Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Colombia: Denuncian 128 asesinatos de excombatientes FARC tras Acuerdo de Paz

El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, reveló este lunes que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


El Gobierno implementó más de 199 esquemas de protección solicitados por colectivos de exguerrilleros de las FARC-EP, dijo el funcionario.


Sus declaraciones ocurrieron a raíz de la conmoción causada en diferentes sectores de la sociedad y, sobre todo, entre los miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por el asesinato de un bebé de siete meses de nacido, hijo de un exguerrillero, el pasado domingo.


Stapper condenó el crimen y aseguró que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables que causaron la muerte al menor al disparar contra sus padres en el departamento La Guajira.


Según versiones de los familiares, el menor habría sido uno de los “bebés de la paz”, porque nació en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, en Cesar.
Líderes del partido de las FARC y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron este lunes sobre el asesinato y exigieron garantías al Gobierno para quienes dejaron las armas y se comprometieron con la paz y la reconciliación de Colombia.


El reconocido abogado y defensor de los derechos humanos Alirio Uribe comentó en su perfil de Twitter que “ni los bebés se salvan de los sicarios en Colombia”.
El 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, culminaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP.


(Con información de teleSUR y Prensa Latina)

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Paramilitarismo en plena acción: espionajes; invasión y control de tierras y reiteración de amenazas.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.


Avanza este año 2019 y la situación sigue siendo muy difícil pues el paramilitarismo se encuentra en el punto más alto de lo ilegitimo, no se alcanza a saber por qué tanta barbarie y el Estado lo sigue permitiendo, las tropas militares entran por las veredas supuestamente detrás de los paramilitares para contrarrestarlos pero no es así, pues estos grupos paramilitares no han sido perseguidos por nadie, claro es que se mantienen cerca de las casas de la población civil o en los puntos más frecuentados por los campesinos y colocan allí sus puntos de informantes. Es de público conocimiento que alias “René”, antiguo combatiente del Frente 58 de las FARC-EP, se posesionó como comandante paramilitar de la zona y coordina las diversa formas de control de la población civil, como impuestos, restricciones, actividades de las juntas comunales etc.


En las últimas semanas se han presentado supuestos enfrentamientos entre militares de la brigada XVII y grupos paramilitares en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los cuales han sido mencionados en los medios de comunicación en los cuales se informó de bajas e incautación de material de guerra, pero detrás de estos supuestos combates están las amenazas que sigue recibiendo la población civil por parte de los paramilitares, supuestamente por informar de su presencia a la comunidad nacional e internacional.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguiente:


• El jueves 21 de febrero de 2019, durante nuestra conmemoración de los 14 años de la masacre del 21 de febrero de 2005 perpetrada por los paramilitares y la fuerza pública, allí, los paramilitares estuvieron todo el tiempo al asecho de nuestra Comunidad de Paz, pues así lo manifestaron ellos mismos a algunos pobladores en la misma vereda, donde manifestaron: “sabemos cuáles son los temas que tratan en las reuniones de esa comunidad y todos los requisitos que tienen las personas que cumplir para ser parte de esa comunidad”. También les aconsejan a los campesinos que no entren a hacer parte de esa comunidad “porque esa comunidad no durará mucho tiempo”.

• El jueves 14 de marzo de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían algunos colaboradores de los paramilitares, entre ellos alias “pollo”, quien en septiembre y octubre de 2018 amenazó de muerte por vía celular a nuestro representante legal Germán Graciano, esta vez lo hace desde la vereda Arenas Altas, anunciando atentar contra nuestra comunidad si seguimos entrando allí con nuestras comisiones de trabajo, lo cual se ha venido dando cada 8 días para realizar labores de trabajo en una de nuestras propiedades privadas allí.

• El miércoles 20 de marzo de 2019, en horas de la tarde, llegó a nuestra Comunidad información de una nueva amenaza de los paramilitares contra nuestro representante legal Germán Graciano.

• El jueves 4 de abril de 2019, mientras miembros de la Comunidad de Paz llegaron al caserío de Arenas Altas para sembrar un lote de maíz, encontraron que un grupo de 7 pobladores de la zona, entre los cuales se encontraba el reconocido paramilitar alias “pollo”, había ocupado la finca y se encontraban también haciendo siembras de maíz sin permiso de la Comunidad que es la propietaria de ese terreno. Una delegación de la Comunidad se acercó a hacerles el reclamo, pero ellos respondieron que sólo estaban allí “ganándose un jornal”, lo que quería decir que detrás de ellos había alguna entidad que había decidido invadir el terreno ajeno. Uno de los pobladores, a quien en la zona llaman “El Viejo”, les dijo a los miembros de la Comunidad que ésta tenía que retirar de internet todas las constancias en las cuales le dañan su imagen, pero la Comunidad le respondió que a él nunca lo han mencionado en las constancias. Sin embargo, el poblador que hizo este reclamo, estaba entre los promotores de la invasión.


El 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz conmemoró sus 22 años de existencia. Varios amigos de la Comunidad se desplazaron desde Bogotá. En la mañana se hizo una marcha hacia el caserío de San José donde nació nuestra Comunidad; allí se dio lectura nuevamente a la Declaratoria de creación de la Comunidad; se realizó una visita a las ruinas del Centro de Formación construido por la Comunidad y destruido por quienes luego llegaron allí invitados por la fuerza pública para repoblar el espacio abandonado. En la tarde se realizaron varias actividades culturales de carácter interno y se hizo memoria de toda nuestra historia.


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables bajezas.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Abril 15 de 2019

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Domingo, 14 Abril 2019 05:48

Una clase magistral de cinismo

Una clase magistral de cinismo

Hace una semana, al promediar la tarde del domingo 8 de abril, el músico Evaldo dos Santos Rosa conducía su auto por la avenida Brasil, principal vía de acceso entre la zona norte y el centro de Río de Janeiro.


En el coche estaban su suegro, su mujer, el hijo de la pareja, de siete años, y una amiga. Iban a una fiesta infantil.


Cerca de la Villa Militar, al borde de la avenida Brasil, había una patrulla del Ejército. Cuando el coche se acercó, empezaron los disparos. Fueron 80 tiros, casi todos de fusil.
Evaldo murió en el acto. Sergio, su suegro, fue herido. Un hombre que pasaba por el lugar fue herido de gravedad. Pese a que Luciana, mujer de Evaldo, haya salido del coche con el hijo en brazos gritando que no dispararan más, los tiros siguieron.


Sería una muerte violenta más en el país en que a cada año ocurren 64 mil muertes violentas, pero Evaldo fue muerto por una patrulla del Ejército. No se ha dado ninguna justificación para la presencia de los uniformados en la escena del asesinato.


Le toca al presidente brasileño, o sea, a Jair Bolsonaro, el puesto de comandante máximo de las Fuerzas Armadas. Es lo que establece la Constitución. Por lo tanto, sería su función elemental ordenar al comandante del Ejército que se pronuncie sobre el fusilamiento.


Bueno: Bolsonaro es Bolsonaro. Y, pasados algunos días, se manifestó con su manera peculiar: “El Ejército no mató a nadie. El Ejército es del pueblo, y el pueblo no mata. Lo que hubo fue un incidente”.


Es decir: hombres vestidos con el uniforme del Ejército, portando fusiles del Ejército, comandados por un integrante del Ejército, ejecutan a alguien indefenso a sangre fría, pero el Ejército no tiene nada que ver.


El ministro de Justicia y Seguridad Pública se llama Sergio Moro. Es el mismo que cuando era juez de primera instancia condenó Lula da Silva a la cárcel por “actos indeterminados” y basado solamente en “convicciones”. Pues ese paradigma de una ética única ahora defiende cambios radicales en la legislación: quiere asegurar la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad que al pasar por una situación de “miedo, sorpresa o violenta emoción” ejecuten a alguien. Licencia para matar, pues.


¿Qué les habrá pasado a los soldados del Ejército que fusilaron Evaldo? ¿Un brote colectivo de miedo, sorpresa o violenta emoción? Para Moro, el fusilamiento no ha sido más que “un accidente lamentable”.


El general Augusto Heleno es jefe del Gabinete de Seguridad Institucional. Considerado el más poderoso integrante del gobierno de Bolsonaro, dijo que las averiguaciones están en curso y que habrá castigo “si el caso lo requiere”. Lamentó lo ocurrido y dijo que por suerte los que dispararon tienen muy mala puntería: al fin y al cabo, tiraron ochenta tiros con un saldo de solamente un muerto y dos heridos.


Un retrato perfecto de lo que están haciendo con mi país.

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Sodoma: homosexualidad e hipocresía en la Iglesia

Frederic Martel publicó un libro en que sostiene que 80 por ciento del clero de la curia romana es homosexual. Paradójicamente esta mayoría homosexual en Roma es homófoba. La utilizada como una máscara para encubrirse. El 21 de febrero en Roma, justo en el inicio de la cumbre antipederastia convocada por el papa Francisco, se presentó este libro titulado Sodoma, traducido a varias lenguas. Tuve la oportunidad de estar presente en la sala internacional de periodistas donde el autor explicó la naturaleza de su investigación. Cuatro años de trabajo, mil quinientas entrevistas, 30 países visitados, 80 investigadores de apoyo y traducción en diversos países y 14 abogados que lo defiendan de posibles demandas. Sin duda, el libro es no sólo una bomba, sino un éxito editorial por un enfoque no explorado. Su lanzamiento internacional es orquestado como un producto global. Es fruto de una paciente investigación cualitativa que despierta sorpresas en su contenido y cierto morbo, en los países católicos, como secuela de los escándalos de abuso sexual de clérigos a menores.

Sodoma, título del libro, fue una ciudad situada a orillas del mar Muerto según los textos del Antiguo Testamento. Junto a Gomorra, fue destruida por Yavhé. Sodoma, según los relatos, era lugar de perversión, vicios y perdición, castigada con violencia divina por una implacable lluvia de fuego y azufre.

La tesis central del libro es la incongruencia del discurso homófobo de los más altos jerarcas de la Iglesia católica de cara a su práctica y vida homosexual. El posicionamiento público de los jerarcas romanos contradice su comportamiento secreto y privado. Hay una suerte de hipocresía patológica, según el autor, pues existe una discordancia profunda entre su rechazo tajante y visceral ante todo lo homosexual con sus propios secretos íntimos. Mientras más críticos son con la homosexualidad, más lujuriosa es su vida oculta como gays, opina el autor. ¿Cómo explicar que cardenales homosexuales ataquen con todo al papa Francisco? Un gay friendly, es decir, tolerante y hasta condescendiente con los homosexuales. Sin embargo, el investigador francés no vincula la homosexualidad con el abuso pederasta del clero. Nos introduce a una manera alternativa para interpretar los laberintos vaticanos del poder. Martel reinterpreta a lo largo de sus más de 600 páginas la renuncia de Benedicto XVI, la crisis de Vatileaks, la lucha de poder entre camarillas y redes de clérigos homosexuales, entre otros episodios. Reinterpreta con nuevos parámetros los pontificados de Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Circulan en la lectura personajes siniestros como Marcial Maciel, Fernando Karadima (Chile), Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano que le declaró la guerra frontal a la teología de la liberación. También aparecen como cabezas de clóset homosexual los secretarios de Estado Angelo Sodano y Tarcisio Bertone. Retrata las redes de complicidades palaciegas que son consecuencia, entre la corrupción, la cobertura y el chantaje. Hay relatos abrumadores de una extraña relación de atracción-repulsión de actores eclesiásticos que se han envilecido.

En la conferencia de prensa en el centro histórico de Roma, diversos vaticanistas lo encararon, reprochando la falta de seriedad y rigor en su investigación. Es un análisis de entrevistas y hasta chismes, muchos sin posibilidad de corroborar. Con humor, Martel respondió que sólo un investigador gay como él podría hacer un trabajo de tal envergadura porque conoce los códigos de las comunidades homosexuales. Recapituló que recibió información en entrevistas de 41 cardenales, 52 obispos, 45 nuncios apostólicos, periodistas, embajadores extranjeros y más de 200 sacerdotes y seminaristas para develar el secreto mejor guardado en la Iglesia: la homosexualidad como sistema dominante. Incluso se ufanó de haber usado la seducción para adquirir información, aportación "novedosa" a la metodología científica. Y reprochó a los vaticanistas: "Ustedes no entienden nada de lo que ocurre en el Vaticano", o peor, son cómplices de los secretos de alcoba de los altos monseñores.

Bajo esta lupa, Martel analiza la crisis de vocaciones sacerdotales. Antes el sacerdocio era una salida digna para un joven homosexual. Con la apertura y mayor comprensión social a la condición, ahora la Iglesia resulta poco atractiva. Porque se ha convertido en un espacio de homosexualidad unas veces casta, otras veces, la mayoría manifiesta y promiscua, pero siempre teñida de homofobia

En el diario Francés Le Figaro, el dominico Thierry-Dominique Humbrecht ofrece una lectura crítica del libro. Reconoce revelaciones impactantes, pero ante todo increpa que es un trabajo militante. Un periodista miembro de la comunidad gay reprocha al Vaticano y a la Iglesia vivir no sólo una identidad homosexual retorcida, es decir, esquizofrénica, escondida y reprimida, sino también una sistemática agresión a las comunidades gays reales que viven con libertad su condición. El dominico reconoce que Martel pretende forzar a la Iglesia a evolucionar sobre la homosexualidad.

Martel, en Sodoma, nos introduce a las entrañas del Vaticano con diferentes claves de lectura. Ahí su originalidad. Exhibe espesuras fangosas desconocidas de la institución eclesiástica y un embarazoso sistema. Bajo una ley no escrita, lo que él llama "el código Maritain", clave que posibilita comprender los cimientos, actitudes y comportamientos de los actores no sólo del Vaticano, sino de muchas Iglesias locales. La Iglesia mexicana no escapa de esta investigación provocación. No sólo existe Maciel, no es él un accidente aislado, hay muchos otros actores agazapados en el clóset. Seguro vendrán nuevas pesquisas.

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Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

El presidente también propone tres reformas para modificar el sistema jurídico surgido de los acuerdos con las FARC


El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocución de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.


“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó Duque. Entre esos artículos está el referente a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América, hoy desarmada y convertida en un partido político con 10 escaños en el Congreso.


“Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.


Las objeciones del mandatario agitan el debate político, tienen un importante peso simbólico y eventualmente podrían obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicción, que ya está en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley —que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional— deberá regresar al Congreso, donde ya había tenido un paso tortuoso. Allí, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayorías que le aseguren que el Legislativo acogerá sus reparos. “Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”, enfatizó Duque.


Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ejército. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.


“A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente”, manifestó Patricia Linares, su presidenta, después de la alocución. La "tradición democrática" de Colombia, añadió, “garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. Su declaración no mencionó las otras modificaciones que se propone el mandatario.


Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los países garantes —Cuba y Noruega— e incluso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, le habían pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podría generar inseguridad jurídica y desconfianza entre los excombatientes, advertía la congresista Juanita Goebertus, que formó parte del equipo negociador en La Habana. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe, un crítico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habían ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.


La JEP, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto. La jurisdicción ha estado bajo fuego constante, y las críticas han arreciado tras la reciente captura de Julián Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recibía fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscalía —constantemente enfrentada a la JEP— alega que pedía sobornos para “incidir” en el proceso de extradición de Santrich, pero desde su posición no tenía injerencia en esa decisión.


Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos de paz, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, solo “corregir” aspectos puntuales. La negociación con las FARC dividió por la mitad a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarización, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asistió al inicio de las labores de la Comisión de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha ido reemplazando la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial.

Por Santiago Torrado 
Bogotá 11 MAR 2019 - 02:52 COT

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

 

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

Publicado enEdición Nº254
HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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Control territorial estricto por los paramilitares

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemsido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


A pesar de las continuas declaraciones del Gobierno en las que afirman la no existencia de estructuras paramilitares y la implementación de los acuerdos de paz, sin embargo la experiencia del campesinado de la región es que la presencia del paramilitarismo es cada vez más asfixiante. La estructura que se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” sigue actuando a sus anchas, lo que implica que existe una absoluta tolerancia, aquiescencia o complicidad de la fuerza pública en su accionar y a la vez desmiente que las entidades creadas por el Acuerdo de Paz para reprimir las actividades paramilitares estén funcionando. Los paramilitares tienen cada vez más asfixiado al campesinado de la región mediante impuestos, normas de prohibiciones, exigencia de someterse a ellos, control de todos sus movimientos y reclutamiento continuo de menores. Durante los fines de semana se percibe gran afluencia de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó donde consumen altas dosis de licor y lanzan amenazas contra nuestra Comunidad de Paz,afirmando de nuevo su propósito de exterminarnos.

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


• El viernes 8 de febrero de 2019, de nuevo fueron vistos cruzar 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en la vereda Mulatos Cabecera de San José de Apartadó


• Este mismo viernes 8 de febrero de 2019 los paramilitares convocaron y realizaron una reunión en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, allí obligaron a la población civil a participar en dicha reunión.


• El sábado 9 de febrero de 2019, fue visto un grupo de 7 paramilitares portando armas largas cruzar por la vereda la Unión de San José de Apartadó.


• El domingo 10 de febrero de 2019, en horas de la tarde 10 paramilitares vestidos de negro asechaban nuestro asentamiento de San Josesito y al parecer permanecieron allí por el rio hasta altas horas de la noche.


• El lunes 11 de febrero de 2019, en horas de la noche llegaron dos hombres armados y portando capuchas, al parecer paramilitares, a la vivienda de un poblador de la zona y lo obligaron a pagarles 2.000.000 de pesos, según ellos de vacunas, a lo cual el campesino se resistió y no quiso pagar la extorsión; de inmediato lo amenazaron de muerte por no pagar la alta suma de dinero que le estaban pidiendo, luego se marcharon.


• El martes 12 de febrero de 2019, en horas del día fue visto un grupo de paramilitares en trajes negros a pocos minutos del casco urbano de San José de Apartadó por la parte del rio La Sucia hacia arriba.


• El jueves 14 febrero de 2019, pasaron por la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en el punto conocido como la “YE” al parecer venían desde las veredas Baltazar y Naín del departamento de Córdoba.

• El jueves 21 de febrero de 2019, a las 12:00 horas del día 5 paramilitares armados detuvieron por espacio de 15 minutos a dos pobladores en la vereda la Unión de San José de Apartadó, allí les manifestaron el interés de saber en dónde quedaba situado el espacio de la Comunidad de Paz y si quedaba muy lejos, a lo que dichos pobladores no dieron ninguna información. Luego los dejaron en libertad y los paramilitares ingresaron al espacio de la Aldea Rigoberto Guzmán, de la Comunidad de Paz; al ser vistos por algunos pobladores intentaron esconderse pero ya habían sido detectados. Más tarde, hacia las 3:00 p. m. pasó por allí mismo una tropa del ejército.


• El domingo 24 de febrero de 2019, a las 9:00 a.m. un grupo de aproximadamente cinco paramilitares detuvieron a un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y lo sometieron a interrogatorios durante 10 minutos luego lo dejaron en libertad.

• El mismo domingo 24 de febrero de 2019, tropas del ejército, quienes habían sostenido un enfrentamiento con algún grupo irregular, pasaron pos veredas entre Córdoba y San José de Apartadó prohibiendo a los campesinos el uso de teléfonos celulares.


Durante los días 19 a 22 de febrero nuestra Comunidad de Paz realizó la acostumbrada peregrinación a Mulatos Medio donde el 21 de febrero de 2005 fueron masacrados varios líderes de la Comunidad con sus familias. En todos los recorridos que hicimos fue visible el seguimiento de paramilitares de civil, quienes controlaban nuestros movimientos por radios de comunicación. Es un hecho que todos los asentamientos de la zona están controlados por “puntos” o personas-espías que están informando de todo movimiento a los líderes paramilitares.


El 13 de febrero la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional seleccionó para revisión la sentencia de Tutela interpuesta por la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, ordenó suspender el incidente de desacato, hasta que se pronuncie la Corte Constitucional.


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Febrero 26 de 2019

 

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