural no se ha acometido y no han llegado ni los recursos y ni planes prometidos. “Hasta la fecha, solo el 3% de las disposiciones incluidas en el capítulo de la Reforma Rural se ha completado y casi la mitad ni se han iniciado”, recoge el documento de la ONG.

Han pasado más cosas en el país andino con la guerra interna más larga de Latinoamérica: 50 años. Desde hace casi tres años el cultivo de coca crece anualmente. Casi tres años en los que las empresas extractivistas aumentan su negocio. Casi tres años en los que las gentes del campo denuncian unas políticas extractivistas que va en contravía de sus intereses y que además contaminan sus ríos y bosques.

“El país se raja en materia de Derechos Humanos. Nos están matando en un contexto de conflicto y con total impunidad”, afirma Jaqueline Rivera, una activista indígena traída a Europa por la ONG para denunciar la vulnerabilidad de sus vidas y del acuerdo de paz. Ella pide que se haga un “ejercicio de escucha” hacia sus comunidades, históricamente olvidadas. “La pobreza está nosotras”, denuncia gráficamente Luz Amparo Vázquez, también defensora y parte de la misma campaña, Todas somos Victoria. Ambas subrayan que las matan por defender el territorio. También dicen hablar en nombre de todos y todas. Piden acompañamiento internacional y ser reconocidas como sujetos de derecho. Y en estos casi tres años, y con tantas compañeras y compañeros asesinados, amenazas a sus familias, y amistades forzadas al desplazamiento, reconocen que tienen miedo, pero también que han aprendido a tragárselo, a veces, confiesan conscientes de que su activismo las sitúa en el centro de la diana

08/10/2019 07:33 Actualizado: 08/10/2019 07:33

Por Lula Gómez

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Estados Unidos autoriza el exterminio de las comunas de Rojava

La Casa Blanca anuncia que no se opondrá a una invasión turca del Kurdistan sirio para acabar con una de las experiencias sociales más innovadoras de las últimas décadas, que consiguió construir un espacio autónomo ecologista, feminista, laico y de convivencia en medio de la guerra.

Si hay una revolución innovadora en marcha en pleno siglo XXI esa es la de las comunas de Rojava. Una revolución en peligro de exterminio ante la complicidad de las grandes potencias regionales y mundiales.

Tras una llamada de Donald Trump al presidente turco, Tayyip Erdogan, la Casa Blanca ha anunciado en la madrugada de este 6 de octubre que autoriza la incursión “largamente planeada” del Ejército turco contra las fuerzas kurdas del norte de Siria. “Las fuerzas armadas de los Estados Unidos no apoyarán ni participarán en la operación, y, habiendo derrotado al califato territorial del ISIS ya no estará presente en el área”, decía el comunicado de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca.

Con esta decisión, la ahora llamada Federación Democrática del Norte de Siria, que ocupa la franja norte de este país, también conocido como Kurdistán sirio o Rojava, se enfrenta a una nueva amenaza, incluso más peligrosa que las fuerzas del Estado Islámico. Las comunas de Rojava consiguieron en medio de la guerra con el ISIS construir un gobierno autónomo laico basado en los principios del confederalismo democrático. Este experimento inédito bebe de raíces zapatistas, del municipalismo libertario de Murray Bookchin, del ecologismo y del movimiento feminista. 

Pese a que en el comunicado la Casa Blanca adjudica en exclusiva la derrota del Estado Islámico a las fuerzas estadounidenses, han sido las Unidades de Protección Popular (YPG) y su rama formada por mujeres, las Unidades Femeninas de Protección (YPJ), quienes protagonizaron las batallas que detuvieron, plaza a plaza, al ISIS en el norte de Siria. En el comunicado también se omite que las fuerzas kurdas y las estadounidenses, sobre todo con apoyo aéreo, fueron estrechos aliados durante la guerra contra el califato. Ahora que el ISIS ya no es una amenaza, Trump da vía libre a una invasión turca del norte de Siria.


El pasado sábado 5 de octubre, el presidente turco ya había anunciado una “inminente” operación militar en territorio sirio contra un movimiento que Erdogan califica de “terrorista” por sus vínculos con el Partido de los Trabajadores (PKK) de Abdullah Öcalan, el histórico líder que inició su lucha por la libertad del pueblo kurdo en los años 70 en el marco de los movimientos de liberación nacional y, con el tiempo, se fue acercando a las ideas de autonomía zapatistas y del municipalismo libertario, con una propuesta rompedora de construir un Estado desde abajo, desde comunas organizadas más allá del Estado.

En enero de 2018, el Gobierno turco inició la ocupación del kurdistán sirio con la invasión de la zona de Afrín, un experimento que costó 2.000 muertos y que ahora pretende exportar al resto del norte de Siria con el beneplácito de Estados Unidos y del resto de países vecinos, que temen un posible contagio de las ideas de autonomía, convivencia, ecologistas y feministas que han sostenido la comunas de comunas de Rojava en estos años de guerra.

Por su parte, la ONU advierte que se está “preparando para lo peor” tras el anuncio de la inminente operación turca en Siria, y pide a todas las partes que eviten el desplazamiento masivo de civiles ante el ataque de Turquía a Rojava.

El escritor y pensador británico David Graeber, gran admirador de la revolución del Kurdistán sirio, lanzaba una advertencia en el periódico británico The Guardian: “Recordad que cualquier invasión turca de Rojava será una invasión de la OTAN de Rojava [Turquía pertenece a la alianza atlántica]. Cualquier genocidio que lleve a cabo será un genocidio de la OTAN”.

Por Redacción El Salto


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2019-10-07 11:17

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Caminos protocolarios de falsedad y camuflaje

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Hoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.

No hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la  justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas?

Desde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos.

No hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados. 

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

 

  • ·El martes 17 de septiembre de 2019, a las 9:58 horas, fue captada la presencia de un grupo de paramilitares con vestidos de camuflado y portando armas largas en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó.
  • ·El miércoles 18 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo y acompañamiento internacional, por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, con la intención de poder acompañar a miembros de nuestra comunidad que viven allí, dada la presencia comprobada, en esos días, de unidades paramilitares. Al llegar a Arenas Altas se pudo verificar la presencia de gente armada muy cerca del camino, sin poder identificarla. Más adelante en el mismo camino,  como a  20 minutos de distancia,  encontraos un grupo armado muy sospechoso el cual estaba conformado por ocho integrantes quienes se identificaron como “fuerza pública”.
  • ·El miércoles 25 de septiembre de 2019, en horas de la noche, el señor ELKIN ORTIZ quien ha venido causando daños en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la finca La Roncona, volvió a incursionar para destruir nuestros alambrados, cultivos de plátano y cacao. Según informaciones, esto lo hace impulsado por los paramilitares que controlan el caserío de San José.
  • ·El viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00 a. m., cuando los miembros de una comisión de nuestra Comunidad  de Paz regresaban desde la vereda La Esperanza hasta San Josesito, fueron informados de que apenas habían salido de la finca de La Esperanza, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, llegaron 7 paramilitares vestidos de camuflados y con armas largas, como asechando a los miembros de nuestro proceso que se encontraban allí realizando trabajos en la finca. Al mismo tiempo se verificó la presencia de otros 10 paramilitares en la parte alta de la vereda La Esperanza.
  • ·El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz y otras comunidades del país, acompañadas por organizaciones internacionales, se encontraban de visita en la zona humanitaria Las Camelias, del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó y de igual manera acompañando a las familias del proceso comunitario que allí se ha desarrollado. Durante el viaje se pudo comprobar que esa es una zona totalmente controlada por el paramilitarismo, pues la intensa presencia de paramilitares en trajes civiles era muy notoria. Esto deja en evidencia una vez más que el paramilitarismo es el que controla todo a su antojo en los pueblos y veredas del país y lo peor de todo es que casi siempre el control lo ejercen en medio y bajo la protección o en complicidad de la fuerza pública y de toda evidencia, con su tolerancia y coordinación.
  • ·El mismo sábado 28 de septiembre de 2019, en respuesta a una orden del Consejo de Estado, el comandante de la Brigada XVII del ejército, Coronel Carlos Padilla, presidió una ceremonia de desagravio frente al salón comunal del caserío de San José de Apartadó, donde descubrió una placa alusiva a la masacre del 21 de febrero de 2005 y donde expresó: “Con esta placa reconocemos y dignificamos a las víctimas del conflicto armado por los hechos acaecidos el 21 de febrero de 2005 en la vereda La Resbalosa y Mulatos del municipio de San José de Apartadó en desagravio por su muerte (…) Quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan

 

El acto no lo presidió el Ministro de Defensa, como estaba ordenado por el Consejo de Estado, lo que ya revela el bajo valor que el gobierno les reconoce a las víctimas campesinas y el tratamiento despectivo que les da. Tampoco la placa incluyó los nombres de todas las víctimas de esa masacre y nadie entendió por qué excluyeron a BELLANIRA AREIZA, la compañera del líder histórico de la Comunidad de Paz allí masacrado, Luis Eduardo Guerra, quien fue también masacrada en esa misma orgía de sangre. Sólo asistieron al acto una veintena de personas , algunas de ellas familiares de las víctimas que habían recibido indemnización monetaria ordenada por el Consejo de Estado, ninguna de ellas integrante de nuestra Comunidad de Paz, pues desde el comienzo repudiamos el tasar a nuestras víctimas en dinero, como si fueran mercancías, y menos cuando esa “paga” no va acompañada de sanción a los victimarios y de medidas efectivas de no repetición y de corrección de la criminalidad sistémica evidenciada en dicha horrenda masacre.

Las palabras del Coronel Padilla y el texto mismo de la placa son un modelo refinado  del perverso encubrimiento y distorsión de la realidad, coadyuvantes de la horrorosa impunidad reinante. Presentar a estas víctimas como “víctimas del conflicto armado” es una ignominia. Ninguno de los centenares de crímenes perpetrados en estos 23 años contra nuestra Comunidad de Paz puede considerarse como relacionado con el conflicto armado, pues si algo definió la identidad de nuestras Comunidad desde su primer momento de existencia fue su negativa radical a participar en el conflicto armado y a colaborar con cualquier actor armado. La fuerza pública sabe de sobra que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas porque no los pudieron encuadrar en la estrategia paramilitar que habían diseñado para toda la región y que aún sigue imperando; los eliminaron porque por sus principios se les escapaban de las manos. Por ello es absolutamente irregular y contrario a las mismas reglas de la JEP que los victimarios de nuestra Comunidad estén pidiendo ingreso a la JEP.

Pero quizás lo más indignante es que el mismo texto de la placa y las palabras del Coronel Padilla “ignoren” lo sucedido en la masacre y sus reales dimensiones. Ninguna sombra de reconocimiento ni arrepentimiento de la responsabilidad del ejército en esos horrores, a pesar de que la misma Corte Suprema, en sentencia de casación, haya condenado a altos oficiales, si bien ha dejado en la impunidad a los más altos que tomaron las decisiones más macabras. ¿Qué tipo de desagravio es ese que no reconoce la responsabilidad evidente en el crimen? ¿Acaso no es una nueva victimización?

Pero el cinismo del discurso no tiene límites: el Coronel Padilla se atreve a “DAR FE” de que el ejército “CONTINUARÁ GARANTIZANDO CONDICIONES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA” que la gente demanda. No hay derecho a pretender ignorar la historia de manera tan atrevida. ¿Por qué no aludió siquiera a los 1462 crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en los primeros 21 años de persecución y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, cuya documentación reposa en tribunales internacionales y en los cuales el ejército tiene responsabilidad activa o pasiva? ¿Sigue creyendo el Coronel que el sol se puede tapar con un dedo?

Cuando habla de “garantizar una continuidad de libertad y democracia”, ¿ignora que lo que ha brindado el ejército en estas décadas es todo lo contrario de libertad y democracia, así él se atreva a llamarlas “libertad y democracia”, como quizás nadie más se atrevería a hacerlo, pues lo que han garantizado hasta ahora son: masacres, asesinatos, cercos de hambre, desplazamientos, torturas, destrucción e incineración de viviendas y cultivos, creación y apoyo a estructuras paramilitares, montajes judiciales, encarcelamientos de inocentes, torturas, abusos sexuales, amenazas, campañas de difamación, calumnias e injurias, robos de bienes de subsistencia y asaltos a mano armada para ejecutarlos, violaciones de la intimidad, desapariciones forzadas, falsos positivos, profanación y ocultamiento de cadáveres y otros muchos horrores. ¿Es esa la “libertad y democracia” que ofrece “CONTINUAR”, para lo cual “DA FE”?

Cuando se dan manifestaciones de “desagravio” o de “perdón” en un contexto envuelto y sumergido hasta lo más profundo en las mismas dinámicas criminales que produjeron el exterminio de las víctimas, los discursos sólo tienen la posibilidad de recurrir a las falsedades, al camuflaje, a la desviación, al disfraz. Y eso es lo que hemos estado viviendo en el llamado “posconflicto” o “pos acuerdo”, en que las raíces del conflicto siguen más vivas que nunca y retoñando de manera apabullante. Se percibe una búsqueda desesperada por tapar la falta de credibilidad. Vivimos dentro de un Estado y un gobierno que quieren convencer al país y al mundo que es posible mostrar una “cara nueva” apoyada en discursos incumplidos pero sin enfrentar el problema más acuciante: garantizar la no repetición de los crímenes. Creen que eso es posible tapando y evadiendo las responsabilidades; manteniendo en sus puestos y ascendiéndolos a quienes diseñaron y ejecutaron las barbaries y manteniendo (negándolas) las doctrinas y estructuras que inspiraron y favorecieron tan horrendas prácticas. ¿Cuántos años o décadas habrá que esperar para que se convenzan que eso es absolutamente imposible?

Con nuestra gratitud siempre reiterada a quienes desde numerosos espacios de nuestro país y del mundo nos sostienen con su fuerza moral, les enviamos una nueva alerta sobre lo que estos falsos “desagravios” revelan y anuncian.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 4 de 2019

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https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

 


 Cuando el río suena, piedras lleva

 

Wilmar Harley Castillo A

 

 

 

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

 


 

La guerra de los tal Ivanes

 

Enrique Santos Molano

 

 

 

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

 

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Paz para el pueblo y guerra para la selva: la deforestación en Colombia aumenta tras el fin de la guerrilla

Las cifras de la tala ilegal venían mejorando hasta que el gobierno de Santos comenzó a negociar el acuerdo de paz

La ausencia de las FARC ha creado un vacío aprovechado por quienes se apoderan de la selva para actividades como la minería, la ganadería y el cultivo de coca

En 2016 se perdieron 179 mil hectáreas de bosque en Colombia, cifra que ha ido a más en los siguientes años

El acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue un hito para la sociedad colombiana, desangrada por 52 años de conflicto. También fue un punto de inflexión para las selvas de un país que, tras una década de mejoras en la tasa de deforestación, perdió ese año una superficie de bosque comparable a la de Toledo, Guipúzcoa o Almería: 179.000 hectáreas.

Según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el ritmo de la deforestación en la Amazonia colombiana y otras reservas forestales del país llevaba diez años bajando de forma casi ininterrumpida. Pero en 2016 la tasa comenzó a acelerar de nuevo, con una subida de 44% en la superficie deforestada de ese año y otra del 23% en la del siguiente. La ganadería, el oro, la madera y la coca protagonizan gran parte del aumento de un fenómeno que, según los datos del IDEAM, es la principal fuente de gases de efecto invernadero de Colombia (debido al CO2 que se libera al talar los árboles). Por no hablar del daño irreversible al hábitat de las comunidades indígenas, además de la dramática pérdida en biodiversidad y recursos hídricos.

De acuerdo con el profesor y consultor medioambiental Manuel Rodríguez Becerra, que en 1993 fue el primer ministro de Medioambiente de Colombia, para entender lo ocurrido hay que distinguir entre el año del acuerdo de paz y lo que vino después. Según él, el aumento de la deforestación durante 2016 se explica por la negociación con las FARC, un momento en que el Gobierno quiso alejar fuentes de conflicto: "La mayor tolerancia que hubo ese año con las FARC les permitió aumentar la deforestación para los cultivos de coca". 

Paradójicamente, Rodríguez Becerra también atribuye el incremento del 2017 a las FARC, aunque esta vez el motivo fue su retirada de la zona. "Una vez hecho el proceso de paz el gobierno de Santos no tomó el control efectivo del antiguo territorio de las FARC y algunas regiones se convirtieron en tierra de nadie y comenzaron los procesos de apropiación". La explicación es la siguiente: en su último año, las FARC aprovecharon la tregua negociadora para aumentar las plantaciones de coca, pero en la década anterior habían ejercido de vigilantes impidiendo que los campesinos deforestaran. Entre otros motivos, porque así dificultaban el acceso del ejército colombiano a su área.

Terminado el miedo a una represalia de las FARC, en 2017 llegaron los grandes capitales. Como dice Rodríguez Becerra, "se puede ver claramente el tamaño de los deforestadores, porque en tres meses talan hasta 1.500 hectareas en áreas perfectamente trazadas y hacer eso significa una capacidad grande, tener mucho dinero".

Según Brigitte Baptiste, que hasta julio dirigió el Instituto Humboldt para la Investigación sobre la Biodiversidad de Colombia, uno de los factores de la impunidad de los responsables es la falta de claridad de los títulos de propiedad. A principios de los años 40, explica, "se instituyó un mecanismo para proteger a los campesinos y fue que tras 20 años de ocupación, si presentaban pruebas de desarrollo productivo, eran reconocidos como propietarios".

"Lo que era una ley con buena intención acabó convirtiéndose en un incentivo para el robo de tierras del Estado", concluye Baptiste. Agrega que hay procesos históricos de ocupación que aún no han sido resueltos, con comunidades agrícolas viviendo hace décadas en reservas forestales sin títulos: "Sólo los cafeteros fueron apoyados por el Estado con títulos claros desde principios del siglo XX, por eso casi no hay conflictos en tierras cafeteras".

Al abuso de la ley se añade la falta de reacción estatal por la dificultad de hacer valer la ley en un territorio con escasa implantación de las fuerzas de seguridad. "Las autoridades regionales no tienen personal o están cooptadas por los ilegales", resume Baptiste. "Y tampoco es que puedan hacer mucho, si tratas de llegar sin respaldo a una zona donde se está deforestando, no tienes ninguna opción de salir vivo".

La alternativa a castigarlos con la ley es eliminar los incentivos económicos de la deforestación. La venta de la coca ilegal ya está prohibida, pero el veto se podría extender a la ganadería de tierras deforestadas. Una medida elemental, según Baptiste, "que algunos congresistas y senadores resisten pidiendo hacer un punto de corte para que solo afecte a lo deforestado a partir del año 2016". Sostiene: "Me da la idea de que quienes lo piden están envueltos en la corrupción".

Según Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad de muchos poderes públicos se hace evidente cuando hacen llegar servicios como carreteras o electricidad a tierras no formalizadas, "generando un estímulo a la apropiación de tierras que luego son incorporadas a la frontera agropecuaria".

Pero también hay motivos para el optimismo. A principios de 2018, un grupo de niños y jóvenes ayudados por la ONG DeJusticia presentaron una demanda contra el Estado colombiano exigiendo que les garantizase una vida libre de catástrofes medioambientales. Un año después, la Corte Suprema les dio la razón, exigiendo al Gobierno cumplir con sus promesas de frenar la deforestación en la Amazonia colombiana. 

Los activistas esperan que la presión del fallo contribuya a que el nuevo gobierno de Iván Duque acelere la dotación de recursos para capturar y castigar a los responsables de la deforestación. Tras los aumentos de 2016 y 2017, el ritmo de deforestación mejoró en 2018. Aunque sigue en niveles catastróficos, las 197.000 hectáreas del año pasado representan una reducción de 10% con relación al 2017. Según Baptiste, el Gobierno ha desplegado recientemente fuerzas en algunas zonas y ha habido señales de control en el Amazonas pero aún es pronto para saber si 2019 confirmará la tendencia con nuevas bajas. "Como la deforestación es una actividad tan estacional, hay que esperar a que termine la temporada de lluvia, en las próximas semanas veremos en los satélites si sigue aumentando o no".

Por Francisco de Zárate

30/09/2019 - 22:03h

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Jueves, 26 Septiembre 2019 19:01

La guerra de los tal Ivanes

La guerra de los tal Ivanes

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

Publicado enEdición Nº261
EEUU se asoció con milicias armadas en Afganistán impidiendo el éxito de un programa de la ONU que pretendía disolverlas

Tan solo dos meses después del inicio de la guerra en octubre de 2001, Afganistán y las milicias aliadas habían arrebatado a los talibanes el control de todo el país

La posterior lucha por el poder entre estos grupos constituyó "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán" y la ONU puso en marcha un programa para disolverlos

Aunque EEUU formaba parte de esta iniciativa internacional, al mismo tiempo seguía aliado y trabajando con las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar

 

En diciembre de 2001, tras dos meses de ofensiva militar en Afganistán, EEUU había arrebatado a los talibanes el control de todo el país gracias a la ayuda de las milicias afganas aliadas. Jalaluddin Haqqani, un destacado comandante militar talibán líder de la Red Haqqani intentó entonces llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno interino. El 20 de diciembre, como gesto simbólico, Haqqani envió a miembros de su grupo, amigos cercanos y aliados políticos a participar en una caravana que viajaba desde la región de Loya Paktia a Kabul para felicitar al nuevo presidente, Hamid Karzai, y prometerle lealtad.

Pacha Khan Zadran, un señor de la guerra autoproclamado gobernador de Loya Paktia y apoyado por EEUU, paró el convoy a su paso por el territorio bajo su control. Zadran y centenares de sus hombres armados intentaron supuestamente forzar que la caravana le jurase lealtad y le reconociese como gobernador de al región. La respuesta de los líderes tribales en caravana fue que discutirían el asunto después de la inauguración de Karzai y continuaron su ruta hacia la capital, Kabul. Como respuesta, Zadran informó a sus contactos estadounidenses que una caravana Haqqani-Al Qaeda se dirigía a Kabul. Lo siguiente fue un bombardeo aéreo de EEUU en el que murieron unas 50 personas de la caravana y los pueblos cercanos.

Este episodio aparece como uno de los ejemplos de la colaboración entre EEUU y las milicias afganas antitalibanes en el último informe de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), una agencia del Gobierno estadounidense que supervisa la acción de EEUU en la guerra de Afganistán, la más larga de la historia de EEUU, que el 7 de octubre cumple 18 años.

El documento narra que tras la derrota inicial de los talibanes, las milicias comenzaron una cruenta lucha de poder interna para transformar su victoria militar en influencia política y económica. En 2003, la ONU logró poner en marcha un programa para desmantelar a las milicias antitalibanes, que por aquel entonces constituían "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán", según otro informe de SIGAR de 2017. Una de las causas principales del fracaso de esta iniciativa internacional fue que mientras EEUU participaba en el programa, al mismo tiempo seguía aliado, trabajando con y fortaleciendo a las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar, denuncia la investigación.

"Las fuerzas de EEUU estaban al mismo tiempo asociadas con las milicias por motivos de seguridad y otros servicios", denuncia el informe. "La dependencia de EEUU de los grupos armados empoderó a los comandantes y grupos que en teoría iban a ser desmantelados", afirmó John F. Sopko, responsable de la agencia, en la presentación del informe el pasado 19 de septiembre. "EEUU estableció nuevos sistemas de apoyo que reforzaron la misma dependencia económica y social entre los comandantes locales y excombatientes que el programa intentaba romper", explica el documento. De acuerdo con una estimación citada en la investigación, en los meses posteriores al 11S EEUU entregó tanto dinero a las milicias que el valor del dólar respecto a la moneda afgana se redujo a la mitad en tan solo tres meses.

¿Por qué necesitaba EEUU a los grupos armados para combatir a los talibanes? Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington no tenía planeado invadir Afganistán. Esta falta de preparación hizo que la respuesta inicial estuviese liderada por la CIA, que optó por forjar alianzas con varias milicias, especialmente la Alianza del Norte.

Ni EEUU ni las milicias estuvieron especialmente comprometidas con el programa de la ONU de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, el cual estuvo en vigor entre 2003 y 2005. La ONU quiso incluir la iniciativa para disolver las milicias en el Acuerdo de Bonn –acuerdo aprobado en el marco de la ONU en diciembre de 2001 tras la derrota talibán para reconstruir las instituciones de Afganistán–, pero la Alianza del Norte se negó porque entendía que le haría perder poder. En Bonn, las diferentes facciones eligieron a Karzai como presidente interino. Karzai no tenía una fuerza de seguridad y dependía de EEUU, por lo que a cambio del apoyo político, nombro a líderes de la Alianza del Norte como ministros de Defensa, Interior y Exteriores, por lo que estos se hicieron con el control de todo el aparato de seguridad.

EEUU tampoco cumplió sus promesas económicas con el programa de la ONU de desmovilización de combatientes. Washington "prometió 10 millones de dólares, pero a finales de 2004 todavía no había entregado nada. Miembros del programa advirtieron a EEUU que si seguían reteniendo los fondos, el programa se quedaría sin recursos", señala el informe. Finalmente entregaron 9 millones de dólares.

EEUU no contemplaba la reconciliación, solo la victoria

Los talibanes no fueron invitados a Bonn aunque estaban dispuestos a reconocer su derrota. "A pesar de ser rechazados, los líderes talibanes no declinaron de inmediato el orden posterior a 2001. No hubo ninguna llamada a las armas. De hecho, lo contrario: un reconocimiento de derrota y un intento de llegar a un acuerdo", señala el informe. "En los primeros años de la intervención, varios líderes talibanes intentaron rendirse a cambio de amnistía y protección, pero EEUU rechazó estos esfuerzos de reconciliación". La guerra había empezado bien y EEUU solo contemplaba la derrota absoluta de los talibanes. La reconciliación no era necesaria y por eso tampoco se incluyó a los talibanes en el primer programa de desmovilización de combatientes. 18 años después, el Gobierno de Afganistán solo controla el 34% de los distritos y el 47% de la población. El resto está en disputa o controlado por los talibanes.

"A pesar del bombardeo de EEUU al convoy, Haqqani envió a su hermano Ibrahim Omari para jurar 'lealtad al nuevo gobierno' y emitir 'una petición a todos los seguidores de Haqqani para volver de Pakistán y trabajar con las autoridades'. Aunque la CIA al principio celebró la propuesta de Omari, poco después fue detenido por las fuerzas de operaciones especiales de EEUU", señala el informe. Días antes, un grupo de altos cargos talibanes escribieron una carta de rendición y entregaron sus territorios al Gobierno afgano. La Administración Bush, sin embargo, forzó a Karzai a abandonar el acuerdo y la mayoría de los líderes talibanes involucrados volvieron a la lucha armada.

Cuánto ha cambiado la situación que ahora EEUU busca llegar a un acuerdo con los talibanes, de los cuales se estima que hay unos 60.000 combatientes a tiempo completo. Tras acordar un borrador de pacto y lanzar una invitación a los insurgentes para Camp David en el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por los que empezó la guerra, Trump congeló todos los progresos por la presión interna y los continuos atentados de los talibanes. 760.000 millones de dólares después, EEUU sigue en guerra

29/09/2019 - 21:51h

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Beate Klarsfeld, la cazadora de nazis,“Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado”

Junto a su esposo Serge dedicó su vida a perseguir a los responsables de las deportaciones de judíos en Francia y a los nazis que seguían impunes dentro y fuera de Alemania. Llegó a la Argentina, adonde vino a protestar contra la dictadura en 1977, para presentar sus memorias.

 

Beate Klarsfeld nació Beate Künzel en Berlín, en 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Hija de un soldado que peleó en la Wehrmacht , las fuerzas armadas unificadas de Hitler, creció con la imagen de la derrota del nazismo. Se trasladó a París a comienzos de los 60. En Francia conoció al abogado Serge Klarsfeld, rumano de raíces judías, cuyo padre murió en Auschwitz luego de ser deportado desde Niza por el régimen de Vichy, instalado por la ocupación nazi. Beate, cuyo nombre se pronuncia exactamente como se escribe, y Serge compartieron desde entonces la preocupación por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del nazismo. En un momento en que los juicios por los crímenes de los nazis ya parecían cosa del pasado, los Klarsfeld se dedicaron a buscar a responsables de deportaciones y crímenes contra la humanidad. Se convirtieron en cazadores de nazis.

En el convulsionado 1968, Beate se hizo famosa. En el parlamento alemán increpó a Kurt Kiesinger, el entonces canciller, y le recordó a la principal autoridad política de la República Federal de Alemania su pasado nazi. Semanas más tarde, logró acercarse a Kiesinger en un acto político en Berlín Occidental ylo abofeteó en público. Con su esposo revelaron que el canciller demócrata cristiano se había afiliado al nazismo en 1933 y había integrado el área de propaganda del ministerio de Relaciones Exteriores a partir de 1940.

Los Klarsfeld se dedicaron a buscar a nazis connotados, como Klaus Barbie, el responsable de la Gestapo que torturó y asesinó a Jean Moulin, líder de la Resistencia francesa; o Walter Rauff, el creador de las cámaras móviles de gas, con las que se exterminó a casi cien mil judíos. Barbie fue llevado de Bolivia a Francia tras una batalla de más de quince años. Rauff murió impune en el Chile de Pinochet. Llevaron al banquillo a responsables de los crímenes contra los judíos en la Francia ocupada, como Maurice Papon. E incluso lograron extraditar y juzgar a un nazi escondido en la Argentina: Josef Schwammberger, detenido en Córdoba en 1987

En 1977 Beate Klarsfeld vino a la Argentina para protestar contra la dictadura de Videla. Hace unos días, a sus 80 años, volvió para presentar Memorias, un libro de 700 paginas, editado por Edhasa y Libros del Zorzal, en el que se alternan su voz y la de su marido en el relato de sus vidas. Fue homenajeada por la Cámara de Diputados y visitó la ex Esma, entre otras actividades.

-¿Por qué no hubo persecución a los nazis, luego de los juicio de Núremberg?

-Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado. Después de Núremberg empezó la Guerra Fría, y los responsables comenzaron a quedar en libertad. Diez años después de la guerra ya había nazis fuera de la cárcel. De Gaulle llegó a indultar al jefe de la Gestapo en París, Helmut Knochen. Además, Alemania no juzgaba a los responsables de los crímenes cometidos en Francia, algo que cambió con la política de Willy Brandt.

-¿Cuál es su recuerdo de Brandt? Usted lo apoyó en su campaña para canciller y fue quién llevó adelante políticas de memoria.

-Lo conocí cuando era alcalde de Berlín Occidental. En el 69 yo competí en las elecciones por un partido de izquierda y él por la socialdemocracia. Se pudo sacar del gobierno a Kiesinger. Brandt fue quien preparó la unificación de Alemania, reconoció la responsabilidad en la guerra, visitó Varsovia y pidió perdón por los crímenes. Fue un socialista extraordinario. Él era canciller cuando se quiso enviar como representante ante la Comunidad Europea a Ernst Achenbach. Denunciamos que había sido responsable de la línea política de los programas de radio en la Francia ocupada y se bajó su nominación.

-Los funcionarios de segunda o tercera línea del nazismo se reciclaron en puestos del Estado en Alemania Federal en esos años. ¿Cómo fue posible?

-Los alemanes no se consideraban responsables después de la guerra. Se tomó gente que estaba formada en el Estado, no se tomaban jóvenes, sino gente con experiencia. Hubo algunos juicios, sin penas importantes. El país estaba dividido, ya estaba la Guerra Fría. Comenzaron a hacerse investigaciones a nivel parlamentario, pero la mayor parte de la población no estaba indignada. Un propagandista nazi como Kiesinger no llamaba la atención y llegaba a canciller por la vía democrática.

-Un caso emblemático fue el de Rauff, a quien fue a buscar a Chile en plena dictadura. No se logró la extradición, murió al poco tiempo y su entierro fue un acto nazi a plena luz del día. ¿Cómo lo recuerda?

-Rauff era conocido por los servicios secretos alemanes. Sabían que estaba en Chile, y también estaban al tanto de Barbie en Bolivia. Hicimos el reclamo, pero para Chile había prescripción de los delitos. Fui allí en el 83. Estaba Pinochet y reclamamos la salida de Rauff del país. Hicimos saber a la sociedad chilena que en su país estaba el hombre cuyas cámaras móviles mataron a 97 mil judíos. Fuimos a protestar frente al Palacio de la Moneda, delante de su casa… Lo protegía la dictadura. Me fui y murió a los pocos meses. Al menos el mundo supo de él.

-En 1977 vino aquí en plena dictadura de Videla. “He venido a la Argentina para protestar contra un régimen político cuyos métodos represivos y su macabro resultado no pueden dejar indiferente a la opinión pública internacional”, escribió. ¿Qué recuerda de esa visita?

-Me quise solidarizar cuando supe lo que pasaba aquí. Cinco años antes había estado en Bolivia, cuando detectamos a Barbie. En el 77 yo integraba la Liga contra el Antisemitismo y el Racismo. Les dije a mis compañeros que iba a viajar a Buenos Aires. Unos de los miembros de la Liga era François Mitterrand. Todos me apoyaron en la decisión. Sabíamos que la gente desaparecía, que había torturas. Quise alertar al mundo. Mi método es ir allí donde suceden las cosas, no protestar frente a una embajada, voy adonde la gente está en peligro. Había que hacerlo en el lugar y alertar a la población. Al poco tiempo fue el secuestro de las dos monjas francesas. Sirvió para apoyar a las Madres de Plaza de Mayo en su búsqueda de justicia.

-Usted llama a la “acción directa”: la identificación del nazi impune, ir a su casa, hacer saber que allí vive un criminal. En la Argentina existieron los “escraches”, cuando los juicios estaban paralizados. ¿Encuentra similitudes?

-Con la acción directa mostramos el deseo de las víctimas de que se haga justicia. El objetivo era forzar a los jueces a que actuaran. Se trata de la búsqueda de justicia contra criminales de lesa humanidad.

-¿Qué opina del caso argentino en cuanto a los juicios por los crímenes de la dictadura?

-No lo conozco en profundidad. Hubo un perdón a los militares, pero la sociedad siuió pidiendo juicio y castigo. Son crímenes que, si no se juzgan, se pueden reproducir.

-Uno de sus grandes aportes ha sido el “Memorial de la deportación de los judíos de Francia”, el listado con los datos de casi 80 mil víctimas. ¿Qué significó ese trabajo?

-Fue sobre todo obra de Serge, a fines de los 70, cuando el Proceso de Colonia (el juicio a tres nazis alemanes por las muertes de 40 mil judíos franceses). Es un listado en orden alfabético de 76 mil nombres, que incluyen a 11 mil chicos. Están todos los datos: fecha de nacimiento, dirección, cuándo fueron detenidos, a cuáles campos los enviaron… Así se pudieron reunir familias dispersas, porque había padres que eran separados de sus hijos. Incluso se pudo conseguir cinco mil fotos de los deportados. En ese momento se le pudo hacer llegar un ejemplar al juez durante el juicio en Colonia.

-Otro caso emblemático fue el de Klaus Barbie. Pasaron más de quince años entre que usted y su marido lo ubicaron en La Paz y el juicio de 1987. Y hasta se plantearon la posibilidad de secuestrarlo, ante la impunidad y la negativa de Bolivia de entregarlo a Francia.

-Reivindico eso, pero también el Proceso de Colonia contra los tres nazis, Hagen, Lischka y Heinrichsohn, que fueron condenados en 1980. También llevó años poder enjuiciar a Maurice Papon, que fue prefecto en Burdeos durante la ocupación, ayudó a deportar a más de mil judíos y luego siguió en altos cargos durante décadas. Lo de Barbie fue resonante porque martirizó a Jean Moulin, el líder de la Resistencia, y era protegido por los militares bolivianos. Recién cuando Bolivia recuperó la democracia pudo ser llevado a Francia. Yo no paro nunca, si algo no funciona, cambio el método. Solo tengo miedo a fracasar.

Beate Klarsfeld llegó a Buenos Aires acompañada por su hijo mayor, Arno, abogado y miembro del Consejo de Estado, el órgano que el gobierno francés debe consultar ante proyectos de ley. Como abogado, Arno Klarsfeld representó a la Asociación de Hijos e Hijas de Deportados Judíos en Francia (FFDJF) en juicios contra colaboracionistas como Maurice Papon, que trató de esquivar la cárcel alegando problemas de salud. "El tuvo poder en la milicia de Lyon, era un jerarca con buena educación. Pudo haber rechazado las deportaciones y no lo hizo”.

“En los libros de historia de Francia no figuró que los arrestos de judíos los hacían policías franceses, la impresión era que sólo eran culpables los alemanes y que todos eran resistentes salvo altos responsables. Lo mismo en Alemania, había una idea de que el nazismo solamente era cosa de marginales”, cuenta sobre el negacionismo. “Se buscó juzgar, pero se obstruyó todo por la idea de reconciliación nacional y la amenaza de guerra civil”, describe los años sin juicios en la inmediata posguerra. "No hay guerra civil si hay justicia”, afirma.

Sobre la búsqueda de justicia de sus padres, dice que "era una necesidad de las víctimas. Para que la reconciliación franco-alemana estuviera en buenas vías, se precisaba la verdad histórica, que se escribiera la historia tal como sucedió y no como algunos querían imaginar”. En ese sentido, apunta que “dos tercios de los judíos franceses fueron arrestados por la policía francesa” durante el régimen de Vichy, cuya cabeza fue el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra, una figura que aún divide aguas en Francia. “La gente lo respetaba y lo admiraba como un héroe glorioso. Pero nada de lo que ocurrió desde octubre del 40 hubiera sido posible sin su venia. Mi padre halló un documento de su puño y letra en favor del antisemitismo. Se podría haber negado a las deportaciones, y los nazis no tenían mano de obra. En lugar de eso, puso a la policía de Francia a disposición de los alemanes”.

¿Cómo ve Arno Klarsfeld el futuro, desde otra generación, sin la carga emocional de la impunidad de los nazis? “Me toca preservar el trabajo de mis padres, combatir el extremismo, comprometerme con otras causas, como la trata de personas o la ecología”, asegura. Y coincide con su madre al señalar el enemigo del presente: la ultraderecha. “Hay crisis económica y riesgo de dislocación de Europa. Hoy no se sufre tanto como en los años 30, pero hay desigualdades y la gente puede volcarse al populismo de extrema derecha. Por eso creo que es tan importante preservar a la Unión Europea, porque es un escudo que protege”.

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