Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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Ordena Tesoro de EU despojo bancario contra Venezuela

"Grave delito del crimen trasnacional": BCV

Citibank transfirió recursos del país sudamericano a una cuenta de la Fed

 

Caracas. El Banco Central de Venezuela (BCV), máxima entidad financiera del país, denunció que el jueves el gobierno estadunidense ordenó a la institución Citibank, transferir recursos para apropiarse indebidamente de dinero del Estado venezolano.

El BCV relata en un comunicado que el Departamento del Tesoro estadunidense instruyó al banco Citibank "transferir recursos, de una cuenta cuyo titular es este instituto, a una cuenta de la Reserva Federal, consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano".

La principal institución bancaria venezolana señaló que se trata de otra medida unilateral del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y destacó que esta acción se suma a una serie de ataques coordinados contra la nación sudamericana.

Durante años la Casa Blanca ha venido endureciendo una serie de sanciones coercitivas contra Venezuela que impiden su desenvolvimiento económico-financiero y que han implicado el despojo de cuantiosos recursos del Estado venezolano.

El BCV aseguró que "ejercerá todas las acciones a que hubiere lugar en el marco del derecho internacional y del ordenamiento jurídico nacional, para proteger los legítimos derechos e intereses del Estado venezolano".

El banco denunció que los despojos, que suponen "graves delitos de crimen transnacional organizado" han sido acometidos "directamente por el gobierno de Donald Trump, en colusión con diputados extremistas de la derecha venezolana".

La institución lamentó que el referido despojo incide en el desenvolvimiento normal de la economía venezolana, que ya estaba ampliamente afectada por las medidas previas de la Casa Blanca contra Venezuela, y que además se ve más complicada actualmente en vista de la situación generada por la pandemia de Covid-19.

Es un "vulgar despojo" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos "en complicidad" con la Asamblea Nacional, que controla la oposición, denunció el canciller Jorge Arreaza en Twitter.

En otro orden, Brasil cerró ayer formalmente su misión exterior en Venezuela al repatriar a sus últimos diplomáticos y funcionarios de la embajada con sus familias, informaron las autoridades.

Según un comunicado conjunto entre la cancillería y el Ministerio de Defensa, un total de 38 personas, entre diplomáticos y funcionarios de la embajada y los consulados, agregados militares y familiares fueron repatriados en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña que llegó a Brasilia.

En el operativo fueron repatriados, además, otros 12 ciudadanos brasileños. Los brasileños que vivan en Venezuela podrán comunicarse con la cancillería de su país mediante un número telefónico.

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

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Martes, 31 Marzo 2020 06:53

Aniversario en medio de virus mortales

Aniversario en medio de virus mortales

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos.

Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral.

Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan:

  • ·El Sábado 21 de marzo de 2020,fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.
  • ·El Sábado 14 de marzo de 2020un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.
  • ·El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.
  • ·El domingo 22 de marzo de 2020,habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.
  • ·El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 30 de 2020

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La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

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Denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo

Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la Organización Femenina Popular, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, quienes realizamos una salida de campo en octubre del año pasado, con el fin de conocer y aprender de primera mano sobre las condiciones sociales, las formas de resistencia y las distintas iniciativas de los pobladores de varios municipios del Magdalena medio, denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo. Exigimos al Gobierno nacional, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales de este execrable hecho.

Por otra parte expresamos nuestra solidaridad a la familia de Carlota, a la de su pareja y con la Organización Femenina Popular (OFP) y sus familias, que en sus más de 30 años ha estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables del país y del Magdalena medio y que ha sufrido persecución y asesinatos de varias de sus lideresas, cayendo en la revictimización constante.

Exigimos al Gobierno nacional la protección de todas las integrantes de la OFP, así como de todas las organizaciones y personas del Magdalena medio que luchan por los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la tierra y, en general, por el buen vivir y la paz territorial.

Es necesario decir que Carlota Isabel y la OFP estaban -y siguen- trabajando arduamente en la búsqueda de alternativas en pro de la ayuda a la población más vulnerable en el contexto de la Pandemia del coronavirus. En una lección que las mujeres colombianas vienen brindando al resto de la sociedad, en el cuidado familiar, colectivo y en la resistencia a todas las formas en las cuales el capitalismo y el patriarcado vienen atacando la vida digna y el derecho a vivir en paz de todas y todos.

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana, para que en medio de la situación compleja de la pandemia causada por el Coronavirus, no olvidemos la pandemia de asesinatos de líderes sociales en el país, que se constituye en una masacre sistemática de todas las personas que luchan por los Derechos Humanos y la paz digna para toda Colombia. Cabe mencionar que Carlota Salinas en los últimos días venía fortaleciendo lazos de solidaridad en el municipio, para que familias en condiciones desfavorables pudieran también sumarse a la medida obligatoria de aislamiento preventivo.

Exigimos al Estado colombiano, y a las instituciones que lo componen, proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, comprometerse con el mandato constitucional de la Defensa de la vida digna y llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de los asesinos y de quienes son responsables de esta masacre.

Firmado en Bogotá, el jueves 26 de marzo de 2020.

Carlos Iván Pacheco Sánchez – Profesor del Departamento de Sociología – Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de los cursos "Métodos Cualitativos" y "Espacio y Sociedad" 2019-2, et al.

Gean Pierre Tilano Molina

Jeison Alejandro Vaca Monroy

Carolina García Bernal

Nazly Dayanna Jaimes Bernal

Lina Fernanda Rangel Fonseca

Sara Maria Rincón Bogota

Duvan Carranza García

Juan José Jiménez Jaramillo

Felipe Trujillo Garzón.

Juan Diego Castro Yanes

Simón Esteban De Antonio Delgado

Leidy Sofia García García

Isabel González Guerrero

Ingrid Liliana Cortés.

Miguel Angel Amaya Placides

Natalia Niño Bastidas.

Kurt Daksen Lozada Marin

María Alejandra Caucali Sterling

Brayan David Cristancho Navarrete

Daniela Moreno Sánchez

Laura Alejandra Alarcón, estudiante de Trabajo Social.

Ana Lorena Jaime Huérfano

Kiara Vanessa Rodríguez España

María José calvo Paez

Nicolle Valentina Amaya Baquero

Juan Sebastián Rodríguez R.

Edwan Santiago Guzmán Silva

Valentina Cardenas Cogollos

Madi Andrés Barbosa Nieves

Juan Esteban Vásquez Arcila

Diana Pachón Giraldo

Erika Dayana Romero

Juliana Valentina Díaz Reyes

Laura Rincón Jurado

Sofía Hernández

Álvaro Iván Tapie

Jenny Fernanda Chocue

Vielka Valentina Rodríguez

Richard Darío Carvajal Ramírez

Si otrxs estudiantes y profesores de Sociología o de otras Facultades de la Universidad Nacional quieren suscribir este comunicado pueden hacerlo en el siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1WjLqavT1knhjQWWbo45TiAjBEzFrt12XCY79J-x67vY/edit

Desde la Universidad Nacional de Colombia nos negamos a olvidar

¡BASTA YA DE ASESINATOS A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE LUCHAN A DIARIO POR LA VIDA DIGNA Y POR LA PAZ!

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Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia

Las Águilas Negras no están "registradas" pero sí existen

“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, afirmó en 2013 el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en relación con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los hechos en los cuales se ha vinculado al exmandatario con grupos paramilitares. Junto con estas palabras, anunciaba que ordenaría que se investigara a Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales”. Posteriormente el magistrado sufrió amenazas desde las redes sociales y el senador Uribe Vélez lo señaló de exguerrillero.

El 27 de junio de 2017 el magistrado Pinilla Cogollo renunciaría a su cargo a través de una misiva dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y declararía que su renuncia se debió a que la ley de Justicia y Paz se limitó a conceder penas de ocho años pero no a que se divulgue la verdad[1].

El pasado 21 de febrero del 2020, otro magistrado Juan Guillermo Cárdenas, también del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en una abultada sentencia de 2.278 páginas, contra 9 paramilitares del Bloque Metro, le ordena a la Fiscalía que amplíe la diligencia de versión libre que en noviembre de 2013 rindió Abad Giraldo Arias, ‘el Indio’, “recabando sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la masacre en la vereda Cañaveral”, en Remedios Nordeste Antioqueño, ocurrida el 7 de julio de 2001.

La masacre, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido como ‘Rodrigo Doble Cero’, fundador de las Autodefensas y sanguinario paramilitar; se llevó a cabo contra arrieros y trabajadores de la tierra, a quienes los paramilitares acusaban de ser “colaboradores de la guerrilla”. Fueron decenas las víctimas, muchas obligadamente enterradas en fosas comunes por sus propios vecinos.

El Bloque Metro fue creado en 1998, en el nordeste antioqueño, estuvo asociado a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir y con Luis Alberto Villegas Uribe, antiguo socio de la familia Uribe Vélez.

Antes del 2001, el municipio de Remedios, había sufrido otra dolorosa incursión paramilitar donde fueron masacradas 18 personas del caserío. La acción fue cometida por paramilitares de las Autodefensas del Nordeste GAN, la noche del 2 de agosto de 1997. Según el Centro de Memoria, la noche del 1 de agosto, tanto el Ejército como la Policía hicieron presencia en el casco urbano de Remedios y llevaron a cabo operativos de control y requisas a los pobladores, sin embargo, horas más tarde, no reaccionaron “para interrumpir o impedir el recorrido paramilitar”.

Pero los antecedentes nos llevan aún más atrás. Desde los años 80, los mandos militares en la región crearon, una red paramilitar compuesta por miembros de las secciones de inteligencia del ejército, integrantes de grupos paramilitares, y personas ligadas al narcotráfico. Participaron en distintos momentos ganaderos, políticos locales y empresas. Esta red operó bajo diversas siglas: M.A.S, M.R.N, Los Realistas, Los Blancos y ANA.[2]

El 18 de marzo de 1987, el exmagistrado y presidente de la UP Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, en rueda de prensa, señaló con nombres y grados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones, e informaba de la existencia del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N, demostrando la pertenencia de miembros de la Policía a dicha estructura. El 11 de noviembre de 1988, el MRN se adjudicó la masacre en Segovia en la que fueron asesinados 43 pobladores. Las investigaciones posteriores arrojarían que había sido planeada directamente en el cuartel general de la XIV Brigada, en cabeza del comandante, brigadier General Raúl Rojas Cubillos. También se comprobó que varias de las cartas de amenazas, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del comandante del Batallón Bomboná Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo.

En 1989 hace su aparición en Yondó, Muerte a Revolucionarios y Comunistas MARCO, que regularmente eran escoltados por unidades de la XIV Brigada. El alcalde informó de esta situación al ministro de Gobierno y al gobernador de Antioquia.Posteriormente surgiría el HURE, que según el testimonio del exmiembro de la red de inteligencia de la XIV Brigada; varias investigaciones fueron la principal causa que condujo a la Brigada a crear esta estructura clandestina dentro del ejército” [3].

Ya en 1979, en el Manual Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Del Ejército Nacional, se impartían claras indicaciones para la realización de operaciones encubiertas. Así, se recomienda a comandantes de compañías, el uso de “agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen acciones de bandoleros”.[4]

Al respecto, el caso más emblemático fue el de la llamada Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que desde 1978 hasta 1981, asesinó y desapareció varios miembros de la oposición política. Las amenazas eran reivindicadas públicamente por la Triple A, pero los asesinatos y desapariciones, eran atribuidos a fuerzas oscuras. Sin embargo, las investigaciones adelantadas y las confesiones de varios exintegrantes del Binci, pusieron al descubierto la identidad de quienes actuaban detrás de la Triple A. Entre ellos el Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Batallón de Inteligencia “Brigadier General Charry Solano” [5].

A principios de 1987, los grupos paramilitares inician su integración a nivel nacional, basados en la experiencia del Nordeste Antioqueño, por ello se realiza una reunión con ese fin en la sede del Batallón “Charry Solano” en Bogotá. Esta reunión esta “liderada por el servicio de inteligencia del ejército”, y asisten líderes paramilitares regionales. Después vendría el MEPAN Movimiento Patriota de Autodefensa Nacional, en el año de 1992. Esta estructura sería el antecedente de las AUC [6].

Con razón el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, había señalado en 2013, que el Estado sabía de la existencia de los paramilitares y de la vinculación de los altos mandos militares con estos desde 1983, por tanto “el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares”. De hecho el surgimiento del paramilitarismo, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas del país ni se explica por esa razón, al contrario, nacieron y crecieron donde había presencia del Estado y las Fuerzas Militares y eran apoyados por éstas.

El reciente llamado del Tribunal Superior de Medellín al esclarecimiento de la participación del expresidente Uribe en la masacre de Remedios en el año 2001; será fundamental para determinar la profundidad y extensión de esa omisión y acción del Estado Colombiano frente al paramilitarismo y su aterrador accionar.

Mientras tanto, las recientes declaraciones del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, en relación a las amenazas y asesinatos de líderes sociales por parte de las Águilas Negras,  en las que despachó el asunto con: “Esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”, recuerdan las declaraciones de la ANDI en 1983, a raíz del informe de la Procuraduría sobre el M.A.S, en las que los industriales aseguraban: “El M.A.S, no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas saldrán airosas”.[7]

1 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-justicia-le-ha-faltado-valor-para-investigar-uribe-ruben-dario-   pinilla-articulo-717119

2 Sumario adelantado contra Ramirez R. y otros por Homicidio, por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal.

Declaración de Martín Emilio Sánchez, ante la Procuraduría General de la Nación, el 20/07/90

4 Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Imprenta de las Fuerzas Militares, Bogotá 1979, pág. 188

5 El Espectador, 16 de febrero de 1981. Pág, 10 A

6Documento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con las declaraciones del Mayor retirado Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Aparecido en “Tras los pasos perdidos de la guerra sucia” Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia.

El Tiempo, 22 de febrero de 1983, pág. 6 A.

 

Por Pablo Nariño | 16/03/2020 

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Paramilitarismo que reconfirma su instinto asesino

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas, debido al accionar persistente de un paramilitarismo que cuenta con la complicidad activa y pasiva de todas las instituciones y que progresivamente afianza su dominio total de nuestra región.

Hace 23 años nos conformamos como una Comunidad de Paz no participante en el conflicto armado y que rehusaba compartir cualquier espacio o colaborar de alguna forma con cualquier tipo de actor armado. Desde entonces las agresiones han sido continuas, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales, bombardeos, desplazamientos, campañas de difamación, calumnias, pillajes, destrucción de  viviendas y cultivos, robos y asaltos armados, incursiones armadas a nuestros espacios, amenazas, montajes, violaciones, profanación de cadáveres y espacios sagrados, memoricidios, invasiones, controles paramilitares y estigmatizaciones de toda índole, por el poder de las armas tanto legales como ilegales. Mes tras mes hemos venido dejando constancia de todas las agresiones que nos afectan y de la complicidad del Gobierno y de las instituciones del Estado en toda esta barbarie contra el que piensa diferente en nuestra región y en el resto del país.

La muerte sigue siendo la forma más efectiva para deshacerse de quien no se someta. En estos dos últimos  años  la estructura paramilitar que hace todo el trabajo sucio del gobierno, ha estado circulando listas de personas para matar, adicionales a los centenares de vidas ya eliminadas; listas que están siendo ejecutadas al pie de la letra y dejando en claro la tolerancia de los organismos de control, del aparato judicial y la responsabilidad de mando del Jefe de Estado, señalado por la Constitución como el supremo garante de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vida, a la integridad y a las libertades básicas individuales y colectivas.

En los últimos días enfrentamos otra vez la destrucción de una vida civil a manos de los paramilitares, con la rutinaria respuesta del Estado: no pueden ir siquiera a diligenciar el levantamiento del cadáver porque “no hay condiciones de seguridad para los agentes estatales”. Nos preguntamos de qué tipo de inseguridad se habla, cuando ejército, policía y demás instituciones oficiales conviven diariamente en el minúsculo poblado de San José con los integrantes y mandos del paramilitarismo, estructura responsable de este último crimen y cuyos mandos elaboran las listas de gente para matar.  Por ello nuestra Comunidad no duda en atribuir máxima responsabilidad a los diversos estamentos del Estado que hacen presencia en el corregimiento, como la Brigada XVII del ejército y la Policía de Urabá, instituciones que confiesan recibir nuestras constancias en las cuales se revelan las rutas de presencia y de violencias de los paramilitares, incluyendo los alias y no pocas veces los nombres reales y los números de celulares desde donde amenazan y anuncian sus crímenes, e incluso videos tomados en las fincas de la zona donde concentran sus tropas ilegales, armadas y uniformadas. Pero NUNCA PASA NADA. TODO SIGUE IGUAL Y PEOR.

Los hechos de los cuales dejamos constancia esta vez son los siguientes:

  • ·En los días previos al 21 de febrero de 2020(aniversario de la horrenda masacre de Mulatos y La Resbalosa), según información de los pobladores de la zona, los paramilitares habrían realizado una reunión con la población civil en la vereda Mulatos.
  • ·El domingo 23 de febrero de 2020, el joven paramilitar conocido en la zona como “KALET”, quien es un desmovilizado de las FARC-EP y beneficiario del programa de desmovilización del Gobierno Nacional, lanzó serias amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestando: “Yo no descanso hasta ir a La Holandita  y ver correr la sangre de esa hp Comunidad”.
  • ·El mismo domingo 23 de febrero de 2020, según informaciones de pobladores, el Ejército habría hecho una reunión con la población civil en el corregimiento de Nuevo Antioquia, de Turbo, al parecer para tratar el tema de la carretera de Nuevo Antioquia / Playa Larga / Rodoxalí / La Esperanza / Mulatos, la cual se ha estado abriendo ya mediante una brecha que no cuenta con ningún tipo de licencia. Según la información recibida, no se concedió la licencia, pero los militares le recomendaron a la población civil que siguieran abriendo la carretera de manera clandestina, con máquinas de la Brigada, pues después que ya esté hecha no le quedará más salida al gobierno que legalizarla. Estas mismas palabras fueron expresadas por los paramilitares el año pasado, en las veredas Resbalosa, de San José de Apartadó, Baltasar y otras veredas de los corregimientos de Batata y Frasquillo del Municipio de Tierralta Córdoba, al manifestarle a la población civil que les ayudaran a electrificar esas veredas de una forma ilegal, que después la empresa EPM les tendría que legalizar la energía eléctrica al estar ya instalada.
  • ·El miércoles 26 de febrero de 2020un grupo de paramilitares con trajes de civil y portando armas cortas se encontraba en una vivienda civil, como a unos 180 metros junto al río el Cuchillo del casco urbano de San José, donde estaban consumiendo licor y amedrentando con sus armas a la población que pasaba por el lugar.
  • ·El mismo miércoles 26 de febrero de 2020,se notó una alta presencia de paramilitares con prendas militares y armas largas en los alrededores de las veredas Mulatos Alto y Mulatos Medio de San José de Apartadó.
  • ·El jueves 27 de febrero de 2020, dos paramilitares que han estado acechando los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos Medio, cruzaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra portando armas cortas y radios de comunicación.
  • ·El viernes 28 de febrero de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada de la presencia de un grupo de paramilitares encapuchados entre las veredas El Salto, El Guineo y El Gas, de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores, los paramilitares allí amedrentaron a una familia que venía a trabajar en una tierra de su propiedad, la cual se retiró de nuevo de la zona por temor a ser asesinados.
  • ·El sábado 29 de febrero de 2020, entre las 6:00 y 7:00 a. m. fue asesinado cerca de su casa, en la vereda La Miranda, de San José de Apartadó, el señor AMADO TORRES, poblador de dicha vereda e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según las informaciones recaudadas, hombres portando armas largas y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares llegaron hasta su vivienda, lo sacaron y lo asesinaron con varios impactos de bala de fusil en la cabeza. Su hijo de 20 años, Carlos Andrés Torres, había sido asesinado por soldados del Ejército Nacional en la vereda Caracolí, el 9 de abril de 2013, cuando iba a regresar a su vereda luego de haber traído productos agrícolas para vender en Caracolí. Todo muestra que a su padre, Don AMADO, los paramilitares lo tenían sentenciado por la autonomía que demostraba frente a ellos, no sometiéndose a sus imposiciones, administrando libremente los recursos de su finca y negándose a pagarles los impuestos ilegales o “vacunas” que ellos le exigían. Los organismos judiciales se negaron a ir a la vereda a realizar el levantamiento del cuerpo, alegando irónicamente “razones de seguridad”, cuando todo el mundo percibe su cercanía y complicidad con los paramilitares, al menos garantizando la apabullante impunidad que reina en la región que es la mayor culpable de la criminalidad reinante. Coincidencialmente, ese día el Presidente Iván Duque se encontraba de visita en Apartadó junto con el ex presidente Álvaro Uribe, en supuestos talleres denominados “construyendo país” y al enterarse del crimen le restó importancia aduciendo que en la zona hay muchos grupos violentos. Los órganos judiciales, en una actitud irresponsable, quisieron imponerle a la familia de la víctima la tarea de recoger las pruebas del asesinato, transfiriendo a las mismas víctimas lo que es su propia tarea remunerada. En lugar de ejercer de manera profesional su tarea, la fuerza pública, a través del Comandante Nacional de la Policía, General Óscar Atehortúa, lo que hizo fue ofrecer recompensas monetarias –esta vez de 20 millones- al civil que informe sobre los autores del crimen. Así se sustituye en Colombia la tarea de los órganos de instrucción penal, recurriendo a un método perverso que se presta para las más infames manipulaciones y montajes y de paso arruinan la moral pública, enseñándole a la gente que la denuncia es una mercancía lucrativa cada vez más lejana de un ejercicio ético, y en la cual se refina el caldo de cultivo para los falsos testimonios, los montajes judiciales y la destrucción en profundidad de toda conciencia moral.
  • ·El domingo 01 de marzo de 2020, llegaron comentarios a nuestra Comunidad de Paz de que los paramilitares están avanzando en la compra forzada de tierras en la zona de Caraballo, de la vereda Arenas Bajas, de San José de Apartadó. Ya son muchas las propiedades en tierras que este grupo paramilitar ha adquirido bajo amenazas a sus dueños, quienes terminan vendiéndoles la propiedad por temor a ser asesinados.
  • ·Este mismo domingo 01 de marzo de 2020, en horas de la noche fue amenazado de muerte el señor JOSÉ POLICARPO CATAÑO, en el caserío de San José, por tres hombres quienes según informaciones hacen parte a los paramilitares y reconocidos en la zona: Darío Tuberquia encargado de narcotráfico, Jairo Borja y Yeison Osorno. Estuvieron a punto de dispararle con armas de fuego.
  • ·El lunes 02 de marzo de 2020, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz sobre una lista que estaría circulando en San José entre los paramilitares, de gente para matar dándole continuidad a la dicha lista donde ya han asesinado a Deimer Usuga el 16 de enero 2019, Yeminson Borja el 7 de julio 2019,  weber Andrés el 18 agosto 2019 y Amado Torres el 29 de febrero de 2020 y al parecer el contenido de dicha lista sigue siendo de pobladores de la zona y miembros de nuestra Comunidad de Paz, cuyas ejecuciones están ya en preparación.

Dejamos también constancia de que el 19 de junio de 2019 radicamos en la Presidencia de la República un derecho de petición (Rad: Ext 19-00060721) con 86 constancias de hechos perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz entre el 7 de agosto de 2018 y el 23 de mayo de 2019, invocando los artículos 2,6,18 y 189 de la Constitución Nacional, los artículos 7,11 y 20 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y la Sentencia SU 1184/01 de la Corte Constitucional, No. 16-17.

El Presidente Duque remitió dicho documento al Ministerio de Defensa, contra la tradición jurídica universal que no considera válido que la institución victimaria se investigue a sí misma. El 17 de diciembre de 2019 el Comandante de la Séptima División envió una respuesta de 32 páginas elaborada por la Brigada XVII, en la que se refiere a 81 constancias de las 86 incluidas en el Derecho de Petición. En un solo caso (marzo 13 de 2019) reconoce que había presencia militar en Mulatos y que los disparos se debían a tropas del ejército que estaban en un supuesto enfrentamiento con otro grupo armado. En todos los demás casos se afirma que las tropas del ejército estaban distantes de los sitios de los hechos (entre 4 y 11 kilómetros); se alega que los hechos no fueron informados “en tiempo real”, o sea con tiempo suficiente para que el ejército pudiera preparar operativos para estar allí cuando se presentaran las agresiones; o que los hechos no son claros sino confusos, con informaciones precarias, a pesar de que se dieron todas las coordenadas de tiempo, lugar y nombres ficticios o reales de los victimarios y en varios casos los números de los celulares de donde llamaban a amenazar.

Este tipo de respuesta del Gobierno revela algo muy grave pero es lo que se ha vivido en los 23 años de existencia de la Comunidad de Paz: los paramilitares se mueven con plena libertad por todo el territorio, reúnen a las poblaciones de las veredas para imponerles normas, amenazarlas y cobrarles impuestos ilegales, pero jamás su presencia coincide con la del ejército. Todo parece milimétricamente calculado y coordinado para que cuando se den las agresiones el ejército esté situado a 4 o más kilómetros de distancia y así podrá afirmar que “no se enteró” de los hechos y, cuando ya se producen las denuncias o constancias, transcriben un párrafo uniformemente digitalizado en que dicen que ellos están siempre realizando operativos de inteligencia y de control para proteger a la comunidad y para tratar de individualizar a los miembros del “Clan del Golfo”, que es su enemigo virtual y teórico, pues nunca se encuentran con él, pero no consideran como actor ilegal la estructura paramilitar a la cual están vinculados la cantidad de nombres concretos que la Comunidad ha ido registrando en sus constancias, con quienes ejército y policía departen diariamente y amistosamente en el caserío de San José.

Sobra decir que, cuando las constancias hacen referencia a actuaciones del Ejército imposibles de ocultar, como la Acción de Tutela contra nuestra Comunidad para obligarla a callarse ante las agresiones (octubre de 2018) y las presiones de la Jueza, presionada a su vez por la Brigada XVII, para amordazar a nuestra Comunidad, el documento “ignora” las constancias y evade toda respuesta o comentario.

Nuestra Comunidad entiende que la fuerza pública no tiene facultades judiciales y por eso “se lava las manos” ante la impunidad absoluta de todos los hechos. El Presidente y las diversas instituciones del Estado saben muy bien que nuestra Comunidad no acude al aparato judicial porque ha experimentado hasta la saciedad, durante varias décadas, que dicho aparato no hace justicia y solamente produce impunidad y corrupción y por añadidura persigue a los denunciantes y testigos. Es trágico que ninguna de las más altas Cortes del Estado haya acogido nuestras denuncias sobre los innumerables hechos probados de corrupción que les presentamos en el Derecho de Petición del 19 de enero de 2009, y se hayan negado a investigarlos y corregirlos y mantengan en sus cargos a todos los corruptos. Éticamente y en conciencia no podemos colaborar con un aparato así de putrefacto.

En las negociaciones de paz en La Habana, el Gobierno se comprometió a tomar medidas eficaces para erradicar el paramilitarismo. Sin embargo, como la comunidad nacional y la internacional lo saben de sobra, en lugar de erradicarlo lo ha fortalecido enormemente. En nuestra región, después del Acuerdo de Paz su poderío crece y crece diariamente y no se percibe la más mínima acción del Estado para reprimirlo o erradicarlo. Hay aquí, entonces, una monumental responsabilidad del Alto Gobierno que no podrá ocultar jamás ante los tribunales internacionales.

Mientras recogemos las evidencias de nuestra tragedia y las compartimos con el mundo ético, valoramos cada vez más el apoyo moral de personas y comunidades que nos envían su energía espiritual desde numerosos espacios de Colombia y de otros muchos países del mundo. Para ellos y ellas nuestra renovada sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 7 de 2020

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El Salvador aprueba una ley de reconciliación rechazada por las víctimas de la guerra civil

La legislación reduce las penas de prisión a quienes hayan cometido crímenes de guerra y conmuta las de los condenados que sufran problemas de “salud”

A toda y prisa y a puerta cerrada los partidos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del miércoles en una sesión extraordinaria una ley de reconciliación que es vista por las víctimas de la guerra civil que desangró a este país como una puerta abierta a la impunidad. La legislación reduce hasta en un 75% las penas a quienes confiesen haber cometido crímenes durante el conflicto y pidan perdón, a la vez que permite a los jueces conmutar las condenas cuando se alegue problemas de salud o edad. Organismos internacionales han rechazado la nueva ley, que, dicen, es un retroceso importante en el camino de este país centroamericano para lograr justicia para las víctimas de una sangría que dejó más de 70.000 muertos según organizaciones de derechos humanos.

La guerra civil se extendió de 1980 a 1992 y dejó algunos de los capítulos más terribles de vejaciones en el continente americano. Entre ellos destaca la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron a al menos 986 personas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar. Desde los acuerdos de paz firmados a inicios de los años noventa, las víctimas del conflicto han exigido una respuesta del Gobierno salvadoreño. “Lo que ha pasado es muy grave para toda la sociedad y nos causa mucho dolor”, dice a EL PAÍS Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto.

Castro forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de víctimas de la guerra, y no esconde su enojo por la decisión de los diputados salvadoreños. Sus padres eran jóvenes estudiantes universitarios que se involucraron dentro de organizaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El padre, Jorge Enrique Jiménez fue desaparecido en agosto de 1981 junto a otros nueve compañeros, en Honduras, por integrantes del Ejército de ese país. La madre, Lisbeth Castro, fue capturada en una estación de autobuses cuando se dirigía a la Universidad Nacional. Más tarde hombres de civiles y fuertemente armados la llevaron, con signos de tortura, a la casa familiar, donde realizaron un cateo. Luego Lisbeth fue desaparecida. Amanda tenía 14 meses. "Desde entonces estamos buscando justicia y no ha sido posible hallarla", dice.

La noche del miércoles el FMLN, ahora convertido en partido político de oposición, se abstuvo de votar por la legislación, que fue aprobada sin consultas. “Pero tampoco mostró una posición clara a favor de las víctimas”, acota Castro. “Su posición es pueril. Los diputados del FMLN también son cómplices”.

Entre los partidos que votaron la ley está la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada en 1981 por Roberto d'Aubuisson, militar a cargo de los denominados Escuadrones de la muerte que sembraron el terror durante la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había advertido el 25 de febrero que la legislación podría significar una “restricción del derecho a la justicia” y una “prescripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son imprescriptibles”. Para el organismo, la conmutación de las penas “propicia la impunidad”.

El presidente Nayib Bukele, que hace dos semanas se enfrentó al Parlamento por la negación de este a votar un préstamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia, anunció que vetará la ley. Las víctimas, sin embargo, tampoco confían en el controvertido mandatario. “Si el presidente veta la ley es importante, pero un presidente que tiene toda una práctica autoritaria y militarista. Tampoco es garantía de nada. Vamos a seguir luchando para que haya verdadera justicia”, dice Castro. Su esperanza, afirma, es que la Sala Constitucional del Supremo “se pronuncie con fuerza sobre esta ley que es un pacto de impunidad.”

Por Carlos Salinas Maldonado

México 27 FEB 2020 - 15:55 COT

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Droga del Narcojet detenido en México salpica campaña de Jeanine Áñez

Este martes trascendió que la aeronave detenida en México en enero pasado, procedente de Guayaramerín, Bolivia, pertenecía al cártel de Jalisco y debía financiar la campaña de la presidenta de facto de ese país sudamericano, Jeanine Añez.

Apenas se conoció la denuncia sobre la detención del “Narcojet” el 28 de enero pasado, el ministro de gobierno Arturo Murillo, se apuró a decir que “la droga fue cargada en el Chapare”. Días después ante la lluvia de evidencias, no tuvo más remedio que admitir que la cocaína procedía de Guayaramerín, provincia colindante con las tierras de la familia de la presidenta de facto.

“La droga estaba en el avión sin ningún método de ocultamiento. Está claro que en el lugar donde la cocaína fue subida a bordo, no hubo ningún tipo de control”, comentó una fuente judicial al periódico argentino La Nación. Lo que quiere decir que el brazo boliviano del cártel de Jalisco contaba con la protección de la policía y el ejército. La acumulación de pruebas que complican al gobierno de facto, llevaron al ex ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, a pedir la renuncia del ministro de gobierno Arturo Murillo.

Según el periódico La Nación, la aeronave que despegó desde Guayaramerín tenía placa de EEUU (matrícula N18ZL GLF3).

Un testigo reveló que la droga pertenecía al cártel de Jalisco y que debía financiar la campaña de Jeanine. Además, un informante confidencial testificó que las ganancias de la transacción de 1.000 kilos de cocaína destinada a los EEUU eran para solventar los costos de la campaña de Jeanine Añez Chávez, senadora y actual presidenta autoproclamada de Bolivia.

Los medios de comunicación, cuya tarea se ha reducido a blindar (proteger) la imagen de los autoproclamados, escondieron bajo la alfombra los nexos familiares de Jeanine Añez con el narcotráfico. La autoproclamada está casada con Héctor Hincapié, conocido político colombiano, investigado por sus nexos con el cártel de Cali, y es tía propia, de Carlos Andrés Añez Dorado, detenido en Brasil con media tonelada de cocaína.

25 febrero 2020  

(Con información de Primera Línea)

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