Olla popular en Perú.   ________________________________________ Imagen: EFE

"El virus, como el terrorismo, no respeta fronteras" afirma Antonio Guterres

Entre 83 millones y 132 millones de personas se agregarán en 2020 a las que ya sufrían el hambre: será consecuencia de la recesión económica provocada por la pandemia. 

 

Desde Roma. Naciones Unidas estima que a causa de la covid 19, el hambre aumentará de modo alarmante en el mundo, agregando un mínimo de 83 millones y un máximo de 132 millones, a los 690 millones de personas que ya padecían hambre en el mundo en 2019, según un informe difundido este lunes.

En el mundo se habla sobre todo de las consecuencias económicas del coronavirus, centrando las preocupaciones en el gran nivel de desocupación generado (la Organización Internacional del Trabajo calcula la pérdida de unos 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo), en la alarmante pobreza y el hambre. Pero el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inaugurar el 6 de julio en la ONU de Nueva York la Semana contra el Terrorismo, mencionó además la posibilidad de que las debilidades del sistema que han salido a relucir con la pandemia, puedan ser aprovechadas por “formas nuevas de terrorismo” como ataques cibernéticos, bioterrorismo y mal uso de las tecnologías. “Como el virus, el terrorismo no respeta fronteras”, dijo Guterres, señalado que “afecta a todas las naciones y sólo puede vencerse colectivamente”.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, el estudio realizado por distintas instituciones de Naciones Unidas difundido este lunes, los 690 millones de hambrientos de 2019 significan un aumento de 10 millones respecto a 2018. El informe fue difundido pocos días después de que el secretario Guterres presentara el 9 de julio otro documento sobre el impacto del covid-19 en América Latina y el Caribe, aconsejando a los gobiernos a tomar ciertas medidas para la recuperación de la crisis, reduciendo la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Aunque la ONU reconoce que todavía es un poco temprano para establecer los efectos reales de las cuarentenas en los distintos países y de las otras medidas de contención aplicadas, estima sin embargo que los 83/132 millones que se agregarán en 2020 a los que ya sufrían el hambre, serán el efecto de la recesión económica provocada por el coronavirus. Estos datos hacen cada vez más difícil conseguir el objetivo de “Cero Hambre en 2030” que se había propuesto la ONU, dice el informe elaborado entre otros por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Alimentario mundial (PAM) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), las tres con sede en Roma, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asia es el continente con más desnutridos (381 millones), seguido por África (250 millones) y América Latina y Caribe (48 millones), dijo el informe ONU. Es necesario aclarar que Asia es el continente con más población (más de 4.600 millones según estimaciones para el 2020), seguido por África (unos 1.300 millones). América Latina y Caribe en torno a los 650 millones de habitantes pero eso no la salva de la pobreza y el hambre. El mayor porcentaje de desnutridos en proporción a la población está en Africa (19,1%), seguido de Asia (8,3%) y América Latina (7,4%), precisó el informe ONU. Si se continúa con esta tendencia, en 2030, África será el lugar donde se encontrará más de la mitad de las personas que sufren hambre en el mundo, añadió.

“La pandemia intensificó la vulnerabilidad y las deficiencias del sistema alimentario mundial”, afectando las actividades productivas, la distribución y el consumo de alimentos. Por eso el estudio llamó a todos los gobiernos a incorporar el tema nutrición en sus políticas agrícolas, tratando de disminuir los costos de la producción, transporte y distribución y apoyando a los productores pequeños y locales para cultivar y vender más alimentos nutritivos, asegurando su acceso a los mercados. La idea es dar prioridad además a la nutrición de los niños, fomentando cambios en la educación y en los medios de comunicación, a fin de favorecerla, pero también facilitar el acceso a dietas saludables que podrán ser diferentes de un país a otro.

En cuanto a América Latina y el Caribe en particular, el documento difundido por la ONU el 9 de julio destacó que la región se ha transformado en un punto de acceso de la pandemia donde los más vulnerables sectores de la población son una vez más los más afectados y mencionando en este sentido a las mujeres, los ancianos, los indígenas, los africano-descendientes, los migrantes y refugiados, entre otros.

“Para Latinoamérica y el Caribe la comunidad internacional debe proveer liquidez (dinero efectivo), asistencia financiera y aliviar sus deudas”, subrayó Guterres al presentar el documento sobre Latinoamérica. “En una región donde las desigualdades se han hecho insostenibles, es necesario desarrollar un sistema de asistencia social accesible a todos”, creando además un sistemas de impuestos equitativo, promoviendo trabajos decentes y reforzando los mecanismos de protección social, fomentando, entre otras cosas, la participación masiva de las mujeres en la vida pública y económica. “Junto podemos superar esta crisis y construir una sociedad sostenible para todos”, concluyó el secretario general de Naciones Unidas.

Publicado enInternacional
Elegir la audacia: el pacto ecosocial del sur

Es tiempo de elegir la audacia. No en solitario, porque si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todas y todos dependemos de todas y todos. Es importante atreverse en colectivo. A eso nos convoca un amplio grupo de personas del sur global, de toda América Latina, de algunas naciones europeas y de Estados Unidos. Podríamos mencionar algunos nombres famosos, pero no queremos menospreciar a tantos nombres que nos suenan desconocidos, pero que resultan tan importantes como los demás.

 

Todas estas personan firman el documento: Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina, que sigue abierto a quienes quieran suscribirlo en el sitio https://pactoecosocialdelsur.com/

 

El llamado parte de las verdades que hemos constatado con la pandemia: se puede detener la desbocada carrera del capital cuando la vida está en peligro, así como la destrucción de ecosistemas y la emisión de CO2. La crisis desnuda y exacerba las desigualdades sociales y planetarias y muestra que nuestro futuro está en juego.

 

También hemos caído en la cuenta que podemos vivir fuera de la lógica del consumismo exacerbado, de la acumulación sin límite y dentro de redes de ayuda mutua y de intercambios no monetarios. Hemos valorado nuestra codependencia, la importancia de la naturaleza, de la que formamos parte, de las relaciones afectivas, de los cuidados, de la reciprocidad, del sentido de la comunidad.

 

Esta nueva conciencia hace viables los inéditos que antes no lo parecían. Es a partir de estas constataciones que se propone el Pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina.

 

No se trata, y hay que dejarlo bien claro, de una nueva "carta a Santa Claus", una serie de demandas a los gobiernos. Más que nada es una invitación a construir "imaginarios colectivos, a acordar un rumbo compartido de transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades". Más que esperar que vengan de arriba, el pacto invita a desarrollar fuerza y organización en la sociedad para imponer estos cambios a las instituciones, articulando justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Se divide en nueve puntos:

 

Transformación Tributaria Solidaria. Es necesario estructurar propuestas de reformas tributarias a nivel nacional que incluyan impuestos a las herencias, a las grandes fortunas, a los mega proyectos, a las ganancias financieras, al daño ambiental, mientras se legisla para impedirlo totalmente

 

Anulación de las deudas externas de los estados, sobre todo de los países del sur global y construcción de una nueva arquitectura financiera mundial que permita la reconstrucción de las economías, las sociedades y el medio ambiente y sea un paso en la reparación histórica por tantos siglos de despojo.

 

Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado: la sostenibilidad de la vida debe estar en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho de toda persona y a él deben concurrir el Estado, las empresas y las comunidades. Hay que redistribuir las tareas del cuidado entre las clases sociales y los géneros, pues ahora sólo recae en las mujeres. Deben implementarse políticas públicas que construyan redes de protección social en favor de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad. Esto implica terminar con la precariedad laboral y de ingreso de las familias.

 

Una Renta Básica Universal: sería el punto de partida de la política social, se concibe como un derecho básico de todas y todos para poder salir de la extrema pobreza y debe sustituir a las transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. Se combinaría con la disminución del tiempo de trabajo formal sin disminuir el salario para dedicar más tiempo a la convivencia familiar y a los cuidados.

 

Priorizar la Soberanía Alimentaria. Desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y a la tierra. Priorizar la producción agroecológica, pesquera, campesina y urbana por sobre la agricultura industrial de exportación, con todos sus nefastos efectos ambientales y sociales. Fortalecer los mercados campesinos y locales.

 

Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Es necesaria una transición socioecológica radical y progresiva de la dependencia del petróleo del carbón y del gas, de la minería –incluida la del agua– de la deforestación y de los monocultivos para cuidar los comunes y regenerar nuestras sociedades.

 

Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, pues actualmente los medios y las redes sociales son dominadas por las corporaciones más poderosas.

 

Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. Las cadenas de valor de la globalización neoliberal se han cimbrado con la pandemia. Por eso es importante reconstruir la economía y la política con base en la autonomía y sostenibilidad de lo local. Fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afroestadunidenses y de las comunidades urbano-populares.

 

Por una integración regional y mundial soberana. Fortalecer los intercambios locales, regionales, nacionales y a escala latinoamericana, con autonomía del mercado mundial globalizado y su instrumento: el dólar. Diversificarnos y complementarnos como comunidad económica latinoamericana.

 

Aquí está una agenda, un referente para nuestras luchas. No podemos esperar a que los grandes actores políticos comiencen a operar los cambios que nos exige el mundo después de la pandemia. Hay que cultivarlos desde abajo, desde ahora. La única manera de continuar siendo, es siendo audaces.

Publicado enSociedad
La pobreza pone más difícil envejecer disfrutando de la vida

Un estudio dirigido por la University College de Londres muestra que la edad tiene efectos más negativos en las personas con orígenes socioeconómicos bajos. No solo sufren más enfermedades graves, también tienen situaciones físicas, emocionales y sociales más desfavorables.

Eva Rodríguez (SINC)

Muchos estudios han demostrado que un estatus socioeconómico bajo aumenta el riesgo de muerte prematura y problemas de salud graves. Sin embargo, no estaba claro si la pobreza está asociada además con otros factores del envejecimiento que no se vinculan directamente con las enfermedades.

Un equipo del University College de Londres (Reino Unido) ha examinado la relación entre la riqueza y la tasa de disminución de las funciones físicas, sensoriales, fisiológicas, cognitivas, emocionales y sociales en mayores de 52 años.

"Sabemos que las personas con menor estatus socioeconómico tienen un mayor riesgo de enfermedad en la vejez, pero lo que este estudio indica es que también corren el riesgo de ver alteradas otras funciones propias de la edad, no solo asociadas a la salud", explica a SINC Andrew Steptoe, investigador del departamento de Salud y Epidemiología de la University College de Londres, que lidera el estudio.

El trabajo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), utilizó una muestra de 5.018 participantes con una edad promedio de 64 años procedentes del denominado Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento (ELSA, por sus siglas en inglés). Los evaluaron en 2004 y ocho años más tarde, en 2012.

Los efectos observados son amplios. Van desde diferencias en la capacidad física, como pueden ser la fuerza y la actividad física, o con la memoria, vista y capacidad pulmonar, así como el bienestar emocional y social.

Por ejemplo, encontraron que las personas con una mala situación socioeconómica son menos proclives a participar en actividades culturales o de voluntariado; y sufren más problemas de la vista y síntomas depresivos.

Deterioro general en todos los aspectos

Este deterioro más rápido se produjo en todas las áreas medidas sin excepción, con patrones que no podían atribuirse a diferencias en el estado de salud.

"Hicimos el estudio en Inglaterra, por lo que no sabemos si estas mismas diferencias están presentes en otros países. Sin embargo, muchos países europeos muestran desigualdades socioeconómicas en estas funciones, como es el caso de España", añade Steptoe.

"Lo que estos resultados sugieren es que incluso cuando tenemos en cuenta las tasas de enfermedades, hay diferencias fundamentales en el envejecimiento en múltiples indicadores. Esto no se resuelve proporcionando atención médica para todos, sino que dependen de otros aspectos de la vida de las personas a lo largo de su curso", enfatiza el investigador.

Según los autores, los hallazgos implican que las circunstancias sociales pueden tener efectos generalizados en los procesos básicos de envejecimiento.

"Necesitamos entender el papel de las múltiples fuentes de estrés que afectan a las personas de manera desigual y las limitaciones que presentan los más vulnerables para mantener el bienestar", concluye.

Publicado enSociedad
Caravana de Mujeres Centroamericanas.

En situación de calle, bajo el sol en la ruta, abandonados o detenidos en las cárceles de frontera. El covid-19 expulsa a miles de migrantes latinoamericanos que, sin trabajo ni vivienda, emprenden distintas travesías agobiados por el hambre y el miedo.

 

“Quiero irme a Bolivia, tengo mis hijas allá, nosotros vinimos solamente a trabajar”, contaba Marina a la prensa chilena, mientras acampaba frente al Consulado de Bolivia en este país. Mientras tanto, a miles de kilómetros, migrantes centroamericanos que tenían como destino la deportación eran abandonados en la frontera sur de México. “Nos botaron aquí porque no sabían qué hacer. Ahora a ver cómo le hacemos para volver a nuestro país sin dinero y con la frontera cerrada”, decía Anthony, migrante guatemalteco.

Por estos días América Latina ve crecer el número de contagios, al mismo tiempo que aumentan las restricciones que vacían las ciudades expulsando a la población más pobre. Los migrantes son parte de este sector sumergido que no se puede quedar en casa al vivir al día con trabajos informales y alojamientos temporales. Personas que en los últimos años se desplazaron por razones económicas, pero también forzadas por contextos de violencia o los efectos que el cambio climático genera en sus territorios.

“Estamos hablando de flujos mixtos. Las fronteras entre migrante y refugiado son cada vez menos claras en los flujos contemporáneos”, explica a El Salto María del Carmen Villareal, investigadora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, especializada en migraciones internacionales y derechos humanos.

Un fenómeno reciente es el aumento de los flujos intrarregionales que responden a las restricciones impuestas por el norte global, pero también a la mejora de las políticas migratorias que facilitaron la movilidad y las residencias en América del Sur durante los Gobiernos progresistas. Según datos de 2019, hay más de 7,5 millones de migrantes sudamericanos en esta región. El fenómeno más visible es el venezolano, que tiene como principales destinos Colombia, Perú y Ecuador. Pero también aumentó el desplazamiento de nicaragüenses a Costa Rica o de centroamericanos que tenían a Estados Unidos como destino y terminaron quedándose en México, debido a los fuertes controles migratorios que impone el Gobierno de Donald Trump.

Si bien el objetivo de los migrantes es encontrar un futuro mejor, también es una vía para ayudar a sus familias a través del envío de remesas. En varios países esta contribución es muy significativa a nivel económico: en Haití representan más del 30% del PBI, en El Salvador y Honduras el 20% y en Guatemala y Nicaragua su peso es superior al 10%. Sin embargo, el informe Especial covid-19 de la CEPAL muestra que debido al coronavirus estas podrían contraerse entre un 10% y un 15%. El estudio también revela que llevaría entre tres y cuatro años recuperar el nivel alcanzado en 2019.

Según datos también de CEPAL, antes de la pandemia, América Latina mostraba bajo crecimiento económico, la tasa de desempleo alcanzaba el 8,1%, y el trabajo informal afectaba al 54% de los trabajadores. Un panorama que se agravará con la crisis sanitaria, y que si bien los Gobiernos han querido contrarrestar implementando medidas de apoyo a los sectores más afectados, en su mayoría son ayudas que están orientadas a nacionales o a migrantes con sus documentos regularizados.

VOLVER

La desprotección y el riesgo que supone el contagio los destina otra vez al desarraigo, con un efecto que hasta hace unos meses parecía imposible: el retorno a sus países de origen. “Es mejor vivir la miseria de uno con su familia”, dice una migrante venezolana que se arriesga a cruzar con sus hijas a cuestas por uno de los pasos irregulares, los “tronchos”, que conectan la frontera de Venezuela con Colombia.

La crisis del coronavirus generó el cierre de la mayoría de la fronteras, aunque en un continente caracterizado por la porosidad de sus límites el bloqueo nunca es definitivo. “Allí hay muchísimos peligros. Son personas que se han quedado sin nada, que no tenían para comer y que están tratando de volver para tener un techo. En el caso de las mujeres es muy importante tener una mirada de género. Porque muchas migrantes hablan del peaje migratorio, de la posibilidad de ser violadas“, señala la politóloga brasileña.

En el caso de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro habilitó algunos corredores humanitarios de retorno. Días atrás salieron diez autobuses de Cali a la ciudad venezolana de Cúcuta. Sin embargo, la mayoría de las personas están retornando a través de los “tronchos”, a donde llegan también decenas de venezolanos provenientes de Ecuador y Perú, dispuestos a arriesgarse luego de haber atravesado miles de kilómetros.

Según datos del consulado de la República Bolivariana en Quito, en Ecuador hay más de 17.000 personas anotadas a la espera de un vuelo humanitario. En los primeros días de mayo, dos aviones de la empresa aérea Conviasa llegaron a la capital ecuatoriana y retornaron a Caracas con 180 ciudadanos. Sin embargo, el cónsul venezolano, Pedro Sassone, dijo que hasta el momento no saldrán más vuelos. “Además de la parte económica está también el lado emocional, que es súper agobiante. La mayoría de los venezolanos se ve sola, y depende de las buenas personas que tengan a su alrededor”, explica a El Salto Lucía León, politóloga venezolana especializada en relaciones internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

En estos días, muchos venezolanos han sido expulsados de sus viviendas, sobre todo en Quito y Guayaquil, donde se concentra casi un 70% de los 500.000 que están en el país. Una región en la que también se da la mayor cantidad de contagios y muertes, lo que incrementa la estigmatización y xenofobia debido a las noticias falsas que los culpan de la propagación del virus. Según cuenta León, “hay muchas denuncias de que los servicios de emergencia no te atienden si se dan cuenta de que eres venezolano”. Ecuador dispone de un sistema universal de salud que incluye a toda la población, algo que no habitual en todos los países de la región.

También en Perú, donde viven alrededor de un millón de venezolanos, la situación es acuciante. Si bien se han generado ayudas mínimas como la de Acnur, que brinda 80 soles (100 dólares) a migrantes sin importar su situación legal, para ello es necesario contar con una cuenta bancaria. “Algo a lo que no tiene acceso la población que se encuentra en situación irregular", explica del otro lado del teléfono Martha Fernández, refugiada que vive desde hace tres años en el país e integra la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables.

En Brasil, el Estado incluye en sus planes de ayudas sociales a la población refugiada y migrantes regularizados. Si bien el giro a la derecha en la región marcó un momento más restrictivo con políticas que dejan de lado la retórica pro derechos humanos, algunos Gobiernos han instrumentalizados ideológicamente los flujos migratorios. “En Brasil tienes a Bolsonaro, que mucha gente podría pensar es un error en todos los sentidos, que no hay duda de eso, pero él aprobó miles de solicitudes de refugio para venezolanos”, explica la investigadora Villarreal. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil organizaron la campaña #RegularizaçãoJá, que exige una regularización permanente para todos los migrantes del país.

También en Argentina, país con una larga historia como receptor de migrantes, la Secretaría de Trabajadores Migrantes (STM) tiene el mismo reclamo. Más en estos días en que el Gobierno de Alberto Fernández creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que deja por fuera a los migrante que no están regularizados o a quienes tienen la residencia legal inferior a dos años. En el período del presidente Mauricio Macri se aprobó el Decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017), que retrasó la entrega de la documentación de residencia. Más de 70.000 expedientes estaban a la espera de su aprobación, multiplicándose en estos días debido a la paralización de las actividades por la cuarentena obligatoria.

La STM tiene un diálogo fluido con el Gobierno de Fernández y en este contexto le envió una carta en la que le solicita el acceso al IFE sin restricciones, aunque el intercambio con las autoridades es con una mirada a largo plazo. “Hay que hablar con el Estado de igualdad de derechos para todos y todas, no paliativos que se den solo durante la pandemia. Medidas de 'cuando me sirven regularizo a los migrantes por un tiempo, y cuando no, que vuelvan a su estadío normal, que es el del trabajo informal, la trata de personas, la prostitución'”, cuenta a El Salto Lila Báez, migrante paraguaya, vocera del STM. Mientras tanto, la organización está realizando ollas populares en las barriadas y villas del país, donde vive la mayoría de la población migrante. En estos días Argentina registró un aumento de contagios de coronavirus, sobre todo en estas zonas más empobrecidas.

Mientras tanto, en países como Perú, Chile y México se han establecido medidas de regularización especial, pero solo para la contratación de personal sanitario extranjero que no contaba con sus documentos regularizados, permitiendo que médicos, enfermeros y especialistas de otros países puedan ejercer durante el período que dure la pandemia.

SIN SALIDA

Pero el cierre de las fronteras también genera que muchas personas queden cautivas o varadas en las ciudades limítrofes entre los países. México, país que con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador militarizó todo el territorio y se convirtió en gran receptor de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, tiene detenidas a cientos de personas en sus estaciones migratorias. “Es una situación difícil, con mucha población en espera o atrapada, principalmente la población centroamericana que cruzó el país en las caravanas migrantes. Muchas que incluso han solicitado refugio o que ya tienen este estatus”, cuenta Luciana Gandini, especializada en estudios sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Frente a esta situación, organizaciones de derechos humanos, como el centro Fray Matías de Córdoba, denunciaron que la situación era insostenible, con las personas angustiadas debido al encierro indefinido y a la poca información que reciben en espacios que no cumplen con las medidas mínimas de salubridad. En estos días se han realizado distintas protestas en las cárceles migratorias, que fueron reprimidas de manera violenta por las autoridades mexicanas. En unos de estos reclamos, en la estación migratoria de Tenosique, en el Estado de Tabasco, falleció un migrante guatemalteco. El hombre era solicitante de asilo y estaba previsto que fuera liberado en dos días para continuar con su trámites.

La muerte del migrante guatemalteco recrudeció las protestas, lo que generó que el Instituto Nacional de Migración decidiera vaciar algunos de los centros y trasladar a los migrantes a la frontera sur con Guatemala. “Lo que hizo fue subirlos a camiones y autobuses, en teoría para devolverlos a sus países, pero la frontera está cerrada y no los puede devolver. Entonces los deja en una ciudad fronteriza como Talismán. Imagínate lo que implica eso en términos de xenofobia y de discriminación cuando tú en una ciudad pequeña que ya viene afectada dejas a cientos de personas sin ningún tipo de plan”, señala Gandini.

Junto a ellos también se encontraban migrantes centroamericanos que Estados Unidos había deportado en los últimos días, ya que el país no detuvo las audiencias. Incluso en el contexto de la pandemia se incrementaron las “devoluciones en caliente”. La patrulla fronteriza tarda 96 minutos en devolver a las personas que detiene en los cruces irregulares. “Es interesante pensar que el acuerdo por el cual se cerró la frontera entre Estados Unidos y México dice literalmente que se cierra para los flujos no esenciales. Por lo tanto la deportación es considerada un flujo esencial. Llevada a cabo además sin ningún tipo de control sanitario, lo que implica un riesgo altísimo para México”, afirma la investigadora de la UNAM.

En la página oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), se reconoce que en los centros de detención donde son alojados antes ser deportados hay personas infectadas. Sin embargo, en ninguno de los países se realizan test o se implementan medidas de aislamiento antes o después de ser devueltos a México.

La implementación de medidas sanitarias no implica necesariamente el respeto de los derechos humanos. En Costa Rica, bajo el argumento de asegurar “la seguridad pública”, el Gobierno instaló una base área militar en la frontera con Nicaragua para impedir la llegada de ciudadanos de este país. También en Bolivia, en la localidad de Pisiga, frontera con Chile, el Gobierno obliga a los trabajadores que retornan del país andino a realizar la cuarentena en un campamento militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a exigir “el desplazamiento inmediato de estas personas a localidades de Bolivia” y recordó que “los Gobiernos están obligados a recibir a sus migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.

TAMBIÉN EN CASA

Pero la movilidad que obliga la pandemia no solo se da atravesando fronteras externas. El coronavirus también generó éxodos internos. En Lima, capital de Perú, miles de pobladores provenientes de zonas andinas y selváticas que migraron a la capital en busca de mejores condiciones de vida están retornando a sus comunidades rurales. Uno de los flujos se dirige hacia los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, zonas que alcanzan una tasa del 53% de pobreza.

Según explica Martín Souto, docente peruano que trabaja asesorando a los Gobiernos locales de estas regiones, “esto lleva a un redescubrimiento de la importancia de estas comunidades para la alimentación. Son territorios que abastecen el mercado nacional y regional de papas nativas, habas, cebada”. En total hay 6.600 comunidades campesinas y nativas que son dueñas de la tierra, pero que pese a la riqueza de sus campos ven migrar a sus pobladores hacia otros zonas, no solo a la capital.

El Gobierno de Martín Vizcarra abrió una página web para que la población que quiera retornar se inscriba y pueda contar con opciones de traslado. Pero en estos días 170.000 inscripciones desbordaron la capacidad estatal. En Lima se anotaron 13.000 personas para regresar a Ayacucho. Sin embargo, hasta el momento, regresaron de manera oficial 700 personas. Mientras tanto, se estima que 6.000 pobladores están retornando por su cuenta. En el Perú profundo, el “no oficial”, miles personas se entrecruzan exhaustas luego de largas caminatas al sol con el único objetivo de regresar a casa. 

El 16 de marzo, cuando Perú implementó la cuarentena —hoy uno de los países con más casos—, las comunidades rurales de Huancavelica cerraron sus territorios. “La gente decía: 'Si acá entro en crisis, ¿quién me salva? Nadie. Entonces que no vengan, porque nosotros estamos sanos aquí'. Se habla mucho de la solidaridad, pero la gente que es pobre no tiene hospitales en el campo, está lejos y es precario”, afirma Souto. Luego de los primeros días de pánico, ahora la población permite el ingreso de los retornantes. Incluso se reactivaron las rondas campesinas que nacieron para enfrentar al grupo armado Sendero Luminoso, y que en este contexto se encargan de controlar que las personas que llegan respeten el aislamiento.

La pandemia encontró a América Latina en un momento histórico de movilidad intrarregional, con miles de personas forzadas a salir de sus territorios en busca de un futuro mejor. Al inicio de la crisis sanitaria se planteó que el virus era un “gran nivelador” que no entendía de razas, clases sociales o procedencia. Sin embargo, el #quedateencasa es imposible para los migrantes que, sin recursos y con Gobiernos que los invisibilizan, se ven obligados a emprender otra vez el camino del desarraigo.

Por Cecilia Osorio

Montevideo (Uruguay)

26 may 2020 06:00

Publicado enInternacional
Capitalismo y crimen contra el trabajo mundial

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), 305 millones de personas perderán en todo el mundo sus empleos a tiempo completo, a causa de las medidas de confinamiento que aplican los gobiernos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 [1]. Además 1.600 millones de trabajadores de la “economía informal” perderán completamente sus fuentes de sustento y pasarán del subempleo al desempleo total, en el que ya están más de 470 millones de personas. La misma organización sostenía, antes de la catástrofe laboral desatada, que los 3.300 millones de trabajadores, que tienen empleo y remuneración, no disponen de “garantías sobre condiciones de trabajo decentes ni ingresos adecuados”[2].

El Director general de la OIT, Guy Ryder, sostienen que “Para millones de trabajadores la ausencia de ingresos equivale a falta de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente perecerán».

La organización no gubernamental Oxfam, en enero de 2020, en su informe: Tiempo para el cuidado, publicó que los 2.153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas (el 60% de la población mundial). “En América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”.[3]

La pandemia como las medidas de arresto domiciliario agudizan el desempleo y agravan una situación preexistente de explotación, marginalidad, desigualdad y contradicción social, que en el Ecuador ya alcanza los 400 mil despidos y un riesgo potencial que afectará a más de 743 mil trabajadores del sector público y privado, según un informe de la Cámara de Industrias y Producción.

Hasta diciembre de 2019 la Encuesta Nacional de Empleo, Desmpleo y Subempleo, (Enemdu), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informó que alrededor de 5 millones de ecuatorianos “están entre el desempleo y la informalidad”. [4]

En medio de esta trágica situación y en flagrante contradicción con lo manifestado por la OIT respecto a la enfermedad del Covid-19, como una enfermedad profesional que afecta principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, entre los que habrían 1.500 contagiados y más de una decena de víctimas mortales en el país, el gobierno de Moreno, enemigo de los trabajadores, confirma su ausencia de humanidad y neuronas, y emite el 28 de abril de 2020 la resolución 022 del Ministerio de Trabajo, determinando que la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional.

Moreno y el estultísimo grupo de sus asesores y secretarios desoyen lo dicho por la OIT en el sentido de que el coronavirus provoca “un trastorno de estrés postraumático” que es contraído por exposición en el trabajo, y que «en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964». Igualmente que en el caso de los familiares a cargo (cónyuge e hijos) de la persona que muere por la enfermedad del Covid-19 contraída en el marco de actividades relacionadas con el trabajo, la OIT indica que ellos, también, tienen derecho a recibir prestaciones monetarias o una indemnización, así como una asignación o prestación funeraria[5]. Esto es precisamente lo que intenta negar el gobierno a los trabajadores de la salud, considerados en la propaganda oficial como los “héroes de la patria” que enfrentan a la pandemia pero que en los hechos son las primeras víctimas y no las únicas, no solo de la enfermedad sino de un régimen torpe como cruel, que a las puertas del primero de mayo: día de los trabajadores, se permite tal humillación.

Que se recuerde hoy más que nunca que son las clases trabajadoras del mundo las que con su fuerza de trabajo colaborativa: física e intelectual crean y producen la riqueza del mundo y no el capital, que se limita a explotar y acumular injusta y egoístamente el plusvalor creado con el sudor, las lágrimas y la sangre de una vasta red social de proletarios precarizados, negados ahora incluso de los mínimos medios de subsistencia y cobertura de sus necesidades, como queda demostrado en la historia y en estas semanas de encierro forzado de millones de trabajadores en todo el mundo con la excusa de la pandemia del Covid-19.

Como lo descubrió con profundidad Marx: El capital considera al trabajador y su fuerza de trabajo una “mercancía especial” (una cosa y no un ser humano) que al ser consumida en el proceso de producción, produce más valor que lo que ella misma vale, produce plus valor que se apropia el capitalista. El trabajador que no tiene otra cosa que vender, vende su fuerza de trabajo en el mercado, a cambio de un precio que es el salario, que el capitalista paga para que la mercancía especial pueda reproducirse, paga como a toda mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se necesita para producirla, según las condiciones técnicas de cada época y lugar. Es decir, que el capitalista fija a su gusto y sazón los bienes de subsistencia como comida, ropa y vivienda que supone son necesarias para el trabajador y su familia. El capitalista calcula cuánto necesita el obrero para vivir, con el objetivo de que cada día ese obrero vuelva a trabajar y producir con un salario que es aparentemente “igual” al trabajo realizado.

En esto consiste la explotación del hombre por el hombre, del trabajador por el capitalista, la lucha de clases está viva y lo impregna todo, incluso la pandemia y el encierro, que no es igual para todos, es desesperación para quienes sienten hambre y siempre tienen necesidades insatisfechas.

La relación de dominación Amo-Esclavo desarrollada por Hegel define que “hay amos y hay siervos porque en unos el espíritu de dominación es más fuerte que su miedo a morir en la lucha por el reconocimiento. Si el siervo se constituye en tanto siervo por su miedo a morir es porque el amo se constituye en tanto amo por su decisión de matar. La pulsión de muerte le es esencial al espíritu de dominación”.[6]

Ahora que el miedo a la pandemia está demasiado inflado por los medios masivos, los gobiernos y sus fuerzas represivas normativas, policiales y militares, ahora que “hay un gran desorden bajo el cielo, la situación es excelente” habría repetido Mao Zedong.

La reclusión obligatoria del toque de queda no debería ser suficiente no solo para protestar y denunciar el crimen masivo del desempleo y el subempleo, sino debería ser el detonante de una gigantesca rebelión global en contra de las condiciones opresivas. Es la hora del “espíritu emancipatorio radical” como diría Slavoj Zizek, que sueñe e imagine “un mundo posible y mejor al igual que realizable”, como decía Lenin. Lo mismo que en términos de Lacan, deberíamos reconocer la situación presente como el momento de la “inconsistencia del gran otro [que] abre el espacio para el acto”.[7]

 

Por José Luis Bedón | 11/05/2020

 

Notas

1) https://actualidad.rt.com/actualidad/351587-alertan-300-millones-perderan-trabajo-covid

2) ttps://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-oit-preve-que-el-numero-de-desempleados-aumente-en-25m-en-el-mundo.

3) https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas

4) https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-covid19-riesgo-ecuador.html

5) https://www.vistazo.com/seccion/pais/politica-nacional/ministerio-de-trabajo-resuelve-que-el-covid-19-no-es-un-accidente-de

6) Feinmann, José Pablo, Filosofía Política del poder mediático, Ed. Planeta, 2013, p.20.

7) Zizek Slavoj, Viviendo el final de los tiempos, Ed. Akal, 2012, p.26.

Publicado enEconomía
Economía informal, la más afectada por confinamiento: OIT

Las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar la pobreza de quienes trabajan en la economía informal a nivel mundial; las mujeres serán el grupo más afectado, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un nuevo informe.

 

Con base en datos del informe “La crisis por COVID-19 y la economía informal”, se estima que las medidas de distanciamiento social ya tienen un impacto significativo en 1.6 billones de trabajadoras y trabajadores informales, con mujeres sobrerrepresentadas en los sectores más afectados. Estos incluyen a quienes laboran en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultoras y agricultores que abastecen los mercados urbanos.

En 2020, más de 2 mil millones de personas trabajadoras se ganan la vida en la economía informal. Esto es 62 por ciento de todas los y los trabajadores del mundo. El empleo informal representa 90 por ciento del empleo total. Sin embargo, de acuerdo con la OIT, las mujeres están más expuestas a la informalidad en los países de ingresos medios bajos y bajos, y a menudo se encuentran en más situaciones vulnerables que sus pares masculinos. Las mujeres, además, se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destacó el informe.

Lo mismo pasa en las empresas informales, que representan ocho de cada diez empresas en el mundo. Esto incluye a empresas que a menudo emplean a diez o menos personas, incluidas trabajadoras familiares no remunerados, que son principalmente mujeres que trabajan en condiciones precarias, sin protección social o medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estos negocios tienen baja productividad, baja tasas de ahorro e inversión, y capital acumulado insignificante, lo que los hace particularmente vulnerables a los choques económicos y a menudo están excluidos de los programas de asistencia financiera a corto plazo para enfrentar la crisis por COVID-19.

Muchas mujeres y hombres en la economía informal necesitan obtener un ingreso para alimentarse a sí mismos y a sus familias, ya que la mayoría de ellos no pueden confiar en el reemplazo de ingresos o ahorros. No trabajar y quedarse en casa significa perder sus trabajos y sus medios de vida, sin embargo, el distanciamiento físico es difícil de aplicar para quienes trabajan, por ejemplo, como vendedores ambulantes y de mercado, o trabajadoras a domicilio.  “‘Morir de hambre o del virus” es un dilema real que enfrentan muchas personas trabajadoras de la economía informal’”, señaló el organismo. 

Sin embargo, dado que las condiciones laborales precarias derivan en malas condiciones de vida, las y los trabajadores de la economía informal también son un grupo vulnerable incluso si se quedan en sus hogares. De acuerdo con la OIT, en las zonas urbanas, las y los trabajadores y sus familias permanecen expuestas al virus debido a las condiciones insalubres o de hacinamiento en las que viven, y que hacen que el distanciamiento físico sea casi imposible. Estas personas también enfrentan obstáculos para acceder al agua corriente en sus hogares, lo que no solo limita las posibilidades de lavarse las manos, sino que a menudo obliga a las mujeres a hacer fila para obtener agua, lo que las pone en peligro a sí mismos y a su comunidad.

Frente a esta situación la OIT señaló que las repercusiones de la pandemia de COVID-19 requieren medidas rápidas y efectivas para mejorar la seguridad de los ingresos para las y los trabajadores en la economía informal, especialmente para mujeres con niños pequeños, un grupo con mayor riesgo económico privación. Los países pueden usar diferentes mecanismos para extender el apoyo a los ingresos a los trabajadores de la economía informal.

Por ejemplo, es factible canalizar fondos a través de bancos, instituciones microfinancieras y cooperativas financieras con criterios de divulgación claramente definidos y anunciados oficialmente y con transparencia. Esto mejoraría la difícil situación de las mujeres empresarias informales en especial, dijo el organismo. 

La OIT también expresó que quienes trabajan en la economía informal deben ser sujetos centrales para todas las respuestas frente al COVID-19. Para esto, fortalecer la participación de las mujeres el diálogo entre el gobierno y la sociedad puede ser clave. 

Publicado enEconomía
La pobreza golpeará a la mitad de la humanidad

Las proyecciones estadísticas más pesimistas van quedándose cortas ante la dimensión de la crisis. Desempleo, desinformación y pobreza aparecen como algunas de las piezas de un rompecabezas todavía no armado, pero con efectos directos y colaterales devastadores. La mitad de los empleos en la escala mundial se ven amenazados

.

El «privilegio» del empleo

 

En el mundo, 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por las medidas de confinamiento y de contención. La mayoría trabaja en los sectores más afectados o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a las crisis, según un informe publicado el 7 de mayo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos incluyen a los trabajadores en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destaca el informe.

Por otra parte, la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, “corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, señalaba la OIT en su 3er documento analítico de fines de abril.

Entre su primer informe sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo publicado el 18 de marzo pasado y las estimaciones actualizadas difundidas a fines de abril la OIT cambió su punto de referencia. Ya no se trata de comparar la actual crisis con el terremoto financiero del 2008, sino con los estragos resultantes de la Segunda Guerra Mundial.

El 81% de la fuerza de trabajo – más de 2.700 millones de trabajadoras y trabajadores- padecía desempleo total o parcial a fines de abril. Y de continuar esta tendencia, en el segundo semestre del año en curso la reducción del empleo golpeará a 305 millones de trabajadoras y trabajadores a tiempo completo, teniendo como referencia una jornada laboral de 48 horas semanales.

En el estudio actualizado de la OIT (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang–es/index.htm) la alarma suena con respecto a los trabajadores de la economía informal, que representan en su totalidad, unos 2.000 millones de personas, la mayoría en países emergentes y en desarrollo de ingreso bajo y mediano.  Con el agravante que, en general, carecen de protección básica, de cobertura de seguridad social, de atención médica y, en caso de enfermedad, de sustitución de ingresos.

La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadora-es de la economía informal – el sector más vulnerable-, de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo de 3.300 millones de personas a escala planetaria. Las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados por la crisis, determinan esta dramática situación.

India, con 400 millones de trabajadores informales, Nigeria, Brasil, Indonesia, Pakistán y Vietnam, se encuentran entre las naciones que por concentración demográfica más sufrirán el impacto. Sin embargo, regiones enteras, como Centroamérica, o la América andina, dependen en gran medida de las actividades informales. Las que tienen, también, una fuerte incidencia en las concentraciones urbanas latinoamericanas, desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, pasando por Bogotá, Caracas, Lima o La Paz.

La pandemia desinformativa

Beber alcohol fuerte, comer gran cantidad de ajo, bañarse con agua casi hirviente, ingerir medicamentos caseros… Miles de informaciones falsas sobre el COVID-19 explotan en internet, en las redes sociales y en las plataformas de comunicación.

«La información falsa y poco fiable pone en riesgo muchas vidas”, señala la Organización Mundial de la Salud. Con los Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 2019-nCoV, (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters) intentó salir al cruce de creencias, desinformaciones o métodos “caseros”, que se presentan como eficaces para contrarrestar el virus. Con el agravante, además, de que detrás de muchas desinformaciones se expande el comercio creciente de medicamentos falsificados o adulterados.

Ya en la segunda quincena de marzo la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que nuclea a 600.000 trabajadores del sector había advertido sobre la necesidad que “periodistas y medios informen sobre hechos y con fuentes fiables, sin especulación alguna…” Y convocaba a autoridades públicas e instituciones médicas a suministrar “información puntual y transparente”. Fue la misma FIP quien en la segunda semana de abril condenó los ataques sistemáticos del presidente brasilero Jair Bolsonaro a periodistas de su país. Un estudio al que hace referencia la central sindical mundial con sede en Bruselas contabiliza más de 140 ataques de este tipo, en los últimos tres meses, en torno a la cobertura informativa de la pandemia.

Futuro dramático

Si la explosión desbocada del desempleo y la problemática de la desinformación acompañan la nueva coyuntura pandémica mundial el tema de la deuda externa se convierte en agenda crucial de países y regiones.

No solo la antigua, acumulada y pendiente. Sino también la nueva, que muchos Estados contraerán para hacer frente a la crisis de sobrevivencia. Fue uno de los temas cruciales, por ejemplo, del debate interno de la misma Unión Europea durante las últimas semanas y aún pendiente de resolución.

Un grupo de 60 organismos y agencias de las Naciones Unidas, llamaron el pasado 10 de abril a los gobiernos a abordar la actual recesión y su repercusión en las naciones más empobrecidas del planeta. Según las instituciones onusianas miles de millones de personas viven en países al borde del colapso económico debido a la combinación explosiva de los “problemas financieros impulsados por la pandemia del COVID-19, pesadas obligaciones de deuda y un descenso de la ayuda oficial al desarrollo”, subraya el documento del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo.

Actores de primer orden de la sociedad civil internacional subrayan, también, el riesgo de que a causa de la pandemia más de 500 millones de personas, adicionalmente, caigan en la pobreza.  Así lo señala Oxfam internacional en su último informe Elijamos dignidad, no indigencia (https://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia), que fue difundido en abril pasado.

La magnitud de esta crisis, según la ONG internacional, excede toda proyección racional. “Podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza y de hasta 30 años en algunas regiones como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia”.

Oxfam exige a los organismos internacionales (incluidos al FMI y al Banco Mundial que tuvieron su reunión de primavera el tercer fin de semana de abril) “cancelar inmediatamente el pago de la deuda en 2020 y alentar a otros acreedores que hagan los mismo…” Y recomienda “… acordar la inmediata inyección de dinero en los países de desarrollo para ayudarles a rescatar a las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Pronósticos, estadísticas, proyecciones, cada día peores, cada semana más dramática. En solo algo más de cuatro meses, la Tierra parece ser otro planeta y la humanidad no termina de agotar su capacidad de asombro.

Por Sergio Ferrari desde la ONU, Ginebra, Suiza

09/05/2020

Publicado enEconomía
Viernes, 24 Abril 2020 06:30

Crece en Perú el éxodo del hambre

Un grupo de migrantes descansa bajo un puente de la ruta Panamericana Sur cerca de Lima.    ________________________________________ Imagen: EFE

Miles de personas huyen de Lima a pie en busca comida en sus pueblos

Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena. Regresan a sus pueblos como sea.

Desde Lima. “Nos va a matar el hambre antes que el virus”, exclama, con voz de angustia, una mujer joven, de rostro cansado, que lleva en brazos a su hija de pocos meses. El suyo es un amargo reclamo por el abandono, un desesperado grito por ayuda. Esa noche dormirá-como las anteriores y las siguientes- sobre unos cartones al lado de la carretera que lleva de Lima a la zona andina en el centro del país. Va de regreso a su pueblo. Va escapando. Sin nada, lo hace caminando. Le esperan cientos de kilómetros. Con ella pasarán la noche más de trescientas personas que cargan la misma angustia y comparten el mismo recorrido, largo, agotador, penoso. En otros puntos de esa misma carretera, y en otras carreteras, que van para el sur y el norte del país, otros miles viven el mismo drama. Abandonan la capital para regresar a sus pueblos. En Lima, la ciudad de la que escapan con desesperación, se concentra la mayor parte de casos de coronavirus en el país, pero ellos no huyen del virus. Huyen del hambre. Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena por el coronavirus.

 “Ya no tenemos qué comer, por eso regresamos a nuestros pueblos, donde algo tendremos. Caminando nos iremos, no tenemos de otra”, dice un hombre sentado junto a sus tres pequeños hijos que duermen abajo de un puente de la autopista. Era vendedor ambulante y ahora con la cuarentena se quedó sin los pocos ingresos con los que apenas sobrevivía. En otra carretera, un joven cuenta que era pintor eventual, que como se quedó sin trabajo desde que comenzó la cuarentena no pudo pagar el cuarto en el que vivía, lo echaron a la calle y sin dónde ir ha emprendido la sufrida caminata de retorno al pueblo del que salió hace años. “Ya no aguantamos más, no tenemos nada ya, estamos viviendo en las calles, ya no tenemos para comer”, grita una mujer cuando se le acerca la cámara de un noticiero. Ellos forman parte de este éxodo del hambre.

También están los que viajaron a la capital desde el interior por algún trámite, un tratamiento médico o para un trabajo temporal de unos meses, y quedaron atrapados por la inmovilización social. Después de 40 días de cuarentena y con sus pocos recursos agotados, tratan con desesperación de regresar a sus casas. Muchos están entre los caminantes en las carreteras, otros centenares duermen en las calles de la ciudad, frente a estaciones de buses o el aeropuerto esperando que salga ese bus o ese vuelo humanitario que las autoridades les han ofrecido, pero que no llega. Llevan días en esa interminable espera. Los que se cansan de esperar se suman a los caminantes que huyen de la capital para no morir de hambre en tiempos de cuarentena. Se han dado choques entre estos angustiados pobladores y la policía cuando ésta les bloquea el camino para que no sigan su viaje.

“No se puede permitir una salida desordenada porque estos grupos grandes son caldo de cultivo de contagios y se puede generar un problema en las zonas a las que se dirigen. Lo primero es empadronarlos, después se les tiene que hacer pruebas rápidas del coronavirus para ver si están infectados, si lo están son llevados a un centro de salud, los que dan negativo son llevados a su destino en transporte puesto por el Estado y cuando lleguen deben estar dos semanas en aislamiento porque hay la posibilidad que tengan el virus a pesar del resultado negativo de la prueba rápida. Todo esto requiere una articulación y una logística que no es algo sencillo. Entendemos la desesperación de la gente, reconocemos que esto se puede hacer más rápido, estamos trabajando en eso. Ya hemos trasladado a más de tres mil personas”, le declaró a Página/ 12 la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, encargada por el gobierno para tratar este asunto.

Con 70 por ciento de los trabajadores en la informalidad, sin derechos laborales y la mayoría con ingresos precarios, y empresas dando licencias sin paga, la larga inactividad ha llevado a una buena parte de la población, que se ha quedado sin ingresos, al límite de su resistencia. Millones que antes de esta crisis ya estaban en la pobreza, o al borde de ella, piden ayuda para sobrevivir. El gobierno ha dispuesto la entrega de un bono equivalente a unos 220 dólares para 3,5 millones de familias pobres urbanas y un millón de hogares rurales, pero es insuficiente en el monto y en la cobertura, y todavía no se termina de entregar. Ayer el presidente Martín Vizcarra anunció que este bono se ampliará hasta llegar a 6,8 millones de familias, el 75 por ciento de hogares del país. Reconoció la lentitud en su reparto. “Hay que ser autocríticos, tenemos que ser más rápidos. El hambre no espera”, dijo. Se raparte alimentos, pero la entrega es lenta y desorganizada.

El Perú es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más casos de coronavirus. Son 20.914 los contagiados y 572 los muertos. En las últimas 24 horas se han dado 1.664 nuevos casos y 42 fallecidos. Con los contagios en alza, la cuarentena, que comenzó el 16 de marzo, ayer fue prorrogada hasta el 10 de mayo. Esa extensión era necesaria, dicen los expertos. “La salud de la gente es lo primero”, ha dicho Vizcarra al anunciar esta nueva prórroga. La cuarentena ha tenido importantes fisuras, por desorganización, irresponsabilidad de parte de la población y la necesidad de muchos que sobreviven del día a día y salen a buscar algún ingreso.

El débil sistema de salud está al límite. El Perú es uno de los países de la región con la más baja inversión en salud, con menos del cinco por ciento de su PBI al año, y eso está pasando factura en esta crisis sanitaria. Hay hospitales desbordados, enfermos que han muerto esperando atención. En las carreteras, sigue el éxodo del hambre.  

Publicado enInternacional
Las remesas de emigrantes caerán este año un 20% en todo el mundo, la mayor caída “en la historia reciente”

 

 

El zarpazo de la pandemia sobre los mercados de trabajo hunde las transferencias de los desplazados a sus familias y añade presión sobre los países emergentes, según el Banco Mundial

La pandemia va camino de convertirse en una hidra de mil cabezas para los países emergentes. A la brutal salida de capitales de las últimas semanas y el hundimiento en la cotización de las materias primas ―de las que dependen muchos países del bloque― se suma ahora la constatación de un hecho que flotaba en el ambiente desde hace días: la dentellada sobre los mercados de trabajo de las economías avanzadas repercutirá, y mucho, sobre las remesas que envían los emigrantes a sus familias en sus países de origen. El Banco Mundial proyecta este miércoles “la mayor caída de la historia reciente” en el volumen total de estas transferencias por la disminución de los salarios o, en los peores casos, por la pérdida de su puesto de trabajo. Las remesas se hundirán un 19,7% desde el máximo histórico del año pasado, hasta los 445.000 millones de dólares (411.000 millones de euros), según las cifras del organismo multilateral. Un desplome que se cebará con los hogares de los emigrantes en las naciones de ingresos bajos y medios, que tienen en esta fuente de ingresos una “línea de vida financiera”. También para los propios países de destino de ese dinero, para los que las remesas son "una fuente de ingresos vital” y que ya están sometidos a una presión mucho mayor que en la crisis financiera de hace una década.

Los migrantes constituyen uno de los grupos sociales más vulnerables ante terremotos en el mercado de trabajo como el que ha desatado la crisis del coronavirus. “La recesión está pasando una severa factura a la capacidad de enviar dinero a casa y añade argumentos para tratar de acortar el periodo de tiempo hasta la recuperación de las economías avanzadas”, subraya en una nota el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Las mayores disminuciones en los envíos de dinero por parte de los emigrados las sufrirán los países de Asia central y Europa (-27,5% interanual en 2020), África subsahariana (-23,1%) y Asia meridional (-22,1%). Algo menores, aunque igualmente notables, serán las caídas en Oriente Medio y el norte de África (-19,6%), América Latina y el Caribe (-19,3%) y el este de Asia y el Pacífico (-13%). Sin embargo, y a pesar del desplome agregado, las remesas ganarán importancia como fuente de entrada de divisas a los países de ingreso medio y bajo. El motivo es puramente comparativo: la caída en la inversión extranjera directa será aún mayor, de cerca del 35%, y las llegadas de capitales a sus mercados de renta fija y variable se desplomarán, atención, un 80%.

El eslabón más débil

Toda la literatura económica apunta en una única dirección: las remesas son un factor clave para aliviar la pobreza y la pobreza extrema, mejora la nutrición de quienes se quedan y reduce el trabajo infantil en los países de origen. Y su caída, claro, "afectará a la capacidad de gasto de las familias, con la mayor parte de su dinero teniendo que ser dedicado a alimentación y necesidades inmediatas”, subrayan los técnicos del organismo con sede en Washington. También resultará en un aumento de la carestía y, algo especialmente grave en las circunstancias actuales, “reducirá el acceso de las familias a los muy necesarios servicios sanitarios”.

En paralelo al curso general de la economía —el PIB global caerá un 3% este año, la mayor contracción desde la Gran Depresión, para rebotar un 5,8% el próximo— habrá que esperar a 2021 para ver una recuperación de los flujos de remesas a escala global: crecerán entonces un 5,6%, hasta cerca de 470.000 millones de dólares. Una cifra, sin embargo, notablemente menor de la registrada en los años precedentes e “incierta” por la propia evolución del coronavirus. En el pasado, apuntan los técnicos del Banco Mundial, las remesas han actuado de forma contracíclica: los trabajadores mandaban más dinero a sus familias en tiempos de crisis y privación en casa. “Esta vez, sin embargo, la pandemia ha afectado a todos los países, creando incertidumbres adicionales”. Pero en plena recesión en los países avanzados, los migrantes son el eslabón más débil, “los más vulnerables a la pérdida del empleo y a la reducción de los salarios en su país de acogida, más que los trabajadores nacionales".

Cambio de tendencia en la migración interna

Aunque el grueso del estudio publicado este miércoles por el Banco Mundial se centra en las remesas internacionales (las enviadas por personas que emigran a otro país), el organismo llama a las autoridades de los países emergentes a “no ignorar” la situación de los migrantes internos, unos movimientos que más que duplican las salidas al extranjero. “Los confinamientos, las pérdidas de empleo y las medidas de distanciamiento social han creado un proceso caótico y doloroso de retorno masivo de inmigrantes [a sus localidades o regiones de origen] en India y muchos países de América Latina”, desgrana el reporte publicado este miércoles. “Los Gobiernos deben afrontar los desafíos que enfrentan los migrantes internos, incluyéndolos en los servicios de salud, las transferencias directas y otros programas sociales, así como protegiéndolos frente a la discriminación”. Hasta ahora, concluyen, las respuestas de los Ejecutivos a la crisis del coronavirus “han dejado fuera a los migrantes y sus familias”.

Madrid - 22 abr 2020 - 08:00 COT

Publicado enEconomía
La renta básica deja de ser una utopía

La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos

En su punto álgido, todas las crisis parecen llamadas a cambiar el mundo. La Gran Recesión de 2008 iba a ser la de la refundación del capitalismo. La de deuda soberana del sur de Europa, la que sentaría las bases de una nueva Unión más solidaria. Y esta, la del coronavirus, “escribirá un nuevo mundo con otras reglas”, según apuntaba la semana pasada el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Lo más probable es que, como en las dos ocasiones anteriores, ese axioma se lo acabará llevando el viento y el giro de timón se quedará en apenas buenas palabras.

Sin embargo, lejos de los discursos altisonantes y fuera de los grandes focos, algunas ideas hasta ahora consideradas de nicho comienzan a enraizar: la renta básica (universal o no), una suerte de garantía de ingresos a los ciudadanos por el mero hecho de serlo, ha sumado más adeptos en apenas unos días que en años, dando un salto exponencial en el debate público y presentando una sólida candidatura en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social de la pandemia. Y, algo aún más importante, empieza a calar en el terreno de los hechos, con distintos Gobiernos poniendo en marcha sus versiones propias de esta herramienta para combatir una recesión que ya es, en palabras de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tan mala o peor como la de 2009”.

Estados Unidos, un país en el que el debate sobre la renta básica quedaba recluido a ámbitos académicos relativamente estancos y a propuestas electorales minoritarias, como la del excandidato demócrata a la nominación presidencial Andrew Yang, ha dado un primer y decisivo paso en esa dirección: dará a sus ciudadanos 1.200 dólares (unos 1.100 euros) de una tacada, una cuantía que se reduce gradualmente para quienes ganan más de 75.000 dólares al año y que solo deja fuera a aquellos que ingresan 99.000 dólares o más. El objetivo, según la Casa Blanca, es tratar de paliar la merma de ingresos y asegurar lo esencial. “Los fundamentos son idénticos [a lo que propongo]: es una transferencia directa a individuos y hogares”, ha reconocido Yang en declaraciones a la radio pública NPR. “La gran diferencia es que yo sugiero que sea a perpetuidad, como un derecho básico de ciudadanía para cubrir las necesidades básicas y el paquete de estímulos está diseñado para durar solo unos meses”.

En paralelo, Brasil acaba de anunciar un esquema de pagos —en este caso, mucho más lejos de la universalidad— de casi 115 euros mensuales (la mitad del salario mínimo) durante un trimestre para 60 millones de trabajadores informales. Y España ultima estos días una renta mínima que, parece, estará en el entorno de los 440 euros al mes, en línea con la ayuda aprobada la semana pasada para los trabajadores temporales que se queden sin empleo por el parón económico desatado por el virus y con lo que propuso la autoridad fiscal (la Airef) el verano pasado. El objetivo será, de nuevo, proteger a los colectivos más vulnerables. En otros países europeos, como el Reino Unido, el “ingreso universal de emergencia” también ha irrumpido en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes, pero aún no ha permeado en el tan conservador como heterodoxo primer ministro, Boris Johnson.

¿Por qué una renta básica y por qué ahora? Sus cada vez más numerosos defensores ven en ella una herramienta útil para contener la emergencia social que sufren quienes de la noche a la mañana se han quedado sin ingresos. Y, añaden los paladines de la idea, sería también una herramienta útil para reactivar la demanda cuando se puedan ir levantando las cuarentenas.

Hasta ahora, en el Viejo Continente la contingencia se ha abordado con ayudas por colectivos y, como en Italia, hasta con bonos alimentarios para tratar de rebajar la creciente tensión social en el sur del país. Pero en América Latina y en el resto del bloque emergente, donde la informalidad (personas que trabajan, pero son totalmente invisibles para el Estado) alcanza cotas infinitamente más altas que en Occidente, la gestión de la crisis está siendo y será mucho más complicada.

“En estos países, que todavía están en una fase inicial de la pandemia, la renta básica debe aplicarse tan rápidamente como sea posible: no puedes comprar jabón ni tener agua limpia sin el dinero necesario para ello, y es más sencillo transferirlo directamente a la gente que organizar un esquema complejo de subsidios”, apunta Guy Standing, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de La renta básica: un derecho para todos y para siempre (Editorial Pasado y Presente).

Todos los esquemas diseñados o puestos en marcha desde el inicio de la pandemia están, sin embargo, pensados para desaparecer tan pronto baje la marea, como destaca Philippe van Parijs, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). “Tienen un propósito útil y pueden ser la mejor herramienta disponible, pero son intrínsecamente temporales”, recalca el quizá mayor embajador global del concepto.

“Muchos de los que la criticaban, ahora la defienden”

La renta básica no ha dejado de ganar enteros con el paso de los años ante el avance de la desigualdad y la merma del Estado de bienestar. Pero no es, ni mucho menos, una idea nueva: empezó a sonar, aunque en círculos muy reducidos, en el siglo XVIII y en su travesía ha logrado reunir en torno a sí a economistas de extracción ideológica tan diversa como John Kenneth Galbraith, Milton Friedman o James Meade, entre otros. Y ha cautivado a pensadores separados por dos siglos como Thomas Paine (1737-1809) y Bertrand Russell (1872-1970). Nunca, sin embargo, ha estado tan cerca de convertirse en realidad como hoy. “Creo en el utopismo oportunista. Las crisis pueden proporcionar oportunidades para grandes avances y debemos aprovechar el impulso”, anima Van Parijs, coautor de Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata (Editorial Grano de Sal).

La vertiente universal del ingreso básico —la más interesante, pero también la más compleja por los costes que lleva asociados— está atrayendo un interés mayor en un momento de indefinición económica, como reconoce Louise Haagh, del departamento de Ciencias Políticas la Universidad de York (Reino Unido). “Está quedando patente el fallo de nuestro sistema tanto para responder específicamente a esta crisis como, más en general, para ofrecer una seguridad económica real”, apunta por correo electrónico. “Es solo una pieza del puzle, pero al menos sería un intento serio de reconocer los derechos y el estatus económico de todos”. También Standing ve un cambio de patrón: “Muchos políticos, economistas y medios de comunicación, que en el pasado han sido hostiles a la idea, ahora la defienden”.

El coste de un ingreso básico permanente y no únicamente de emergencia varía, y mucho, entre latitudes. La renta mínima propuesta en España por el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando estaba al frente de la Airef costaría 3.500 millones de euros si se descuentan los solapamientos con otros programas sociales y reduciría la pobreza en entre un 46% y un 60%. Una solución más ambiciosa, como una renta básica auténticamente universal y permanente de algo más 620 euros al mes por residente, supondría una carga de casi 190.000 millones anuales, algo menos del 18% del PIB, según calculó en 2017 el servicio de estudios del BBVA. Para ponerla en marcha, tanto en países europeos como emergentes, habría que empezar por librar “un combate frontal contra la evasión y la competencia fiscal [entre territorios], y repensar el objetivo de la austeridad”, incide Haagh, presidenta de la Red Global de Renta Básica (BIEN, por sus siglas en inglés).

En Latinoamérica, una región atravesada por la desigualdad y la pobreza, y donde, por tanto, su sentido se multiplica, entregar a todos los hogares el equivalente al umbral de pobreza tendría un coste para el erario equivalente al 4,7% del PIB, según un reciente estudio de la Cepal, el brazo de la ONU para el desarrollo económico del subcontinente. “No costaría tanto y daría seguridad económica en un momento de enorme incertidumbre”, remarca la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. “Esta crisis nos invita a repensar la economía, la globalización y el capitalismo. Se requieren soluciones innovadoras y la renta básica es una de ellas”. La utopía está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

 

Por Ignacio Fariza

Madrid - 06 abr 2020 - 02:49 COT

Publicado enSociedad
Página 1 de 10