Martes, 13 Diciembre 2016 07:00

La prueba PISA y la ruta del dinero

La prueba PISA y la ruta del dinero

La difusión de los resultados de la prueba PISA en México ha provocado un pequeño escándalo mediático. Las autoridades educativas se desagarran las vestiduras, los empresarios disfrazados de sociedad civil responsabilizan a los maestros del fracaso en la evaluación y una parte de la prensa pone el grito en el cielo. Ni hablar, como decía John F. Kennedy, "el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano".

Ante semejante bullicio conviene escudriñar un poco en lo que se encuentra detrás de la prueba PISA. Por ejemplo, ver quién hace negocio con ella. Porque, no hay que olvidarlo, la realización del examen no es un acto de filantropía, sino business. Como informó Sylvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México invirtió 44 millones de pesos en la evaluación.

Los primeros rastros de la ruta del dinero de esta medición pueden encontrarse en un comunicado difundido el 7 de octubre de 2011 por Pearson, el gigante trasnacional de la enseñanza: "Pearson, la empresa líder en el aprendizaje del mundo, anuncia que ha sido elegida por la OCDE para desarrollar los marcos para la prueba PISA de 2015" (https://goo.gl/v7zs6p).

Orgullosa, la empresa informó que el negocio no quedaba allí. "Pearson también asesorará al estudio PISA sobre los beneficios, las oportunidades y las implicaciones de la implementación de pruebas adaptativas por computadora para PISA en el futuro."

Entusiasmado, John Fallon, presidente ejecutivo de Pearson International, declaró: "Una educación de alta calidad es vital para el desarrollo económico y el bienestar social de una nación y PISA es un punto de referencia clave por el cual las naciones pueden medir su propio progreso y aprender unos de otros. Así que estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con la OCDE y las comunidades académicas de todo el mundo para desarrollar la prueba 2015".

Emocionado con el acuerdo, Andreas Schleicher, subdirector de la OCDE y director de PISA, afirmó: "La prueba de 2015 tiene el potencial para comenzar una nueva era en los exámenes internacionales. Tenemos que hacer un uso mucho más inteligente de la tecnología".

Curiosamente, míster Pisa forma parte del panel asesor de Pearson. Un hecho nada excepcional en la estrategia de esta compañía, en la que, con harta frecuencia, sus ejecutivos y asesores tienen estrechos vínculos con funcionarios educativos claves de diversos países.

Dedicado a servicios y contenidos educativos, Pearson es uno de los cuatro grupos editoriales más importantes en el mundo. Se describe a sí misma como la compañía líder mundial en educación, con más de 35 mil empleados en más de 70 países, que ayudan a la gente de todas las edades a que sus vidas progresen. En 2015 facturó más de 5 mil 655 millones de dólares.

La multinacional Pearson posee 50 por ciento de las acciones de la editorial Penguin Random House; de Longman, del influyente diario Financial Times y la mitad de la revista The Economist. Es dueña, también, de la más importante empresa estadunidense dedicada a la elaboración de exámenes, la National Evaluation Series. Su objetivo es "lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo".

Pearson –apunta su página web– "es la compañía mundial de aprendizaje, con experiencia en cursos educativos y evaluación, y una gama de servicios de enseñanza y aprendizaje impulsados por la tecnología". Su gran apuesta comercial es la elaboración de exámenes estandarizados, similares a los utilizados en la reforma educativa de México.

En un estudio sobre la estrategia empresarial de Pearson para conquistar el mercado estadunidense y canadiense, Donald Guststein documentó cómo este consorcio obtiene el grueso de sus ganancias a través de los textos digitales, las herramientas de enseñanza virtual y los exámenes online, convirtiendo a cada estudiante y a cada maestro en sus clientes.

Aunque parezca historia de ciencia ficción, no lo es. El objetivo de Pearson es convertirse en un poder fáctico trasnacional, capaz de definir en qué consiste una educación exitosa, al tiempo que "garantiza" que sus productos y servicios permiten alcanzarla. Su creciente control de los mercados de evaluación, elaboración de guías de estudio y plataformas digitales, producción de libros de texto y su actual papel en la prueba PISA son un paso adelante en ese propósito.

La empresa justifica su estrategia con base en consideraciones altruistas. Según Alice Hunt, su directora de comunicaciones para las operaciones no estadunidenses, la compañía tomó "conciencia de los debates sobre la educación en todo el mundo y la necesidad de contribuir a ellos. Vemos nuestra contribución a estos debates como una parte realmente importante de la discusión general, que abarca gobiernos, otros políticos y grupos de la sociedad civil".

Cada día, el monopolio crece e invade áreas antes ocupadas por los estados. De acuerdo con la académica estadunidense Diane Ravitch, "Pearson está sobrepasando los límites del papel de un negocio lucrativo. En varios casos, la corporación actúa como una agencia cuasi gubernamental. Pero no es una agencia cuasi gubernamental: es un negocio que vende productos y servicios ¿Qué parte de la cadena educativa no está controlada por Pearson? ¿Actúa en el mejor interés de los estudiantes, de la nación o de su propio negocio?"

Pearson respondió esta pregunta. En 2011 firmó un contrato por 32 millones de dolares para realizar los exámenes oficiales de las escuelas públicas de Nueva York durante cinco años. La compañía fue multada con 7.5 millones de dólares. Un fiscal encontró que utilizaba para sus propios negocios la información que obtenía al hacer los exámenes. Si esto hizo en Nueva York, imaginemos qué no hará con la información de la prueba PISA.

La barahúnda por los resultados del examen de la OCDE no debe llevarnos a perder de vista una de las consecuencias más relevantes y graves de la prueba PISA. Con ella (y con la reforma educativa en marcha) Pearson está dando un paso más en el control y la gestión de la educación en nuestro país y en el mundo.

Twitter: @lhan55

Publicado enSociedad
Jueves, 21 Mayo 2009 10:35

Preludio de una distopía

Control total. Cada día es más evidente la pretensión del actual régimen de cubrir, determinar y homogenizar nuestra sociedad. El orden y la disciplina son un sueño que late en sus corazones. El Opus Dei no está ausente. El Proyecto de Ley 170, presentado el pasado 15 de octubre de 2008 por el senador conservador Ricardo Arias, con el cual pretende crear el Ministerio de la Familia**, refuerza esa tendencia que cubre campos y ciudades bajo el signo de la intimidación.

Un ministerio de familia como el concebido en el proyecto en curso, aprobado en primer debate el pasado 10 de diciembre, habla en forma genérica de la familia y propende por la “formación integral” en principios y valores específicos, útiles a la concepción de patria del grupo ideológico en el poder. El proyecto resulta homogenizador, excluyente, pernicioso para la diversidad, y peligroso para la cultura y la política. Tal ministerio equivale a sistematizar en este orden político un artificio de intromisión psicológica, cuando menos.

Las “cien razones para crear el ministerio de familia”, publicadas en el sitio www.ministeriodefamilia.org, resultan ser un repertorio que no persuade respecto de su necesidad, y mucho dice sobre las razones para no crearlo. Las primeras 55, listadas bajo los rótulos de educación, salud, agropecuario, medio ambiente, desarrollo turístico, vivienda y desarrollo institucional no son más que indicadores de problemas que no tienen por qué verse resueltos con un ministerio de ese tipo.

Que la salud, la educación, la justicia, el trabajo y todo aquello que funda y procura el bienestar de las familias no marche como debiera estar en capacidad de hacer marchar un Estado, no se resuelve con un formateo de las tipologías del comportamiento, patologizante, prescriptivo y castrante. Lo que al Estado le compete en materia de familia tiene ya los márgenes desde los cuales actuar si esa fuera la intención. No en vano la familia (la más privada de las instituciones) es una construcción que refleja la realidad social.

Razones sin razón

La sustentación oficiosa prosigue. En la razón 65 se habla de instaurar “una pedagogía de la familia utilizando todas las formas de tecnología y comunicación para la difusión de una ética que contraste los valores perdidos en la sociedad”. Así, evocando el deseo de unidad nacional y olvidando que en Colombia existe de facto un Estado multinacional, con surtidos matices culturales, lo que el proyecto impone es una eticidad maniquea y útil a los fines del Gobierno, vista como fuente de “desarrollo institucional”.

‘Olvida’ el proyecto en cuestión, por tanto, la especificidad de nuestra sociedad, y en ella de las familias presentes, las que precisa el censo de 2005:

1) el 10,62 por ciento (4.311.757 personas) de la población colombiana es de pertenencia étnica afrocolombiana, con características específicas de familia que difieren de las del grupo hegemónico.

2) El 3,43 por ciento de la población, que equivale a 1.392.623 personas, tiene pertenencia étnica indígena, lo que implica numerosas y variadas características de conformación familiar.

3) El 0,01 por ciento de la población, equivalente a 4.858 colombianos, tiene pertenencia étnica rom.

Es decir, el 14,06 por ciento de la población colombiana no corresponde –por motivos históricos, sociales, culturales y económicos– al deseo de modelo unitario de familia expreso en este proyecto de ley. Si a ello se suma la diversidad cultural y de posibilidades de acceso real a las condiciones materiales y sociales del Estado de Derecho, que hace que la diversidad no patogénica exista en las localidades rurales y urbanas, podemos concluir que tal proyecto es contradictorio con las condiciones conocidas por todos, lo cual resulta contrario a nuestra autodeterminación en los asuntos más privados de la vida en comunidad.

Muy a pesar de esta realidad, el régimen pretende atacar y reducir la crisis moral de la sociedad a una deficiente imposición de valores que Iglesia, medios de comunicación y la nada sucinta normatividad escrita ya han ofertado al consumo ideático del yo debo. Proceder así es tanto un desacierto político como un peligro para los colombianos: ¿Acaso se intenta acaparar por completo la no poco apreciable esfera de lo privado, y, como propósito de tiranía totalitaria, se ensaya la gobernación sobre nuestras mentes para que no sintamos la presión que nos obtura? Parece, pues, no ser suficiente con la sistemática invasión de la intimidad perpetrada bajo mecanismos como las chuzadas, y ahora deliran con controlar cada uno de los movimientos de los ciudadanos, enclaves y tornillos de sus propósitos.

Discriminación positiva

La sola razón 60 bastara para oponerse a tan nefasto proyecto. Según deja entrever, se pretende echar en saco roto la discriminación positiva, producto de la lucha de las comunidades con identidades culturales minoritarias, confundiéndola con la exclusión sociocultural y económica a la que contrarresta. Unas líneas antes, en la razón 59, el proyecto se refiere a la instauración de un modelo paradigmático de familia, mediante el establecimiento de “una legislación de familia única”, con la consecuente negación y exclusión del diferente.

La marcha sigilosa del fascismo hace más ruido del que esperan. Ya en el pasado hubo quienes recibieron el clamor y apoyo de buena parte de sus pueblos, los mismos que luego sintieron vergüenza del sufrimiento que por acción u omisión ayudaron a perpetrar. Todos usaron instrumentos psicológicos para la manipulación de las masas.

La realidad supera a la ficción, a la que además inspira, aunque quizás en este caso la ficción esté siendo inspiración para la realidad, y el estilo del ministerio del amor, uno de los cuatro del Estado omnipresente y opresivo, producto de la imaginación de George Orwell, se configura poco a poco un escenario nada alentador para la ya frágil institucionalidad democrática colombiana.

Tal vez quienes gobiernan tienen entre sus musas a las turbadoras antiutopías de la novela de ciencia ficción y, ebrios por el deseo de poder, quisieran tener la capacidad de penetración mental para lograr que todos los que habitamos la geografía nacional alcemos nuestras voces en un grito de preferencia polifónico-unisemántico en el que el excluyente ¡Colombia soy Yo!, junto a un afiche, recorte o muñeco de Uribe Vélez, sea el sendero de nuestros sentimientos, pensamientos y deseos, so pena de no ser entonces –por el juego del falso silogismo que intenta esa frase– parte de Colombia, el Estado multinacional en retroceso que nos llevará, de seguir así las cosas, a vivir una distopía en que la amenaza del crimen mental o el pecado del pensamiento pudieran indigestar nuestras cabezas.

Adenda: El proyecto de ley, en su artículo 9, título 3, entre las funciones del nuevo ministerio cuenta el trabajo coordinado con el ministerio de la salud para la rehabilitación de las familias con “enfermedad espiritual”, “enfermedad emocional”, “enfermedad psicológica” o “enfermedad somática”. Insólito que el senador Ricardo Arias, líder de la iniciativa, ignore para sus fines que no hay tal ministerio de la salud y lo proponga como eje articulador de trabajo en un proyecto que el partido de la U se propone sacar adelante; por lo menos, así lo expresa abiertamente Luis Carlos Restrepo. Además, viene a bien preguntarle a qué tipo de profesionales se acudirá para la ‘rehabilitación’ espiritual de las familias. ¿Enviarán curas y brujos a los hogares? o ¿fundarán la ingeniería del espíritu?

Adriana Quiñones León,   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
**     En el enunciado introductorio del proyecto se dice: “Por medio de la cual se establece el sistema nacional de protección, emprendimiento y formación integral de la familia, se crea el Ministerio de la Familia y se dictan otras disposiciones”.

Publicado enEdición 146