Pfizer, Moderna y AstraZeneca fracasan ante la "variante sudafricana" del Covid-19

Un servidor ya había advertido sobre las ominosas "nuevas variantes" del Covid-19 que emergieron en Gran Bretaña (GB), Sudáfrica y Brasil (https://bit.ly/3aQHwhb).

Washington Post reporta que las dos vacunas de EU, Pfizer y Moderna, "mostraron una capacidad disminuida para neutralizar la cepa ahora dominante en Sudáfrica" (https://wapo.st/3dJHmdh).

New York Times confirma que la vacuna de AstraZeneca "no funciona bien (sic) contra la variante de Sudáfrica" y sufre un "fuerte tropiezo", tras el arribo, una semana después, del millón de dosis (provenientes de India) de la vacuna británica a Sudáfrica que “cesó su uso después de que emergió la evidencia de que no protegía a los voluntarios en pruebas clínicas, con enfermedad leve o moderada, causada por la más contagiosa variante (https://nyti.ms/3ks90Nd)”.

Financial Times (FT, 17.02.21) no tiene más remedio que admitir que "la vacuna Pfizer es menos potente frente a la variante de Sudáfrica" cuando "produce solamente (sic) la tercera parte de los anticuerpos que produjo para el virus original". El rotativo británico globalista FT cita al respecto a la excelsa publicación de EU The New England Journal of Medicine (https://bit.ly/2MlS52e).

La variante de Sudáfrica ahora se encuentra presente en 32 países (https://bit.ly/3bDymDM) y "se ha vuelto la forma dominante del virus en otros lados", lo cual se complica en los "países más pobres" que "podrían convertirse en focos infecciosos de las nuevas mutaciones" (https://nyti.ms/3bAlnmv).

Una mala noticia: las dos nuevas vacunas muy prometedoras de EU, Novavax y Johnson & Johnson, "tienen menos eficacia contra la cepa sudafricana" (https://bit.ly/3uwd3ww).

El problema en Sudáfrica, con una población de 57 millones, se complica por la prevalencia del sida –¡el cuarto del mundo, con 17.3 por ciento!–, que se exacerba con la inoculación de las vacunas contra el Covid-19 cuando los primeros sitiales en el mundo del sida pertenecen al continente africano (https://bit.ly/2Pahtco).

A propósito, funcionarios de Sudáfrica se le fueron a la yugular al Big Pharma por acaparar las vacunas contra el Covid-19 en detrimento del resto del mundo (https://bit.ly/3urZnTj).

Perturba que no se atienda la nueva variante de Brasil, el país más poblado de Sudamérica con más de 213 millones de habitantes, cuya gran parte ha sido asolada y desolada por el virus original y ahora por su reciente mutación.

En un corte de caja reciente, no existen datos concluyentes sobre el desempeño de la vacuna rusa Sputnik V frente a las tres nuevas variantes de Sudáfrica, Brasil y GB (https://bit.ly/3bQLN3B). Sputnik V usa un "doble vector viral", cuyo adenovirus reduce sustancialmente el riesgo de que el sistema inmunológico desarrolle resistencia al vector inicial, lo cual ayuda a crear una respuesta más vigorosa.

En franco contraste, la vacuna china Sinovac exulta "tener buenos resultados contra las nuevas variantes de Sudáfrica y Gran Bretaña" que han puesto de cabeza a los fabricantes de los biológicos.

SCMP, con sede en Hong Kong, expone la versión del mandamás de Sinovac de que las "vacunas atenuadas ofrecen un amplio espectro de protección", pero "sin exhibir los datos que respalden su aserto" (https://bit.ly/3kn2nvq).

Independientemente de los ajustes obligados a sus vacunas, que los fabricantes anglosajones ya empezaron a implementar, el vendedor globalista de vacunas, el apocalíptico Bill Gates (BG, http://bit.ly/2ZXVuYc), quizá para paliar los recientes descalabros propone ahora una tercera (sic) inoculación de las cinco empresas de vacunas de EU sin aportar pruebas fehacientes para ello (https://bit.ly/2MncqEt).

Al rato, quizá para vender más biológicos, el controvertido BG –dueño de la vacuna Inovio, que ha quedado muy rezagada– propondrá una inoculación anual de por vida.

Lamentablemente, el eje anglosajón de EU y GB ha optado por la "guerra de propaganda" de sus vacunas, en el umbral de una guerra total, en lugar de la tan anhelada colaboración internacional con China y Rusia.

Fue mucho soñar. Ahora quien se adueñó de la ideología anglosajona es BG.

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Lunes, 22 Febrero 2021 06:16

Las GAFAM y el poder del pueblo

Las GAFAM y el poder del pueblo

Aliadas con grandes firmas de Wall Street y el influyente lobby empresarial agrupado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la poderosa organización sindical AFL-CIO, funcionarios republicanos y demócratas integrantes del establishment institucional en los aparatos ejecutivo, legislativo y judicial tanto a escala federal como en los estados de la unión y organizaciones de la sociedad civil, las corporaciones tecnodigitales del Silicon Valley habrían jugado un papel importante en la derrota de Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre pasado.

Lo anterior, según un reportaje publicado por la revista Time titulado "La historia secreta de la campaña en la sombra que salvó las elecciones de 2020", que utiliza expresiones tales como "una conspiración detrás de la escena" y "pacto" o "alianza informal" entre sectores tradicionalmente antagónicos como son las grandes corporaciones y los sindicatos, que entre otras actividades habría influido en las percepciones del electorado y presionó a quienes dirigen la cobertura de los grandes medios de difusión masiva y controlan el flujo de información, incluidos ejecutivos de las plataformas de redes sociales, para que cumplieran sus políticas contra ciertos tipos de comportamientos tóxicos, eliminando contenidos y cuentas que difunden noticias falsas ( fake news). Según la publicación, en noviembre de 2019 (un año antes de los comicios) Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, invitó a nueve líderes de derechos civiles a cenar en su casa y allí determinaron aplicar reglas y un cumplimiento más riguroso de los contenidos, situación que se habría repetido con el CEO de Twitter, Jack Dorsey, y otros.

Ello explicaría que las cadenas de televisión más poderosas de EU (ABC, CBS, NBC y MSNBC, enlazadas en sus plataformas de YouTube, Facebook, Twitter y otras redes de Internet) le hayan apagado el micrófono de manera brusca a Trump el 5 de noviembre pasado, aduciendo que estaba acusando fraude sin pruebas. Desde entonces, también, comenzó a discutirse si fue correcta la decisión de los medios hegemónicos de censurar de manera orquestada el mensaje en vivo de Trump cuando la contienda electoral estaba cerrada y todavía lejos de concluir, y si correspondía a medios privados establecer la censura previa y determinar de manera paternalista si un mensaje específico debe llegar a la audiencia.

Según aduce TIME ahora, la "conspiración" tuvo como objetivo reafirmar la democracia estadunidense. Y en sus propias palabras, la democracia fue salvada por "the power of people" (el poder del pueblo). Sin embargo, tras la incursión al Capitolio el pasado 6 de enero, la expulsión de Trump del "paraíso de las plataformas de redes sociales" (Rosa Miriam Elizalde dixit) tiene más que ver con la "práctica discrecional" de los monopolios privados en Internet, que con la democracia y los mensajes de odio racista del antiguo inquilino de la Casa Blanca contra los negros, musulmanes, mexicanos y centroamericanos. En mayo de 2011, a pedido de Israel, Zuckerberg borró las cuentas de medio millón de usuarios que en Facebook defendían la causa palestina.

El veto a las cuentas del magnate neoyorquino por el gobierno paralelo y empresarial del Silicon Valley en alianza con las grandes corporaciones de Wall Street y el Estado profundo (la CIA, la FBI, etcétera), devela una articulada estructura de poder suave ( softpower) dirigida a poner en la Oficina Oval a un funcionario del establishment como Joe Biden.

La tecnología no es neutral; forma parte de las estructuras de poder, riqueza y dominación. Junto con Twitter, las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) son una suerte de cártel del complejo digital-financiero vinculado a la comunidad de inteligencia. Las corporaciones digitales y el poder infocomunicacional concentrado cuentan con un tremendo arsenal de tecnologías en informática y comunicaciones (TIC) y el Big Data a escala global.

Durante años los algoritmos de Facebook y Google (YouTube) han actuado como árbitros de la política estadunidense. Pero las plataformas de las redes sociodigitales no son sólo herramientas comunicativas, sino también un arma del "capitalismo de la vigilancia" (Shoshana Zuboff). En función de sus propios intereses plutocráticos, las redes operan como una prolongación de las industrias culturales tradicionales, uno de cuyos objetivos principales es la producción de una cultura de masas. Es decir, no sólo contribuyen a la construcción de la hegemonía capitalista, sino que cumplen una función de simplificación espiritual y de manufacturación de la ignorancia. Y según plantea José Ernesto Nováez Guerrero, como herramientas del capitalismo, las redes hegemónicas son instrumentos de la derecha ideológica: el carácter de empresa privada capitalista determina el funcionamiento ideológico de los algoritmos, tendiente a neutralizar de diversas formas el pensamiento crítico disidente del actual sistema de dominación.

Las redes digitales forman parte del dispositivo para disciplinar sociedades enteras. Sin olvidar que en sus orígenes en plena guerra fría, la red de redes surgió como un sistema de intercomunicación militar del Departamento de Defensa de EU: Arpanet (1967), antecedente de Internet (1983), y que el encriptado para los teléfonos celulares fue acordado con el conjunto de sus fabricantes en el Pentágono por la Agencia Nacional de Seguridad. Años después Julian Assange diría que Facebook era la máquina de espionaje más terrible del mundo, jamás inventada. Entre otros temas, es lo que no le perdonan sus obsecuentes carceleros.

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Lunes, 18 Enero 2021 05:52

Militar la patente

Planta de Pfizer en Amboise, Francia AFP, ALAIN JOCARD

Cómo las farmacéuticas se aseguraron el monopolio sobre la vida y la muerte

Pfizer encabeza una dura oposición a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19. En el pasado, la misma empresa lideró el lobby que hoy impide el acceso de los pobres a medicamentos cruciales.

 

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por el gigante farmacéutico Pfizer junto con su socio alemán Biontech fue la primera en ser aprobada por varios Estados para su uso de emergencia y su aplicación ya se encuentra en estado avanzado en varios países. No obstante, mientras esto sucede, Pfizer ha mostrado una vehemente oposición a uno de los esfuerzos globales más importantes realizados en pos de garantizar que los países pobres puedan acceder a la inmunización contra la enfermedad.

En octubre, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera de forma temporal la vigencia de las patentes de los tratamientos contra el covid-19, en virtud del acuerdo de propiedad intelectual conocido como Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Apoyada ahora por casi un centenar de países, la iniciativa permitiría la producción asequible de tratamientos genéricos durante lo que dure la pandemia.

Si se aprueba, la propuesta podría salvar innumerables vidas en el Sur global, en momentos en que los países ricos acaparan los stocks de vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20) y cuando un estudio realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins advierte que una cuarta parte de la población mundial no recibirá el pinchazo hasta 2022 (British Medical Journal, 15-XII-20). Pero, hasta ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado la moción, a pesar de que en el contexto actual las demoras en el acceso a las vacunas significan, en los hechos, más muertes.

Con Pfizer a la cabeza, la industria farmacéutica, preocupada por proteger sus ganancias, es un socio poderoso de este frente opositor. «La propiedad intelectual es la sangre del sector privado y es la que trajo una solución a esta pandemia. En este momento, no es una barrera», declaró a comienzos de diciembre Albert Bourla, su director ejecutivo. Días antes, Pfizer había registrado oficialmente su oposición a la propuesta de India y Sudáfrica en un artículo del 5 de diciembre en The Lancet, en el que afirmaba que «un modelo global único [de acceso a las vacunas] ignora las circunstancias específicas de cada situación, de cada producto y de cada país».

En los alegatos de la empresa, el marco actual de las normas de propiedad intelectual y de los monopolios farmacéuticos es presentado como un orden planetario basado en el sentido común y cuyos beneficios para la sociedad serían evidentes. En realidad, estas normas internacionales son relativamente recientes y fueron moldeadas, en parte, por la propia Pfizer. Desde mediados de la década del 80 hasta principios de la del 90, la empresa desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las mismas reglas de propiedad intelectual de la OMC que ahora invoca para argumentar en contra de la liberación del suministro de vacunas para los países pobres. La «sangre del sector privado» mentada por Bourla no corresponde a un orden natural, sino que refleja una estructura comercial global que la compañía ayudó a crear en detrimento de los pobres de todo el mundo.

UNA CAMPAÑA CORPORATIVA

A mediados de la década del 80, el entonces presidente de Pfizer, Edmund Pratt, tenía una misión: asegurar que se incluyeran fuertes protecciones para la propiedad intelectual en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Aquellas fueron las negociaciones multinacionales de comercio que resultarían en el establecimiento de la OMC en 1995. El razonamiento de Pratt era simple: semejantes protecciones eran vitales para proteger la «competitividad» global de su empresa y de otras industrias estadounidenses.

Pratt tenía un poder institucional considerable más allá de su puesto corporativo. Como señalan los investigadores de Harvard e Insead Charan Devereaux Robert Z. Lawrence y Michael D. Watkins en su libro Case Studies in US Trade Negotiation, Pratt formó parte del Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales de los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan. En 1986, cofundó el Comité de Propiedad Intelectual, un organismo que se dedicaría a construir vínculos con corporaciones de Europa y Japón, se reuniría con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU y llevaría adelante un agresivo lobby para garantizar que se incluyera la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales.Ya en aquellos años, tanto a nivel mundial como estadounidense, Pfizer jugaba un rol importante en la promoción de la idea de que el comercio internacional debía depender de unas determinadas reglas de propiedad intelectual: según su concepción, los países que no siguieran las reglas de propiedad intelectual estadounidenses se dedicaban a la piratería. Los expertos en regulación comercial internacional de la Universidad Nacional de Australia Peter Drahos y John Braithwaite señalan, en su libro Information Feudalism, que «como el batir de un tambor, el mensaje sobre la propiedad intelectual se fue replicando por las redes empresariales, las cámaras de comercio, los consejos directivos, los comités de negocios y los organismos corporativos. Progresivamente, los ejecutivos de Pfizer que ocupaban puestos clave en las gremiales empresariales estratégicas lograron reclutar el apoyo de esos grupos a una concepción de la propiedad intelectual que estaba basada en el comercio».

Por aquel entonces, la idea de que la propiedad intelectual debía ser parte de las reglas comerciales internacionales no era algo universalmente aceptado. Muchos países del tercer mundo se resistieron a su inclusión, con el argumento de que, si se establecían normas más estrictas de propiedad intelectual, se iba a estar protegiendo el poder monopolístico de las corporaciones y se socavarían los controles internos de precios.

En 1982, la primera ministra de India, Indira Gandhi, decía a la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS, que «un mundo mejor ordenado será aquel en el que los descubrimientos médicos estén libres de cualquier patente y donde no se haga negocio a partir de la vida y la muerte». Y en 1986, el Christian Science Monitor informaba que «Brasil y Argentina encabezan un grupo que ha bloqueado los intentos de Estados Unidos de incluir la protección de la propiedad intelectual en la nueva ronda de conversaciones de comercio».

Pero el presidente de Pfizer tenía aliados poderosos, entre ellos el presidente del gigante tecnológico IBM, John Opel. Sus esfuerzos combinados desempeñaron un papel clave para asegurar que finalmente se incluyeran reglas de propiedad intelectual en las negociaciones del GATT. Pratt nunca dudó en atribuirse ese éxito. «Esta victoria en el GATT, que establece disposiciones para la propiedad intelectual, resultó en buena parte de los esfuerzos a brazo partido hechos por el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses, incluida Pfizer, durante las últimas tres décadas. Hemos estado en esto desde el principio, asumiendo un rol de liderazgo», declaró por entonces, tal como lo recogen los investigadores Lori Wallach y Patrick Woodall en su libro Whose Trade Organization? The Comprehensive Guide to the WTO.

Durante las negociaciones para la protección de la propiedad intelectual en el GATT, el grupo de lobby cofundado por Pratt jugó un papel activo como organizador de empresarios de Estados Unidos, Europa y Japón decididos a conseguir una regulación fuerte en la materia. Cuando, a mediados de los años noventa, se estableció formalmente la OMC y se firmaron los acuerdos internacionales, Pratt ya no era presidente de Pfizer, pero su contribución y el papel de la empresa que había dirigido todavía se hacían sentir. Fueron Pratt y Opel quienes, desde un comienzo, «diseñaron, presionaron y engatusaron al gobierno estadounidense para que incluyera la propiedad intelectual como uno de los temas de negociación», en palabras de uno de los miembros del equipo negociador de Estados Unidos citado por Devereaux, Lawrence y Watkins.

El acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que entró en vigor en 1995, se convertiría en el «acuerdo sobre propiedad intelectual más importante del siglo XX», escriben por su parte Drahos y Braithwaite. Ese tratado puso a la mayor parte del mundo bajo estándares mínimos de propiedad intelectual, parte de los cuales significaron el establecimiento de un monopolio global de patentes en manos de las empresas farmacéuticas. Para Dean Baker, economista y cofundador del think tank izquierdista Center for Economic and Policy Research, «el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC requirió que países de todo el mundo adoptaran normas de patentes y derecho de autor de tipo estadounidense. Anteriormente, ambos temas habían estado fuera de los acuerdos comerciales internacionales y los países podían tener las reglas que quisieran al respecto. India tenía una industria farmacéutica bien desarrollada en la década del 90. Antes del acuerdo, el Estado no permitía que las empresas farmacéuticas patentaran medicamentos. Podrían patentar procesos, pero no medicamentos».

ACCESO LIMITADO

El acuerdo sobre ADPIC trajo fabulosas ganancias a las compañías farmacéuticas y «elevó los costos farmacéuticos en Estados Unidos, al tiempo que restringió aún más la disponibilidad de medicamentos vitales en los países en vías de desarrollo de la OMC», según afirma la ONG Public Citizen, dedicada al contralor de prácticas corporativas. Esta dinámica se manifestó de forma brutal durante la crisis del sida, que se encontraba en su apogeo cuando se creó la OMC. «Le tomó al gobierno sudafricano casi una década romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén y condenaban a su gente a la muerte», recordaban hace poco en The New York Times (7-XII-20) Baker, el activista por la salud pública Achal Prabhala y el economista Arjun Jayadev.

Es difícil pensar en un escenario más propicio para defender una suspensión de las leyes de propiedad intelectual que el de una pandemia mundial, un argumento que ciertamente no es marginal en el contexto político actual. Además de una larga lista de activistas globales, los principales grupos de derechos humanos y los expertos en la materia de la ONU han sumado sus voces a la demanda de suspender las leyes sobre patentes. Sus llamamientos continúan lo iniciado por el movimiento por la justicia global de la década del 90 y principios de la del 2000, que puso en cuestión el papel que tuvo la OMC –junto con otras instituciones globales, como el Banco Mundial y el FMI– en la destrucción, a manos de las corporaciones, de las regulaciones nacionales en materia laboral, ambiental y de salud pública. Un punto clave de su crítica fue el enorme poder de las corporaciones estadounidenses en la OMC, que se revela hoy en su bloqueo de la propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19.

Pfizer no es la única que se opone a pausar por un momento las reglas de propiedad intelectual. Las gremiales de la industria farmacéutica y empresas individuales, se han manifestado con toda su fuerza en contra de estas propuestas. «La influencia de la industria farmacéutica es enorme», señala Baker. «No hace falta decir que Trump apoyará estas corporaciones. Incluso Biden será presionado por la industria farmacéutica y tendrá enormes dificultades para hacer algo que a esta no le guste».

La lucha sin cuartel de la industria farmacéutica por acaparar información que permitirá salvar vidas en plena pandemia contrasta con el gigantesco papel que ha tenido la financiación pública en el desarrollo de las vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20). Sin embargo, con un costo estimado de 19,50 dólares estadounidenses por dosis en sus primeras 100 millones de dosis, la vacuna de Pfizer es demasiado costosa para muchos países pobres, particularmente a la luz de sus requisitos de almacenamiento. La compañía farmacéutica Astrazeneca, que produjo una vacuna junto con la Universidad de Oxford, se comprometió, en 2020, a facilitar el acceso de los países pobres a su producto y afirmó que no obtendrá ganancias durante lo que dure la pandemia. Pero, al mismo tiempo, «se ha reservado el derecho a declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021», según señalan en el Times Prabhala, Jayadev y Baker.

Se podría tomar un mapa de la pobreza mundial, colocarlo sobre un mapa de acceso a las vacunas y se obtendría una coincidencia virtual de uno a uno. «Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países están reservando dosis en proporciones que superan con creces el tamaño de sus poblaciones», informó en diciembre The New York Times, «mientras que muchas naciones pobres luchan por asegurarse apenas lo suficiente» (15-XII-20). Es el resultado lógico de un sistema diseñado desde el principio para reforzar estructuras de poder existentes desde hace mucho tiempo y heredadas de un sistema colonial. Independientemente de las intenciones que se haya tenido, se dejará morir una vez más a las naciones negras y pardas, mientras que los países ricos del Norte global exceden con creces sus propias necesidades. Dado el riesgo de que podamos ver un apartheid global de la distribución de vacunas, en el que los países pobres continúan enfrentando pérdidas devastadoras mientras que los países ricos persiguen la inmunidad colectiva, no parece que alcance con vagas garantías de benevolencia empresarial. Como dice Baker, «¿no querría usted que todas las vacunas estuvieran disponibles tanto como sea posible?».

(Publicado originalmente en In These Times con el título «Pfizer Helped Create the Global Patent Rules. Now it’s Using Them to Undercut Access to the Covid Vaccine». Traducción y titulación en español de Brecha.)

Por Sarah Lazare
15 enero, 2021

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Lunes, 18 Enero 2021 05:46

Que te cure Lola

Aplicación de la vacuna contra la covid-19 en fase de prueba en Sudáfrica. AFP, SIPHIWE SIBEKO

El uso que el big pharma hace de los países pobres

Principales empresas del rubro se benefician de bajos costos para hacer experimentos en el Sur global. Pero una vez descubiertos los medicamentos, su acceso suele estar vedado para esas naciones.

Albert Bourla, director general de Pfizer, ha tenido palabras de elogio para «las casi 44 mil personas que de forma desinteresada levantaron la mano para participar en nuestras pruebas». «Cada uno de ustedes ha contribuido para que el mundo esté un paso más cerca de nuestro objetivo común de desarrollar una vacuna contra esta pandemia devastadora», escribió Bourla en una carta pública a los voluntarios que formaron parte de las investigaciones de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 hechas en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Alemania, Turquía y Estados Unidos. La misiva fue publicada el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que Pfizer anunció que su vacuna superaba el 90 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad. Bourla atribuyó este logro a los voluntarios: «Ustedes son los verdaderos héroes. El mundo entero tiene con ustedes una tremenda deuda de gratitud».

Argentina, Sudáfrica, Brasil y Turquía tendrán que conformarse con estas muestras de gratitud de Pfizer, porque no recibirán, al menos no en el corto plazo, suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones. Mientras tanto, Estados Unidos y Alemania –junto con Canadá y el resto de la Unión Europea (UE)– se han asegurado suficientes dosis de varias vacunas contra el covid-19 como para inocular varias veces a sus poblaciones. Aunque Estados Unidos enfrenta problemas logísticos en su campaña de vacunación, se estima que eventualmente alcanzará un stock suficiente. Durante el verano boreal, encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a cambio de 1.950 millones de dólares. En los últimos días de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para comprar 100 millones de dosis adicionales de vacunas de aquí a julio de 2021 y el gobierno tiene la posibilidad de adquirir 400 millones más de dosis. Washington compró además 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que llegarían el segundo trimestre de 2021, y se reserva la opción de comprar hasta 300 millones de dosis extras. También firmó con Ology, Sanofi, Novavax y Johnson & Johnson para comprar dosis suplementarias, aunque estas vacunas se encuentren aún en las primeras etapas de su desarrollo.

CONEJILLOS DE INDIAS

Las empresas farmacéuticas y sus directivos ya cosechan grandes ganancias. El mismo día que envió su carta abierta, Bourla, cuyo patrimonio neto se estima en más de 26 millones de dólares, vendió más de 5 millones de dólares de sus acciones de Pfizer. La farmacéutica obtuvo en 2020 ganancias de al menos 975 millones de dólares debido a su vacuna y se espera que recaude 19.000 millones de dólares más en 2021, de acuerdo a estimaciones de Morgan Stanley. El margen de ganancia de Pfizer sobre la vacuna se estima entre un 60 y un 80 por ciento. Morgan Stanley también ha proyectado que en 2021, gracias a su vacuna, Moderna ganará como mínimo 10.000 millones de dólares.

Los 100.000 millones de dólares en ventas de vacunas contra el covid-19 que ha estimado la consultora Evercore ISI sin duda son parte de lo que atrajo a las empresas farmacéuticas al desarrollo de estos inmunizantes. Pero el cálculo es diferente para los participantes en las investigaciones. En los países en vías de desarrollo «encontrás personas que no tienen cobertura de salud, están desesperadas por atención médica y sólo les quedan disponibles las migajas de la investigación científica», dice Harriet Washington, experta en ética médica de la Universidad de Las Vegas.

Esa desesperación es sólo parte de la razón por la que las compañías farmacéuticas llevan a cabo la mayoría de sus pruebas en países pobres. Según Washington, la relativa falta de control y los menores costos operativos son razones adicionales por las que la industria farmacéutica se siente atraída por esos países. Los participantes en las investigaciones de la vacuna contra el covid-19 en Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía «trabajan más barato que la gente en Estados Unidos o Alemania», afirma.

El problema ético que esto crea –la gente en los países en vías de desarrollo tiene menos acceso a los avances médicos, a pesar de que asume una parte desproporcionada de los riesgos que permiten su descubrimiento– es mucho más viejo que la pandemia de coronavirus. «Hay desigualdades inherentes que se repiten en cada epidemia», dice Washington. «Es un patrón constante; lo vas a encontrar cualquiera sea el caso en que te fijes».

Participen o no en investigaciones sobre medicamentos, los habitantes de los países con ingresos medios y bajos suelen carecer de acceso a avances médicos que pueden salvar vidas, pero cuyos precios están fuera de su alcance. Gilead, que tiene la patente del sofosbuvir, un medicamento clave contra la hepatitis C, ofrece una ilustración clara y trágica de lo mortal que puede ser esta dinámica. En Brasil, en junio de 2019, sólo una de cada siete personas que necesitaban este medicamento vital lo había recibido. En ese país, miles de personas han muerto por esta enfermedad curable, según la organización sin fines de lucro Make Medicines Affordable.

Aunque eventualmente muchos medicamentos terminan estando disponibles, para la gente de los países en vías de desarrollo el acceso a ellos suele retrasarse, como ha ocurrido con los medicamentos para el VIH, a los que todavía no pueden acceder unas 15 millones de personas infectadas en todo el mundo. En algunos países pobres estos medicamentos llegaron más de una década después de haber sido utilizados en los países ricos.

«Observamos retrasos en casi todas las intervenciones en el mundo entero, se trate de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico», dice el doctor Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad de Duke, y agrega: «Los productos que llegan a los mercados de los países de ingresos bajos y medios no producen tanto dinero». Como resultado, en gran parte del mundo, la posibilidad de contar con esas novedades vitales suele depender de la financiación de donantes, «que es siempre inferior a la que quisiéramos», sostiene Udayakumar.

Las consecuencias mortales del atraso en el acceso a la vacuna contra el covid-19 serán evidentes durante 2021. La cantidad de personas vacunadas en todo el mundo dependerá en parte del éxito de otras posibles vacunas candidatas y de la necesidad de administrarlas en una o dos dosis. Pero ya está claro que la mayoría de los países no tendrá dosis suficientes, mientras que los países ricos acaparan las reservas. Una iniciativa internacional tendiente a garantizar el reparto equitativo de las vacunas, denominada COVAX Advance Market Commitment, regida por la público-privada alianza de salud GAVI, busca proporcionar a los países participantes vacunas suficientes para inmunizar hasta el 20 por ciento de su población para finales de 2021. Pero, incluso en el mejor de los casos, este objetivo dejaría a la gran mayoría de la población sin vacunar. Y está «supeditado a la disponibilidad de fondos», como lo dice con claridad el sitio web del grupo (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20).

Algunos activistas de la salud pública internacional han mostrado su frustración con respecto a GAVI. «El día uno, cuando se vacunó a la primera persona en Reino Unido, deberíamos haber visto el equivalente en un país en vías de desarrollo», afirma Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunación de Médicos sin Fronteras. «Pero eso no pasó. Y no tenemos ningún dato concreto de cuándo llegarán las dosis necesarias para estos países». Elder señala que, a pesar del objetivo declarado de facilitar un acceso igualitario, el esfuerzo internacional para la distribución de vacunas se ve afectado por el desequilibrio mundial en materia de poder y de riqueza. «GAVI nunca denunciará el “nacionalismo de vacunas”, porque sus mayores donantes –como el Estado británico– son los miembros más poderosos de su junta directiva», sostiene.

El Banco Mundial aporta ayuda adicional para la entrega de vacunas, pero lo hace bajo la forma de préstamos que los países pobres tendrán luego que pagar. Debido a las demoras, es muy probable que mucha gente en países de bajos ingresos no reciba la vacuna antes de 2023 o 2024, lo que resultaría en un número desconocido de muertes.

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE NO CIERRA

«Estamos ante un apartheid mundial de vacunas», denuncia Zain Rizvi, investigador de derecho y política en la ONG Public Citizen, que predice que el retraso en la vacunación tendrá consecuencias «calamitosas». Public Citizen ha propuesto varias soluciones para que Estados Unidos amplíe el acceso a las vacunas, entre ellas la construcción de nuevas instalaciones de producción y el recurso a una oscura norma (sección 1498 del título 28 del Código de Estados Unidos, referida a casos de patentes y derechos de autor) que le permite al gobierno saltarse las patentes privadas en el caso de invenciones financiadas por el Estado. Mientras tanto, Kenia, India y Sudáfrica presentaron a la Organización Mundial del Comercio una medida que permitiría renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual sobre los productos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas. La propuesta, apoyada por 99 países, aún no ha sido adoptada después de haber sido rechazada por Estados ricos como Estados Unidos, los miembros de la UE, Japón, Reino Unido y Australia (véase «Militar la patente» en este número).

Pero la quita de las patentes es sólo un primer paso para permitir el acceso mundial a las vacunas. «El know-how es, a corto plazo, un problema mucho más grande», señala James Love, que dirige el grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International. Love cita el caso de Moderna, el fabricante de vacunas financiado por el gobierno federal estadounidense, que ha prometido que no aplicará la patente de su vacuna. «Pero, aun así, no podés fabricarla si no sabés los detalles de cómo la hicieron», dice Love. «Hay que obligar a quienes tienen el know-how a compartirlo, porque estamos en una puta pandemia», insiste.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos y las empresas que este ha financiado para fabricar vacunas ya reciben el crédito por poner fin a la pandemia, Love señala que algo no cierra en esa historia de éxito: los contribuyentes terminaron siendo obligados a pagar por acuerdos que limitaban el acceso mundial a las vacunas. «Hay quienes van a decir que esto es un tremendo éxito por la innovación lograda», piensa Love. «Pero la realidad es que el Estado tomó nuestro dinero, se lo dio a las empresas y redactó contratos desastrosos por los que terminamos con muy pocos derechos sobre inventos que nosotros mismos financiamos», se lamenta.

El problema podría haber sido evitado «si el gobierno hubiera incluido un intercambio obligatorio del know-how en cada uno de sus contratos, de manera tal que la transferencia de tecnología habría podido comenzar apenas esas vacunas estuvieran en la fase de pruebas», dice Love. «Pero no fue así. Y una de las consecuencias de esas concesiones es que terminamos condenando a los países en vías de desarrollo a acceder tarde a las vacunas», concluye.

Lo cierto es que la administración de Donald Trump ha sido particularmente generosa con la industria farmacéutica, ha eliminado de algunos de sus contratos las protecciones estándar en materia de acceso que favorecían a la población y ha bloqueado los esfuerzos internacionales para mancomunar recursos en la lucha contra la pandemia. «Joe Biden tiene el poder de cambiar esto», sostiene Rizvi. «Puede pensar más allá, compartir la receta de la vacuna y ayudar a aumentar la producción y la capacidad de fabricación para incrementar el aprovisionamiento rápidamente». Por su parte, Washington cree que también son solucionables los dilemas éticos planteados por la investigación sobre las vacunas contra el covid-19 en países que tal vez no accedan a ellas durante años. «Las desigualdades son fáciles de corregir –plantea–, sólo tenés que tratar a las personas de los países pobres de la misma manera en que tratás a las demás».

(Publicado originalmente en The Intercept, bajo el título World Faces Covid-19 «Vaccine Apartheid». Brecha traduce y publica con autorización.)

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El empresario canadiense Merck Mercuriadis tiene mil millones de dólares para adquirir los derechos de temas musicales

Rafael Ramos

18/01/2021 07:00Actualizado a 18/01/2021 09:29

Cuando Merck Mercuriadis tenía ocho años, un primo mayor llegó de Grecia (de donde emigraron sus antepasados) para instalarse con él y su familia en la provincia canadiense de Nueva Escocia, y trajo en su equipaje un auténtico arsenal de discos de vinilo, presumiendo que lo sabía todo de mujeres, de drogas y de música. “Nos llevamos muy bien, porque las tres cosas me interesaban sobremanera”, dice el fundador de Hipgnosis Songs Fund Limited, el fondo de inversión que acaba de comprar los derechos del catálogo de canciones de Shakira.

Casi medio siglo después, es de suponer que a Merck le ha ido razonablemente bien con las mujeres (está casado y tiene cuatro hijos) y su relación con las drogas (si es que la tiene) es cosa suya, pero lo que está claro es que aprendió mucho de su primo en lo que a música se refiere, porque ha revolucionado la industria con una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y es cruce entre un fondo de inversión y una firma de gestión de talentos.

Gracias a una personalidad desbordante, a la capacidad de entusiasmar y a una larga y formidable lista de contactos de su época como mánager de artistas, Mercuariadis, un canadiense de 57 años nacido en Quebec, lanzó hace tres años su Hipgnosis e inmediatamente captó mil millones de dólares de capital para adquirir propiedad intelectual (canciones), con inversores de todo tipo, algunos tan inesperados como la Iglesia de Inglaterra. Su promesa es que la música es un valor de referencia, como el oro o los diamantes, seguro en tiempos de crisis y bastante ajeno a las fluctuaciones. Y que quien le siga, se hará rico, obscenamente rico.

El empresario musical de origen griego ha sabido adaptarse como pocos al nuevo universo de la publicación online, la descarga y el streaming, fenómenos alentados aún más si cabe por la pandemia. Paga los derechos a precio de oro (hasta el triple que los competidores, las casas discográficas están que se suben por las paredes), pero de esa manera está consiguiendo hacerse con un catálogo fabuloso del que Shakira es la última perla, y en el que también figuran Neil Young (compró el 50% de los derechos de su obra), Barry Manilow, Dave Stewart de los Eurythmics, Andy Marvel, Blondie, Chrissie Hynde, Enrique Iglesias o los Kaiser Chiefs. Cada vez que se reproduce un tema, en la radio, en un bar, un supermercado o en una película, cobra royalties. Su socio es Nile Rodgers, productor, compositor y cofundador del grupo Chic, y el objetivo de ambos es llegar a controlar entre el 15% y el 20% del mercado.

Cuando tenía diecinueve años, y con el gusanillo de la música en el cuerpo desde la llegada de su primo de Grecia, se puso a llamar cada día a las oficinas de Virgin Records en Toronto hasta conseguir que le diera un empleo en el departamento de marketing. Pero lo que de verdad quería era operar en el lado creativo del negocio, en contacto con los artistas, de modo que se trasladó a Londres, meca de la música pop, donde entró en Sanctuary Music, una empresa en expansión que manejaba la carrera de la banda de heavy metal Iron Maiden. Pese a llevarse a matar con su compositor y con su cantante principal, acabaron siendo amigos: lanzó a todo trapo su álbum de 1992 Fear of the Dark.

En el 2000 cambió la capital inglesa por Nueva York como presidente de la rama norteamericana de la compañía, encargado del desarrollo de la marca. Para eso añadió a la lista de clientes a Beyoncé, Axl Rose y Guns N’Roses entre otros, pero los gastos aumentaban, los ingresos no respondían a las expectativas, buena parte del personal fue despedido, y eventualmente Sanctuary fue adquirida por Universal Records por 41 millones de dólares. Mercuriadis se lo tomó como un fracaso personal y aprendió las lecciones. Cuando nació Spotify, vio una mina de oro en el streaming y la posibilidad de que los suscriptores creasen sus listas de temas favoritos mezclando géneros y artistas.

Tras fundar Hipgnosis y lanzar la firma a bolsa en el 2018, lo primero que hizo fue comprar un 75% del catálogo de The Dream, y tan sólo el primer año las acciones subieron un diez por ciento, y los beneficios alcanzaron los quince millones de dólares. En pleno proceso de expansión y con el propósito de diversificarse, tiene una plantilla de diecinueve empleados en las oficinas del barrio londinense de Notting Hill, e inversores variopintos, algunos fanáticos de la música, otros solo de hacer dinero. Mucho dinero.

En tres años, desde el lanzamiento a bolsa de Hipgnosis, Merck Mercuaridis y su socio Nile Rodgers han comprado más de ocho mil canciones, un millar de las cuales fueron en su día number ones. Mientras la mayoría de sus rivales procura descubrir talentos y adquirir baratos los catálogos de promesas en las que ve potencial para desarrollarlas y encontrar oro de vez en cuando, al empresario canadiense sólo le interesan valores probados, por los que no le importa pagar más que nadie. Suyos son los derechos de Uptown Funk de Bruno Mars, Shape of You de Ed Sheehan, Closer de los Chainsmokers, Girls Like You de Maroon 5, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. Su primera adquisición fue Neil Young, a quien compró el 50% de su catálogo, y después han seguido otros como Timbaland, Jack Antonoff, Steve Winwood, The Chainsmokers, Poo Bear, Rick James, los Kaiser Chiefs, Brian Kennedy, Lindsey Buckingham y Shakira.


 Pagar más que nadie y comprar solo lo mejor

En tres años, desde el lanzamiento a bolsa de Hipgnosis, Merck Mercuaridis y su socio Nile Rodgers han comprado más de ocho mil canciones, un millar de las cuales fueron en su día number ones. Mientras la mayoría de sus rivales procura descubrir talentos y adquirir baratos los catálogos de promesas en las que ve potencial para desarrollarlas y encontrar oro de vez en cuando, al empresario canadiense solo le interesan valores probados, por los que no le importa pagar más que nadie.

Suyos son los derechos de Uptown funk de Bruno Mars, Shape of you de Ed Sheeran, Closer de los Chainsmokers, Girls like you de Maroon 5, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. 

Su primera adquisición fue Neil Young, a quien compró el 50% de su catálogo, y después han seguido otros como Timbaland, Jack Antonoff, Steve Winwood, The Chainsmokers, Poo Bear, Rick James, los Kaiser Chiefs, Brian Kennedy, Lindsey Buckingham y Shakira.

Publicado enCultura
Domingo, 17 Enero 2021 05:36

Un poder en la sombra

Un poder en la sombra

Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Novartis, Roche, Merck, GSK…

 

“Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para las ciudades”.

Aristóteles, Ética a Nicómaco

 

El mayor éxito del 2020 fue sin duda el descubrimiento de varias vacunas contra la covid-19; a la cabeza estuvieron las grandes de la industria farmacéutica. El tiempo logrado entre la irrupción de la pandemia y las primeras vacunas fue tan solo de diez meses; esto es, sin duda, un enorme logro para la humanidad y para la ciencia médica en particular. Sin embargo este éxito indiscutible contiene multitud de lados oscuros. El conflicto de intereses entre las empresas y la sociedad en su conjunto es el punto central de este artículo.

1.- La gran industria farmacéutica

Vivimos en un mundo dominado por una economía capitalista. Por lo tanto, la lógica que la impulsa es la ganancia. El motor del Capital, de sus inversiones tecnológicas, científicas o los recursos humanos es la acumulación y el crecimiento de sus beneficios. La producción capitalista transforma todo el proceso económico en producción de mercancías (ya sean cosas o servicios) destinadas al consumo en un mercado inundado por ellas. Dentro de esta lógica no hay sitio para los prejuicios o la moralidad (como la podríamos entender muchas personas). El más grande y único estímulo de todas las empresas que se mueven en las Bolsas de todo el mundo es incrementar en cada ejercicio las ganancias del año anterior. Por eso esta famosa frase de un sindicalista británico del siglo XIX, Thomas Dunning, que Karl Marx cita en su libro El Capital:

“El capital experimenta horror por la ausencia de ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la naturaleza siente horror por el vacío. Si la ganancia es adecuada, el capital  se envalentona. Un 10% seguro, y se lo podrá emplear donde quiera; el 20% y se pondrá impulsivo; el 50% y llegará positivamente a la temeridad; por un 100% pisoteará todas las leyes humanas; el 300% y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo del patíbulo. Cuando el tumulto y las riñas suponen ganancias, allí estará el capital encizañándolas”.

El caso de la gran industria farmacéutica o de los servicios privados de la salud no es ninguna excepción en esta lógica. Por el contrario los datos con los acabaron sus balances en el 2020 fueron escandalosamente positivos. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que la pandemia de la  covid-19, ha sido el mejor año en resultados del sector privado de la salud.

Como decía el diario El País con fecha 2 de enero de 2021:

“Tecnológicas y farmacéuticas capitalizan en Bolsa su gran año…. Al calor de la vacuna y la renovada importancia de la salud en el  imaginario colectivo, la industria añade un nuevo representante en las 50 mayores  empresas del mundo: Abbott, que se une así a Roche, Novartis, Merck, Pfizer.”.

Según el periódico El Economista Digital con fecha 12 de diciembre de 2020: “Pfizer y Moderna (marcas descubridoras de las dos primeras vacunas comercializadas en el mundo occidental), ingresarán 26.500 millones de euros en un solo año”. Para el año 2021 las previsiones son que Pfizer ingrese 16.000 millones más y Moderna entre 10 y 15.000 millones. Como todo el mundo sabe, Pfizer es una marca norteamericana que comparte con BioNTech (alemana) el privilegio de haber sido los primeros en salir al mercado. Por eso a lo largo del 2020 las acciones de Pzifer subieron en Bolsa un 12%, las de BioNTech un 300% (ahora su capitalización es de 25.0000 millones de euros). La diferencia de porcentaje entre ambas se explica porque mientras Pfizer ya era un gigante del mundo del capitalismo antes de la vacuna contra la covid-19, la otra es, digamos, una advenediza. Por su parte, otra marca con sede en EE UU, Moderna, también mucho más pequeña que Pfizer, Roche, Novartis o Merck, está teniendo un crecimiento -según Morgan Stanley- del 700%, con una capitalización de 62.000 millones de dólares.

Podemos concluir diciendo que durante la pandemia de la covid-19 la Bolsa mundial ha registrado ganancias en los grandes mercados de Estados Unidos, impulsados por los rendimientos y expectativas futuras de los gigantes tecnológicos (Apple, Microsoft, Facebook…, por el conglomerado de los servicios Amazon, y por el negocio de la salud). Este último vive sus mejores momentos no solo por el descubrimiento de varias vacunas contra el virus covid-19, sino también por el caldo de cultivo que genera la pandemia. Muchas personas se están haciendo seguros privados ante el atasco y desmantelamiento de los hospitales o centros de salud públicos (lo que se ha reflejado en un aumento del 4,7% de nuevas pólizas); también está en auge la propuesta de tratar enfermedades o síntomas corrientes mediante video-llamadas (hasta Movistar está mandando a sus clientes ofertas para que los pacientes consulten sin moverse de su casa). Algunas empresas se preparan para el auge de la Telemedicina que, además de su dudosa utilidad, puede suponer el desmantelamiento mayor de los centros de salud.

2.- Las bases económicas y comerciales de un negocio muy poco ético pero muy seguro

Llegados a este punto algunos se pueden preguntar si es lícito hacer negocios con las enfermedades de los seres humanos. Mi opinión es que no, pero obviamente vivimos en una sociedad dominada por el capital y debatir acerca de la legalidad moral o jurídica es superfluo. No obstante, las mismas empresas infringen las reglas del juego cuando son tan poderosas o más que los propios países en donde residen.  El conflicto entre las tecnológicas norteamericanas y la UE o el gobierno federal de EE UU responde a eso.

La industria de la salud no es una excepción. No se amasan miles de millones de dólares gestionando empresas sobre los valores de la solidaridad o la cooperación; al contrario, las fortunas se construyen en una guerra abierta donde la competencia es mortal y en donde si es preciso no existe ninguna regla moral que impida el desenfreno de los beneficios. Para amasar esos capitales hace falta, además de contingencias dolorosas y dramáticas como la covid-19, algunas otras cuestiones interrelacionadas: una posición de privilegio en el mercado; acuerdos con los gobiernos y organismos internacionales y una demanda social continúa que, en el caso de la sanidad -con pandemia o sin ella- es permanente y a escala planetaria.

En un excelente artículo publicado en viento sur por Jorge Luis Díaz y Álvaro Arador titulado “La propiedad intelectual farmaceútica y su amenaza para la salud pública”, estos planteaban varias líneas de reflexión muy a tener en cuenta:

  1. Los derechos de patentes, propiedad intelectual, que tienen estas grandes empresas les otorgan la exclusividad en el desarrollo, producción y comercialización de todas las innovaciones (por supuesto las vacunas anti-covid)  a lo largo de los próximos 20 años. Esto quiere decir que los rendimientos para las próximas décadas son inconmensurables si tenemos en cuenta que el virus estará entre nosotros y ya no digamos las posibles nuevas mutaciones.
  2. La llamada arquitectura de las patentes les otorga un mayor blindaje ya que se patenta no solo el producto, sino todos los procesos y modificaciones moleculares. Esto dificulta, cuando no impide, el desarrollo de genéricos. De esta manera, el monopolio del mercado de vacunas ha estado copado históricamente por cuatro empresas: Sanofi, Merck, Pzifer y GlaxoSunthikline (GSK).
  3. Utilizan además para estas y otras vacunas, un lanzamiento secuencial basado en la falta de transparencia y desabastecimientos. Las cadenas de producción y comercialización están controladas según sus propios intereses. Por ese motivo primero llegan a los países ricos (pactando precios muy altos con EEUU y la UE), lo que les garantiza a ellos unos beneficios mucho mayores que si tuvieran que negociar con los países más pobres. Esta experiencia ya la vivimos en España con los tratamientos contra la hepatitis C. El precio de salida de los antivirales era disparatado y sin embargo los costes eran mínimos; hizo falta una gran movilización de los afectados para obligar a una negociación entre el gobierno español y la industria farmacéutica. Además, como indicábamos más arriba, los acuerdos con los Estados o los Tratados Internacionales están basados en  la obligación de mantener el secreto comercial y por lo tanto un oligopolio de su comercialización.
  4. Lo que la opinión pública desconoce es que estas grandes empresas que se benefician de una manera tan descarada de la legislación y de su posición privilegiada en el mercado, están respaldadas además por inversiones públicas de los propios gobiernos; es decir, el Estado mete dinero público en las empresas y establece planes de colaboración científica para que, más tarde, los rendimientos económicos vayan a parar a esas empresas. Las investigaciones que se han llevado a cabo estos diez meses hasta conseguir las vacunas no han sido una excepción. En la información que nos ofrece un reportaje de la BBC recogido por Magnet el 28 de diciembre del 2020 se dice lo siguiente:

Moderna. “La farmacéutica estadounidense recibió 2.500 millones de dólares provenientes de distintos departamentos federales… desde que la vacuna es un éxito el presupuesto se completó con inversiones privadas de Dolly Parton y Vanderbit… La mayoría del dinero proviene de arcas públicas.”

¿Y Pfizer?  “Según ellos no recibieron ayudas, pero su socio BioNTech recibió en septiembre una ayuda federal de 500 millones de dólares.”

Pero no solamente son las ayudas. Los contratos que se firman para la distribución de esas vacunas, los Estados, están obligados a firmar cantidades cerradas sin tener del todo claro la efectividad de esas vacunas en la población (más allá de las pruebas experimentales). En el momento actual millones de dosis están vendidas en los principales países: EE UU, UE, Australia, Canadá, Japón, etc. Según las fuentes a las que nosotros hemos podido acceder, quitando el caso de la vacuna de Astra-Zeneca (que recibe una ayuda pública del 20%) y que se ha comprometido a mantener los precios de coste (alrededor de 3 o 4 euros por vacuna), el resto está vendiendo las vacunas a unos precios -al menos- diez veces mayor de lo que cuesta todo el proceso de fabricación, transporte y refrigeración. Es decir,  las vacunas de  Moderna y Pfizer se han fijado entre 15 o 30 euros.

“Cerrando el círculo (lo que nos devuelve a las acciones de Pfizer y Moderna): el hecho de que se han convertido en un caramelo muy codiciado por los inversores, se debe no solo a la vacuna, sino a su propia proyección. Y en eso hay que tener en cuenta el regreso a la vida normal, un premio mucho más jugoso que los potenciales 32.000 millones de dólares de beneficios”. (Citado por los autores del artículo de la BBC).

3.- Otras modalidades en el negocio con recursos públicos

Bajo el nuevo paradigma  ¡colaboración público-privada! multitud de pequeñas y grandes empresas, así como fondos de inversión de dimensión global, se trasladan -como buitres- para el reparto del botín. Grupos económicos que, por ejemplo, ven mermados sus beneficios en otros sectores como la construcción, la hostelería o la alimentación, se desplazan en la búsqueda de tasas de ganancias más elevadas o, en numerosos casos, intentan resarcirse de sus propias pérdidas. La gran diferencia entre los nichos de beneficios que ofrece la salud y otros como por ejemplo la vivienda, es que el primero siempre tiene una demanda más constante que el segundo.

La introducción de estas empresas en la sanidad pública o servicios públicos no es siempre la misma. En unos casos puede ser a través de grandes operaciones de fusión de empresas como es el caso de Fresenius (un gigante alemán) que compró Quirón por 5.760 millones de euros en el 2017. En otros es a través del llamado capitalismo de amiguetes, muy propio de los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes o Isabel Diaz Ayuso. Estos gobiernos corruptos del PP lo que hacen es una pantomima de concursos de obras y servicios para entregar la explotación de los mismos a sus amigos empresarios como Florentino Pérez, Villar Mir, etc.

Una pequeña exposición de las variantes de esa supuesta colaboración público-privada puede verse muy bien en la Comunidad de Madrid:

  • Hospitales integrados en la red pública pero con una mayor intervención de capital privado. Este es el caso por ejemplo de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid que pertenece a Fresenius-Quirón (además también tiene hospitales en otras localidades como Móstoles, Valdemoro, Villalba). La particularidad es que la Comunidad de Madrid les otorga una cuota de mercado, es decir, un porcentaje de la población para que atiendan y a cambio reciben dinero de los Presupuestos de la Comunidad. Hoy esto supone un 17% de dichos presupuestos. Además la empresa Fresenius-Quirón contrata a su personal laboral tanto sanitario como no sanitario a los que, como es de suponer, impone convenios propios. Se da el caso además que -como en estos lugares se aumenta la productividad media del sector- tienden a absorber más pacientes de los suyos propios y con ello reciben más transferencias del  gobierno autonómico. La Fundación Jiménez Diaz es un parásito de la sanidad pública madrileña no solo por los recursos que absorbe, sino porque el propio gobierno del PP facilita su competencia en perjuicio de hospitales como el Clínico San Carlos.  Así tenemos como ejemplo que cuenta con una población atendida de nada menos que 450.000 personas, lo que ha conducido al Clínico a perder en varios años cientos de camas.
  • Hospitales o centros sanitarios privados. En ese caso son empresas dedicadas a la salud con capital exclusivamente privado y no adheridos a la red pública. Muchos con convenios con la administración pública de las que obtienen una parte de su petróleo además de buscar otras vías de acceder al mercado.  En Madrid representan un porcentaje muy elevado (hasta un 30%) en relación con lo público. La mayoría están construidos en zonas de rentas altas o muy altas y suelen encargarse de intervenciones menores (cataratas, traumatología, cirugía estética, rehabilitaciones,…), para recibir esos servicios el usuario tiene que tener su póliza ( Sanitas, Asisa, Adeslas…),  o bien a veces también se establecen convenios de colaboración como por ejemplo el que tenía  el hospital de la Beata Mariana de Jesús con el hospital público de La Princesa para las rehabilitaciones de pacientes de traumatología. Además el personal laboral tiene unas condiciones económicas y de jornada inferiores al sector público por lo que los beneficios que obtienen estas empresas suelen ser muy elevados y los precios que cobran a sus pacientes por determinadas intervenciones también.
  • Hospitales y centros sanitarios públicos con servicios privatizados. Este es el caso de la totalidad de centros tanto en Madrid como en el resto de España. Los siete grandes hospitales de Madrid con más peso público (La Paz, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Clínico), tienen todos ellos subcontratados los servicios de hostelería, limpieza y la mayoría mantenimiento y otros. Esto ha sido también una transferencia de recursos públicos a empresas privadas como Ferrovial, Clece, OHL, que pertenecen a los amigos del PP. La corrupción y las puertas giratorias campan a sus anchas. Pero no solo eso, sus servicios suelen ser muy deficitarios ya que es muy difícil compatibilizar una buena calidad asistencial con el abaratamiento de los costes laborales. Cada vez que una empresa subcontrata un servicio (limpieza por ejemplo) lo primero que hace para sacar más rentabilidad es reducir el personal que había anteriormente.

Además de estas modalidades y algunas otras derivadas, nos encontramos también con el inmenso negocio que representa la implantación de nuevas y sofisticadas tecnologías o del consumo dirigido de fármacos estimulados por los lobbys de la sanidad privada.

El apartado tecnológico es sin duda una de las más importantes y futuras rentabilidades del Capital en el sector de la salud. Ya lo es pero con el paso del tiempo aumenta sin parar. El Estado -aconsejado por expertos– invierte en aparatos con unos costes altísimos que fabrican los grandes del sector: Johnson & Johnson (nada menos que con una capitalización de 328.280.000 millones de dólares es la primera del sector y la número 11 de todas las empresas del mundo); GE Heakthcare, Medtronic, Siemens, Philips, …. y otras, son los fabricantes de aparatos médicos de altísima tecnología (resonancias, scanner, rayos, inteligencia artificial, quirófanos, …) cuyo costoso y delicado mantenimiento solo puede estar a cargo de sus propios especialistas. El caso de los fármacos es parecido, los grandes laboratorios comercializan miles de marcas y patentes ofreciéndoles a los médicos (a los que no dudan en recompensar) si aconsejan a sus pacientes o en sus servicios que consuman un determinado producto.

El futuro de sector sanitario -nos dicen-, como el de la energía o el ocio o la comunicación, reside en dos paradigmas: la colaboración público-privada y la inversión tecnológica.  Es decir, el dinero público que proviene de nuestras rentas del trabajo o impuestos, se transfiere al Capital privado para que éste lo utilice para aumentar sus beneficios y de paso hacer mucha publicidad sobre las bondades de las nuevas tecnologías y de la colaboración del Estado con el Capital.

Todas nuestras críticas no se deben confundir con una oposición a esas nuevas tecnologías, ni muchísimo menos a todas las colaboraciones necesarias en las investigaciones para seguir avanzando en la lucha contra la covid-19 u otro tipo de enfermedades. Vacunas y tecnologías son necesarias pero debe regularse la colaboración entre las empresas y el sector público para que esto no se convierta en la ley de la selva donde lo que priman son los intereses privados y no el bien público. Pues en última instancia ¿qué es la salud? ¿qué son los servicios públicos de salud? Nada más y nada menos que conquistas y derechos que no se pueden perder. Ni se pueden poner permanentemente a subasta como si se tratara de un cuadro. Los servicios de salud son un valor social que no deberían estar sometidos en ningún caso a las inclemencias del capitalismo, a la especulación, o al ventajismo de una tragedia mundial como la que estamos viviendo desde hace meses.

4.-  Cuatro propuestas a debate

Más que un detallado programa alternativo a esta situación, me gustaría introducir cuatro puntos muy breves para la reflexión:

  1.  Ante la inmensa gravedad de la pandemia, los organismos e instituciones internacionales y los Estados nacionales deberían llegar a un acuerdo para la fabricación, comercialización, transporte y distribución de todas las vacunas. Es imprescindible que todas las vacunas lleguen por igual a todas las poblaciones del mundo (ricos y pobres) en el menor tiempo posible. Se debe actuar como en tiempos de guerra. Hoy es inaudito que cuatro empresas controlen la propiedad y las patentes de las vacunas contra la covid-19.
  2. Dominio 100% público de los medios y recursos sanitarios que son del Estado. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales deberían comprometerse a iniciar un proceso conjunto de reversión del patrimonio público en manos privadas. Hoy el 60% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid están destinados a la sanidad, de ese porcentaje cerca del 20% se va a la privada (sin contar los gastos de farmacia). Es necesario trabajar hacia un plan de transferencias cero de lo público a lo privado. De esa manera se podrá utilizar el presupuesto público para recursos humanos en atención primaria y especializada que es lo más urgente y lo que verdaderamente se necesita.
  3.  Establecimiento de protocolos claros sobre el uso de nuevas tecnologías médicas, en particular las que se quieran aplicar en sustitución de la atención directa del profesional con el enfermo. Ninguna llamada telefónica (y mucho menos de una empresa privada) puede reemplazar el contacto humano que tradicionalmente se da en la atención primaria.
  4. Estas reflexiones no pasarán de la pantalla de un ordenador si no conseguimos que la sociedad en su conjunto se involucre, como otras tantas veces, en la defensa de la sanidad pública y universal. Nuestros valores basados en la solidaridad y la cooperación no sirven de nada si la gente no se moviliza y participa. En ese sentido es fundamental que las trabajadoras y trabajadores sanitarios se pongan delante de esta lucha. Es en beneficio suyo y de toda la sociedad. En estos tiempos la historia ha querido que la lucha por la salud pública ocupe un papel estelar. Miles y miles de profesionales de la salud están haciendo un esfuerzo enorme por mantener en pie el sistema público. La unidad de acción entre estos profesionales y el conjunto de la población es el camino para defender una sanidad pública, universal y de calidad.

15/01/2021

Por Jesús Jaén

16 enero 2021

Jesús Jaén es miembro del Movimiento Asambleario de las Trabajadoras/es de la Sanidad (MATS)

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La privacidad de los datos ante la corporación Facebook

Con más de 1.000 millones de usuarios/ciudadanos en 180 países, WhatsApp (WSP) es la aplicación de mensajería preferida de todo el mundo. ¿Por qué? Bueno porque las funcionalidades de la aplicación aportan sencillez a las personas que organizan sus redes sociales, laborales, personales, etc. ¿Además es gratuito? Bueno en principio parece, pero ya las compañías de telecomunicaciones europeas están cobrando a WSP las comunicaciones IP (Internet Protocolo). Otra novedad es que el celular se utiliza poco como teléfono, ahora llamada o video llamadas por WSP / IP, si le sumamos el boca a boca de “pásame tú WSP” los propios usuarios/ciudadanos fuimos promoviendo su uso para alcanzar la cifra citada.

Pero nosotros no pagamos por su uso, eso sí entregamos nuestros datos de perfil y nuestros datos (textos, audios, imágenes y videos) del chat. Este es el punto para reflexionar como ciudadanos consumidores sobre el territorio digital nuestros derechos y privacidades ante las nuevas disposiciones de WSP que serán aplicadas a partir del próximo 8 de febrero.

Es una oportunidad para que busquemos independencia, cuidemos nuestros datos y comencemos lentamente a emanciparnos.

La adquisición de WhatsApp por parte de Facebook en 2014 suscitó preocupación entre los expertos en privacidad y aquellos usuarios/ciudadanos preocupados por la seguridad de sus datos; después de todo, Facebook y sus aplicaciones de terceros se han visto envueltos en múltiples situaciones de seguridad, en las que se filtró gran cantidad de información privada de los usuarios/cuidadnos como los casos del Brexit y elección de Trump y Cambiemos en Argentina. La compra de WSP terminó con su eslogan de ser una aplicación independiente, dedicada a crear y mantener un servicio de mensajería seguro.

Recientemente, Facebook anunció que a partir del 8 de febrero los usuarios de la aplicación deberán aceptar las nuevas condiciones para el uso de WSP. Es que el Big data se ha convertido en una producción de información que genera mucho dinero. Por lo cual Facebook va a combinar tres plataformas distintas de mensajería: Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram, haciendo convergente los contenidos que circulan en cada una de modo de integrar los datos en una única plataforma para aplicar los métodos y modelos del Big data.

Los términos y condiciones establecen que a partir de ahora WSP compartirá información personal del usuario/ciudadano con Facebook y otros servicios que maneja el grupo de Mark Zuckerberg. Las actualizaciones y su aceptación, permite que el servicio de software recolecte contactos, datos comerciales cuando se usa Facebook e, inclusive, la IP, dirección geográfica del usuario/ciudadano, información sobre cómo el usuario /ciudadano interactúa con los demás, incluyendo empresas. “Aunque no uses nuestras opciones relacionadas con la ubicación, usamos la dirección IP y otra información, como los códigos de área de números de teléfono, para estimar cuál es tu ubicación general (por ejemplo, ciudad y país). Además, señala el texto de privacidad, que no solo recopilará información del usuario/ciudadano principal, sino también de sus contactos o terceras personas. Apunta que serán reunidos cuando los otros cibernautas tengan interacción con el usuario principal, como conversaciones en grupos, reportes o por los proveedores de servicios de otras empresas distintas a Facebook.

La privacidad de los datos nos pone a los ciudadanos/usuarios de las aplicaciones mencionadas, en pensar si aceptamos y continuamos siendo usuarios o rechazamos y nos mudamos a destinos de software como Signal o Telegram. Arthur Messaud, abogado de La Quadrature du net, asociación francesa que defiende a los usuarios de internet, dijo que «si la única forma de rechazar (la modificación) es dejar de usar WhatsApp, entonces el consentimiento es forzado ya que el uso de datos personales es ilegal».

Esta actualización no afectará a los usuarios/ciudadanos europeos, según un comunicado que Facebook difundió el pasado 8 de enero, en el que dice que no habría cambios en la «región europea», que cubre la UE, el Espacio Económico Europeo y Reino Unido. «Para evitar cualquier duda, sigue siendo cierto que WhatsApp no comparte los datos de sus usuarios de la región europea con Facebook con el propósito de que Facebook use estos datos para mejorar sus productos o anuncios», señala Facebook y agrega que no usa la información de WSP para ese tipo de propósitos en Europa, debido a que, en los últimos años, los organismos europeos de protección de datos han decretado estrictas regulaciones de privacidad en Europa.

13 enero 2021 | Sin categoría, Tecnología

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Shoshana Zuboff: "Las grandes tecnológicas de Silicon Valley han dado un golpe de Estado contra la humanidad"

Este año, las grandes empresas tecnológicas se enfrentan a importantes batallas judiciales tanto en Estados Unidos como en Europa. Responderán, entre otras cosas, por la desinformación y por su situación de monopolio. Esta socióloga fue una de las primeras voces que nos advirtió del enorme poder de estas compañías. Y ya es considerada una de las personas más influyentes de este siglo.

 

Silicon Valley ha perpetrado un golpe de Estado contra la humanidad. Así lo cree la socióloga y economista estadounidense Shoshana Zuboff. «Se ha hecho sin que nos percatemos y sin sangre».

Zuboff explica que los usuarios de la tecnología ya no son meros clientes, sino la materia prima de un nuevo sistema industrial; a los que se exprime para extraer sus datos, hacer predicciones sobre su conducta y vender productos a terceros. Este es el hilo conductor que recorre La era del capitalismo de vigilancia (Paidós), considerado ya como uno de los libros más influyentes de este siglo. A Zuboff se la compara con el economista Thomas Piketty, que alertó de que la creciente concentración de la riqueza es inevitable si no se modifica el sistema, pero, a diferencia de Piketty, Zuboff concita el aplauso del Financial Times y The Wall Street Journal.

XLSemanal. Hay una idea muy potente en su libro y es que nuestras vidas digitales no tienen por qué ser como son ahora, que podrían, y deberían, ser de otra manera…

Shoshana Zuboff. No solo me refiero a lo que hacen Google o Facebook, sino a toda una lógica económica que condiciona muchos aspectos de nuestras vidas. El capitalismo de vigilancia demanda nuestra atención continua con técnicas de persuasión y de ingeniería de la conducta que antes habían sido probadas y perfeccionadas por las empresas de juego, porque cualquier casino sabe que no hay nada más rentable que un adicto. Y el capitalismo de vigilancia se agarra al poder de muchas formas. Una de ellas es la retórica. Ha aprendido a confundir a todo el mundo durante veinte años. Cuando te quejas de algo de lo que hacen, ellos te responden que es la consecuencia inevitable de la tecnología digital.

¿Y no lo es?

S.Z. Para nada. Le pondré un ejemplo. Cuando el público descubrió que Google se quedaba con todos esos datos de nuestras búsquedas, Eric Schmidt –el antiguo CEO– reconoció que era verdad que los motores de búsqueda retenían información. ¡Pero eso es retórica! Porque en el fondo está diciendo: «Hey, no soy yo; es la máquina». Y no es verdad. Son ellos los que se quedan con los datos para alimentar a la inteligencia artificial y hacer predicciones.

¿No es un peaje razonable a cambio de un servicio gratuito?

S.Z. Es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Una es la tecnología digital. Y otro es la lógica económica basada en extraer datos en secreto, apropiárselos y venderlos. Esa lógica económica no puede sobrevivir sin lo digital, pero es muy fácil imaginar la tecnología digital sin capitalismo de vigilancia.

Perdone que sea un aguafiestas, pero a estas alturas dudo de que sea fácil…

S.Z. En 2000, un grupo de ingenieros de Georgia Tech diseñó un proyecto que llamaron Aware Home, un precedente de lo que hoy conocemos como ‘hogar inteligente’: con teleasistencia para ancianos, eficiencia energética… Pero los datos circulaban en un bucle cerrado. Los aparatos de la casa le proporcionaban información exclusivamente a los que residían en ella. Porque son datos muy privados. Esa tecnología era respetuosa. Pues bien, pasó el tiempo, y en 2017 dos expertos legales de la Universidad de Londres analizaron algunos altavoces inteligentes, tipo Google Home (o Nest), de los que puedes poner en tu salón. Y calcularon que un consumidor informado debería revisar un mínimo de mil contratos de privacidad, porque ese dispositivo recoge datos de lo que hablan los inquilinos, en qué habitación están, los ruidos… Y se comunica a su vez con otros aparatos inteligentes de la casa. Y envía esos datos a Google. Y Google los vende a terceros. Y estos los revenden…

No hace falta comprarse un altavoz, mucha gente se va a la cama con el móvil. Y es lo primero que consulta cuando se levanta.

S.Z. No queda ahí la cosa. Google dice que no asume ninguna responsabilidad de lo que hagan esos terceros con los datos. Y cada contraparte dice lo mismo. Así que hay cientos de compañías que tienen un dominio completo sobre tus datos. Toman lo que quieren y lo usan como quieren, sin transparencia y sin control. Y esto viene a cuento porque hace 17 años teníamos un futuro prometedor: un hogar inteligente para vivir mejor. Y esa idea ha sido traicionada. Y en nuestro hogar, que debería ser un santuario, no solo entran Google, Apple, Amazon y Facebook, entran cientos de compañías que no conocemos. No puedes cerrar la puerta de tu casa. Y, aunque la cierres, da igual porque ya están dentro. Y esto no debería ser así; se nos ha impuesto de manera unilateral, ilegítima y secreta. Pero no es inevitable.

Muchos niños manejan el móvil mejor que sus padres. ¿De verdad cree que se le puede dar la vuelta a esto?

S.Z. Sí, pero va a llevar algún tiempo… Si hubiéramos estado los últimos veinte años intentándolo y no lo hubiéramos conseguido, sería pesimista, como usted, pero la verdad es que no lo hemos intentado. El capitalismo de vigilancia ha tenido barra libre. La democracia se ha dormido al volante. Tenemos una oportunidad porque ahora conocemos sus peligros. Es hora de remangarse y hacer una labor crucial para nuestro futuro y el de nuestras democracias.

¿Pero estamos por la labor?

S.Z. A principios del siglo XX había niños trabajando en las fábricas. Las grandes compañías tenían todo el poder en Estados Unidos. Ni los trabajadores ni los consumidores podían enfrentarse a ellas. Sus abogados ganaban todos los pleitos. Pero fuimos capaces de utilizar la democracia, la ley y la política para crear nuevos derechos y contener los excesos del capitalismo industrial. Y ¿sabe qué? La segunda mitad del siglo XX fue muy próspera en muchos países. Nada es perfecto, pero ahora tenemos una oportunidad similar. Entramos ahora en una década en la que se va a decidir el futuro del siglo XXI. Y creo que veremos emerger un paradigma nuevo que va a poner freno o, por lo menos, a limitar los aspectos más perniciosos del capitalismo de vigilancia. Y creo que será necesario que algunas de sus actuaciones se ilegalicen porque son conductas criminales.

Ya se está investigando a las grandes tecnológicas. Mark Zuckerberg y Jeff Bezos han tenido que responder ante el Congreso, pero de ahí a considerarlos delincuentes va un trecho.

S.Z. Yo considero a los ejecutivos de Silicon Valley como emperadores. Ejercen un poder que no da cuentas a nadie. No queremos a estos ejecutivos poderosos a los que les importan un bledo nuestras vidas, que son radicalmente indiferentes a los problemas reales de la gente. ¡No los queremos!

¿Cómo convence a la gente de que Google o Facebook son peligrosos, aunque nos hagan la vida más fácil?

S.Z. No creo que tenga que convencer a nadie. Recientemente se ha publicado una gran encuesta en Estados Unidos. Se les preguntó a los norteamericanos si los riesgos de que las compañías recopilen sus datos eran mayores que los beneficios. Y es la primera vez que el 81 por ciento considera que los riesgos exceden a los beneficios. Es un punto de inflexión. Estábamos acostumbrados a preocuparnos por cómo manejan nuestros datos los gobiernos y no tanto las corporaciones, pero ahora las cosas han cambiado.

Pero entre los ganadores de la pandemia están las tecnológicas. Bezos ha duplicado su fortuna desde marzo y es el ser humano más rico de la historia.

S.Z. Las encuestas detectan otra tendencia. El 84 por ciento de los norteamericanos no confían en que las compañías que poseen las redes sociales arreglen los problemas que han creado. Y un estudio global de Pew Research señala que once países consideran que la desinformación es la mayor amenaza contra la democracia. Lo que estamos viendo es una pérdida de fe en estas corporaciones. La gente ahora se moviliza. Ve el riesgo.

¿Qué hay de malo en que Netflix y Amazon conozcan nuestros gustos y nos recomienden libros o series?

S.Z. Los gigantes tecnológicos quieren que creamos que la privacidad es privada. Que nosotros tenemos el control de lo que queremos exponer y lo que no. Yo les doy unos pocos datos a Facebook a cambio de un servicio que es gratis.

Se supone que ese es el trato, ¿no? Las condiciones de servicio que pocos leen y casi todos aceptan para tener correo, mapas, hacer búsquedas, compartir fotos…

S.Z. Pero lo que hemos aprendido es que, cada vez que consentimos darles datos, ellos toman muchos más de los que creemos. Si publicas algo en Facebook, no les importa lo interesante o veraz que pueda ser, pero lo desmenuzan. Examinan si usas signos de admiración para sacar conclusiones sobre tu estado emocional. Porque las emociones son comportamientos fáciles de predecir. Y muy rentables. La inteligencia artificial de Facebook examina billones de esos datos cada día y es capaz de producir seis millones de predicciones por segundo. Y muy pocos de esos billones de datos los damos a sabiendas ni por propia voluntad. Los cogen sin que nos enteremos. Cada vez que utilizamos las redes sociales, alimentamos a un sistema cuyas asimetrías de poder y de conocimiento están minando nuestras democracias y aumentando la desigualdad.

¿A qué se refiere cuando habla de asimetrías?

S.Z. A que hay una gran diferencia entre lo que ellos saben de nosotros y lo que nosotros sabemos de ellos; entre lo que podemos hacer y lo que ellos nos pueden hacer. El conocimiento y el poder son inextricables.

Siempre lo han sido…

S.Z. Pero ahora vemos, por ejemplo, que el sistema de reconocimiento facial de Microsoft, desarrollado con fotos de Facebook, no se utiliza solo con propósitos académicos, como nos habían contado, sino que Microsoft lo vendió a clientes militares, incluido el Ejército chino, que mantiene a los uigures musulmanes sometidos a una vigilancia constante. Nuestras fotos de Facebook están sirviendo para encarcelar a gente inocente en una campaña genocida contra una minoría religiosa. No es algo trivial. Estamos exponiendo no solo a nuestra sociedad, sino a todas las sociedades, a estos sistemas. Y la gente empieza a entenderlo. Es un desafío político y legal. Nos están robando una parte de nuestras vidas sin nuestro permiso. Tenemos que parar esto. Y creo que podemos.

 

Por Carlos Manuel Sánchez / Fotografía: Bernd Von Jutrczenka

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La compañía explica que las actualizaciones de su política incluyen más información sobre el servicio de WhatsApp y sobre cómo procesa los datos. Foto: Archivo.

Millones de usuarios de WhatsApp han comenzado a recibir esta semana un aviso de la popular plataforma de mensajería pidiéndoles que acepten sus nuevos términos y condiciones antes del 8 de febrero si quieren seguir utilizando la aplicación.

“Al seleccionar ACEPTAR, aceptas las Condiciones y la Privacy Policy actualizadas, que entrarán en vigor el 8 de febrero de 2021. Después de esta fecha, deberás aceptar las actualizaciones para seguir usando WhatsApp”, se lee en el mensaje que envió la plataforma a sus usuarios, tanto en Android como iOS.

La compañía explica que las actualizaciones de su política incluyen más información sobre el servicio de WhatsApp y sobre cómo procesa los datos; cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp y cómo la plataforma se asocia con su empresa matriz “para ofrecer integraciones en los productos de las empresas de Facebook”.

La política actualizada deja claro que los datos recopilados por WhatsApp se compartirán ahora con Facebook, lo quiera o no el usuario. Estos datos incluyen los números de teléfono, “datos de transacciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúa con otros (incluidas las empresas)” cuando utiliza sus servicios, así como información del dispositivo móvil y la dirección IP, entre otros.

“Como parte de las empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de las otras empresas de Facebook, y también comparte información con ellas”, explica la política de privacidad. “Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook”, añade.

Compartir datos con Facebook será obligatorio para todos los usuarios, excepto para los de la UE, donde se aplica desde 2018 el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés).

En declaraciones a MailOnline, un portavoz de WhatsApp confirmó que “no hay cambios en las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp en la región europea (incluido el Reino Unido) que surjan de los Términos de servicio y la Política de privacidad actualizados”.

“Para evitar cualquier duda, sigue siendo cierto que WhatsApp no ​​comparte datos de usuario de WhatsApp de la región europea con Facebook con el fin de que Facebook utilice estos datos para mejorar sus productos o anuncios”, detalló.

8 enero 2021

Publicado enSociedad
La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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