Crash del fracking a la vista, según Bloomberg

Antes de la "era del coronavirus", estaba cantada la declinación del caníbal fracking (fracturación hidráulica; https://bit.ly/2WIq3AO).

David Wethe, de Bloomberg, informa la “advertencia de los gigantes de fracking” de que el “crash del shale (gas/petróleo lutita) será más rápido esta vez”: “mucho mayor que el de hace cinco años que golpeó a EU y Canadá (https://bloom.bg/2QGB9SU)”, según las depredadoras Schlumberger/Halliburton, que tanto daño causaron a México en su etapa neoliberal con su fétida secuencia de entreguistas directores de Pemex (https://bit.ly/3bo0d9d).

La dupla Schlumberger/Halliburton podó sus gastos en forma significativa cuando Wall Street decidió no seguir sosteniendo a la industria del shale en sus cuidados financieros intensivos.

Halliburton, líder del caníbal fracking, planifica cerrar los dos tercios de sus pozos en los últimos tres meses del año, mientras Schlumberger, mayor proveedor de servicios petroleros del mundo, empezó a recortar sus gastos hasta 30 por ciento para lo que queda del año.

No faltan quienes calculan que el cierre de los pozos en EU para extraer shale pueda alcanzar 70 por ciento en los próximos seis meses.

Se trata de un juego de los tres grandes del mundo petrolero/gasero: EU/Rusia/Arabia Saudita (AS), donde el vencedor será quien pierda menos.

Sputnik, de Rusia, evalúa que “los precios del crudo se dispararon tras el anuncio de la Reserva Federal de su plan ‘agresivo’” –que a su vez resucitó a Wall Street de manera artificial mediante la "técnica Bernanke" del lanzamiento de dólares desde los helicópteros (https://bit.ly/3doikhn).

El holandés Cyril Widdershoven –analista de "defensa de energía" en Medio Oriente– en el portal saudita Al Arabiya rechaza los "análisis" de la guerra de precios entre Rusia y AS, que dan como perdedor a AS. Alega en forma muy debatible que "en brusco contraste a Riad, Moscú no es capaz de acceder a las finanzas y a los servicios petroleros al mismo nivel que AS", debido a las sanciones de EU (https://bit.ly/33J2nxx).

Es muy discutible, ya que habrá que ver cuánto perdurarán las sanciones de EU en la "era del coronavirus" cuando Rusia cuenta con el respaldo financiero de China que ostenta las mayores reservas de divisas del mundo (https://bit.ly/39iuWDo).

A juicio de Widdershoven, el bluff de Putin, con cobertura ajedrecista, ha sido expuesto por el revire saudita "Tawila": "inmensos picos de producción".

El "error" de Putin, según este acrobático análisis, es haber mirado únicamente al shale de EU.

Anómalamente, Widdershoven no toma en cuenta la sensible dependencia geopolítica de AS con EU, antes y después del coronavirus, por lo que la inminente visita de Mike Pompeo a Riad definirá el piso y/o las tendencias del mercado.

Llama la atención el artículo en Al Arabya de Robin Mills, ejecutivo de Qamar Energy, donde baraja la hipótesis de una unión de “Texas (¡megasic!) y Rusia con la OPEP para evitar el colapso del mercado petrolero (https://bit.ly/3bqPFWO)”.

Para beneficio del análisis dialéctico y holístico, vale la pena destacar la audaz postura del francés Thierry Meyssan, de Red Voltaire, que puede erizar los cabellos de neófitos/ignaros/cándidos, quien advierte el inicio de la balcanización de AS, Yemen y Turquía.

A juicio de Meyssan, el Pentágono planea balcanizar Turquía y AS debido a que el primero busca(ba) una guerra con Rusia, y el segundo colapsó la industria shale del fracking.

Según el geopolitólogo francés, la respuesta del Pentágono no se hará esperar mas allá de 3 meses (https://bit.ly/2UyYpUb).

Afirma que la disección de AS había sido contemplada por el Pentágono desde 2002 y destaca un artículo del Wall Street Journal (https://bit.ly/2wDaUpE) y otro del NYT (https://nyti.ms/2xoT49W), donde se escenificó un complot para derrocar al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien hasta hace poco era íntimo de Jared Kushner, yerno de Trump.

Otros multimedia mediorientales traslucen que el golpe abortado en AS fue diseñado por el secretario de Estado Mike Pompeo, "evangelista sionista" y ex director de la CIA.

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Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia

Las Águilas Negras no están "registradas" pero sí existen

“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, afirmó en 2013 el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en relación con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los hechos en los cuales se ha vinculado al exmandatario con grupos paramilitares. Junto con estas palabras, anunciaba que ordenaría que se investigara a Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales”. Posteriormente el magistrado sufrió amenazas desde las redes sociales y el senador Uribe Vélez lo señaló de exguerrillero.

El 27 de junio de 2017 el magistrado Pinilla Cogollo renunciaría a su cargo a través de una misiva dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y declararía que su renuncia se debió a que la ley de Justicia y Paz se limitó a conceder penas de ocho años pero no a que se divulgue la verdad[1].

El pasado 21 de febrero del 2020, otro magistrado Juan Guillermo Cárdenas, también del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en una abultada sentencia de 2.278 páginas, contra 9 paramilitares del Bloque Metro, le ordena a la Fiscalía que amplíe la diligencia de versión libre que en noviembre de 2013 rindió Abad Giraldo Arias, ‘el Indio’, “recabando sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la masacre en la vereda Cañaveral”, en Remedios Nordeste Antioqueño, ocurrida el 7 de julio de 2001.

La masacre, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido como ‘Rodrigo Doble Cero’, fundador de las Autodefensas y sanguinario paramilitar; se llevó a cabo contra arrieros y trabajadores de la tierra, a quienes los paramilitares acusaban de ser “colaboradores de la guerrilla”. Fueron decenas las víctimas, muchas obligadamente enterradas en fosas comunes por sus propios vecinos.

El Bloque Metro fue creado en 1998, en el nordeste antioqueño, estuvo asociado a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir y con Luis Alberto Villegas Uribe, antiguo socio de la familia Uribe Vélez.

Antes del 2001, el municipio de Remedios, había sufrido otra dolorosa incursión paramilitar donde fueron masacradas 18 personas del caserío. La acción fue cometida por paramilitares de las Autodefensas del Nordeste GAN, la noche del 2 de agosto de 1997. Según el Centro de Memoria, la noche del 1 de agosto, tanto el Ejército como la Policía hicieron presencia en el casco urbano de Remedios y llevaron a cabo operativos de control y requisas a los pobladores, sin embargo, horas más tarde, no reaccionaron “para interrumpir o impedir el recorrido paramilitar”.

Pero los antecedentes nos llevan aún más atrás. Desde los años 80, los mandos militares en la región crearon, una red paramilitar compuesta por miembros de las secciones de inteligencia del ejército, integrantes de grupos paramilitares, y personas ligadas al narcotráfico. Participaron en distintos momentos ganaderos, políticos locales y empresas. Esta red operó bajo diversas siglas: M.A.S, M.R.N, Los Realistas, Los Blancos y ANA.[2]

El 18 de marzo de 1987, el exmagistrado y presidente de la UP Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, en rueda de prensa, señaló con nombres y grados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones, e informaba de la existencia del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N, demostrando la pertenencia de miembros de la Policía a dicha estructura. El 11 de noviembre de 1988, el MRN se adjudicó la masacre en Segovia en la que fueron asesinados 43 pobladores. Las investigaciones posteriores arrojarían que había sido planeada directamente en el cuartel general de la XIV Brigada, en cabeza del comandante, brigadier General Raúl Rojas Cubillos. También se comprobó que varias de las cartas de amenazas, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del comandante del Batallón Bomboná Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo.

En 1989 hace su aparición en Yondó, Muerte a Revolucionarios y Comunistas MARCO, que regularmente eran escoltados por unidades de la XIV Brigada. El alcalde informó de esta situación al ministro de Gobierno y al gobernador de Antioquia.Posteriormente surgiría el HURE, que según el testimonio del exmiembro de la red de inteligencia de la XIV Brigada; varias investigaciones fueron la principal causa que condujo a la Brigada a crear esta estructura clandestina dentro del ejército” [3].

Ya en 1979, en el Manual Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Del Ejército Nacional, se impartían claras indicaciones para la realización de operaciones encubiertas. Así, se recomienda a comandantes de compañías, el uso de “agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen acciones de bandoleros”.[4]

Al respecto, el caso más emblemático fue el de la llamada Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que desde 1978 hasta 1981, asesinó y desapareció varios miembros de la oposición política. Las amenazas eran reivindicadas públicamente por la Triple A, pero los asesinatos y desapariciones, eran atribuidos a fuerzas oscuras. Sin embargo, las investigaciones adelantadas y las confesiones de varios exintegrantes del Binci, pusieron al descubierto la identidad de quienes actuaban detrás de la Triple A. Entre ellos el Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Batallón de Inteligencia “Brigadier General Charry Solano” [5].

A principios de 1987, los grupos paramilitares inician su integración a nivel nacional, basados en la experiencia del Nordeste Antioqueño, por ello se realiza una reunión con ese fin en la sede del Batallón “Charry Solano” en Bogotá. Esta reunión esta “liderada por el servicio de inteligencia del ejército”, y asisten líderes paramilitares regionales. Después vendría el MEPAN Movimiento Patriota de Autodefensa Nacional, en el año de 1992. Esta estructura sería el antecedente de las AUC [6].

Con razón el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, había señalado en 2013, que el Estado sabía de la existencia de los paramilitares y de la vinculación de los altos mandos militares con estos desde 1983, por tanto “el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares”. De hecho el surgimiento del paramilitarismo, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas del país ni se explica por esa razón, al contrario, nacieron y crecieron donde había presencia del Estado y las Fuerzas Militares y eran apoyados por éstas.

El reciente llamado del Tribunal Superior de Medellín al esclarecimiento de la participación del expresidente Uribe en la masacre de Remedios en el año 2001; será fundamental para determinar la profundidad y extensión de esa omisión y acción del Estado Colombiano frente al paramilitarismo y su aterrador accionar.

Mientras tanto, las recientes declaraciones del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, en relación a las amenazas y asesinatos de líderes sociales por parte de las Águilas Negras,  en las que despachó el asunto con: “Esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”, recuerdan las declaraciones de la ANDI en 1983, a raíz del informe de la Procuraduría sobre el M.A.S, en las que los industriales aseguraban: “El M.A.S, no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas saldrán airosas”.[7]

1 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-justicia-le-ha-faltado-valor-para-investigar-uribe-ruben-dario-   pinilla-articulo-717119

2 Sumario adelantado contra Ramirez R. y otros por Homicidio, por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal.

Declaración de Martín Emilio Sánchez, ante la Procuraduría General de la Nación, el 20/07/90

4 Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Imprenta de las Fuerzas Militares, Bogotá 1979, pág. 188

5 El Espectador, 16 de febrero de 1981. Pág, 10 A

6Documento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con las declaraciones del Mayor retirado Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Aparecido en “Tras los pasos perdidos de la guerra sucia” Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia.

El Tiempo, 22 de febrero de 1983, pág. 6 A.

 

Por Pablo Nariño | 16/03/2020 

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Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

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La violenta paz de Colombia: "Cada día matan a uno o dos líderes sociales"

Las amenazas y la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes comunales se ha recrudecido en el país desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, mientras el Gobierno de Iván Duque trata de restarle importancia. Los desplazamientos forzosos continúan y los colombianos ya son la segunda nacionalidad que más asilo pido en España.

"Abandonar tu territorio y a tu familia por amenazas es lo más triste que le puede pasar a uno en la vida", relata por teléfono a Público la lideresa afrocolombiana Julisa Mosquera, nacida en Quibdó, capital del Chocó. En Colombia, cada día aumenta más la lista de líderes sociales y de defensores de derechos humanos que son asesinados, la inmensa mayoría con total impunidad.

El país está viviendo una oleada de violencia que, paradójicamente, se ha recrudecido desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en 2016. Los datos varían en función de la fuente pero todos son igualmente alarmantes. Entre 2016 y 2019 se registraron 366 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el último informe de Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La Defensoría del Pueblo eleva la cifra 555 en el mismo periodo y alerta del "aumento exponencial", en el caso de las mujeres.

Sólo el año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 108 asesinatos de líderes sociales, casi un 50% más que en 2018. En los dos primeros meses de 2020, la oficina de Michelle Bachelet ha confirmado otros cuatro homicidios y verifica otra treintena.

La lista aumenta si se cuenta a exguerrilleros desmovilizados. En tan solo los dos meses de 2020, más de 60 activistas y excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados por oponerse públicamente a proyectos de grandes multinacionales, denunciar corrupción política o enfrentarse a los grupos armados que buscan ocupar los territorios, según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Desde la firma de la teórica paz colombiana, este organismo cuenta más de 700 líderes sociales asesinadosy 135 excombatientes de las FARC. Fuera quedan los ataques y las amenazas, y numerosos colectivos denuncian el maquillaje de cifras por parte de los diferentes Gobiernos.

"Son homicidios sistemáticos que buscan crear miedo en las regiones rurales para que nadie pueda denunciar", recalca la activista Mosquera, víctima de secuestro, torturas y desplazamiento. "Llevo once años corriendo de un sitio a otro, no puedo quedarme en ningún lugar ni tener un espacio propio. Toda mi familia vive pendiente de cuándo me van a matar", lamenta esta desplazada interna.

Refugio en España

El suyo no es un caso aislado. Colombia es el país con más desplazados internos del mundo, según la ONU. Los 60 años de guerra han provocado casi ocho millones de desplazados forzosos, y el fenómeno continúa en tiempos paz hasta el punto que cada vez son más los afectados que buscan asilo político en Europa. Ya son la segunda nacionalidad que más protección internacional pide en España, sólo por detrás de los venezolanos. En 2019, más de 29.000 colombianos pidieron asilo en España, el 25% de las más de 118.000 solicitudes registradas. El el triple que las registrada en 2018, pero el aumento es exponencial si se mira al año 2016, cuando apenas eran 600 los colombianos que buscaban refugios en España. 

La persecución de estas personas se da principalmente en las llamadas regiones, zonas rurales de las periferia del país, donde el Estado apenas llega y donde la guerrilla, ahora fuera de la ecuación, imponía su particular orden.

Entre las víctimas hay una enorme casuística:  reclamantes de tierras, políticos —especialmente opositores a la extrema derecha que ahora ocupa el Gobierno—, defensores del medio ambiente que se enfrentan a la extracción de los recursos naturales y excombatientes de las FARC-EP, líderes campesinos o portavoces de colectivos de víctimas del largo conflicto, según explica el sociólogo colombiano Mateo Giraldo.

Las alarmantes cifras pasan desapercibidas para la comunidad internacional, que habla de Colombia como ejemplo de transición. "Esta situación es invisibilizada porque la gente cree que como ya se firmó el Acuerdo, ya hay paz", resalta Marcos Ávila, vicepresidente de Ciudadanías por la Paz, una de las asociaciones que promovió las marchas de colombianos hacia a la Corte Penal Internacional para denunciar los crímenes contra los líderes sociales en 2019.

"Todos son asesinatos selectivos, no se dan por accidente o error. Esto es fácil detectarlo porque todos ellos han pasado por asociaciones, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones que buscan construir territorio", hacer valer los puntos de los acuerdos de paz que tanto rechazó el presidente Duque, aclara Ávila.

Un Estado ausente 

"A la gente la están matando por enfrentarse a empresas multinacionales, petroleras, mineras y agroindustriales", sentencia Francia Márquez, activista ganadora del premio Medioambiental Goldman en 2018. Esta defensora de derechos humanos explica que el Gobierno colombiano, de corte neoliberal, ha favorecido la acumulación de capital de las grandes empresas que persiguen sus intereses económicos a costa de las comunidades. 

"He recibido 15 amenazas desde 2019 y hace un año sufrí un atentado con granadas en la región del Cauca. Las agresiones son constantes, cada día matan a uno o dos líderes comunales", comenta. Por su recorrido como activista, Márquez tuvo que abandonar su tierra, el territorio ancestral de la Toma, en octubre de 2014. "La impunidad en este país sigue siendo un premio para los victimarios, hay mucha complicidad", reclama.

También denuncia que lo poco que se había avanzado con el proceso de paz se está perdiendo durante el Gobierno de Iván Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal opositor a los acuerdos de paz. "Hablan de desarrollo económico pero aquí no hay salud, acceso al agua ni una buena educación", comenta la activista.

Para el sociólogo Mateo Giraldo, el principal obstáculo a la hora de afrontar estos crímenes es que el Gobierno no los reconoce como un fenómeno sistemático y opina que sólo busca "solucionar el problema militarmente". Sin embargo, lo que reclaman las comunidades que sufren la violencia es que el Estado se haga presente en forma de derechos sociales, que garantice el acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad y a la participación política. 

La escalada de ataques contra activistas y excombatientes revive los fantasmas del exterminio de los militantes de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierdas que nación en 1985, después de un acuerdo de paz entre el Gobierno con las FARC que no cuajó.

Más de 3.000 militantes de esta formación, entre ellos dos candidatos presidenciales, fueron víctimas de ataques selectivos atribuidos a grupos paramilitares de de idiología ultraderechista, en connivencia con sectores de las las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tanto el anterior Gobierno como el actual niegan que haya un plan sistemático de eliminación de los líderes sociales que velan por la aplicación de los acuerdos de paz y por el desarrollo del rural colombiano.

madrid

10/03/2020 22:28

Por maría duarte / jairo vargas

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Abdulla y Ghani asumieron como presidentes de Afganistán en el mismo día y en el mismo lugar.  ________________________________________ Imagen: AFP

Mientras las ceremonias de investidura tenían lugar, se produjeron dos explosiones en Kabul

Esta crisis gubernamental viene gestándose desde septiembre, cuando la celebración de los comicios estuvo marcada por una baja participación debido a las amenazas de los talibanes y las posteriores denuncias de fraude masivo por parte de los rivales de Ghani.

El presidente afgano Ashraf Ghani asumió este lunes un segundo mandato presidencial en un contexto de crisis institucional, ya que el exprimer ministro Abdulá Abdulá, que también reivindica la victoria en las elecciones de septiembre de 2019, se declaró presidente inmediatamente después.

"Juro en nombre de Dios obedecer y proteger la santa religión del islam, de respetar y supervisar la aplicación de la Constitución", dijo Ghani en una ceremonia que contó con una importante asistencia de diplomáticos. Al mismo tiempo, en otro lugar, en una ceremonia transmitida por la televisión, Abdulá Abdulá se declaraba presidente de Afganistán.

Abdulá Abdulá juró "proteger la independencia, la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses del pueblo afgano", minutos después de que Ghani jurara el cargo de presidente. Y mientras ambas ceremonias de investidura tenían lugar, se produjeron dos explosiones en Kabul.

"No tengo chaleco antibalas, solo mi camisa. Seguiré en el cargo aunque me tenga que sacrificar", disparó Ghani, sin abandonar el estrado en el que estaba pronunciando su discurso, pese a que se activaron las alarmas en el palacio presidencial.

"Pido a mis rivales electorales que se unan a mí para servir a este sagrado país", agregó Ghani durante su discurso, que contó con la presencia de una amplia representación diplomática, en la que destacaba el representante especial de Estados Unidos para la paz en Afganistán, Zalmay Khalilzad.

La jura de Abdullah, que en numerosas ocasiones fue retransmitida en directo junto a la de Ghani por las televisiones locales con la pantalla partida en dos, contó sin embargo con una representación de perfil más bajo, con simpatizantes políticos nacionales.

Crisis política 

Esta crisis gubernamental viene gestándose desde septiembre, cuando la celebración de los comicios estuvo marcada por una baja participación debido a las amenazas de los talibanes y las posteriores denuncias de fraude masivo por parte de los rivales de Ghani.

Los resultados finales, que se retrasaron hasta febrero, confirmaron la victoria de Ghani con un 50,64 por ciento de los votos, frente al 39,52 por ciento de Abdullah, que al tiempo que rechazaba el escrutinio se autoproclamaba vencedor de los comicios. Sin embargo, Ghani insistió hoy durante su discurso que no cierra la puerta a sus rivales, en clara referencia a Abdullah, al remarcar que necesita un "gobierno fuerte" ante el momento histórico que le ha tocado vivir a Afganistán.

Abdullah, en su discurso, también se mostró "listo para las negociaciones" y para trabajar en aras de la "unidad de Afganistán", aunque eso no evitó que se proclamara "presidente" ante los asistentes.

Ese momento histórico no es otro que la negociación con los talibanes, un proceso de paz que llega tras la firma de un acuerdo el pasado 29 de febrero entre los insurgentes y Estados Unidos en Doha, en el que se pactó la retirada en 14 meses de las tropas extranjeras.

Conversaciones con los talibanes

Para el inicio de las conversaciones afganas, que estaban previstas en un principio para el 10 de marzo, los talibanes y Estados Unidos habían pactado la liberación de 5 mil insurgentes, algo a lo que Ghani se había opuesto hasta hoy, cuando pareció sin embargo dispuesto a ceder a cambio de una reducción de la violencia.

"La liberación de los prisioneros talibanes está vinculada a la paz y la seguridad de las personas, en este sentido emitiré un decreto mañana, que incluirá más detalles sobre este proceso. Afortunadamente, llegamos a un marco en el que, a cambio de la liberación de prisioneros, se producirá una reducción significativa de la violencia", sentenció Ghani en un anuncio inesperado.

Esa violencia, sin embargo, está aún muy presente, mostrándose también este lunes durante la ceremonia de Ghani, cuando se escucharon hasta seis explosiones mientras pronunciaba su discurso, lo que desató el pánico entre los asistentes.

El ministerio de Interior detalló en un breve comunicado que las explosiones se debieron a por lo menos cuatro proyectiles de mortero que cayeron en varias zonas de la ciudad, todas en las proximidades de la sede presidencial.

"Las fuerzas de seguridad y la policía continúan sus esfuerzos por detener a quienes están involucrados en este ataque", dijo el portavoz de Interior, Nasrat Rahimi, sin aportar más detalles.

El ataque se convirtió en una de las imágenes de la jornada, cuando Ghani en un gesto simbólico pidió a todos calma, asegurando que unas explosiones no debían amedrentarles, al tiempo que se desabrochaba su chaleco para mostrar que no contaba con protección especial.

"No estoy usando chaleco antibalas, estoy usando ropa común y corriente. Mi pecho está listo para ser sacrificado por Afganistán y mi pueblo", sentenció el presidente afgano, entre gritos y aplausos de los asistentes.

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Paramilitarismo que reconfirma su instinto asesino

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas, debido al accionar persistente de un paramilitarismo que cuenta con la complicidad activa y pasiva de todas las instituciones y que progresivamente afianza su dominio total de nuestra región.

Hace 23 años nos conformamos como una Comunidad de Paz no participante en el conflicto armado y que rehusaba compartir cualquier espacio o colaborar de alguna forma con cualquier tipo de actor armado. Desde entonces las agresiones han sido continuas, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales, bombardeos, desplazamientos, campañas de difamación, calumnias, pillajes, destrucción de  viviendas y cultivos, robos y asaltos armados, incursiones armadas a nuestros espacios, amenazas, montajes, violaciones, profanación de cadáveres y espacios sagrados, memoricidios, invasiones, controles paramilitares y estigmatizaciones de toda índole, por el poder de las armas tanto legales como ilegales. Mes tras mes hemos venido dejando constancia de todas las agresiones que nos afectan y de la complicidad del Gobierno y de las instituciones del Estado en toda esta barbarie contra el que piensa diferente en nuestra región y en el resto del país.

La muerte sigue siendo la forma más efectiva para deshacerse de quien no se someta. En estos dos últimos  años  la estructura paramilitar que hace todo el trabajo sucio del gobierno, ha estado circulando listas de personas para matar, adicionales a los centenares de vidas ya eliminadas; listas que están siendo ejecutadas al pie de la letra y dejando en claro la tolerancia de los organismos de control, del aparato judicial y la responsabilidad de mando del Jefe de Estado, señalado por la Constitución como el supremo garante de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vida, a la integridad y a las libertades básicas individuales y colectivas.

En los últimos días enfrentamos otra vez la destrucción de una vida civil a manos de los paramilitares, con la rutinaria respuesta del Estado: no pueden ir siquiera a diligenciar el levantamiento del cadáver porque “no hay condiciones de seguridad para los agentes estatales”. Nos preguntamos de qué tipo de inseguridad se habla, cuando ejército, policía y demás instituciones oficiales conviven diariamente en el minúsculo poblado de San José con los integrantes y mandos del paramilitarismo, estructura responsable de este último crimen y cuyos mandos elaboran las listas de gente para matar.  Por ello nuestra Comunidad no duda en atribuir máxima responsabilidad a los diversos estamentos del Estado que hacen presencia en el corregimiento, como la Brigada XVII del ejército y la Policía de Urabá, instituciones que confiesan recibir nuestras constancias en las cuales se revelan las rutas de presencia y de violencias de los paramilitares, incluyendo los alias y no pocas veces los nombres reales y los números de celulares desde donde amenazan y anuncian sus crímenes, e incluso videos tomados en las fincas de la zona donde concentran sus tropas ilegales, armadas y uniformadas. Pero NUNCA PASA NADA. TODO SIGUE IGUAL Y PEOR.

Los hechos de los cuales dejamos constancia esta vez son los siguientes:

  • ·En los días previos al 21 de febrero de 2020(aniversario de la horrenda masacre de Mulatos y La Resbalosa), según información de los pobladores de la zona, los paramilitares habrían realizado una reunión con la población civil en la vereda Mulatos.
  • ·El domingo 23 de febrero de 2020, el joven paramilitar conocido en la zona como “KALET”, quien es un desmovilizado de las FARC-EP y beneficiario del programa de desmovilización del Gobierno Nacional, lanzó serias amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestando: “Yo no descanso hasta ir a La Holandita  y ver correr la sangre de esa hp Comunidad”.
  • ·El mismo domingo 23 de febrero de 2020, según informaciones de pobladores, el Ejército habría hecho una reunión con la población civil en el corregimiento de Nuevo Antioquia, de Turbo, al parecer para tratar el tema de la carretera de Nuevo Antioquia / Playa Larga / Rodoxalí / La Esperanza / Mulatos, la cual se ha estado abriendo ya mediante una brecha que no cuenta con ningún tipo de licencia. Según la información recibida, no se concedió la licencia, pero los militares le recomendaron a la población civil que siguieran abriendo la carretera de manera clandestina, con máquinas de la Brigada, pues después que ya esté hecha no le quedará más salida al gobierno que legalizarla. Estas mismas palabras fueron expresadas por los paramilitares el año pasado, en las veredas Resbalosa, de San José de Apartadó, Baltasar y otras veredas de los corregimientos de Batata y Frasquillo del Municipio de Tierralta Córdoba, al manifestarle a la población civil que les ayudaran a electrificar esas veredas de una forma ilegal, que después la empresa EPM les tendría que legalizar la energía eléctrica al estar ya instalada.
  • ·El miércoles 26 de febrero de 2020un grupo de paramilitares con trajes de civil y portando armas cortas se encontraba en una vivienda civil, como a unos 180 metros junto al río el Cuchillo del casco urbano de San José, donde estaban consumiendo licor y amedrentando con sus armas a la población que pasaba por el lugar.
  • ·El mismo miércoles 26 de febrero de 2020,se notó una alta presencia de paramilitares con prendas militares y armas largas en los alrededores de las veredas Mulatos Alto y Mulatos Medio de San José de Apartadó.
  • ·El jueves 27 de febrero de 2020, dos paramilitares que han estado acechando los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos Medio, cruzaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra portando armas cortas y radios de comunicación.
  • ·El viernes 28 de febrero de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada de la presencia de un grupo de paramilitares encapuchados entre las veredas El Salto, El Guineo y El Gas, de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores, los paramilitares allí amedrentaron a una familia que venía a trabajar en una tierra de su propiedad, la cual se retiró de nuevo de la zona por temor a ser asesinados.
  • ·El sábado 29 de febrero de 2020, entre las 6:00 y 7:00 a. m. fue asesinado cerca de su casa, en la vereda La Miranda, de San José de Apartadó, el señor AMADO TORRES, poblador de dicha vereda e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según las informaciones recaudadas, hombres portando armas largas y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares llegaron hasta su vivienda, lo sacaron y lo asesinaron con varios impactos de bala de fusil en la cabeza. Su hijo de 20 años, Carlos Andrés Torres, había sido asesinado por soldados del Ejército Nacional en la vereda Caracolí, el 9 de abril de 2013, cuando iba a regresar a su vereda luego de haber traído productos agrícolas para vender en Caracolí. Todo muestra que a su padre, Don AMADO, los paramilitares lo tenían sentenciado por la autonomía que demostraba frente a ellos, no sometiéndose a sus imposiciones, administrando libremente los recursos de su finca y negándose a pagarles los impuestos ilegales o “vacunas” que ellos le exigían. Los organismos judiciales se negaron a ir a la vereda a realizar el levantamiento del cuerpo, alegando irónicamente “razones de seguridad”, cuando todo el mundo percibe su cercanía y complicidad con los paramilitares, al menos garantizando la apabullante impunidad que reina en la región que es la mayor culpable de la criminalidad reinante. Coincidencialmente, ese día el Presidente Iván Duque se encontraba de visita en Apartadó junto con el ex presidente Álvaro Uribe, en supuestos talleres denominados “construyendo país” y al enterarse del crimen le restó importancia aduciendo que en la zona hay muchos grupos violentos. Los órganos judiciales, en una actitud irresponsable, quisieron imponerle a la familia de la víctima la tarea de recoger las pruebas del asesinato, transfiriendo a las mismas víctimas lo que es su propia tarea remunerada. En lugar de ejercer de manera profesional su tarea, la fuerza pública, a través del Comandante Nacional de la Policía, General Óscar Atehortúa, lo que hizo fue ofrecer recompensas monetarias –esta vez de 20 millones- al civil que informe sobre los autores del crimen. Así se sustituye en Colombia la tarea de los órganos de instrucción penal, recurriendo a un método perverso que se presta para las más infames manipulaciones y montajes y de paso arruinan la moral pública, enseñándole a la gente que la denuncia es una mercancía lucrativa cada vez más lejana de un ejercicio ético, y en la cual se refina el caldo de cultivo para los falsos testimonios, los montajes judiciales y la destrucción en profundidad de toda conciencia moral.
  • ·El domingo 01 de marzo de 2020, llegaron comentarios a nuestra Comunidad de Paz de que los paramilitares están avanzando en la compra forzada de tierras en la zona de Caraballo, de la vereda Arenas Bajas, de San José de Apartadó. Ya son muchas las propiedades en tierras que este grupo paramilitar ha adquirido bajo amenazas a sus dueños, quienes terminan vendiéndoles la propiedad por temor a ser asesinados.
  • ·Este mismo domingo 01 de marzo de 2020, en horas de la noche fue amenazado de muerte el señor JOSÉ POLICARPO CATAÑO, en el caserío de San José, por tres hombres quienes según informaciones hacen parte a los paramilitares y reconocidos en la zona: Darío Tuberquia encargado de narcotráfico, Jairo Borja y Yeison Osorno. Estuvieron a punto de dispararle con armas de fuego.
  • ·El lunes 02 de marzo de 2020, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz sobre una lista que estaría circulando en San José entre los paramilitares, de gente para matar dándole continuidad a la dicha lista donde ya han asesinado a Deimer Usuga el 16 de enero 2019, Yeminson Borja el 7 de julio 2019,  weber Andrés el 18 agosto 2019 y Amado Torres el 29 de febrero de 2020 y al parecer el contenido de dicha lista sigue siendo de pobladores de la zona y miembros de nuestra Comunidad de Paz, cuyas ejecuciones están ya en preparación.

Dejamos también constancia de que el 19 de junio de 2019 radicamos en la Presidencia de la República un derecho de petición (Rad: Ext 19-00060721) con 86 constancias de hechos perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz entre el 7 de agosto de 2018 y el 23 de mayo de 2019, invocando los artículos 2,6,18 y 189 de la Constitución Nacional, los artículos 7,11 y 20 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y la Sentencia SU 1184/01 de la Corte Constitucional, No. 16-17.

El Presidente Duque remitió dicho documento al Ministerio de Defensa, contra la tradición jurídica universal que no considera válido que la institución victimaria se investigue a sí misma. El 17 de diciembre de 2019 el Comandante de la Séptima División envió una respuesta de 32 páginas elaborada por la Brigada XVII, en la que se refiere a 81 constancias de las 86 incluidas en el Derecho de Petición. En un solo caso (marzo 13 de 2019) reconoce que había presencia militar en Mulatos y que los disparos se debían a tropas del ejército que estaban en un supuesto enfrentamiento con otro grupo armado. En todos los demás casos se afirma que las tropas del ejército estaban distantes de los sitios de los hechos (entre 4 y 11 kilómetros); se alega que los hechos no fueron informados “en tiempo real”, o sea con tiempo suficiente para que el ejército pudiera preparar operativos para estar allí cuando se presentaran las agresiones; o que los hechos no son claros sino confusos, con informaciones precarias, a pesar de que se dieron todas las coordenadas de tiempo, lugar y nombres ficticios o reales de los victimarios y en varios casos los números de los celulares de donde llamaban a amenazar.

Este tipo de respuesta del Gobierno revela algo muy grave pero es lo que se ha vivido en los 23 años de existencia de la Comunidad de Paz: los paramilitares se mueven con plena libertad por todo el territorio, reúnen a las poblaciones de las veredas para imponerles normas, amenazarlas y cobrarles impuestos ilegales, pero jamás su presencia coincide con la del ejército. Todo parece milimétricamente calculado y coordinado para que cuando se den las agresiones el ejército esté situado a 4 o más kilómetros de distancia y así podrá afirmar que “no se enteró” de los hechos y, cuando ya se producen las denuncias o constancias, transcriben un párrafo uniformemente digitalizado en que dicen que ellos están siempre realizando operativos de inteligencia y de control para proteger a la comunidad y para tratar de individualizar a los miembros del “Clan del Golfo”, que es su enemigo virtual y teórico, pues nunca se encuentran con él, pero no consideran como actor ilegal la estructura paramilitar a la cual están vinculados la cantidad de nombres concretos que la Comunidad ha ido registrando en sus constancias, con quienes ejército y policía departen diariamente y amistosamente en el caserío de San José.

Sobra decir que, cuando las constancias hacen referencia a actuaciones del Ejército imposibles de ocultar, como la Acción de Tutela contra nuestra Comunidad para obligarla a callarse ante las agresiones (octubre de 2018) y las presiones de la Jueza, presionada a su vez por la Brigada XVII, para amordazar a nuestra Comunidad, el documento “ignora” las constancias y evade toda respuesta o comentario.

Nuestra Comunidad entiende que la fuerza pública no tiene facultades judiciales y por eso “se lava las manos” ante la impunidad absoluta de todos los hechos. El Presidente y las diversas instituciones del Estado saben muy bien que nuestra Comunidad no acude al aparato judicial porque ha experimentado hasta la saciedad, durante varias décadas, que dicho aparato no hace justicia y solamente produce impunidad y corrupción y por añadidura persigue a los denunciantes y testigos. Es trágico que ninguna de las más altas Cortes del Estado haya acogido nuestras denuncias sobre los innumerables hechos probados de corrupción que les presentamos en el Derecho de Petición del 19 de enero de 2009, y se hayan negado a investigarlos y corregirlos y mantengan en sus cargos a todos los corruptos. Éticamente y en conciencia no podemos colaborar con un aparato así de putrefacto.

En las negociaciones de paz en La Habana, el Gobierno se comprometió a tomar medidas eficaces para erradicar el paramilitarismo. Sin embargo, como la comunidad nacional y la internacional lo saben de sobra, en lugar de erradicarlo lo ha fortalecido enormemente. En nuestra región, después del Acuerdo de Paz su poderío crece y crece diariamente y no se percibe la más mínima acción del Estado para reprimirlo o erradicarlo. Hay aquí, entonces, una monumental responsabilidad del Alto Gobierno que no podrá ocultar jamás ante los tribunales internacionales.

Mientras recogemos las evidencias de nuestra tragedia y las compartimos con el mundo ético, valoramos cada vez más el apoyo moral de personas y comunidades que nos envían su energía espiritual desde numerosos espacios de Colombia y de otros muchos países del mundo. Para ellos y ellas nuestra renovada sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 7 de 2020

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Los presidentes Vladimir Putin y Recep Erdogan

La escalada en Idleb amenazaba con derivar en una guerra entre los dos países

Los presidentes Vladimir Putin y Recep Erdogan confían en que el acuerdo ponga fin a semanas de enfrentamientos armados en la región siria de Idlib. Desde el inicio del conflicto, casi un millón de personas se vieron forzadas a abandonar Siria.

Rusia y Turquía acordaron un alto el fuego con la intención de poner fin a semanas de enfrentamientos armados en la región siria de Idlib. Luego de reunirse durante seis horas en Moscú, los presidentes Vladimir Putin y Recep Erdogan acordaron que la tregua comience en la medianoche del viernes. El pacto también contempla reforzar los puestos de observación y establecer un amplio corredor de seguridad de 12 kilómetros que corre del este al oeste de Siria y pasa por la provincia de Idlib, epicentro de los ataques militares. Por el conflicto, casi un millón de personas se vieron forzadas a abandonar Siria, y perdieron la vida militares turcos, sirios y rusos. La espiral de violencia amenazaba con derivar en un enfrentamiento militar directo entre Turquía y Rusia, aliada del régimen sirio.

En declaraciones a la prensa posteriores al encuentro, Putin dijo que el acuerdo con Erdogan servirá "como buena base para terminar con los enfrentamientos en la zona de distensión de Idlib, poner fin al sufrimiento de la población civil y contener una crisis humanitaria creciente".

El presidente aclaró que Moscú y Ankara no siempre están de acuerdo a la hora de evaluar lo que ocurre en Siria. "Pero cada vez que atravesamos momentos críticos, basándonos en el alto nivel de nuestras relaciones bilaterales, hasta ahora logramos encontrar un terreno común respecto a los temas en disputa y acordar soluciones aceptables", remarcó Putin.

El líder ruso subrayó la importancia de mantener la soberanía y la integridad territorial. En ese sentido, recordó numerosos ataques lanzados por milicias radicales contra la base aérea rusa de Hmeymim en Siria. "En total, desde principios de este año, se han detectado 15 ataques contra Hmeymim. Cada vez que eso ocurrió, informamos en tiempo real a nuestros hermanos turcos", indicó el mandatario.

Días atrás, a través de un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había indicado que militares rusos y turcos intentaron desde mediados de enero restablecer la calma en Idlib, pero, en respuesta, "los terroristas incrementaron sus ataques". El documento oficial agrega que "El número de muertos y heridos entre las tropas sirias y los civiles fuera de la zona de desescalada se cuenta por centenares. Especialistas rusos y turcos murieron trágicamente".

Buscando exhibir la reunión con Putin como un trofeo, el presidente turco Recep Erdogan celebró el acuerdo: "Hoy (por el cinco de marzo) mostramos nuestra voluntad para lograr el arreglo…A las 00.00 horas del viernes (seis de marzo) se declarará un alto el fuego y se darán todos los pasos necesarios", explicó.

El líder turco también declaró que el país envió fuerzas adicionales a la región de Idlib. "Para relajar la tensión en Idlib instalamos allí puestos de observación, y con Rusia hemos acordado enviar refuerzos para estabilizar la situación en la región", remarcó Erdogan. Los puestos de observación se suman a un corredor de seguridad que se instalará en Idlib para realizar un patrullaje conjunto a lo largo de la ruta M4, que une las provincias de Latakia y Alepo. 

A su vez, destacó que Turquía analiza colaborar con el retorno de los refugiados a Siria. "Tenemos la tarea de evitar un mayor agravamiento de la situación en Idlib, queremos facilitar el retorno de los refugiados a sus hogares que abandonaron por los ataques", expresó. 

La ofensiva militar causó una verdadera catástrofe humanitaria, con casi un millón de personas que debieron abandonar sus hogares por los combates en el mayor éxodo forzoso de personas en casi nueve años de guerra en Siria, que se cumplen este mes. La semana pasada, Erdogan decició dejar de impedir que los migrantes abandonen Turquía y crucen a la Unión Europea.

"Nuestro objetivo es evitar que empeore la crisis humanitaria", declaró Erdogan, aunque advirtió que su país se "reserva el derecho de responder con todas sus fuerzas y en cualquier lugar a cualquier ataque del régimen" sirio. 

La escalada de los combates en Idlib causó tensiones diplomáticas entre Rusia, aliado del régimen sirio, y Turquía, apoyo de los rebeldes, haciendo crecer el riesgo de un enfrentamiento directo entre ambos países, que se han convertido en los principales actores internacionales del conflicto sirio.

Al respecto, y al inicio del encuentro, Putin presentó sus condolencias a Erdogan. "Tenemos que hablar para que esto no se vuelva a producir y no destruya las relaciones ruso-turcas", subrayó, mientras su par turco aseguró que esperaba que la negociación "alivie a la región y a nuestros dos países".

Las tensiones en Idlib hicieron saltar en pedazos los acuerdos concluidos entre los dos presidentes en 2018 en la localidad rusa de Sochi. Dichos acuerdos buscaban poner fin a los combates en la región e instaurar una zona desmilitarizada. También dieron lugar a un frenético intercambio militar entre las dos capitales, que reforzaron su cooperación en los últimos años sobre el territorio sirio, pese a sus intereses divergentes. 

En los últimos meses, Turquía acusó a Rusia de no respetar los acuerdos de Sochi, que garantizaban el status quo en el terreno y la suspensión de bombardeos en Idlib, mientras que Moscú acusó al gobierno turco de no hacer nada para "neutralizar a los terroristas" en esta región. Ahora, ambos países ensayan un nuevo acuerdo, y en las próximas horas se sabrá si la tregua es un hecho o una simple ilusión que será sepultada por nuevos bombardeos.


Idlib. ¿Qué busca Erdogan en Siria con tanto ahínco?

La muerte de más de 70 soldados turcos en la provincia siria de Idlib ha terminado por sacudir la política interior en Turquía. En los últimos días, las críticas de la oposición han adquirido mayor agresividad y han puesto al presidente Erdogan contra las cuerdas

 

La reunión de dos horas y media celebrada el jueves en Moscú entre los presidentes Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan se produce en un momento particularmente delicado en la provincia siria de Idlib, donde Rusia y Turquía tienen intereses claramente encontrados y donde se suceden las acciones bélicas de los dos países y sin que se vea una salida a la crisis.

En la escena interior, por primera vez Erdogan tiene que enfrentarse a una correosa oposición que le acusa de estar al servicio del imperialismo estadounidense. Erdogan y Donald Trump compartirían, según la oposición, el proyecto de crear un nuevo Oriente Próximo. Además, le acusan de haberse embarcado insensatamente en las llamadas primaveras árabes que han destrozado la región y, por si esto fuera poco, debería explicar al pueblo por qué ha enviado al ejército a una Idlib plagada de yihadistas que actúan en connivencia con Erdogan.

Toda esta tensión se deriva directamente del elevado número de soldados muertos en Idlib, más de 70. La oposición turca considera que son bajas inútiles y que podrían crecer si Erdogan no saca al ejército de donde nunca debía haber entrado

Hay generales de la reserva que le reprochan haberse embarcado en operaciones expansionistas y peligrosas sin ninguna justificación, que le han conducido a defender a organizaciones terroristas contra un país, Siria, que en ningún momento había adoptado acciones hostiles contra Turquía.

Las críticas de la oposición podrían erosionar su poder si la situación se deteriora. La realidad es que Erdogan ha concentrado a millares de soldados, ha movilizado más de cuatro mil tanques, blindados y vehículos militares de todo tipo, así como cientos de drones fabricados por su yerno. Echarse atrás en estas circunstancias sería peligroso para él, porque se vería como una derrota, pero continuar adelante es una locura.

El malestar que Erdogan ha creado en su propio país ha tenido como consecuencia protestas populares contra la presencia militar en Idlib, hasta hacer que el presidente se haya justificado diciendo: "Quienes preguntan '¿cuál es el negocio de Turquía en Siria?' en realidad están recomendando que nos rindamos a los grupos terroristas y a un régimen enemigo". Una respuesta que no se corresponde con las actuaciones de Turquía desde el inicio del conflicto en la primavera de 2011, hace nueve años.

El miércoles en el parlamento de Ankara se produjo una pelea de lucha libre entre los diputados en un debate sobre la situación en el norte de Siria, en el que no faltaron puñetazos y otras agresiones. Los parlamentarios partidarios de Erdogan y sus detractores protagonizaron una violenta escena que vieron todos los turcos y que refleja las tensiones existentes.

En lugar de ceder y corregir sus errores, Erdogan está amenazando con enviar a Europa a millones de refugiados sirios, afganos, iraquíes y de otros países de la región. Los europeos, cuya candidez e inoperancia son tan responsables como el expansionismo de Erdogan de haber llevado el caos a Oriente Próximo, han visto las orejas al lobo, pero de los europeos no se puede esperar nada si nos atenemos a sus pobres registros de la última década.

Por primera vez desde la invasión de Chipre en 1974, el ejército turco está combatiendo contra otro ejército, pero la ironía es que está combatiendo codo con codo con los peores yihadistas de Oriente Próximo y llevando a sus soldados a una peligrosa situación en relación con el ejército ruso desplegado en Siria para respaldar al gobierno de Damasco.

Un sondeo de esta semana muestra que el 65% de los turcos está a favor de mantener la presencia militar en Idlib puesto que creen que los soldados se están defendiendo de una amenaza existencial, un elevado porcentaje que probablemente refleja el nacionalismo rampante que se fomenta desde el poder. Sin embargo, otro sondeo realizado solo una semana antes revelaba que la mitad de los encuestados estaban en contra de la presencia en Idlib y solo un 31 por ciento la apoyaban. En este sondeo, las mayores preocupaciones eran la economía y el desempleo.

Si el número de bajas crece, la popularidad de Erdogan se resentirá significativamente. Otro sondeo de febrero señala que el 50% de la población no tiene intención de votar al actual presidente en las próximas elecciones. Si Erdogan no resuelve el conflicto "rápidamente", como asegura que es su intención, su popularidad corre el riesgo de caer en picado.

El rampante nacionalismo ha suscitado incidentes racistas en varios lugares, incluido el pillaje de negocios regentados por refugiados sirios, y las palizas contra los mismos refugiados, como si estos, y no Erdogan, fueran responsables de la muerte de sus soldados. Las turbas también han amenazado algunas representaciones diplomáticas rusas en Turquía. Los críticos con la operación en Idlib en las redes sociales están siendo investigados por la policía.

Las críticas de la oposición contra Erdogan por aliarse con el imperialismo estadounidense son de lo más sangrantes si se tiene en cuenta que solo uno de cada cinco turcos simpatiza con Estados Unidos, en gran parte debido a la percepción de que Washington no condena las acciones del PKK kurdo y apoya al PKK en el norte de Siria.

Aunque esta opinión puede haber ayudado a Erdogan a acercarse a Rusia en el terreno militar y en el terreno económico en los últimos años, Siria se ha convertido en un hueso duro de roer puesto que los rusos aspiran a que el gobierno de Damasco extienda su soberanía en Idlib, algo a lo que Erdogan se opone frontalmente.

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El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst

El relator especial concluye que Colombia sigue siendo el país con más defensores asesinados en América Latina

Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.

Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe. También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan. Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.

En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.

Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.

La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales. En la tarde de este miércoles, por ejemplo, se conoció que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido líder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se había tenido que desplazar a comienzos de año de su natal Bojayá.

La desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales –que incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes– han copado el vacío. “Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques”, advierte el relator. En esos entornos difíciles carecen de la protección efectiva del Estado. “El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes” para implementar el acuerdo de paz “es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”, apunta.

“En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno debería fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras”, ha manifestado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El relator visitó Colombia a finales de 2018, tres meses después de la posesión de Duque. Su documento se presenta una semana después de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situación de violencia en en el país. Ante esas observaciones, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil más moderado con respecto a su partido, consideró “una intromisión a la soberanía de Colombia” la sugerencia que contenía de acercar la policía a la órbita del Ministerio del Interior.

El informe de este miércoles ya venía precedido de controversia, pues Forst insinuó en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del año pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la nación. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de líderes sociales que han despertado el hastío de una sociedad ansiosa por pasar la página de la violencia.

La Cruz Roja confirma deterioro de la situación humanitaria

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirtió durante el 2019 y ahora, en el balance anual de la organización, lo confirma: “la situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado”. Así lo subrayó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, quien explicó que en 2019 hubo un aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, persistió el desplazamiento forzado y se incrementó la práctica del confinamiento de poblaciones y los ataques a las misiones médicas, entre otros fenómenos que dificultan la vida de los campesinos en algunas regiones de Colombia.

“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, dijo Harnisch.

Una de las mayores preocupaciones es que el uso de artefactos explosivos y minas antipersona causó una víctima diaria durante el año pasado. De acuerdo con sus cifras, se registraron 352 víctimas, de las cuales 159 corresponde a civiles. En 2018 fueron 220 las víctimas. El agravante es que los grupos armados que se han instalado en los lugares a los que no ha llegado el Estado tras el acuerdo de paz recurren al uso de explosivos improvisados de detonación controlada y no advierten a las comunidades.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, durante el 2019 estos ataques produjeron el desplazamiento de 25.000 personas y el confinamiento de otras 27.600. Esta última es una práctica que se observó en regiones como Chocó, en el occidente de Colombia. “Hubo una ligera disminución del desplazamiento pero un aumento del confinamiento, lo que evidencia una profundización del conflicto armado”.

El CICR afirma que en Colombia existen al menos cinco conflictos armados no internacionales. “Uno entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en El Catatumbo (frontera colombo-venezolana); el segundo entre el Gobierno y el ELN; otro entre el Gobierno y EPL; el cuarto, entre el Gobierno contra el grupo paramilitar Clan del Golfo; y el quinto, entre el Gobierno y las tres exestructuras del bloque oriental de las FARC que no se sumaron al proceso de paz”, explicó el delegado.

La fragmentación y existencia de tantos grupos hace que la situación humanitaria sea más compleja que en 2018. En ese contexto el CICR documentó 93 nuevos casos de desaparición. “Lamentablemente la desaparición no es un fenómeno de la historia pasada sino del presente”, agregó Harnisch sobre uno de los fenómenos que arrastra el país. Las estimaciones de Medicina Legal hablan de hasta 200.000 desaparecidos.

Bogotá - 04 Mar 2020 - 18:24COT

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Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

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Estados Unidos y los talibanes llegaron a un histórico acuerdo de paz

El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. Aunque la firma en sí misma es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el gobierno de Kabul.

Estados Unidos y los talibanes firmarán este sábado un histórico acuerdo de paz que allana el camino para el fin de una guerra que lleva casi dos décadas. El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. A cambio, los talibanes deberán garantizar que el territorio afgano no será utilizado para atacar a otros países. Aunque la firma del convenio es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el Gobierno de Kabul.

Observadores y representantes de diferentes países, además de organizaciones internacionales, están invitados a asistir el sábado a Doha, la capital de Qatar, donde se celebra el acuerdo. Para poder llegar a este punto Estados Unidos y los talibanes pusieron como condición previa una reducción de la violencia. Los últimos siete días fueron la gran prueba de fuego para el grupo fundado por el mullah Omar, cuyo régimen (1996-2001) cayó con la invasión de Estados Unidos. La administración de Bush en esos momentos ardía ante la insistencia talibana de no entregar al fundador de la red integrista Al Qaeda, Osama bin Laden.

A la medianoche del viernes se cumplió el plazo establecido para la disminución de las acciones violentas. Varios dirigentes afganos remarcaron que el objetivo se había cumplido de manera significativa. Esa pretendía ser la prueba del compromiso de los rebeldes con la paz, así como de su autoridad sobre los diferentes comandantes que operan en el terreno.

La comunidad internacional recibió la noticia con gran entusiasmo y muchas expectativas. Sin embargo algunos se mostraron cautos ya que todavía falta un acuerdo entre los insurgentes y el gobierno afgano, que fue excluido del diálogo con Estados Unidos. Las relaciones de fuerzas en Afganistán funcionan en base a las sinergias entre sus grupos tribales.

Por el momento, poco se conoce del texto que se firmará en la capital qatarí. Sin embargo, el representante especial de Estados Unidos para la paz, Zalmay Khalilzad, reveló un detalle importante: el pacto prevé la retirada en 135 días de 5.000 de los alrededor de 12.000 efectivos que Washington tiene desplegados en Afganistán. Según los insurgentes, el acuerdo supondrá también la liberación de unos 5.000 de sus prisioneros y la de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad afganas.

De esta forma culminan las negociaciones que comenzaron el 12 de octubre de 2018 y que fueron guardadas celosamente de flashes y micrófonos. El inicio y finalización de cada ronda de diálogos en el golfo Pérsico fue anunciando sobre la hora. Aun así, no faltaron obstáculos y sustos durante el proceso de negociación. El pasado septiembre, el presidente norteamericano, Donald Trump, canceló abruptamente los encuentros en respuesta a un atentado en Kabul en el que murió un soldado estadounidense. El proceso recién se retomó a fines de noviembre tras una visita del mandatario a Afganistán.

Ahora será el turno del ejecutivo afgano de sentarse a la mesa de diálogo con los talibanes. Y no llegan de la mejor manera. El presidente Ashraf Ghani fue recientemente declarado ganador de las elecciones por segunda legislatura consecutiva. Sin embargo el segundo candidato más votado, Abdullah Abdullah, se negó a acatar los resultados. Otro asunto que podría complicar el proceso entre el gobierno y los insurgentes es la formación del equipo negociador. Por el momento el ejecutivo no ofreció detalles sobre sus posibles miembros. Eso encendió la alarma entre partidos y políticos del país asiático. Temen que se trate de una delegación escogida de forma unilateral y que no incluya una representación amplia del espectro político.

Para Estados Unidos la guerra en Afganistán fue la más cara desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que los distintos gobiernos gastaron casi 1 billón de dólares en el enfrentamiento bélico. Según cifras actualizadas en junio pasado, desde el inicio de la intervención militar en 2001 el Congreso de Estados Unidos aprobó 975.000 millones de dólares de fondos para Operaciones de Contingencia. Pero el número es aún mayor si a esto se agrega el incremento de los presupuestos del Departamento de Defensa, que asciende a unos 250.000 millones de dólares desde 2001. A su vez, los gastos del Departamento de Asuntos de los Veteranos suman cerca de 50.000 millones.

Estados Unidos financió la guerra casi enteramente tomando deuda. Eso aumentó su déficit fiscal, la deuda externa y causó impactos macroeconómicos, como el alza en las tasas de interés. A diferencia de otras guerras anteriores, la mayor parte de las familias estadounidenses no se vieron afectadas por la guerra en Afganistán. No hubo reclutamientos forzosos ni nuevos impuestos para pagar el conflicto.

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