La carta informe que encabeza un premio Nobel de la Paz ante crímenes de lesa humanidad en Colombia

 

Entre quienes encabezan una Carta / Comunicación con diversos antecedentes que ha sido dirigida a diferentes instancias internacionales de Derechos Humnos, está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, quienes junto a cerca de unas setenta organizaciones y personalidades de una quincena de países, hacen un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos, para que se intensifiquen todas las diligencias necesarias para el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y humanitarias en Colombia.

A continuación la carta.

https://drive.google.com/file/d/1fEhJWy8un6KegAeH48urEgyXjQAQqlRF/view?usp=sharing

 

Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional

 

Quienes suscriben la presente carta / declaración, emplazan al Estado Colombiano y sus gobernantes, encabezado por el Presidente de la República, Iván Duque, A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS; y a TODA la comunidad internacional democrática a que se intensifiquen todas las GESTIONES Y MEDIDAS necesarias para para la prevención y sanción de estos crímenes tal como lo establecen las LEYES EN DICHO PAÍS, así como los acuerdos internacionales suscritos por el mismo.

EXHORTAMOS IGUALMENTE A QUE SE RESPETE O RESTABLEZCA EL ESTADO DE DERECHO Y SE CUMPLA con las obligaciones en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales, que implican además de asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, en su mayoría, en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos ARMADOS mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente.

Dichos grupos bélicos paramilitares, son asociaciones ilícitas como Aguilas Negras, entre otras bandas criminales, que actúan bajo impunidad y políticas permisivas del estado colombiano, donde el poder judicial ha sido débil y las fuerzas de seguridad mantienen en sus filas a agentes estatales que han violado derechos humanos.

Frente a esta realidad, existe una desatención por parte del Presidente Iván Duque a las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.

 

Alerta Humanitaria en Colombia

 

Se estima en más de 500 líderes sociales asesinados en los más de dos años que van desde la firma de los supuestos acuerdos de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), con un alto número de asesinatos selectivos durante el periodo del actual Presidente Duque.

Como referencia, según informe al 20 de mayo del 2019 difundido por INDEPAZ (que se señala al final), se tiene un total de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido 76 denuncias (hasta principios de junio) de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, según nota informativa e informe difundido el 11 de junio y que en su mayoría, involucra a líderes indígenas y afrodescendientes que encabezan la lista de víctimas de violencia en este País., número que se ha incrementado considerablemente.

Los diversos antecedentes difundidos por organizaciones de la sociedad civil se contraponen categóricamente a los anuncios presidenciales de fines de mayo al señalar el propio Presidente Duque a agencias de prensa “Que que en lo corrido de su mandato el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el país, debido a las distintas herramientas que se han implementado para atacar este fenómeno”, existiendo múltiples indicadores que dan cuenta del absoluto fracaso en la implementación del “Plan de atención oportuna” del gobierno, así como otros programas inter gubernamentales como el de “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, implementados por La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

 

Algunos de los últimos asesinatos:

 

En horas de la tarde de este 15 de junio se conoció el asesinato de Luis Carlos Valencia, líder social de 52 años del departamento del Valle del Cauca, información preliminar apunta a que su cuerpo fue hallado con cinco heridas ocasionadas por arma de fuego en la vía Restrepo, zona rural de Agua Mona, se desconocen los autores y los móviles del crimen.

El martes 11 de junio, fue asesinado a balazos el comunicador Libardo Montenegro, quien era locutor de la emisora Samaniego Estéreo, en el municpio de samaniego de Nariño. Dirigía un programa informativo matinal y por 20 años ejerció como comunicador.

En el marco de una Asamblea de la organización indígena UNIPA en el Predio El Verde de Nariño, realizada durante los días 4 y 6 de junio 2019, fueron asesinadas tres personas del Pueblo Awa: Rocío García Pai, madre de dos hijos, integrante del resguardo Hojal la Turbia de Tumaco; Leidy Jacqueline Burgos Pai, de 18 años, integraba la guardia indígena del Resguardo Honda Río Güiza, jurisdicción del municipio de Barbacoas; Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, con esposa y una hija, quien pertenecía al resguardo indígena de Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco. La organización indígena UNIPA señaló: “Ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 a la fecha”.

El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, perpetuado por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte.

La comunidad campesina de Caloto, Cauca, denunció el 6 de junio que la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.

El pasado 5 de junio, en la vereda La piña en Puerto Asís, Putumayo fue asesinado el campesino Alneiro Guarín a manos de hombres armados que dispararon en cuatro ocasiones contra su cabeza. En mayo, fue asesinado Mauricio Lezama, cineasta, gestor cultural y consejero departamental de Cine de Arauca, hecho ocurrido en la vereda La Esmeralda, mientras trabajaba en un proyecto sobre las víctimas del conflicto armado.

Los asesinatos en junio también han involucrado a desmovilizados de la guerrilla. El jueves 13 de junio fue asesinado Rafael Polindara, quien se había desmovilizado de las Farc el Acuerdo de Paz. Los hechos se registraron en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. El hombre se encontraba limpiando la cuneta de una vivienda cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El 12 de junio en Tumaco, Nariño Alexander Saya Palacios, también desmovilizado de la guerrilla, quien fue ultimado por desconocidos, sumándose al asesinato el pasado 7 de junio de Jorge Enrique Sepulveda, también exintegrante FARC quien aguardaba a que iniciara su proyecto productivo de la mano de la ARN en Tierralta, Córdoba.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dio a conocer el informe del monitor de Violencia Política en Colombia de mayo del 2019, reflejando un aumento significativo en el número de muertes asociadas a la violencia política.

 

Esta es la lista que dio a conocer Cerac en el informe sobre mayo del 2019 con respecto a asesinatos:

 

-Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, Nariño, fue asesinada con arma de fuego En el hecho murieron dos personas más que se encontraban en el lugar.

-Daniel Rojas fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal del resguardo López Adentro de ese municipio.

-Guillermo León Rengifo fue asesinado con arma de fuegoen Balboa, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capitanes de ese municipio.

-Benedicto Valencia fue asesinado en Puerto Rico, Caquetá. La víctima presidia la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores de ese municipio.

-Marco Antonio Adrada, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sauce en Leiva, Nariño, fue asesinado.

-Concepción Corredor fue asesinada en zona rural de Nunchía, Casanare. La víctima era integrante de la Comisión de Mujeres del municipio y del partido Alianza Verde. Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera de ese municipio.

-Joaquín Trujillo fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Santa Marta, Magdalena. La víctima era defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas de la comunidad Kogui y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Linderos de esa ciudad.

-María del Carmen Flores fue asesinada con arma de fuego en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de ese municipio.

-Belisario Arciniegas García Fue asesinado con arma de fuego, era candidato al concejo de Morales, Bolívar por el Partido de la U.

-Jorge Enrique Corredor conocido como ‘Wilson Saavedra’, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también fue asesinado con arma de fuego

-Fue activado un artefacto explosivo al paso de una caravana del Juzgado Municipal de Tibú, Norte de Santander, en zona rural de ese municipio.

-Wilmar José Carvajalino, dirigente de la Cooperativa de Transportadores del corregimiento Micoahumado de Morales, Bolívar fue asesinado con arma de fuego.

-Carlos Enrique Serrano, docente de la Universidad del Cauca, fue asesinado con arma de fuego en Popayán.

La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, gran parte serían perpetuadas por grupos sicarios y mercenarios paramilitares.

Amenazas de muerte y desplazamientos forzados

Cientos de dirigentes sociales han sido asesinados de manera selectiva en los últimos años en Colombia, miles han sido amenazados de muerte y decenas de desaparecidos y millones de desplazados, según han revelado diversos informes de derechos humanos en este último tiempo.

En los últimos años a causa de la violencia, millones de personas se han trasladado a otros territorios del país, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. La Defensoria del Pueblo de Colombia denunció el incremento de los desplazamientos masivos en el sur del departamento de Córdoba (norte), donde en los últimos días de mayo, más de 3.000 campesinos e indígenas resultaron afectados, de los cuales, 181 son niños y adolescentes.

La institución indicó que el desplazamiento masivo al sur de Córdoba ocurrió en el municipio Puerto Libertador, así como en Ituango, municipio de Antioquia. Según el organismo, entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, se han registrado en esta región al menos doce eventos de desplazamientos forzados. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.

Uno de los últimos registros sobre esta situación, es la que están viviendo habitantes del sur de Chocó quienes han padecido décadas de guerra y ahora se está activando una nueva. El domingo 2 de junio del 2019, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un combate a causa de un enfrentamiento de grupos bélicos, generando un desplazamiento de 417 personas indígenas.

Los registros del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, según las cuales 145000 personas abandonaron sus hogares huyendo el año el 2018.

Territorios sin Paz, empobrecidos y asediados por transnacionales

En Colombia hay estimaciones que calculan que ha aumentado en más de un millón los pobres, siendo el caso más extremo la Guajira, siendo macabro la cantidad de niños wayúu que han muerto de hambre.

El 6 de junio de este año, a través de un fallo histórico (la sentencia T-302 de 2017), la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dada la afectación masiva y generalizada de los derechos de las niñas y niños del pueblo wayúu.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Uno de los graves conflictos territoriales que viven comunidades Wayúu en la Guajira, se relaciona con las faenas de la empresa Carbones del Cerrejón. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de más de 30 comunidades wayuu en la Guajira, por la vulneración de sus derechos ocasionada por la desviación del Arroyo Bruno. El desvío de este importante afluente, el arroyo más caudaloso del río Ranchería, se inició con el taponamiento hidráulico del cauce natural y la construcción de un cauce artificial de 3.6 kilómetros. No obstante, la Corte Constitucional suspendió dichas obras, debido a que se comprobó que existen graves incertidumbres en la licencia ambiental respecto de los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. La sentencia ordenó que estas incertidumbres deben ser resueltas por la Mesa Interinstitucional para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto y su continuidad.

Por otro lado, el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) que ha venido implementando el Gobierno ha sido un fracaso para garantizar el derecho a la vida e integridad de cientos y miles de Defensores de Derechos Humanos, defensores de territorios, líderes sociales, comunales y periodistas, existiendo un gravísimo aumento de asesinatos selectivos, amenazas y diversas violaciones de derechos humanos en mayo y lo que va de junio de este año.

En el estado colombiano se destaca un fuerte intervencionismo de grupos de poder económico que involucra un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleras, mineras MADERERAS y de desarrollo energético, cuyos conflictos y masacres son de larga data.

En Colombia, es preocupante evidenciar el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inyectando recursos en numerosas instituciones públicas y privadas, como fundaciones, Ongs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, con el objetivo de obtener información estratégica e identificar a personas claves. Dicha información contempla ubicar o señalar zonas de intereses para industrias extractivas y energéticas, liderazgos sociales; zonas de conflictos o resistencia social, cartografías varias, medios de comunicación, memoriales históricos, “acompañamientos” a comunidades en temas de conservación, comunicación, derechos humanos, investigación, receptando numerosos informes, registros y monitoreos sobre las realidades territoriales , intervencionismo que en nada ha contribuido a la paz ni a la protección e integridad de líderes sociales, tal cual ha ocurrido por ejemplo a integrantes de comunidades indígenas en Nariño o guardias indígenas de diversos territorios.

El 13 de mayo del 2019, USAID anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla Farc, en concordancia con el plan estratégico establecido por la Agencia el 2013 para sus planes de intervención del 2014 al 2018, que condicionó su implementación a acuerdos de paz y desmovilización de la guerrilla para la implementación de programas sobre procesos “democráticos y gobernabilidad”, “Justicia y DDHH”, programa de reintegración a la sociedad de ex combatientes” y procesos de “verdad”.

Otros programas de esta agencia sobre estas temáticas se denominan: “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas en el último tiempo, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

Otra situación grave en Colombia, vinculado a crímenes estatales y la responsabilidad de agentes de fuerzas públicas con funciones activas en el estado, según lo denunciado por organizaciones internacionales de DDHH a través de FIDH quienes presentaron en mayo de este año a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse sobre la importancia de que el Presidente colombiano sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos que están bajo examen preliminar. Obstaculizar el juzgamiento de integrantes de la fuerza pública en estas condiciones debería activar la competencia de la CPI, en particular, las referidas a ejecuciones extrajudiciales documentadas en la comunicación cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez entre diciembre de 2007 y junio de 2009, quien fue ascendidopor el Presidente Duque a Brigadier General al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

La comunicación documenta 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como “dadas de baja en combate”. A estas ejecuciones extrajudiciales se les denomina “falsos positivos”, une práctica extendida a mediados de los años 2000 que ocasionó la muerte de unos 5 000 civiles a manos del ejército.

Fin a las masacres y crímenes de lesa humanidad en Colombia

Como organizaciones y personas defensoras de derechos de diferentes países, exigimos la implementación de un estado de derecho en Colombia, el que debe asumir las normas de derechos humanos en los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas . Señalamos que No puede existir ESTADO DE DERECHO si no se protegen los derechos humanos.

Exigimos la moratoria de concesiones para exploración y explotación extractivista de transnacionales en zonas de asesinatos de líderes sociales defensores de los territorios, con el fin que se resguarden y reparen los derechos humanos de las víctimas y se investigue la relación de los intereses de industrias mineras, petroleras e hidroeléctricas en crímenes y violaciones de derechos humanos de opositores a esos proyectos. Asimismo, invitamos a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas a atender urgente la grave situación que enfrenta el territorio de la Guajira ante la crisis humanitaria que se vive y la masiva muerte de niños y niñas indígenas Wayuu a causa del hambre, salud y falta de agua.

Exigimos al Estado Colombiano y sus instituciones responsables, desmantelar y poner fin a toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narcoparamilitarimo e intereses transnacionales que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.

Denunciamos la desatención por parte del Presidente Iván Duque de las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de enero del presente año, con llamados urgentes para la implementación de una serie de medidas tendiente a prevención, reparación y garantías para líderes sociales. Asimismo, las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión, con especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.

Solicitamos a las representaciones de las diferentes organizaciones sociales y comunidades de Colombia vinculadas a la defensa de derechos humanos y territorios a asumir una mayor responsabilidad en términos de seguridad organizacional, considerado factores individuales de derechos humanos como también de tipo colectivo. Se hace el llamado a establecer y/o revisar medidas de seguridad, atendiendo el tipo de información compartida, velando por la integridad de sus integrantes, en especial aquella frente a cooperantes económicos ligados a intereses de transnacionales. e infiltraciones de agentes públicos y privados.

Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios.

Estos crímenes de lesa humanidad involucra asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, , persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos.

Al final, se comparten una serie de fuentes informativas relacionadas con la presente Carta / Comunicación.

Suscriben la presente:

Organizaciones Internacionales

- Word Rainforest Movement (WRM)

- Coordinadora LatinoAmericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI)

- Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

- Servicio Paz y Justicia América Latina / Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia

- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Por Países:

Argentina

- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz

- Nora Cortiñas, (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Mirta Baravalle (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Elia Espen (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Luciano Andrés Valencia, escritor e historiador (Argentina)

- Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir

- Corriente Social y Política Marabunta (Argentina)

- Observatorio Petrolero Sur – OPSUR, sede Argentina

- Colectivo Desde El Pie (Argentina)

- Tomas Astelarra, periodista, Argentina

- María Vanda Ianowski, Docente Universidad Nacional del Comahue, Patagonia Argentina

- Poder Popular (Argentina)

- Proyecto CRECER CON ESPERANZA, Gral. Roca, RIO NEGRO, ARGENTINA

- Hermanas de la Misericordia de las Américas, Comunidad de Argentina

- Brasil

- Conselho de Gestão Ka'apor

- Centro de formação saberes Ka'apor

- Guarda de Autodefesa Ka'apor

- Bolivia

- Angela Fabiola Cossio Zambrana, Comunicadora Social e Investigadora en áreas multidisciplinarias.

Catalunya

- AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

- SETEM Catalunya

Chile

- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

- Movimiento por el Agua y Los Territorios, (MAT)

- Red por la Defensa de la Infancia Mapuche

- Coordinadora Nacional Indianista – CONACIN

- Juana Aguilera, Presidenta Comisión Ética contra la Tortura

- Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Congreso de los Pueblos-Chile

- Alfredo Seguel, Comunicador Social / WallMapu

- Radio Placeres de Valparaíso

- Cooperativa Semilla Austral.

- Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M

- Somos Cerro Blanco

- Convergencia Colombia Internacional- Nodo Chile

- La Paz se Teje en Colombia / Raíces de Resistencia / Chile

- Colombia Humana-Chile

- AGRUPACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL ANTUKULEF., Región de Aysén, Patagonia

- Equipo de Comunicación Mapuche

- México

- Nodo de Derechos Humanos (México)

- Frente del Pueblo, organización Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- LA REALIDAD. ★ Comunicación social.Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- Mariano Estrada, Coordinador General – CLACPI, Palenque, Chiapas, México

- Malely Linares Sánchez, Doctorante del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- COLPAZ - México

Voceras y voceros del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, COLPAZ:

-Luz Angélica Dueñas Checa

-Diana Patricia Caro Naranjo

-Lady Johanne Rondón Arévalo

-Ana Ximena Quigua Ruiz

-Eliana Cárdenas Méndez

-Luisa Ximena Zárate Cifuentes

-Javier Eduardo Bello Bravo

-Eduardo Correa Senior

-María Isabel Mazo

-Daniel Roberto Leones Reyes

-Leonor Cortés Bolívar

Nicaragua

- Jessica Martínez Cruz feminista autoconvocada

Paraguay

- Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (FAPI)

- Hipolito Acevei, Dirigente Indígena FAPI (Paraguay)

- Perú

- Hugo Blanco, Revista Lucha Indígena

- Juan Carlos Giles Macedo– SEMBRAR

- Danilo Quijano, periodista, Perú

- Thomas Moore, Antropólogo, Puerto Maldonado, Peru

- Suecia

- Jorge Calbucura, Coordinador Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu / Suecia

- Uruguay

- Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, sede Montevideo

- USA / EEUU

- Armando Muyolema, profesor, Universidad de Wisconsin, Madison. USA.

- Friends of the peoples of colombia

Venezuela

- Centro de Promoción y Formación en Derechos Humanos Venezuela / (CEENPROFORDHV).

- Beatriz Bermudez, periodista (Venezuela)

 

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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Misión y recomendaciones de la CIDH a Colombia (Enero 2019) / https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp

- Misión en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos (diciembre 2018) / https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_SP.pdf

Presentación en Riohacha del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre Colombia (11 de junio) / “Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe”./ https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/pronunciamientos/intervenciones-de-la-direccion/442-ano-2019/9051-presentacion-en-riohacha-del-informe-anual-de-la-alta-comisionada-de-la-onu-para-los-ddhh-sobre-colombia

- SEPARATA DE ACTUALIZACIÓN al 23 de Mayo de 2019 / Situación líderes/sa y defensores/as DDHH en los territorios (Indepaz) / http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/05/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-mayo-Informe-Todas-las-voces-todos-los-rostros.-23-mayo-de-2019-ok.pdf

- Monitor de Violencia Política en Colombia mayo del 2019 (CERAC) / https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia

- Informe DDHH 2019 (enero - abril): Violencia camuflada: la base social en riesgo / https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/690-informe-ddhh-violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo.html

- Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa Somos Defensores / https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-espanol-web.pdf

- Informe sobre el abandono estatal de los wayúu de la Alta Guajira (DeJusticia) / https://www.dejusticia.org/entregamos-al-estado-una-radiografia-sobre-el-abandono-estatal-de-los-wayuu-de-la-alta-guajira/

- Entidades del Gobierno y Carbones del Cerrejón desacatan directrices y órdenes de la Corte Constitucional sobre la explotación y desvío del arroyo Bruno, el último gran tributario del río Ranchería en La Guajira / https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cinep.org.co/Home2/images/interculturalidad/0706191ComunicadoMesaArroyoBrunoFinal_.pdf

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia en el marco de los acuerdos de paz de 2016 / https://rmr.fm/informes-especiales/dio-inicio-en-colombia-la-iii-mision-de-solidaridad-de-via-campesina/

https://rmr.fm/noticias/no-tenemos-confianza-de-que-el-gobierno-colombiano-quiera-cumplir-los-acuerdos-de-paz/

https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-no-se-le-puede-negar-al-pueblo-colombiano-el-derecho-a-la-paz/

PRENSA

- “Terror corporativo” está matando en toda Colombia (Real News Network ) / https://youtu.be/e6WKvdnVorw

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas alerta sobre el aumento de líderes indígenas y afrodescendientes en Colombia (12 de junio) / https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-onu-alerta-aumento-lideres-indigenas-afrodescendientes-asesinados-colombia-20190612135618.html

- Persecución e intimidación a autoridad indígena de Huellas Caloto. / https://nasaacin.org/boletin-ddhh-persecucion-e-intimidacion-a-autoridad-indigena-de-huellas-caloto/?fbclid=IwAR0qeqofW53_BYibWK7OfKM_KlJCqcAoDJetazcCxVHMVdHR8I1BkKyAYng

- Según el Presidente Duque, asesinatos de líderes sociales disminuyeron en su gobierno / https://www.vanguardia.com/colombia/segun-el-presidente-duque-asesinatos-de-lideres-sociales-disminuyeron-en-su-gobierno-HX1011999

Colombia: Falta de voluntad del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad debería activar la competencia de la CPI / https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-falta-de-voluntad-del-estado-para-juzgar-crimenes-de-lesa

- CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año / https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/440-ano-2019/9047-cidh-y-las-oficinas-de-onu-derechos-humanos-expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-primer-cuatrimestre-del-ano

- Colombia: Condena internacional por ataques y amenazas contra lideresas y líderes afrocolombianos e indígenas / https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/colombia-comunicado-internacional-de-condena-por-ataques-y-amenazas

- Presidente Duque afirma que adición de US$160 millones, por parte de Usaid, permitirá cerrar las brechas en los territorios / https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190513-Presidente-Duque-afirma-adicion-US160-millones-por-parte-de-Usaid-permitira-cerrar-las-brechas-en-los-territorios.aspx

- EE.UU. entrega 160 millones de dólares para implementar la paz en Colombia / https://www.efe.com/efe/usa/portada/ee-uu-entrega-160-millones-de-dolares-para-implementar-la-paz-en-colombia/50000064-3975496

 

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La producción de cocaína consume un cuarto de toda la gasolina vendida en Colombia

Por cada kilo de pasta de coca se requieren unos 284 litros de gasolina. Además, hace falta combustible para hacer funcionar los generadores de los laboratorios

La industria de la cocaína en Colombia sigue prosperando pese al acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno en 2016 con las FARC

 

 

El municipio colombiano de Riosucio se encuentra a orillas del río Atrato, cerca de la frontera con Panamá. Con una población de unas 20.000 personas, al asentamiento no se puede llegar desde la carretera principal. Y, sin embargo, el año pasado aquí se vendieron más de 4,5 millones de litros de gasolina.

Las autoridades colombianas han calculado que más de un cuarto de la gasolina vendida en 2018 en el país fue utilizada para la producción de drogas, que utiliza el combustible como ingrediente y fuente de energía.

La oficina del Procurador General de Colombia ha anunciado estar investigando 33 gasolineras. Muchas estarían ubicadas en zonas problemáticas de frontera donde hay escasa presencia de las fuerzas de seguridad y la ley es débil. 

"Existe una relación directa entre el narcotráfico y la gasolina", ha explicado Pedro Piedrahita Bustamante, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Medellín. "Esto se aprecia cuando uno viaja por zonas rurales: se comienzan a ver bombonas de gasolina que son transportadas hacia donde hay coca", ha contado. 

La gasolina es un ingrediente clave en la primera fase de la producción de cocaína, cuando se extraen los agentes psicoactivos de las hojas de coca: se necesitan unos 284 litros de gasolina para cada kilo de pasta de coca, que después se refina para obtener cocaína. También hace falta combustible para hacer funcionar los generadores que proporcionan energía a los laboratorios de narcóticos, que normalmente se localizan en zonas remotas.

La industria de la cocaína en Colombia sigue prosperando pese al acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que históricamente ha financiado su guerrillera con el narcotráfico. El acuerdo incluía una serie de ayudas para que los agricultores reemplazaran el cultivo de la hoja de coca por alternativas legales como el café y el cacao.

Sin embargo, lejos de reducirse, el cultivo de hojas de coca sigue aumentado: en 2017 se destinaron unas 171.000 hectáreas, 25.000 hectáreas más (un 17%) que en 2016, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los agricultores han denunciado que no logran subsistir con los cultivos legales.

Algunas gasolineras del pueblo están controladas por los narcotraficantes, que a menudo se alían con grupos paramilitares de derecha que actúan en complicidad con las fuerzas estatales. "Todo gira en torno a la coca", ha declarado un líder comunitario. "Estas pandillas narco-paramilitares son la autoridad aquí y las fuerzas armadas tienen conocimiento sobre sus acciones", ha denunciado. 

Las investigaciones también se han enfocado en Tumaco, una ciudad de unos 200.000 habitantes cerca de la frontera sur con Ecuador. La región que lo rodea, de escasa población, aloja 20.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, y cuenta con 78 gasolineras.

"Tumaco tiene casi el 62% de todas las gasolineras de la provincia de Nariño", ha explicado a medios locales Carlos Humberto Bueno Gualdrón, director de investigaciones de la Policía Antinarcóticos. "Es sorprendente, por ejemplo, que se consuma más combustible en Tumaco que en la capital de la provincia", ha apuntado. 

El cálculo de las autoridades no incluye el combustible que entra de contrabando a través la frontera con Venezuela, donde la gasolina está subsidiada y, cuando puede conseguirse, es prácticamente gratuita.

Por Joe Parkin Daniels - Bogotá

16/06/2019 - 21:15h

Traducido por Lucía Balducci

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Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

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El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles

Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS vinculan a batallones con 'falsos positivos', la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual

 

El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos proporcionados a EL PAÍS por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos —asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados después como guerrilleros de las FARC— describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura haberse dedicado a tareas administrativas.

El Senado tiene previsto avalar este miércoles el ascenso de Martínez Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado diciembre por el presidente Iván Duque, como general de cuatro soles, la máxima distinción militar en el país andino. A las informaciones publicadas en mayo por The New York Times, que informó sobre nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones —lo que ha causado inquietud entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles— se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. La Procuraduría (organismo que fiscaliza la función pública) abrió la semana pasada una investigación para determinar si las últimas decisiones del general han puesto en riesgo a la población civil.


Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los casos reportados en 2005 —durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)— involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. El primero se dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.


El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Doce años después, en 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían dejado el Ejército.


El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. El modus operandi no cambió. También en este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.


“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (...) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”. Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.


"Sin sanciones ni impedimentos"


Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno y el equipo de Martínez Espinel, que de momento han declinado pronunciarse personalmente. El cuerpo recuerda, a través de un comunicado, que "el comandante del Ejército no tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos humanos que le impida ejercer cargos públicos".


El debate sobre su ascenso ha provocado una tormenta política en Colombia y a esa posibilidad se oponen varias organizaciones no gubernamentales. El general, que siempre ha defendido su respeto a los derechos humanos y que en la época señalada tenía funciones eminentemente administrativas, no tuvo según estos documentos vínculo en ninguna operación señalada. Sin embargo, todos ocurrieron cuando era segundo comandante. "Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades", manifiesta el militar.


Los documentos proporcionados a este periódico también muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos (unos 260 euros actuales) para obtener información que arrojó "excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros". También suscribió la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Tras obtener esa información, fueron “dados de baja” dos supuestos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos del caso señalan que “existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con ocasión del servicio activo” de los militares involucrados.


Además, el 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El Estado colombiano expuso durante ese trámite, que se realizó en 2014, “su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y su marco normativo para prevenir, garantizar la no repetición y sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, así como el marco de reparación integral”.


Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia


La Fiscalía contabilizó 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014

Francesco Manetto
Bogotá 4 JUN 2019 - 18:51 COT


El fantasma de los llamados falsos positivos ha vuelto en las últimas semanas a recorrer Colombia. Se trata de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: el asesinato sistemático de civiles durante el conflicto armado con las FARC, hoy desmovilizadas, y que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Según un informe de la Fiscalía publicado hace 10 días hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Según los cálculos de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones son mayores y ascenderían al menos a 4.000 personas.


Ese fantasma, en cualquier caso, ha provocado también una reacción del presidente, Iván Duque. “He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario”, anunció tras conocer las nuevas denuncias.


Los integrantes de esa comisión son el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez. El entorno uribista más radical, en cambio, optó por arremeter contra The New York Times, el medio que publicó la polémica directiva, y por señalar públicamente a sus informadores.


Nicacio Martínez Espinel fue nombrado al frente del Ejército colombiano el pasado diciembre por el actual Gobierno, que relevó al Ejecutivo de Juan Manuel Santos el pasado mes de agosto. Desde entonces, el militar y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, han ido renovando la cúpula del cuerpo.
El pasado mes de febrero, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades de colocar en la primera línea de las Fuerzas Armadas a nueve generales investigados por su supuesta participación, directa o indirecta, por el escándalo de los falsos positivos


 José Miguel Vivanco (HRW): “Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones serias”

“Es de esperar que el Senado rechace su ascenso”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG

El País
Bogotá 5 JUN 2019 - 03:01 COT

La ONG Human Rights Watch (HRW) lleva años denunciando e investigando casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los cuestionamientos al actual comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, que sin ser responsable directo de supuestos crímenes sí estuvo al mando de una brigada señalada por casi 300 homicidios, se multiplicaron en las últimas semanas. Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto decidir si rafifica su ascenso como general de cuatro soles, la distinción militar más alta del país.


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".

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Imposible esconderse detrás de falsas identidades

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Ha continuado la amenaza contra la vida y la integridad de nuestra Comunidad y la violación de los derechos fundamentales del campesinado de nuestro entorno. Cada día el campesino es obligado a someterse, contra su voluntad, al control y a las normas que quieran imponerle los paramilitares. Ya el campesino no puede trabajar su propia tierra sin que los paramilitares le cobren altos impuestos; tiene que tener permiso de los paramilitares para sembrar y tiene que pagar impuestos hasta por sus siembras de pan-coger

Según muchas informaciones que pobladores de la zona le han transmitido a nuestra Comunidad, en los últimos días los paramilitares están coordinando reuniones en las veredas, en las cuales obligan a los campesinos a participar en ellas y allí les ordenan someterse a sus normas, a sus proyectos y a sus planes sobre la región y al mismo tiempo les hablan en contra de nuestra Comunidad de Paz, la estigmatizan y anuncian nuevamente su próximo exterminio. Siempre hemos dejado constancia sobre la identidad de los líderes paramilitares alias “René” desmovilizado del 58 frente de las Farc-Ep durante el Proceso de Paz, hoy comandante de los paramilitares en las veredas de San José de Apartadó, alias “Caballo”, alias “Bruja” y alias “Majute” comandantes paramilitares en la vereda Arenas de San José de Apartadó, encargados de reunir y someter contra su voluntad a los campesinos de las demás veredas, toda una estrategia de control y de exterminio.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

El sábado 20 de abril de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían los paramilitares para seguir asesinando en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, pues, según los mismos paramilitares, habían tenido que suspender los asesinatos desde el 16 de enero del presente año, cuando asesinaron al joven Deimer Úsuga, cerca del caserío central de San José, según ellos porque nuestra Comunidad de Paz había denunciado el crimen y todo se estaba complicando, pero ahora, pasados ya varios meses, van a retomar el control realizando nuevas ejecuciones.

Del miércoles 24 al sábado 27 de abril de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo por las veredas Mulatos, Resbalosa y La Esperanza, de San José de Apartadó, con el fin de poder visibilizar más concretamente el control paramilitar que existe en toda esa zona y que cada día oprime más nuestra región.

El jueves 25 de abril de 2019, en horas del día, dos paramilitares conocidos como alias “Santiago” y alias “Arcadio” le prohibieron a un campesino de la vereda La Cristalina de San José de Apartadó sembrar un lote de maíz y le advirtieron que si tumbaba monte le cobrarían $ 5.000.000 (cinco millones) de pesos. Es de recordar que alias Arcadio y alias Alfredo son dos paramilitares de los 5 que participaron en el atentado contra nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre de 2017 donde intentaron asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y a otros miembros de nuestra Comunidad, de esta manera los paramilitares están extorsionando y controlando a los campesinos, pues se aprovechan de la necesidad para prohibirles sembrar, con la intención de someterlos a sus proyectos y quitarles dinero o animales domésticos, como ganado o caballos, a cambio de dejarles tumbar y sembrar sus lotes de pan coger.

El sábado 4 de mayo de 2019, en horas de la tarde, pobladores de la zona informaron a nuestra Comunidad de Paz sobre una serie de reuniones que realizarán los paramilitares alias “Rene”, alias “Caballo” y alias “Bruja” en las veredas de San José de Apartadó, a las cuales convocan de manera obligatoria al campesinado de cada vereda. Según las informaciones, las reuniones tendrán lugar en las dos semanas siguientes.

El martes 7 de mayo de 2019, en horas de la tarde un paramilitar de nombre Domingo Antonio Herrera conocido en la zona como “Chirrí” abordó a miembros de nuestra Comunidad de Paz que se encontraban sembrando un cultivo de maíz en la vereda Resbalosa del corregimiento San José de Apartadó, allí este paramilitar manifestó en tono amenazante diciendo: está prohibido para los campesinos sembrar pan coger y tumbar montañas sin permiso hasta nueva orden, a la vez que amenaza diciendo, en el transcurso de los dos días siguientes llegará una comisión paramilitar a esta vereda y ellos darán las ordenes, yo solo cumplo órdenes y por eso estoy aquí.

El control paramilitar es cada vez más fuerte en la zona pues cobran grandes vacunas o impuestos, someten a la población a reuniones forzadas, ubican puntos de informantes en las casas de los civiles y ahora están prohibiéndole al campesinado sembrar y trabajar sus tierras heredadas de sus padres y abuelos, todo esto como una estrategia de exterminio y control territorial donde hay que obedecer y someterse al paramilitarismo y si algún campesino no lo hace no puede trabajar su tierra.

El miércoles 8 de mayo de 2019, a las 17:00 de la tarde llegó un grupo armado no identificado a la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó, de esta presencia aún no tenemos más informaciones, nos preocupa pues el día martes 7 de mayo el paramilitar alias “Chirri” amenazó a miembros de nuestra Comunidad de Paz con que llegaría una comisión paramilitar a la vereda en los próximos dos días siguientes.

En el discurso oficial del gobierno y de las instituciones estatales, el paramilitarismo “no existe”. Sin embargo, la experiencia del campesinado en muchas regiones del país, como en nuestro territorio, evidencia que su presencia y su dominio es total. Como no es un fenómeno de hoy ni de ayer sino que lo hemos sufrido en más de 22 años y conocemos sus identidades y sus prácticas, nadie podrá convencernos de que son grupos “fuera de control” del Estado. Si la fuerza pública no los tolerara y los patrocinara y si el gobierno y sus instituciones administrativas, judiciales, disciplinarias y políticas no se hicieran “de la vista gorda”, como lo ha hecho en todas estas décadas, no podrían funcionar ni existir. Para nosotros continúan siendo una política de Estado.

Desde nuestro territorio amado agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, pues contar con todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 09 de 2019

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Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para

Transcurridos 20 días de la álgida jornada de movilización y resistencia de la Minga del Cauca transformada en Minga Nacional –10 de marzo al 5 de abril–, continúa la ola de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ante esta realidad, ¿qué le espera a los diferentes territorios del país en materia de Derechos Humanos? ¿existe una respuesta del Estado colombiano para enfrentar este modelo de muerte impuesto por el poder realmente existente en el país? ¿cómo responder desde los sectores alternativos a esta realidad?


Culminada la Minga Nacional –5 de abril– y avistándose el 25 de abril, día concertado para realizar un paro nacional, la arremetida guerrerista desata sus fuerzas por diferentes coordenadas nacionales en contra de diversos liderazgos sociales, así como de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc –en proceso de reinserción a la vida civil–, profundizando la grave situación de Derechos Humanos que desde tiempo atrás vive el país.


Ríos de sangre


No transcurrieron más de 8 días de culminada la Minga Nacional para que el poder cobrara con sangre el arrojo indígena y campesino que emplazó al establecimiento a cumplir sus palabras tantas veces comprometida y tantas veces irrespetada: el 11 de abril, con diez disparos que impactaron su cuerpo, acabaron con la vida de Policarpo Guzmán Marge en Argelia Cauca.


Polo, como lo llamaban sus más cercanos, vivió en carne propia, durante varios años, el conflicto que aqueja al país. Antes de asentarse en el departamento del Cauca fue desplazado de otras regiones por Los Rastrojos, sin embargo, persistía en la búsqueda de vida digna. Fue integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y se organizó en el Pupsoc y Marcha Patriótica. Había denunciado la presencia de paramilitares en la región y exigido al Estado que lo protegiera, pese a lo cual nunca llegó la protección y el desenlace fue contundente.


Un día después, el 12 de abril, la sombra de la muerte cubrió la casa del indígena Emberá Aquileo Mecheche Baragon en Rio Sucio, Chocó. A las diez de la noche de aquel día sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron, asesinándolo a pocas cuadras de su residencia con tres impactos de bala. Aquileo fue presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato Camizba–Asorewa y desde hace siete años era rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue uno de los líderes de la Minga del Chocó, desarrollada en el mes de noviembre del 2018. Había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).


Al siguiente día, 13 de abril, cuando aún la mañana estaba fresca, varios pistoleros llegaron al caserío Monte Lara, ubicado en Maicao (Guajira) y atacaron a las personas que se encontraban durmiendo en chinchorros, acabando con la vida de Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses, hijo de Carlos Enrique González –excombatiente de las Farc– y de Sandra Pushaina –indígena Wayúu–. En el mismo atentado también murió un familiar del exguerrillero.


En la misma semana –lunes 8 a domingo 14 de abril– también fue asesinado en el municipio de Ricaurte (Nariño) Fabio Roberto Paí Yascuarán, indígena Awá perteneciente a la comunidad Nalbú. La región donde vivía se encuentra en disputa entre diferentes grupos armados. Según fuentes gubernamentales la razón de la disputa es el control de rutas para el narcotráfico, lo que genera múltiples amenazas y controles a la libertad de tránsito en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Hasta dos años atrás este territorio estaba bajo control de las otrora Farc.


Las denuncias por estos homicidios resuenan en amplias zonas del país, pero la impunidad no cede, y la violencia con blancos claramente establecidos prosigue con sus detonaciones: el 22 de abril en Norte de Santander cae asesinado Dimar Torres Arévalo –excombatiente fariano–, y la inculpación por autoría material recae sobre miembros del Ejército nacional. Según el comunicado de la Junta de acción comunal Vereda Campo alegre, municipio de Convención, a las 5 de la tarde de aquel día se escucharon algunos disparos que provenían de la base militar ubicada en la vereda Carrizal del corregimiento de Miraflores, hacia el lugar se desplazaron 80 personas de la comunidad y encontraron que los militares estaban abriendo una excavación al interior de la instalación militar, en donde pretendían enterrar el cuerpo de Dimar Torres. Días atrás –20 de abril– fueron hostigados con armas de fuego Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, Nicolás López, del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca– y Horacio Ramírez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


¿Derechos Humanos?


La guerra continua en Colombia, en todas sus formas, entre ellas la psicológica. Al mismo tiempo que arrecia la ofensiva militar en contra de líderes sociales y excombatientes de las Farc, los panfletos firmados por las Águilas Negras reaparecen en los territorios de quienes se movilizaron en el mes de marzo. Estos panfletos expresan la relación de los grupos paramilitares con el establecimiento, pues defienden la institucionalidad y el gobierno de turno, criminalizan la organización social, el sindicalismo y a los defensores de Derechos Humanos, tildando a todos estos como guerrilleros. En el Cauca se están ofreciendo recompensas económicas por el asesinato de guardias indígenas y autoridades del Cric.


La situación que vivimos no es poca cosa. Según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues se registraron 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 por ciento más que en el 2017 en el que se presentaron 106 homicidios. Los departamentos en los que se registraron más muertes fueron Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, de los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti. Entre los responsables se encuentran grupos paramilitares, disidencias de las Farc, Eln y fuerza pública.


Debe recordarse que, según el informe presentado por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del año 2016 y hasta los primeros días del 2019, se estima que alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Así mismo es necesario mencionar que en los primeros 100 días gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se estima que durante este gobierno se han presentado 63 asesinatos de líderes indígenas y 153 amenazas. Además, son preocupantes las declaraciones del director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, quien sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes.


¿Tiempo de inventar nuevos caminos?


Una disputa política por el control territorial. Este panorama que tenemos en materia de Derechos Humanos en Colombia, corrobora la existencia de un plan de asesinatos sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales que dinamizan las inconformidades que aquejan a millones en el país, así mismo, evidencia una estrategia para generar miedo y terror en los diferentes territorios que están cansados de esta realidad, y que en medio de las dificultades están confrontando al gobierno del Centro Democrático, oponiéndose a los proyectos económicos, políticos y minero energéticos que se pretenden instalar por diferentes coordenadas nacionales.


De la misma manera, el asesinato de los excombatientes de las Farc evidencia el plan de exterminio contra las bases de la otrora insurgencia, los que con su activismo podrían generar en un futuro no lejano organizaciones sociales que confronten al régimen, o que ante los constantes incumplimientos de lo acordado decidan reagruparse en las llamadas “disidencias”.


No sorprende la respuesta del gobierno, pues en realidad los asesinatos y amenazas que se riegan por el país son funcionales a sus intereses. Lo que sí asusta es la falta de solidaridad de la sociedad colombiana, que pasivamente se queda observando, semana tras semana, el asesinato de otros líderes sociales. Esto trae algunos interrogantes: ¿acaso los movimientos sociales estamos desconectados del país nacional? ¿por qué el llamamiento a un paro nacional motiva la participación de los mismos sectores de siempre? ¿será que las metodologías que se están utilizando no son las que el pueblo colombiano está esperando y demandando? ¿cómo lograr discutir estos temas en el conjunto del movimiento social sin que se impongan los vicios de marginar, amañar o imponer las posiciones con la excusa de ser “mayoría”? Todo un reto por encarar.


Seguramente el país nacional va a sentir como propias todas estas luchas que se gestan desde los movimientos sociales, cuando realmente estos movimientos se aboquen al país, lo que implica superar las formas clásicas de la política, la misma que entiende y ve el poder en el Estado nacional, romper con lo cual demanda discutir y cuestionar la democracia liberal, así como las instituciones oficiales, las que están al servicio del poder tradicional y del status quo.

 

Artículos consultados


https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36595-colombia-denuncian-128-asesinatos-de-excombatientes-farc-tras-acuerdo-de-paz.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36645-asesinados-en-colombia-155-defensores-de-los-derechos-humanos-en-2018.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article24263
https://analisisurbano.org/a-tiros-mataron-a-lider-social-policarpo-guzman-mage-en-argelia-cauca/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2965-tambien-victimas-de-multiples-vulneraciones-de-ddhh-el-pueblo-awa-del-municipio-de-ricaurte-narino
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2957-onic-denuncia-y-repudia-asesinato-de-dirigente-embera-aquileo-mecheche-baragon-de-camizba-asorewa
https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

 

 

 

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Arde París, arde nuestra Iglesia y nuestra casa

En Fracncia

En las calles de Paris hay fuego, hay una gran conflagración en la sociedad francesa por el movimiento continuo de los chalecos amarillos, donde los de abajo protestan por el desmonte de la sociedad del bienestar y están buscando la transformación del estado y ya no solo en las calles sino también en la catedral de Notre Dame el 15 de abril se incendió este templo gótico testigo de muchos acontecimientos históricos.

En el mundo


También hay fuego en Nuestra Señora la iglesia católica y no solo en Paris, si no en la Iglesia en general, esto es por los escándalos de abuso sexual de menores, también por su cercanía y bendición al poder reinante, olvidándose de sus principios (Mt. 20.25.28) de sus orígenes, del libro profético, de las palabras de su fundador Jesús el nazareno, recordada y escrita por la comunidad de San Marcos “Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí le ira mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar.

En Roma

En febrero 2019 el Papa Francisco hizo un intento de cambiar y hacerle frente a los escándalos crecientes, convoco a una reunión de obispos del mundo, para tomar medidas, pero al final no tomo las decisiones de fondo que están reclamando las victimas las comunidades afectadas por este flagelo de la pederastia, esperaban muchísimo más, como el fin del celibato obligatorio, el sacerdocio para la mujer, justicia y reparación para las víctimas, parece que las fuerzas que se mueven al interior de la iglesia están más fortalecidas por los triunfos electorales de la extrema derecha y el fascismo internacional y estén debilitando su visión y accionar progresista.

En marzo 2019, las revelaciones

El escritor y periodista francés Frederic Martel da a conocer a nivel mundial una investigación de más de 4 años el cual tituló "Sodoma, poder y escándalo en el vaticano", es una clara radiografía de los últimos papados, nos hace muchas revelaciones sobre los delitos, crímenes y complicidades con el poder de una gran parte de la jerarquía eclesiástica.

Nos dice en su estudio bien documentado que hay una comunidad gay bastante grande y poderosa en el vaticano y que está extendida por todas las iglesias del mundo, que es como un sistema de vida adornado de palacios, lujos. Lujurias y una gran corrupción.

Con estas revelaciones nos damos cuenta que la iglesia no es una santa católica apostólica y si romana, y se parece mucho a la prostituta de Babilonia, de la cual nos habla y describe Juan en el apocalipsis, capítulos 17 y 18.

En Colombia


En el capítulo que le toca a Colombia hay un personaje que sobresale, es central en el libro, es ejemplo de lo que no debe ser un cristiano en el mundo, es el cardenal Alfonso López Trujillo, da nauseas hablar de este especialista en toda clase de delitos, hipocresía y falsedad. Ladrón de arte religioso, cómplice y amigo de narcotraficantes y paramilitares, amante del poder político nacional y mundial, anticomunista, furibundo, depredador sexual, misógino, sadomasoquista, con muchos jóvenes de amantes en todo el mundo, aprovechando el nombramiento que le hizo Juan Pablo II como presidente del pontificio concejo para la familia, mucho puesto para semejante trueno vestido de nazareno, Martel lo termina describiendo como una diva del catolicismo declinante, un Doctor satánico y anticristo, gran travesti a la antigua usanza, muere en 2008 de una “extraña enfermedad”.

La jerarquía católica colombiana está en mora en dar explicaciones de su proceder, de su falta de transparencia por su lado oscuro, y por su participación en el poder, su complicidad en la violencia política en Colombia, de lo contrario seguirá estando incapacitada moralmente para hablar de ideología de género, de buenas costumbres de matrimonios y familias, de ser un referente ético, de amor y compasión en la sociedad y de evangelización.

Parece ser que el miedo a que se sepa la verdad, ha sido un factor importante para estar en contra del proceso de paz, tiene miedo a que se sepa la verdad de su responsabilidad histórica en el conflicto colombiano y que desgraciadamente se está volviendo a reactivar.

En Bogotá

El cardenal Rubén Salazar Arzobispo primado de la iglesia católica colombiana, nombrado por su amigo Benedicto XVI es un adversario de los intentos de reforma hechas por su jefe el Papa Francisco, le fascina mucho la pompa, los lujosos ritos palaciegos y toda la parafernalia que le gustan a los ricos y al poder, mientras los pobres mueren de hambre o son asesinados, se olvidó completamente de la historia profética del pueblo de Dios que acompaña siempre a los testigos de la verdad, como nos lo cuentan varios de ellos AM 5, 25, Is 58,1, Is 5.8 Is10,1 Is, 56,11 Jr 7, 11, Jer 9-7, Mat 25, 31, 46, Mc 10,24, el cardenal todavía no se da por enterado que el carnaval termino.

Salazar no cumple las órdenes dadas por su jefe Francisco de apoyar abiertamente el proceso de paz, es insensible también a la tragedia que nos enluta por el asesinato casi diario y creciente de líderes sociales, no ha levantado su voz, aunque se da por entendido que la iglesia colombiana es una de las más ultraconservadora del mundo, ha estado ligada y ha compartido el poder político y económico con la clase dirigente del país, esta clase que no quiere la paz en Colombia, nos quiere embarcar de nuevo en la guerra interna y otra externa con nuestra hermana Venezuela, de características continentales apoyando así la posible conflagración a nivel mundial

¿Tiene salvación la Iglesia? Pregunta el sacerdote y teólogo suizo Hans Kung. Nosotros, los laicos, decimos que Jesús tiene un futuro brillante, y la iglesia tiene un pasado y presente tormentoso tiene que entrar en una transformación radical, si Dios está entre nosotros, qué sentido tienen las iglesias, para que sirven?

El camino que le queda a la jerarquía católica es la que siguió la de Chile renunciar para poder seguir a Jesús, presentarse ante la justicia humana y luego a la divina solo asi volveremos a ver a la periferia, al camino de los campesinos, a los pobres de la tierra, a los orígenes, a hablar y a practicar los derechos de los hijos e hijas de Dios, hablaremos también del derecho de José de amar a María, del derecho a vivir en paz, a amar más a la naturaleza, a cuidarla.

El derecho a trabajar por una sociedad distinta donde reine la verdad, la igualdad, la fraternidad, la hermandad, ejercer el derecho a rezar en todas partes, con todas las religiones, en todos los lugares reunirnos e incluso ir a la montaña a invocar y convocar al duende de las cosas, al Dios Padre y madre la vida, Padre de la libertad para que nos ayude a salir de esta esclavitud y destrucción en la que estamos inmersos como familia humana.

Este sería el camino, la paz es el camino, el amor es el camino, tenemos que empezar de nuevo a caminarlo.

 

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Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

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La posición radical de EEUU contra el aborto fuerza a la ONU a rebajar sus recomendaciones para proteger a mujeres violadas en una guerra

Bajo la amenaza de veto, EEUU ha obligado este martes a eliminar de una resolución del Consejo de Seguridad toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó el representante alemán, impulsor de la resolución

Bajo la amenaza de veto, Estados Unidos ha obligado este martes a eliminar de una resolución de la ONU sobre violencia sexual en conflictos toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ante la posición radical del gobierno de Trump respecto al aborto.

La administración de Donald Trump, que ve en ese lenguaje un apoyo implícito al aborto, logró en el último momento que el resto de países aceptasen eliminar esa parte del texto para permitir así su adopción.


Al final, la resolución salió adelante con 13 votos a favor (incluido el de EEUU) y dos abstenciones, de Rusia y China, que habían forzado junto a Washington otros cambios en el proyecto, eliminando por ejemplo una propuesta para crear un mecanismo encargado de vigilar crímenes sexuales en las guerras.


El gobierno de Trump, sobre todo de la mano del vicepresidente Mike Pence, ha convertido la lucha contra el aborto en una de sus prioridades, también en el ámbito exterior.
En 2017, Trump aprobó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos u organizaciones sanitarias en el extranjero que ofrezcan o informen sobre prácticas abortivas.


El actual Ejecutivo estadounidense también ha combatido en distintos foros de la ONU referencias a la salud sexual y reproductiva.


En el caso de la resolución del Consejo de Seguridad, Washington fijó ese asunto como una "línea roja" y advirtió que vetaría el texto si no se eliminaba, según fuentes diplomáticas.
El lenguaje en cuestión ya figuraba en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, que habitualmente no da marcha atrás en conceptos que ya han sido aprobados.


El borrador presentado por Alemania reconocía la "importancia de dar asistencia a tiempo a los supervivientes de violencia sexual" y urgía a las entidades de la ONU y a los donantes a facilitar "servicios sanitarios no discriminatorios y amplios, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial, legal y de sustento".


Para lograr que la resolución saliese adelante, la delegación alemana accedió a última hora a retirar ese párrafo, lo que llevó a Estados Unidos a votar a favor.


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó a los periodistas el embajador alemán, Christoph Heusgen.


Según Heusgen, a cambio de retirar ese párrafo, se insiste en el texto en la vigencia de una resolución anterior sobre el tema, en la que sí figuraba la salud sexual y reproductiva.
Los países europeos fueron los que más pelearon por mantener esa cuestión en el texto adoptado este martes y, en algunos casos, criticaron abiertamente la postura de Estados Unidos, un tradicional aliado.


"Estamos consternados por el hecho de que un Estado haya exigido la retirada de la referencia a la salud sexual y reproductiva", dijo el embajador francés, Francois Delattre, que subrayó la importancia de esa cuestión a la hora de proteger los derechos de las mujeres.


Pese a los cambios de última hora, Alemania defendió que la resolución supone un "hito" y un paso adelante en favor de las víctimas de violaciones y otros abusos durante las guerras.
Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la comunidad internacional tiene que seguir presionando para terminar con la "impunidad" de la que disfrutan la mayor parte de los crímenes de este tipo.


"Pese a un puñado de condenas de perfil alto, hay una amplia impunidad para la violencia sexual en los conflictos. La mayoría de estos crímenes nunca se denuncian, investigan o persiguen", dijo Guterres.


Junto al portugués, intervinieron ante el Consejo de Seguridad el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, ganadores del Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos humanos y contra la violencia sexual, que exigieron justicia para las víctimas.


La abogada de derechos humanos Amal Clooney, que representa entre otros a Murad y otras yazidíes víctimas de la organización terrorista ISIS, demandó la creación de un tribunal especial para juzgar las atrocidades cometidas por los yihadistas contra mujeres.


En ese sentido, recordó los procesos contra el nazismo tras la Segunda Guerra Mundial e insistió a las potencias en que este es "su momento de Nuremberg".
"Es su oportunidad para estar en el lado correcto de la Historia. Se lo deben a Nadia y a los miles de mujeres y niñas que ven a miembros de ISIS afeitarse sus barbas y volver a una vida normal, mientras ellas, las víctimas, nunca podrán", insistió.


24/04/2019 - 11

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Viernes, 19 Abril 2019 08:20

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

Un tiro de pistola en la cabeza a los 69 años. El reciente suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, mientras la policía entraba a su casa para capturarlo, ilustra trágicamente el estado agónico de la élite gobernante del país.

En desconcertante simetría, los pasados cinco presidentes –más una casi-presidenta, “dueña” del Congreso, Keiko Fujimori– tienen problemas muy graves con la justicia, en particular desde que fueron atropellados por la avalancha Odebrecht, el caso de corrupción más célebre y ruidoso de América Latina en los pasados años.

A Alberto Fujimori se le puede considerar un caso aparte, y el único realmente juzgado: por sus graves crímenes, desde el autogolpe de 1992 hasta su renuncia vía fax en 2000, está purgando una condena de 25 años, ha obtenido una amnistía ilegal de Pedro Pablo Kuczynski –quien, de paso, ha perdido la presidencia por ello– y ha regresado, pero más al hospital que a la cárcel. Fujimori, que nunca ha pedido perdón por las matanzas que ordenó ni restituyó un centavo de los millones robados, ya es un cadáver político aun con dos herederos activos.

Alejandro Toledo, el cholo de Harvard, que en su época (2001-06) fue considerado un “libertador” por haber encabezado la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, recluido recientemente en estado de ebriedad por los policías estadunidenses, se ha reducido a un escuálido borrachín refugiado en Estados Unidos para eludir la justicia nacional. Toledo, prófugo junto con su esposa desde dos años, parece haber recibido al menos 20 milloncitos de Odebrecht.

Alan García, cuya segunda presidencia (2006-11), después de la desastrosa primera (1985-90), sólo se debió a una temporánea e inducida amnesia de los peruanos, muere así sin pagar por unas matanzas históricas que perpetró (El Frontón 1986, Bagua 2009) ni por los prolongados latrocinios que cometió en perjuicio de la nación. El bravucón que sin vergüenza sostenía que “la plata llega sola” y a quienes lo acusaban de enriquecimiento ilícito gritaba: ”¡Pruébenlo, imbéciles!”, una vez llegada la hora de las pruebas, ha preferido la fácil escapatoria de la impunidad perpetua.

Mientras sus escasos seguidores tratan de santificarlo como un “mártir acosado por malos jueces”, la mayor parte de la opinión pública lo considera un gran cobarde –especialmente después de su fallido intento, hace cuatro meses, de refugiarse en la embajada de Uruguay– y los críticos más benévolos subrayan (¿irónicamente?) su generosidad para con los suyos, a quienes deja en herencia una ingente fortuna mal habida.

Las fechorías ni tan ocultas de García, su arrogancia egocéntrica, la costumbre de sacrificar a sus subordinados para que pagaran por él, lo habían vuelto el político más impopular de Perú, blindado frente a la acción de la justicia gracias a los numerosos jueces que le debían el puesto. Sin embargo, la popular ofensiva del actual presidente Martín Vizcarra y de una nueva generación de fiscales contra la corrupción, debió hacerle escuchar pasos en la azotea, porque en los últimos tiempos manifestaba un creciente nerviosismo y ensayaba maniobras diversivas y “sicosociales”, como se les llama en Perú: que el gobierno lo estaba espiando (cuando en realidad se trataba de agentes puestos a su protección), que el verdadero problema del país era la anemia infantil y todo lo demás (o sea la lucha anticorrupción) era pura pantalla, que fue víctima de un intento de asalto (nunca comprobado).

El hombre que tenía fama de medicarse con litio, fármaco que se utiliza para curar trastornos bipolares o maníaco-depresivos, y que el embajador gringo en Lima –esto lo sabemos gracias a Wikileaks, ¡Assange libre!– definió “arrogante, desconfiado y con un ego colosal”, según un informe de 2006, no ha sabido enfrentar la posibilidad de pagar la cuenta. Lo que el entonces embajador James Curtis Struble anotaba entonces, podría sonar a epitafio: “Un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila”.

Después de haber dedicado años a evadir la justicia –los nueve años de autoexilio en Francia, esperando que prescribieran los delitos de su primera presidencia– el último acto de Alan García ha sido justamente esto: burlarse de la ley. El APRA, un partido que ha tenido un lugar destacado en la historia del 900 peruano y ha formado parte de la Internacional Socialista, se va en el mismo entierro de Alan García, reducido a escombros por el abrazo mortal de su jefe.

¿Qué decir de los otros personajes de la lista? Ollanta Humala y su primera dama Nadine Heredia (2011-16), quien fue la verdadera presidenta del quinquenio, salieron en mayo 2018 de nueve meses de reclusión acusados de lavado de activos. La imputación de haber recibido al menos 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011 le valió unos meses de prisión preventiva, una sanción que se adopta con demasiada frecuencia cuando hay riesgo de fuga o de manipulación de pruebas. No pueden dejar el país.

Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a pesar de sus 80 años, acaba de experimentar 10 días de “prisión preliminar” –otra figura que se utiliza en espera de decidir sobre la conveniencia de la prisión preventiva, que puede llegar a tres años. Es investigado por lavado de dinero y crimen organizado por recibir pagos ilícitos de Odebrecht. PPK, que favoreció la empresa brasileña en la adjudicación de la Carretera Interoceánica, tuvo que renunciar a la presidencia hace poco más de un año. Nunca pudo ejercer realmente el poder por la furibunda oposición de Keiko Fujimori, quien está en la cárcel desde casi seis meses acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El último crimen de Keiko Fujimori –aunque no imputable legalmente– consiste en paralizar con su partido la reforma política y judicial impulsada por el presidente Vizcarra, cuya sincera disposición a combatir la impunidad se acompaña al derechismo continental del Grupo de Lima y a los intentos de reformas laborales reaccionarias. De hecho, el bipolarismo de Perú es bien visible: unos de los países más corruptos del continente es donde más se persigue a la corrupción.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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