El desempleo en EEUU como un mapa de la pobreza

Entre los que menos ganan, la tasa de paro llega al 40 por ciento

 

Estados Unidos tiene treinta millones de nuevos desempleados y una de las conclusiones que circulan entre comentaristas económicos es que la pandemia "destruyó una década entera de construcción de empleo". Pero la siguiente conclusión es que una gran parte de ese empleo era "basura", no sólo sin beneficios sino con salarios de miseria. Si la tasa general de desempleo en la mayor economía mundial es del 14,7 por ciento, la tasa real entre los peor pagos está tocando el 40 por ciento. Y entre los que mejor ganan, apenas llega al 1,5 por ciento.

Lo que destruyó el coronavirus fueron los puestos en las actividades más tercerizadas, precarias y peor pagas. No es casual que la hotelería, la gastronomía y la sanidad sean las más afectadas, ya que son las que tradicionalmente peor pagan y menos estabilidad ofrecen. Que la "hospitalidad", como la llaman los del sector, fuera afectada por las cuarentenas se entiende naturalmente. Pero la crisis del empleo en sanidad, pese a la crisis de la covid-19, se entiende porque los hospitales y clínicas perdieron su verdadero negocio el de la medicina "de tiempos normales", la que factura grueso.

Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central del país, ya para marzo y principios de abril se notaba la crisis y un veinte por ciento de los más pobres informaba que había perdido su trabajo o lo habían licenciado sin fecha de retorno. La Reserva define al sector de pobres no desempleados a los que tienen un ingreso familiar de hasta 40.000 dólares al año. Esto puede sonar más que razonable frente a nuestro peso devaluado, pero frente al costo de vida norteamericano es garantía de pobreza.

La crisis se ensañó en este sector social más precarizado. Para la clase media, con ingresos de entre 40.000 y 100.000 dólares anuales por grupo familiar, los problemas de empleo afectaron al 19 por ciento. En la clase media alta, con ingresos de más de cien mil dólares al año, un 13 por ciento informó de algún tipo de problema laboral.

Además del nivel de desempleo, esta clase social más pobre suele no tener ahorros para enfrentar una crisis, ni vivienda propia. Las condiciones de trabajo en tiempos normales mantienen a estos trabajadores bien abajo. Las mozas y mozos de restaurantes, por ejemplo, cobran con suerte el salario mínimo legal y viven de hecho de las propinas de cada día. Peor todavía les va a los que hacen delivery, que cobran un pequeño sobreprecio sobre el valor de menú y la propina que puedan recibir. De hecho, son "socios" del restaurante y cobran más si hay muchos pedidos. Los trabajadores de sanidad suelen tener contratos-basura que los mantienen en un estado de freelance permanente: si hay trabajo, cobran por hora, pero si no hay, no cobran. 

Prácticamente nadie en la clase más baja en Estados Unidos tiene derecho a una indemniszación por despido, algo que ni se discute porque es parte de la "libertad de hacer negocios" de las patronales. De hecho, lo que los republicanos sí están discutiendo en el Congreso y usan para bloquear los paquetes de ayuda salarial, es cuánto están cobrando los desempleados durante la crisis. Resulta que con el dinero extra de emergencia que lograron introducir los demócratas en el primer paquete, muchos están cobrando lo mismo y hasta más que cuando trabajaban. Los republicanos pregunta abiertamente quién va a querer volver a trabajar por los bajos salarios anteriores cuando puedan "reabrir" la economía.

El valor de este informe es que describe el desempleo por clases sociales. Es un estudio anual que hace la Reserva Federal y la información es de la primera quincena de abril. Desde entonces, las cosas empeoraron y mucho en Estados Unidos, que ya tiene más de 36 millones de personas pidiendo o cobrando el seguro de desempleo. El temor es que la tasa actual llegue al veinte por ciento de desempleados al que se llegó en la Gran Depresión de 1930. Y en todos los casos, las estadísticas no pueden contar a millones de inmigrantes sin papeles que tienen empleo informal y no pueden pedir desempleo.

Pero según el Departamento de Trabajo norteamericano, la composición de clase del desempleo no parece estar cambiando y el desempleo entre los mejor pagos no llega al dos por ciento. 

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Lunes, 13 Abril 2020 05:50

Resurrecciones

Una enfermera del Hospital de Especialidades RML durante una protesta afuera de la cárcel del condado de Cook, en Chicago, hace unos días, para exigir la liberación de los prisioneros. Un juez federal ordenó al penal adoptar medidas inmediatas para detener la propagación del Covid-19 entre los más de 4 mil reos.Foto Ap

Son las siete de la tarde y las ventanas de la ciudad de Nueva York se abren, como todos los días a esta hora, para ofrecer una ovación sonora, acompañada de sirenas de bomberos, a los trabajadores de salud que nos están rescatando en medio de la pandemia, en medio de este llamado "epicentro" del país number one en contagios y ahora en competencia global diaria para ganar el trofeo de más muertos. Con los aplausos no sólo se agradece, sino se supera por unos minutos el aislamiento de la cuarentena parcial, y con ello, se reconoce que aunque cada acción de "distanciamiento" es individual, es a la vez una acción solidaria, lo que hace cada uno tiene impacto en todos.

Pero como en toda crisis, el coronavirus ha dejado claro que no todos son afectados de la misma manera, las cifras de contagio y muerte revelan una geografía de clases donde los más pobres –entre ellos las minorías afroestadunidenses y latinas, así como la mayoría de inmigrantes, sobre todo los indocumentados– son los más devastados. Son primero víctimas no del virus, sino de la mayor desigualdad económica y social en 90 años. El problema fundamental en esta crisis no es de salud, sino de la injusticia estructural que se ha profundizado durante cuatro décadas de políticas neoliberales.

La primavera, renacimiento de la vida después del largo invierno, esta vez está sofocada por la peste, las historias que nos contamos de sufrimiento, de personal médico arriesgando sus vidas, de los que mueren solos bajo las reglas de aislamiento en hospitales, o los cientos que perecen en casa sin jamás ser atendidos ni registrados en las cifras oficiales. Mientras la vida pública está casi totalmente clausurada, los leones que cuidan la entrada de la Biblioteca Pública de Nueva York han callado su rugir (imaginario), ya que no hay nadie a quien saludar ni despedir, igual a los felinos vivos en el zoológico del Bronx (aunque se sospecha que ellos y los otros animales están felices sin ver a los humanos que los encarcelaron para "conservarlos" de la devastación del planeta que, entre otras cosas, desató esta pandemia).

Nos invade la ira mientras como periodistas intentamos contar tanto los actos nobles y solidarios como los abusos y la delincuencia oficial en medio de la emergencia. No se puede ser "objetivo" frente al gran crimen ya bien documentado de cómo el presidente y la cúpula política no respondieron durante dos meses, a pesar de tener toda la información sobre el potencial devastador de esta pandemia. La crisis es fundamentalmente de origen político, no biológico (como se ha documentado en estas páginas por diversos expertos).

"Las historias que estamos escuchando en medio de esta pandemia resuenan con la historia en la Biblia de la crucifixión de Jesús, un refugiado sin techo de piel morena y un criminal convicto asesinado por el Estado por organizar un movimiento de fusión moral para transformar la sociedad para servir las necesidades de los pobres en lugar de los ricos", declaran los líderes del resucitado Movimiento de los Pobres, el reverendo William Barber y la reverenda Liz Theoharis, en su mensaje de Pascua. Agregan que en la Biblia hay múltiples resurrecciones –las que definen como "confirmaciones de la justicia de Dios"– y que esas hoy se expresan en luchas por los derechos civiles y humanos de los trabajadores y los pobres, incluyendo los inmigrantes, entre ellos los de la salud, empleo digno y educación.

Comentan que el silencio en muchas ciudades bajo cuarentena hoy día es interrumpida por ambulancias, y que eso recuerda palabras del reverendo Martin Luther King advirtiendo que algunas prohibiciones no se pueden respetar durante emergencias: "Los pobres de esta sociedad están viviendo en condiciones trágicas por las terribles injusticias económicas que los encadenan. La gente desheredada de todo el mundo se está desangrando por las profundas heridas sociales y económicas. Requieren de brigadas de choferes de ambulancias que tendrán que ignorar los semáforos rojos del sistema actual hasta resolver la emergencia".

De eso dependerá, en gran medida, una resurrección pospandemia.

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Michal Huniewicz, The Migrants, “La historia de esta fotografía es sobre una mujer mexicana que intenta ayudarlos”, 2015

En los últimos dos años, he podido escuchar a mujeres migrantes en tránsito por México. Eso es, no migrantes mexicanas, sino mujeres que provienen de la frontera entre Guatemala y México y tienen como fin llegar a cruzar la frontera México-Estados Unidos.


Igualmente, he escuchado a mujeres que pertenecen a ese 28 por ciento de repatriadas por vía terrestre que, por error o por cálculo económico, no son de nacionalidad mexicana, pero han sido devueltas vía tierra por las cada vez más cerradas autoridades migratorias estadounidenses.


En Nogales, Sonora, en diciembre de 2019 las mujeres que residían en un refugio a espaldas del muro divisorio, en un barrio controlado por el narco que las deja en paz si no se asoman por las ventanas cuando opera, me contaron con las lágrimas en los ojos que ellas hacían parte de las más de 40.000 personas que han llegado a la frontera y están en listas de espera. Han solicitado asilo y buscan ser escuchadas por los tribunales de inmigración estadounidenses desde territorio mexicano. Todas alegan real peligro a sufrir violencia en sus territorios. Su desespero mayor venía del hecho que se les informaba constantemente sobre los poquísimos casos resueltos favorablemente, menos del 0,5 por ciento de todas las demandas.


La migración centroamericana no es novedosa. Desde la década de 1980, varios grupos de activistas contra las fronteras y en favor de las personas en busca de refugio han trabajado para el acceso de centroamericanas y centroamericanos al territorio estadounidense, con el fin de evitar la violencia y los riesgos en que incurrirían de quedarse en países en conflicto. Sin embargo, el cruce por México ha cambiado desde cuando, en junio a finales de 2019, el gobierno mexicano decidió frenar el tránsito de personas indocumentadas por su territorio, para evitarle la presión migratoria a Estados Unidos, convirtiéndose de hecho en un territorio-frontera para las personas que provienen del sur vía tierra y huyen primeramente de la violencia de Estado y delincuencial en sus países de origen. Según las activistas mexicanas de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actúan en defensa de los derechos de las personas migrantes, su país es una gigantesca sala de espera o, peor, un “estacionamiento”, porque en eso lo ha convertido Donald Trump al limitar la protección humanitaria a las personas en riesgo, que van en aumento en el mundo entero. Según la organización, las y los defensoras de personas migrantes deben ser defendidos de las falsas acusaciones del delito de tráfico de personas, pues éstas son parte de una campaña orquestada en su contra de ambos lados de la frontera.


¿Por qué migran las mujeres? Es sabido que para recuperar el estatus, nivel socioeconómico que tenían en el momento de partir, se tardarán por lo menos 10 años. Sólo lo superarán y tendrán logros económicos si tenían estudios antes de salir o si tramitaron exitosamente los cursos de lengua y de formación en el país de acogida. Dadas estas condiciones, es poco probable que el móvil de la emigración sea exclusivamente la búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, hoy el 48 por ciento de los migrantes mexicanos y en tránsito por México son mujeres. Sus remesas son consideradas las más confiables por las familias que las ayudaron a reunir el dinero para el viaje. Las obediencias a patrones de género muy rígidos las convierten en mujeres que brindan servicios y cuidados muy ansiados por las mujeres de los países del norte, quienes para trabajar en competencia con los hombres descargan sobre ellas las responsabilidades que, según los mismos patrones de género, deberían asumir con las personas ancianas, enfermas y en la primera niñez. Además, las migrantes cuidan el dinero porque no se emborrachan ni arriesgan fácilmente sus capitales en negocios temerarios.


Con todo, es más probable que se migre, como dice la fotógrafa hondureña Withney Godoy, porque “El riesgo es nuestra vida; no hay otra opción que moverse, quedarse quieta también es morir”.


En efecto, la industria del turismo arrebata a las comunidades garífunas sus territorios agrícolas frente al mar en Honduras, ya que los inversionistas reciben el apoyo de un gobierno de origen golpista que niega los derechos territoriales de los pueblos indígenas y negros y no frena el uso de sicarios y delincuentes para expeler poblaciones enteras de los terrenos que quiere cercar y transformar en enclaves turísticos de lujo. Igualmente, la industria minera condena a la extrema pobreza a las comunidades agrícolas cuyos bosques son talados, sus montañas cortadas, sus aguas envenenadas y los gobiernos que consideran la minería como una actividad prioritaria persiguen y encarcelan a las mujeres y hombres que se resisten a la destrucción de sus territorios. La violencia delincuencial en numerosas ciudades condena a las mujeres a un cuidado exagerado, lo cual les impide una movilidad autónoma y, por consiguiente, el goce del estudio, el deporte, el trabajo, el esparcimiento. En todos estos casos, el primer móvil de la migración es la búsqueda de una vida libre de violencia y el miedo a la represión.


Las historias de migrantes que más me han impresionado, sea por la claridad con que me fueron expuestas, sea porque yo era incapaz de encontrarles salida, son las de las mujeres hondureñas, que desde el golpe de estado de 2009 viven agresiones contra sus territorios ancestrales, en particular las mujeres garífunas, lencas y maya chortí y contra las mujeres consideradas activistas políticas, de derechos humanos o de derechos ambientales, así como contra las lesbianas y las madres solas. La derecha hondureña es moralista y bajo la pretensión de defender a la familia “natural”, es decir, nuclear y patriarcal, en el seno de la cual la violencia contra las mujeres es prácticamente imposible de denunciar a las autoridades, agrede a cualquier mujer que transgrede los rígidos mandatos de género del catolicismo conservador y de las iglesias neoevangélicas o pentecostales. La acusación de haber abortado, por ejemplo, puede desatar un linchamiento. Con el propósito de controlar la vida social de las mujeres, se les acusa de abortistas, de lesbianas, de ser antihombres o malas madres, etcétera.


Igualmente, me han impresionado las narraciones de algunas jóvenes salvadoreñas, cuyas familias las tuvieron prácticamente presas en sus casas o en las sedes de iglesias neoevangélicas para evitar que fueran víctimas de las “maras”, esas pandillas de delincuencia diversificada surgidas al terminar las guerras civiles en la década de 1980 y que controlan las principales ciudades de El Salvador, San Pedro Sula, en Honduras, y Ciudad Guatemala. Hay cálculos de que las maras están integradas por más de tres millones de personas en Centroamérica e intervienen desde comercios y viviendas hasta tráficos de drogas, armas y personas. Cuando visité San Salvador, en un primer viaje hace cinco años, y luego en otro hace tres años, escuché en varias ocasiones que el narco mexicano y el colombiano desconfían de las maras aunque deban utilizarlas, porque actúan de manera descontrolada, ya que solo obedecen a sus propios jefes. De los relatos de las jóvenes migrantes salvadoreñas retuve el de una chica de diecisiete años que consideraba a su madre la verdadera causante de su fuga hacia el norte, porque le había impedido ir sola a la escuela durante toda su vida, de manera que ella no conocía a nadie y no tenía ni una sola amiga. Mientras escuchaba su relato y su muy válido motivo, yo no podía dejar de pensar en la madre que aterrada no sabía nada de su hija. La violencia social que el Estado no frena tiene consecuencias difíciles de imaginar cuando no se oyen por boca de sus víctimas.


Ahora bien, por México transitan primeramente migrantes centroamericanas: madres solas o víctimas de represalias territoriales y étnicas, las hondureñas; migrantes con alguna capacidad económica para pagar un “coyote”, las salvadoreñas; y guatemaltecas muy pobres, en tercer lugar. Nicaragüenses, costarricenses, beliceñas y panameñas migran en menor número. Luego, recorren las selvas y desiertos mexicanos mujeres suramericanas, desde las más ricas argentinas, brasileñas y chilenas, que nunca he encontrado en un refugio, hasta ecuatorianas y colombianas. La escasa posibilidad económica de las venezolanas, más pobres, para cruzar Centroamérica y llegar a la frontera con México las hace poco presentes en las rutas de tránsito, siendo, sin embargo, la mayoría de las desplazadas internacionales en América del Sur.


Finalmente, tanto en la frontera de Tapachula, en el sur, como en la de Tijuana, en el norte, es notoria la presencia de migrantes que alcanzan México desde África. Estos llegan a Brasil, cruzan a Colombia, atraviesan el Tapón del Darién, donde dan cuenta de asaltos brutales, y recorren a pie de Panamá a Guatemala. Las migrantes africanas han cruzado el Atlántico por avión, en su mayoría, o en barco, y huyen de la violencia que afecta principal, pero no exclusivamente, a Camerún y Congo. En julio de 2019, en Tijuana, más de cien cameruneses, en su casi totalidad hombres, bloquearon el camino de las camionetas del servicio de inmigración, exigiendo mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes son aceptados en el requerimiento de asilo. La protesta surgió después de varios días que Estados Unidos no aceptaba solicitudes.


En la Ciudad de México, que en 2018 fue declarada ciudad santuario para tres de las caravanas de expatriados centroamericanos que por entonces intentaban llegar a los Estados Unidos, hay diversos tipos de refugios de migrantes, desde los clandestinos, donde buscan descanso y relativa calma las mujeres y hombres que no han sido detectados por las autoridades de migración, hasta centros de internamiento gestionados por autoridades civiles y religiosas, para las mujeres y niñas y niños que han sido detectados por las autoridades mexicanas, han obtenido una visa de refugio en el país o están a la espera de ser repatriados.  Su estadía allí, en el caso de refugio, les brinda algún alivio pero no satisface el propósito de la salida de su país; encuentran solidaridad pero no una acción ni un movimiento social que haga realidad el derecho humano fundamental a vivir donde se desee o necesite vivir y trabajar.


Pese al paso de los siglos, la humanidad no materializa en toda la extensión de la palabra tal derecho humano. Aun los poderes fácticos reinantes en cada país hacen sentir el límite y poder de las barreras físicas y de otro orden que delimitan el mundo en pequeñas parcelas, unas más grandes que otras. Y los Estados, como expresión meridiana de esos poderes, se encargan de franquear el paso y de largarle los perros a quienes no aceptan ni quieren saber de prohibiciones. Para ellas y ellos, como debiera ser para el conjunto de la humanidad, el mundo, como una sola casa, debe ser de todos y de todas.

 

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Michal Huniewicz, The Migrants, “La historia de esta fotografía es sobre una mujer mexicana que intenta ayudarlos”, 2015

En los últimos dos años, he podido escuchar a mujeres migrantes en tránsito por México. Eso es, no migrantes mexicanas, sino mujeres que provienen de la frontera entre Guatemala y México y tienen como fin llegar a cruzar la frontera México-Estados Unidos.


Igualmente, he escuchado a mujeres que pertenecen a ese 28 por ciento de repatriadas por vía terrestre que, por error o por cálculo económico, no son de nacionalidad mexicana, pero han sido devueltas vía tierra por las cada vez más cerradas autoridades migratorias estadounidenses.


En Nogales, Sonora, en diciembre de 2019 las mujeres que residían en un refugio a espaldas del muro divisorio, en un barrio controlado por el narco que las deja en paz si no se asoman por las ventanas cuando opera, me contaron con las lágrimas en los ojos que ellas hacían parte de las más de 40.000 personas que han llegado a la frontera y están en listas de espera. Han solicitado asilo y buscan ser escuchadas por los tribunales de inmigración estadounidenses desde territorio mexicano. Todas alegan real peligro a sufrir violencia en sus territorios. Su desespero mayor venía del hecho que se les informaba constantemente sobre los poquísimos casos resueltos favorablemente, menos del 0,5 por ciento de todas las demandas.


La migración centroamericana no es novedosa. Desde la década de 1980, varios grupos de activistas contra las fronteras y en favor de las personas en busca de refugio han trabajado para el acceso de centroamericanas y centroamericanos al territorio estadounidense, con el fin de evitar la violencia y los riesgos en que incurrirían de quedarse en países en conflicto. Sin embargo, el cruce por México ha cambiado desde cuando, en junio a finales de 2019, el gobierno mexicano decidió frenar el tránsito de personas indocumentadas por su territorio, para evitarle la presión migratoria a Estados Unidos, convirtiéndose de hecho en un territorio-frontera para las personas que provienen del sur vía tierra y huyen primeramente de la violencia de Estado y delincuencial en sus países de origen. Según las activistas mexicanas de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actúan en defensa de los derechos de las personas migrantes, su país es una gigantesca sala de espera o, peor, un “estacionamiento”, porque en eso lo ha convertido Donald Trump al limitar la protección humanitaria a las personas en riesgo, que van en aumento en el mundo entero. Según la organización, las y los defensoras de personas migrantes deben ser defendidos de las falsas acusaciones del delito de tráfico de personas, pues éstas son parte de una campaña orquestada en su contra de ambos lados de la frontera.


¿Por qué migran las mujeres? Es sabido que para recuperar el estatus, nivel socioeconómico que tenían en el momento de partir, se tardarán por lo menos 10 años. Sólo lo superarán y tendrán logros económicos si tenían estudios antes de salir o si tramitaron exitosamente los cursos de lengua y de formación en el país de acogida. Dadas estas condiciones, es poco probable que el móvil de la emigración sea exclusivamente la búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, hoy el 48 por ciento de los migrantes mexicanos y en tránsito por México son mujeres. Sus remesas son consideradas las más confiables por las familias que las ayudaron a reunir el dinero para el viaje. Las obediencias a patrones de género muy rígidos las convierten en mujeres que brindan servicios y cuidados muy ansiados por las mujeres de los países del norte, quienes para trabajar en competencia con los hombres descargan sobre ellas las responsabilidades que, según los mismos patrones de género, deberían asumir con las personas ancianas, enfermas y en la primera niñez. Además, las migrantes cuidan el dinero porque no se emborrachan ni arriesgan fácilmente sus capitales en negocios temerarios.


Con todo, es más probable que se migre, como dice la fotógrafa hondureña Withney Godoy, porque “El riesgo es nuestra vida; no hay otra opción que moverse, quedarse quieta también es morir”.


En efecto, la industria del turismo arrebata a las comunidades garífunas sus territorios agrícolas frente al mar en Honduras, ya que los inversionistas reciben el apoyo de un gobierno de origen golpista que niega los derechos territoriales de los pueblos indígenas y negros y no frena el uso de sicarios y delincuentes para expeler poblaciones enteras de los terrenos que quiere cercar y transformar en enclaves turísticos de lujo. Igualmente, la industria minera condena a la extrema pobreza a las comunidades agrícolas cuyos bosques son talados, sus montañas cortadas, sus aguas envenenadas y los gobiernos que consideran la minería como una actividad prioritaria persiguen y encarcelan a las mujeres y hombres que se resisten a la destrucción de sus territorios. La violencia delincuencial en numerosas ciudades condena a las mujeres a un cuidado exagerado, lo cual les impide una movilidad autónoma y, por consiguiente, el goce del estudio, el deporte, el trabajo, el esparcimiento. En todos estos casos, el primer móvil de la migración es la búsqueda de una vida libre de violencia y el miedo a la represión.


Las historias de migrantes que más me han impresionado, sea por la claridad con que me fueron expuestas, sea porque yo era incapaz de encontrarles salida, son las de las mujeres hondureñas, que desde el golpe de estado de 2009 viven agresiones contra sus territorios ancestrales, en particular las mujeres garífunas, lencas y maya chortí y contra las mujeres consideradas activistas políticas, de derechos humanos o de derechos ambientales, así como contra las lesbianas y las madres solas. La derecha hondureña es moralista y bajo la pretensión de defender a la familia “natural”, es decir, nuclear y patriarcal, en el seno de la cual la violencia contra las mujeres es prácticamente imposible de denunciar a las autoridades, agrede a cualquier mujer que transgrede los rígidos mandatos de género del catolicismo conservador y de las iglesias neoevangélicas o pentecostales. La acusación de haber abortado, por ejemplo, puede desatar un linchamiento. Con el propósito de controlar la vida social de las mujeres, se les acusa de abortistas, de lesbianas, de ser antihombres o malas madres, etcétera.


Igualmente, me han impresionado las narraciones de algunas jóvenes salvadoreñas, cuyas familias las tuvieron prácticamente presas en sus casas o en las sedes de iglesias neoevangélicas para evitar que fueran víctimas de las “maras”, esas pandillas de delincuencia diversificada surgidas al terminar las guerras civiles en la década de 1980 y que controlan las principales ciudades de El Salvador, San Pedro Sula, en Honduras, y Ciudad Guatemala. Hay cálculos de que las maras están integradas por más de tres millones de personas en Centroamérica e intervienen desde comercios y viviendas hasta tráficos de drogas, armas y personas. Cuando visité San Salvador, en un primer viaje hace cinco años, y luego en otro hace tres años, escuché en varias ocasiones que el narco mexicano y el colombiano desconfían de las maras aunque deban utilizarlas, porque actúan de manera descontrolada, ya que solo obedecen a sus propios jefes. De los relatos de las jóvenes migrantes salvadoreñas retuve el de una chica de diecisiete años que consideraba a su madre la verdadera causante de su fuga hacia el norte, porque le había impedido ir sola a la escuela durante toda su vida, de manera que ella no conocía a nadie y no tenía ni una sola amiga. Mientras escuchaba su relato y su muy válido motivo, yo no podía dejar de pensar en la madre que aterrada no sabía nada de su hija. La violencia social que el Estado no frena tiene consecuencias difíciles de imaginar cuando no se oyen por boca de sus víctimas.


Ahora bien, por México transitan primeramente migrantes centroamericanas: madres solas o víctimas de represalias territoriales y étnicas, las hondureñas; migrantes con alguna capacidad económica para pagar un “coyote”, las salvadoreñas; y guatemaltecas muy pobres, en tercer lugar. Nicaragüenses, costarricenses, beliceñas y panameñas migran en menor número. Luego, recorren las selvas y desiertos mexicanos mujeres suramericanas, desde las más ricas argentinas, brasileñas y chilenas, que nunca he encontrado en un refugio, hasta ecuatorianas y colombianas. La escasa posibilidad económica de las venezolanas, más pobres, para cruzar Centroamérica y llegar a la frontera con México las hace poco presentes en las rutas de tránsito, siendo, sin embargo, la mayoría de las desplazadas internacionales en América del Sur.


Finalmente, tanto en la frontera de Tapachula, en el sur, como en la de Tijuana, en el norte, es notoria la presencia de migrantes que alcanzan México desde África. Estos llegan a Brasil, cruzan a Colombia, atraviesan el Tapón del Darién, donde dan cuenta de asaltos brutales, y recorren a pie de Panamá a Guatemala. Las migrantes africanas han cruzado el Atlántico por avión, en su mayoría, o en barco, y huyen de la violencia que afecta principal, pero no exclusivamente, a Camerún y Congo. En julio de 2019, en Tijuana, más de cien cameruneses, en su casi totalidad hombres, bloquearon el camino de las camionetas del servicio de inmigración, exigiendo mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes son aceptados en el requerimiento de asilo. La protesta surgió después de varios días que Estados Unidos no aceptaba solicitudes.


En la Ciudad de México, que en 2018 fue declarada ciudad santuario para tres de las caravanas de expatriados centroamericanos que por entonces intentaban llegar a los Estados Unidos, hay diversos tipos de refugios de migrantes, desde los clandestinos, donde buscan descanso y relativa calma las mujeres y hombres que no han sido detectados por las autoridades de migración, hasta centros de internamiento gestionados por autoridades civiles y religiosas, para las mujeres y niñas y niños que han sido detectados por las autoridades mexicanas, han obtenido una visa de refugio en el país o están a la espera de ser repatriados.  Su estadía allí, en el caso de refugio, les brinda algún alivio pero no satisface el propósito de la salida de su país; encuentran solidaridad pero no una acción ni un movimiento social que haga realidad el derecho humano fundamental a vivir donde se desee o necesite vivir y trabajar.


Pese al paso de los siglos, la humanidad no materializa en toda la extensión de la palabra tal derecho humano. Aun los poderes fácticos reinantes en cada país hacen sentir el límite y poder de las barreras físicas y de otro orden que delimitan el mundo en pequeñas parcelas, unas más grandes que otras. Y los Estados, como expresión meridiana de esos poderes, se encargan de franquear el paso y de largarle los perros a quienes no aceptan ni quieren saber de prohibiciones. Para ellas y ellos, como debiera ser para el conjunto de la humanidad, el mundo, como una sola casa, debe ser de todos y de todas.

 

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Migrantes guatemaltecos cruzan México en caravanas camino a Estados Unidos. Imagen: AFP

La normativa de "carga pública" entra en vigor en Estados Unidos

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

 La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo y hablan inglés".

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un sistema de mérito", sentenció.

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país. 

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Lunes, 04 Noviembre 2019 06:44

5 mil 460

Migrantes celebraron el fin de semana el Día de Muertos con una protesta afuera de un supermercado Whole Food en Brooklyn, Nueva York, para exigir que Amazon (propietaria de la cadena de tiendas) corte los lazos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional.Foto Afp

El régimen de Trump –según cifras oficiales– ordenó y realizó el secuestro de más de 5 mil niños migrantes. El presidente y los encargados de implementar esa medida, desde su gabinete hasta los jefes de agencias migratorias, y los oficiales que físicamente cumplieron las órdenes de arrancar a los niños de los brazos de sus padres, todos siguen impunes ante el mundo.

Los niños fueron separados cuando sus familias intentaban ingresar a Estados Unidos sin documentos y desaparecieron durante días, semanas y meses con la llamada política de "cero tolerancia" diseñada e implementada por este régimen.

Fue por una demanda legal de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que resultó en una orden judicial del juez federal Dana Sabraw, hace 16 meses, lo que obligó al gobierno a identificar el número de niños afectados para que fueran reunificados con sus familias.

El régimen de Trump primero reveló hace meses que eran 2 mil 814 niños los afectados por estas medidas. Hace una semana, casi año y medio después de la orden judicial para contabilizar a todos, resulta que detectaron otros mil 556 niños que habían separado de sus familias. La mayoría tenían 12 años o menos; unos 300 de ellos tenían sólo cinco años o menos. De los mil 556 recién revelados que fueron separados entre julio de 2017 y junio de 2018, cinco de ellos no habían cumplido un año de edad, 26 tenían un año, 40 tenían dos años, 76 tenían tres y 60 tenían cuatro.

Más aún, el gobierno informó que había separado a otros mil 90 menores supuestamente por protegerlos de padres abusivos, algo que disputan abogados.

O sea, en total, por lo menos 5 mil 460 niños fueron separados de sus familias por el régimen de Trump. Estas son las dimensiones de esta crueldad.

¿Como es posible justificar tal barbaridad?

El régimen de Trump se atrevió a decir que era para proteger el bienestar de los niños al disuadir a sus familias de intentar hacer ese peligroso viaje, al mostrar que sólo les esperaba la separación y detención de sus hijos (el gobierno de Obama justificó medidas –aunque menos extremas– contra el flujo de menores con un argumento parecido).

Otros son más sinceros: la razón por la crueldad es aterrorizar. Hasta cristianos conservadores cercanos a Trump afirman que las separaciones familiares son "un castigo apropiado" para los que deciden ser "inmigrantes ilegales" según Ralph Drollinger, pastor que se encarga de enseñanza de la Biblia al gabinete de Trump.

¿Pero cuál es la justificación de los gobiernos, partidos, organizaciones del mundo de no presentar cargos contra Washington por abuso, secuestros, tortura y tráfico de los hijos del mundo, incluyendo sus propios ciudadanos –en su mayoría latinoamericanos– que han tenido que padecer este tratamiento inhumano?

Todos han visto a sus niños en jaulas y los reportajes –algunos extraordinarios– en los medios, los reportes de organizaciones de derechos humanos y los informes de los pediatras que han denunciado el trauma y daño permanente que esto ha causado en miles de niños.

¿Y ese silencio de todos aquellos que se congratulan de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (por cierto, el único país que no ha ratificado la convención es Estados Unidos) y otras relevantes de las cuales les encanta hablar en instancias multilaterales como la ONU y esa OEA tan preocupada por los derechos, aunque sólo en ciertos países?

Seguramente algunos explicarán, como siempre, que es más importante la diplomacia pragmática y no entorpecer otras prioridades como acuerdos de libre comercio, inversión e iniciativas de "cooperación" y evitar provocar problemas con este régimen. A ver quién le explica eso a los niños que todos dejamos abandonados.

A pesar del ruido de algunas condenas y reprobación de diversos sectores y organizaciones civiles dentro y fuera del país, no hay consecuencias para los responsables.

Eso no es culpa de ellos, es culpa de todos nosotros aquí y en el mundo. ¿No es hora de aplicar la cero tolerancia a Washington en nombre de estos 5 mil 460 niños?

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Fabricantes de armas, el actor oculto en la militarización fronteriza en EEUU

Una investigación establece que "han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la militarización fronteriza de la que se han beneficiado con miles de millones de dólares en contratos". "Estos vínculos lucrativos se ocultan al público", explica uno de los autores.

 

Los grandes fabricantes de armas son el actor oculto en la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y en los últimos años han jugado un papel más relevante que la propia Casa Blanca en el endurecimiento de la lucha contra la migración ilegal, según un estudio publicado este lunes.

"Un pequeño número de corporaciones, principalmente firmas de armas y también de información tecnológica, han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la militarización fronteriza de la que se han beneficiado con miles de millones de dólares en contratos", declaró a Efe Nick Buxton, coeditor del reporte.

El informe, elaborado por el grupo de investigación internacional Instituto Transnacional (TNI), argumenta que firmas de seguridad y fabricantes de armas como General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon y Boeing, entre otras, han diseñado la política fronteriza en las últimas tres décadas y son las responsables de la actual coyuntura. "El debate sobre (el presidente Donald) Trump y la frontera ha distorsionado la realidad, porque ignora que ya hay un muro altamente militarizado apoyado por los republicanos y los demócratas durante tres décadas", dijo.

La investigación apunta a que en los últimos 15 años el presupuesto destinado a la seguridad fronteriza y control migratorio en EEUU pasó de 9.100 millones de dólares en 2003 a 23.700 millones en 2018. Ello, resaltó Buxton, genera "enormes ganancias a estas corporaciones mientras crean un ambiente cada vez más mortal para los inmigrantes que cruzan las fronteras". El aumento es mucho mayor si se compara con el presupuesto de 1990, cuando la inversión fue de 1.200 millones de dólares, lo que equivale a un "increíble aumento del 1.875 %", apunta el informe.

"Estos vínculos lucrativos se ocultan al público"

Más de una docena de grandes compañías del negocio de seguridad fueron identificadas como los beneficiarios, pero "con demasiada frecuencia, estos vínculos muy lucrativos se ocultan a la vista del público y, por lo tanto, se borran de la conversación pública" apuntó Todd Miller, autor del informe. "Debe suceder exactamente lo contrario: el hecho de que las corporaciones gigantes se beneficien y conduzcan a la militarización fronteriza debe ser el centro de una de las discusiones más importantes que tienen lugar en Estados Unidos en este momento", agregó el investigador.

En este sentido, el estudio apunta hacia los presupuestos y el debate sobre la Patrulla Fronteriza (CBP), que entre 2006 y 2018 firmó contratos por un valor de 26.100 millones de dólares, un valor que excede la suma de los presupuestos acumulados del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de 1975 a 1998.

Buxton recalca que, aunque Trump "ha traído su propia influencia tóxica al debate, demonizando a los emigrantes e inspirando ataques racistas, la evidencia muestra que la mayor parte de la militarización de la frontera de EEUU ocurrió mucho antes de la llegada" del mandatario neoyorquino. 

El reporte resalta las grandes contribuciones que realizan estas corporaciones a las campañas de congresistas, tanto republicanos como demócratas. Como ejemplo, halló que beneficiarios de contratos con CBP, como Boeing, Lockheed Martin, General Atomics, General Dynamics y Raytheon, también son grandes contribuyentes de campaña de los miembros del comité de Asignaciones del Congreso y del comité de Seguridad Nacional, responsables de los presupuestos y la política fronteriza.

16/09/2019 22:58 Actualizado: 16/09/2019 22:58

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Lunes, 09 Septiembre 2019 06:06

Renacimientos

Para algunos analistas, el nivel de activismo y resistencia contra el asalto de la derecha nunca había sido tan amplio en Estados Unidos. En la imagen, manifestación contra el presidente Donald Trump afuera de un club de golf en Virginia.Foto Afp

“Ahora, la única cosa que hice mal / Fue quedarme demasiado tiempo perdido en el desierto…. La única cosa que hicimos bien / Fue el día que empezamos a luchar / Mantén tu mirada sobre el premio, sostente…” (versos de Keep your Eyes on the Prize, parte esencial del repertorio de los himnos de lucha y resistencia del movimiento de derechos civiles de los años 50 y 60).

Entre rayos de esperanza y el anunciado inicio de la Apocalipsis climático y/o nuclear parece haber poco espacio. Esas odas a la resistencia, a la perseverancia, a la fe, a veces son poco convincentes, sobre todo en uno de los países más violentos de la historia ahora bajo un régimen que está dispuesto a anular el futuro no sólo de su pueblo, sino de todo el planeta.

Después de leer, ver, escuchar las noticias en todas las múltiples plataformas modernas que nos inundan de material en un asalto incesante cada mañana se necesita un esfuerzo casi superhumano para continuar con el día. A veces un poco de humor ayuda, como recordar un amigo húngaro refugiado en México de las guerras y la persecución en Europa, quien cuando alguien le preguntaba que hacía todos los días, respondía: "pues me levanto, desayuno, leo el periódico y si no estoy entre los obituarios, salgo y me voy al trabajo".

"Hay esperanza infinita, sólo que no para nosotros", escribió Kafka, recuerda el escritor Jonathan Franzen en The New Yorker sugiriendo que tal vez en la coyuntura actual habrá que modificar esa frase a algo como "No hay esperanza, excepto para nosotros", ya que es hora de decir la verdad sobre el cambio climático y lo que habría que hacer dado los pronósticos científicos de desastres existenciales y la poca o nula acción en el mundo ante la actual desestabilización de la vida planetaria ya tan evidente. Aquí la respuesta oficial por este régimen es maravillosamente orwelliana: todo eso es puro fake news.

¿Entonces?

Rompe el corazón ver a jóvenes movilizados que preguntan por qué todos los adultos han permitido que se llegara a este punto, donde el mismo futuro se está anulando a propósito. Pero también ofrecen parte de la única respuesta posible, dentro de la cual existe el renacimiento de ese futuro hoy día, cuando estos mismos jóvenes indignados declaran: "nosotros somos el cambio que estábamos esperando".

No es nueva esa frase y ha retumbado a lo largo de los momentos más nobles de la historia en este y otros países, con diferentes palabras, pero es más urgente que nunca ahora ante una de las eras más oscuras en este país. Se escucha en varios rincones y expresiones; muchas de las cuales no se reportan tanto. Está presente, por ejemplo, en la huelga de 20 mil trabajadores de telecomunicaciones de AT&T en nueve estados que estalló el mes pasado por prácticas abusivas patronales y la ausencia de derechos laborales. A lo largo de los últimos dos años han asombrado (a las cúpulas y otros) huelgas con decenas de miles de maestros, miles de trabajadores en la industria hotelera (Marriott) y en el sector de salud, otros miles en acciones labores para obtener derechos laborales básicos en la rama de comida rápida.

De repente hay propuestas progresistas que ocupan el centro del debate político del país, desde un New Deal verde, hasta seguro de salud universal, acceso gratuito a las universidades públicas y más.

Algunos señalan que el nivel de "activismo" y el mosaico de resistencia contra el asalto por la derecha en este país nunca ha sido más amplio, con sorprendentes expresiones de apoyo para el "socialismo" por 40 por ciento de la población, mayorías favoreciendo la legalización y respeto de los derechos de los inmigrantes, como la defensa de libertades civiles de todos. Otros indican que las más grandes manifestaciones de protesta en la historia estadunidense se han impulsado durante los dos años y medio del régimen actual.

En todo esto, junto con el rescate de las historias de lucha contra el fin de la historia, está la posibilidad, tal vez la última, de un verdadero renacimiento.

Springsteen and the Seeger Sessions band https://www.youtube.com/ watch?v=LIgcBBxjgwE

https://open.spotify.com/track/ 57kHJ3wBv5RaFYt4jYmMXO? si=lKPAkX-TRfer7vMX4hKi6A.

https://open.spotify.com/track/ 0jWgAnTrNZmOGmqgvHhZEm?si= 4K65pDfNSRGldSzeiz8PVA

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Muerte y resistencia en la frontera entre Estados Unidos y México

A lo largo de la extensa frontera entre Estados Unidos y México, las temperaturas en verano alcanzan fácilmente los 40º C. El desierto de Sonora se extiende a ambos lados de la frontera y se erige como una barrera mortal para los miles de migrantes que buscan una vida mejor en el norte. Miles de personas anónimas han muerto en estos desiertos mientras seguían la ruta conocida como “el camino del diablo”. Nunca sabremos cuántos han muerto, ya que el desierto borra la evidencia de los que se desvanecen allí; los buitres, coyotes e insectos rápidamente se abalanzan sobre los cadáveres y dejan solo los huesos blanqueados. Se han hallado restos de más de 3.000 personas, pero los expertos estiman que más de 10.000 han muerto al intentar cruzar el desierto. Varios grupos de voluntarios han estado deambulando durante años por las arenas ardientes del Sonora, dejando comida, agua y medicamentos a lo largo de los senderos conocidos de los migrantes y haciendo todo lo posible para reducir la letalidad del desierto.

En enero de 2018, Scott Warren, del grupo de ayuda humanitaria No más muertes, fue arrestado y acusado de albergar a “extranjeros” y de conspiración, delitos federales por los que enfrentó la posibilidad de recibir una condena de 20 años en prisión. En el primer juicio, el jurado no pudo determinar un veredicto, que debe ser unánime, pero ocho de los 12 miembros votaron por la absolución. Los fiscales federales retiraron la acusación de conspiración y van a proceder con el nuevo juicio, programado para noviembre. Warren todavía enfrenta una posible sentencia de 10 años de prisión.

Recientemente participamos de una de las travesías para dejar agua y comida junto a Warren y otras dos voluntarias de No más muertes, Geena Jackson y Paige Corich-Kleim. Salimos de la nueva oficina de ayuda humanitaria que la organización comparte con grupos aliados en Ajo, Arizona, y viajamos por un rústico camino de ripio hasta el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, declarado reserva de la biosfera por la Unesco. Todavía era temprano en la mañana, pero la temperatura ya excedía los 38º C. La reserva se extiende desde las cercanías de Ajo hasta la frontera con México. Al oeste del monumento nacional se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, el mayor refugio de los 48 estados meridionales del país. Scott Warren nos explicó: “En este momento no puedo poner pie en el refugio debido a los cargos de delitos menores que enfrento por haber brindado ayuda humanitaria”.

El aumento de la militarización en ciudades fronterizas como Nogales, en Arizona, obliga a los inmigrantes a internarse en el desierto. En una parada frente a la base de operaciones avanzadas de la Patrulla Fronteriza en el desértico Growler Valley, Scott Warren nos dijo: “Los migrantes se han visto forzados a incursionar en estas áreas remotas y difíciles desde hace décadas, como resultado de la política de prevención mediante la disuasión”. Growler Valley es un vasto y desolado valle azotado por el sol y salpicado de cactus, que se extiende desde la frontera hacia el norte. Abarca Cabeza Prieta y Organ Pipe y más adelante el campo de entrenamiento militar de la Fuerza Aérea Barry Goldwater, que los migrantes deben cruzar para poder alcanzar la ruta Interestatal 8 y su esperada nueva vida más allá. En el campo de entrenamiento militar Goldwater se han descubierto en los últimos años varios restos óseos humanos.

El escritor Luis Alberto Urrea describió elocuentemente la muerte de 14 migrantes en este valle en su libro finalista del premio Pulitzer de 2004, “The Devil’s Highway” (“El camino del diablo”, en español). Urrea describe en seis etapas la cercanía de la muerte: “El aire del desierto, como tú, tiene sed. Te absorbe el sudor tan rápido como tú lo produces, tan rápido que ni siquiera te das cuenta de que estás sudando… el aire te toca los labios para quitarte el agua. Cada respiración te deja la nariz reseca, así como los senos paranasales, la boca, la garganta… La desolación primero te bebe de a pequeños sorbos, luego en tragos profundos”. Urrea agrega: “Si lloras, estarás haciendo una inversión infinitesimal a favor de tu propia muerte”.

Debido a sus juicios pendientes, Warren acompañó la expedición para dejar agua y comida, pero no participó en la actividad personalmente. Geena Jackson manifestó a Democracy Now! mientras ultimaba los preparativos para dejar en el desierto los bidones de agua: “La ayuda humanitaria nunca es un delito. Es un imperativo humanitario tratar de aliviar la muerte y el sufrimiento en esta área. A pesar del accionar de las agencias gubernamentales, que intentan criminalizar a los trabajadores de ayuda humanitaria, nosotras sostenemos que la ayuda humanitaria nunca es un delito”. Geena Jackson y Paige Corich-Kleim dejaron mensajes en cada uno de los bidones de agua que dejaron a la sombra de un árbol, junto a un sendero creado a lo largo de los años por las personas que realizan este peligroso viaje.

Paige Corich-Kleim nos contó: “Generalmente escribo mensajes de tono religioso, como ‘Vayan con la fuerza de Dios’ o ‘Que Dios bendiga su camino’”. Esto es para que los viajeros sepan que el agua fue dejada por personas amistosas y que es seguro beberla. También dejan latas de frijoles para brindarles las calorías y sales necesarias para la subsistencia, que las personas van perdiendo a medida que se adentran en el abrasador calor del desierto.

Mientras observaba el trabajo de sus colegas, Warren expresó: “Estoy notando la energía de este momento y creo que es, tal vez, porque todos nosotros estamos aquí, y por escuchar a mis amigas describir los mensajes que están escribiendo en las botellas. Esto se volvió tan rutinario para nosotros que incluso yo olvido lo importante y lo hermoso y lo prácticamente sagrado que es”.

© 2019 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Lunes, 05 Agosto 2019 07:58

Balas de odio

 La comunidad gay se manifestó ayer en Times Square, Nueva York, en repudio a la violencia con armas de fuego, luego de los tiroteos del fin de semana.Foto Afp

Otro y otro y otro. Dos tiroteos masivos en menos de 24 horas perpetrados por jóvenes blancos estadunidenses; el saldo de ambos es de por lo menos 29 muertos y decenas de heridos. Esto, después de que hace una semana, otro joven blanco asesinó a tres e hirió a 15 en Gilroy, California. Suman 253 tiroteos masivos (definido como casos en los que cuatro o más personas son heridas o mueren por balas), y 32 matanzas por armas de fuego (definido como tres o más fatalidades en un solo incidente) en los 216 días que van del año.

 

Pero el ataque en El Paso, según información preliminar, no es un tiroteo más, sino un atentado de terror contra latinos e inmigrantes. Un "manifiesto" que aparentemente dejó el atacante poco antes de salir a realizar su masacre afirma que estaba haciendo esto "en respuesta a la invasión latina".

 

El alguacil del condado de El Paso, Richard Wiles, escribió: “Este hombre anglo vino aquí para matar latinos. Estoy indignado… y toda la nación debería estar indignada. Es hora de levantarnos y hacer que nuestros representantes rindan cuentas a todos los niveles”.

 

Las autoridades están investigando el tiroteo como un acto de "terrorismo doméstico" y como un "crimen de odio". Además del manifiesto del acusado, quien emplea el vocabulario de Trump, aparentemente también encontraron expresiones de admiración al mandatario republicano, incluyendo una foto de armas posicionadas para deletrear el apellido del presidente y el uso del hashtag sobre su muro fronterizo.

 

Los ataques de "odio" se han incrementado con Trump; más de 17 por ciento el año pasado, según la FBI. Los casos de terrorismo doméstico también (la agencia informa que desde el 11/S, más estadunidenses han muerto en atentados terroristas domésticos que en internacionales). En El Paso se combinaron. No es la primera vez. El jefe de la FBI, Christopher Wray, reportó que ha realizado cerca de 100 arrestos relacionados con "terrorismo doméstico" este año –cifra superior al total de 2018– y la mayoría de éstos están vinculados a la supremacía blanca.

 

Crímenes de odio y actos de terrorismo doméstico no son nuevos, y han ocurrido con presidentes demócratas y republicanos. Pero en tiempos modernos nunca se había responsabilizado a un presidente y a su gobierno de nutrirlos como ahora.

 

Organizaciones de defensa de libertades civiles y derechos humanos, líderes de organizaciones latinas, afroestadunidenses, musulmanes y judíos han advertido repetidamente sobre las consecuencias de la retórica presidencial. Este domingo, varios candidatos presidenciales acusaron directamente a Trump (quien estaba gozando un fin de semana de golf durante las mismas 24 horas de horror en su país), por fomentar la violencia con su retórica antimigrante y racista.

 

El pasado martes, antes del incidente ocurrido en El Paso, Texas, el liderazgo de la Catedral Nacional en Washington –la catedral de presidentes y de actos político-religiosos nacionales– emitió una sorprendente e inusitada reprobación de un mandatario. “No se equivoquen, las palabras importan. Y las palabras del señor Trump son peligrosas… Cuando palabras violentas tan deshumanizantes provienen del presidente de Estados Unidos, son un llamado de clarín, y un escudo, a supremacistas blancos que consideran a personas de color como una ‘infestación’ subhumana de Estados Unidos... Palabras violentas llevan a acciones violentas”. La declaración pregunta: Después de dos años de las palabras y acciones del presidente Trump, ¿cuándo será que los estadunidenses digan basta? ¿Cuándo es que el silencio es complicidad? ¿Qué se necesitará para que todos digamos, a una voz, que ya basta? La pregunta no es tanto sobre el sentido de la decencia del presidente, sino sobre el nuestro”.

 

Tal vez sea el momento indicado para que los gobiernos, incluido el de México, emitan alertas oficiales a sus ciudadanos sobre el peligro de viajar o residir en Estados Unidos, dadas las condiciones violentas y hostiles impulsadas por un régimen racista y xenófobo.

 

¿O será necesario contemplar preparativos para ofrecer refugio a estadunidenses que ya temen por sus vidas bajo este régimen?

 

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