Sábado, 30 Marzo 2019 06:26

¡No va mas! Negro el once

¡No va mas! Negro el once

Después de que el Parlamento Europeo votara el pasado 26 de marzo de 2019 la nueva directiva de Copyright, el colectivo Xneti señaló en comunicado que “no sólo es un día negro para los derechos en la era digital, sino también para la calidad democrática de las instituciones europeas”ii. 

Finalmente han gana do los lobbies del copyright. Ni gigantes como Google o Facebook han podido impedirlo. El Parlamento Europeo ha aprobado el 26 de marzo la reforma de ley de copyright por 348 votos a favor y 274 en contra y algunas abstenciones. Los controvertidos artículos 11 y 13 (ahora 15 y 17) que generaron el pasado año el“apagón de Wikipedia”iii entre otras tantas movilizaciones de colectivos y personalidades de Internet hoy son ley europea y deberán ser llevados a todos los países comunitarios a las leyes nacionales, donde corresponda regular el copyright, en un plazo máximo de dos años.


Luego de ser aprobada en el Parlamento Europeo, la reforma del copyright deberá ser adoptada por el Consejo de la Unión Europea (que meses atrás había rechazado los artículos 11 y 13 y con eso lograba abrir una ventana de esperanza en defensa de las libertades de internetiv). Ésto podría suceder el próximo 9 de abril.


Lo repudiable y condenable de ésta modificación es que se ataca la esencia misma de Internet en tanto como usuarios no nos limitamos a consumir contenido, sino que también aportamos (compartiendo links, creando nuevos contenidos a partir de los existentes, etc). A partir de esta decisión del Parlamento Europeo habrá que pensar en una nueva Internet, con un modelo similar a la televisión: de un solo sentido. Solamente podremos consumir materiales, noticias y contenidos sin la posibilidad de compartir, por ejemplo, un memev.
Los ahora artículos 15 y 17 obligan al control de todo el contenido subido a Internet. La cantidad de contenidos que se suben hace impensable que la tarea pueda realizarse con humanos moderadores, lo que obligará probablemente a usar filtros automatizados que probablemente no detecten ironía o humor y censuren infinidad de contenidos.


Los “articulos negros” (vea el plato de ruleta: 11, 13, 15 y 17 son negros!!)


Artículo 11, ahora 15 (usos digitales de las publicaciones de prensa): con estas medidas la Unión Europea plantearía la implantación de una especie de tasa Google o Canon AEDEvi. Los editores de publicaciones de prensa podrían gestionar sus derechos de autor, cobrando o no a quienes les enlacen o les usen de fuente cierto importe como pago por hacer uso de dicha información con derechos de autor. Enlazar o citar se convertiría en un verdadero problema tanto en la práctica como en su gestión y sus consecuencias legales. (Fuente kaosenlared.net)


Artículo 13, ahora 17 (vigilancia de contenidos protegidos por parte de proveedores): en este caso la normativa obligaría a las plataformas de contenidos a monitorizar lo que los usuarios suben para comprobar si se violan o no los derechos de autor. Cada servicio tendría que crear un sistema tipo Content ID de YouTubevii que permitiría detectar violaciones de los derechos de autor. No solo de música, sino de cualquier contenido. Sitios como la Wikipedia -aunque la UE planteo este caso como una excepción- o GitHub que abogan por la libre compartición de información y conocimiento, por ejemplo, estarían entre los afectados. (Fuente xataka.com)


Sin dudas estamos ante la presencia de un cambio radical en beneficio de los grandes lobbies del copyright que impacatará en la Internet tal y como la conocemos hoy día. En Latinoamérica no podemos pensar que todo esto será inocuo para nosotros en tanto accedemos a diario a sitios europeos, enlazamos a artículos, imágenes o videos alojados o producidos en la Unión Europea, utilizamos servidores alojados en la Unión Europea y por ende estarán sometidos a la nueva legislación.


La Internet es global, no tiene fronteras, ya está lo suficientemente dominada por los enormes oligopolios trasnacionales (Google, Apple, Microsoft, Facebook ). Ya estos oligopolios son quienes nos filtran, controlan, analizan nuestro comportamiento y con ello nos muestran lo que quieren que consumamos (ya sea con fines comerciales pero fundamentalmente políticos). Ahora serán ellos mismos –pese a haberse opuesto a esta nueva forma de control, porque va en contra de sus intereses comerciales– quienes aplicarán mas control y censura sobre nuestro uso y acceso a la “red de redes”.


Latinoamérica lucha contra muros de Trump, amenazas de invasión y bloqueo tanto en Venezuela como Cuba, se plaga de bases militares norteamericanas, los gobiernos viran a la derecha y la ultra derecha. La corrupción de los nuevos gobernantes es alarmante y ya ha llevado a ex presidentes a la justicia y seguro llevará a varios otros (Temer y Moreno los mas “destacados” viiiix). También se mira n con mas “cariño” los TLC con la Unión Europea y ¡¡¡Oh paradoja!!! todos los TLC tienen varios párrafos dedicados exclusivamente a temas de derechos de autor.


Con UNASUR desarmándose, MERCOSUR trabado, nacimiento de PROSUR (a la derecha del sur), destrucción de conquistas civiles en toda Latinoamérica: ¿Cómo posicionamos propuestas alternativas y contrahegemónicas en estos escenarios?
Sin dudas los pueblos, hoy mas que nunca, tienen la palabra...

Por Enrique Amestoy
Rebelión


Notas:


i https://xnet-x.net
ii https://xnet-x.net/dia-negro-para-derechos-civiles-en-era-digital/
iii https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicado_del_4_de_julio_de_2018
iv https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/consejo-europeo-ha-rechazado-articulos-11-13-ley-copyright
v https://es.wikipedia.org/wiki/Meme
vi https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Google
vii https://en.wikipedia.org/wiki/Content_ID_(algorithm)
viii https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/03/25/wikileaks-anuncia-investigara-presidente-lenin-moreno-caso-inapapers.html
ixhttps://www.telesurtv.net/news/brasil-nueva-denuncia-temer--20190328-0033.html

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Directiva de 'copyright': últimas horas para evitar la censura automatizada en internet

Una última iniciativa ciudadana paneuropea invita a los internautas a pedir personalmente a los eurodiputados que rechacen la norma, con la amenaza de no votarles en las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.


El Parlamento Europeo vota, a partir de las 12:30 de este martes, el texto definitivo (PDF) de la polémica directiva del 'copyright', una norma que marcará de forma exahustiva qué se puede y qué no se puede compartir en público en función de quién sea el dueño de contenidos. Una última iniciativa ciudadana paneuropea invita a los internautas a pedir personalmente a los eurodiputados que rechacen la norma, con la amenaza de no votarles en las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.


La complicada renovación de las normas europeas sobre derechos de autor, en la era de las redes sociales, los móviles y la inmediatez, ha desembocado en un complejo texto pactado que, a juicio de sus detractores, únicamente pretende contentar a una parte de la industria de los contenidos y no a todos los creadores.


Por un lado, el artículo 15 (durante su tramitación era el artículo 11) pretende obligar a todo sitio web o aplicación comercial —tanto grandes buscadores y agregadores de contenidos como cualquier sitio que contenga publicidad— a pagar una licencia a los editores de prensa por recoger citas a noticias que sean algo más que palabras sueltas o fragmentos muy cortos.


El artículo 17 (durante su tramitación era el artículo 13), por su parte, pretende evitar que los usuarios cualquier plataformas sociales de publicación de contenidos, como Twitter, Facebook, Instagram y aplicaciones comerciales, a que compren licencias de contenidos antes de que se compartan en la red, así como que eviten que los usuarios publiquen material infractor, incluso antes de que éste se publique.


La previsible consecuencia es la llamada 'censura algorítmica': esas empresas tirarán de robots —el volumen de lo que se publica allí es tan grande que es imposible hacerlo a mano— para identificar (y evitar) posibles violaciones de derechos de autor de lo que usted o yo subamos a las redes, por si acaso.


A lo largo de su tramitación, el texto del proyecto de directiva ha ido modificándose y sorteando diversos obstáculos, mientras los textos se iban filtrando en un proceso que ha sido muy poco transparente. La eurodiputada Julia Reda, del Partido Pirata, ha sido la cabeza visible de un movimiento de alerta y protesta que ha incluido académicos, entidades y grupos de ciberactivistas como EDRI, Electronic Frontier Foundation y Xnet, e incluso el relator de la ONU para la libertad de expresión y la Wikipedia.


Durante este fin de semana se han celebrado manifestaciones más io menos multitudinarias en varias ciudades de la Unión Europea, las más numerosas en Alemania, contra esta nueva normativa. Porque la votación del martes es la última oportunidad para tumbar estas medidas.


Mientras, el sitio web #SaveYourInternet —una iniciativa conjunta de las principales ONG y asociaciones contrarios a esta directiva— apura su llamamiento a todos los ciudadanos para que escriban a los parlamentarios europeos que les representan. Esta plataforma, que aglutina las principales asociaciones y movimientos de la sociedad civil en defensa de los derechos de los internautas, dispone de un formulario sencillo con el que realizar esta tarea.


La idea es presionar a los miembros de la Eurocámara para tumbar la directiva en su votación final. En el apartado de europarlamentarios españoles, la herramienta permite escribir directamente a todos ellos, e incluso llamar por teléfono a sus respectivas oficinas.


La idea es dirigirse a los representantes, con insistencia pero educadamente, y dejar claro que "su voto sobre si rompen Internet construirá o destruirá el voto del ciudadano en las elecciones de la UE" del próximo 26 de mayo. Una iniciativa que recuerda el grito de #NoLESVotes contra la 'Ley Sinde' en España, hace ya más de ocho años.

Madrid
25/03/2019 10:44 Actualizado: 25/03/2019 10:

Publicado enSociedad
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:29

Asignaturas pendientes

Asignaturas pendientes

El sol alumbra de manera cada vez más intensa la espalda de Juan Manuel Santos, y con claroscuros los meses donde tomará forma una nueva campaña electoral, en realidad dos: una para elegir congresistas y otra para seleccionar jefe de Estado.

Con ese sol indicando que ya sale, el aún Presidente sabe que tendrá una agenda difícil de sobrellevar y sacar adelante en el Congreso de la República, donde el acuerdo burocrático que le permitió contar con mayorías a lo largo de estos años muestra cada día más fracturas. En ese interregno quedan pendientes de aprobar decenas de iniciativas que concretan los Acuerdos firmados con las Farc.

Para conocer algunos pormenores de la agenda legislativa del segundo semestre 2017, nos citamos con el congresista Alirio Uribe, quien de manera presta dispone un tiempo para ello. Tras el saludo, entramos en materia:

 

Héctor Arenas (HA). Alirio, el fast track todavía sigue vigente para esta legislatura o finalizado el pasado mes de julio.
Alirio Uribe Muñoz (AUM). Sigue vigente por otros seis meses. Ese mecanismo fue aprobado para que en Colombia no pase lo mismo que en otros países donde se firmaron acuerdos de paz: que pasen los años y los acuerdos de paz no se implementan.

 

Es así como lo acá aprobado establece un procedimiento dirigido a que en el primer año queden aprobados todos los marcos constitucionales y legales, todas las leyes estatutarias, leyes ordinarias, decretos legislativos, que desarrollan los Acuerdos de tal manera que los mismo tengan el soporte legal para permitir su cumplimiento.

 

HA. ¿Puedes relacionar lo desarrollado hasta el momento en tal perspectiva?
AUM. Hasta los primeros días de agosto de 2017 se han expedido más de noventa leyes de implementación de los acuerdos, treinta y cinco decretos con fuerza de ley. Todas van a pasar por la Corte Constitucional, las mismas que regulan muchos temas de los Acuerdos, y cuarenta y siete decretos ordinarios, expedidos por las facultades ordinarias que tiene el Presidente.

 

De los siete Actos legislativos que deben ser aprobados ya contamos con tres. Es importante indicar que los actos legislativos son reformas constitucionales, y que en términos estatales-legales es lo que tiene más alto nivel.

 

Dentro de esos actos legislativos tenemos todo lo concerniente a la Justicia Especial para la Paz (JEP) del sistema de verdad, justicia y reparación. Todo lo de la reincorporación política, y todo lo que tiene que ver con la estabilidad de los acuerdos; su primacía en los desarrollos legislativos también está aprobado.

 

HA. Entonces, ¿qué sigue en trámite en la legislatura que apenas empieza?
AUM. Sigue en trámite lo concerniente con las regalías, recursos para financiar mucho de lo aprobado y de lo acordado. También la prohibición del paramilitarismo, que ya casi se finiquita. Lo de las circunscripciones especiales de paz, que al parecer puede tener más trabas en la Cámara de Representantes que en el Senado. Recuerde que en el Senado hay 19 departamentos que no tienen representación, por lo que sus integrantes representan más a las grandes capitales; la Cámara, en cambio, representa todo el país, entonces, cuando se crean 16 circunscripciones especiales de paz todas se cruzan con Cámaras territoriales, de ahí que sientan amenazados sus zonas de influencia y sus poderes territoriales por eventuales nuevos actores políticos.

 

Por otra parte tenemos la reforma política, y en contravía de lo que creíamos imposible, se han logrado incluir y excluir temas que son claves para la primera ponencia de la reforma de las costumbres políticas. Esto no significa que tengamos una reforma política extraordinaria, pero se han logrado avances, sobre todo en temas que eran demandas estructurales de los partidos minoritarios.

 

HA. Nos puede ejemplificar...
AUM. Se logró, por ejemplo, evitar que eliminasen la muerte política, que es la sanción de prohibirles intervenir en política de por vida a los alcaldes, concejales, diputados, congresistas, etcétera, sancionados penalmente o destituidos por corrupción. Algunos congresistas trataron de eliminar esta sanción, pero se logró conservarla, con una audiencia y con la atención al tema de los medios de comunicación.

 

La reforma política está iniciando el trámite, y se acaba de nombrar ponentes con la primera ponencia; es una reforma constitucional en fast track lo que implica que le faltarían otros 3 debates. Es vital, sobre este particular, que la movilización ciudadana acompañe el trámite de la reforma para que el Congreso sea consciente de su obligación de autoreformarse, esto bajo dos variables: la variable de corrupción (financiación ilegal, Odebrecht, etcétera). y la variable de los acuerdos de paz.

 

HA. ¿Qué otros proyectos están en curso?
AUM. Están pendientes las cuatro reformas constitucionales y diez normas nuevas, además llegó la ley estatutaria de la JEP que se había retirado, pero falta, por ejemplo, el catastro multipropósito que tiene que ver con todo el tema de tierras. Estas normas van con tres debates: comisión conjunta de Senado y Cámara, y dos plenarias.

 

Hay varias leyes pendientes: la que modifica la ley orgánica del plan de desarrollo, la atinente a las zonas de reserva forestal, y otra que debe modificar la ley de garantías, porque la implementación de los Acuerdos se cruza con las campañas electorales, y con éstas se congelan los presupuestos. Hay que hacer entonces una excepción para toda la implementación de los Acuerdos.

 

También está pendiente la jurisdicción agraria, un tema candente, con la cual debe venir un tratamiento penal diferencial para personas procesadas por participar en actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito, lo que seguramente generará mucho debate.

 

También está una norma sobre crédito y financiación agropecuaria, que es importante. Y hay una ley sobre participación ciudadana, con quince variables de los Acuerdos de paz en el punto dos; también va a salir una norma para el combate del crimen organizado y el paramilitarismo.

 

La ley de tierras no saldrá por fast track, para evitar que la Corte Constitucional pueda tumbarla, por lo que irá por trámite ordinario con mensaje de urgencia.

 

HA. Hace unos meses, usted nos manifestó su inquietud porque en el segundo semestre del 2017 se vendría encima la agenda política electoral y no habría atención ni tiempo para aprobar las leyes indispensables para implementar los acuerdos de paz, ¿está sucediendo lo que previó?
AUM. Eso temía, sin embargo hemos tenido varias reuniones de bancadas con expresiones claras de la voluntad de aprobar las leyes que van por fast track. Eso me ha sorprendido, pero aun tengo dudas pues no veo aprobada, por ejemplo, la reforma política ni la jurisdicción agraria; también temo que algunas normas no pasen la revisión de la Corte Constitucional.

 

Creo, sin embargo, que con las normas que han salido, más las cuatro reformas constitucionales que se aprueben, y cinco normas más por fast track, tendríamos un muy buen balance para el primer año de desarrollo legal de los acuerdos. Un comparativo internacional avalaría esta convicción.

 

Ahora, lo que hay que tener claro es que el hecho de tener leyes no significa que se produzcan de manera inmediata e inexorable cambios en la vida cotidiana, pero es un primer paso indispensable para promoverlos.

 

En todo caso, en la nueva fase política que se abre (campaña electoral), el Presidente pierde control sobre el Congreso y es probable que iniciativas contrarias a los acuerdos se abran paso.

 

HA. ¿Ha sucedido algo en este sentido?
AUM. Este mes, por ejemplo, sucedió un gran debate en el Congreso a partir de cuestionar que las Farc participen en política sin haberse puesto en paz con la justicia, y este es un punto que está en los Acuerdos. Al ver lo sucedido, me pregunto: ¿es conveniente que integrantes de las Farc estén en el Congreso al tiempo que están siendo procesados en la JEP?

 

El Congreso está siempre en la mirada pública, si quienes son adversos al proceso de paz le filtran a las bancadas opuestas a los Acuerdos la información que llegará a la JEP ¿no ayudará esta situación a la matriz mediática adversa a la paz? Mi tesis ha sido que al Congreso hay que llevar personas que no estén en la JEP, o que ya hayan pasado por ella y estén a paz y salvo.

 

HA. ¿Qué ha sucedido con la obligación del Gobierno de excarcelar a los prisioneros de las Farc? Dos meses atrás usted nos dijo que esas excarcelaciones se darían gracias a un decreto del gobierno, pero pareciera que el mismo no ha surtido efecto.
AUM. Así es. El Congreso aprobó la ley de aministía pero la mayor parte de los jueces afirmó que el procedimiento para expedir las órdenes de libertad no estaba claro. El gobierno nacional sacó entonces un decreto aclarando la ley de amnistía, sin embargo no se produjeron las liberaciones esperadas, por lo cual vino la protesta en las cárceles y la huelga de hambre en el mes de junio.

 

El gobierno nacional expidió otro decreto aclarando la ley de amnistía y el decreto previo, y después expidió el decreto 750 nombrando a 700 guerrilleros detenidos como gestores de paz; con este decreto el propio Gobierno da las órdenes de libertad.

 

Sin duda hay resistencia por parte de los jueces contra lo acordado. Quizás haya necesidad de nombrar otros 700 gestores de paz, todavía debe haber en las cárceles al menos 1.500 detenidos de las Farc.

 

Una evaluación al finalizar diciembre de lo acá relacionado nos indicará, con toda certeza, las fuerzas que deberán moverse en el futuro cercano para garantizar que todo lo acordado se torne realidad. La coyuntura seguirá marcada por esta pugna.

 


 

Recuadro

 

En defensa de los cerros orientales de Bogotá

 

En los años sesenta, en los cerros orientales que colindan, entre otras, con la localidad de San Cristóbal, los niños respiraban libertad jugando en el bosque y aprendiendo a nadar en el río. El Fucha descendía del páramo de El Verjón, aún con peces. En ese tiempo el niño Alirio Uribe Muñoz no podía imaginar, mientras se zambullía en las frías y puras aguas del riachuelo andino, que cincuenta años después estaría defendiendo esos cerros tutelares y sagrados –para el milenario pueblo muisca– de la embestida turbia de los urbanizadores representados por Enrique Peñalosa.

 

En su oficina del quinto piso en el Congreso de la República, Alirio nos comenta que el 3 de agosto realizaron la audiencia pública sobre cerros orientales en el Capitolio, la que contó con un amplia concurrencia de los actores civiles, singulares o articulados en procesos organizativos, que desde hace años han estudiado y adelantado acciones para cuidar los Cerros, o simplemente los han habitado. En la lucha por la defensa del territorio, nos cuenta, que también sesionó una audiencia pública sobre el parque Bavaria, también con una amplia participación ciudadana.

 

HA. El tema de la defensa de los territorios es primordial, ¿cómo sesionó la audiencia pública sobre los cerros orientales?
AUM. Es necesario recordar que estos Cerros son zona de reserva, por lo cual no pueden ser construidos, como lo desean los constructores de urbanizaciones estrato diez. Pese a la norma, este bello espacio de la ciudad ha sufrido intervención, favorecida por prodecimientos corruptos, que han permitido la construcción de edificaciones como algunas torres de la Universidad Externado, de la Universidad América, así como edificios de la calle 19 con carrera tercera.

 

En la lucha por proteger este patrimonio colectivo, en el 2005 organizaciones de la sociedad civil presentaron una acción popular invocando su protección, acción popular que finalmente fue fallada en última instancia por el Consejo de Estado en el 2013 ordenando proteger los Cerros, bajo las modalidades de franja de amortiguamiento y zona de reserva.

 

La franja de amortiguamiento tiene un problema: la Sentencia dijo que se respetaban los derechos adquiridos, y en esa área están las licencias de construcción, el problema es que existe un conflicto social pues pueden existir allí entre 10 o 20 mil viviendas ilegales de diversos estratos socio-económicos.

 

La Sentencia tiene 14 recomendaciones, y compromete a las diversas autoridades ambientales en la aprotección de la zona de reserva: CAR, Secretaría de Medio Ambiente, y Ministerio de Medio Ambiente, autoridades encargadas de la vigilancia y ejecución de la Sentencia.

 

Peñalosa llega a la Alcadía con la propuesta del sendero de las mariposas, un nombre bonito para una propuesta dirigida a convertir la zona de reserva en un proyecto de clubes de turismo con miradores estrato diez y zonas de parqueo.

 

Previendo la protección los Cerros, desde hace años la sociedad civil diversa y organizada que los estudia y protege, propuso la creación de veinte parques a lo largo de los Cerros, desde Usme hasta Lijacá. Esa propuesta fue construida con la administración Petro y se presentó en la audiencia pública que organizamos en ese momento. En tal audiencia también se revelaron los temores y los conflictos existentes en esa zona; por nuestra parte, presentamos los cinco títulos mineros que encontramos en el área, títulos contrarios a lo ordenado por la Sentencia del Consejo de Estado que prohíbe de manera terminante la minería en la zona; también hay conflicto entre los derechos de la gente que habita ese territorio y las constructoras.

 

Hay muchas propuestas que podrían hacerse para proteger este importante y bello espacio de la ciudad, y no atropellar los sectores sociales más vulnerables que lo habitan desde hace décadas, los que podrían ser convocados a la tarea de proteger el área y brindarle seguridad.

 

Por ahora y sin retardo, hay que seguir con los ojos bien abiertos, realizando un monitoreo sobre lo decidido por la Corte y para contener las pretensiones de los negociantes del cemento, en cabeza del señor Peñalosa.

Publicado enEdición Nº238
Derecho al agua. El 1898 de 2016: un decreto que seca los acueductos comunitarios

El Decreto 1898 de 2016 erosiona y pone en riesgo la gestión comunitaria del agua en Colombia y nos reta a la más amplia movilización en su defensa.

 

Nuevamente se aprueba en Colombia un decreto contrario de la organización popular y de la soberanía de los pueblos en sus territorios: el Decreto 1898 de 2016, que amenaza la concepción del agua como bien común y derecho humano fundamental; con el cual pretenden destruir las formas que han logrado construir históricamente las comunidades como mecanismo para garantizar el acceso al recurso, tanto en poblaciones urbanas como rurales.

 

Mediante un discurso empresarial y mercantil, este decreto busca que las más de 15 mil asociaciones comunitarias sin ánimo de lucro existentes en el país, estructuras construidas desde lo que se denomina gestión comunitaria del agua queden en manos de privados. El Decreto reglamenta la ancestral relación agua-comunidad-territorio al punto que desconoce la historia, las prácticas culturales, las formas de economía solidaria desplegadas en distintas veredas, corregimientos y barrios del país.

 

Privatización del agua en Colombia

 

La política nacional de transformación empresarial iniciada con la apertura económica en la década del noventa —cuyo sustento es la Ley 142 de 1994 que entrega al sector privado la prestación del servicio—, transforma las empresas públicas en comerciales e industriales y con el derecho comercial privado coloniza las instituciones públicas y de economía solidaria. El Decreto 1898 es la continuidad de esta política privatizadora que guarda directa relación con las políticas de los últimos gobiernos.

 

Si observamos los Planes Nacionales de Desarrollo 2011-2014 y 2014-2018, veremos que siguen los lineamientos diseñados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de los años 2005, 2007 y 2014, plasmados en los documentos Conpes, concretando sin matiz alguno el mandato legal orientado al manejo empresarial del agua y el saneamiento básico a través de formas organizativas societarias con ámbito de operación regional.

 

Tales lineamientos imponen la transformación y participación en esquemas empresariales de los entes municipales y las comunidades organizadas u organizaciones autorizadas. Se olvida por completo la mirada social y el enfoque de derechos y pasan por encima de la institucionalidad de gestión pública municipal y de las organizaciones comunitarias que realizan una gestión colectiva del agua.

 

El Conpes 38101 de 2014, por ejemplo, desconoce los aportes de la gestión comunitaria del agua, la denigra y la califica negativamente. En su lógica privatizadora este documento difama lo público y lo comunitario; mediante argumentos “técnicos” y “objetivos” convierte las virtudes en defectos, y considera como ineficientes las capacidades comunitarias de gestión del agua.

 

Craso error, desde nuestra mirada, las capacidades organizativas y de gestión de las comunidades organizadas son la mejor respuesta adaptativa a las consecuencias negativas del cambio climático, y por eso conservar estas organizaciones y fortalecerlas es estratégico para el país.

 

En contra de ello, el Decreto 1898 de 2016 no parte de un enfoque diferencial de derechos2, ni de la comprensión de las construcciones culturales propias de cada comunidad y territorio. No vincula las particularidades de los pueblos y territorios indígenas, comunidades negras y campesinos. No reconoce las formas tradicionales de autoabastecimiento y la manera como históricamente las comunidades organizadas han garantizado el acceso al agua bajo formas asociativas dentro de la economía solidaria, tales como comités de agua, asociaciones, juntas de usuarios, cooperativas y corporaciones sin ánimo de lucro y de la economía social y solidaria.

 

¿Quiénes pueden prestar el servicio?

 

Con el nuevo Decreto, para ser reconocido como prestador del servicio debe plasmarse un compromiso que incluya un plan de gestión, un plan de aseguramiento, un plan de obras e inversiones que contenga las fuentes de financiación y un plan de cumplimiento a través de un sistema de plazos. En otras palabras, para lograr prestar el servicio de agua debe cumplirse con las características de una empresa con alta capacidad financiera, conocimientos técnicos, jurídicos y contar con la “experiencia” que certifique que podrá realizar el trabajo de una manera adecuada.

 

Si es una organización comunitaria la que desea seguir prestando el servicio, el Decreto acude al concepto de progresividad para medir avances en la transformación de la organización comunitaria a los estándares de la gestión empresarial de los servicios, desconociendo la singularidad de la organización y un enfoque de derechos como el contenido en el proyecto de ley propia3.

 

De esta manera, el Decreto delimita la posibilidad de prestación del servicio al sector empresarial, el único que cuenta con la capacidad financiera para adoptar una infraestructura homogenizada; e impide, asimismo, que las comunidades organizadas puedan seguir garantizando el autoabastecimiento, suministro y acceso al agua como lo venían desarrollando desde los diferentes enfoques y tradiciones para vivir y cultivar los territorios.


Negando los acumulados

 

Ante esto, los interrogantes se multiplican: ¿Qué pasa con los más de 12.000 prestadores de servicio que se encuentran ubicados en las zonas rurales? ¿Tienen la capacidad para cumplir con esta normativa impuesta? ¿Podrán presentar los diferentes planes? ¿Tienen capacidad financiera y técnica para desarrollar las obligaciones que el decreto impone? ¿Doce mil gestores comunitarios del agua podrán presentar los diferentes proyectos para unificar la forma en que se preste el servicio? ¿Necesitan en realidad unificarlo? ¿Esta unificación garantizará el acceso a la población rural?

 

La respuesta es clara, y es negativa. El Decreto denomina la actividad realizada por los gestores comunitarios del agua como “soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico”, desconociendo su permanencia en el tiempo y sus características esenciales, pues las miran sólo desde los aspectos técnicos, reduciéndolas a infraestructuras y aplicándoles los parámetros de higienización del agua y los criterios de eficacia y eficiencia mercantiles.

 

Las soluciones alternativas se describen con las siguientes características: el acceso al agua para consumo humano y doméstico mediante abasto, punto de suministro o directamente de la fuente, el almacenamiento en tanque o dispositivo móvil, el tratamiento a través de técnicas o dispositivos colectivos o individuales de tratamiento de agua.

 

Estas son formas características de la ruralidad. Las reconocen hasta que aparezca un operador especializado. Recordemos que el Conpes 3810 diagnostica una cierta “atomización de recursos” del Sistema General de Participaciones –SGP– que a larga quieren sólo destinar a los llamados esquemas regionales. La manera como se caracterizan las soluciones alternativas es un camino hacia convertirlas en simples administradoras de una infraestructura.

 

Desconocimiento

 

Estas son un “mientras tanto”, pues estarán vigentes en el territorio hasta que un operador privado conformado como organización con ánimo de lucro, como empresa rentable, se posesione y capture la infraestructura, que es un patrimonio comunitario, producto del esfuerzo mancomunado de vecinas y vecinos, en ocasiones de aportes de las organizaciones gremiales –como la Federación de Cafeteros– y de aportes públicos municipales y departamentales.

 

Insistimos en que es esta una manera de desconocer que las comunidades organizadas de hecho y de derecho han asegurado el acceso al agua desde tiempos inmemoriales, y que han construido sus infraestructuras mediante la minga, el convite, la mano cambiada, el aporte económico y las cuotas familiares.

 

¿Propiedad de quién?

 

En el artículo 2.3.7.1.3.6 N.3, el Decreto dice que una vez realizada “la intervención requerida para construir, rehabilitar, optimizar o proteger los puntos de suministro o abastos de agua, o las soluciones individuales de saneamiento básico”, las comunidades pasan a administrar infraestructura que de inmediato se convierte en propiedad pública. Clara estrategia de despojo a las comunidades de sus sistemas de acueducto y falta total de reconocimiento a las organizaciones que son sus propietarias.

 

Las comunidades organizadas administrarían esa infraestructura hasta que el municipio lo desee, porque éste cuenta con la facultad de hacer parte de una empresa regional utilizando esta infraestructura o, en caso de ser desertificado, la Gobernación podría hacerlo y las comunidades administradoras pasarían a ser simples usuarias, lo que implica que dependerían de las decisiones que tomen las empresas prestadoras de los servicios públicos y de la imposición de las tarifas, lo cual elimina las formas de economía solidaria que han permitido a los gestores comunitarios la garantía efectiva del derecho humano al agua.

 

El Decreto crea una nueva forma de nombrar los acueductos comunitarios, los nombra como soluciones alternativas. Esto es crucial porque los minimiza y no reconoce que la gestión comunitaria del agua es una compleja relación entre los territorios del agua, las fuentes, los nacimientos, los manantiales, la comunidad de todos los seres vivos que hacen hábitat con el agua y la comunidad humana que construye infraestructuras útiles para acceder a ella y unas formas de organización social comunitaria para su gestión colectiva.

 

Los acueductos comunitarios están organizados bajo una estructura asamblearia, es decir, todos los asociados beneficiarios de su servicio hacen parte de la estructura organizativa, y son quienes toman las decisiones más importantes en espacios de plenarios de asamblea. La gestión del acueducto comunitario se convierte no solo en un espacio para resolver una necesidad vital de todas las personas, sino también un lugar de articulación e integración de la comunidad, pues todos hacen parte del acueducto y toman decisiones alrededor del mismo.


Podríamos decir, en síntesis, que el Decreto 1898 de 2016 erosiona y pone en riesgo la gestión comunitaria del agua en Colombia y nos reta a la más amplia movilización en su defensa. Una movilización propositiva que impida el despojo y la entrega al mercado de los patrimonios culturales, sociales y ambientales representados en las comunidades organizadas, sus conocimientos y experiencia, sus infraestructuras y bienes.

 

La ley propia es la alternativa

 

La ley propia que así amorosamente la denominan las gentes del agua, las comunidades organizadas de acueductos comunitarios que convergen en la red nacional, propone unas definiciones basadas en la identidad política y cultural de las comunidades organizadas, en sus características de economía social y solidaria, en su inserción en la gestión ambiental comunitaria.

 

La ley propia se basa en el derecho a la autogestión, y relaciona el derecho individual y colectivo al acceso y suministro de agua y al autoabastecimiento como medio de su garantía. La ley propia no considera a los acueductos comunitarios como prestadores de un servicio sino como garantes del derecho humano fundamental al agua, que está imbricado en el derecho al autoabastecimiento y a la gestión colectiva y solidaria del agua como recurso de uso común.

 

La gestión comunitaria del agua desmercantiliza el agua, la concibe como un bien común y no como un bien económico comercializable. Contra esta concepción es que atenta el Decreto de marras.

 

1 Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural (Conpes 3810 de 2014). Agosto 28 de 2014
2 El Enfoque Diferencial es el instrumento jurídico idóneo para revertir o evitar los procesos y actos que generan las condiciones actuales o históricas de discriminación e impiden el goce efectivo de derechos (Presidencia de la República, s. f.).
3 La ley propia es un proyecto de ley creado en el marco de la defensa de la gestión comunitaria del agua por la Red nacional de Acueductos Comunitarios que recoge el qué hacer de las comunidades.

Bibliografía

Colombia, Presidencia de la República. Departamento para la Prosperidad Social (s. f.). Grupo de Enfoque Diferencial. Recuperado de http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Descripci%C3%B3n%20Enfoque%20Diferencial.pdf
Mondragón P., Lina y Márquez V., Javier (2014). “Gestión comunitaria del agua: Apropiación de la gestión y la prestación del servicio público”. Recuperado de: http://www.ecofondo.org.co/articulo.php?id=128  (Consultado el 22 de marzo de 2017)
Salazar Restrepo, Bibiana (2011). “Planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico –PDA”. Cartilla N.º 1, Medellín, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, pp.4, 24
Salazar Restrepo, Bibiana (2017). “Las organizaciones comunitarias, sujetas y garantes del derecho humano al agua”. Agua bien Común número 4, Medellín, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, pp. 18,22Derecho al agua
El 1898 de 2016: un decreto que seca los acueductos comunitarios

Publicado enEdición Nº237
“En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”

Uno de los principales aspectos de la coyuntura que atravesamos hoy en Colombia radica en la concreción del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. La manera como el Congreso de la República está desarrollando cada una de las leyes a que obliga el Acuerdo deja mucho que desear, tanto que “Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido”, afirma Alirio Uribe, Representante a la Cámara.

 

Llego a la Feria del Libro para entrevistar a Alirio Uribe Muñoz luego de un acto cultural al cual está convocado; al ingresar a Corferias procuro no sentir el malestar suscitado por un evento que se supone de libertad e intercambio de ideas y sueños –parte del espíritu de los libros aquí encadenados; Feria a la que es obligatorio pagar varios miles de pesos para poder ingresar y donde, además, lo cobrado para poder exhibir la oferta editorial obstaculiza la presencia de las editoriales que funcionan como iniciativas culturales y no como empresas comerciales.

 

Acudo rápido al salón donde debe estar Alirio, a la hora justa señalada en la invitación. Al llegar me encuentro con la novedad que ya no es ahí. Tomo el camino hacia el nuevo salón, el auditorio está lleno. Me sorprende porque el diseño del evento parece concebido para que no llegue nadie.

 

Escucho las palabras de Alirio. En su voz se revela el dolor por tantos jóvenes sacrificados en la larga y antigua batalla brindada en nuestro territorio por el derecho a vivir una vida digna. Sus palabras traen a mi pensamiento las diversas geografías del campo colombiano –Sumapaz, Fusagasuga, el Magdalena Medio–, donde Gaitán forjó el movimiento por la restauración moral y democrática de la república. Los años han pasado y la mentalidad que se niega a democratizar el país aún se mantiene. Ayer respondieron con el magnicidio al clamor de un pueblo por la tierra y por vida digna. Respondieron con la represión y el exterminio. Abrazaron como su soporte ideológico y bandera guía, el anticomunismo y la doctrina del enemigo interior instaurada por el gobierno de los Estados Unidos. Con estos pilares desataron, potenciaron y prologaron durante décadas una confrontación que terminó engendrando una tenaza internacional, la misma que aún se sirve del conflicto para lucrarse y para mantener un feroz control social.

 

Al finalizar el evento, buscamos un lugar donde tomar un café y poder conversar sobre lo que está aconteciendo con el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz.

 

Entre dilaciones y cambio de sentido

 

El Congreso de la República, me dice, tiene dos caras o tiene diferentes momentos: uno es el momento de la refrendación de los acuerdos, en el que hubo un apoyo total al proceso. Un 85 por ciento de sus integrantes respaldó los acuerdos. Pero otro es el actual, en el que la autonomía legislativa que debe comportar esta columna del poder liberal es utilizado por algunos sectores para seguir “renegociando” los acuerdos. Hay ejemplos que así permiten afirmarlo:

 

En el caso del Sistema de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, quedó legalizado como Acto Legislativo Nº 01/17, con el cual se eleva a rango constitucional la Comisión de Verdad, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y todo lo concerniente a la Justicia Especial de Paz (JEP). Con base en ese acto legislativo el Presidente expidió los decretos leyes el 5 de abril de este año, que crean el comité de escogencia de los miembros del sistema de justicia y paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad, convivencia y no repetición.

 

¿Por qué los expiden como decretos legislativos? Porque el Congreso está en una actitud hostil al fast track, actitud adversa agudizada a pocos meses de su aprobación. Entonces, solamente lo que requiera reforma constitucional o leyes estatutarias pasará por este recinto. Y todo lo demás saldrá como decreto presidencial con fuerza de ley, pasando luego a revisión de la Corte Constitucional.

 

El problema con lo aprobado es que el ministerio de Defensa le metió redacción tratando siempre de eliminar la responsabilidad de mando de los militares, elevando su impunidad, para morigerar la responsabilidad de los empresarios y financiadores de la guerra. Y eso se notó en los temas incorporados por el ministerio de Defensa, manipulación de lo acordado que también se notó en los decretos reglamentarios que brindan la libertad a los militares; interés y énfasis que contrasta con las demoras para darle paso a lo ordenado por la ley de amnistía, con los indultos, con las salidas de los guerrilleros presos en las cárceles. (Ver recuadro, “El doble rasero”).

 

 

¿Qué falta por expedir y/o reglamentar en este tema del Acuerdo? Falta una ley estatutaria que es la que va a desarrollar la JEP. Esto es por Constitución, pues la justicia se reglamenta mediante leyes estatutarias; el Presidente no puede hacerlo de manera directa. Supongo que tendremos una ley estatutaria muy breve, que reglamenta la JEP, y después un decreto ley que reglamenta todo lo demás, lo fino, los detalles. Si tramitaran todo esto en el Congreso, vendría un nuevo recorte de lo acordado.

 

En este punto también tenemos varios temas que competen a las víctimas, que para su implementación requieren una reforma de la ley de víctimas, del marco legal vigente. El que también saldrá por decreto ley, para así evitar más recortes.

 

Para la oposición

 

Sucede similar con el Estatuto de oposición, que fue aprobado incorporando el noventa por ciento de las propuestas presentadas por los pequeños partidos. Pero la reforma política, de fondo, deja la incertidumbre, hasta ahora: ¿será aprobada? ¿En qué condiciones?

 

¿Por qué esta incertidumbre? Porque la Misión Electoral elaboró una propuesta muy buena, pero no hay ambiente en el Congreso para aprobarla. Se presentó una reforma al artículo 108 sobre adquisición progresiva de derechos políticos, y hay que reconocer que fuimos escuchados y que el articulado fue mejorado en la ponencia que está en debate. Se crean tres categorías de participación: ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos.

 

Todo parece ir bien, pero cabe la crítica al ítem de la participación ciudadana, la fundamental por promover, pero afectada por cargas que pretenden derrumbarla. Su propósito es que a partir del 2019 los movimientos ciudadanos no puedan poner candidatos presidenciales. Hoy pueden hacerlo. Un evidente retroceso. A partir del 2019 los ciudadanos solo pueden postular candidatos a nivel municipal y departamental. Si quieren hacerlo a nivel presidencial deben convertirse en un movimiento político. Deben tener aparato, afiliados, requisitos..., y si alcanzan el umbral del 3 por ciento o más, pues ya es un partido, con todos los derechos. La parte critica de esta concepción es que privilegia la representatividad por sobre la participación. La participación hoy se da con la organización ciudadana, pero la reforma privilegia el partido político.

 

Enfatizo. La reforma era tan buena que fue imposible. Afectaba a todos los poderes: al Consejo de Estado, a la Procuraduría, al poder electoral... Sustraía al Consejo de Estado las funciones electorales. El Consejo de Estado maneja las pérdidas de investidura y define si una sanción de estas se tramita en seis meses o en cuatro años. Si le quitas esa prerrogativa al Consejo de Estado le quitas poder político. El Procurador puede destituir funcionarios de elección popular. El Registrador Nacional, una persona puesta por los partidos políticos y por el jefe de Estado, define quién es el Presidente, los gobernadores, los 1.200 alcaldes, los 100 senadores, los 160 representantes. El Registrador es quien entrega las fichas y dice: mire, usted ganó. Es el que cuenta los votos, los anula, o los aprueba. La reforma que presentaron suprimía el Consejo Nacional Electoral.

 

Todas las minorías felicitamos a la Comisión que presentó la reforma. Y bueno, comenzamos a negociar. Propusimos aprobar al menos ciertas partes para que empezaran a funcionar, no ahora, sino para dentro de cuatro años. Dejar intacto el Consejo de Estado y aprobar la reforma de los aspectos más problemáticos. El Consejo de Estado organizó una jornada de examen de la reforma y propuso sustraer funciones del poder electoral y entregarlas al judicial.

 

Como minorías, laboramos con la idea de “abramos un poco la puerta”, porque si nos colocamos en la posición de todo o nada, no obtenemos nada. Avancemos un poco, y más adelante miramos cómo avanzamos más. Avanzamos, por ejemplo, en el tema de financiación estatal.

 

Seguimos, en esta lógica, a la expectativa de qué sucederá con la reforma política. Entregamos una carta al Presidente pidiendo los temas de transición para nosotros, como minorías: voto electrónico, coaliciones, umbral, financiación estatal de la campaña, mecanismos de transparencia, de censo electoral... La pregunta es: ¿se van a modificar, o no, los aparatos de poder que afectan la democracia?

 

Todo este proceso nos permite comprender la complejidad de adelantar un movimiento de democratización. Cada institución procura de modo inercial conservar y elevar sus poderes. Hay necesidad de avanzar paso a paso.

 

Marco legal para las Farc, y otros actores

 

En la reforma política también se avanzó con una reforma constitucional para darle paso a la reincorporación política de las Farc; esta es la norma que establece que como partido tendrá cinco senados y cinco cámaras por ocho años, precisando en detalle las reglas para la reincorporación.

 

También viene el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales territoriales de paz: las diez y seis curules Cámaras que corresponden a los territorios en los que la gente nunca ha tenido participación. Por ejemplo, Catatumbo es una zona especial, se vuelve una circunscripción de paz, se elige un Representante y no puede ser postulado por partidos políticos, sino que debe ser postulado por organizaciones sociales, gente que lleve viviendo, por lo menos, tres años en la región, gente que no haya participado en ningún partido tradicional. Esto ya está casi listo.

 

También está en preparación una ley sobre participación ciudadana, donde se diferencia el accionar de los movimientos sociales ya establecidos como tales, de los ocasionales, así como de la participación ciudadana en general, enfatizando sobre el respeto a la vida de los dirigentes sociales; también la financiación de estos actores, etcétera. Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo una amplia consulta por todo el país.

 

Avanza, de igual manera, una reforma al artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la adquisición progresiva de los derechos para los partidos políticos, lo que nos ha consumido una cantidad enorme de tiempo. ¿Cuál es la dificultad? Quieres hacer una reforma política democrática derivada de un acuerdo de paz, y debes lograr el consenso del gobierno, el de las Farc, y después debes acudir a un Congreso en el que las minorías políticas tienen el 10 por ciento y las mayorías el 90 restante.

 

A marchas forzadas

 

El tiempo que tenemos para que esto proceda es poco, ya que el 16 de junio vencen las facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos legislativos que desarrollen los acuerdos de paz. Como las cosas en el Congreso no están avanzando con la disciplina y con la celeridad requerida, me imagino que el Presidente sacará ochenta decretos a las diez de la noche de aquel día. Dudo que tales decretos sean consultados en el mecanismo de coordinación que tiene el Gobierno con las Farc, y más dudas de que sean consultados con las organizaciones ciudadanas que resultan afectadas en cada tema de los acuerdos. Entonces, en esos decretos puede salir de todo, bueno y malo, concertado e impuesto. Además, todo pasará a la Corte Constitucional para su revisión, y no será extraño que más de un decreto caiga.

 

Hay un antecedente que brinda pistas sobre lo que puede venir: La Corte Constitucional envió un mensaje resaltando que los desarrollos de los acuerdos deben ser vía Congreso, como vía principal, y excepcionalmente por medio de decretos. Esta decisión nos inquieta porque, por ejemplo, la traumática aprobación del paquete de medidas de la JEP exigió que muchos temas fueran desarrollados vía decreto presidencial. Y esto, entonces, estaría en riesgo. La consecuencia final, final, de todo esto, es que los acuerdos van quedando en el limbo en cuanto a su cumplimiento. Un riesgo real, del cual veremos en pocos meses sus consecuencias.

 

Así vamos. Después del 20 de junio quedamos a órdenes del Congreso, porque será el único órgano que podrá desarrollar los acuerdos durante el segundo semestre. Y tendría que ocuparse de todo lo que esté pendiente, de lo que la Corte eventualmente tumbase, y no veo ningún ánimo en este Congreso para hacerlo, y menos con las elecciones del 2018 en ciernes.

 

Una paz maltrecha. Nosotros continuamos participando y generando los espacios de participación, en tierras, victimas... pero las cosas realmente van muy lentas. En tierras lo que quiere hacer el gobierno es sacar adelante su agenda agroindustrial neoliberal. Su visión de Zidres, de derecho de superficie, su visión de ciervos de la gleba, con un campesinado proletarizado al servicio de las multinacionales. Desconocimiento de la economía campesina, indígena, afrocolombiana. Si el gobierno, con las corporaciones y los gremios detrás, quiere revivir una reforma rural regresiva vía fast track, las Farc la rechazará y nuestras bancadas tampoco la aprobarán. Quedaremos en la bancada del Centro Democrático: votando no. Hoy estamos defendiendo la ley 160.

 

Insisto: una paz maltrecha. Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido.

 


 

Recuadro 1


El doble rasero

 

Hasta los primeros días de mayo han salido más o menos 300 presos de las Farc, de un total de 1.500 que deben salir. Esta coyuntura política y jurídica la aprovechan miles de presos para solicitar su excarcelación, lo cual puede congestionar los juzgados destinados para este fin. Se estima en 10.000 las solicitudes que pueden estar actualmente en revisión, solicitudes de presos por porte ilegal de armas y similares. Como es obvio, al final solo se otorgan beneficios a quienes estén en las listas del Gobierno. Para completar, los Jueces de Ejecución de Penas aprovecharon la urgencia del Acuerdo y como tenían un pliego de peticiones viejo, hicieron como hacen las bancadas en el Congreso, usan su poder. Los jueces hicieron paro y pasó entonces otro mes sin tramitar los indultos.

 

Hay otro grupo de prisioneros de las Farc que no tienen indulto, sino excarcelación, porque van a ser juzgados en el marco de la Justicia Especial. A ellos habría que llevarlos con vigilancia a las zonas veredales, aún en construcción, y el Inpec dice que no tiene dinero para llevarlos, o que no tiene guardianes para colocarlos en el terreno para que los cuiden. Aparece el Estado como un elefante que no puede cumplir con lo fijado en el Acuerdo.

 

Esto contrasta con la celeridad del Ministerio de Defensa para sacar de la cárcel a 1.200 militares, sentándose con el Fiscal y con el Gobierno para que expida un decreto especial que permita que el Fiscal General dé la salida a los militares.

 


 

Recuadro 2

 

Entre la norma y la realidad

 

La intención de las Farc, antes del 2 de octubre, era que los acuerdos integraran la Constitución; como tal opción se perdió con el No, fueron redactadas normas de salvaguarda. Una de ellas, ya aprobada como reforma constitucional, consistió en señalar que los acuerdos fuesen el parámetro de implementación, de interpretación, de legislar, de emisión de fallos judiciales. Se redactó una norma constitucional de salvaguarda en el sentido de que todo lo que se haga para desarrollar los acuerdos debe hacerse respetando de buena fe el espíritu y el texto de los acuerdos. Esto parece procedente, pero lo que uno siente es que gobierno, gremios, corporaciones, no les interesa el desarrollo de los acuerdos. Sabemos también que así los acuerdos estuvieran en la Constitución, o así los desarrollos legislativos de los acuerdos fueran perfectos, fueran armónicos, una cosa es tener la ley y otra la realidad. Entonces, en términos políticos, la lucha continúa.

 


 

Recuadro 3

 

Mirando hacia el 2018

 

El proceso de unidad de las fuerzas sociales y políticas en favor de los acuerdos sigue avanzando. Para el Polo va mal, porque la salida de Clara –si bien debilita a unos y fortalece a otros– genera alguna confusión dentro de la sociedad sobre la vigencia de este partido.

 

Más allá de ello, en el mediano plazo, y de manera más amplia, se continúa pensando y trabajando en función de las convergencias. Y así se trabaja sobre la reforma política. Se habla con todos los sectores y personalidades de fuerzas afines, se busca candidata o candidato que venga de estos sectores, por ello se continúa hablando con Petro, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, con la ASI, los Verdes, con Marcha Patriótica, con Maíz, la Unión Patriótica, con las Farc sobre reforma política, se acompaña el proceso con el Eln. Falta una decisión que diga: vamos a hacer algo conjunto. Pero hay un diálogo que puede ir por bloques más o menos afines, a lo cual ayuda el ejercicio de reforma política vivido durante más de seis meses, el cual generó un ambiente de confianza con los liderazgos que podrían caber en un proceso de unidad. Desde el punto de vista legal, lo importante acá es lograr un marco favorable tal, una reforma que rija a partir de 2018, con lo cual los diálogos tendientes a la unidad podrían agilizarse.

 

También hay que tener claro que los políticos decentes, que existen al interior de los partidos tradicionales, también padecen el sistema. El presidente del Partido Conservador, por ejemplo, se queja de que un Senado está costando entre cinco y diez mil millones de pesos. La política así, se ha convertido en un mercado.

 

Un ambiente crítico y de cambio que podemos aprovechar. Creo que para todas las izquierdas hay un escenario de oportunidad por la gran corrupción y desprestigio de los políticos tradicionales y de sus partidos, tanto de Uribe como de Santos.

Publicado enEdición Nº235
Podrán modificarse proyectos del fast track

En adelante los proyectos para implementar los acuerdos del Teatro Colón entre el Gobierno y las Farc podrán ser modificados con las proposiciones de los partidos políticos, según lo determinado este miércoles por la Corte Constitucional.

 

Ese es uno de los apartes de la normatividad que rige el método abreviado para implementar los acuerdos, también llamado de fast track, tumbados por el alto tribunal.


Es el numeral ‘h’ del artículo primero del acto legislativo 1 del 7 de julio de 2016 (acto legislativo para la paz), que decía literalmente que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional”.


Este era uno de los puntos que más cuestionaba el uribismo, cuyo partido Centro Democrático demandó el texto, que argumentaba que la norma impedía que se les hicieran modificaciones a los proyectos del Gobierno y objetar lo allí contenido, dejando al legislativo como un mero notario de los fijado por el Gobierno y las Farc.


Los magistrados también dejaron por fuera del ordenamiento jurídico el numeral ‘j’ del mismo artículo primero, que dice que “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación”, o sea que las votaciones tenían que hacerse en bloque.


Los togados, reunidos en sala plena, consideraron que esos incisos violaban el principio de separación de poderes, en la medida en que limitaban la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.


El magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional, anunció que este jueves dará una rueda de prensa explicando los alcances de la sentencia.

 


Desmovilizados no serán escoltas: Corte Constitucional


La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 298 de 2017 que permite ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y así exceptuar a la entidad de la prohibición que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas no supere, en promedio el 90% de la meta de inflación esperada casa año.


Según el alto tribunal, existe una violación a la reserva de ley se debía tramitar como una ley orgánica, por esa razón volvió a decirle no a un decreto del presidente Juan Manuel Santos.


Esto pese al concepto del procurador Fernando Carrillo quien había pedido vía libre para el decreto de paz 298 que permite ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección -UNP- y así exceptuar a la entidad de la prohibición.


Dice la procuraduría que "permitir apartar a la UNP de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, norma esta que impone topes al crecimiento de las plantas de personal de las entidades públicas".


La Corte ya le había pedido al Gobierno explicar cuántos agentes de seguridad adicionales requeriría la UNP para cumplir con el Acuerdo de Paz y en qué fecha deben empezar a funcionar los esquemas de seguridad para los miembros de las Farc.


Señala que "el principio de los topes al crecimiento de las plantas de personal puede ser flexibilizado cuando existan necesidades de especial importancia como la implementación del acuerdo de paz".


Precisión de Corte Suprema


Por otra parte, ayer la Corte Suprema de Justicia precisó que los delitos de agentes del estado aspirantes a JEP requieren haber sido cometidos por causa o con ocasión o tener relación con el conflicto armado.


Con ello el alto tribunal negó remitir a la JEP el proceso contra un ex intendente de la Policía Nacional condenado por participar en la implementación de pirámides.


En esos términos, la Sala de Casación Penal negó la pretensión del ex intendente José Elmer Mosquera Córdoba de someterse a la JEP, teniendo en cuenta que contra él existe una condena de 64 meses de prisión, por una conducta relacionada con implementar “pirámides con el Esquema Ponzi para defraudar a las personas, [que] no fue cometida por causa o con ocasión del conflicto armado, ni tiene relación alguna directa ni indirecta con este”, sostiene la providencia.


Para la Sala de Casación Penal, el exintegrante de la Fuerza Pública no cumple tampoco con los requisitos legales para remitir el proceso a la Justicia Especial para la Paz, porque ese no el procedimiento para que los agentes del Estado accedan al tratamiento especial diferenciado en procura de la renuncia a la persecución penal y de la libertad transitoria condicionada y anticipada.


“...el Ministerio de Defensa Nacional debe elaborar los listados de los miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplen con los requisitos para acceder a la ‘libertad transitoria condicionada y anticipada’, para cuyo efecto esa entidad debe solicitar la información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, cabe recordar que, entre las exigencias está que el servidor público se encuentre condenado o procesado ‘por haber cometido conductas punibles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado’ (artículo 52-1 de la Ley 1820 de 2016)”, precisa el pronunciamiento.


De otro lado, la Corte subraya que no es competente para tramitar libertades condicionadas en los asuntos que se encuentren en casación. “...no se aseguraría que tales decisiones tuvieran recurso de apelación, en cuanto carece la Sala de superior jerárquico, interpretación que recorta garantías en el ámbito del debido proceso al eventual beneficiario de dicha libertad y que, por el contrario, permite concluir que son competentes los jueces de control de garantías si en el asunto no se ha radicado escrito de acusación, o el juez de conocimiento si ya se radicó”, afirma.


Bajo esta premisa y en otra decisión, la Sala de Casación Penal devolvió a la Fiscalía Especializada contra Terrorismo el proceso en contra de la exintegrante de las Farc, Marilú Ramírez Baquero, luego que el ente acusador le corriera traslado para definir la instancia competente para definir su solicitud de libertad, acogiéndose a la JEP. La competencia radica en el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ante el cual la mencionada fiscalía debe promover la respectiva audiencia.

Publicado enColombia
Diputados criticaron con vehemencia la aprobación del proyecto de ley.

 

Seis en cada diez brasileños creen que la política económica implantada por Michel Temer es pésima. Siete en cada diez son contrarios a la reforma del sistema de previdencia social que el gobierno pretende implantar. Y seis en cada diez creen que la reforma de la legislación laboral que se discute en el Congreso provocará severas pérdidas de derechos conquistados hace más de cincuenta años.

En cada cien brasileños, 73 creen que Temer es corrupto. Y 83 quieren elecciones inmediatas, para que el país tenga un presidente legítimo. En cada cien, 91 dicen que su gobierno es malo.

La demolición veloz de la imagen de Temer y de quienes lo cercan aparece estampada en los sondeos y encuestas más recientes.

Y es en esa atmosfera claramente contraria que Temer trata de imponer medidas que clasifica como ‘reformas’ pero que, si logra implantar, serán las más pro-mercado desde la segunda presidencia (199-2002) de Fernando Henrique Cardoso.

La ausencia absoluta de popularidad en ningún momento parece obstáculo. Los absurdos y desmanes se suceden. Algunos llegan a ser francamente risibles, de tan ridículos.

Por ejemplo: el encargado de preparar el informe que será debatido en la Cámara de Diputados sobre la legislación laboral específica para trabajadores rurales defiende que la remuneración del empleado no se dé necesariamente a través de un sueldo. O sea: el trabajador rural podrá ser remunerado con vivienda, ropa y comida, por ejemplo. Volver a los tiempos de esclavitud, eliminada en Brasil hace 119 años, el 13 de mayo de 1888.

La gran innovación de la reforma laboral, ya aprobada en la Cámara de Diputados, es establecer que acuerdos entre empleadores y trabajadores se sobrepongan a la ley. De esa manera se fulminan derechos establecidos.

Con relación a la reforma del sistema de previdencia, en ningún momento Temer y su equipo económico se atrevieron a atacar el verdadero causador del déficit existente, el funcionalismo público.

La jubilación promedio del sector privado gira alrededor de 516 dólares. En el sector público, 2.900 dólares. Algunas categorías se jubilan con sueldos gordos. En el poder legislativo, la media es de 9.000 dólares. En el judiciario, 8.000.

Hace un par de semanas el primer ministro español Mariano Rajoy hizo una visita oficial a Brasil. Ha sido el primer mandatario europeo a legitimar la presidencia de Temer. Antes, solamente el argentino Mauricio Macri había visitado el Brasil surgido el golpe de 2016.

Hay mucha semejanza entre los tres gobiernos. La gran diferencia es que Macri y Rajoy surgieron de elecciones, y Temer hoy no tendría votos suficientes siquiera para llegar a alcalde de la pequeña ciudad donde nació. A concejal, quizá.

Temer dijo que considera el gobierno de Mariano Rajoy un ejemplo. Y en eso, tiene razón: también en España se precarizan las condiciones laborales, el desempleo se mantiene en niveles estratosféricos, derechos sociales son destrozados mientras el gran capital es beneficiado. Ah, claro: también en España el gobierno y el partido de Rajoy son islas cercadas de corrupción por todos lados.

Temer, por su vez, sigue insaciable en sus afanes de retroceder. Hace pocos días invitó, de manera formal, el ejército de Estados Unidos –es decir, de Donald Trump– a participar de ejercicios militares conjuntos en la región amazónica de la frontera triple entre Brasil, Perú y Colombia. Es la primera vez que eso ocurre, luego de décadas de intentos de Washington y constante resistencia de Brasilia.

Mientras tanto, sigue la persecución incesante, de parte de los grandes medios de comunicación, en especial la TV Globo, y del Ministerio Público, fortalecido por la obsesión del juez Sergio Moro, auto-erigido en guardián supremo de la Justicia, al ex presidente Lula da Silva. Se le acusa de un sinfín de crímenes, pero no aparece ni una sola prueba. Siquiera indicios convincentes. Queda más claro a cada día que es esencial inhabilitarlo para las elecciones del 2018, porque los sondeos indican un clarísimo favoritismo de Lula, que podría ganar las elecciones ya en una primera vuelta. Más lo golpean, y más crece ese favoritismo.

El pasado jueves, Temer dio el primer paso para utilizar un tipo de arma que los brasileños habían olvidado. Presionó al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, investigado por varias denuncias de corrupción, para que sacase del cajón en que dormía desde hace 14 años un proyecto de ley que llevaría a que las elecciones municipales coincidiesen con las de gobernador de estados y del presidente de la República. O sea: se esgrime la amenaza de postergar las elecciones para 2020.

Si se aprueba semejante violencia, el país se transformará en una bomba. Pero nadie en el gobierno parece temer lo que podrá pasar.

 

 

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El Gobierno venezolano pide a la Corte Suprema que revise el fallo contra la Asamblea

El presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general para convocar al Consejo de Defensa de la Nación que, tras analizar la controversia, exhortó al Tribunal Supremo a dar marcha atrás con su decisión de asumir las funciones legislativas y volvió a convocar al diálogo con la oposición. Con esta resolución, comunicada por el vicepresidente, el Gobierno dio por cerrada la crisis.

La crisis venezolana tuvo un importante giro en la madrugada del sábado, cuando el presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general de la República sobre el fallo del Tribunal Supremo, que asumió las funciones legislativas “mientras la Asamblea Nacional se encuentre en desacato”, para convocar al Consejo de Defensa de la Nación. En una reunión realizada en el Palacio de Miraflores, el Consejo decidió exhortar a la Corte que revise sus decisiones 155 y 156 “de manera que se mantenga la estabilidad constitucional”.

Con esta resolución, que fue comunicada por el vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, Maduro dio por cerrada el episodio. "Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo", indicó Maduro, quien presidió el Consejo de Defensa de la Nación
La fiscal Luisa Ortega Díaz había considerado en un acto público que en la sentencia de la Corte “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Planteada la diferencia en el seno del Estado, el Consejo de Defensa de la Nación que acordó insistir en la vía del diálogo. En el dictamen se ratificó al TSJ, en su Sala Constitucional, como "la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".

Además, se insistió en la disposición de desarrollar un “diálogo fecundo” con la oposición, a la cual invitaron para "unirse sin demora" a las conversaciones, que son respaldadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), y Martín Torrijos (Panamá).

Otra de las decisiones adoptadas por el Consejo fue la de "repudiar cualquier intervención que atente contra la Independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación" de la República Bolivariana. En ese sentido, el presidente Maduro expresó su "rechazo en todas sus partes el intervencionismo extranjero" por parte de algunos Gobiernos "que pretenden dictar pautas cuando sus países están en llamas".

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Viernes, 03 Marzo 2017 08:30

Con las Zidres encima

Con las Zidres encima

“Esta es la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”. Así, sin rubor alguno, habló el presidente Santos el pasado 29 de enero en Orocué, departamento de Casanare, al momento de firmar la Ley que da carta blanca a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), proyectadas sobre siete millones de hectáreas –baldías y otras conservadas por los terratenientes como engorde– localizadas en la Altillanura, La Guajira, el Urabá chocoano y la Mojana. Según lo proyectado, la ley será reglamentada en un mes.

Estas son las primeras zonas definidas como Zidres, luego, con seguridad, vendrán otras. 27 millones 700 mil hectáreas baldías existentes en Colombia, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), así permiten vaticinarlo. Para su definición entrarán en juego los intereses económicos de terratenientes, comerciantes, empresarios de distinto orden y banqueros, que no casualmente adquirieron en años anteriores, de manera poco santa, miles de hectáreas de tierra en diversas partes del país (ver recuadro, Adelantados a las leyes).

Contrario a lo esperado por sus demandantes, que alegaban que tras ella vendrá una mayor concentración de la tierra, así como la violación de diversos derechos de los pueblos y comunidades que habitan en tales terruños, la Zidres, conocida como ley 1776 de 2016, fue declarada constitucional el miércoles 9 de febrero por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Negocio es negocio. El mecanismo establecido para aprobar en el futuro cercano o lejano las nuevas Zonas es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), en unión con las autoridades locales, regionales y nacionales. Esta instancia definirá la aptitud del uso del suelo, los proyectos que allí pueden adelantarse (bosques, alimentos, ganadería, etcétera), las condiciones que deben garantizar los proyectos por implementar, definiendo al mismo tiempo el plan de inversiones e incentivos que requiera el territorio para atraer más inversionistas. Como instancia final, el Consejo de Ministros será quien revise y apruebe lo propuesto, pasando a expedir el acto administrativo respectivo.

 

Contradicciones

 

Según el gobierno, esta ley sintetiza toda una reforma agraria; un eufemismo, pues en la práctica y de manera contradictoria atiza la problemática que vive nuestro país desde siempre con la tierra. Así. Para los representantes del poder la nueva ley constituye el mecanismo para transformar en lugares productivos áreas geográficas que se encuentran aisladas de los centros urbanos más significativos; mientras para las organizaciones populares del campo es la vía para el despojo, su mayor concentración y el acrecentamiento de la marginalidad para los empobrecidos que habitan el campo. Contradicción irreconciliable, como puede concluirse.

Según estas organizaciones, la Zidres sustrae la tierra que estaba reservada para la reforma agraria y la destina para el agronegocio. Los campesinos entran al “negocio” pero como peones o empleados, así parezcan asociados.

El procedimiento ideado para este entuerto es elemental: un particular propone un proyecto asociativo dentro de un baldío o latifundio en engorde, para lo cual lo inscribe en el Ministerio de Agricultura, el cual lo coloca en consideración de un comité constituido por la Upra, en asocio con el Incoder y cualquier otra instancia que defina el Gobierno. Una vez aprobado, el músculo financiero del Gobierno entra en juego y construye carreteras, brinda crédito, construye distritos de riego, en fin, garantiza la infraestructura necesaria para que el negocio marche sin inconvenientes. La tierra será entregada en concesión o arrendamiento –u otra modalidad contractual existente para los bienes inmuebles de la Nación–, y en contraprestación el beneficiario paga el respectivo arrendamiento el cual irá al Fondo de Desarrollo Rural y Económico.

Como la participación gubernamental está orientada hacia el estímulo productivo, se supone que el canon o arrendamiento será bajo. Un símil que explique su funcionamiento pueden ser las zonas francas: facilitar todo al capital para que se apropie de grandes beneficios sin retribuir gran cosa al país. Todo un negocio del cual los pequeños asociados solo verán las cuentas. No hay duda. Con el paso del tiempo, aquellos campesinos que poseen alguna parcela, ante la falta de liquidez, seguramente perderán sus terruños. El monopolio terminará por imponerse.

 

Una historia de nunca acabar

 

La pugna por la tierra en nuestro país no tiene asiento en el presente. Desde que fungimos como república independiente el país vive la disputa entre grandes y pequeños o nulos poseedores de tierra. El trabajo esclavo, el servilismo, el terraje, comuneros, peonaje, y otras formas de control y sometimiento de los sin tierra da cuenta de ello. En su opuesto los terratenientes, siempre queriendo amasar más tierra, sin interés en que sean productivas pero sí en que les sirva para explayar su poder político y territorial. Así funcionó la República señorial, que parece extenderse hasta nuestros días. Problemática que está en la base del conflicto armado aún no resuelto en su totalidad, el mismo que el Acuerdo de La Habana no logró zanjar, dejando, contradictoriamente, la puerta abierta para lo pretendido por las Zidres.

Y tras este negocio, también el capital internacional. Tanto la FAO, cuyo director general José Graziano da Silva acompañó a Santos al Casanare, felicitándolo porque tanto seguridad alimentaria como el desarrollo rural quedaron incorporados en lo acordado con las Farc, como la Ocde, han definido políticas de todo tipo para el agro colombiano (ver, El mandato de la Ocde).

La realidad es tozuda, así pretendan aparentar lo contrario. La reforma agraria cada día está más distante en nuestro país, y los campesinos sin tierra, o con poca, tendrán que seguir luchando para que algún día se haga realidad. Las Zidres los niega y los desplazará, y el conflicto, como un todo, seguirá vigente. ¿Hasta cuándo?

 


El mandato de la Ocde

 

“En efecto, en el documento titulado, “Revisión de la Ocde de las políticas agrícolas: Colombia 2015. Evaluación y Recomendaciones de Política”, se enuncia: “El país está dotado de buenos recursos acuíferos y de tierras, pero necesita adoptar una serie de acuciantes reformas estructurales para acelerar las mejoras de la productividad y de la competitividad, y para facilitar la explotación de las oportunidades de exportación proporcionadas a través de los tratados de libre comercio de Colombia”.

Las reformas estructurales sugeridas están orientadas a incrementar la producción, a la competitividad y la sostenibilidad; las mismas se desarrollan en cinco ámbitos específicos: 1. Reformas estructurales a largo plazo: a. Priorizar inversiones estratégicas, b. no destinar presupuesto para financiar pagos directos en función de la producción y los subsidios a los insumos que resultan costosos, ineficientes y escasamente eficaces a la hora de promover el crecimiento sostenible y la competitividad en el sector, c. Aumentar la inversión en la infraestructura de transporte, d. Incrementar la inversión en infraestructuras de riego y mejorar la supervisión regulatoria sobre el abastecimiento, uso y almacenamiento del agua. e. Monitorear detenidamente los programas de financiación para evitar riesgos morales en la programación de créditos. 2. Mejorar los derechos sobre la tierra: Actualizar el sistema catastral; acelerar el registro de los derechos sobre la tierra; simplificar el sistema de tenencia de la tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas, mejorar la tributación sobre el suelo agrícola; llevar a cabo evaluaciones sobre el uso adecuado de la tierra, 3.Mejorar el marco institucional de la política agrícola: aseguramiento de la representación institucional a nivel local; fortalecer las fases de evaluación y monitoreo de políticas; mejorar las estadísticas disponibles para la toma de decisiones políticas; reforzar la coordinación entre quienes hacen las políticas y quienes se benefician de ellas. 4. Reforzar la innovación agrícola: revisar todos los planes de innovación; profundizar en la mejora de la recopilación y divulgación de información; fortalecer aún más el sistema de derechos sobre la propiedad intelectual; un mejor uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que proporcione servicios más inclusivos e integrales: fortalecer la educación en el campo. 5. Mayor integración a los mercados internacionales: Reforzar el sistema sanitario y fitosanitario para promover el aumento de la competitividad de las exportaciones”.

“El anterior es un ámbito de incidencia que se superpone al Plan Nacional de Desarrollo y a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc...”.

Ver, “El censo agrario del 2015 hace el diagnóstico para implantar las reformas”, Bolivar, Allan, https://www.desdeabajo.info/colombia/27062-el-censo-agrario-del-2015-hace-el-diagnostico-para-implantar-las-reformas.html#itemCommentsAnchor

 



Adelantados a las leyes

“Las Zidres vienen a legalizar las ilegalidades, al permitir la concesión de predios baldíos a empresarios y el desarrollo de enormes proyectos agroindustriales, eliminando por la puerta de atrás la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como tope para la acumulación de predios provenientes de reforma agraria.

El caso más sonado es el de las compras de tierras del ingenio vallecaucano Riopaila Castilla, que compró 35 mil hectáreas de tierras con antecedente de baldío en los departamentos de Meta y Vichada, en una operación en la cual crearon una empresa fachada para cada predio que quisieron comprar. [...] Por nuestras denuncias de las tierras de Riopaila, el entonces embajador de Colombia ante Estados Unidos y socio fundador de Brigard & Urrutia Carlos Urrutia, tuvo que renunciar a su cargo diplomático en el año 2013.

[...] También se denunció que la entonces Ministra de Educación María Fernanda Campo participó de un proyecto de producción de caucho en el Vichada, gerenciado por su exesposo y también Exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde. En este proyecto se desvirtúan claramente los propósitos de los predios baldíos.

No obstante sus evidentes conflictos de intereses, Lizarralde promovió como Ministro de Agricultura un proyecto de ley con las mismas pretensiones de las Zidres, al cual tuvo que ser retirado del Congreso por el propio gobierno nacional. A Lizarral de lo sucedió en el Ministerio de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia. En un debate de control político, yo había denunciado el caso de Pablo Valencia, a quien le habían adjudicado ilegalmente un predio baldío en La Primavera, Vichada. Pablo resultó primo del nuevo Ministro Iragorri, así que éste tuvo que declararse impedido para todos los temas relacionados con baldíos, incluyendo la Ley Zidres.

Otro hecho cuestionable relacionado con los acaparadores de tierras es que, además de quedarse con predios que no debían, han sido subsidiados por el propio Estado para estos fines. A Sarmiento Angulo por ejemplo, el principal banquero del país, le entregaron créditos subsidiados de FINAGRO por $35 mil millones. Sarmiento había comprado 13 mil hectáreas con antecedente de baldío en Puerto Gaitán y Puerto López. El crédito público y subsidiado alcanzó también para multinacionales del agro como Mónica Semillas, que recibió recursos ilegalmente, ante lo cual la Superintendencia de Sociedades le ordenó devolver $2 mil millones, gracias a nuestras denuncias.

La Misma Mónica Semillas le había confesado mediante una carta al entonces Presidente Álvaro Uribe cómo había tenido que crear varias empresas para burlar el tope de la UAF y quedarse con las extensiones que requería para su proyecto productivo en el Meta. Uribe no presentó denuncia alguna, sino que se dedicó a promocionar la Altillanura para que grandes empresarios vinieran a invertir allí, aun contrariando la ley”.

Ver, “Lo ocurrido con los baldíos en Colombia también es corrupción,” Arias, Wilson, www.wilsonarias.com, https://twitter.com/wilsonariasc?lang=es

 

Publicado enEdición Nº232
Goldman Sachs, el banco que gobierna el mundo

La entidad, fundada en 1869, ha colocado a sus ejecutivos tanto en Gobiernos demócratas como republicanos

 

Desde lo alto del cuartel general de Goldman Sachs, la vida abajo parece una maqueta. Los coches, las obras o la gente adquieren dimensiones liliputienses y el bullicio se queda mudo, como si todo fuera la simulación algo deficiente de una ciudad. No hay un solo letrero, dentro o fuera, que indique que uno se halla ante la sede de ese famoso banco, en el número 200 de la calle Oeste, en el bajo Manhattan. El vestíbulo es enorme y austero y las salas de pisos más altos son pulcras y sin excesos, o quizá, sin más excesos que las imponentes vistas de la Estatua de la Libertad, del Empire State y de casi todo Nueva York.


Donde acaba la calma, empiezan las tripas de Goldman, en los pisos más bajos del edificio: seis plantas de trading (correduría bursátil) del tamaño de un campo de fútbol americano cada una de ellas, donde hileras de intermediarios de valores con triples pantallas dan las órdenes de comprar y vender, de mover dinero a un ritmo de maquila. A diferencia del resto del edificio, la vestimenta allí es algo más informal y la gente más joven (el 70% de la plantilla global del banco son millennials). El año que viene, aproximadamente el 10% de ellos, los que tengan el balance anual más pobre, tendrá que dejar la empresa. Y eso que allí está lo mejor de lo mejor, según le gusta presumir al banco: la tasa de aceptación de Goldman es del 3%, más baja que en Harvard.


Dicen que es el banco de inversión más poderoso del planeta, que paga los mejores sueldos de Wall Street y sufre la mayor tasa de divorcios, que las jornadas de trabajo exceden lo humano, que en la crisis financiera sacó petróleo mientras los demás se hundían, que no hay rincón de la Tierra a donde no lleguen sus tentáculos, que ningún Gobierno los ignora, que quien entra allí abraza un sacerdocio, que una vez se es goldmaniano, se es goldmaniano para siempre. Dicen que Goldman Sachs gobierna el mundo.


En casi todos los Gobiernos de EE UU, incluso desde antes de que comenzara el capitalismo moderno tras la II Guerra Mundial, ha habido un goldmaniano en las esferas más altas del poder público.


Donald Trump aludía a ello con frecuencia durante la campaña electoral estadounidense. Acusó a Hillary Clinton, la candidata demócrata, de haberse “vendido” al banco, del que habría cobrado jugosas cantidades como conferenciante. Aseguró también que Ted Cruz, el senador texano con el que rivalizó en las primarias republicanas, estaba bajo su control. En su último vídeo de campaña, al más puro estilo Ocupa Wall Street, señalaba a los culpables de empobrecimiento de los trabajadores y, aparte de Clinton u Obama, George Soros o el G20, destacaba a Lloyd Blankfein, el primer ejecutivo de la entidad financiera.


Poco antes de que Trump tomara posesión de la presidencia de EE UU, a mediados de enero, algunos manifestantes se apostaron ante la torre de Goldman Sachs con pancartas que rezaban “Gobierno Sachs”. El presidente, después de todo, había colocado en puesto clave de su equipo a una terna de goldmanianos.


Gary Cohn, número dos del grupo financiero, será el jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca (previa indemnización del banco de 124 millones de dólares); Steven Mnuchin, un conocido inversor que había pasado 17 años en la casa, es el elegido como secretario del Tesoro (cargo equivalente al ministro de Economía), y el agitador derechista Steve Bannon, consejero de Trump y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, también fue un hombre del banco.


El gran poder en la sombra, el titán, el gran calamar vampírico, el guardián de Wall Street... Pocas entidades en el mundo tienen tantos sobrenombres —y casi siempre tenebrosos— como Goldman Sachs. No es el mayor banco (ocupa un discreto puesto trigésimo segundo en la clasificación por activos) y se disputa el liderazgo de la banca de inversión con JPMorgan, pero nadie aparece tanto en las campañas electorales de cualquier país o en los carteles de manifestaciones, de Madrid a Nueva York, pasando por Atenas o Londres. Es común ver a banqueros en puestos de política económica, pero Goldman es el gran símbolo de la influencia del poder financiero en la política en EE UU.


“Trump necesitaba convencer a los mercados de que no era un loco, que puede serlo, pero necesitaba convencerlos de que no, y la mejor forma de hacerlo es contratar a gente de Goldman”, opina William D. Cohan, que pasó 17 años en la banca de inversión y luego se convirtió en autor de varios libros sobre las entretelas de Wall Street, uno de ellos, dedicado a Goldman. “Creo que, hasta cierto punto, a Trump le gusta el hecho de que todos esos tipos de Goldman, que no hubiesen hecho negocios con él por el tipo de cliente que es, estén ahora en su Gabinete. Debe decir ‘ahora están besando mi anillo y reclinándose ante mí...’. Qué irónico es el giro de los acontecimientos”, añade.


El constructor neoyorquino también ha elegido a Jay Clayton, que fue abogado de Goldman, como presidente de la SEC (el ente supervisor de la Bolsa de Nueva York) y a Dina Powell, del área de inversión filantrópica, como asesora de la presidencia. Hay quien escribió en estos primeros días de 2017 que Goldman Sachs volvía a Washington. ¿Pero alguna vez se fue? Desde hace un siglo, Gobiernos tanto conservadores como demócratas han abrazado la fe de la institución fundada en 1869 por un judío alemán llamado Marcus Goldman que había llegado dos décadas antes a Estados Unidos y empezado como comerciante de ropa (Sachs es el apellido del yerno con el que se asoció).


Henry Goldman, el hijo del fundador, ya asesoró en la creación de la Reserva Federal en 1913, en la II Guerra Mundial Franklin Delano Roosevelt fichó al primer ejecutivo del banco, Sidney J. Weinberg, para su Consejo de Producción de Guerra. Weinberg, uno de los personajes más legendarios de Goldman, conocido como Mister Wall Street, colaboró también con los Gobiernos de Eisenhower y Lyndon B. Johnson. John C. Whitehead, socio y copresidente, sirvió como subsecretario de Estado en los ochenta con Reagan, y Robert Rubin, también copresidente, fue jefe del Tesoro de Clinton. George Bush (el hijo) fichó al goldmaniano Stephen Friedman para el Consejo Económico y a Henry Paulson para el Tesoro. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también es de la casa.


Un acto de servicio


Tras muchas críticas, Blankfein, el patrón del banco, ha descrito el salto de la entidad a la política como un acto de servicio a la sociedad por parte de quienes antes han amasado una cantidad considerable de dinero en el banco. “La mayor parte se va a los 48 o 50 años, para entonces ya has ganado bastante”, dijo en una entrevista reciente en The New York Times, “y la expectativa es que te vuelques en la filantropía o en servir a la Administración”. “Es falsa la percepción de que van a Washington y nos ayudan. Lo contrario sí es cierto”, ha dicho Blankfein, preguntado por la posible connivencia.

Cuando se cruza la puerta giratoria en sentido inverso, en retorno a la sociedad, es más difícil de vislumbrar. Este verano en Europa causó estupor el fichaje de José Manuel Durão Barroso (presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, es decir, durante la burbuja y la crisis financiera y de deuda) como presidente no ejecutivo de su filial en Londres. Mario Monti y Romano Prodi también han cobrado de Goldman.


Después de la gran crisis financiera, aparecieron dos libros sobre el banco con un título muy similar, El banco: cómo Goldman Sachs dirige el mundo (2010), del belga Marc Roche, un veterano corresponsal financiero, y Dinero y poder. Cómo Goldman Sachs acabó gobernando el mundo (2011), el de William Cohan. Un poco antes, en 2009, la revista Rolling Stone lanzó un largo y famoso artículo —hoy convertido en una referencia de la época— en el que se refería a Goldman como: “Un gran calamar vampiro envuelto en la cara de la humanidad, metiendo inexorablemente su embudo de sangre en cualquier cosa que huela a dinero”.


Clima de opinión


Todo esto es una muestra del clima de opinión en torno a la entidad tras aquella debacle financiera con tintes de cine de suspense (de la que, de hecho, se han escrito varios thrillers). En los late night shows, era común oír chistes sobre Goldman. Por si no hubiese bastante, a Blankfein no se le ocurrió otra cosa que decir, en medio de una entrevista de 2009, cuando la sociedad estadounidense aún estaba abierta en canal por la crisis, que el banco estaba haciendo “el trabajo de Dios”.


Poco después, la SEC le multó con 550 millones de dólares por “distorsión grave”: creó y vendió un producto muy complejo (los luego famosos CDO) cuando empezaba a derrumbarse el sector inmobiliario sin contarle que uno de sus clientes (el inversor John Paulson) había participado en la selección y estructuración de estos y que, mientras se lo estaban vendiendo, Paulson estaba apostando a la baja contra esos valores. El bajo coste de esa multa se interpretó como una victoria. Y hace un año, llegó a un acuerdo extrajudicial para pagar 5.000 millones en reclamaciones por vender activos de deuda asegurando que estaban respaldados por hipotecas solventes cuando eran conscientes de que estaban a punto de caer en el impago.


En el imaginario popular, Goldman encarna el símbolo de los excesos; en el ideario menos profano, los méritos están algo más repartidos. La factura de Bank of America, por ejemplo, sumó 16.600 millones de dólares en un pacto similar, mientras que JPMorgan desembolsó 18.000 millones, además de otras penalizaciones por otros desmanes.


Para Cohan, Goldman es, aun así, “una institución única, el banco más respetado del planeta”, mientras que Marc Roche, en su libro, es implacable: relata su papel en la crisis, desgrana las conexiones políticas del grupo y detalla algunas operaciones que dieron la campanada, como el asesoramiento para el maquillaje de las cuentas públicas de Grecia. Ambos coinciden, con todo, en la intensa cultura de empresa que hay en la institución, también en la competitividad descarnada o el desprecio al estrellato individual. Roche habla de “monjes banqueros” dispuestos a salir disparados de la casilla de salida del tablero con la “sangre fría suficiente” como para ganar.


Seis años después de publicar el libro, Marc Roche cree que “el banco, en esencia, no ha cambiado, solo lo ha hecho en cuestiones cosméticas. Siguen siendo los mejores contratando personal, de los mejores en gestión de fortunas...”, y siguen, añade después, “teniendo esa red de influencia”.


En 2010 crearon un comité que revisara sus estándares y acordaron una batería de medidas para reforzar la transparencia de sus gestiones, el control de sus productos, los conflictos de intereses de sus agentes y directivos. Un empleado del banco, contratados después de este proceso, asegura que el escrutinio sí es, al menos hoy, exhaustivo.


Un lavado de imagen


El banco también muestra una cara más amable y ha dado algún paso para combatir su reputación de secretista: hay más información en su página web, se ha abierto a las redes sociales... El pasado abril, The New York Times publicó un largo artículo bajo el título ‘Un socio gay y latino pone a prueba la cultura tradicional de Goldman Sachs’. Se trataba de Martin Chávez, próximo director financiero, impulsor de un proyecto de software que da a los clientes más acceso a una información de negociación muy específica que antes solo estaba disponible para goldmanianos.


Un tercio de los empleados de Goldman en todo el mundo son ingenieros, y la tecnología, según la firma, es la división más importante del grupo. Han invertido en nuevas compañías como Symphony, una plataforma de mensajería instantánea, o ¬Kensho, otra base ingente de datos, ámbitos en los que hasta ahora dominan Bloomberg o Thomson Reuters.


A los bancos les gusta cada vez más presentarse como firmas tecnológicas, y detrás de este afán hay una búsqueda de eficiencia en los procesos. La regulación resultante de 2008 y los nuevos requerimientos de capital hacen más difícil el negocio a todo el sector y la intermediación ha ido a la baja. Los ingresos del banco son hoy un 25% inferiores a los de 2009, en parte por las dificultades de crecer y en parte por la venta de algunos negocios de volumen. Las decisiones de recorte de gastos en esa casa se toman con rapidez: este año, en apenas seis meses, el banco hizo ajustes por valor de 900 millones de dólares.


“En 2006, Goldman tenía 33.000 millones en capital ordinario, en 2016 tenían 76.000, más del doble. Si más que duplicas el volumen de capital que tienes que tener, para lograr el mismo nivel de retorno de ese capital, debes duplicar también los ingresos netos, lo que es obviamente casi imposible”, explica Christian Bolu, de Credit Suisse, que lleva seis años en el equipo que analiza el banco. “Pero en términos de ROE [retorno sobre fondos] está mejor que sus rivales”, añade.


Más beneficios


Los beneficios del año pasado engordaron un 22% respecto al anterior (hasta los 7.400 millones de dólares), mientras los ingresos se encogían un 9% (hasta los 30.600 millones de dólares). Y el beneficio por acción, que es lo que interesa sobre todo en Wall Street, se disparó hasta el 34%. Desde la noche electoral, las acciones han subido un 27% en Bolsa, gracias a la expectativa de una menor regulación con el Gobierno de Trump, entre otros factores.


Tras la caída de Lehman Brothers, fue obligado a constituirse como un grupo bancario para poder acceder a las rondas de liquidez de la Reserva Federal. El pasado octubre abrió una plataforma online de créditos para el consumo pequeño, un área aún muy reducida de negocio, bajo el nombre de Marcus (el nombre del fundador). El corazón del banco sigue siendo la intermediación de valores, la inversión.


Lloyd Blankfein no ha vuelto a decir que están haciendo el trabajo de Dios. Pero hace poco, en una entrevista en CNN, dejó entrever que no estaba a años luz de ello. “Me muero de miedo de que se cometan errores en mi organización”, dijo, “¿y sabe qué? El mundo quiere que yo esté muerto de miedo”, como si Goldman Sachs gobernara el mundo.


Recuadro

El trío republicano


Gary Cohn, número dos del grupo financiero, será el jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca; Steven Mnuchin, un conocido inversor que había pasado 17 años en la casa, es el elegido como secretario del Tesoro, y el agitador derechista Steve Bannon, consejero de Trump y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, también fue un hombre del banco.

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