¿De qué hablamos, cuando hablamos de Renta Básica?

La pregunta que plantea el título creo que es muy pertinente, porque en estos últimos tiempos en que se oye a hablar mucho de Renta Básica hay bastantes errores en la interpretación de este término. Lo más sencillo, para responder la pregunta, es consultar qué dice al respecto la Red Renta Básica que es la sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN): «La renta básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, aun si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otro modo, con independencia de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien convive». Y añade, por si no queda claro con la anterior definición: «una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población».

Hay dos rasgos fundamentales a destacar en esta definición: la universalidad, la reciben todos, y la no condicionalidad, no hay restricciones para acceder a la misma. Y esto nos lleva nuevamente al título, porque en Catalunya todavía hay mucha gente que confunde la Renta Básica con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un subsidio para pobres que se aprobó en el año 2017, el balance del cual es abrumadoramente negativo con respecto a su principal objetivo de eliminar o paliar la pobreza (seguro que este balance será objeto de algún que otro artículo en este mismo espacio). Ahora, sólo quiero apuntar que la RGC tal como ha demostrado en estos tres años con su despliegue, es todo lo contrario de universal e incondicional, y que estas son las principales razones de su fracaso.

También, desde este pasado junio, en el reino de España, se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que desde este gobierno PSOE-UP, se anunció como la panacea para eliminar la pobreza. El IMV, con un recorrido bastante menos reducido en el tiempo que el de la RGC, ya nos ha señalado, sin embargo, sus carencias fundamentales: no llega a quien tiene que llegar. Y esto pasa, fundamentalmente, porque las condiciones que se imponen al colectivo de personas que deberían ser su principal destinatario, mayoritariamente las incumplen y, también, obviamente, porque no es universal. Las estadísticas, relativas a su desarrollo, hablan de que sólo menos del 10% de las personas de las que se esperaba a priori que deberían resultar beneficiadas han podido acceder al mismo (tampoco tengo ninguna duda de que sus resultados, cuando se hayan dado a conocer con más detalle, serán objeto de análisis en este mismo espacio).

La Renta Básica, e insisto de nuevo en las características universal e incondicional y, a diferencia, por tanto, de la RGC y el IMV, sí es una medida de política económica que puede eliminar la pobreza, pero no sólo eso. Es una medida que aumentaría la libertad de las personas, porque incrementaría la libertad de colectivos como los trabajadores precarios, el de las mujeres que dependen económicamente de sus parejas, el de los jóvenes con pocos recursos y, lógicamente, el de las personas pobres, porque no puede haber libertad sin que las condiciones materiales para la existencia estén cubiertas. Esta última cuestión nos permite enlazar con otro elemento clave: la justificación republicana de la Renta Básica (otro apartado que merecerá igualmente un análisis más detallado en este espacio).

Por supuesto, la Renta Básica se enfrenta a numerosas críticas con independencia del ideario político desde el que se efectúen, por citar algunas: es injusto que también los ricos la reciban, la gente no trabajará si la percibe, recortará el estado del bienestar actual, es inviable económicamente… Ya se ve que hay que dar respuesta a todas ellas, y este también es el espacio que se utilizará para hacerlo.

Pero, siguiendo con el ideario político, también quiero dejar claro que soy partidario de una Renta Básica que suponga una mejora sustancial de toda aquella población que pueda considerarse no rica y, además, que la manera de financiarla no suponga alterar, es decir, no tocar ni un solo euro del gasto social, básicamente sanidad y educación, efectuado por el estado. Contrapuesta, claro, a una forma de Renta Básica que figuras relevantes de las teorías monetaristas y neoliberales propusieron a las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, en forma de impuesto negativo sobre la renta, pero que venía acompañado de la supresión de la inversión social del estado. En este sentido, elimina cualquier duda al respecto la enmienda que se introdujo en la propia definición de Renta Básica en el congreso de 2016 del BIEN «Estable en cantidad y frecuencia y suficientemente alta para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esta sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos».

Bueno, espero que las líneas precedentes hayan servido para responder a la pregunta que formulaba el título.

Por Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Es coautor de "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

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Violencia y pobreza, principales razones para migrar de Centroamérica: ONU

Ginebra. De cara a la conmemoración del Día del Migrante este viernes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló ayer que una de cada cinco familias que migran desde Centroamérica lo hace debido a contextos de violencia y pobreza.

Cerca de 20 por ciento, de los más de 3 mil 100 entrevistados que se desplazaron en unidades familiares, identificaron ambas cuestiones como la razón principal de su huida, según encuesta de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El número aumenta hasta 30 por ciento en el caso de menores que viajan solos, de acuerdo con el estudio.

Los resultados de la encuesta también revelan el “alarmante! aumento de detenciones en las unidades familiares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, que se disparó 456 por ciento, de casi 77 mil 800 en 2018, a más de 432 mil para 2019.

Las amenazas de muerte, el reclutamiento de pandillas, la extorsión y la violencia doméstica, entre otras formas de agresión selectiva, son los principales factores que impulsan a más familias del norte de Centroamérica a huir de sus hogares y buscar protección en otros países, asegura una investigación.

Durante la pandemia del Covid-19, las estrictas restricciones al movimiento en los territorios y el cierre de las fronteras han limitado las opciones para que las personas huyan, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, destaca el informe.

Jean Gough, directora del Unicef para América Latina y el Caribe, advirtió que es probable que el aumento de la pobreza y la violencia hagan que más familias abandonen sus hogares en las próximas semanas y meses ante la crisis sanitaria del Covid-19 y tras el impacto de los huracanes Iota y Eta en la región.

De acuerdo con la ONU, a finales de este año más de 800 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscaron protección dentro de sus países o habían cruzado fronteras para encontrar asilo.

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Jueves, 03 Diciembre 2020 05:58

El virus arrasó con el salario en el mundo

El virus arrasó con el salario en el mundo

Informe de la Organización Internacional del Trabajo

 

La crisis tiene un impacto mucho más fuerte en los segmentos más desprotegidos del mundo laboral, que además son los peores pagos. En consecuencia, la pandemia aceleró la desigualdad hacia el interior del mundo del salario. 

La pandemia no sólo destruyó empleo a lo largo y ancho de la economía global sino que también generó una caída de los salarios en dos tercios del mundo, alertó este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La crisis tiene un impacto mucho más fuerte en los segmentos más desprotegidos del mundo laboral, que además son los peores pagos. En consecuencia, la pandemia aceleró la desigualdad hacia el interior del mundo del salario. El informe destaca que la caída de las horas de trabajo derivó en una baja de la masa salarial del 6,9 por ciento entre las trabajadores mujeres, superior a la merma del 4,7 en los varones. Y pone el foco en un fenómeno inusual de esta crisis: la masiva reducción voluntaria de salarios y los subsidios masivos de parte del Estado.

Según la OIT, en los años previos a la pandemia (2016-2019) el poder adquisitivo del salario registró un leve incremento, de entre el 0,4 y el 0,9 por ciento en las economías avanzadas. En ese grupo, el mejor desempeño se dio en la República de Corea, en donde el salario subió un un 22 por ciento y en Alemania (15 por ciento). En cambio, en Italia, Japón y Reino Unido el salario real se redujo. Entre 2008 y 2019, el salario real se más que duplicó en China. A contramano del mundo, en la Argentina el salario real se redujo en promedio alrededor de un 15,7 por ciento desde fines de 2015 hasta fines de 2019, calcula la UMET. Ese deterioro se explica por una inflación desbocada durante el gobierno de Mauricio Macri junto a caída de la producción y deterioro financiero.

El impacto de la crisis

"La crisis imprimió una presión a la baja en el nivel o en la tasa de crecimiento de los salarios medios de dos terceras partes de los países. En otros países como Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos e Italia, el salario medio aumentó como reflejo de la pérdida sustancial de puestos de trabajo entre los trabajadores con salarios más bajos", indica la OIT. 

El informe detalla que la crisis "afectó muy especialmente a los trabajadores con salarios más bajos y en consecuencia aumentó las desigualdades salariales". Por otro lado, "la crisis no ha tenido las mismas consecuencias para las mujeres que para los hombres. Son ellas quienes más sufren los efectos adversos", advierte el organismo, y muestra que "la masa salarial perdida a consecuencia de la caída de las horas de trabajo fue del 6,9 por ciento en el caso de las mujeres, frente al 4,7 por ciento en el de los hombres".

Sostén estatal y reducción voluntaria

"Para una selección de 10 países europeos los subsidios al salario permitieron compensar el 40 por ciento de la pérdida de masa salarial, incluido el 51 por ciento de la pérdida de masa salarial provocada por la reducción de las horas de trabajo", dice la OIT.

Muchos gobiernos definieron que la ayuda sea una porción del salario mínimo, como los casos de Croacia y Letonia (75 por ciento del salario mínimo) y Polonia (del 50 al 90 por ciento). En el caso de la Argentina, el salario mínimo se estableció como un techo, al definir un tope de dos veces ese monto, mientras que en Luxemburgo se puso ese máximo en 4,5 veces.

Una de las particularidades que tuvo el comienzo de la crisis de la pandemia es que el cierre violento de la oferta global de la economía amenazó con la quiebra masiva de empresas, con lo cual se negociaron en muchos rubros en países de todo el mundo reducciones temporarias de manera voluntaria en los salarios. El informe de la OIT muestra que el 35 por ciento de los trabajadores de los Estados Unidos, 30 por ciento del Reino Unido y 20 por ciento de Alemania cobraron menos en marzo que en febrero y enero de este año. 

La OIT destaca en este punto el caso de la Argentina "en donde el gobierno prohibió los despidos sin causa a través de acuerdo que incluyó el recorte del 25 por ciento de los salarios por sesenta días en los sectores bajo confinamiento". También menciona el caso de Chile, en donde "la proporción de empresas que llegaron a acuerdos de reducción temporaria de salarios pasó del 6,6 por ciento en abril al 8,4 por ciento en julio y hasta el 15 por ciento en algunos rubros". También se detalla medidas similares aplicadas en Paraguay, Uruguay, Etiopía, India y Burkina Faso.

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El artista plástico Grayson Perry presenta su último hallazgo creativo en la galería Victoria Miro.- REUTERS

Frente a los suculentos beneficios de las grandes corporaciones dedicadas al entretenimiento, nos topamos con toda una estirpe de autores en franco declive, aferrados a una vocación que apenas les proporciona sustento.

 

Ahora que el cuerpo (físico) ha dejado de ser del todo fiable para convertirse en un potencial agente patógeno. Ahora que las propiedades asépticas de ese otro cuerpo (virtual) que nos acuna a través de lo digital gana enteros y se hace, si cabe, más trascendente; la tecnología se antoja ubicua e ineludible. Quizá por ello (o a costa de ello) las grandes firmas tecnológicas van a salir envalentonadas de una crisis vírica cuyos efectos contagiosos no se ciñen a un cuerpo, ni siquiera a millones de ellos, sino que prevén zarandear también la economía de nuestro tiempo.

La industria cultural, por su parte, parece librarse de esa caída libre generalizada. Ya sea por su labor como surtidor de evasión en tiempos confinados, o por su eficiencia a la hora de construir universos simbólicos; lo cierto es que no tiene pinta de caer. Al contrario, la pandemia ha puesto de relieve el potencial de la industria cultural, quizá porque su materia prima se crece cuando más lo necesitamos. De hecho, no resulta descabellado asegurar que nunca como en el confinamiento se ha visto, escuchado y leído tanta creación.

Y entonces por qué malviven nuestros creadores. Por qué nuestros artistas se dan de bruces una y otra vez con una realidad que les empuja al pluriempleo y a la falta de derechos. Frente a los suculentos beneficios de las grandes corporaciones dedicadas al entretenimiento, nos topamos con toda una estirpe de autores en franco declive que, aferrados a una vocación que apenas les proporciona sustento, se siguen autodenominando músicos, pintores, guionistas o escritores. 

Las migajas del 'streaming'

La supuesta panacea de las plataformas de streaming, tan en boga durante el confinamiento, muestra su cara más perversa conforme se analizan sus cifras. Veamos, por ejemplo, las plataformas de música, un escaparate del que nadie quiere apearse, máxime si nos atenemos a que entre 2013 y 2018 el mercado digital en nuestro país ha pasado de generar el 40% al 71% de los ingresos de la industria de la música, según el anuario de la SGAE a partir de datos de Promusicae, convirtiéndose en "el elemento más importante de la economía vinculada a la música grabada".

En marzo, The Trichordist, un blog estadounidense especializado en derechos de los artistas, difundía unas tablas que evidenciaban el trato abusivo que las principales plataformas de música en streaming brindan a los creadores. Según estos datos, Spotify estaría pagando a sus autores del orden de 0,0031 euros por cada reproducción, lo que equivale a unas 312.000 reproducciones al mes para alcanzar estatus de mileurista. YouTube, por su parte, abundaría en la broma y para obtener esos mismos 1.000 euros, los tenedores de derechos tendrían que sobrepasar las 714.000 de reproducciones.

Según Pedro Buil, profesor colaborador de la UOC especialista en industria cultural, "todas estas plataformas han hecho resurgir a nivel macroeconómico a una industria que estaba herida de muerte, así lo indican las cifras que manejan, pero es inevitable preguntarse también a quién está beneficiando este buen momento". Sobra decir que a los músicos no.

La devaluación del autor

Como decimos, la gente sigue consumiendo cultura. No es una industria cuya materia prima haya quedado obsoleta, la gente sigue necesitando de cultura sobre todo cuando vienen mal dadas y se buscan otros mundos en este. La oferta no ha disminuido (más bien al contrario), lo que ha pasado es que se ha abaratado la producción hasta tal punto de que son muchos los autores que asumen los costes y tratan de monetizar parte de lo invertido subiendo sus creaciones a la red.

El ecosistema al que se enfrentan estas obras prioriza lo cuantitativo, lo que implica que tendrán que lidiar con una ingente cantidad de contenido. "Además, no hacen un pago directamente proporcional al peso que debería tener un artista determinado por el número de reproducciones, sino que las grandes compañías ejercen presión sobre Spotify para que sus artistas tengan mejores condiciones", incide Buil. Así las cosas, sin el apoyo (o mejor dicho; sin el lobby de una major) ya puedes tener talento... 

La aritmética aquí no tiene muchas vueltas. Si el precio de la mano de obra se devalúa, la oferta se multiplica y el reparto de los beneficios está en manos de unos pocos muy pocos, las migajas sobrantes conforman la dieta extrema de la gran mayoría de autores.

Una élite artística

Con la economía patas arriba y un escenario precovid que ya era el sálvase quien pueda, vivir de la cultura en nuestro país se ha convertido en algo cercano al privilegio. La actividad creativa, con su elevado grado de intermitencia y flexibilidad, implica vivir en una economía de guerra durante años. ¿Puede uno vivir de la vocación? La respuesta es sintomática, y nos habla de un modelo que privilegia a unos pocos, que serán los que finalmente produzcan la cultura que consumimos.

La radiografía más reciente de la AISGE (Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión), fechada en 2016, desvelaba que sólo el 8% de los actores y actrices de este país ganaba más de 12.000 euros al año, mientras que el resto no llegaba ni a mileurista. El sector del arte, por su parte, no es más halagüeño. Según un estudio de la Fundación Antonio de Nebrija, en 2017 solo el 15% de los artistas españoles podían permitirse el lujo de vivir de sus obras. ¿Quién sobrevive a algo así? Muy fácil; aquellos artistas cuyas rentas familiares o patrimoniales les permiten desempeñar sus labores creativas. 

MADRID

21/09/2020 22:14 ACTUALIZADO: 22/09/2020 09:37

JUAN LOSA

 @jotalosa

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Vendedor ambulante de gasolina en la ciudad de Maracaibo. VENEZUELA AFP, LUIS BRAVO

Venezuela, el otrora emporio petrolero, se ha convertido en el país con la población más pobre de América del Sur. Para millones de personas, la vida cotidiana es un drama que apenas deja espacio o fuerza para temas que, como la política, aparecen como sofisticados y distantes.

 

Natalia es trabajadora doméstica, Hilario es fontanero y Gladys es empleada en un salón de belleza. De las 14 millones de personas que trabajan en Venezuela, ellos son parte del 58 por ciento que labora en el sector informal de la economía: en cada jornada deben «resolver el día», y la cuarentena por la pandemia de covid-19, impuesta desde marzo, no ha hecho sino agravar penurias y preocupaciones que venían de antes.

«Hay que salir a resolver. Si no trabajo, no como, y si no nos mata el virus, nos mata el hambre», dijo a Brecha el cincuentón Hilario, en tono grave, como si acabara de inventar la frase, repetida como un mantra en incontables realidades de los países del Sur. Es el sostén principal de una familia de nueve miembros, con tres generaciones entre madre, tío, esposa, cuñada, hijos y ahijado.

SALARIO

La familia vive en las afueras de Caracas y se sostiene con el ingreso de Hilario, empleado en una ferretería por el equivalente a seis dólares mensuales, sus extras como fontanero (unos diez o 12 dólares cada fin de semana, si aparecen trabajos) y la esporádica venta de limones y huevos de algunas gallinas que mantienen las mujeres de la casa.

El salario mínimo oficial en Venezuela equivale, al despuntar de agosto, a 1,50 dólares mensuales, más un aporte estatal por alimentos de otro 1,50. Con tres dólares se puede comprar un quilo de carne o de queso, o tres quilos de harina de maíz, o un cartón con 30 huevos, o medio quilo de café… Obviamente, ya ningún trabajador se conforma con ese sueldo, pero la mayoría no gana mucho más: es la base de la escala salarial en la administración pública (un maestro y una enfermera pueden llegar a ganar tres o cuatro salarios mínimos) y el monto mensual que se entrega a los pensionados.

Esos números pueden contrastarse con el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas, que en junio alcanzó un valor de 200 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, una oficina de asuntos laborales que hace esa medición mensual desde hace más de una década. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que al cierre de 2019 un tercio de la población de Venezuela –9,3 de sus 28 millones de habitantes– estaba en situación de inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia.

COMIDA

Natalia tiene 44 años, dos hijos y dos hijas, de entre 12 y 22 años. Los padres de los muchachos –uno mecánico, otro albañil, ambos ya separados de ella– se fueron a Colombia y Ecuador. Ella hace trabajo doméstico a destajo. Antes de la covid-19, laboraba para cuatro familias distintas, en diferentes días, por una paga equivalente a entre dos y tres dólares diarios, más la comida. Ahora, con el temor de sus clientes al contagio, sólo dos casas la llaman, con menos frecuencia. Dos de sus expatrones la ayudan con algo de efectivo y alimentos.

Es beneficiaria de un programa de bonos con el que el gobierno auxilia a familias pobres, generalmente equivalente al ingreso mínimo mensual. También lo es de la bolsa de alimentos (harina, pasta, arroz, azúcar, aceite, granos, a veces pollo o leche en polvo) que el gobierno vende a las clases populares con un 80 o un 90 por ciento de subsidio. Recibe esa bolsa, llamada Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada 30 o 45 días y consume el contenido en diez o 12 días.

«Tengo miedo de que pasen semanas y meses, y esto siga, sin poder conseguir comida; de que mis hijos se desesperen y den algún mal paso; de que alguno se enferme con ese virus. No tenemos ningún seguro, los hospitales públicos no sirven, no podemos comprar medicinas, mi hijo menor no tiene zapatos…», nos dijo.

En la casa de Natalia se come carne, de segunda, una vez a la semana o cada 15 días. Los huevos son la principal proteína. La arepa (un bollo de maíz, emblema nacional) con margarina, plátanos fritos, pasta y algo de queso o granos con arroz es lo más usual. La Federación de Ganaderos señala que el consumo de carne per cápita en Venezuela era de 20 quilos al año en la década pasada y ahora se ha reducido a ocho.

AGUA

Natalia alquila una casita a medio construir en un barrio de viviendas informales, muchas insalubres, en la ladera de un cerro en el noroeste de Caracas. Tiene tubería para el agua, pero el líquido llega unas pocas horas… al mes. Sus hijos varones bajan y suben por la ladera varias veces por semana para llenar unos bidones en alguna casa afortunada, la que ese día haya recibido el servicio en el vecindario.

Según datos oficiales y del Programa Mundial de Alimentos, el 96 por ciento de la población venezolana tendría acceso al agua potable. Pero una coalición de ONG ambientalistas se dirigió al organismo a fines de 2018 para pedirle una rectificación: hay tuberías, pero el estado calamitoso de los acueductos, las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución, y los cortes de electricidad, que impiden bombear el agua, hacen que el servicio corriente llegue sólo al 18 por ciento de los hogares.

LUZ

Gladys atiende un salón de belleza en Maracaibo, la calurosa capital petrolera de Occidente. Con la cuarentena casi no llegan clientas, y a menudo un apagón impide prestar el servicio. Ya casi no tiene ingresos. En su familia –de padres ancianos, un hermano que trabaja en la contaduría y una hermana que es madre soltera de dos pequeñuelos–, hacen malabares con la bolsa CLAP, los bonos y las pensiones, y en ese clima tórrido lidian con los cortes de agua y los apagones súbitos, que funden electrodomésticos, dañan la comida del refrigerador e inutilizan los ventiladores, lo que los obliga a dormir al ras del suelo para soportar el calor. Contó: «Manifestamos muchas veces. Votamos en favor de la oposición, pero eso no ha dado resultado: las autoridades son sordas, la política no resuelve estos problemas. Lo que queda es encomendarnos a la Chinita», como coloquialmente llaman a la virgen de Chiquinquirá, patrona regional del rito católico.

Venezuela tiene una infraestructura eléctrica con una capacidad nominal para generar 34 mil megavatios hora, la mitad de ellos en la gran represa hidroeléctrica de Guri, en el sureste, y una demanda estimada entre 18 mil y 20 mil megavatios hora. Con el desplome de la economía y la cuarentena, la demanda efectiva es de menos de 12 mil, pero aun así no se cubre, dada la inutilización de plantas y redes, deterioradas al cabo de años sin inversión, sin mantenimiento y con corruptelas en las compras y la gestión.

REMESAS

Alfredo Infante, sacerdote jesuita, es párroco de La Vega, una populosa barriada obrera en el suroeste de Caracas. Contó a Brecha: «El año pasado una cantidad importante de personas, hasta de las más humildes del barrio, lograron resistir el impacto de la hiperinflación e incluso comenzaron a independizarse de la CLAP, gracias a las remesas que recibían de los familiares que han emigrado. Esa ventaja se ha caído con las cuarentenas y ahora, con grupos comunitarios, debemos buscar alimentos para auxiliar a las familias que literalmente casi no tienen qué comer».

La proyección oficial del censo de 2011 arrojaba para Venezuela una población de 32,2 millones de habitantes, pero en la actualidad debe de rondar los 28 millones. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración y los refugiados calculan un éxodo de 5,1 millones de personas, sobre todo en los últimos cinco años, con la mayoría de sus integrantes en los estratos económicos bajos y con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile como principales países de acogida, más gente de clase media que fue a Estados Unidos y Europa.

En 2019 casi un tercio de quienes se quedaron manejó algún ingreso en dólares, dijo a Brecha el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Las remesas de centenares de miles de migrantes –unos 90 dólares mensuales enviados a sus familias– inyectaron al país unos 3.500 millones de dólares, un flujo que ahora se ha desplomado, en el marco de la crisis global económica y sanitaria.

Un resultado de este fenómeno es que en la actualidad Caracas y otras ciudades muestran burbujas de abundancia, con bodegones que ofrecen alimentos y otros productos importados –después de que en 2018 comenzó a desmantelarse el draconiano control de cambios que rigió durante los 15 años previos–. Pero a esos productos sólo accede una minoría muy reducida que dispone de las divisas para comprarlos y aún soportando la hiperinflación que se desató en 2017.

La inflación en Venezuela fue del 862 por ciento en 2017, del 130.060 por ciento en 2018, del 2.585 por ciento en 2019 (7.980 por ciento en alimentos) –según el estatal Banco Central– y del 508 por ciento en el primer semestre de 2020 –según la comisión económica del Parlamento–. En ese contexto, ni siquiera tener un puñado de dólares –aún con la apreciación constante de la divisa– permite a los más pobres adquirir los productos esenciales.

COMBUSTIBLES

Por el humilde barrio La Peña, en la ciudad de Barquisimeto, nudo carretero y de la agroindustria en el centro-oeste, la semana pasada transitaba un camión cargado con troncos y escombros de desecho. Un piquete de pobladores lo detuvo. El conductor accedió a que los vecinos tomasen los maderos, en medio de algarabía, entre burlas, risas y el grito irónico: «¡Llegó el gas, llegó el gas!». Llevaban semanas sin conseguir cilindros de gas para cocinar y sencillamente alimentaban sus fogones con leña. En algunos edificios residenciales de ciudades de provincia, las parrillas originalmente dispuestas en áreas comunes para hacer asados familiares los fines de semana ahora se usan para cocinar –con leña, por turnos– la comida cotidiana. Venezuela es el quinto país del mundo con mayores reservas de gas y a mediados de la década pasada acarició la idea de tender un gasoducto hasta el Río de la Plata.

La gasolina es un dolor de cabeza, está severamente racionada, en algunos expendios se vende a 50 centavos de dólar el litro y en otros, subsidiada, a 2,5 centavos. Las colas para surtir el parque automotor –reducido de cuatro a 2,5 millones de autos– duran horas en Caracas y días en expendios de provincia. Las refinerías venezolanas, con capacidad nominal para procesar 1,3 millones de barriles (de 159 litros) por día, destilan sólo unos pocos cientos de miles, y el país se abasteció parcialmente en las últimas semanas con importaciones desde Irán (véase en este número la nota «Un cóctel imprevisible», de Ociel Alí López). Pesan las sanciones impuestas por Estados Unidos a los negocios de la estatal Petróleos de Venezuela. Los policías y los militares que vigilan las estaciones de servicio son objeto de denuncias de corruptelas y arbitrariedades, y arrestan a quienes fotografíen o filmen las colas para comprar combustible, incluidos los periodistas.

SEGURIDAD, SALUD…

Hay más problemas en la cotidianidad, como el transporte público, la tramitación de documentos, la recolección de basura, la criminalidad y la inseguridad personal. Infante, que palpa este asunto en la peligrosa barriada donde oficia, expuso que las pequeñas bandas de delincuentes del pasado, «especializados» (ladrones en las puertas de bancos o comercios, carteristas, secuestradores, pequeños distribuidores de drogas), han sido reemplazadas por megabandas que controlan o tratan de controlar, con decenas de integrantes bien armados y ramificaciones en las cárceles, porciones de territorio donde actúan con soltura, dominan a la población y hasta imparten una especie de justicia privada.

La salud era un tema ya antes de la pandemia. Entre quienes migraron hay más de 30 mil profesionales de la salud, según sus gremios. Organizaciones de médicos conducen encuestas en las que se señala que en los principales hospitales no sólo fallan los equipos y faltan insumos y medicamentos esenciales, sino que tienen servicios intermitentes de agua y electricidad. Abundan las historias de pacientes que deben llevar productos como guantes, gasas, algodón, alcohol y hasta jabón y desinfectante para ser atendidos en los hospitales públicos. Y, fulminados los seguros debido a la hiperinflación, en las clínicas privadas los precios son sencillamente prohibitivos.

POBREZA

El panorama general es de pobreza. Una encuesta anual de tres universidades sobre las condiciones de vida, con cuestionarios respondidos por 9.900 hogares, concluyó que Venezuela ya es el país más pobre de América del Sur. Los parámetros de la existencia cotidiana la asemejan a algunos países del África subsahariana.

Si se atiende el criterio de ingresos que pauta el Banco Mundial, que ubica en la pobreza a los habitantes con menos de 5,50 dólares diarios y en la pobreza extrema a los de menos de 1,90 dólares, el 94 por ciento de la población de Venezuela está en la pobreza general y el 76 por ciento en la pobreza extrema. Si, en cambio, se considera la «pobreza multidimensional», que combina ingreso, acceso a servicios públicos, empleo, vivienda y calidad de vida, en 2019 la pobreza alcanzó al 64,8 por ciento de los 6,5 millones de hogares, un salto de más de 24 puntos con respecto al 39,3 por ciento de hogares pobres encontrados en 2014.

El descontento y la conflictividad social están a flor de piel, pero no hay un puente con la acción política. «Reducidas sus condiciones de vida, la gente protesta, pero, a la vez, desarrolla estrategias de supervivencia para resolver su vida diaria y en eso se le van todas las energías. El ejercicio ciudadano de los derechos políticos sucede en las sociedades que tienen un mínimo piso que permite pensar en la política. En Venezuela la supervivencia comporta un gasto de energía muy grande, aunque la situación se mantenga como una bomba de tiempo», opinó Infante.

REPRESIÓN

El 3 de agosto, el activista deportivo Deivis Pacheco grabó y difundió en las redes sociales un video que muestra a bomberos empujando su camión en la ciudad de Valera (centro-oeste), porque el vehículo, debido a la generalizada escasez, se quedó sin gasolina. Por ello fue detenido y está en libertad condicional desde el 5 de agosto, pero quedó procesado con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que integran sólo oficialistas.

El 13 de julio, con base en la misma ley, fue detenido el profesor universitario Nicmer Evans, quien en 2014 rompió con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora lidera el grupo izquierdista Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans conduce, además, el portal de información y opinión Punto de Corte, con duras críticas al manejo de las políticas gubernamentales en el marco de la pandemia.

Si acciones como estas se desarrollan en el campo de la expresión y la opinión, en el de la vida en las calles y los barrios la situación es mucho más áspera y letal. Un informe que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, presentó en julio de este año dio cuenta de que las fuerzas policiales abatieron a 1.324 personas en operaciones de seguridad durante los primeros cinco meses de 2020, principalmente mediante las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, seguidas de la Policía judicial y la militarizada Guardia Nacional.

«Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y el gobierno no ha manejado la epidemia como una emergencia sanitaria ni como una oportunidad para apreciar deficiencias en las políticas públicas y emprender las rectificaciones necesarias, a fin de construir un sentimiento de comunidad nacional. En su lugar, prevalece el fin político de controlar la sociedad», comentó a Brecha el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, surgida a finales del siglo XX de la mano de exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Según Uzcátegui: «Estamos a tiempo de producir las rectificaciones necesarias, y, aunque el panorama es sombrío, se trata de situaciones impredecibles. La historia de América Latina muestra que los pueblos siempre encuentran la manera de saltar los diques».

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
7 agosto, 2020

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Martes, 04 Agosto 2020 06:01

El discreto desencanto de la burguesía

El discreto desencanto de la burguesía

Agosto de 2020. La pandemia de covid-19 continúa azotando al planeta. Su letalidad es baja pero ya infectó a cerca de 15 millones y se cargó a centenares de miles. Un interrogante insólito atormentó –y, hasta cierto punto, continúa haciéndolo– a la mayoría de los gobiernos: “¿la economía o la vida?”. Gran parte de los que optaron por la “economía” luego tuvieron que adaptarse un poco más a los requerimientos de la “vida” y los que optaron –en una forma demasiado concesiva de decirlo– por la “vida” más tarde debieron inclinarse hacia la “economía”. Todos estos cambios, no obstante, resultan de lo más pragmáticos y en muchas oportunidades responden esencialmente a las “relaciones de fuerzas” y no a algún tipo de evaluación científica de “algo”. Dicho más prosaicamente, responden, en buena medida, al temor de los gobiernos a que “se los lleven puestos”.

Lo cierto es que los brotes y rebrotes de un virus –con comportamientos aún desconocidos por las ciencias médicas– paralizaron en una porción significativa a la economía capitalista mundial, poniendo en acto una crisis peor que la de 2008/9 y la más profunda desde la Gran Depresión de la década del ‘30. Una cuestión que ya es manifiesta en términos de caída del PBI global o del empleo –en lo observable hasta el momento, al menos, en países como Estados Unidos o España– y aún está por verse en lo relativo a la contracción del crecimiento del comercio mundial [1]. Como resultado, el planeta está preñado de una incertidumbre profunda, mezcla de catástrofe en apariencia “natural” con hecatombe económica que pone al desnudo la vulnerabilidad del sistema. Un sistema que a pesar del desarrollo de las “redes neuronales”, la robótica y los niveles alcanzados por la manipulación genética –que por momentos lo hacían lucir invencible– queda sometido a opciones que más bien parecen de la Edad Media.

Si miramos un poco más atrás, vemos que este shock dual y entrelazado de pandemia y crisis se acopla al estancamiento relativo, a la debilidad endémica y a la particular falta de fuerzas que la economía capitalista venía arrastrando en el curso de los últimos diez años, es decir, en el período de la recuperación post 2008/9. No resulta una cuestión menor este encadenamiento. Los ritmos de la pandemia determinarán, en parte, los tiempos y la dinámica de una recuperación económica que, naturalmente, emergerá en algún momento. Sin embargo, diversas circunstancias [2] hacen esperar que resulte –al menos en el mediano plazo– aún más débil que la del período post Lehman, sin que la economía consiga retornar a la tendencia pronosticada antes de la crisis. Si en el curso de la década pasada emergieron de manera abierta los límites del neoliberalismo y la globalización –que constituyeron, vale recordarlo, las condiciones de salida de la economía capitalista de la crisis de la década del ‘70–, esos confines se magnifican bajo las condiciones actuales. Una de las definiciones más interesantes del período actual reside en la constatación de que el capitalismo se encuentra falto de una estrategia clara de reemplazo. La debilidad económica lacerante y la ausencia de estrategia, reforzadas ahora por la pandemia y el Gran Confinamiento, vienen dando lugar a dos circunstancias que, consideradas conjuntamente, tienen el aspecto de novedad histórica.

Incertezas

La primera consiste en el hecho de que la clase dominante deja ver, a través de muchos de sus ideólogos, una pérdida de confianza o de certeza respecto de la infinitud, de la eternidad o, si se quiere, de las fuerzas internas del capitalismo. Una cuestión que se pone de manifiesto en al menos tres dimensiones.

Primero, en la tesis del “estancamiento secular”. Sostenida fundamentalmente por el ex Secretario del Tesoro de Bill Clinton, Lawrence Summers, constata esencialmente que a diferencia de lo sucedido en los mejores momentos de las décadas neoliberales, las gigantescas masas de dinero introducidas desde la crisis de 2008/9, no logran que la economía vuelva a la tendencia pronosticada previamente. Es decir, verifica el hecho novedoso y alarmante de que la economía capitalista no encuentra una fuerza que la dinamice siquiera al ritmo de la moderación de las décadas previas. Hace algunos años, Paul Krugman, refiriéndose a esta “falta de motor” e imaginando algún tipo de impulso comparable al de la Segunda Guerra Mundial, ironizaba sobre la necesidad de una “invasión alienígena” en Estados Unidos [3]. Es de esperar que la debilidad endémica de la economía continúe reinando al menos en el mediano plazo del próximo mundo post pandemia.

Segundo, en la famosa tesis del “fin del trabajo”. Un concepto que si bien merece ser discutido desde su propia definición –debido a que conlleva una carga propagandística poderosa y planteada en los estrechos límites del capitalismo resulta falsa– también guarda un elemento de verdad. Jeremy Rifkin, autor de la vieja tesis homóloga –en boga en la década del ‘90 [4]– y miembro permanente del establishment de la Unión Europea, escribió hace unos pocos años un libro titulado The zero marginal cost society (La sociedad del costo marginal cero) [5]. En ese libro –en el que, vale señalar, “el eclipse del capitalismo” aparece mencionado desde la bajada del título– Rifkin alerta que gran parte de la “vieja guardia” en el ámbito comercial no puede imaginar cómo procedería la vida económica en un mundo en el que la mayoría de los bienes y servicios resultaran casi gratuitos, las ganancias caducaran, la propiedad perdiera sentido y el mercado fuera superfluo [6]. El autor se refiere a la que sería la consecuencia lógica del desarrollo libre y acabado de las nuevas tecnologías que, al menos en el terreno digital, muestran la capacidad de reproducir ciertos servicios –música, películas, libros, etc.– sin necesidad de incorporar trabajo y casi sin gasto de capital, lo que en términos neoclásicos, se define como “costo marginal cero”. Aunque no vamos a desarrollar este complejo tema aquí resultan necesarias dos acotaciones. La primera consiste en que no puede pensarse el desarrollo libre de las tecnologías bajo condiciones capitalistas. La propiedad privada de los medios de producción moldea y hasta cierto punto coarta el desarrollo tecnológico, adaptándolo –hasta donde le es posible– a sus necesidades. Las patentes, las “subvenciones cruzadas” [7], entre otros mecanismos, son parte de las múltiples formas a través de las cuales el capital consigue convertir en valor aquello que no lo era o ponerle precio a aquello que no lo tiene. La segunda consiste en constatar la parte de verdad relativa contenida en el razonamiento de Rifkin. Porque si las tecnologías no estuvieran sujetas a los condicionamientos del capital, efectivamente su desarrollo libre exigiría cada vez menos esfuerzo de trabajo humano, supondría una mayor abundancia de bienes y servicios, el avance hacia la gratuidad, la pérdida de sentido de la propiedad privada y del mercado y, junto con ellos, de las ganancias. Advertimos que, aunque en absoluto se trate de un fenómeno enteramente nuevo –“abundancia” y “escasez” constituyen términos relativos y determinados socialmente–, lo cierto es que se vuelve mucho más agudo y contradictorio para el propio capital desde el momento en el que es posible la reproducción gratuita de determinados servicios digitales. La idea general del “fin del trabajo” en tanto tendencia y como sustrato de la eliminación progresiva del valor, los precios y la propiedad privada de los medios de producción es, a decir verdad, original de Marx y está expresada desde hace muchas décadas en los Grundrisse [8]. Los ideólogos del capital la reviven de una manera doble: por un lado, como propaganda y amenaza con pretensiones disciplinadoras de aquello que podría suceder bajo condiciones de producción capitalistas y por el otro, como percepción de la fuerza de una tendencia histórica. Vale destacar que, incluso en su acepción propagandística, la idea del fin del trabajo presupone de algún modo la segunda arista dejando traslucir la impresión de un sistema que se imagina impotente para garantizar por sus propios mecanismos internos la subsistencia de las mayorías. Una cuestión que se aprecia con bastante claridad en la difusión de la idea de la Renta Básica Universal (RBU). Propuesta sujeta a múltiples interpretaciones y cada vez más “conversada” en el contexto pandémico. Es bueno resaltar, no obstante, que las tribulaciones más actuales sobre la RBU se derivan de las consecuencias de la crisis económica y no precisamente de las del “desempleo tecnológico”.

Tercero, en la constatación del crecimiento aberrante de la desigualdad social que –con mucho atraso– conmovió al mundo académico y al establishment. Corroboración teorizada y popularizada en los últimos años por Thomas Piketty [9], economista francés que sigue los postulados del Mainstream –aunque en la actualidad viene mostrando un relativo giro a la izquierda [10]. La tesis de Piketty consiste esencialmente en demostrar que el incremento de la desigualdad patrimonial y del ingreso –característica de las décadas neoliberales– se deriva de la combinación de una alta tasa de rendimiento del capital y una baja tasa de inversión que da origen al crecimiento rezagado de una economía ascendentemente “rentística”. En sus términos, esta realidad conjunta representa la “norma” del capitalismo que resultó limitada solo excepcionalmente tras grandes shocks como las dos guerras mundiales del siglo XX, la revolución rusa de 1917 y la crisis de los años ‘30. El retorno de la “norma”, determina que la desigualdad tienda a recuperar en el presente siglo los niveles paradigmáticos de fines del siglo XIX. El problema para Piketty es que, como resabio de la excepcionalidad de posguerra, aún persiste una “clase media patrimonial” amenazada de empobrecimiento que suscitará fuertes reacciones políticas.

La tesis de Robert Gordon, economista de Harvard e integrante a través de las décadas de distintos órganos de consejo estatal, guarda puntos de contacto con la de Piketty aunque su objeto de estudio radica en la historia de las tecnologías, la productividad y el crecimiento de la economía norteamericana. Desde una visión de la economía en la que la especificidad histórica del capital y el capitalismo desaparecen casi por completo, Gordon remite a una mayoría de la existencia humana caracterizada por una “normalidad” de bajo crecimiento. Statu quo sacudido solo por el “siglo revolucionario” que se extiende entre la Guerra Civil norteamericana y la década de 1970 aunque, muy particularmente, por la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. A partir de los años ‘70 la economía pierde fuerza y –con la excepción del período 94/2004– tiende a restablecerse la “normalidad” de bajo crecimiento que se intensifica en el período post Lehman. Para el próximo cuarto de siglo, Gordon –opositor acérrimo a la tesis de una “Cuarta Revolución Industrial”– vaticina un crecimiento de la productividad y del producto claramente por debajo del promedio de los años 1970-2014. Una situación que incluso podría empeorar debido a lo que denomina “vientos en contra” conformados por la desigualdad creciente, el rezagado incremento del nivel educativo, el bajo crecimiento poblacional y la jubilación de la generación de baby boomers y, finalmente, la trayectoria ascendente e insostenible de la relación deuda/PBI [11].

En términos más generales, la constatación de la debilidad del crecimiento económico y de la inversión “real” junto con el incremento de todo tipo de deudas –personales, públicas, corporativas–, la “amenaza” tecnológica y el aumento acelerado de la desigualdad, trasciende distintas vertientes ideológicas [12] y emerge como una suerte de “nueva normalidad”. Una de sus consecuencias más inquietantes reside en la destrucción de las “clases medias” –eufemismo que normalmente se emplea para hacer referencia a amplios sectores de las clases trabajadoras [13]– o de su símbolo más acabado, el “sueño americano”, como base necesaria de sustentación de las “democracias capitalistas”. Un tema ya recurrente que, al calor de la pandemia, emerge como más urgente y preocupante en el pensamiento de diversos autores como, por ejemplo, en el del principal comentarista económico de Financial TimesMartin Wolf.

Falsas promesas (o el fin del “progreso”)

La segunda circunstancia surge del modo en el que estas vulnerabilidades del capital se traducen en la sensibilidad de millones de trabajadores y sectores populares de los países centrales y no centrales.

Lo cierto es que la debilidad económica post crisis 2008/9 aniquiló el sustituto débil de “progreso” ofrecido por el neoliberalismo a cambio de la “globalización” y la destrucción de las conquistas del llamado “Estado de Bienestar”. De alguna manera y en particular en el curso de las décadas del ‘90 y ‘2000, la proliferación del crédito al consumo –incluidas las hipotecas subprime–, la mitigación de la desigualdad entre países –habilitada por el ascenso de los llamados BRICS–, la reducción relativa de la pobreza –entendida en los términos del Banco Mundial [14]–, el “sueño chino”, el indio y hasta cierto punto el brasileño, entre otros, actuaron como factores compensatorios frente al incremento –global y al interior de la mayoría de los países– de la desigualdad. Este “intercambio satánico” es lo que, en el curso de la última década, se fue diluyendo primero en el “centro” y más tarde en la “periferia”.

Llama un tanto la atención el hecho de que, luego de tantas décadas neoliberales signadas por el incremento de la desigualdad –que originó múltiples estudios sobre el tema->https://www.jornada.com.mx/2014/09/03/opinion/034a1eco]–, recién hace pocos años el asunto alcanzara el centro de las preocupaciones de buena parte del mainstream, incluido el Fondo Monetario Internacional. Pero no es tan extraño. Lo que movilizó esta mutación es la circunstancia de que, desde el punto de vista de los “deciles menos favorecidos”, resulta más tolerable la desigualdad que la idea de la imposibilidad de “progreso” o peor aún, la del propio retroceso. Como señala Wolf, en determinadas sociedades la desigualdad como tal puede no resultar tan social o políticamente desestabilizadora. Pero la sensación de deterioro de las perspectivas para uno mismo y para los hijos, ciertamente importa como también lo hace una fuerte sensación de “injusticia”. También apuntaba, hace unos años y en base a un informe del Instituto Global McKinsey el hecho de que, mientras el aumento de la prosperidad reconcilia a las personas con las disrupciones económicas y sociales, su ausencia fomenta la ira. Recordemos que la llamada “Primavera árabe” comenzó en 2009 con la inmolación de un vendedor ambulante con título universitario en una ciudad tunecina. La falta de perspectiva se encuentra en la base de los fenómenos políticos e ideológicos que, a derecha y a izquierda, conmueven desde hace varios años a las élites o a las estructuras tradicionales en una muy vasta cantidad de países. Incluso, poco antes de la pandemia asistimos a fenómenos abiertos de lucha de clases que recorrieron gran parte del planeta.

La comunión entre pandemia y Gran Confinamiento, magnifica de una manera bastante literal esta sensación de ausencia de perspectivas. Aunque –hasta cierto punto– también actúa como factor disciplinador sumado a la contención de las políticas billonarias implementadas por los Estados. No obstante, aquello que Wolf denomina “una fuerte sensación de injusticia” desató, tras el asesinato de George Floyd, un movimiento profundo e integrador de múltiples decepciones y opresiones de negros y blancos en el corazón del imperio.

Por su parte, la letánica y lacerante distopía del “fin del trabajo” –una especie de estocada final a la idea de “progreso”– adquiere una muy particular triple manifestación en el contexto de la crisis pandémica. Por un lado, la pérdida directa de millones de puestos de trabajo no aparece asociada al “desempleo tecnológico” sino al Gran Confinamiento como imagen de la fusión entre la enfermedad y la crisis económica. Por el otro, las “cuarentenas”, en tanto elemento central de paralización económica, actúan como prueba definitiva y “auto percepción” global de que –al menos por el momento– los trabajadores y no los robots fungen como la fuerza fundamental que mueve la economía. Finalmente y muy significativo, las “empresas tecnológicas” –entre ellas PayPal, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon– son las que más incrementaron su capitalización bursátil bajo condiciones de pandemia. También el boom alcanzó a otras menores como Rappi, Globo o Pedidos Ya, de entrega de comida a domicilio. Pero, lejos de expulsar trabajo, estas empresas emergen como núcleos del llamado “trabajo esencial” y se consolidan como áreas de vanguardia de la precarización laboral. Incluso aquellos “unicornios” [15] que despidieron trabajadores, no lo hicieron en función del reemplazo tecnológico sino de su reestructuración debida a la propia crisis.

De conjunto, la pandemia y la crisis económica agudizaron el sentimiento de decepción y falta de expectativas en un sistema que, se percibe, no tiene demasiado para ofrecer. El politólogo estadounidense, Ian Bremmer, alertaba sobre este sentir hace no mucho tiempo en su libro Us vs. Them: The Failure of Globalism [16], donde incorpora el concepto de “globalismo” como intento de las élites de transmitir la idea de que la “globalización” acarrea una mejora para todos los sectores sociales. Esa es, efectivamente, la “creencia” que desapareció del imaginario y se aleja aún más con los efectos económicos de la pandemia. Cuestión que, ciertamente, genera bastante pavor en el establishment. solo por ponerle una metáfora a los nuevos vientos de época vale la pena observar que Fukuyama, por ejemplo, vuelve a evocar -a su modo- la idea de lucha de clases.

¿Vuelta al “Estado de Bienestar”?

Ya no guarda novedad alguna el hecho de que la intervención estatal sobre la economía –fundamentalmente en los casos estadounidense, de los países de la Unión Europea y Japón, en términos de magnitud– superó ampliamente los estímulos monetarios y fiscales implementados en la crisis 2008/9. La Unión Europea, incluso, acaba de aprobar un “plan anticrisis” de 750 mil millones de euros financiados con deuda común y dirigidos, bajo la modalidad de préstamos y subsidios, a los países más afectados del bloque.

La conjunción del impulso económico catastrófico de la pandemia, la crisis del esquema neoliberal –visualizado, ante todo, como incapacidad de contención sanitaria– y la situación social y política descrita más arriba, no puede, por supuesto, desvincularse de esta macro intervención. Tampoco puede pensarse abstrayéndose de las diferencias inmediatas entre los países centrales –que con tasas de interés cero o negativas poseen mayor capacidad de endeudamiento– y los países dependientes o semicoloniales de los que se fugaron en los últimos meses más de 100.000 millones de dólares. La reflexión más interesante radica, sin embargo, en los pronósticos pospandemia. Diversos sectores concluyen que, a partir de esta intervención estatal, podría abrirse paso una suerte de “estatismo reformista”. Pero el problema es que esta perspectiva no puede imaginarse por fuera ni de la debilidad que la economía capitalista arrastra hace más de 10 años encadenada sin solución de continuidad con la convulsión actual, ni de la crisis del neoliberalismo y los límites de la globalización, ni de la decadencia e incógnita sobre la “estrategia de reemplazo”, temas a los que hicimos referencia más arriba. Nos proponemos aquí solo dejar planteadas algunas líneas para la reflexión.

En primer término, consideramos que las formas particulares que adopta la actual intervención estatal no se derivan esencialmente de una “opción política” sino de las necesidades de la estructura misma del capital en el período presente. Tomemos, por ejemplo, el caso paradigmático de Estados Unidos. El economista marxista Robert Brenner señala que de los alrededor de 6 billones de dólares de estímulo fiscal implementados –según sus cálculos– en los últimos meses por el estado norteamericano, el 75 % –equivalente a aproximadamente 4,5 billones– resultó derivado al “cuidado” de las más grandes y mejores compañías mientras sólo un monto cercano a 600.000 millones tuvo como destino pagos directos en efectivo a individuos y familias, seguro de desempleo adicional y préstamos estudiantiles. A su vez, la mayor parte de aquel 75 % con destino a las grandes empresas carece de restricciones para ser utilizado en recompra de acciones, bonificaciones a los CEO, etc. [17]. Por un lado, aunque evidentemente la desproporción es notable, vale observar que incluso aquellos 600.000 millones de dólares no son poca cosa y su activación se encuentra indisolublemente asociada a las necesidades de contención del “estado de ánimo” del que hablamos en el apartado anterior. Pero por otro lado, lo que más interesa resaltar aquí es que la ausencia de restricciones para el destino de la mayor parte de aquel 75 % –que habilita, por ejemplo, la recompra de acciones como explícita contracara de la debilidad de la inversión– responde estrictamente a una modalidad de “acumulación” del capital exacerbada en el curso de la última década. La acción del Estado tiene por objeto garantizar ese patrón, del mismo modo que lo hace la compra ilimitada de deuda corporativa garantizada por la Reserva Federal desvinculando –transitoriamente– las capitalizaciones bursátiles de las tendencias de la “economía real”. Se trata de “formas” cuyo desenfreno –tanto como la necesidad estatal de sostenerlas– no se deriva, en lo esencial, de “decisiones de política” sino del agotamiento de las nuevas fuentes para la acumulación del capital conquistadas bajo el auge de las décadas neoliberales. Las crecientes tensiones chino-estadounidenses expresan, justamente, una faceta fundamental de ese agotamiento.

Si en segundo término, y en estrecha relación con el punto anterior, reflexionamos sobre el lugar del New Deal en los años ‘30, resulta obligado observar su posibilidad como estrechamente asociada a la circunstancia de que Estados Unidos, a pesar de la gran crisis, era ya la nación económicamente más pujante del planeta. Por solo acercar un ejemplo, en 1929 producía el 80 % de los vehículos automotores del mundo [18]. La ley Glass Steagall –que desvinculó a la banca de inversión de la banca comercial– resulta emblemática en tanto no puede disociarse de las posibilidades de acumulación “productiva” del capital de una nación que se abría espacio como el poder industrial del mundo. Muy lejos se ubican las características de poder financiero que, en su decadencia, distinguen al Estados Unidos de hoy. Es en el contexto de estas condiciones económicas específicas en el que debe interpretarse la laxa e incluso ambigua ley Dodd-Frank –aprobada en 2010 e impulsada por Elizabeth Warren, del ala izquierda del Partido Demócrata– como la restricción financiera más audaz a la que dio lugar el desastre desencadenado por la caída de Lehman. Las relaciones inquebrantables entre la banca comercial y de inversión, responden a las características de un capitalismo en extremo financiarizado.

En tercer término y profundizando el contraste con el New Deal, su implementación tampoco puede escindirse de las tensiones sociales insoportables generadas por la Gran Depresión combinadas con la presión ejercida por la presencia de la Revolución rusa. Circunstancias que convirtieron a la década del ‘30 en la de mayor agitación obrera de Estados Unidos. Por supuesto y sí, como es esperable, una mayor lucha de clases tiene lugar en el período pospandemia, no puede descartarse que –en tanto se transforme en una amenaza para las bases del capital– la distribución entre aquel “75 y 25 %” se modifique parcialmente ni que, incluso, se imponga algún tipo de limitación algo más firme a las operaciones financieras de las grandes corporaciones y la banca. Pero incluso, eventuales medidas tibiamente reformistas para contener procesos de lucha de clases muy probablemente resulten contestadas con mayor violencia por los sectores dominantes de un capital que adolece de nuevas fuentes rentables para su acumulación ampliada. En este contexto, también las nuevas tecnologías serán utilizadas –muy probablemente y como siempre lo fueron– como arma contra la resistencia y para incrementar la explotación y flexibilización del trabajo, lejos de eliminarlo. Vale recordar que, aún en las mencionadas condiciones excepcionales de la década del ‘30, el New Deal resultó impotente para que la economía estadounidense retornara a la tendencia pre-crisis. Incluso, en 1937 el parlamento y el establishment económico vetaron su continuidad y se produjo una nueva caída abrupta. Recién el “milagro económico” [19] de la Segunda Guerra Mundial rescató –como lo señala Gordon– a la economía norteamericana del “estancamiento secular” de los tardíos años ‘30 [20].

Más allá de las medidas inmediatas –que variarán también según los ritmos de la pandemia, la crisis y las diversas tensiones que se jueguen en los escenarios electorales– es de esperar que bajo las condiciones de su realidad actual el capital refuerce la agresividad. De hecho, ya lo estamos presenciando a través de las nuevas modalidades de flexibilización laboral implementadas bajo la excusa de la pandemia. Del mismo modo, ni bien sea posible, volverán a emerger nuevos intentos de reformas previsionales con la excusa de los enormes déficits fiscales acumulados. A su vez, los límites del neoliberalismo que se expresan –en gran medida– en contradicciones crecientes entre los Estados, es muy probable que conduzcan a diversas expresiones de mayor belicismo aunque no podamos definir sus expresiones concretas. Es de esperar que la ausencia de una “estrategia de reemplazo” y la gran dependencia económica que aún guarda la relación chino-norteamericana se traduzca, entre otras cosas, en una ofensiva más violenta estadounidense no solo para doblegar a China como competidor sino también para incrementar la libertad de acción de sus capitales en el país. Los métodos a utilizar como así también los resultados, están abiertos. Pero sean cuales fueren los escenarios, caben pocas dudas de que no es un panorama de “estatismo reformista” el que se abre para el período próximo. Asumir estas circunstancias constituye un elemento fundamental de la preparación y la estrategia necesarias para actuar en próximos acontecimientos si se desean evitar nuevas catástrofes para los trabajadores y los sectores populares, es decir, para la enorme mayoría de la humanidad.

Por Paula Bach | 04/08/2020 

 

NOTAS
[1] La Organización Mundial del Comercio pronostica una contracción para 2020 de entre el 13 y el 32 %. La brecha resulta aún demasiado amplia para proponer comparaciones históricas de utilidad.

[2] Por un lado, si las mismas políticas estatales que luego de 2008/9 buscaron contener la crisis, limitaron la destrucción de capitales y con ello, paradójicamente, acotaron la fuerza de la recuperación, es de esperar que este efecto se repita en la actualidad debido a políticas de contención estatal significativamente mayores, ver Juncal Santiago, “Pandemia y crisis: ¿adónde va la economía global?”, entrevista en La Izquierda Diario, 1/7/2020. Por otro lado, es de esperar que la reducción cualitativa de los ingresos que están sufriendo amplias franjas de trabajadores y sectores populares, sumadas a los temores instalados por la pandemia, limiten una recuperación del consumo. También, los tiempos desiguales de la pandemia en los distintos países retrasan, naturalmente, el retorno a la “normalidad” de las relaciones económicas internacionales. Además y como factor esencial, las condiciones de cooperación interestatal que en el post 2008/9 resultaron claves, se encuentran en la actualidad significativamente más dañadas y enfrentan contradicciones estructurales profundas, ver, Bach, “Paula, Crisis económica mundial: ¿escaparán los “espíritus subterráneos”?”, Ideas de Izquierda, 15-3-2020.

[3] Véase, Krugman, Paul, Acabad ya con esta crisis!, Madrid, Crítica, 2012.

[4] Rifkin, Jeremy, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era, Madrid, Paidós, 2014.

[5] Rifkin, Jeremy, The zero marginal cost society. The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2014.

[6] Rifkin, Jeremy, op. cit.

[7] Véase, Srnicek, Nick, Capitalismo de plataformas, Buenos Aires, Caja Negra, 2018.

[8] Véase, Marx, Karl, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, México, Siglo XXI editores, 1982. Antonio Negri revalorizó los Grundrisse y desarrolló en los años ‘90, una interpretación propia de esta tendencia formulada por Marx. Para una exposición sintética del planteo de Negri y una crítica, véase, Bach, Paula, “Valor, forma y contenido de la riqueza en Marx y en Antonio Negri: Una diferencia sutil pero esencial”, Estrategia Internacional 17, otoño de 2001.

[9] Véase, Piketty, Thomas, El capital en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 2014. Véase también, Esquenazi, Matías y Hernández, Mario (compiladores), El debate Piketty. Sobre El capital en el siglo XXI, Provincia de Buenos Aires, Metrópolis, 2014.

[10] Véase, Piketty, Thomas, Capital e ideología, Buenos Aires, 2019. Para una crítica, véase entre otras, Mercatante, Esteban, “Algo huele a podrido en el capitalismo: comentarios sobre lo nuevo de Thomas Piketty”, Ideas de Izquierda, 27/10/19.

[11] Véase, Gordon Robert, The rise and fall of American growth.The U.S. standard of living since the Civil War, Princeton, Princeton University Press, 2016.

[12] Véase, por ejemplo, Streeck Wolfgang, ¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia, Madrid, Traficantes de sueños, 2017, o Harvey, David, Marx, El capital y la locura de la razón económica, Buenos Aires, Akal, 2019.

[13] El Banco Mundial define a la “clase media” como hogares que tienen una baja probabilidad de caer en la pobreza pero no son ricos y cuyos ingresos oscilan entre 13 y 70 dólares diarios (PPA de 2011). Lac equity lab: pobreza, Banco Mundial, disponible online.

[14] El Banco Mundial coloca en la categoría de “pobres extremos” a aquellas personas que viven con menos de 1,9 dólares al día. Según un informe de la institución, en los 25 años transcurridos entre 1990 y 2015, la tasa de pobreza extrema –que significa, agregamos, dejar de ser muy pobre para pasar a ser solamente pobre– se redujo globalmente, en promedio, un punto porcentual por año –de casi el 36 % al 10 %– lo que significa que alrededor de 1.000 millones de personas salieron de ese estado. Sin embargo, la pobreza extrema solo disminuyó un punto porcentual entre 2013 y 2015. Banco Mundial, comunicado de prensa, septiembre 2018, disponible online. Ver, también, la crítica metodológica del jurista australiano Philip Alston, relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de las Naciones Unidas, a las investigaciones del Banco Mundial. Alston, Philip, “El lamentable estado de la erradicación de la pobreza”, Concejo de Derechos Humanos de la ONU, julio 2020, disponible online.

[15] Los llamados “unicornios” son empresas emergentes, innovadoras en tecnologías, valuadas en 1.000 millones de dólares o más.

[16] Bremmer, Ian, Us vs. Them: The Failure of Globalism, Nueva York, Penguin, 2018.

[17] Brenner, Robert, “Escalating Plunder”, New Left Review 123, mayo-junio 2020, disponible online.

[18] Gordon, Robert, op. cit.

[19] “Milagro” que, como es sabido, implicó más de 60 millones de muertos, la destrucción de gran parte de Europa, Hiroshima y Nagasaki, entre otros muchos hechos prodigiosos.

[20] Ídem.

Fuente: https://www.izquierdadiario.es/El-discreto-desencanto-de-la-burguesia

Publicado enSociedad
Olla popular en Perú.   ________________________________________ Imagen: EFE

"El virus, como el terrorismo, no respeta fronteras" afirma Antonio Guterres

Entre 83 millones y 132 millones de personas se agregarán en 2020 a las que ya sufrían el hambre: será consecuencia de la recesión económica provocada por la pandemia. 

 

Desde Roma. Naciones Unidas estima que a causa de la covid 19, el hambre aumentará de modo alarmante en el mundo, agregando un mínimo de 83 millones y un máximo de 132 millones, a los 690 millones de personas que ya padecían hambre en el mundo en 2019, según un informe difundido este lunes.

En el mundo se habla sobre todo de las consecuencias económicas del coronavirus, centrando las preocupaciones en el gran nivel de desocupación generado (la Organización Internacional del Trabajo calcula la pérdida de unos 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo), en la alarmante pobreza y el hambre. Pero el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inaugurar el 6 de julio en la ONU de Nueva York la Semana contra el Terrorismo, mencionó además la posibilidad de que las debilidades del sistema que han salido a relucir con la pandemia, puedan ser aprovechadas por “formas nuevas de terrorismo” como ataques cibernéticos, bioterrorismo y mal uso de las tecnologías. “Como el virus, el terrorismo no respeta fronteras”, dijo Guterres, señalado que “afecta a todas las naciones y sólo puede vencerse colectivamente”.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, el estudio realizado por distintas instituciones de Naciones Unidas difundido este lunes, los 690 millones de hambrientos de 2019 significan un aumento de 10 millones respecto a 2018. El informe fue difundido pocos días después de que el secretario Guterres presentara el 9 de julio otro documento sobre el impacto del covid-19 en América Latina y el Caribe, aconsejando a los gobiernos a tomar ciertas medidas para la recuperación de la crisis, reduciendo la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Aunque la ONU reconoce que todavía es un poco temprano para establecer los efectos reales de las cuarentenas en los distintos países y de las otras medidas de contención aplicadas, estima sin embargo que los 83/132 millones que se agregarán en 2020 a los que ya sufrían el hambre, serán el efecto de la recesión económica provocada por el coronavirus. Estos datos hacen cada vez más difícil conseguir el objetivo de “Cero Hambre en 2030” que se había propuesto la ONU, dice el informe elaborado entre otros por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Alimentario mundial (PAM) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), las tres con sede en Roma, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asia es el continente con más desnutridos (381 millones), seguido por África (250 millones) y América Latina y Caribe (48 millones), dijo el informe ONU. Es necesario aclarar que Asia es el continente con más población (más de 4.600 millones según estimaciones para el 2020), seguido por África (unos 1.300 millones). América Latina y Caribe en torno a los 650 millones de habitantes pero eso no la salva de la pobreza y el hambre. El mayor porcentaje de desnutridos en proporción a la población está en Africa (19,1%), seguido de Asia (8,3%) y América Latina (7,4%), precisó el informe ONU. Si se continúa con esta tendencia, en 2030, África será el lugar donde se encontrará más de la mitad de las personas que sufren hambre en el mundo, añadió.

“La pandemia intensificó la vulnerabilidad y las deficiencias del sistema alimentario mundial”, afectando las actividades productivas, la distribución y el consumo de alimentos. Por eso el estudio llamó a todos los gobiernos a incorporar el tema nutrición en sus políticas agrícolas, tratando de disminuir los costos de la producción, transporte y distribución y apoyando a los productores pequeños y locales para cultivar y vender más alimentos nutritivos, asegurando su acceso a los mercados. La idea es dar prioridad además a la nutrición de los niños, fomentando cambios en la educación y en los medios de comunicación, a fin de favorecerla, pero también facilitar el acceso a dietas saludables que podrán ser diferentes de un país a otro.

En cuanto a América Latina y el Caribe en particular, el documento difundido por la ONU el 9 de julio destacó que la región se ha transformado en un punto de acceso de la pandemia donde los más vulnerables sectores de la población son una vez más los más afectados y mencionando en este sentido a las mujeres, los ancianos, los indígenas, los africano-descendientes, los migrantes y refugiados, entre otros.

“Para Latinoamérica y el Caribe la comunidad internacional debe proveer liquidez (dinero efectivo), asistencia financiera y aliviar sus deudas”, subrayó Guterres al presentar el documento sobre Latinoamérica. “En una región donde las desigualdades se han hecho insostenibles, es necesario desarrollar un sistema de asistencia social accesible a todos”, creando además un sistemas de impuestos equitativo, promoviendo trabajos decentes y reforzando los mecanismos de protección social, fomentando, entre otras cosas, la participación masiva de las mujeres en la vida pública y económica. “Junto podemos superar esta crisis y construir una sociedad sostenible para todos”, concluyó el secretario general de Naciones Unidas.

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Elegir la audacia: el pacto ecosocial del sur

Es tiempo de elegir la audacia. No en solitario, porque si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todas y todos dependemos de todas y todos. Es importante atreverse en colectivo. A eso nos convoca un amplio grupo de personas del sur global, de toda América Latina, de algunas naciones europeas y de Estados Unidos. Podríamos mencionar algunos nombres famosos, pero no queremos menospreciar a tantos nombres que nos suenan desconocidos, pero que resultan tan importantes como los demás.

 

Todas estas personan firman el documento: Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina, que sigue abierto a quienes quieran suscribirlo en el sitio https://pactoecosocialdelsur.com/

 

El llamado parte de las verdades que hemos constatado con la pandemia: se puede detener la desbocada carrera del capital cuando la vida está en peligro, así como la destrucción de ecosistemas y la emisión de CO2. La crisis desnuda y exacerba las desigualdades sociales y planetarias y muestra que nuestro futuro está en juego.

 

También hemos caído en la cuenta que podemos vivir fuera de la lógica del consumismo exacerbado, de la acumulación sin límite y dentro de redes de ayuda mutua y de intercambios no monetarios. Hemos valorado nuestra codependencia, la importancia de la naturaleza, de la que formamos parte, de las relaciones afectivas, de los cuidados, de la reciprocidad, del sentido de la comunidad.

 

Esta nueva conciencia hace viables los inéditos que antes no lo parecían. Es a partir de estas constataciones que se propone el Pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina.

 

No se trata, y hay que dejarlo bien claro, de una nueva "carta a Santa Claus", una serie de demandas a los gobiernos. Más que nada es una invitación a construir "imaginarios colectivos, a acordar un rumbo compartido de transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades". Más que esperar que vengan de arriba, el pacto invita a desarrollar fuerza y organización en la sociedad para imponer estos cambios a las instituciones, articulando justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Se divide en nueve puntos:

 

Transformación Tributaria Solidaria. Es necesario estructurar propuestas de reformas tributarias a nivel nacional que incluyan impuestos a las herencias, a las grandes fortunas, a los mega proyectos, a las ganancias financieras, al daño ambiental, mientras se legisla para impedirlo totalmente

 

Anulación de las deudas externas de los estados, sobre todo de los países del sur global y construcción de una nueva arquitectura financiera mundial que permita la reconstrucción de las economías, las sociedades y el medio ambiente y sea un paso en la reparación histórica por tantos siglos de despojo.

 

Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado: la sostenibilidad de la vida debe estar en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho de toda persona y a él deben concurrir el Estado, las empresas y las comunidades. Hay que redistribuir las tareas del cuidado entre las clases sociales y los géneros, pues ahora sólo recae en las mujeres. Deben implementarse políticas públicas que construyan redes de protección social en favor de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad. Esto implica terminar con la precariedad laboral y de ingreso de las familias.

 

Una Renta Básica Universal: sería el punto de partida de la política social, se concibe como un derecho básico de todas y todos para poder salir de la extrema pobreza y debe sustituir a las transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. Se combinaría con la disminución del tiempo de trabajo formal sin disminuir el salario para dedicar más tiempo a la convivencia familiar y a los cuidados.

 

Priorizar la Soberanía Alimentaria. Desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y a la tierra. Priorizar la producción agroecológica, pesquera, campesina y urbana por sobre la agricultura industrial de exportación, con todos sus nefastos efectos ambientales y sociales. Fortalecer los mercados campesinos y locales.

 

Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Es necesaria una transición socioecológica radical y progresiva de la dependencia del petróleo del carbón y del gas, de la minería –incluida la del agua– de la deforestación y de los monocultivos para cuidar los comunes y regenerar nuestras sociedades.

 

Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, pues actualmente los medios y las redes sociales son dominadas por las corporaciones más poderosas.

 

Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. Las cadenas de valor de la globalización neoliberal se han cimbrado con la pandemia. Por eso es importante reconstruir la economía y la política con base en la autonomía y sostenibilidad de lo local. Fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afroestadunidenses y de las comunidades urbano-populares.

 

Por una integración regional y mundial soberana. Fortalecer los intercambios locales, regionales, nacionales y a escala latinoamericana, con autonomía del mercado mundial globalizado y su instrumento: el dólar. Diversificarnos y complementarnos como comunidad económica latinoamericana.

 

Aquí está una agenda, un referente para nuestras luchas. No podemos esperar a que los grandes actores políticos comiencen a operar los cambios que nos exige el mundo después de la pandemia. Hay que cultivarlos desde abajo, desde ahora. La única manera de continuar siendo, es siendo audaces.

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La pobreza pone más difícil envejecer disfrutando de la vida

Un estudio dirigido por la University College de Londres muestra que la edad tiene efectos más negativos en las personas con orígenes socioeconómicos bajos. No solo sufren más enfermedades graves, también tienen situaciones físicas, emocionales y sociales más desfavorables.

Eva Rodríguez (SINC)

Muchos estudios han demostrado que un estatus socioeconómico bajo aumenta el riesgo de muerte prematura y problemas de salud graves. Sin embargo, no estaba claro si la pobreza está asociada además con otros factores del envejecimiento que no se vinculan directamente con las enfermedades.

Un equipo del University College de Londres (Reino Unido) ha examinado la relación entre la riqueza y la tasa de disminución de las funciones físicas, sensoriales, fisiológicas, cognitivas, emocionales y sociales en mayores de 52 años.

"Sabemos que las personas con menor estatus socioeconómico tienen un mayor riesgo de enfermedad en la vejez, pero lo que este estudio indica es que también corren el riesgo de ver alteradas otras funciones propias de la edad, no solo asociadas a la salud", explica a SINC Andrew Steptoe, investigador del departamento de Salud y Epidemiología de la University College de Londres, que lidera el estudio.

El trabajo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), utilizó una muestra de 5.018 participantes con una edad promedio de 64 años procedentes del denominado Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento (ELSA, por sus siglas en inglés). Los evaluaron en 2004 y ocho años más tarde, en 2012.

Los efectos observados son amplios. Van desde diferencias en la capacidad física, como pueden ser la fuerza y la actividad física, o con la memoria, vista y capacidad pulmonar, así como el bienestar emocional y social.

Por ejemplo, encontraron que las personas con una mala situación socioeconómica son menos proclives a participar en actividades culturales o de voluntariado; y sufren más problemas de la vista y síntomas depresivos.

Deterioro general en todos los aspectos

Este deterioro más rápido se produjo en todas las áreas medidas sin excepción, con patrones que no podían atribuirse a diferencias en el estado de salud.

"Hicimos el estudio en Inglaterra, por lo que no sabemos si estas mismas diferencias están presentes en otros países. Sin embargo, muchos países europeos muestran desigualdades socioeconómicas en estas funciones, como es el caso de España", añade Steptoe.

"Lo que estos resultados sugieren es que incluso cuando tenemos en cuenta las tasas de enfermedades, hay diferencias fundamentales en el envejecimiento en múltiples indicadores. Esto no se resuelve proporcionando atención médica para todos, sino que dependen de otros aspectos de la vida de las personas a lo largo de su curso", enfatiza el investigador.

Según los autores, los hallazgos implican que las circunstancias sociales pueden tener efectos generalizados en los procesos básicos de envejecimiento.

"Necesitamos entender el papel de las múltiples fuentes de estrés que afectan a las personas de manera desigual y las limitaciones que presentan los más vulnerables para mantener el bienestar", concluye.

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Caravana de Mujeres Centroamericanas.

En situación de calle, bajo el sol en la ruta, abandonados o detenidos en las cárceles de frontera. El covid-19 expulsa a miles de migrantes latinoamericanos que, sin trabajo ni vivienda, emprenden distintas travesías agobiados por el hambre y el miedo.

 

“Quiero irme a Bolivia, tengo mis hijas allá, nosotros vinimos solamente a trabajar”, contaba Marina a la prensa chilena, mientras acampaba frente al Consulado de Bolivia en este país. Mientras tanto, a miles de kilómetros, migrantes centroamericanos que tenían como destino la deportación eran abandonados en la frontera sur de México. “Nos botaron aquí porque no sabían qué hacer. Ahora a ver cómo le hacemos para volver a nuestro país sin dinero y con la frontera cerrada”, decía Anthony, migrante guatemalteco.

Por estos días América Latina ve crecer el número de contagios, al mismo tiempo que aumentan las restricciones que vacían las ciudades expulsando a la población más pobre. Los migrantes son parte de este sector sumergido que no se puede quedar en casa al vivir al día con trabajos informales y alojamientos temporales. Personas que en los últimos años se desplazaron por razones económicas, pero también forzadas por contextos de violencia o los efectos que el cambio climático genera en sus territorios.

“Estamos hablando de flujos mixtos. Las fronteras entre migrante y refugiado son cada vez menos claras en los flujos contemporáneos”, explica a El Salto María del Carmen Villareal, investigadora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, especializada en migraciones internacionales y derechos humanos.

Un fenómeno reciente es el aumento de los flujos intrarregionales que responden a las restricciones impuestas por el norte global, pero también a la mejora de las políticas migratorias que facilitaron la movilidad y las residencias en América del Sur durante los Gobiernos progresistas. Según datos de 2019, hay más de 7,5 millones de migrantes sudamericanos en esta región. El fenómeno más visible es el venezolano, que tiene como principales destinos Colombia, Perú y Ecuador. Pero también aumentó el desplazamiento de nicaragüenses a Costa Rica o de centroamericanos que tenían a Estados Unidos como destino y terminaron quedándose en México, debido a los fuertes controles migratorios que impone el Gobierno de Donald Trump.

Si bien el objetivo de los migrantes es encontrar un futuro mejor, también es una vía para ayudar a sus familias a través del envío de remesas. En varios países esta contribución es muy significativa a nivel económico: en Haití representan más del 30% del PBI, en El Salvador y Honduras el 20% y en Guatemala y Nicaragua su peso es superior al 10%. Sin embargo, el informe Especial covid-19 de la CEPAL muestra que debido al coronavirus estas podrían contraerse entre un 10% y un 15%. El estudio también revela que llevaría entre tres y cuatro años recuperar el nivel alcanzado en 2019.

Según datos también de CEPAL, antes de la pandemia, América Latina mostraba bajo crecimiento económico, la tasa de desempleo alcanzaba el 8,1%, y el trabajo informal afectaba al 54% de los trabajadores. Un panorama que se agravará con la crisis sanitaria, y que si bien los Gobiernos han querido contrarrestar implementando medidas de apoyo a los sectores más afectados, en su mayoría son ayudas que están orientadas a nacionales o a migrantes con sus documentos regularizados.

VOLVER

La desprotección y el riesgo que supone el contagio los destina otra vez al desarraigo, con un efecto que hasta hace unos meses parecía imposible: el retorno a sus países de origen. “Es mejor vivir la miseria de uno con su familia”, dice una migrante venezolana que se arriesga a cruzar con sus hijas a cuestas por uno de los pasos irregulares, los “tronchos”, que conectan la frontera de Venezuela con Colombia.

La crisis del coronavirus generó el cierre de la mayoría de la fronteras, aunque en un continente caracterizado por la porosidad de sus límites el bloqueo nunca es definitivo. “Allí hay muchísimos peligros. Son personas que se han quedado sin nada, que no tenían para comer y que están tratando de volver para tener un techo. En el caso de las mujeres es muy importante tener una mirada de género. Porque muchas migrantes hablan del peaje migratorio, de la posibilidad de ser violadas“, señala la politóloga brasileña.

En el caso de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro habilitó algunos corredores humanitarios de retorno. Días atrás salieron diez autobuses de Cali a la ciudad venezolana de Cúcuta. Sin embargo, la mayoría de las personas están retornando a través de los “tronchos”, a donde llegan también decenas de venezolanos provenientes de Ecuador y Perú, dispuestos a arriesgarse luego de haber atravesado miles de kilómetros.

Según datos del consulado de la República Bolivariana en Quito, en Ecuador hay más de 17.000 personas anotadas a la espera de un vuelo humanitario. En los primeros días de mayo, dos aviones de la empresa aérea Conviasa llegaron a la capital ecuatoriana y retornaron a Caracas con 180 ciudadanos. Sin embargo, el cónsul venezolano, Pedro Sassone, dijo que hasta el momento no saldrán más vuelos. “Además de la parte económica está también el lado emocional, que es súper agobiante. La mayoría de los venezolanos se ve sola, y depende de las buenas personas que tengan a su alrededor”, explica a El Salto Lucía León, politóloga venezolana especializada en relaciones internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

En estos días, muchos venezolanos han sido expulsados de sus viviendas, sobre todo en Quito y Guayaquil, donde se concentra casi un 70% de los 500.000 que están en el país. Una región en la que también se da la mayor cantidad de contagios y muertes, lo que incrementa la estigmatización y xenofobia debido a las noticias falsas que los culpan de la propagación del virus. Según cuenta León, “hay muchas denuncias de que los servicios de emergencia no te atienden si se dan cuenta de que eres venezolano”. Ecuador dispone de un sistema universal de salud que incluye a toda la población, algo que no habitual en todos los países de la región.

También en Perú, donde viven alrededor de un millón de venezolanos, la situación es acuciante. Si bien se han generado ayudas mínimas como la de Acnur, que brinda 80 soles (100 dólares) a migrantes sin importar su situación legal, para ello es necesario contar con una cuenta bancaria. “Algo a lo que no tiene acceso la población que se encuentra en situación irregular", explica del otro lado del teléfono Martha Fernández, refugiada que vive desde hace tres años en el país e integra la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables.

En Brasil, el Estado incluye en sus planes de ayudas sociales a la población refugiada y migrantes regularizados. Si bien el giro a la derecha en la región marcó un momento más restrictivo con políticas que dejan de lado la retórica pro derechos humanos, algunos Gobiernos han instrumentalizados ideológicamente los flujos migratorios. “En Brasil tienes a Bolsonaro, que mucha gente podría pensar es un error en todos los sentidos, que no hay duda de eso, pero él aprobó miles de solicitudes de refugio para venezolanos”, explica la investigadora Villarreal. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil organizaron la campaña #RegularizaçãoJá, que exige una regularización permanente para todos los migrantes del país.

También en Argentina, país con una larga historia como receptor de migrantes, la Secretaría de Trabajadores Migrantes (STM) tiene el mismo reclamo. Más en estos días en que el Gobierno de Alberto Fernández creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que deja por fuera a los migrante que no están regularizados o a quienes tienen la residencia legal inferior a dos años. En el período del presidente Mauricio Macri se aprobó el Decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017), que retrasó la entrega de la documentación de residencia. Más de 70.000 expedientes estaban a la espera de su aprobación, multiplicándose en estos días debido a la paralización de las actividades por la cuarentena obligatoria.

La STM tiene un diálogo fluido con el Gobierno de Fernández y en este contexto le envió una carta en la que le solicita el acceso al IFE sin restricciones, aunque el intercambio con las autoridades es con una mirada a largo plazo. “Hay que hablar con el Estado de igualdad de derechos para todos y todas, no paliativos que se den solo durante la pandemia. Medidas de 'cuando me sirven regularizo a los migrantes por un tiempo, y cuando no, que vuelvan a su estadío normal, que es el del trabajo informal, la trata de personas, la prostitución'”, cuenta a El Salto Lila Báez, migrante paraguaya, vocera del STM. Mientras tanto, la organización está realizando ollas populares en las barriadas y villas del país, donde vive la mayoría de la población migrante. En estos días Argentina registró un aumento de contagios de coronavirus, sobre todo en estas zonas más empobrecidas.

Mientras tanto, en países como Perú, Chile y México se han establecido medidas de regularización especial, pero solo para la contratación de personal sanitario extranjero que no contaba con sus documentos regularizados, permitiendo que médicos, enfermeros y especialistas de otros países puedan ejercer durante el período que dure la pandemia.

SIN SALIDA

Pero el cierre de las fronteras también genera que muchas personas queden cautivas o varadas en las ciudades limítrofes entre los países. México, país que con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador militarizó todo el territorio y se convirtió en gran receptor de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, tiene detenidas a cientos de personas en sus estaciones migratorias. “Es una situación difícil, con mucha población en espera o atrapada, principalmente la población centroamericana que cruzó el país en las caravanas migrantes. Muchas que incluso han solicitado refugio o que ya tienen este estatus”, cuenta Luciana Gandini, especializada en estudios sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Frente a esta situación, organizaciones de derechos humanos, como el centro Fray Matías de Córdoba, denunciaron que la situación era insostenible, con las personas angustiadas debido al encierro indefinido y a la poca información que reciben en espacios que no cumplen con las medidas mínimas de salubridad. En estos días se han realizado distintas protestas en las cárceles migratorias, que fueron reprimidas de manera violenta por las autoridades mexicanas. En unos de estos reclamos, en la estación migratoria de Tenosique, en el Estado de Tabasco, falleció un migrante guatemalteco. El hombre era solicitante de asilo y estaba previsto que fuera liberado en dos días para continuar con su trámites.

La muerte del migrante guatemalteco recrudeció las protestas, lo que generó que el Instituto Nacional de Migración decidiera vaciar algunos de los centros y trasladar a los migrantes a la frontera sur con Guatemala. “Lo que hizo fue subirlos a camiones y autobuses, en teoría para devolverlos a sus países, pero la frontera está cerrada y no los puede devolver. Entonces los deja en una ciudad fronteriza como Talismán. Imagínate lo que implica eso en términos de xenofobia y de discriminación cuando tú en una ciudad pequeña que ya viene afectada dejas a cientos de personas sin ningún tipo de plan”, señala Gandini.

Junto a ellos también se encontraban migrantes centroamericanos que Estados Unidos había deportado en los últimos días, ya que el país no detuvo las audiencias. Incluso en el contexto de la pandemia se incrementaron las “devoluciones en caliente”. La patrulla fronteriza tarda 96 minutos en devolver a las personas que detiene en los cruces irregulares. “Es interesante pensar que el acuerdo por el cual se cerró la frontera entre Estados Unidos y México dice literalmente que se cierra para los flujos no esenciales. Por lo tanto la deportación es considerada un flujo esencial. Llevada a cabo además sin ningún tipo de control sanitario, lo que implica un riesgo altísimo para México”, afirma la investigadora de la UNAM.

En la página oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), se reconoce que en los centros de detención donde son alojados antes ser deportados hay personas infectadas. Sin embargo, en ninguno de los países se realizan test o se implementan medidas de aislamiento antes o después de ser devueltos a México.

La implementación de medidas sanitarias no implica necesariamente el respeto de los derechos humanos. En Costa Rica, bajo el argumento de asegurar “la seguridad pública”, el Gobierno instaló una base área militar en la frontera con Nicaragua para impedir la llegada de ciudadanos de este país. También en Bolivia, en la localidad de Pisiga, frontera con Chile, el Gobierno obliga a los trabajadores que retornan del país andino a realizar la cuarentena en un campamento militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a exigir “el desplazamiento inmediato de estas personas a localidades de Bolivia” y recordó que “los Gobiernos están obligados a recibir a sus migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.

TAMBIÉN EN CASA

Pero la movilidad que obliga la pandemia no solo se da atravesando fronteras externas. El coronavirus también generó éxodos internos. En Lima, capital de Perú, miles de pobladores provenientes de zonas andinas y selváticas que migraron a la capital en busca de mejores condiciones de vida están retornando a sus comunidades rurales. Uno de los flujos se dirige hacia los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, zonas que alcanzan una tasa del 53% de pobreza.

Según explica Martín Souto, docente peruano que trabaja asesorando a los Gobiernos locales de estas regiones, “esto lleva a un redescubrimiento de la importancia de estas comunidades para la alimentación. Son territorios que abastecen el mercado nacional y regional de papas nativas, habas, cebada”. En total hay 6.600 comunidades campesinas y nativas que son dueñas de la tierra, pero que pese a la riqueza de sus campos ven migrar a sus pobladores hacia otros zonas, no solo a la capital.

El Gobierno de Martín Vizcarra abrió una página web para que la población que quiera retornar se inscriba y pueda contar con opciones de traslado. Pero en estos días 170.000 inscripciones desbordaron la capacidad estatal. En Lima se anotaron 13.000 personas para regresar a Ayacucho. Sin embargo, hasta el momento, regresaron de manera oficial 700 personas. Mientras tanto, se estima que 6.000 pobladores están retornando por su cuenta. En el Perú profundo, el “no oficial”, miles personas se entrecruzan exhaustas luego de largas caminatas al sol con el único objetivo de regresar a casa. 

El 16 de marzo, cuando Perú implementó la cuarentena —hoy uno de los países con más casos—, las comunidades rurales de Huancavelica cerraron sus territorios. “La gente decía: 'Si acá entro en crisis, ¿quién me salva? Nadie. Entonces que no vengan, porque nosotros estamos sanos aquí'. Se habla mucho de la solidaridad, pero la gente que es pobre no tiene hospitales en el campo, está lejos y es precario”, afirma Souto. Luego de los primeros días de pánico, ahora la población permite el ingreso de los retornantes. Incluso se reactivaron las rondas campesinas que nacieron para enfrentar al grupo armado Sendero Luminoso, y que en este contexto se encargan de controlar que las personas que llegan respeten el aislamiento.

La pandemia encontró a América Latina en un momento histórico de movilidad intrarregional, con miles de personas forzadas a salir de sus territorios en busca de un futuro mejor. Al inicio de la crisis sanitaria se planteó que el virus era un “gran nivelador” que no entendía de razas, clases sociales o procedencia. Sin embargo, el #quedateencasa es imposible para los migrantes que, sin recursos y con Gobiernos que los invisibilizan, se ven obligados a emprender otra vez el camino del desarraigo.

Por Cecilia Osorio

Montevideo (Uruguay)

26 may 2020 06:00

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