Miércoles, 17 Febrero 2021 05:43

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

El 7 de marzo, el Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrentará a nuevas elecciones regionales tras haber regresado al poder, con más de 50% de los votos, en octubre pasado. Liderado por el ex-presidente Evo Morales, este partido de base campesina se encuentra inmerso en tensiones y reacomodamientos internos.

 

El próximo 7 de marzo se celebrarán en Bolivia los comicios subnacionales que elegirán a las principales autoridades ejecutivas y legislativas de las nueve gobernaciones departamentales y los 337 municipios. Según el régimen autonómico, el nivel subnacional de gobiernos autónomos constituye la estructura vertical de organización del Estado y desde hace más de dos décadas viene adquiriendo una creciente relevancia política e institucional. Primero, fue la descentralización municipal cuyo antecedente data de la década de 1990, y luego, de manera incremental, la implementación del nuevo régimen autonómico establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009. En suma, la descentralización y la reorganización territorial del poder ampliaron y profundizaron la configuración de los sistemas políticos en el nivel subnacional. 

Las elecciones de marzo serán la segunda versión de comicios departamentales y municipales bajo el nuevo régimen autonómico. Su importancia no radica tan solo en la progresividad de la edificación institucional de las autonomías, sino en que son parte de una serie de acciones que, en el fondo, buscan resolver la crisis política provocada por la caída de Evo Morales en noviembre de 2019. Una primera acción de canalización institucional de la crisis fue la organización de las elecciones nacionales que, después de reiteradas postergaciones, se llevaron adelante en octubre de 2020. La crisis sanitaria del covid-19 fue la principal causa y justificación de los continuos aplazamientos en la celebración de las elecciones, una situación que de facto extendió el mandato del gobierno transitorio de Jeanine Añez por el lapso de 11 meses, y el de las autoridades subnacionales, por más de un año, puesto que el cambio de estas, según la normativa electoral, debería haberse realizado a inicios de 2020. 

Asimismo, al igual que los comicios generales, las elecciones subnacionales se realizarán en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19 que aún azota al país y del deterioro de los indicadores de estabilidad y crecimiento económico de los que, hasta hace apenas un año, gozaba Bolivia. En ese sentido, estas elecciones son consideradas como el segundo momento político-electoral en el que, a través de la participación y el voto ciudadanos, se buscará encaminar y cerrar la ya larga crisis política que arrastra el país. 

Efectos de la victoria electoral del MAS en 2020

Si durante la celebración de las elecciones presidenciales de octubre de 2020 el contexto político se caracterizaba por una alta polarización discursiva, la situación que enmarca las elecciones subnacionales es diferente. Los efectos inmediatos de los resultados nacionales y las particularidades de la contienda subnacional establecen un nuevo contexto de pulsiones y expectativas políticas. La victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, con 55,1% de los votos, estableció un margen amplio de distancia entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y las dos principales fuerzas contendientes: Comunidad Ciudadana (CC), del ex-presidente Carlos Mesa, que obtuvo 28,8%, y Creemos, de Fernando Camacho, el dirigente cruceño que encabezó las protestas y movilizaciones sociales contra Morales en 2019, que logró tan solo 14%. Así, las dos figuras que fueron importantes protagonistas de oposición frente a un Evo Morales que buscaba conseguir un cuarto mandato en el poder fueron a la vez derrotadas por el binomio electoral presentado por el MAS. Este dato resulta relevante, ya que fue la primera vez que esta organización política lidió sin la candidatura de su principal líder y jefe nacional y, por ende, sin el apoyo que recibía del poder estatal cuando Morales fungía como presidente del Estado. 

De esta manera, el éxito electoral del MAS reconfirmó su importancia estratégica en el acontecer político. Un factor que confirma este aserto es el impacto de los resultados electorales de octubre de 2020. La marcada diferencia de más de 25 puntos frente a Mesa ha provocado el relajamiento de la polarización discursiva que ciertamente predominó a lo largo del gobierno de Jeanine Áñez. La narrativa ampliamente difundida que presentaba la polarización «dictadura» versus «democracia», en la que el MAS expresaría el primer polo y el bloque anti-MAS el segundo, se desvaneció tras los comicios. Lo mismo sucedió con la idea de que el MAS no podía ganar sin el aparato estatal en su favor.

Después de las elecciones nacionales, se ha producido una revaloración de la democracia como valor y sistema de gobierno que se expresa en la emergencia de una serie de pulsiones internas y externas, y el MAS no escapa a ellas.

MAS: disputa por el reequilibrio en la gestión del poder 

A lo largo de los últimos 20 años, el rol de Evo Morales en el MAS fue central para garantizar los éxitos electorales, así como la continuidad de su gobierno a partir de la victoria de 2005. No era un mito la idea de que sin él no había posibilidades de conseguir y garantizar la articulación «nacional-popular». La importancia y el rol de Morales, tanto en el camino hacia el poder como en la gestión estatal y la negociación del conflicto social, fueron una realidad efectiva que, luego, se asumió como un mito. En unos casos, para reafirmar el dominio y la centralidad de la figura del propio Morales dentro de la articulación política propiciada por el MAS; en otros, para dar lugar a la ficción opositora de que, sin el presidente, el MAS sería fácilmente derrotado. Ambas apreciaciones partían de un presupuesto analítico y sociológico equivocado: la subestimación de la política que se procesa en y desde abajo. 

Como se sabe, la figura de Morales, apoyada en la fuerza movilizada de los campesinos cocaleros e «interculturales» (anteriormente denominados colonizadores), fue un referente articulador del conglomerado de organizaciones sociales que, desde inicios del siglo XXI, desembocaron con mayor contundencia en el MAS considerado como su «instrumento político». Estas organizaciones eran y son básicamente de base territorial/campesina, y a ellas se sumaron, según intereses tácticos, diversos sectores sociales de raigambre popular. La estructura organizativa que refleja esta articulación fue y es aún el denominado Pacto de Unidad, en el que convergen las principales organizaciones campesinas indígenas y populares del país. Sin esta articulación, resultaba impensable llegar al poder de la manera en que llegaron en 2005 y, asimismo, lograr gobernar el país durante 14 años de manera continua. 

No es un dato menor que a lo largo de este periodo Morales haya gestionado con eficacia esta articulación nacional-popular. Hoy mismo, a pesar de las fracturas que aparecen dentro del MAS, el ex-presidente es aún el actor central para la cohesión de las organizaciones campesinas y populares, puesto que en el espectro político del campo popular aún no hay un sustituto que ocupe o dispute su espacio directivo.

Los resultados electorales de octubre de 2020, como mencionamos, demuestran que el MAS, o mejor, lo que hay detrás de él, es más que Evo Morales. En contra del mito establecido y difundido por unos y otros, el movimiento logró la victoria electoral sin su candidatura y, además, sin su presencia en el país, ya que en el momento de las elecciones se encontraba asilado en Argentina. Esto no implicó, sin embargo, que su importancia en el acontecer político fuera superflua. No hay que perder de vista que fue y es aún el presidente del MAS y, además, jefe de campaña tanto de la victoria electoral lograda en octubre de 2020 como de la confección de la estrategia electoral para la contienda de marzo. Sin embargo, es claro que su poder no es el mismo que ostentaba en el pasado, cuando no solo era la cabeza del MAS sino que además ejercía con efectividad la función de primera autoridad del Estado. 

Tras su retorno a Bolivia y, en particular, durante el armado y la confección de las listas de candidatos del MAS para las elecciones subnacionales, se hicieron visibles una serie de conflictos que erosionaron la imagen y autoridad del ex-presidente. Hay distintas y nuevas pulsiones que fueron saliendo de su control y que, actualmente, se hacen cada vez más visibles. 

No es que exista una desarticulación de las organizaciones sociales y un desencanto respecto de la figura de Morales, sino que, al parecer, existe una disputa cada vez más intensa por el replanteo del equilibrio de fuerzas, que hasta hace poco giraba en torno de su imagen, a través de la cual controlaba la articulación de los intereses corporativos en el interior del MAS. 

Ante la renuncia de Morales y la implosión de la estructura gubernamental en noviembre de 2019, fueron emergiendo nuevas figuras y narrativas que actuaron de manera independiente, o bien, con un mayor margen de autonomía, en respuesta a los desafíos inmediatos que demandaba la coyuntura critica. En ese ámbito, aparecieron personalidades que si bien se hallaban dentro de las filas del MAS, estaban invisibilizadas, como fue el caso de Eva Copa, senadora que asumió la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante la renuncia de sus colegas de partido al momento del estallido de la crisis política. En un contexto de persecución contra el MAS, Adriana Salvatierra renunció a la sucesión presidencial y Copa se posicionó como una figura central, segunda en la línea de sucesión, con un discurso más moderado que el de Morales desde el exilio. No hay que olvidar que el Parlamento, en el que el MAS tenía dos tercios de las bancas, siguió funcionando tras la caída de Morales y la asunción de Áñez.

Con el retorno de Morales y su presencia en el escenario político, se reactivó el accionar del bloque de poder que tradicionalmente hegemonizó al MAS a lo largo de los últimos 14 años. La realización de actos masivos de bienvenida, como su ratificación como responsable de la conducción partidaria, buscaron asentar el rol directivo de su figura política. Sin embargo, por primera vez, a poco tiempo de su retorno al país, se escenificaron resistencias y/o tensiones en torno de la efectividad de su presencia e incidencia política, en contraste con el tradicional esquema en el que Morales resultaba siempre el actor predominante y central. 

Por ello, la estructura lineal que daba coherencia al accionar del MAS viene siendo dislocada y quizás, en parte, rebasada. Un primer dato de esta situación es la existencia de dos figuras nacionales alternas al liderazgo de Morales: David Choquehuanca, vicepresidente del Estado y, en menor medida, el propio presidente Luis Arce. Ambos actores, al ocupar los primeros espacios del poder político, disputan márgenes de autonomía relativa en la gestión y toma de decisiones, ya que se resisten a ser seguidores pasivos de la denominada «línea dura» del MAS y de las directivas de Morales. Esta disputa ciertamente modifica o, mejor, distorsiona la eficacia del modelo establecido y, posiblemente, deseado por este. Así, en el interior de la articulación nacional-popular vienen emergiendo un conjunto de pulsiones que dan lugar a una abierta expansión de intereses y corrientes favorables a la renovación de liderazgos y formas de gestión que ponen en tensión a la estructura de restauración del poder político de Evo Morales. 

Tres eventos ampliamente difundidos por la prensa pusieron de manifiesto esta tensión y disputa. En ellos se escenificaron el descontento y el desacuerdo respecto a las decisiones directivas de Evo Morales y de las cúpulas dirigenciales por parte de nuevos actores del MAS-IPSP. Los hechos se dieron al momento de dirimir la designación de las candidaturas para las elecciones de marzo. El primero se registró en el departamento de Potosí, donde Morales, junto con los dirigentes locales, tuvo que resguardarse y, virtualmente, huir del evento de proclamación de los candidatos ante las crecientes protestas respecto a las decisiones tomadas. El segundo, bastante sintomático, fue la decisión de proceder con la designación de los candidatos del departamento de Santa Cruz en el Trópico del departamento de Cochabamba, en un espacio supuestamente «neutral» y bajo el resguardo de las seis federaciones de cocaleros de las cuales, también, Morales es el presidente ejecutivo, para evitar la confrontación de fuerzas. En esa oportunidad se produjo el famoso «sillazo», que le llegó a Morales como parte de la trifulca que provocó la decisión de favorecer a uno de sus ex-ministros como candidato a la gobernación departamental. 

Por último, posiblemente el suceso de mayor consecuencia política para el MAS y, quizás, para el futuro político de Morales fue la decisión de apartar a la propia Eva Copa de la candidatura a la Alcaldía en la emblemática ciudad de El Alto, vecina a La Paz. Esta decisión provocó una amplia y masiva movilización social en esa ciudad y departamento a favor de la ex-presidenta del Senado, quien de manera inmediata se habilitó como candidata por fuera del MAS y, con ello, provocó una importante ruptura partidaria, que dio lugar a su expulsión. Tras esa crisis, Copa aparece a la cabeza de las encuestas con una enorme diferencia frente al candidato del MAS.

Lo acontecido en El Alto no es de menor importancia en términos político-electorales, ya que se trata de la segunda ciudad más poblada de Bolivia, después de Santa Cruz. En ese sentido, gran parte de las candidaturas del MAS en curso se perfilan a engrosar las disputas por el replanteo estratégico del equilibrio de poder, con efectos en la gestión gubernamental y la articulación nacional-popular. Hay candidatos y corrientes que en estas elecciones buscarán a través de su éxito electoral empujar procesos de renovación, ampliación y democratización interna. También existen candidatos y corrientes que se dirigen a reforzar el asentamiento de los tradicionales operadores políticos que en el pasado sacaron réditos de la estructura de poder y liderazgo de Evo Morales. En ese sentido, los resultados del 7 de marzo terminarán de delinear el campo de tensión del MAS y del devenir político del país, para dar lugar al posible cierre de un ciclo de gestión hegemónica que, en retrospectiva, abarcó más de una década y media.

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Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Viernes, 29 Enero 2021 05:32

Gira por la vida y la esperanza

Gira por la vida y la esperanza

En todos los rincones del mundo los de arriba están perpetrando un genocidio silencioso de pueblos originarios y negros, de campesinos y pobres, de la ciudad y del campo.

El ejército de Turquía invade el norte de Siria, arrasando aldeas y ciudades kurdas. El gobierno de Israel no vacuna a la población palestina. En Manaus (Amazonia de Brasil) mueren miles en hospitales colapsados. En apenas tres semanas de 2021, se produjeron ya seis masacres en Colombia, con un saldo de más de 15 muertos (https://bbc.in/36fznA2).

Los feminicidios se multiplicaron durante la pandemia, como parte inseparable del genocidio contra las y los de abajo.

En Chiapas las bandas paramilitares atacan con armas de fuego a las comunidades en MoisésGandhi. El guion es siempre el mismo: los paramilitares como la Orcao, con asesoramiento de las fuerzas armadas, atacan bases de apoyo zapatista; el gobierno federal y el del estado callan, o sea, consienten. Los medios y los partidos callan, o sea, consienten.

En las periferias urbanas latinoamericanas y en las remotas áreas rurales no sólo no se habla de vacunas, sino que tampoco tenemos infraestructuras hospitalarias en condiciones, ni médicos ni enfermeras suficientes.

Una característica de la tormenta contra los de abajo es que a nadie le importa. Nadie reacciona, ni se conmueve. La indiferencia es la política de los estados y de buena parte de la "opinión pública". Ayot-zinapa sucede todos los días, no sólo en México.

Es una política consolidada arriba y aceptada con entusiasmo por el sistema político. Es un cerco militar y mediático contra los pueblos, para inmovilizarlos, mientras el capital (liberado de controles) profundiza su extenso e intenso proceso de concentración y centralización en cada vez menos manos.

La gira zapatista por tierras europeas es una oportunidad para romper el cerco, para volvernos a juntar en espacios comunes, hacernos escuchar y tejernos como pueblos en resistencia. La propuesta zapatista anunciada en octubre y actualizada el primero de enero en la declaración "Por la vida" es un enorme esfuerzo de las comunidades para romper el cerco de la muerte.

La respuesta desde Europa vino de la mano de más de mil colectivos en más de 20 países que declaran su voluntad de sumarse y organizar una gira que llevará a más de 100 zapatistas, en su mayoría mujeres, por muchos rincones del continente.

No será nada sencillo organizar una gira tan amplia en un momento en el que la pandemia no halla límites, brindando una ocasión a los gobiernos y las policías para acotar la acción colectiva. En Europa se limitaron los derechos de reunión y de manifestación, lo cual en estos momentos arroja muchas dudas sobre cómo será la celebración del 8 de marzo.

También será muy difícil que miles de activistas consigan ponerse de acuerdo, ya que provienen de diferentes historias, ideologías y modos de hacer. Estas diversas culturas políticas encontrarán dificultades para superar el egocentrismo individual y colectivo, la inevitable búsqueda de focos mediáticos para algunos, siempre pocos, pero con gran poder disgregador.

A las dificultades propias de la situación deben sumarse las que provienen de tantos años de fragmentación y, sobre todo, de la continuidad de una cultura política centrada en los estados, en los varones caudillos y en los discursos que no van acompañados de prácticas coherentes.

La expedición zapatista brinda la ocasión para encarar otras dos tareas necesarias, además de la mentada ruptura del cerco.

La primera es que permitirá enlazar y coordinar colectivos que habitualmente están distantes o que ni siquiera se conocían. No se trata de crear nuevos aparatos o estructuras, sino de abrir un amplio abanico de vínculos horizontales e igualitarios, algo mucho más difícil aún que establecer una "coordinadora" que a menudo repite los vicios de los aparatos.

La segunda es que conocer más a fondo los modos zapatistas de hacer puede permitir a muchas personas y colectivos adentrarse en culturas políticas que hasta ahora sólo algunos grupos feministas y juveniles han puesto en práctica.

Una de las constataciones más deprimentes en los ambientes militantes es comprobar cómo década tras década se tienden a repetir los mismos vicios que, ingenuamente, creíamos superados. No hay modo de superarlos sino haciendo, errando y volviendo a hacer, hasta encontrar modos de trabajar que no lastimen, ni excluyan, ni humillen.

La gira zapatista será una fuente enorme de aprendizaje para los más diversos colectivos anticapitalistas. Primero, constatar que se puede, que los de arriba no son tan poderosos como parecen. Segundo, que podemos sumar más y más personas sin reproducir el sistema, buscando confluencias entre quienes sufrimos similares opresiones. Desafío y esperanza a la vez.

Si todo marcha bien, en el sur del continente reproduciremos la expedición. Estos días estamos dando los primeros pasos, tímidos por ahora, para desplegar las energías que nos permitan seguir rompiendo cercos.

Publicado enSociedad
Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

Publicado enColombia
Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
Sábado, 23 Enero 2021 06:26

Arranca el Foro Social Mundial

Arranca el Foro Social Mundial

Se cumplen 20 años del primer encuentro en Porto Alegre

 

El Foro Social Mundial (FSM) cumple 20 años y tendrá una semana de actividades virtuales abiertas. El FSM arranca este sábado 23 con una marcha virtual que se realizará con una transmisión de 24 horas en la que se destacarán las experiencias, visiones y los testimonios de destacados líderes y referentes sociales del mundo: Lula da Silva, Miriam Miranda, Leila Khaled, Ashish Kothari, Aminata Dramane Traoré y Yanis Varoufakis.

“Uno de los retos principales que hemos debatido entre los consejos organizadores es cómo trascender a la acción y lograr la articulación de los movimientos. Cómo hacemos que las luchas se conecten para lograr algo interseccional” explicó Rosy Zúñiga, secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), en la conferencia de prensa del Foro Social Mundial 2021.

La historia del FSM empieza en enero de 2001 cuando se realizó el primero foro en Porto Alegre, Brasil. Desde su creación el espacio ha dado lugar a la convergencia de organizaciones sociales de todo el mundo. La actual edición cuenta con cerca de cinco mil personas y 700 organizaciones que participarán de las actividades, aunque se espera que se sumen más participantes a lo largo de la semana.

El domingo empieza con el panel “Paz y Guerra”: Desarme universal para la transformación social y ecológica. Estará centrado en “explorar estrategias de los movimientos sociales y ambientales para la desmilitarización de las estructuras políticas en las secuelas de la pandemia”. La democratización de la economía se abordará el panel Justicia Económica, “vamos a abordar desde diferentes voces cómo podría ser otro mundo posible en términos económicos, cómo hacemos la gestión desde los pueblos”, explicó Zúñiga.

“El FSM es una voz muy fuerte contra el sistema económico que se construye desde Davos”, agregó Zúñiga en la conferencia de prensa de la que también participó el ambientalista de India, Ashish Kothari que habló sobre la importancia de reconocer la deuda ecológica de los países contaminantes. “Existe una demanda creciente del sur global, todos los pueblos y personas que han sido colonizados en los últimos 500 años y cuyos recursos naturales y territorios fueron saqueados para el desarrollo de Europa y de Norteamérica”, dijo Kothari a Página/12.

“Debemos ir más allá y exigir que se reconozca la deuda ecológica de estos países con los países del sur. Tiene que convertirse en un movimiento global para para cancelar la deuda económica y financiera y de hecho hacer reparaciones por todo el daño de los últimos 500 años, incluyendo los últimos 70-80 años de llamado ‘desarrollo’”, puntualizó. Kothari también se refirió al movimiento por reconocer el ecocidio como un crimen, “por ejemplo, los celulares, las compañías que producen los celulares están creando un enorme daño ecológico y conflicto social en lugares como África Central. Eso es ecocidio, una forma de asesinato en masa y debemos reconocerlo para que estas corporaciones se detengan”. Este será uno de los temas a debatir en las jornadas dedicadas a la economía y a la democracia.

Otras de las temáticas principales del FSM 2021 son Educación, Comunicación y Cultura, en este panel se debatirá la situación de la educación en el mundo, “cómo disputar un espacio que esté al alcance de todos, ahí vemos cómo ha habido una injusticia en esta pandemia”. También habrá un panel sobre Feminismos, sociedad y diversidad, pueblos originarios ancestrales: demandas, denuncias y alternativas. Además, el jueves se realizará el panel referido a la Democracia y a la construcción de poder popular desde los espacios públicos. 

Consultada sobre los desafíos actuales de la participación política en América Latina, Rosy Zúñiga respondió a Página/12: “defender tu territorio con tu cuerpo y palabra se vuelve peligroso, por eso necesitamos unir fuerzas, es una bandera que todos tenemos que levantar y buscar formas de participación política desde nuestro territorio”. 

Las charlas sobre democracia y participación apuntan a crear una mayor conciencia del papel de los movimientos, “nosotros somos la mayoría, somos el 99 por ciento, lo que necesitamos es tener conciencia de eso, eso también es uno de los papeles del Foro Social Mundial, estar juntos y saber que sí podemos hacer que cambien las cosas” enfatizó Francine Mestrum del consejo internacional del FSM.

El 29 se realizará un debate sobre Clima, ecología y medioambiente, quienes participen podrán asistir a charlas sobre recursos naturales, acceso al agua, extractivismo, la resiliencia de las comunidades frente a la covid-19, emergencia ambiental y urgencia de educación ambiental, entre otros temas. Por último se realizará un actividad llamada El Ágora, una especie de plaza pública virtual para compartir las acciones/iniciativas que se llevarán adelante este año, así como la organización del próximo foro presencial en México.

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Viernes, 22 Enero 2021 05:44

Tupak Katari vive y vuelve…carajo

Tupak Katari vive y vuelve…carajo

(En homenaje a Felipe Quispe, Mallku, 1942-2021)

 

Luchó hasta el último aliento. A los 78 años, en agosto de 2020, estuvo a la cabeza de más de setenta bloqueos campesino-indígenas que derrotaron al gobierno golpista de Jeannine Añez, forzándolo a convocar elecciones.

Fue un rebelde intransigente. Contra el neoliberalismo y el colonialismo, contra todos los de arriba, fueran de derecha o de izquierda. Nada le impidió seguir caminando, aún en la más absoluta soledad, con toda la “correlación de fuerzas” en contra.

Felipe Quispe nació en la comunidad aymara de Chilijaya, en el municipio de Achacachi, un 22 de agosto de 1942. Desde ese lugar irradió su influencia hacia todo el Altiplano, hasta convertirse en un referente ineludible de la dignidad aymara e indígena.

En 1978 fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari y años después impulsó el movimiento Ayllus Rojos que desemboca en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), donde confluyó con Raquel Gutiérrez y otras personas que prefiero no nombrar para no ensuciar su memoria.

Al nombrarlo Mallku (cóndor en aymara), se le reconoce su autoridad como referente ético y político, alguien que vuela muy alto, que encarna el espíritu y la fuerza de las montañas.

Estuvo preso en el penal de Chonchocoro desde 1992. Salió en 1998 como secretario general de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) impulsando bloqueos de caminos contra el gobierno de Hugo Bánzer, encabezó la primera guerra del gas (2003) y más tarde fue un opositor al gobierno de Evo Morales, por razones ideológicas y éticas.

Estos días sus compañeros de lucha lo recuerdan con emoción y cariño. El protagonista de la guerra del agua, en 2000, Oscar Olivera, lo define como “un tipo leal y confiable. Un vocero y un símbolo del pueblo aymara. Era muy duro con los opresores pero enormemente generoso con la gente sencilla. Nunca se colocó en el papel de víctima”.

Para Raúl Prada, “en la lucha de Felipe hay una remembranza del siglo 18 cuando la rebelión de Tupak Katari. Hay pocas personas cuyo cuerpo entero esté dispuesto para el combate”.

En el homenaje que le hizo Radio Deseo, la trabajadora del hogar y sindicalista Yolanda Mamani mostró su admiración por el Mallku. “Hablaba desde su lugar de campesino indígena, dejó el parlamento y volvió a su pueblo. Nos decía que no sólo tenemos que alimentar el cuerpo, sino nuestra mente con pensamientos, y que tenemos que ser rebeldes”.

María Galindo, de Mujeres Creando, enfatizó que la muerte de Felipe “nos deja un vacío gigante” y prefirió recordarlo como alguien que “hablaba en primera persona, no por otros ni a nombre de un tercero. No sólo quería derrocar un gobierno sino mirar más allá, más profundo. Hizo de la rabia una fuerza política”.

Muchos los recuerdan por una de sus frases durante una entrevista que le hizo la periodista Amalia Pando, cuando lo interpeló por las razones de la lucha armada: «No quiero que mi hija sea su sirvienta …» (https://bit.ly/3bZ4svJ). Felipe tenía esa extraordinaria habilidad para sintetizar la opresión colonial.

En una de las últimas entrevistas, recordó que su tarea es “obedecer las decisiones de las bases”, que lo eligieron para comandar los bloqueos de agosto y semanas atrás lo propusieron como candidato a la gobernación de La Paz (https://bit.ly/2XZVmXf).

Asegura que en agosto pasado podrían haber derribado al gobierno “racista y fascista” de Añez, pero que el MAS los traicionó retirando a sus bases de los bloqueos.

En esa entrevista reconoce que apoyó al MAS para sacar a lo golpistas, pero a renglón seguido dijo que “Evo Morales sigue metiendo su mano sucia en el gobierno de Arce, cuando debió retirarse como le dijeron muchos dirigentes”.

Estos días en el Altiplano aymara se escuchan voces que dicen: “No hubiera habido un Evo sin un Mallku”. Porque que fue la lucha de las comunidades lo que abrió un hueco en la dominación por donde se colaron el MAS y Evo Morales. Pero a la hora de la lucha, mientras los de arriba se fugaron del país, ahí permanecieron los Felipes para seguir la pelea.

Fue un dirigente limpio. Nunca se rindió, ni se vendió, ni claudicó. Por eso pasará a la mejor historia de resistencia y dignidad de los de abajo. La historia coloca a cada quien en su sitio.

Fue un educador de su pueblo. En el prólogo de su libro de 1990, “Tupac Katari vive y vuelve …carajo”, escribió: “El fuego de la verdad de los oprimidos y explotados hará llorar y aullar a esta nueva Sodoma y Gomorra que es la sociedad capitalista”.

Los recambios a la generación de Felipe ya los vemos entre los jóvenes y las mujeres que salieron a las calles cuando los bloqueos de 2020, entre las que participaron en el Parlamento de las Mujeres convocado por Mujeres Creando cuando el golpe de 2019 y entre los miles de herederos de los jóvenes que protagonizaron el levantamiento de 2003 en El Alto.

Quiero recordarlo con una frase típica de Felipe: “Podrán privatizar las montañas, pero los cóndores seguiremos volando”.

Jallalla Mallku!!!!

 

21 enero 2021 

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Miembros del Partido Alternativa Feminista marchan frente el Servicio Electoral de Chile, en enero de 2020.EDGARD GARRIDO / Reuters

Las listas de candidatos que disputarán una banca en abril evidencia el descrédito de los partidos políticos tradicionales

Chile ha cerrado las inscripciones para postular a la convención que redactará la nueva Constitución chilena, la primera en su historia escrita en democracia. El órgano de 155 miembros será electo el 11 de abril y tendrá características únicas: será paritario entre hombres y mujeres, como nunca antes había sucedido en el mundo, y tendrá 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, la mayor cantidad que haya tenido un proceso constituyente. Como nunca antes en Chile, además, una gran cantidad de independientes buscan integrar la convención, al margen de los partidos políticos que sufren una crisis de representación profunda y estructural, que no han logrado revertir en la última década. De acuerdo con la información preliminar del Servicio Electoral (Servel), 2.213 personas se han postulado por fuera de las listas de las colectividades, las que fueron patrocinadas por medio millón de ciudadanos (480.977).

Es la primera vez en Chile que se permite a los independientes conformar sus propias listas. Sumando las de los partidos y bloques tradicionales, por lo tanto, llegan a 79 las listas que se han presentado en todo el país, de acuerdo al medio Tres quintos, lo que augura un alto nivel de diversidad y fragmentación.

Los independientes, sin embargo, no son un grupo homogéneo, aunque pertenecen sobre todo al centro y la izquierda, donde la sociedad se organizó por fuera de las colectividades del sector. La derecha oficialista del presidente Sebastián Piñera, pese a los problemas del Gobierno y de la coalición Chile Vamos, logró juntarse en una sola lista con miras a la conformación de la convención constitucional, que debería empezar a funcionar entre mediados de mayo y comienzos de junio.

Entre los independientes se encuentra la lista FyF Vota Feliz –de Felices y forrados, una firma de asesorías previsionales–, cuya fórmula para la obtención de respaldos está siendo estudiada por el Servel, por posibles vulneraciones de la ley.

Pero una parte de los independientes son expresión de determinadas organizaciones sociales, como el movimiento No+AFP (críticos al actual sistema de pensiones) y la Coordinadora feminista 8M. Existen, además, listas de candidatos formados por asambleas territoriales que se originaron luego de las revueltas del 18 de octubre de 2019, como la Lista del pueblo. También la sociedad civil se ha organizado para tener representación en la convención, como lo hizo Independientes no neutrales, que llegó en poco tiempo a conformar una orgánica nacional. El movimiento ha presentado 105 candidatos en 23 de los 28 distritos que existen en todo el territorio, con el patrocinio de unas 78.000 personas.

“Evidentemente, no da lo mismo un independiente de otro”, comenta la periodista Patricia Politzer, integrante de Independientes no neutrales y candidata a la convención. Remarca la importancia de que medio millón de personas hayan respaldado candidaturas de independientes en solo tres semanas, en medio de una pandemia y de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Hay una parte importante de la ciudadanía, fuera de los partidos, que está interesada en participar de la política, pero no de la forma en que se ha estado ejerciendo en el último tiempo, por lo que está fuertemente desprestigiada”, señala la autora de libros como Altamirano, una de las independientes que obtuvo una mayor cantidad de patrocinantes. Lo ejemplifica: “En 2017, cuando los partidos fueron obligados legalmente a refichar a sus militantes, el conjunto de las colectividades no alcanzó las 400.000 personas en el plazo de un año”. Para Politzer, sin embargo, no se trata de dejar caer a los partidos: “Sin partidos la alternativa es el fascismo”, asegura Politzer. “Pero para la redacción de una nueva Constitución debe configurarse una convención diversa y muy pluralista que contenga la mayor cantidad de miradas posibles”.

Los partidos políticos y el Congreso sufren una crisis estructural de representación. De acuerdo al informe Diez años de auditoría a la democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con datos de 2008 a 2018, tanto las colectividades como el Parlamento son las dos instituciones en las que menos confianza tienen los chilenos. En el proceso de elección de candidatos a la convención constituyente, partidos de todos los sectores ocuparon las clásicas técnicas de negociación que alejan a la ciudadanía. No ayuda que el mismo día en que se elegirán a los convencionales, el 11 de abril, se celebren las elecciones de alcaldes, concejales y las primeras democráticas de gobernadores (elegidos hasta ahora por el gobierno nacional). En total, 2.768 cargos que se llenarán en tres meses.

“Un sector importante de la sociedad politizada y activada tiene una desconfianza muy grande en los partidos y, por lo tanto, no se ven representados. Esto explica tanto interés por inscribir listas y se ha instalado tan fuertemente un discurso de la importancia de la independencia y de apoyar a candidatos independientes”, asegura Marcela Ríos, representante asistente en Chile del PNUD. “Quizá en algunos distritos los partidos van a lograr mantener el predominio y la correlación de fuerzas habitual, pero en muchos otros lugares se podrían dar mezclas distintas. Una de las principales interrogantes de la convención está en si los partidos quedarán o no desplazados. El desafío de los independientes es transformar los respaldos en votación”, analiza la socióloga.

Pueblos indígenas

Para los 17 escaños reservados para pueblos indígenas se han presentado 199 candidatos, de acuerdo a los datos preliminares del Servel. Los elegidos conformarán un solo distrito a nivel nacional. Se aseguró un cupo para cada una de las 10 etnias, pero la mapuche tendrá siete escaños, mientras que la aymara obtendrá dos. “Ocuparemos un porcentaje relevante dentro de la convención, que se aproxima al 12,8% que representa la población indígena del país”, asegura Salvador Millaleo, abogado constitucionalista mapuche, académico de Derecho de la Universidad de Chile, cuyo partido –el socialista– dejó fuera de las candidaturas a la convención. Millaleo explica que nunca antes a nivel mundial un órgano constituyente tuvo este número de escaños reservados para sus etnias originarias, lo que resulta especialmente llamativo en un país como Chile, “con una historia hostil a los derechos de los pueblos indígenas”.

Millaleo describe el engorroso proceso de negociación que con mucha dificultad terminó con el acuerdo de los 17 escaños reservados. La ley recién se promulgó el 23 de diciembre pasado y, pese a las dificultades, como la ruralidad y la pandemia, en solo algunas semanas todas las etnias originarias lograron levantar a sus candidatos a la convención. “Considerando las postulaciones de los partidos y las independientes, los candidatos de los pueblos indígenas son dirigentes y representan a sus bases y territorios”, asegura el académico.

Los independientes, sin embargo, tienen un camino cuesta arriba para superar a los partidos, que tienen oficio, estructura y financiamiento para ganar elecciones. En la franja electoral, por ejemplo, todos los independientes tendrán el mismo tiempo disponible que el partido que obtuvo menor votación en las últimas elecciones. Marta Lagos, fundadora del sondeo Latinobarómetro, es escéptica: “Existe una sensación de que el llamado a la convención constitucional había cambiado esta condición estructural de la democracia chilena –una democracia representativa que se organiza a través de los partidos– y que se podría modificar esta condición a través del concurso de los independientes. Pero la convención constitucional estará mayoritariamente ocupada por miembros elegidos a través del sistema de partidos, lo que va a producir una tremenda reacción negativa en contra de la convención”, analiza Lagos. “Va a haber renovación y tiraje de la chimenea, sin duda, pero va a ser minoritario”, concluye Lagos, que dirige hace 25 años la mayor encuestadora de América Latina.

Po Rocío Montes

Santiago de Chile - 15 ene 2021 - 15:44 UTC

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Sábado, 26 Diciembre 2020 09:05

A propósito de la coyuntura actual

A propósito de la coyuntura actual

Hacer una evaluación política racional de la coyuntura actual se ha vuelto una auténtica rareza. Entre las homilías catastrofistas que emanan de los sectores más involuntariamente religiosos del ecologismo (estamos al borde del Juicio Final) y las fantasmagorías de una izquierda desorientada (somos los contemporáneos de «luchas» ejemplares, de «movimientos de masas» imparables y del «colapso» de un capitalismo liberal asolado por la crisis), cualquier orientación racional se desvanece y una especie de caos mental, ya sea voluntarista o derrotista, prevalece por todas partes. Me gustaría adelantar aquí algunas consideraciones, tanto empíricas como prescriptivas.

A una escala casi planetaria, desde hace ya algunos años, sin dudas desde lo que se llamó la primavera árabe, estamos en un mundo en el que abundan las luchas, o, más precisamente, las movilizaciones y las concentraciones de masas. Propongo que la coyuntura general está marcada, subjetivamente, por lo que yo denominaría movimientismo, es decir, la convicción ampliamente compartida de que las grandes concentraciones populares lograrán indudablemente un cambio en la situación. Vemos cómo esto ocurre de Hong Kong a Argelia, de Irán a Francia, de Egipto a California, de Mali a Brasil, de India a Polonia, así como en muchos otros lugares y países.

Todos estos movimientos, sin excepción, parecen poseer tres características:

  1. Son compuestos en su origen social, en el pretexto de su revuelta y en sus convicciones políticas espontáneas. Este aspecto polimorfo también arroja luz sobre su número. No son agrupaciones de trabajadores, ni manifestaciones del movimiento estudiantil, ni revueltas de comerciantes aplastados por los impuestos, ni protestas feministas, ni profecías ecológicas, ni disidencias regionales o nacionales, ni marchas de los que se denominan migrantes y yo llamo proletarios nómadas. Es un poco de todo eso, bajo la batuta puramente táctica de una tendencia dominante, o de varias, según el lugar y las circunstancias.
  2. De este estado de cosas se desprende que la unidad de estos movimientos es –y no puede ser de otra manera, dado el estado actual de ideologías y organizaciones– de tipo estrictamente negativo. Huelga decir que esta negación se refiere a realidades dispares. Uno puede rebelarse contra las acciones del gobierno chino en Hong Kong, contra la apropiación del poder por camarillas militares en Argelia, contra el dominio de la jerarquía religiosa en Irán, contra el despotismo personal en Egipto, contra la reacción nacionalista y racista en California, contra las acciones del Ejército francés en Mali, contra el neofascismo en Brasil, contra la persecución de los musulmanes en India, contra la estigmatización retrógrada del aborto y las sexualidades no convencionales en Polonia, etcétera.

Pero nada más –en particular, nada que equivalga a una contrapropuesta de alcance general– está presente en estos movimientos. Al fin y al cabo, a falta de algo parecido a una propuesta política común que rompa claramente con las limitaciones del capitalismo contemporáneo, el movimiento termina dirigiendo su unidad negativa contra un nombre propio, generalmente el del jefe de Estado. Se va del grito «Mubarak debe irse» al de «Fuera el fascista Bolsonaro», pasando por «Modi racista, vete», «Abajo Trump» y «Bouteflika, retírate». Sin olvidar, por supuesto, las invectivas, las intimaciones a renunciar y los ataques personales contra nuestro propio objetivo natural aquí, en Francia, que no es otro que el pequeño Macron. Propongo, entonces, que todos estos movimientos, todas estas luchas, son, en última instancia, fuerismos. Existe el deseo de que el líder en cuestión se vaya, sin tener siquiera la menor idea de qué va a reemplazarlo ni del procedimiento por el cual, suponiendo que de hecho el tipo se vaya, uno puede asegurarse de que la situación realmente cambie.

En suma, la negación, que unifica, no es portadora de ninguna afirmación, ninguna voluntad creadora, ninguna concepción activa del análisis de situaciones y de lo que puede o debe ser una política de nuevo tipo. En ausencia de ella, el movimiento termina –y esta es la señal de su final– con esa forma definitiva de su unidad, a saber, la de levantarse contra la represión policial de la que ha sido víctima, contra la violencia policial que ha sido obligado a confrontar. En otras palabras, la negación de su negación por las autoridades. Estoy directamente familiarizado con esto desde mayo del 68, cuando, en ausencia de enunciados comunes, al menos al comienzo del movimiento, uno gritaba en las calles: «CRS = SS».1 Felizmente, esto fue seguido en aquel momento –pasada la primacía de la revuelta negativa– por cosas más interesantes, al precio, por supuesto, de un enfrentamiento entre concepciones políticas opuestas, entre enunciados distintos.

  1. Hoy, a la larga, el movimientismo planetario sólo da como resultado el mantenimiento reforzado de los poderes fácticos o los cambios cosméticos, que pueden resultar peores que aquello contra lo que uno se rebeló en primer lugar. Mubarak se fue, pero Al Sisi, que lo reemplazó, es otra versión, quizás peor, del poder militar. Al final, el control de China sobre Hong Kong se ha reforzado, con la imposición de leyes más acordes a las que prevalecen en Beijing y el arresto masivo de militantes. La camarilla religiosa en Irán está intacta. Los reaccionarios más activos, como Modi y Bolsonaro, y la rosca clerical polaca se encuentran muy bien, muchas gracias. Y el pequeño Macron, con un 43 por ciento de aprobación, goza hoy de una salud electoral mucho mejor, no sólo en comparación con el comienzo de nuestras luchas y movimientos, sino incluso en contraste con sus predecesores, quienes, se trate del muy reaccionario Sarkozy o del lobo con piel de socialista Hollande, apenas alcanzaban, a esta altura de su mandato presidencial, el 20 por ciento del apoyo.

Me viene a la mente una comparación histórica. En los años comprendidos entre 1847 y 1850, se produjeron, en gran parte de Europa, grandes movimientos de trabajadores y de estudiantes, grandes levantamientos de masas contra el orden despótico establecido tras la restauración de 1815 y astutamente consolidado tras la revolución francesa, de 1830. Más allá de una ferviente negación, a falta de una idea firme de lo que podría representar una política esencialmente diferente, el furor de las revoluciones de 1848 sólo sirvió para introducir una nueva secuencia regresiva. En particular, el resultado en Francia fue el interminable reinado de un representante típico del capitalismo emergente, Napoleón III, también conocido, según Víctor Hugo, como Napoleón el Pequeño.

Sin embargo, en 1848, Marx y Engels, que habían participado en los levantamientos en Alemania, extrajeron las lecciones de todo este asunto, tanto en textos de análisis histórico –como el panfleto titulado Las luchas de clases en Francia– como en ese manual, al fin afirmativo, que describió lo que debería ser una política completamente nueva, cuyo título es Manifiesto del Partido Comunista. Es en torno a esta construcción afirmativa –que lleva el «manifiesto» de un Partido que no existe, pero debe existir– que comienza, a largo plazo, otra historia de la política. Marx reincidió 23 años después, al extraer lecciones de un admirable intento que, a pesar de su heroica postura defensiva, una vez más careció de la organización efectiva de su unidad afirmativa, a saber, la Comuna de París.

No hace falta decir que nuestras circunstancias son muy diferentes, claro está. Pero pienso que hoy todo gira en torno a la necesidad de que nuestras consignas negativas y nuestras acciones defensivas sean finalmente subordinadas a una visión clara y sintética de nuestros propios objetivos. Y estoy convencido de que, para lograrlo, debemos recordar, en todo caso, aquello que Marx declaró como el núcleo de su pensamiento. Un núcleo que, por supuesto, es a su vez negativo, pero a una escala tal que sólo puede apoyarse en una afirmación grandiosa. Me refiero a la consigna de abolir la propiedad privada.

Mirados de cerca, eslóganes como «Defender nuestras libertades» y «Detener la violencia policial» son, estrictamente hablando, conservadores. El primero implica que disfrutamos, en el actual statu quo, de verdaderas libertades comunes que deben ser defendidas, cuando nuestro problema central debería ser, en cambio, que sin igualdad la libertad no es más que un señuelo. ¿Cómo podría la proletaria nómada privada de papeles legales, cuya llegada aquí no es más que una epopeya cruel, llamarse a sí misma libre en el mismo sentido que la multimillonaria que detenta el poder real, dueña de un jet privado y de su piloto, protegida por la fachada electoral de sus apoderados en el Estado? ¿Y cómo podrían los revolucionarios coherentes imaginar –si es que en verdad albergan el deseo afirmativo y racional de un mundo diferente– que la Policía del poder puede ser amigable, cortés y pacífica? Una Policía que diga a los rebeldes, algunos de ellos enmascarados y armados: «¿El Palacio del Elíseo? Sí, claro, la gran puerta al fondo por la calle de la derecha». ¿En serio?

Sería mejor volver al meollo de la cuestión: la propiedad. El lema general unificador puede inmediatamente ser: «Colectivización de todo el proceso de producción». Su correlato intermedio negativo, de alcance inmediato, «La abolición de todas las privatizaciones decididas por el Estado desde 1986». En cuanto a un buen eslogan, puramente táctico, que dé trabajo a los dominados por el afán de negación, podría ser el siguiente: instalémonos en las oficinas de un departamento muy importante del Ministerio de Economía y Finanzas llamado Comisión de Participaciones y Transferencias». Hagámoslo con pleno conocimiento de que este nombre esotérico, «participaciones y transferencias», no es más que la máscara transparente de la Comisión de Privatización, creada en 1986. Y que la gente sepa que estaremos apostados en esta comisión de privatización hasta la desaparición de toda forma de propiedad privada en lo que concierne a todo aquello que, de una u otra forma, pueda considerarse un bien común.

Simplemente popularizando estos objetivos, tanto estratégicos como tácticos, abriremos otra época, que siga a la de las «luchas», los «movimientos» y las «protestas», cuya dialéctica negativa está en proceso de agotarse a sí misma y agotarnos a nosotros. Seremos los pioneros de un nuevo comunismo de masas, cuyo «espectro», para hablar como Marx, recorrería no sólo Francia y Europa, sino el mundo entero.

  1. Se refiere a las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), cuerpo policial antidisturbios francés, y a las Schutzstaffel (SS), fuerzas paramilitares de la Alemania nazi (N. del E.).

Por Alain Badiou
23 diciembre, 2020

(Publicado originalmente en francés en Quartier Général y en inglés en Verso Books. Traducción al español de Brecha.)

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