Caminos protocolarios de falsedad y camuflaje

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Hoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.

No hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la  justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas?

Desde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos.

No hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados. 

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

 

  • ·El martes 17 de septiembre de 2019, a las 9:58 horas, fue captada la presencia de un grupo de paramilitares con vestidos de camuflado y portando armas largas en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó.
  • ·El miércoles 18 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo y acompañamiento internacional, por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, con la intención de poder acompañar a miembros de nuestra comunidad que viven allí, dada la presencia comprobada, en esos días, de unidades paramilitares. Al llegar a Arenas Altas se pudo verificar la presencia de gente armada muy cerca del camino, sin poder identificarla. Más adelante en el mismo camino,  como a  20 minutos de distancia,  encontraos un grupo armado muy sospechoso el cual estaba conformado por ocho integrantes quienes se identificaron como “fuerza pública”.
  • ·El miércoles 25 de septiembre de 2019, en horas de la noche, el señor ELKIN ORTIZ quien ha venido causando daños en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la finca La Roncona, volvió a incursionar para destruir nuestros alambrados, cultivos de plátano y cacao. Según informaciones, esto lo hace impulsado por los paramilitares que controlan el caserío de San José.
  • ·El viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00 a. m., cuando los miembros de una comisión de nuestra Comunidad  de Paz regresaban desde la vereda La Esperanza hasta San Josesito, fueron informados de que apenas habían salido de la finca de La Esperanza, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, llegaron 7 paramilitares vestidos de camuflados y con armas largas, como asechando a los miembros de nuestro proceso que se encontraban allí realizando trabajos en la finca. Al mismo tiempo se verificó la presencia de otros 10 paramilitares en la parte alta de la vereda La Esperanza.
  • ·El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz y otras comunidades del país, acompañadas por organizaciones internacionales, se encontraban de visita en la zona humanitaria Las Camelias, del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó y de igual manera acompañando a las familias del proceso comunitario que allí se ha desarrollado. Durante el viaje se pudo comprobar que esa es una zona totalmente controlada por el paramilitarismo, pues la intensa presencia de paramilitares en trajes civiles era muy notoria. Esto deja en evidencia una vez más que el paramilitarismo es el que controla todo a su antojo en los pueblos y veredas del país y lo peor de todo es que casi siempre el control lo ejercen en medio y bajo la protección o en complicidad de la fuerza pública y de toda evidencia, con su tolerancia y coordinación.
  • ·El mismo sábado 28 de septiembre de 2019, en respuesta a una orden del Consejo de Estado, el comandante de la Brigada XVII del ejército, Coronel Carlos Padilla, presidió una ceremonia de desagravio frente al salón comunal del caserío de San José de Apartadó, donde descubrió una placa alusiva a la masacre del 21 de febrero de 2005 y donde expresó: “Con esta placa reconocemos y dignificamos a las víctimas del conflicto armado por los hechos acaecidos el 21 de febrero de 2005 en la vereda La Resbalosa y Mulatos del municipio de San José de Apartadó en desagravio por su muerte (…) Quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan

 

El acto no lo presidió el Ministro de Defensa, como estaba ordenado por el Consejo de Estado, lo que ya revela el bajo valor que el gobierno les reconoce a las víctimas campesinas y el tratamiento despectivo que les da. Tampoco la placa incluyó los nombres de todas las víctimas de esa masacre y nadie entendió por qué excluyeron a BELLANIRA AREIZA, la compañera del líder histórico de la Comunidad de Paz allí masacrado, Luis Eduardo Guerra, quien fue también masacrada en esa misma orgía de sangre. Sólo asistieron al acto una veintena de personas , algunas de ellas familiares de las víctimas que habían recibido indemnización monetaria ordenada por el Consejo de Estado, ninguna de ellas integrante de nuestra Comunidad de Paz, pues desde el comienzo repudiamos el tasar a nuestras víctimas en dinero, como si fueran mercancías, y menos cuando esa “paga” no va acompañada de sanción a los victimarios y de medidas efectivas de no repetición y de corrección de la criminalidad sistémica evidenciada en dicha horrenda masacre.

Las palabras del Coronel Padilla y el texto mismo de la placa son un modelo refinado  del perverso encubrimiento y distorsión de la realidad, coadyuvantes de la horrorosa impunidad reinante. Presentar a estas víctimas como “víctimas del conflicto armado” es una ignominia. Ninguno de los centenares de crímenes perpetrados en estos 23 años contra nuestra Comunidad de Paz puede considerarse como relacionado con el conflicto armado, pues si algo definió la identidad de nuestras Comunidad desde su primer momento de existencia fue su negativa radical a participar en el conflicto armado y a colaborar con cualquier actor armado. La fuerza pública sabe de sobra que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas porque no los pudieron encuadrar en la estrategia paramilitar que habían diseñado para toda la región y que aún sigue imperando; los eliminaron porque por sus principios se les escapaban de las manos. Por ello es absolutamente irregular y contrario a las mismas reglas de la JEP que los victimarios de nuestra Comunidad estén pidiendo ingreso a la JEP.

Pero quizás lo más indignante es que el mismo texto de la placa y las palabras del Coronel Padilla “ignoren” lo sucedido en la masacre y sus reales dimensiones. Ninguna sombra de reconocimiento ni arrepentimiento de la responsabilidad del ejército en esos horrores, a pesar de que la misma Corte Suprema, en sentencia de casación, haya condenado a altos oficiales, si bien ha dejado en la impunidad a los más altos que tomaron las decisiones más macabras. ¿Qué tipo de desagravio es ese que no reconoce la responsabilidad evidente en el crimen? ¿Acaso no es una nueva victimización?

Pero el cinismo del discurso no tiene límites: el Coronel Padilla se atreve a “DAR FE” de que el ejército “CONTINUARÁ GARANTIZANDO CONDICIONES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA” que la gente demanda. No hay derecho a pretender ignorar la historia de manera tan atrevida. ¿Por qué no aludió siquiera a los 1462 crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en los primeros 21 años de persecución y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, cuya documentación reposa en tribunales internacionales y en los cuales el ejército tiene responsabilidad activa o pasiva? ¿Sigue creyendo el Coronel que el sol se puede tapar con un dedo?

Cuando habla de “garantizar una continuidad de libertad y democracia”, ¿ignora que lo que ha brindado el ejército en estas décadas es todo lo contrario de libertad y democracia, así él se atreva a llamarlas “libertad y democracia”, como quizás nadie más se atrevería a hacerlo, pues lo que han garantizado hasta ahora son: masacres, asesinatos, cercos de hambre, desplazamientos, torturas, destrucción e incineración de viviendas y cultivos, creación y apoyo a estructuras paramilitares, montajes judiciales, encarcelamientos de inocentes, torturas, abusos sexuales, amenazas, campañas de difamación, calumnias e injurias, robos de bienes de subsistencia y asaltos a mano armada para ejecutarlos, violaciones de la intimidad, desapariciones forzadas, falsos positivos, profanación y ocultamiento de cadáveres y otros muchos horrores. ¿Es esa la “libertad y democracia” que ofrece “CONTINUAR”, para lo cual “DA FE”?

Cuando se dan manifestaciones de “desagravio” o de “perdón” en un contexto envuelto y sumergido hasta lo más profundo en las mismas dinámicas criminales que produjeron el exterminio de las víctimas, los discursos sólo tienen la posibilidad de recurrir a las falsedades, al camuflaje, a la desviación, al disfraz. Y eso es lo que hemos estado viviendo en el llamado “posconflicto” o “pos acuerdo”, en que las raíces del conflicto siguen más vivas que nunca y retoñando de manera apabullante. Se percibe una búsqueda desesperada por tapar la falta de credibilidad. Vivimos dentro de un Estado y un gobierno que quieren convencer al país y al mundo que es posible mostrar una “cara nueva” apoyada en discursos incumplidos pero sin enfrentar el problema más acuciante: garantizar la no repetición de los crímenes. Creen que eso es posible tapando y evadiendo las responsabilidades; manteniendo en sus puestos y ascendiéndolos a quienes diseñaron y ejecutaron las barbaries y manteniendo (negándolas) las doctrinas y estructuras que inspiraron y favorecieron tan horrendas prácticas. ¿Cuántos años o décadas habrá que esperar para que se convenzan que eso es absolutamente imposible?

Con nuestra gratitud siempre reiterada a quienes desde numerosos espacios de nuestro país y del mundo nos sostienen con su fuerza moral, les enviamos una nueva alerta sobre lo que estos falsos “desagravios” revelan y anuncian.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 4 de 2019

Publicado enColombia
Viernes, 04 Octubre 2019 06:00

Se hizo justicia

Se hizo justicia

Análisis del fallo de la Corte Suprema en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia.

 


El 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una sentencia mediante la cual se ratificó la condena al general Jesús Armando Arias Cabrales a 40 años de prisión como coautor de la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del holocausto del Palacio de Justicia. Se trata de una sentencia muy importante que todos las y los ciudadanos deberíamos leer y conocer.
Desaparición forzada | Palacio de Justicia | Abusos del Ejército | Bogotá D. C. |


Las y los desaparecidos


La desaparición forzada se estructura, según la Corte, cuando “un agente del Estado priva a una persona de su libertad, cualquiera sea la forma en que lo hace, seguida de su ocultamiento y negativa a reconocer dicho acto dicho acto o de dar información sobre su paradero”.


Para los jueces de la Corte Suprema, sin lugar a duda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis y Luz Mary Portela León, al igual que la guerrillera Irma Franco Pineda, salieron vivos del Palacio de Justicia bajo la custodia del Ejército Nacional y fueron entregados al B-2 de inteligencia de la Brigada XIII. Sobre Irma Franco, la Corte reitera que sí fue detenida viva, que se dipuso que hombres la custodiaran y que ella se identificó por su nombre y pidió poder comunicarse con su familia, antes de ser llevada al segundo piso de la Casa del Florero, en donde se interrogaba a los sospechosos, según el testimonio del soldado bachiller Edgar Alfonso Moreno Figueroa.


Hasta ahora no sabemos el paradero del administrador de cafetería Carlos Rodríguez e Irma Franco. “Puede suceder que sus restos se encuentren; pero eso no significa que no hayan desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueron vistos en poder de las fuerzas del Estado y que no hayan sido entregados a la autoridad jurisdiccional, si se consideraba que existían indicios de sus vínculos con el grupo terrorista, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas,” dice la Corte.


El Ejército pensó que con el incendio de la edificación la noche del 6 de noviembre no quedarían sobrevivientes, pero ¡ah sorpresa! los seis guerrilleros y los sesenta rehenes que permanecían en el baño del costado norte estaban vivos y se convirtieron en un problema para los militares. Se siguió la directriz dada el día anterior por el general Arias Cabrales “todos a la Casa del Florero”. Las personas pasaron a disposición de la sección de inteligencia del Comando de la Brigada XIII, la cual se encargaba de los sobrevivientes, sospechosos o especiales “para interrogarlos; para investigar si participaron directamente en la operación criminal, o si apoyaron en su condición de empleados de Palacio la ejecución de la acción terrorista”.


El acto de aprehensión y posterior desaparecimiento de los “sospechosos”, como lo evidencia la secuencia con las grabaciones de dos radioaficionados, estaba prevista desde el comienzo de la operación. La desaparición forzada, consecuencia del operativo de “rescate” no fue un acto individual, sino un conjunto de acciones. El control de los militares era absoluto, hasta con los heridos ya que el general Arias Cabrales le dijo al coronel Edilberto Sánchez Rubiano que debía verificar a todas las personas que habían sido evacuadas heridas a centros asistenciales.


Que se mantuvo el control militar sobre todos los escenarios, todo el tiempo, es un punto clave en la sentencia pues se llegó a la “irracionalidad” de decir, ante la posible identificación de un guerrillero, que “si aparece la manga no aparezca el chaleco”. Anotó la decisión que “Desde este punto de vista es evidente que Arias Cabrales no fue, no pudo, no podía ser ajeno a la aprehensión y posterior desaparecimiento de la guerrillera Irma Franco Pineda” y agregó que:


“Desde ese día, cuando ella fue entregada a miembros de la Brigada, nadie más supo de su destino. Desapareció; fue desaparecida. Con que fuera ella sola, únicamente, el grave delito se estructura objetivamente. No importa que fuera una persona por fuera o al margen de la ley (…). No importó su individualidad, como tampoco las de los otros desaparecidos. Bastó etiquetarlos como guerrilleros o sospechosos para perderla. En estos casos pesan más las categorías que los derechos, que la dimensión ética del ser humano”.


Y más exactamente sobre la naturaleza de la actuación del general Arias Cabrales, agrega la Corte que sus órdenes:


“realizaban a la perfección la directriz del general Rafael Samudio Molina, su superior Comandante de las Fuerzas Militares cuando señaló en relación con el tratamiento de los detenidos: ´El individuo capturado en el campo de combate debía ser rápidamente interrogado y evacuado a los organismos superiores´ Una clara manifestación, en palabras de la Corte, “de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregadas al contingente militar, un elemento sustancial del delito de desaparición forzada”.


El contexto histórico y político


La Corte juzgó al general Arias Cabrales, debido al comportamiento en los hechos de retoma del Palacio y los posteriores que califica como “los más aterradores y dolorosos del conflicto armado” los cuales no pueden “sustraerse del entorno histórico y político en que ocurrió”.


El 6 y 7 de noviembre de 1985 el país se encontraba en estado de sitio (decreto 1038 de 1984) que le dio facultades extraordinarias al presidente Belisario Betancur Cuartas. Entre ellas estaban mantener la competencia de la jurisdicción militar para investigar a civiles y crear el Tribunal Especial para coordinar la actividad de los Juzgados de Instrucción Criminal asignados para investigar lo ocurrido, que culminó en un informe publicado el 17 de junio de 1986.


Desde 1983 estaba vigente el “Plan Tricolor” diseñado para enfrentar una guerra exterior o una insurrección general, parcial o total en el territorio nacional. El objetivo principal del plan consistió en destruir al comando del M-19 que realizó la acción del Palacio y proteger a las tropas que participaron en el operativo de retoma del fuego amigo.


El rescate de los rehenes nunca fue una prioridad para los militares, como lo confirmó el general Rafael Samudio Molina al afirmar que ello sólo sería posible “hasta donde las circunstancias lo permitieran”. Para cumplir el objetivo no se podían conceder treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones, las cuales debían caracterizarse por su persistencia, presión constante, continuidad y fuerza, a fin de conseguir resultados decisivos, como ocurrió durante las 28 horas de combate entre las fuerzas del Estado y los guerrilleros del M-19.


El “Plan Tricolor” fue activado inmediatamente por los altos mandos militares, lo cual explica la rapidez de la llegada de las tropas y los vehículos blindados al Palacio. Estaba orientado el plan por la filosofía del “enemigo interno” incrustado en la Doctrina de Seguridad Nacional en boga en países del Cono Sur. En esa doctrina “se mantuvo la tensión histórica entre la razón de Estado y los derechos humanos, que en ese entonces se resolvía en favor de aquel”. Una serie de derechos incompletos consagrados en el papel sin poder exigir su cumplimiento. O sea, en palabras de la Corte “un sistema en el que políticamente la razón de Estado primaba sobre los principios de la democracia y los derechos humanos”.


La orden presidencial


El expresidente Belisario Betancur Cuartas y los comandantes militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, insistieron durante el transcurso de las investigaciones judiciales -contra toda evidencia probatoria- que se trató de una operación de rescate de rehenes, en la que, según el expresidente de la República, “la regla de oro” era garantizar en todo momento la vida de los funcionarios judiciales, empleados y visitantes, inermes ante la acción del grupo asaltante. Pero esto no fue cierto.


Por el contrario, como se refleja en la decisión judicial, “está plenamente establecido que las armas del Estado se emplearon en contra los ciudadanos, empleados, visitantes, magistrados y guerrilleros, con el desabrido pretexto de “defender la democracia” (palabras del coronel Luis Alfonso Plazas Vega) sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes y con el uso desproporcionado de la fuerza, en clara violación del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1948. “ P. 185 CSJ.


Tanto el Ejército como la Policía Nacional, bajo el mando unificado del general Jesús Armando Arias Cabrales, tenían la clara visión doctrinal de aniquilar al enemigo sin treguas, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance. Para ello, contó con “la temerosa actitud del presidente de la República de no intervenir”, según las propias palabras de la Corte y añadió que “la operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos, y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.


El fallo ratificó que el director supremo de la operación retoma fue el general Arias Cabrales. Él sabía del procedimiento a seguir en el caso de los capturados. Dispuso que las personas que salieran con vida debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas como él afirmó, sino para identificarlas, interrogarlas y establecer la identidad de los integrantes del grupo enemigo. Como lo dijo la Corte, fue el artífice de la “solución final” que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su acción, su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron.


Dice la sentencia que la gravedad de la conducta del general Arias Cabrales y de los oficiales de la Fuerza Pública que participaron del criminal operativo de retoma “es propia de un grave atentado a los Derechos Humanos, imponen en este caso que el derecho a la verdad y a la no impunidad, que es en lo que consiste la justicia material desde este ámbito, primen sobre la formalidad de la orden judicial previa, mas aún si se asume que con esa actuación no se creó un estado de indefensión para el procesado Arias Cabrales, en cuanto pudo objetar su contenido en el proceso, sin hacerlo”.


La Casa del Florero


Con la sentencia de la Corte en el caso del General Arias Cabrales, se comprobó que no eran ciertas sus afirmaciones de que en la Casa del Florero no se instaló el puesto de mando adelantado, o que fue utilizada para prestar primeros auxilios a los rescatados e identificarlos, luego de lo cual se les facilitaba el rápido retorno a sus hogares. Tampoco que muchas personas salieron por la puerta vehicular de la carrera 8ª y que otras fueron llevadas a centros asistenciales sin pasar por la Casa del Florero. También riñe con la verdad procesal lo afirmado por Edilberto Sánchez, jefe del B-2 de la Brigada XIII a cargo de la Casa del Florero, que solo brindó asistencia a las personas rescatadas y que allí reinó un caos y que no tenía mando sobre la Policía y el DAS.


Por el contrario, no hubo tal salida masiva porque la conducta de las personas al interior del Palacio era la de esconderse y salir sólo cuando fueron evacuado por el Ejército a la Casa del Florero. Los centros asistenciales estaban controlados por el ejército y algunos heridos pasaron por la Casa del Florero, que no era un lugar de primeros auxilios, sino que sirvió para identificar a los sospechosos o especiales e interrogarlos. Tampoco reinó el caos porque estuvo bajo el control absoluto del coronel Sánchez y tanto la Policía como el DAS estaban subordinados a él por el principio de la unidad de mando.


Esperamos con esta decisión de la Corte que no solo se abra el camino de verdad judicial, sino que el pacto del silencio e impunidad que ha caracterizado el caso de los desaparecidos del holocausto y demás víctimas, empiece a resquebrajarse. Veremos si los militares que se han sometido y quieran someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le van a contar la verdad histórica de lo sucedido y también si acudirán a la Comisión de Esclarecimiento y Verdad y a la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos para evitar un pacto del olvido que no seremos.

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El escrache en tiempos de impunidad y neofascismo

La práctica del escrache, como se conoce al acto de denunciar abiertamente a un agresor a través de una publicación en redes sociales, es una acción que, si no se piensa estratégicamente, contribuye a generar un feminismo del enemigo, más facho que crítico y tristemente, alentador del “victimismo”.

 

El escrache surgió como una respuesta ante la impotencia y la desesperanza. En el contexto pos-dictaduras del cono sur, los y las activistas se vieron obligadas a realizar acciones como plantarse al frente de la casa de genocidas, para pintarlas y así denunciarlos públicamente ante la inmovilidad de los aparatos de justicia y la impunidad.

Desde entonces, el “escracheo” ha tomado distintas modalidades y definiciones que en algunos contextos feministas han derivado en el escarnio público de agresores en redes sociales; sin embargo, como indica Florencia Angilletta*, esta acción no nació con el feminismo. No es que no se puedan visibilizar públicamente las violencias sino que, difundir masivamente una denuncia, no puede convertirse, antes de cualquier otra estrategia, en la única forma, mecanismo o acción con que respondamos ante la violencia patriarcal.

¿Cuál es la solidaridad que se activa cuando se viraliza una denuncia? ¿La de “he pasado por lo mismo”, o la de “estoy contigo porque estoy contra ellos”? Hay una diferencia sutil en la pregunta, porque a lo que nos ha llevado el escrache es a crear una moralidad de ejército, no de compañeras.

 

En un ejército no se cuestiona, contradice o contesta

 

Lastimosamente, quien no comparte el escrache recibe la primera piedra. Si un día un amigo o familiar se comporta como un soquete machista, no quisiera negarme, ni negarle el derecho de escucharlo, sin que eso me haga también objetivo del “escracheo”. Creo que se deben encontrar mecanismos para tramitar conflictos y daños, que son distintos de los delitos, sin caer en el punitivismo o la pura necesidad del castigo.

Esto de tramitar los conflictos lo ubico en el marco de relaciones donde se han generado daños entre compañeros, tan común en los espacios organizativos de izquierda y las agrupaciones sociales, donde las feministas hemos tenido que tejer a pulso un dialogo en el que los varones nos consideren sus iguales. Son muy pocas las experiencias de justicia desde y para las mujeres, que no apelen únicamente al “escracheo”, pero que no piensan nada más allá o después de eso, y en últimas son las víctimas quienes se quedan solas.

Quiero generar una alerta dentro del feminismo, y generar la conversación crítica, para que cuando hablemos de violencias contra las mujeres, seamos más precisas, en nuestras apuestas, nuestras formas y posicionamientos políticos. La particularidad de los casos, y esa lupa que no podemos perder en cada uno, nos ayuda a obtener ideas, por si un día podemos configurar un sistema de justicia alternativa para las mujeres. A continuación, algunos ejemplos.

 

Mujeres víctimas del conflicto armado y la falsa dicotomía entre la paz y la justicia

 

Debo decir que, las víctimas de distintos actores del conflicto armado, mujeres populares de diversos territorios con quienes llevé procesos, incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pusieron nunca como solución a la impunidad en sus casos la venganza. Algunas de ellas ni siquiera piensan en la cárcel, la cadena perpetua, y jamás, jamás, la pena de muerte como castigo para sus perpetradores.

La reparación transformadora ha sido siempre el horizonte, y cuando tuvimos la oportunidad de pensarnos un sistema de justicia transicional, como resultado de una negociación política entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Farc, nos mantuvimos como feministas abolicionistas, defensoras de la pluralidad jurídica. La paz fue el horizonte, y la justicia no se nos quedaba en el camino. Propusimos fortalecer la justicia ordinaria para las mujeres como parte de ese proceso de tránsito a una paz perfectible con el tiempo, porque las violencias contra las mujeres se cometen bien en tiempos de paz, bien en tiempos de guerra. Les pareció osado y fuera de contexto. Meses después de haber avanzado en los procesos de reincorporación en los Etcr’s, algunas mujeres de las Farc, que comenzaron a sufrir victimizaciones por parte de sus parejas, preguntaron a dónde acudir en la vida civil, y nosotras no teníamos más oferta que una triste y abyecta comisaría de familia.

Aprendizaje: el devenir del movimiento feminista colombiano ha estado inexorablemente ligado a una agenda de construcción de la paz. Nos encontramos en un escenario de continuación del conflicto y “transicionalidad”. Desde ese orden, más que la venganza, queremos la transformación real y la erradicación de aquello que posibilita las violencias contra las mujeres, lo cual supone más trabajo que impartir castigos e ir más allá de las instituciones familistas.

 

¿Con las violencias “menores” procedimientos más “fáciles”?

 

Cualquier violencia genera daños en distintos niveles y es importante pensar en sanciones proporcionales y trámites de los conflictos distintos al castigo, que no por ello son más fáciles.

En alguna ocasión, una mujer llegó a consultarme después de haber vivido un hecho de violencia sexual, con un tipo, en una fiesta. Me dijo que su expectativa era que ese sujeto reconociera que lo que había hecho era reprochable, que se gastara el mismo tiempo que ella, pensando y reflexionando sobre esa noche, y que jurara no hacerlo nuevamente. No le interesaba la cárcel, no le interesaba que todo el mundo lo supiera. Esto era radicalmente más difícil que un proceso penal, porque necesitaba de un interlocutor dispuesto a reconocer sus actos, y esto por supuesto no pasó. Me soñé el momento en que este hombre pidiera perdón y reconociera ante ella y otras personas que tenían en común, que había generado un daño, comenzaría un proceso de deconstrucción de su masculinidad tóxica y llevaría a cabo un proceso de reparación. El sujeto no lo aceptó nunca, así que activamos el proceso penal esperando una condena.

Alcancé a figurar algo tan impensado como la mujer irlandesa que escribió un libro con su violador y que todavía me concierne, pero no me asusta ni me desespera. Y es importante decir que ninguna experiencia se puede universalizar, y que lo que funciona para algunas mujeres, no es asimilado de la misma manera por otras, que lo importante es la satisfacción de las víctimas, pero esa satisfacción tiene límites si en el centro está infligir daño en el otro, al mejor estilo del “ojo por ojo, diente por diente”.

Aprendizaje: en algunas violencias cotidianas que se dan en relaciones de pareja o de trabajo, por ejemplo, esperaríamos varones dispuestos, en principio, a reconocerlo, y tramitarlo sin la necesidad de generarnos más daño. Muchas veces el escrache desata una suerte de reacciones peores, de varones que se defienden vulgarmente, así que antes de abrir esa puerta a la avalancha que sigue en las redes sociales, deberíamos tener una estrategia de amortiguamiento.

 

Los agresores con reconocimiento público, el buen nombre y el debido proceso

 

Algunos varones activan sus defensas y retaliaciones contra las mujeres en formas inusitadas, y aquellos que tienen reconocimiento público, logran movilizar una cantidad de recursos, y poner en su favor todos los estereotipos y mandatos del orden patriarcal, así como nuestros errores estratégicos.

Asesoré a una de las, tal vez, cinco o más mujeres que han sido víctimas de un reconocido cantante. Ella no ha tenido, hasta ahora, intenciones de sacar nada en prensa, ni quiere su foto y su relato en el manoseo de los medios, se ha preparado jurídicamente para las demandas y lo ha hecho respetando sus propios ritmos y necesidades.

A muy pocos días de un concierto de gran asistencia, comenzaron a circular imágenes contra el cantante, denunciándolo por las violencias, sin ser muy claro quien las promovió o de dónde venían, pero ya capturadas por algunos colectivos feministas. Lo que hizo este sujeto fue comenzar a escribirle una por una a cada una de sus víctimas, a amenazarlas porque legalmente no tiene ninguna denuncia. Y “limpió” su imagen en videos de Youtube, logrando que las redes se inundaran de mensajes contra las denunciantes.

Aprendizaje: no es que el “escracheo” en sí mismo estuviera mal, cuando hablamos de personajes públicos la cosa cambia, porque tienen una responsabilidad ética y política mayor. La cuestión es que la visibilización de los casos nos tiene que poner a pensar, desde antes, en todos los escenarios y sus consecuencias, pues incluyen contrademandas y aprovechamiento de los medios. ¿Cómo lo contenemos? Porque todos esos escenarios buscarán siempre culpar a las mujeres y menguar su capacidad de respuesta, ponerlas en un lugar de NO poder y humillación constante, y es allí donde se debe activar la solidaridad con la víctima.

 

Cuando las condenadas somos nosotras

 

 Que las cárceles colombianas estén llenas de mujeres empobrecidas, campesinas, negras, jóvenes, madres y muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y que el aborto todavía sea delito si no se está dentro de las causales, es ya una muestra de por qué el punitivismo y la cárcel son la evidencia de sociedades que reaccionan patológicamente a los problemas sociales.

En el mismo hilo del ejemplo anterior, conocí muchos casos en los que, siendo las mujeres las víctimas de violencias por parte de sus parejas o exparejas, estos, sintiéndose retados por la denuncia ante una comisaría de familia o una fiscalía, se cualificaron en las “contrademandas” o demandas (normalmente de custodia para ejercer poder sobre las mujeres a través de la amenaza de quitarles a sus hijos e hijas), y como es de suponerse, encontraron en los funcionaros públicos la respuesta más diligente y concreta. Así mismo, este patriarcado actúa contra las mujeres; “la justicia” se activa rápidamente en nuestra contra y nos coge sin recursos y muy poco preparadas.

Aprendizaje: el “escracheo” no puede ser la única estrategia que activemos en un caso de violencia, si bien “no derribamos la casa del opresor con las armas del opresor”, como diría Audre Lorde, no podemos descuidar ningún flanco. Las argentinas ya tenían procesos en la justicia ordinaria contra los genocidas que “escrachearon”, y así mismo las mujeres debemos informarnos, reposar el pensamiento, actuar estratégicamente y protegernos.

 

La venganza y el uso amañado del discurso y del derecho

 

A la organización en la que trabajaba llegaban mujeres, la mayoría de veces con cierto nivel de reconocimiento público, a buscar nuestra asesoría y acompañamiento en sus procesos de divorcio o de inasistencia alimentaria, y teníamos que activar nuestros mejores entendimientos, para detectar cuándo quisieron usarnos, o cuándo quisieron usar el potencial de las mujeres en colectivo, para salir bien libradas de situaciones donde el “victimismo” y la ley patriarcal, que tutela a las mujeres como si fueran incapaces sin agencia, les era muy favorable.

Entonces una vez, una mujer que estaba haciendo su separación de bienes y había firmado unas capitulaciones antes de las nupcias, llegó a nosotras para que coadyuváramos su demanda, en la búsqueda de un precedente judicial en el que la Corte Suprema de Justicia, reconociera que esas capitulaciones habían sido una forma de violencia psicológica en su contra.

Evidentemente nos negamos a semejante retroceso. En su momento, las mujeres lucharon por obtener la capacidad de administrar sus propios bienes, como agentes autónomas y libres, contrayendo matrimonio, sin que su futuro esposo pasara a ser el señor y dueño de sus recursos. Hoy, las que tenemos una sociedad patrimonial sabemos lo valioso que es contar con esa capacidad de agencia de nuestros recursos, como para que, por una mujer que decidió que no se quería separar sin vengarse del exmarido, amañara el discurso de esa manera, y pretendiera hacernos creer a todos y todas que fue víctima de una violencia psicológica al firmar sus respectivas capitulaciones.

Y sí, las mujeres también, cuando queremos, nos vengamos y cuando queremos nos hacemos las víctimas, y si tenemos que llorar, lloramos. A lo “Romina”, la protagonista de uno de los Relatos Salvajes (la película argentina), en el que esta mujer-demonia le dice a su recién esposo que la engañaba: “iré a donde el juez con el ojo morado, y cuando me pregunte que cómo la he pasado, le diré que la estoy luchando”. Todo esto para decirle, además: “estamos casados hasta que TÚ muerte nos separe”.

Por supuesto, esta escena me encanta y me da risa, en lo ficcional. Pero no le deseo a ninguna hermana, a ninguna amiga, encarnar Rominas vengativas y victimizadas. La apuesta del feminismo es por la potencia subjetiva de las mujeres, por la agencia de nuestros poderes, y por significar el contexto de nuestras decisiones, haciéndonos cargo, incluidas las que tomamos en relaciones erótico-afectivas-económicas con los varones.

Aprendizaje: siempre partir de la buena fe y la confianza legítima, y del creerle a las mujeres, pero que el feminismo no nos obnubile el instinto crítico, para entender que no somos depositarias diáfanas de la ética y que también nos aprovechamos. No perdamos esa capacidad de sospecha que nos caracteriza, porque el movimiento social feminista no es un rebaño, y menos un ejército.

 

*    https://www.lapoliticaonline.com/nota/116875-el-escrache-no-nacio-con-el-feminismo/

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Beate Klarsfeld, la cazadora de nazis,“Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado”

Junto a su esposo Serge dedicó su vida a perseguir a los responsables de las deportaciones de judíos en Francia y a los nazis que seguían impunes dentro y fuera de Alemania. Llegó a la Argentina, adonde vino a protestar contra la dictadura en 1977, para presentar sus memorias.

 

Beate Klarsfeld nació Beate Künzel en Berlín, en 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Hija de un soldado que peleó en la Wehrmacht , las fuerzas armadas unificadas de Hitler, creció con la imagen de la derrota del nazismo. Se trasladó a París a comienzos de los 60. En Francia conoció al abogado Serge Klarsfeld, rumano de raíces judías, cuyo padre murió en Auschwitz luego de ser deportado desde Niza por el régimen de Vichy, instalado por la ocupación nazi. Beate, cuyo nombre se pronuncia exactamente como se escribe, y Serge compartieron desde entonces la preocupación por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del nazismo. En un momento en que los juicios por los crímenes de los nazis ya parecían cosa del pasado, los Klarsfeld se dedicaron a buscar a responsables de deportaciones y crímenes contra la humanidad. Se convirtieron en cazadores de nazis.

En el convulsionado 1968, Beate se hizo famosa. En el parlamento alemán increpó a Kurt Kiesinger, el entonces canciller, y le recordó a la principal autoridad política de la República Federal de Alemania su pasado nazi. Semanas más tarde, logró acercarse a Kiesinger en un acto político en Berlín Occidental ylo abofeteó en público. Con su esposo revelaron que el canciller demócrata cristiano se había afiliado al nazismo en 1933 y había integrado el área de propaganda del ministerio de Relaciones Exteriores a partir de 1940.

Los Klarsfeld se dedicaron a buscar a nazis connotados, como Klaus Barbie, el responsable de la Gestapo que torturó y asesinó a Jean Moulin, líder de la Resistencia francesa; o Walter Rauff, el creador de las cámaras móviles de gas, con las que se exterminó a casi cien mil judíos. Barbie fue llevado de Bolivia a Francia tras una batalla de más de quince años. Rauff murió impune en el Chile de Pinochet. Llevaron al banquillo a responsables de los crímenes contra los judíos en la Francia ocupada, como Maurice Papon. E incluso lograron extraditar y juzgar a un nazi escondido en la Argentina: Josef Schwammberger, detenido en Córdoba en 1987

En 1977 Beate Klarsfeld vino a la Argentina para protestar contra la dictadura de Videla. Hace unos días, a sus 80 años, volvió para presentar Memorias, un libro de 700 paginas, editado por Edhasa y Libros del Zorzal, en el que se alternan su voz y la de su marido en el relato de sus vidas. Fue homenajeada por la Cámara de Diputados y visitó la ex Esma, entre otras actividades.

-¿Por qué no hubo persecución a los nazis, luego de los juicio de Núremberg?

-Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado. Después de Núremberg empezó la Guerra Fría, y los responsables comenzaron a quedar en libertad. Diez años después de la guerra ya había nazis fuera de la cárcel. De Gaulle llegó a indultar al jefe de la Gestapo en París, Helmut Knochen. Además, Alemania no juzgaba a los responsables de los crímenes cometidos en Francia, algo que cambió con la política de Willy Brandt.

-¿Cuál es su recuerdo de Brandt? Usted lo apoyó en su campaña para canciller y fue quién llevó adelante políticas de memoria.

-Lo conocí cuando era alcalde de Berlín Occidental. En el 69 yo competí en las elecciones por un partido de izquierda y él por la socialdemocracia. Se pudo sacar del gobierno a Kiesinger. Brandt fue quien preparó la unificación de Alemania, reconoció la responsabilidad en la guerra, visitó Varsovia y pidió perdón por los crímenes. Fue un socialista extraordinario. Él era canciller cuando se quiso enviar como representante ante la Comunidad Europea a Ernst Achenbach. Denunciamos que había sido responsable de la línea política de los programas de radio en la Francia ocupada y se bajó su nominación.

-Los funcionarios de segunda o tercera línea del nazismo se reciclaron en puestos del Estado en Alemania Federal en esos años. ¿Cómo fue posible?

-Los alemanes no se consideraban responsables después de la guerra. Se tomó gente que estaba formada en el Estado, no se tomaban jóvenes, sino gente con experiencia. Hubo algunos juicios, sin penas importantes. El país estaba dividido, ya estaba la Guerra Fría. Comenzaron a hacerse investigaciones a nivel parlamentario, pero la mayor parte de la población no estaba indignada. Un propagandista nazi como Kiesinger no llamaba la atención y llegaba a canciller por la vía democrática.

-Un caso emblemático fue el de Rauff, a quien fue a buscar a Chile en plena dictadura. No se logró la extradición, murió al poco tiempo y su entierro fue un acto nazi a plena luz del día. ¿Cómo lo recuerda?

-Rauff era conocido por los servicios secretos alemanes. Sabían que estaba en Chile, y también estaban al tanto de Barbie en Bolivia. Hicimos el reclamo, pero para Chile había prescripción de los delitos. Fui allí en el 83. Estaba Pinochet y reclamamos la salida de Rauff del país. Hicimos saber a la sociedad chilena que en su país estaba el hombre cuyas cámaras móviles mataron a 97 mil judíos. Fuimos a protestar frente al Palacio de la Moneda, delante de su casa… Lo protegía la dictadura. Me fui y murió a los pocos meses. Al menos el mundo supo de él.

-En 1977 vino aquí en plena dictadura de Videla. “He venido a la Argentina para protestar contra un régimen político cuyos métodos represivos y su macabro resultado no pueden dejar indiferente a la opinión pública internacional”, escribió. ¿Qué recuerda de esa visita?

-Me quise solidarizar cuando supe lo que pasaba aquí. Cinco años antes había estado en Bolivia, cuando detectamos a Barbie. En el 77 yo integraba la Liga contra el Antisemitismo y el Racismo. Les dije a mis compañeros que iba a viajar a Buenos Aires. Unos de los miembros de la Liga era François Mitterrand. Todos me apoyaron en la decisión. Sabíamos que la gente desaparecía, que había torturas. Quise alertar al mundo. Mi método es ir allí donde suceden las cosas, no protestar frente a una embajada, voy adonde la gente está en peligro. Había que hacerlo en el lugar y alertar a la población. Al poco tiempo fue el secuestro de las dos monjas francesas. Sirvió para apoyar a las Madres de Plaza de Mayo en su búsqueda de justicia.

-Usted llama a la “acción directa”: la identificación del nazi impune, ir a su casa, hacer saber que allí vive un criminal. En la Argentina existieron los “escraches”, cuando los juicios estaban paralizados. ¿Encuentra similitudes?

-Con la acción directa mostramos el deseo de las víctimas de que se haga justicia. El objetivo era forzar a los jueces a que actuaran. Se trata de la búsqueda de justicia contra criminales de lesa humanidad.

-¿Qué opina del caso argentino en cuanto a los juicios por los crímenes de la dictadura?

-No lo conozco en profundidad. Hubo un perdón a los militares, pero la sociedad siuió pidiendo juicio y castigo. Son crímenes que, si no se juzgan, se pueden reproducir.

-Uno de sus grandes aportes ha sido el “Memorial de la deportación de los judíos de Francia”, el listado con los datos de casi 80 mil víctimas. ¿Qué significó ese trabajo?

-Fue sobre todo obra de Serge, a fines de los 70, cuando el Proceso de Colonia (el juicio a tres nazis alemanes por las muertes de 40 mil judíos franceses). Es un listado en orden alfabético de 76 mil nombres, que incluyen a 11 mil chicos. Están todos los datos: fecha de nacimiento, dirección, cuándo fueron detenidos, a cuáles campos los enviaron… Así se pudieron reunir familias dispersas, porque había padres que eran separados de sus hijos. Incluso se pudo conseguir cinco mil fotos de los deportados. En ese momento se le pudo hacer llegar un ejemplar al juez durante el juicio en Colonia.

-Otro caso emblemático fue el de Klaus Barbie. Pasaron más de quince años entre que usted y su marido lo ubicaron en La Paz y el juicio de 1987. Y hasta se plantearon la posibilidad de secuestrarlo, ante la impunidad y la negativa de Bolivia de entregarlo a Francia.

-Reivindico eso, pero también el Proceso de Colonia contra los tres nazis, Hagen, Lischka y Heinrichsohn, que fueron condenados en 1980. También llevó años poder enjuiciar a Maurice Papon, que fue prefecto en Burdeos durante la ocupación, ayudó a deportar a más de mil judíos y luego siguió en altos cargos durante décadas. Lo de Barbie fue resonante porque martirizó a Jean Moulin, el líder de la Resistencia, y era protegido por los militares bolivianos. Recién cuando Bolivia recuperó la democracia pudo ser llevado a Francia. Yo no paro nunca, si algo no funciona, cambio el método. Solo tengo miedo a fracasar.

Beate Klarsfeld llegó a Buenos Aires acompañada por su hijo mayor, Arno, abogado y miembro del Consejo de Estado, el órgano que el gobierno francés debe consultar ante proyectos de ley. Como abogado, Arno Klarsfeld representó a la Asociación de Hijos e Hijas de Deportados Judíos en Francia (FFDJF) en juicios contra colaboracionistas como Maurice Papon, que trató de esquivar la cárcel alegando problemas de salud. "El tuvo poder en la milicia de Lyon, era un jerarca con buena educación. Pudo haber rechazado las deportaciones y no lo hizo”.

“En los libros de historia de Francia no figuró que los arrestos de judíos los hacían policías franceses, la impresión era que sólo eran culpables los alemanes y que todos eran resistentes salvo altos responsables. Lo mismo en Alemania, había una idea de que el nazismo solamente era cosa de marginales”, cuenta sobre el negacionismo. “Se buscó juzgar, pero se obstruyó todo por la idea de reconciliación nacional y la amenaza de guerra civil”, describe los años sin juicios en la inmediata posguerra. "No hay guerra civil si hay justicia”, afirma.

Sobre la búsqueda de justicia de sus padres, dice que "era una necesidad de las víctimas. Para que la reconciliación franco-alemana estuviera en buenas vías, se precisaba la verdad histórica, que se escribiera la historia tal como sucedió y no como algunos querían imaginar”. En ese sentido, apunta que “dos tercios de los judíos franceses fueron arrestados por la policía francesa” durante el régimen de Vichy, cuya cabeza fue el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra, una figura que aún divide aguas en Francia. “La gente lo respetaba y lo admiraba como un héroe glorioso. Pero nada de lo que ocurrió desde octubre del 40 hubiera sido posible sin su venia. Mi padre halló un documento de su puño y letra en favor del antisemitismo. Se podría haber negado a las deportaciones, y los nazis no tenían mano de obra. En lugar de eso, puso a la policía de Francia a disposición de los alemanes”.

¿Cómo ve Arno Klarsfeld el futuro, desde otra generación, sin la carga emocional de la impunidad de los nazis? “Me toca preservar el trabajo de mis padres, combatir el extremismo, comprometerme con otras causas, como la trata de personas o la ecología”, asegura. Y coincide con su madre al señalar el enemigo del presente: la ultraderecha. “Hay crisis económica y riesgo de dislocación de Europa. Hoy no se sufre tanto como en los años 30, pero hay desigualdades y la gente puede volcarse al populismo de extrema derecha. Por eso creo que es tan importante preservar a la Unión Europea, porque es un escudo que protege”.

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Viacarra acusó a la oposición de  utilizar el Parlamento “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Imagen: EFE

El presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le permitiría cerrarlo y llamar a elecciones legislativas.

“Está en peligro la democracia”, señaló el presidente Martín Vizcarra en un breve mensaje al país dado ayer, refiriéndose así a las últimas decisiones del Congreso controlado por el fujimorismo. Ha sido una acusación directa a la mayoría parlamentaria formada por el fujimorismo y sus aliados, a los que acusó de utilizar el Parlamento para actuar en contra de la democracia “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Después de lanzar esa grave acusación, el presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le abriría las puertas para cerrarlo constitucionalmente y llamar a nuevas elecciones legislativas. Pero congresistas de la mayoría pretenden negarle esa facultad. Conversaciones por chat entre legisladores fujimoristas filtradas a la prensa, revelan sus intrigar para dar un golpe parlamentario que destituya al presidente.

La reacción de Vizcarra contra el Congreso se dio un día después que la mayoría parlamentaria archivara en comisiones, sin siquiera debatir en el pleno, el proyecto presidencial para adelantar -de 2021 a 2020- las elecciones legislativas y presidenciales, y de la decisión del Congreso de elegir este lunes, en un procedimiento express marcado por serios cuestionamientos, a seis nuevos miembros de los siete magistrados que integran el estratégico Tribunal Constitucional (TC), una maniobra del fujimorismo denunciada como un intento de copar el TC, cuestionamiento al que se sumó Vizcarra. Pero en su mensaje, esperado desde el jueves cuando el Congreso rechazó su propuesta de adelantar las elecciones generales, el presidente no dijo una palabra de este tema, que todos suponían sería el asunto central de ese pronunciamiento. Un silencio sorpresivo, y revelador de la falta de respuesta del Ejecutivo frente al duro golpe que le encajó el Congreso en este tema, que el propio presidente había definido como crucial.

Vizcarra anunció que el pedido del voto de confianza al Congreso irá amarrado no a una insistencia para adelantar las elecciones, como muchos esperaban, sino a una propuesta para cambiar el mecanismo de elección en el Congreso de los magistrados del TC. Con esto pretende bloquear la cuestionada elección de sus nuevos miembros, programada para este lunes. Legisladores de la mayoría parlamentaria, con el apoyo de algunos constitucionalistas amigos, reaccionaron rápidamente desconociendo las facultades presidenciales para pedir un voto de confianza relacionado a este tema. Congresistas que no forman parte de esa mayoría y otros expertos han opinado en sentido contrario y han pedido que el Congreso suspenda el proceso de elección del Tribunal Constitucional. La mayoría asegura que no cederá en su intención de elegir un nuevo TC. Se abre un nuevo escenario de enfrentamiento y grave crisis política.

El TC está llamado a ser el árbitro en cualquier controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre asuntos constitucionales, como la legalidad o no del pedido de un voto presidencial de confianza respecto a determinado tema y por lo tanto sobre la procedencia o no de un eventual cierre del Congreso como resultado de la negativa de ese voto de confianza. Con un TC bajo su control, la mayoría parlamentaria se asegura para qué lado decidirá ese árbitro.

Pero este tribunal, última instancia jurídica, también es clave en la lucha contra la corrupción. En el TC está pendiente de resolverse un pedido de Keiko Fujimori -procesada por lavado de activos en relación al financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero de Odebrecht- para que se anule su prisión preventiva. Una actual magistrada del TC ha denunciado que le ofrecieron continuar en el Tribunal si votaba a favor de la libertad de la jefa del fujimorismo. Los fujimoristas presionan, pero no tienen la seguridad de ganar la libertad de Keiko en el actual TC. Si no lo consigue, podrían presentar una nueva solicitud en ese sentido para que resuelva el nuevo tribunal conformado a su medida. Y también se vendrían para ese nuevo TC pedidos para liberar a otros políticos procesados por corrupción e incluso una solicitud para liberar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

En medio de esta guerra de poderes, al presidente Vizcarra le ha faltado decisión y capacidad de reacción para defender su propuesta de adelanto de elecciones. Para el fujimorismo y sus aliados era clave bloquear el adelanto de elecciones porque eso habría significado perder un año antes de lo previsto su actual mayoría parlamentaria, desde la cual actúa para blindar a sus dirigentes acusados por corrupción. Eso ya lo consiguieron. Ahora van por más.

Como trasfondo de esta lucha de poderes está una ciudadanía indignada contra una clase política envuelta por los escándalos de corrupción. Una ciudadanía que exige “que se vayan todos” y que dirige su bronca principalmente contra el Congreso. Horas después de conocido el cajoneo del proyecto de adelanto de elecciones, manifestantes se movilizaron en rechazo a esa decisión del Congreso. Las encuestas revelan que el adelanto de elecciones tiene un respaldo mayoritario del 70 por ciento, mientras el Congreso que archivó esa posibilidad tiene una aceptación de apenas el ocho por ciento. Se anuncian nuevas marchas de protesta para el lunes, día clave en el que el fujimorismo pretende elegir un Tribunal Constitucional a su medida, un objetivo central para sus intereses de ganar poder e impunidad, y arrinconar al presidente Vizcarra.

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Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen

Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

Publicado enEdición Nº261
El escrache en tiempos de impunidad y neofascismo

La práctica del escrache, como se conoce al acto de denunciar abiertamente a un agresor a través de una publicación en redes sociales, es una acción que, si no se piensa estratégicamente, contribuye a generar un feminismo del enemigo, más facho que crítico y tristemente, alentador del “victimismo”.

 

El escrache surgió como una respuesta ante la impotencia y la desesperanza. En el contexto pos-dictaduras del cono sur, los y las activistas se vieron obligadas a realizar acciones como plantarse al frente de la casa de genocidas, para pintarlas y así denunciarlos públicamente ante la inmovilidad de los aparatos de justicia y la impunidad.

Desde entonces, el “escracheo” ha tomado distintas modalidades y definiciones que en algunos contextos feministas han derivado en el escarnio público de agresores en redes sociales; sin embargo, como indica Florencia Angilletta*, esta acción no nació con el feminismo. No es que no se puedan visibilizar públicamente las violencias sino que, difundir masivamente una denuncia, no puede convertirse, antes de cualquier otra estrategia, en la única forma, mecanismo o acción con que respondamos ante la violencia patriarcal.

¿Cuál es la solidaridad que se activa cuando se viraliza una denuncia? ¿La de “he pasado por lo mismo”, o la de “estoy contigo porque estoy contra ellos”? Hay una diferencia sutil en la pregunta, porque a lo que nos ha llevado el escrache es a crear una moralidad de ejército, no de compañeras.

 

En un ejército no se cuestiona, contradice o contesta

 

Lastimosamente, quien no comparte el escrache recibe la primera piedra. Si un día un amigo o familiar se comporta como un soquete machista, no quisiera negarme, ni negarle el derecho de escucharlo, sin que eso me haga también objetivo del “escracheo”. Creo que se deben encontrar mecanismos para tramitar conflictos y daños, que son distintos de los delitos, sin caer en el punitivismo o la pura necesidad del castigo.

Esto de tramitar los conflictos lo ubico en el marco de relaciones donde se han generado daños entre compañeros, tan común en los espacios organizativos de izquierda y las agrupaciones sociales, donde las feministas hemos tenido que tejer a pulso un dialogo en el que los varones nos consideren sus iguales. Son muy pocas las experiencias de justicia desde y para las mujeres, que no apelen únicamente al “escracheo”, pero que no piensan nada más allá o después de eso, y en últimas son las víctimas quienes se quedan solas.

Quiero generar una alerta dentro del feminismo, y generar la conversación crítica, para que cuando hablemos de violencias contra las mujeres, seamos más precisas, en nuestras apuestas, nuestras formas y posicionamientos políticos. La particularidad de los casos, y esa lupa que no podemos perder en cada uno, nos ayuda a obtener ideas, por si un día podemos configurar un sistema de justicia alternativa para las mujeres. A continuación, algunos ejemplos.

 

Mujeres víctimas del conflicto armado y la falsa dicotomía entre la paz y la justicia

 

 Debo decir que, las víctimas de distintos actores del conflicto armado, mujeres populares de diversos territorios con quienes llevé procesos, incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pusieron nunca como solución a la impunidad en sus casos la venganza. Algunas de ellas ni siquiera piensan en la cárcel, la cadena perpetua, y jamás, jamás, la pena de muerte como castigo para sus perpetradores.

La reparación transformadora ha sido siempre el horizonte, y cuando tuvimos la oportunidad de pensarnos un sistema de justicia transicional, como resultado de una negociación política entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Farc, nos mantuvimos como feministas abolicionistas, defensoras de la pluralidad jurídica. La paz fue el horizonte, y la justicia no se nos quedaba en el camino. Propusimos fortalecer la justicia ordinaria para las mujeres como parte de ese proceso de tránsito a una paz perfectible con el tiempo, porque las violencias contra las mujeres se cometen bien en tiempos de paz, bien en tiempos de guerra. Les pareció osado y fuera de contexto. Meses después de haber avanzado en los procesos de reincorporación en los Etcr’s, algunas mujeres de las Farc, que comenzaron a sufrir victimizaciones por parte de sus parejas, preguntaron a dónde acudir en la vida civil, y nosotras no teníamos más oferta que una triste y abyecta comisaría de familia.

Aprendizaje: el devenir del movimiento feminista colombiano ha estado inexorablemente ligado a una agenda de construcción de la paz. Nos encontramos en un escenario de continuación del conflicto y “transicionalidad”. Desde ese orden, más que la venganza, queremos la transformación real y la erradicación de aquello que posibilita las violencias contra las mujeres, lo cual supone más trabajo que impartir castigos e ir más allá de las instituciones familistas.

 

¿Con las violencias “menores” procedimientos más “fáciles”?

 

 Cualquier violencia genera daños en distintos niveles y es importante pensar en sanciones proporcionales y trámites de los conflictos distintos al castigo, que no por ello son más fáciles.

En alguna ocasión, una mujer llegó a consultarme después de haber vivido un hecho de violencia sexual, con un tipo, en una fiesta. Me dijo que su expectativa era que ese sujeto reconociera que lo que había hecho era reprochable, que se gastara el mismo tiempo que ella, pensando y reflexionando sobre esa noche, y que jurara no hacerlo nuevamente. No le interesaba la cárcel, no le interesaba que todo el mundo lo supiera. Esto era radicalmente más difícil que un proceso penal, porque necesitaba de un interlocutor dispuesto a reconocer sus actos, y esto por supuesto no pasó. Me soñé el momento en que este hombre pidiera perdón y reconociera ante ella y otras personas que tenían en común, que había generado un daño, comenzaría un proceso de deconstrucción de su masculinidad tóxica y llevaría a cabo un proceso de reparación. El sujeto no lo aceptó nunca, así que activamos el proceso penal esperando una condena.

Alcancé a figurar algo tan impensado como la mujer irlandesa que escribió un libro con su violador y que todavía me concierne, pero no me asusta ni me desespera. Y es importante decir que ninguna experiencia se puede universalizar, y que lo que funciona para algunas mujeres, no es asimilado de la misma manera por otras, que lo importante es la satisfacción de las víctimas, pero esa satisfacción tiene límites si en el centro está infligir daño en el otro, al mejor estilo del “ojo por ojo, diente por diente”.

Aprendizaje: en algunas violencias cotidianas que se dan en relaciones de pareja o de trabajo, por ejemplo, esperaríamos varones dispuestos, en principio, a reconocerlo, y tramitarlo sin la necesidad de generarnos más daño. Muchas veces el escrache desata una suerte de reacciones peores, de varones que se defienden vulgarmente, así que antes de abrir esa puerta a la avalancha que sigue en las redes sociales, deberíamos tener una estrategia de amortiguamiento.

 

Los agresores con reconocimiento público, el buen nombre y el debido proceso

 

 Algunos varones activan sus defensas y retaliaciones contra las mujeres en formas inusitadas, y aquellos que tienen reconocimiento público, logran movilizar una cantidad de recursos, y poner en su favor todos los estereotipos y mandatos del orden patriarcal, así como nuestros errores estratégicos.

Asesoré a una de las, tal vez, cinco o más mujeres que han sido víctimas de un reconocido cantante. Ella no ha tenido, hasta ahora, intenciones de sacar nada en prensa, ni quiere su foto y su relato en el manoseo de los medios, se ha preparado jurídicamente para las demandas y lo ha hecho respetando sus propios ritmos y necesidades.

A muy pocos días de un concierto de gran asistencia, comenzaron a circular imágenes contra el cantante, denunciándolo por las violencias, sin ser muy claro quien las promovió o de dónde venían, pero ya capturadas por algunos colectivos feministas. Lo que hizo este sujeto fue comenzar a escribirle una por una a cada una de sus víctimas, a amenazarlas porque legalmente no tiene ninguna denuncia. Y “limpió” su imagen en videos de Youtube, logrando que las redes se inundaran de mensajes contra las denunciantes.

Aprendizaje: no es que el “escracheo” en sí mismo estuviera mal, cuando hablamos de personajes públicos la cosa cambia, porque tienen una responsabilidad ética y política mayor. La cuestión es que la visibilización de los casos nos tiene que poner a pensar, desde antes, en todos los escenarios y sus consecuencias, pues incluyen contrademandas y aprovechamiento de los medios. ¿Cómo lo contenemos? Porque todos esos escenarios buscarán siempre culpar a las mujeres y menguar su capacidad de respuesta, ponerlas en un lugar de NO poder y humillación constante, y es allí donde se debe activar la solidaridad con la víctima.

 

Cuando las condenadas somos nosotras

 

 Que las cárceles colombianas estén llenas de mujeres empobrecidas, campesinas, negras, jóvenes, madres y muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y que el aborto todavía sea delito si no se está dentro de las causales, es ya una muestra de por qué el punitivismo y la cárcel son la evidencia de sociedades que reaccionan patológicamente a los problemas sociales.

En el mismo hilo del ejemplo anterior, conocí muchos casos en los que, siendo las mujeres las víctimas de violencias por parte de sus parejas o exparejas, estos, sintiéndose retados por la denuncia ante una comisaría de familia o una fiscalía, se cualificaron en las “contrademandas” o demandas (normalmente de custodia para ejercer poder sobre las mujeres a través de la amenaza de quitarles a sus hijos e hijas), y como es de suponerse, encontraron en los funcionaros públicos la respuesta más diligente y concreta. Así mismo, este patriarcado actúa contra las mujeres; “la justicia” se activa rápidamente en nuestra contra y nos coge sin recursos y muy poco preparadas.

Aprendizaje: el “escracheo” no puede ser la única estrategia que activemos en un caso de violencia, si bien “no derribamos la casa del opresor con las armas del opresor”, como diría Audre Lorde, no podemos descuidar ningún flanco. Las argentinas ya tenían procesos en la justicia ordinaria contra los genocidas que “escrachearon”, y así mismo las mujeres debemos informarnos, reposar el pensamiento, actuar estratégicamente y protegernos.

 

La venganza y el uso amañado del discurso y del derecho

 

 A la organización en la que trabajaba llegaban mujeres, la mayoría de veces con cierto nivel de reconocimiento público, a buscar nuestra asesoría y acompañamiento en sus procesos de divorcio o de inasistencia alimentaria, y teníamos que activar nuestros mejores entendimientos, para detectar cuándo quisieron usarnos, o cuándo quisieron usar el potencial de las mujeres en colectivo, para salir bien libradas de situaciones donde el “victimismo” y la ley patriarcal, que tutela a las mujeres como si fueran incapaces sin agencia, les era muy favorable.

Entonces una vez, una mujer que estaba haciendo su separación de bienes y había firmado unas capitulaciones antes de las nupcias, llegó a nosotras para que coadyuváramos su demanda, en la búsqueda de un precedente judicial en el que la Corte Suprema de Justicia, reconociera que esas capitulaciones habían sido una forma de violencia psicológica en su contra.

Evidentemente nos negamos a semejante retroceso. En su momento, las mujeres lucharon por obtener la capacidad de administrar sus propios bienes, como agentes autónomas y libres, contrayendo matrimonio, sin que su futuro esposo pasara a ser el señor y dueño de sus recursos. Hoy, las que tenemos una sociedad patrimonial sabemos lo valioso que es contar con esa capacidad de agencia de nuestros recursos, como para que, por una mujer que decidió que no se quería separar sin vengarse del exmarido, amañara el discurso de esa manera, y pretendiera hacernos creer a todos y todas que fue víctima de una violencia psicológica al firmar sus respectivas capitulaciones.

Y sí, las mujeres también, cuando queremos, nos vengamos y cuando queremos nos hacemos las víctimas, y si tenemos que llorar, lloramos. A lo “Romina”, la protagonista de uno de los Relatos Salvajes (la película argentina), en el que esta mujer-demonia le dice a su recién esposo que la engañaba: “iré a donde el juez con el ojo morado, y cuando me pregunte que cómo la he pasado, le diré que la estoy luchando”. Todo esto para decirle, además: “estamos casados hasta que TÚ muerte nos separe”.

Por supuesto, esta escena me encanta y me da risa, en lo ficcional. Pero no le deseo a ninguna hermana, a ninguna amiga, encarnar Rominas vengativas y victimizadas. La apuesta del feminismo es por la potencia subjetiva de las mujeres, por la agencia de nuestros poderes, y por significar el contexto de nuestras decisiones, haciéndonos cargo, incluidas las que tomamos en relaciones erótico-afectivas-económicas con los varones.

Aprendizaje: siempre partir de la buena fe y la confianza legítima, y del creerle a las mujeres, pero que el feminismo no nos obnubile el instinto crítico, para entender que no somos depositarias diáfanas de la ética y que también nos aprovechamos. No perdamos esa capacidad de sospecha que nos caracteriza, porque el movimiento social feminista no es un rebaño, y menos un ejército.

 

*    https://www.lapoliticaonline.com/nota/116875-el-escrache-no-nacio-con-el-feminismo/

Publicado enEdición Nº261
“En mi unidad del Ejército se presentaron desapariciones forzadas”

El testimonio del excomandante de un grupo de élite describe el mecanismo de los 'falsos positivos' que se dieron en Colombia

Primero, los ejecutaban. Después, hacían desaparecer los documentos de las víctimas para entorpecer la investigación. Este era uno de los procedimientos de los llamados "falsos positivos", esto es, miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante al menos 15 años por militares colombianos. Y así respondieron distintas unidades del Ejército a la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados o las "bajas" de guerrilleros en combate. Tras este eufemismo, en realidad, hubo 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes, según la Fiscalía, que fueron cometidos principalmente entre 2002 y 2008. Precisamente a esa época se remonta el testimonio de un mayor retirado dado a conocer este martes por la Comisión de la Verdad, el organismo público dedicado al esclarecimiento de las causas del conflicto armado.

La declaración en vídeo del exoficial Gustavo Enrique Soto no tiene alcance judicial porque esta entidad no es un tribunal como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, supone un reconocimiento sin apenas precedentes y un relato valioso para entender los engranajes de un mecanismo criminal que manchó a la fuerza pública. Soto fue, entre 2006 y 2007, comandante de un Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), un equipo de élite que actuaba bajo la responsabilidad del comando de las Fuerzas Armadas en el departamento de Casanare, en el este del país.

"En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad", reconoce el exmilitar, que pasó una década en prisión y que ahora, tras demostrar su compromiso con la reparación de las víctimas ante la JEP, ha denunciado amenazas. "Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas", continúa Soto antes de incidir en su "arrepentimiento de corazón". Además de su declaración, la Comisión de la verdad difundió también las de José Éver Veloza, un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de José Benito Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las FARC. Todos reconocen "hechos de desaparición". Aun así, las premisas de estos casos son muy distintas, al tratarse por un lado de dos combatientes integrados en organizaciones ilegales y por otro de un representante del Ejército, cuya misión es precisamente velar por la legalidad.

"Tengo algunos documentos que van a ser de suma importancia por las estadísticas que se manejaban en ese momento. Cuando fui comandante del Gaula militar Casanare siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y en particular a las víctimas que son las que hoy están sufriendo este dolor", explica el exoficial.

Encabezar la clasificación era sinónimo de recibir incentivos monetarios o permisos. Y para que el sistema funcionara, se falseaban las pruebas. "Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad", describe Soto, que promete aportar "las actas de levantamiento de cadáver" y sobre "diferentes misiones tácticas". Ya han pasado 12 años de aquellos crímenes y este militar, como otra decena de oficiales del Ejército retirados, decidió denunciar lo que ocurrió. "Mi compromiso hoy es pleno. Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que yo les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé".

Por Francesco Manetto

Bogotá 25 SEP 2019 - 02:26 COT

Publicado enColombia
 La cúpula de la extinta guerrilla de las FARC, este lunes en Bogotá tras la comparecencia. Iván Valencia AP

La cúpula de la antigua guerrilla responde por el delito de secuestro sistemático. "Todos y todas perdimos", asegura Timochenko

El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana, durante más de cuatro años de conversaciones, y sigue pasando, cada día, en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso su función, que en última instancia es cristalizar la historia, es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció este lunes la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.

"Asumimos, como hombres y mujeres que formaron parte del último Estado Mayor Central que sobrevivió a la confrontación, nuestra responsabilidad ética y política", afirmó el exjefe guerrillero, acompañado de una decena de comandantes. Londoño, hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido nacido de la organización insurgente, reiteró además el compromiso con la paz de su dirección. "Honraremos nuestra palabra empeñada, porque así nos lo impone nuestra ética nos debemos como revolucionarios y ciudadanos", dijo, en lo que supone la enésima declaración de intenciones que se desmarca de la deriva de un grupo de disidentes encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, que a finales de agosto anunciaron su regreso a las armas.

- Todos y todas perdimos.

Este es uno de los mensajes centrales del escrito que acompaña el documento entregado al tribunal, una versión colectiva sobre los miles de secuestros perpetrados durante el conflicto, que son objeto de investigación del caso 001, abierto en julio de 2018.  Es decir, Timochenko mantiene que la violencia fue una derrota, el fracaso de todos, aunque la atribuye a las dinámicas propias de una confrontación bélica. "Tras décadas de guerra fratricida, nadie podría decir que hubo algún vencedor. Por el contrario, generaciones enteras fuimos condenadas a la violencia de todo tipo, incluyendo las peores vejaciones", concede la declaración de las FARC. "Ello no puede volver a suceder nunca jamás. Nuestra historia, la de Colombia, tendrá que escribirse de ahora en adelante desde la voz de quienes proscriban la guerra y otorguen un lugar protagónico a quienes la padecieron".

El excomandante aseguró que no pretende "justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario". "Nos haremos cargo de responder por el papel que jugamos", prometió. Sin embargo, se escudó en que la guerrilla nació "en defensa de la vida y la reforma agraria y así seguirá siendo", ahora sí, desde la contienda política o el banquillo. La presidenta de la sala, la magistrada Julieta Lemaitre, explicó que el tribunal estudiará de forma exhaustiva el documento entregado: "Esta versión colectiva que nos entregaron nos permite agilizar el proceso de investigación".

El escrito, presentado en una breve vista de menos de una hora, describe someramente la práctica criminal del secuestro, que a menudo acababa en asesinato de las víctimas. Timochenko viene a decir que las atrocidades de la guerra impidieron que "las normas de las FARC-EP pudieran ser cumplidas a cabalidad, lo que llevó a que ocurrieran hechos lamentables, como lo son las retenciones a civiles". La guerrilla, explica, tenía dos leyes, llamadas 002 y 003, que fueron "disposiciones que dieron forma a la política de retenciones". "Cabe aclarar que estas buscaban minimizar las retenciones realizadas", continúa la introducción al documento, que no hace hincapié en los casos individuales pero promete detallar "cómo se llegó a la decisión de retener a otras personas con el fin de obtener un canje humanitario" o a "tomar la decisión de detener figuras políticas". "De igual manera, se explica cómo se llevaron a cabo las retenciones con fines económicos".

"Detener, detenidos, retenciones...". Estas son las palabras empleadas por el antiguo mando de las FARC, que evita referirse abiertamente al secuestro. Porque además del relato sobre lo sucedido, en la JEP se asiste también a una disputa semántica entre las partes. Así las cosas, la meta del tribunal será también la de fijar las palabras que escriban al fin la historia de Colombia.

Por Francesco Manetto

Bogotá 23 SEP 2019 - 15:37 COT

Publicado enColombia
Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa Lava Jato.

Fue hallado sin vida en su departamento en Río de Janeiro, Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa que investiga los sobornos entregados por la constructora brasileña en varios países de América y África. Las autoridades aún investigan las causas de su muerte. Había denunciado a Aécio Neves, contricante de Dilma en las elecciones de 2014.

El cuerpo de Valladares fue hallado el martes en su departamento del barrio Leblon, en el sur de Río de Janeiro, pero la noticia de su fallecimiento no se difundió sino hasta última hora de ayer. La Policía Civil del estado informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se lo sometió a una autopsia que no permitió establecer los motivos de su muerte. Se lo registró como un fallecimiento provocado por "causa indeterminada".

Valladares fue uno de los principales arrepentidos en la causa sobre los sobornos de la empresa Odebrecht: aceptó confesar sus delitos y señalar cómplices a cambio de una reducción en su condena y otros beneficios judiciales. Entre sus revelaciones, se destaca el supuesto pago de una donación de 12,5 millones de dólares a la campaña del entonces senador Aécio Neves, aspirante a la presidencia que fue derrotado por Dilma Rousseff en 2014. También acusó al ministro de Minas y Energía del gobierno de Rousseff, Edison Lobao. El exvicepresidente de Odebrecht relató en su confesión que Lobao aprovechó una visita de cortesía que le hizo al hospital en el que estaba ingresado para exigirle un soborno a cambio de otorgarle a la empresa contratos para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

Asimismo, admitió haber pagado sobornos a grupos indígenas para evitar protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonia. Se refería a las represas hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Rondonia. Según Valladares, Odebretch acordó darle 5.000 reales mensuales al jefe de una tribu, depositados a la cuenta de su esposa, según precisó O Globo. También denunció la entrega de dinero ilegal a sindicalistas de la Central Única de Trabajadores (CUT) para que no se manifiesten contra sus obras por motivos ambientales en la misma zona. Odebretch todavía no se manifestó sobre la muerte de su ex ejecutivo.

Valladares fue uno de los primeros en aceptar confesar sus delitos para conseguir beneficios de la Justicia. Su muerte se suma a la del ex presidente peruano Alan García, quien se suicidó momentos antes de que la policía de su país ingresara a su vivienda para detenerlo también como sospechoso del caso Odebrecht. En Colombia, el auditor de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, murió en su casa de un infarto y las autoridades hallaron una botella de agua saborizada que contenía cianuro. Él también había sido mencionado en la causa que investiga la vasta red de corrupción de la constructora brasileña.

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