Reconoce China que sus biológicos tienen baja efectividad y considera combinarlos

Pekín. La efectividad de las vacunas chinas contra el coronavirus es baja y el gobierno considera combinarlas, dijo ayer la máxima autoridad de la agencia china de control de enfermedades, Gao Fu, en una inusual admisión oficial de la debilidad de las vacunas del gigante asiático.

Las vacunas chinas "no tienen tasas de protección muy altas", opinó el director de los Centros para el Control de Enfermedades de China, Gao Fu, en una conferencia en la ciudad de Chengdu.

Pekín ha distribuido cientos de millones de dosis en otros países y también ha tratado de promover las dudas sobre la efectividad de las vacunas occidentales. "Ahora se está considerando formalmente si debemos usar diferentes vacunas de diferentes líneas técnicas para el proceso de inmunización", dijo Gao.

Según investigadores brasileños, la tasa de efectividad de la vacuna CoronaVac, del desarrollador chino Sinovac, es de 50.4 por ciento. En comparación con 97 por ciento de efectividad de la de Pfizer.

Pekín aún no ha aprobado ninguna vacuna extranjera para su uso en China, donde surgió el coronavirus a fines de 2019. Gao no dio detalles de posibles cambios en la estrategia, pero mencionó el ARN mensajero, una técnica previamente experimental utilizada por los desarrolladores de vacunas occidentales, mientras que los fabricantes de medicamentos de China usaban tecnología tradicional.

"Todos deberían considerar los beneficios que las vacunas de ARN mensajero pueden brindar", dijo. "Debemos seguirlo cuidadosamente y no ignorarlo sólo porque ya tenemos varios tipos de vacunas".

Gao planteó previamente dudas sobre la seguridad de las vacunas de ARN mensajero. En diciembre, fue citado por la agencia de noticias oficial Xinhua diciendo que no podía descartar efectos secundarios negativos porque se estaban utilizando por primera vez en personas sanas.

Los medios de comunicación estatales chinos y los blogs de salud y ciencia también han cuestionado la seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer, que usa ARN mensajero.

Hasta el 2 de abril, unos 34 millones de personas habían recibido las dos dosis requeridas por las vacunas chinas y alrededor de 65 millones habían recibido una, según Gao.

Los expertos afirman que la mezcla de vacunas, o la inmunización secuencial, podría aumentar la tasa de efectividad. Los ensayos en todo el mundo buscan mezclar vacunas o administrar una inyección de refuerzo después de un periodo más largo. Investigadores en Gran Bretaña estudian una posible combinación de vacunas Pfizer y AstraZeneca.

En Francia, los mayores de 55 años empezarán a ser vacunados a partir de hoy, gracias a las dosis de AstraZeneca que "podrán recibir todos los franceses sin condiciones", anunció el ministro de Salud, Olivier Véran.

Según el ministro, esto será posible gracias a las vacunas de AstraZeneca que "a partir de mañana (lunes) podrán recibir todos los franceses sin condiciones" y la de Johnson & Johnson, que empezará a llegar al país hoy.

India prohibió la exportación del medicamento antiviral Remdesivir y sus ingredientes farmacéuticos activos, ya que la demanda se disparó ante el aumento de contagios –más de 150 mil en las últimas 24 horas– y el colapso hospitalario. El país registra un incremento de contagios desde hace 32 días sin parar. Totaliza 13.3 millones de casos de Covid-19 y 169 mil 275 muertos desde el comienzo de la pandemia.

En Alemania contemplan nuevo confinamiento

La canciller federal alemana, Angela Merkel, contempla la posibilidad de declarar un nuevo confinamiento nacional de corta duración para atajar de raíz el aumento de casos y facilitar la campaña de vacunación, según fuentes de su partido, la Unión Demócrata Cristiana.

El presidente Jair Bolsonaro dijo que el país vive una "dictadura" por las restricciones que algunas regiones implementan para evitar los contagios y las comparó con las "libertades negadas" por el "régimen" de Nicolás Maduro en Venezuela.

La cifra de pacientes menores de 40 años en cuidados intensivos superó al de grupos de mayor edad en Brasil el mes pasado al subir a más de 11 mil, 52 por ciento del total, según el Proyecto UCI.

Estados Unidos informó de un nuevo hito en la vacunación con un récord de 4.6 millones de dosis administradas en las últimas 24 horas.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel lamentó el fallecimiento de una niña de cuatro años, diagnosticada con Covid-19 y afectada por un tumor abdominal, siendo este el primer caso de un menor de edad que pierde la vida en la isla desde que se declaró la pandemia.

El saldo de la pandemia en el mundo es de 135 millones 756 mil 507 contagios, 2 millones 932 mil 192 muertes y 77 millones 204 mil 630 recuperados.

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Crisis medioambiental: provoca casi una de cada cuatro muertes en el mundo

Según un reporte de la OMS, son 12,6 millones de fallecimientos que responden a condiciones insalubres del medio ambiente.

 

El mismo informe de la Organización Mundial de la Salud aclara que representa el 23% de las muertes en el mundo, debido a causas como la insalubridad del medio ambiente, de las cuales el 65% (8,19 millones) son debido a un centenar de enfermedades no transmisibles o traumatismos consecuentes de diversos factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta.

Todos estos "riesgos ambientales" son provocados por la depredación sobre todo de las grandes empresas imperialistas. Algo que la OMS no se ocupa de aclarar.

Ya en 2017 se producían 1,7 millones de muertes infantiles por las mismas causas. Una aberración producida por este sistema capitalista.

Por ejemplo, las olas de calor y frío extremos también son producidas por el cambio climático.

Frente a esto se alzaron muchas voces de científicos y miles y miles de activistas movilizados en todo el mundo que advierten sobre la emergencia climática por ejemplo, factor que está poniendo en peligro todo tipo de vida en nuestro planeta.

La misma pandemia que estamos atravesando es producto, como advirtieron muchos expertos, del corrimiento de las fronteras agrícolas que provocó la cercanía de animales con personas (que hasta ese momento no tenían contacto con humanos u otros animales cercanos a ellos)

Miércoles 7 de abril | 21:46
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El bolsonarismo cruje Entrevista a Sergio Lirio

Las renuncia de los comandantes de las tres fuerzas, las dimisiones ministros y la crisis sanitaria configuran una nueva crisis múltiple en el gobierno de Bolsonaro, enfrentado al fantasma del impeachment. Todo esto tiene como contexto la vuelta al ruedo político de Luiz Inácio Lula Da Silva. 

 

Los recientes cambios de gabinete en Brasil y la renuncia simultánea de los comandantes de las tres fuerzas armadas informan de una crisis profunda en el sistema de poder construido por Jair Bolsonaro desde 2018, en medio de una profunda crisis sanitaria. El negacionismo de Bolsonaro respecto de la pandemia de covid-19 se suma a una incompetencia más amplia para gestionar el aparato del Estado. Es esta última la que esta provocando el alejamiento de sectores de la elite. «Muchos querrían un bolsonarismo sin bolsonaro», dice Sergio Lirio, jefe de redacción del semanario Carta Capital en esta entrevista con Nueva Sociedad. Y esto ha provocado que el mandatario dependa cada vez más del denominado centrão, partidos alineados con el mejor postor que controlan el Congreso. Pero los crujidos actuales en el bolsonarismo se vinculan también a la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al ruedo político, tras la anulación de sus causas por la Corte Suprema brasileña.

¿Qué explica la crisis militar y cuál es, en su opinión, su profundidad? Algunos medios titularon que es la peor crisis con los militares desde 1977.

En 1977, efectivamente, el presidente Ernesto Geisel exoneró al general Sílvio Frota, que se oponía a su proceso de apertura lento y gradual. Pero incluso dentro de la dictadura no hubo algo tan explícito como ahora. Durante el gobierno de José Sarney hubo dimisiones por cambios ministeriales y en el segundo gobierno de Lula hubo amenazas de dejar los cargos por parte de los comandantes de las tres fuerzas, durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad de los crímenes de la dictadura. 

Pero, ¿qué pasó ahora? No hay que olvidar que los militares son uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro junto con los sectores financieros y el agronegocio. Es la coalición social que le dio el golpe a Dilma Rousseff. La expectativa era que Bolsonaro llevara adelante una agenda ultraliberal y recuperara la imagen de los militares, erosionada desde la dictadura. Ni durante la dictadura los militares brasileños ocuparon tantos cargos como con Bolsonaro. Son unos 6.000 militares en puestos en la administración en diferentes niveles. Hasta la Casa Civil (equivalente al jefe de gabinete de ministros) es dirigida por un militar. Presiden Petrobras, presiden Furnas, la mayor generadora de energía de América Latina. Incluso hijos e hijas o esposas de militares ocupan cargos en diferentes escalafones del Estado. Los militares tuvieron su propia reforma previsional, mucho más favorable que para la mayoría de los brasileños. Entonces, la pregunta sería ¿para qué un golpe militar si el de Bolsonaro ya es un gobierno militarizado? Sería, además, una aventura con altísimos costos.

El problema para los militares, pero también para los otros grupos de poder que apostaron por Bolsonaro, es que su gobierno es un desastre absoluto. La economía, bajo el ministerio del ultraliberal Paulo Guedes, es una calamidad. Para peor, cuando llegó la pandemia Bolsonaro se mostró contrario, de manera hiperbólica, a todas las medidas de distanciamiento social. Los resultados en términos sanitarios fueron tan terribles que hoy Brasil es uno de los países con mayor cantidad de muertes. Además, la diplomacia brasileña fue un fracaso absoluto, nunca fue tan ideológica, tan terraplanista, que con Ernesto Araújo como canciller. Terminó perjudicando incluso la posibilidad de hacer negocios. 

Mientras estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, si bien no era un aliado completo de Brasil, protegía a Bolsonaro, que se iba volviendo un paria en el concierto internacional. Pero eso cambió con la llegada de Joe Biden. Ahora Brasil ya no es solo paria sino una amenaza internacional. Más de cien países impiden la entrada de brasileños. Ya pasamos las 300.000 muertes y podríamos llegar a 500.000. Pero no solo hay un rechazo internacional a su política sanitaria, también a su política ambiental, por ejemplo respecto de la Amazonia. Desde el punto de vista interno, el ingreso de emergencia de 600 reales aprobado por el Congreso, impidió en el primer año de la pandemia que la economía cayera más aún (4,1% en 2020) y que las personas cayeran en una tragedia mayor. Pero ahora el monto de esas transferencias será menos de la mitad. Por todo eso Bolsonaro está perdiendo apoyo tanto entre las elites como entre la población. 

En este contexto, intentó llevar a las fuerzas armadas a una escalada autoritaria. Se repitió tanto estos días que no había posibilidad de golpe que todo el mundo sospechó lo contrario. Básicamente, el presidente quería que el general Edson Pujol se manifestara contra la decisión de la Corte Suprema de devolverle los derechos políticos a Lula. El último domingo de marzo, Bolsonaro dijo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son nacionalistas y están del lado del pueblo, lo que significaba que estarían del lado de él. En medio de un caos sanitario y administrativo -Brasil ya tiene el cuatro ministro de salud en cuatro años- quería que los militares lo apoyen para poner en pie una especie de estado de emergencia que le diera más poderes. Las fuerzas armadas dijeron no, al menos no ahora, y se mantuvieron leales a la Constitución.

El problema es que a diferencia de otros países, como Argentina, donde los crímenes de la dictadura fueron juzgados y el pasado fue analizado y discutido, en Brasil la ley de amnistía generó una especie de equilibrio entre el poder militar y el poder civil. Por eso, las Fuerzas Armadas terminan por estar encima de la Constitución, encima de las leyes. Ese es el problema más grave de la democracia brasileña. 

Hace poco hubo una carta de sectores de la elite económica que criticaba al gobierno de Bolsonaro. ¿Hasta dónde llega este distanciamiento?

Esa carta es muy significativa porque está firmada por varios banqueros, entre ellos los dos principales accionistas del banco Itaú, y por varios economistas neoliberales. Hay un sector del empresariado, anticuado e histriónico, que se beneficia de la mano de obra barata, que sigue siendo bolsonarista. Pero los sectores industriales más dinámicos cada vez quieren menos a Bolsonaro. Ellos querrían un bolsonarismo sin Bolsonaro. El gobierno es tan incompetente que ni siquiera puede garantizar las reformas que ellos querrían. Por ejemplo, la reforma provisional, una de las pocas que se aprobó, salió porque el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, la hizo pasar. Pero otras, como la profundización de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer, o directamente la destrucción del modelo social instaurado por la Constitución de 1988, que de todos modos nunca se aplicó demasiado, siguen pendientes.

A eso se suma el desastre en la gestión. Bolsonaro acabó asociando el proyecto económico liberal a su locura, a su incompetencia, a su autoritarismo. Por eso, el de Bolsonaro es un gobierno disfuncional que terminó por transformar a Brasil en un país odiado. No solo por los Estados Unidos de Biden o por China; también nos alejamos de Rusia y de la India. Y los exportadores sufren esto. Por eso muchos en la elite buscan un candidato centrista, lo que no parece fácil. Ellos se dan cuenta de que Bolsonaro puede terminar por abrir paso a una posible vuelta de la izquierda en 2022, y eso es a lo que más temen. Lo que pasó estos días tiene que ver con esta presión. 

La aprobación de Bolsonaro ronda el 30%. Bolsonaro ya no piensa más en gobernar. Solo busca no sufrir un impeachment y llegar entero a 2022, al menos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Relacionados esto, ¿Bolsonaro quedó como una suerte de rehén del centrão, que controla el Congreso y tiene la llave del juicio político?

El centrão está aumentando su influencia en el gobierno; el centrão es más competente que Bolsonaro. Fue el Congreso el que echó a Araújo y podría tumbar a Ricardo Salles, el ministro de medio ambiente. Quizás no ahora, pero sí en un futuro próximo. Salles es otro de los peores ministros del gobierno, de los más terraplanistas. En el centrão son los viejos zorros de la política brasileña: negocian cien y entregan cincuenta. El centrão fue también muy importante en el sostenimiento del gobierno de Lula y del primer mandato de Dilma. El estilo de Bolsonaro, que es consciente de sus limitaciones intelectuales, e incluso es un sociópata, es dar golpes en la mesa. Con el centrão eso no funciona.

Bolsonaro necesita potenciar todo el tiempo los conflictos (con la izquierda, con la prensa, con los movimientos sociales…). El centrão, por el contrario, opera entre bastidores. Y no va a atar su suerte a la de Bolsonaro. Así funciona la política brasileña.

¿Cómo ve la candidatura deLula da Silva? ¿Podrá mantener su fuerza después del «efecto Lula» que generó la anulación de sus condenas?

Mucho de lo que está pasando se vincula con la recuperación de los derechos políticos de Lula y de su vuelta al ruedo político. El hecho de que el juez Sérgio Moro fuera declarado «parcial» al condenar a Lula, genera en mucha gente la sensación de que Lula sufrió una injusticia. Incluso Bolsonaro modificó algunas de sus actitudes respecto a la mascarilla o la vacuna después del regreso de Lula, que busca presentarse como un anti-Bolsonaro. Hasta cambió el ministro de salud, el general Eduardo Pazuello. 

La vuelta de Lula fue triunfal, pero su nombre sigue generando rechazo en gran parte de la población, no solo en la elite. Muchos en el Partido los Trabajadores (PT) minimizan el antipetismo. Pero en mi opinión, Lula, además de unir a la izquierda, deberá hablar con sectores más amplios de la sociedad. Una «solución argentina» -buscar a otro candidato y no ir el a la cabeza- no parece probable. El ex-presidente ya dejó claro que será candidato. Pero el camino será largo. Falta mucha reflexión en el PT, mucha explicación, mucha conversación. La imagen que se construyó del PT como un partido corrupto no es borrada automáticamente por la incompetencia de Bolsonaro, aunque haya generado una degradación tan grande, tan amplia y simultánea en tantas esferas –política, social, intelectual– como hemos visto en esta década.

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Miércoles, 31 Marzo 2021 05:33

Bolsonaro, gobierno agotado

Bolsonaro, gobierno agotado

Un día después de haber cesado al ministro de Defensa, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció la destitución del pleno de la cúpula de las fuerzas armadas, una decisión sin precedente en la historia de Brasil. A las salidas del ex ministro Fernando Azevedo e Silva, el general Edson Pujol (ejército), el almirante Ilqes Barbosa (marina) y el brigadier Antonio Carlos Bermudes (aeronáutica), se suman los despidos del canciller Ernesto Araújo, así como de los titulares de Justicia, de la Abogacía General de la Unión (AGU) y de la Secretaría de la Presidencia. Apenas el 15 de marzo, el cardiólogo Marcelo Queiroga se convirtió en el cuarto ministro de Salud desde que se inició la pandemia.

Esta cascada de movimientos en las fuerzas armadas y el gabinete civil debe interpretarse en tres direcciones. En primer lugar, responde a las crecientes presiones para que se dé un cambio de rumbo en la desastrosa gestión de la pandemia, que ha llevado al país a convertirse en el foco central de propagación del coronavirus, hasta el punto de que hoy proviene de Brasil uno de cada siete nuevos casos reportados a escala mundial. En un contexto en que casi cada día se baten récords de contagios –con más de 100 mil el jueves 25– y muertes –3 mil 780 el lunes 29–, resultaba ya insultante para la población mantener en el cargo al canciller Araújo, cuya alineación fanática a los dictados de Washington impidió la llegada de vacunas desarrolladas en China y Rusia, con un costo incalculable en vidas.

Por otra parte, las sustituciones parecen reflejar la necesidad del mandatario ultraderechista de crear espacios en la estructura gubernamental para sus nuevos aliados en el Congreso, un bloque conservador oportunista conocido como centrão (gran centro), el cual se caracteriza por facilitar votos legislativos al mejor postor. Por último, pero relacionado con lo anterior, se anticipa que Bolsonaro buscará rodearse de incondicionales de cara a una turbulenta segunda mitad de su mandato, en la cual deberá sortear tanto la acelerada erosión de su popularidad entre la ciudadanía, como la pérdida de apoyos entre una parte de la derecha tradicional que lo aupó al poder en las elecciones de 2018.

Está por verse si estas maniobras permitirán al presidente sortear la debacle causada por su rotunda incapacidad para entender la función de un gobernante y para ejercer su cargo como algo más que el jefe de una empresa familiar mafiosa. De persistir en las actitudes desplegadas hasta ahora, ningún cambio de cuadros impedirá que la mayor economía latinoamericana se suma en una crisis política de consecuencias imprevisibles, en la cual incluso está sobre la mesa la posibilidad de que Bolsonaro no logre mantenerse en el Palacio de Planalto hasta el final de su mandato.

Más allá de las excentricidades personales del jefe de Estado, la tragedia que ha significado su gestión es un contundente recordatorio de que el modelo neoliberal está agotado y de que cualquier intento por revivirlo se encuentra abocado al fracaso, como ya mostraron los casos de Mauricio Macri en Argentina, la traición de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana en Ecuador y el efímero gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez en Bolivia. Estos experimentos para reimplantar el neoliberalismo, mediante diversas combinaciones de golpeteo mediático, judicialización de la política y uso de la fuerza, han sido removidos por el voto popular, pero el sufrimiento humano y el desmantelamiento del Estado que han dejado tras de sí subrayan la importancia de cerrar el paso a los proyectos ansiosos de volver a lógicas de saqueo de los bienes públicos, sumisión a los designios de Washington y concentración criminal de la riqueza.

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Sábado, 27 Marzo 2021 08:26

Tapar el sol con el dedo

Tapar el sol con el dedo

En uno de los confines del mundo, alrededor del círculo polar ártico, se está llevando a cabo una lucha que nos afecta a todos. Pueblos indígenas de la región y organizaciones ambientalistas suecas e internacionales se oponen enérgicamente a un experimento para avanzar la geoingeniería solar, una propuesta tecnológica de alto riesgo. A gran escala, tapar parte de los rayos del sol con nubes artificiales podría causar sequías y otras alteraciones en los trópicos, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentación de miles de millones de personas. Un proyecto de la Universidad de Harvard, financiado por Bill Gates y otros billonarios, pretende usar el territorio del pueblo indígena Saami en Kiruna, Suecia, para realizar un experimento de esta tecnología (https://tinyurl.com/y5ut32y4).

El 24 de febrero, el Consejo Saami, que reúne a los pueblos saami de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, manifestó su oposición a dicho proyecto y exigió al gobierno sueco cancelar el experimento (https://tinyurl.com/f4ektwdj) por falta de consulta previa y consentimiento de sus pueblos. También porque el experimento es para desarrollar una tecnología muy peligrosa que afectaría a todo el planeta, por lo que señalan que no es papel de un grupo de Harvard o algunos gobiernos decidir sobre ella.

Aunque la geoingeniería todavía aparece para mucha gente como ciencia ficción, el juego geopolítico y las implicaciones del desarrollo de la tecnología son una amenaza muy real y que avanza rápidamente.

En ese camino, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, acaba de mover otra pieza en el escenario global. El 25 de marzo publicó el informe Reflecting Sunlight(Reflejar la luz solar) donde recomienda que el gobierno de ese país debe asignar inmediatamente 100 a 200 millones de dólares para avanzar en la investigación y experimentación con geoingeniería solar y cómo se debe gobernar (https://tinyurl.com/yut5patf). Esa inversión multiplica de cinco a 20 veces la financiación pública para investigación en geoingeniería de gobiernos como la Unión Europea, China, Rusia y Corea. No obstante, la mayor inversión en el desarrollo de geoingeniería es de los supermillonarios, encabezados por Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk y otros titanes tecnológicos (https://tinyurl.com/32d38zyx).

Según Raymond Pierrehumbert, profesor de la Universidad de Oxford y autor principal de reportes globales del IPCC, el nuevo informe no aporta mayor información científica a la que ya existía en otro anterior sobre geoingeniería, publicado por la Academia en 2015. Claramente, el mensaje principal ahora no es científico, sino político.

Se trata de un intento de legitimar la experimentación a campo abierto de esta riesgosa tecnología, tal como el que pretenden hacer en territorio saami y desde antes en otros territorios indígenas desde Arizona y Alaska a Canadá y Australia. Al mismo tiempo, asegurar que Estados Unidos (gobierno, empresas, academia) lidere tanto las inversiones en geoingeniería, como la definición de quién decide sobre ella. Que haya subsidos públicos es también una forma de “blanquear”el dinero que invierten los billonarios, haciéndolo parecer pertinente.

El informe de la Academia reconoce que la geoingeniería solar es altamente peligrosa e injusta, ya que conlleva impactos desiguales: mientras algunos países se beneficiarían con la disminución de los picos de temperatura, otros sufrirán sequías y más desequilibrios climáticos.

Por sus altos riesgos, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), estableció en 2010 una moratoria al despliegue de la tecnología y un llamado a extrema precaución y a cumplir con una serie de condiciones previas –como un mecanismo multilateral de gobierno y consulta previa a pueblos indígenas y comunidadeslocales– consulta que aplica también a los experimentos a pequeña escala.

Para evadir esta y otras decisiones de Naciones Unidas –Estados Unidos no es parte del CDB, pero la geoingeniería tiene alcance global–, el informe pretende colocar otras reglas de juego: que se establezcan sistemas de gobierno a la investigación y experimentación, por iniciativa de Estados Unidos, pero que serían “internacionales” invitando a otros países (a su antojo) a discutir, para lograr una decorativa muestra de diferentes regiones. Incluyendo también a los actores privados que tienen intereses en geoingeniería.

Esta propuesta es un intento de sabotaje a las decisiones multilaterales y por consenso de todos los países, que es como funciona, por ejemplo, el CBD. En el caso de la geoingeniería la decisión por consenso de todos es un requerimiento mínimo, ya que necesariamente habrá países que serían afectados negativamente.

Åsa Larsson Blind, del Consejo Saami en Suecia, manifestó: “La geoingeniería solar se opone totalmente a la cosmovisión del pueblo saami y va contra de lo que tenemos que hacer: transformar el planeta a sociedades sin emisiones de carbono y en armonía con la naturaleza. Este informe [de la Academia de EU] plantea avanzar una tecnología que conlleva peligros existenciales, con el falso argumento de que sería un plan B para el cambio climático. Si los gobiernos no son capaces de manejar la crisis climática con soluciones reales ahora, menos aún podrán manejar los enormes riesgos e injusticias de la geoingeniería”. Importante apoyar esta lucha que nos concierne a todas y todos.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

Jueves, 25 Marzo 2021 05:42

Palabra y gesto

Palabra y gesto

Lo que no muere en la pandemia

En el último tiempo pienso en que la pandemia trajo aires de muerte por todos lados. Todxs estuvimos o estamos más cerca de ella en este último tiempo. A veces puedo hasta dejarme llevar por esa idea de “total, todxs nos vamos a morir”. Y no. O sea, sí. Todxs nos vamos a morir algún día. Pero mientras tanto ¿qué? ¿Cómo situarse, posicionarse, en esta vida pandémica con la muerte parada en la esquina? ¿Cómo transitar esta vida que cada día nos recuerda, con mayor intensidad, que la muerte es parte de ella? No crean que tengo respuestas, pero vengo reflexionando al respecto.

Releo seminarios de Lacan y algunos textos de Freud, trato de encontrar en ellos la respuesta. No está. Nadie tiene la posta. Sin embargo, han sabido construir conceptos y generar una transmisión que colaboran profundamente con mis pensamientos y con el de muchxs otrxs analistas y colegas.

Somxs mortales. Somxs humanxs, estamos atravesadxs por la cultura, el lenguaje y el uso del símbolo crea un nuevo orden del ser. En el mundo de la palabra, el mundo humano, todo lo que instaura es una realidad en la realidad.

En el Seminario I (1953-54) Lacan retoma la Fábula de Ulises, precisamente cuando es protagonista en “La odisea”. Si la recuerdan, este texto da cuenta del recorrido de Ulises desde la guerra de Troya hasta sus tierras. Recorrido complejo, arduo, dura como 10 años y está lleno de obstáculos. Lo que recorta Lacan es el momento donde Circe (una mujer que hacía hechicería en la Isla de Eea) transforma a su tripulación en cerdos. Dirá que a partir de allí estos cerdos emiten gruñidos, conformando una comunidad, una sociedad, se comunican y comunican mediante gruñidos sus necesidades: si tienen hambre, sed, y también sus cuestiones anímicas.

Lacan se pregunta: ¿son mensajes estos gruñidos? ¿Cómo reconocer que en esos gruñidos hay palabras? Dice escuchar en los gruñidos de los cerdos que “extrañan a Ulises”; sin embargo, esa misma tripulación estaba bastante cansada de Ulises y sus exigencias. Ahora bien, también Ulises era destacado por su astucia. Por lo tanto, dirá Lacan, esos gruñidos son ambivalentes: ¿quieren volver a ver a Ulises, lo aman? O ¿añoran su astucia para que los libere de su actual animalidad?

Esta ambivalencia, dice Lacan, demuestra que hay dudas acerca de lo que los gruñidos comunican. Pero ¿alcanza esto para pensar el gruñido como palabra? La verdad es que no.

Un gruñido solo se transforma en palabra cuando alguien se pregunta ¿qué quiere decir eso? “Una palabra solo es palabra en la exacta medida en que alguien crea en ella", dicen Lacan.

Creer y crear palabra, ¿el único modo de transformar dolor en alguna otra cosa? Podemos convenir en que hay experiencias de la vida humana que son bellísimas de vivir, que el placer no se agota en el dolor ni viceversa, que a veces, parafraseando al Indio, el infierno está encantador pero que también a ese infierno habrá que nombrarlo para poder tomar decisiones (por más dolorosas que puedan ser). El análisis me enseñó algo fundamental: la palabra es el medio para poder nombrar los afectos que estrujan el alma y que desbordan al aparato psíquico.

Alojar los gruñidos y preguntarse ¿qué quiere decir eso? ¿por qué gruñe (o gruño) así? Eso sí es posible, siempre y cuando, exista ese Otro que crea en que ese gruñido tiene algo para decir, contar, es palabra. La palabra tiene una función creadora, crea el mundo en el que vivimos; sigamos gruñiendo porque si bien es cierto que Dios ha muerto todavía hay un Otro que cree que seguimos siendo humanxs.

Por último, quisiera resaltar --porque me invade la pregunta-- ¿y el "gesto"? ¿no nos hace humanxs, tanto como la palabra? ¿qué pasa con el gesto? ¿no es cierto que existen gestos que alivian el alma? Gestos que no son palabras (o que a veces podrían serlo, como no). La palabra está afectada. El gesto es parte de ese afecto, un gesto del Otro es un don que recibo que en el mundo humano tendrá diversas significaciones. Como dice mi colega Leila Wainzek (2019), "la ternura en tanto afecto primordial y estructurante del psiquismo humano bajo la forma del gesto de amor (...) instaura al sujeto de lo inconsciente en el seno de un tipo particular de lazo de amor al Otro, es decir, entre “lo íntimo” del gesto humano (...) y “lo común” de las subjetividades de una determinada sociedad, comunidad y cultura".

Eso "íntimo" del gesto humano que nombra la autora es lo que reúne "lenguaje, cuerpo y afecto" (Wainzek, 2019). De este modo, podríamos decir que para no morir tanto cada día habrá que seguir apostando a la palabra y al gesto de amor. Si ser humanxs es habitar la cultura, no podríamos quedarnos por fuera del gesto lenguajero, esos con los que andamos por la vida y de los que también estamos hechos; no es un slogan del estilo "más amor por favor" o "todo lo que necesitas es amor", dejemos de sobrecargar el concepto de amor rellenandolo de "chucherías". El gesto de amor que anuda el lenguaje con sus palabras hace cuerpo en el lazo social. Somxs también esos cuerpos, los que ya no están, los que han desaparecido, los que viven día a día luchando por una causa, etc, somxs cuerpo hecho de discursos y de gestos. Por supuesto, existen otros gestos, pero me interesa el gesto de amor porque es el único que comporta la potencia de aliviar el alma cuando la muerte está en la esquina y nos ataja los penales que, ineludibles, van a hacer gol alguna vez.

María Florencia González es psicoanalista. Docente UBA. Investigadora UBACyT.

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Vista aérea muestra a sepultureros llevando un ataúd en Vila Formosa, Sao Paulo. 23 de marzo de 2021Foto: Amanda Perobelli / Reuters

El gigante suramericano reportó 3.251 fallecidos en 24 horas y se aproxima a los 300.000 decesos en total desde el inicio de la pandemia.

 

Brasil alcanzó este martes un nuevo pico máximo de muertes diarias por covid-19, al notificar 3.251 fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de la nación (CONASS), que en su reporte del 23 de marzo notificó además otros 82.493 casos positivos. 

De acuerdo al informe, son 298.676 las personas que perdieron la vida por causas asociadas a la enfermedad desde el comienzo del brote sanitario, mientras que los infectados hasta la fecha suman 12.130.019. 

Apenas dos horas después de conocido el balance de la epidemia, el presidente Jair Bolsonaro habló por cadena nacional de radio y televisión, para destacar los resultados de su gestión en el combate a la pandemia. "Quiero tranquilizar al pueblo brasileño", dijo el mandatario luego de ponderar que el país se encuentra en quinto lugar a nivel mundial en cuanto a personas vacunadas por habitante.

"Las vacunas están garantizadas. Para fin de año, habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy pronto, retomaremos nuestra vida normal", dijo el líder derechista en su discurso. 

A pesar de ello, en las calles de las ciudades más importantes y más afectadas por el virus, como Sao Paulo y Río de Janeiro, hubo una reacción inmediata. Con un cacerolazo masivo, buena parte de la población pidió la renuncia de Bolsonaro en repudio a la conducción de la crisis de salud. 

Al ruido de las cacerolas que se oían desde las viviendas, y que fue ampliamente difundido a través de videos en redes sociales,  se sumaron los gritos de vecinos que acusaban al jefe de Estado de "asesino" y "genocida". 

Este lunes, el mandatario, centro de las críticas opositoras por la gestión de la pandemia, volvió a rechazar públicamente la aplicación de un confinamiento de alcance nacional, y pidió dejar sin efecto las cuarentenas dictadas por los gobernadores departamentales. 

Sin embargo, el mandatario se topó este martes con un contundente fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que rechazó dejar sin efecto los decretos aprobados por los gobiernos del Distrito Federal y los estados de Bahía y Rio Grande do Sul, que decidieron imponer medidas de aislamiento social para frenar el fuerte avance del coronavirus.

En su resolución, el juez Marco Aurélio Mello, le recordó a Bolsonaro que "la visión totalitaria" no tiene cabida en los "aires democráticos" actuales y que, como presidente del país, "es responsable de un liderazgo más amplio" y de "la coordinación de los esfuerzos dirigidos al bienestar de los brasileños".

Publicado: 24 mar 2021 01:33 GMT

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‘Defund the police’: el final de la policía en EE UU y el principio de una seguridad pública radical

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial, auguran desde los movimientos ciudadanos que exigen recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social.

 

Una mezcla de incredulidad e ira alumbró Ferguson, Misuri, dos veces en 2014. La primera fue después de que, en verano, el agente Darren Wilson disparase mortalmente varias veces a Michael Brown, de 18 años. La segunda, cuando en noviembre se supo que Wilson no sería procesado. Fue entonces cuando la administración Obama decidió mover ficha para atajar políticamente el problema policial. El resultado fue una comisión de expertos que, meses después, haría públicas 59 recomendaciones que parecían poder rebajar la mortalidad a manos de las fuerzas del orden. No fue así. The Washington Post comenzó en 2015, y tras observar deficiencias en los datos del FBI, a registrar las cifras, que se han mantenido estables en torno a los mil muertos al año. La proyección de 2021 parece confirmar la media: en mes y medio ya son 98.

Es precisamente tras uno de los asesinatos que engrosan esa tenebrosa estadística, el de George Floyd en Mineápolis el pasado mayo, cuando el movimiento alrededor del eslogan “Defund the Police” empezó a tomar impulso mediático y político. El objetivo: recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta, a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social. “Durante los últimos seis meses, ha habido campañas que, en unas veinte ciudades, han conseguido una desinversión policial de 840 millones de dólares y que, al menos, 160 millones se redirijan a las comunidades”, afirma Woods Ervin, de Critical Resistance, una de las organizaciones abolicionistas que integran la constelación del movimiento.

Austin o Seattle son algunas de las últimas ciudades que se han sumado a modificar su presupuesto municipal redirigiendo fondos policiales a, por ejemplo en el caso de la primera, comprar y mantener un hotel para el alojamiento de personas sin hogar. Para Critical Resistance, “estos recortes son un porcentaje relativamente pequeño de los 100.000 millones gastados anualmente en policía en el país, pero representan un buen avance, un giro en la tendencia”. “Oakland consiguió expulsar a la policía de las escuelas”, añade el sociólogo Alex Vitale. Se libera así una dotación de 2,5 millones de dólares que puede ser aprovechada en equipos de orientadores sociales o infraestructura educativa.

Vitale, autor de uno de los ensayos de referencia sobre el tema, que llega esta primavera traducido al castellano como El fin de la policía (Capitán Swing, 2021), hace una enmienda a la totalidad. “El movimiento Defund the Police es una expresión del rechazo a enfocar los problemas mediante reformas policiales. No creo que este sistema policial sea reformable. Lo que mucha gente está señalando es que incluso cuando la policía está actuando de acuerdo a procedimientos correctos, sigue siendo la herramienta errónea para una vasta mayoría de situaciones a las que se aplica”, sostiene desde Nueva York, un escenario difícil para la lucha contra la violencia uniformada.

Para él, el verano pasado dejó al descubierto también las diferencias de tempos políticos entre aquellas ciudades que tenían movimientos de base coordinados y aquellas en las que las organizaciones apenas empezaban a funcionar para presionar más intensamente por menos policía. “Esta ciudad —explica— es un ejemplo de lugar donde la mayoría de grupos preocupados por el problema policial estaban todavía hablando de reforma. Aquí no ha habido una acción coordinada en pro de alternativas. Se consiguió muy poco en ese sentido en el último presupuesto de la ciudad. Demasiados políticos o bien temen al departamento de policía, o bien a quienes apoyan a la policía en sus propios distritos. Esto ocurre porque no ha habido tanta organización a nivel vecinal hasta ahora, cuando sí empieza a haber una que pone al departamento de policía bajo un montón de presión. Seguramente haya una gran batalla sobre esto en el próximo presupuesto”.

La reforma, cristalizada en ocasiones como el exceso o negligencia de agentes concretos, es también rebatida desde Critical Resistance. “El problema de la teoría de las manzanas podridas es que, si se piensa que hay algo que no funciona en el entrenamiento o la dotación policial, se justifica que se les dé más dinero”, afirma Ervin. “Creo que el cambio que hemos visto en unos años, que va desde la petición de cuentas legales a los agentes, al movimiento para desinvertir en policía, es muy importante. Nuestra posición es presionar en pos de la idea de que la policía no es reformable y que la desinversión es una estrategia hacia su abolición, pero también hacia priorizar el bien común, el bienestar. No estamos a favor de la austeridad, queremos que ese dinero se invierta, y de hecho en mayor cantidad, pero no ahí”.

Garantes de un sistema quebrado

Las alternativas implican un cambio radical a la hora de abordar la seguridad pública. No una mejor —o incluso menor— policía, sino otro enfoque político ayudado por un impulso social del presupuesto. En palabras de Vitale, “no se trata de reemplazar a la policía con otras instituciones que recreen su labor, sino evaluar qué retos tenemos en cada comunidad. Ver si existe, por ejemplo, un problema de violencia juvenil, o de sobredosis, o de robos, o de absentismo escolar. Cada uno de ellos necesitará un tipo diferente de solución. No necesitamos respuestas policiales de alta calidad a crisis relacionadas con la salud mental, sino respuestas críticas que no implican a la policía. No necesitamos agentes con mayor diversidad, o mejor entrenados, en el departamento de narcóticos; necesitamos acabar con la guerra de las drogas y devolver la cuestión a las autoridades competentes en salud pública”, defiende.

O incluso, como apunta Ervin, puede que “a veces haya situaciones que no necesitan una respuesta” que involucre al cuerpo armado. Prefiere hablar de “inversión estructural, como en el caso de la vivienda. O si hubiera mayor dotación en cuanto a salud mental, habría menos llamadas referentes a episodios de este tipo, por ejemplo en la calle”.

Ambas fuentes coinciden en resaltar la conexión entre el sufrimiento psíquico con algunos casos de actuación policial. Según un estudio publicado por la gubernamental Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entre un 6 y un 10% de los contactos que el cuerpo armado tiene con la población son con personas que sufren trastornos de gravedad. Y estas son alrededor de un 20% de las víctimas mortales anuales de los disparos de los agentes.

Solo desde el inicio de la pandemia, cualquier estadounidense que haya querido ha podido ver en los medios cómo la policía de Rochester, Nueva York, redujo hasta la asfixia mortal a Daniel Prude la misma noche en que atravesaba por un episodio psicótico. O a Nicolás Chávez, baleado más de veinte veces entre 28 policías durante una crisis en Houston. O a Linden Cameron, un chico de 13 años con síndrome de Asperger tiroteado una decena de veces en Salt Lake City.

Desde Critical Resistance recuerdan que un contexto más profundo puede encontrarse en los recortes a la salud mental perpetrados por la administración Reagan. El republicano tardó solo un año en tirar por la borda la Mental Health Systems Act de Jimmy Carter que proyectaba un mayor gasto federal para una red especializada. Durante la llamada “desinstitucionalización” de pacientes en los años 80, muchos quedaron expulsados del sistema sanitario, desprotegidos, quedando a merced de la amenaza del sinhogarismo y la criminalización.

 “Soportamos cuarenta años de austeridad neoliberal promovida por ambos partidos. Los alcaldes han confiado en la policía para manejar las consecuencias económicas de ese modelo, como son una inmensa desigualdad, precariedad o inseguridad material, un sinhogarismo masivo, una salud mental sin tratar o el abuso de sustancias. Y se dota de más dinero a la policía para continuar desarrollando esa estrategia neoliberal”, indica Vitale, antes de desarrollar ampliamente esa idea: “En este país se ha convertido cada problema, especialmente en las comunidades con bajos ingresos y en las racializadas, en algo a manejar por parte de la policía. Ese modelo reproduce las desigualdades de raza y clase que atraviesan este país. Llevamos décadas bajo el mito policial de que ellos son la única fuente capaz de proporcionar seguridad pública. En las comunidades de clase media se teme a la gente de fuera de ellas, y se recurre a la policía para ello, y en las comunidades más pobres sucede igual pero con parte de la propia gente que vive allí. En estas comunidades hay mayor receptividad a las alternativas policiales porque es donde se ha experimentado la problemática policial mucho más que en las de clase media, donde la policía es a menudo una abstracción y no hay apenas vivencias de primera mano con su intervención. Muchos activistas tratan de hacer hincapié en que cuando confías tu propia seguridad pública en la policía eso está liberando más respuesta policial sobre otra gente. Necesitamos que la gente tome conciencia sobre la responsabilidad que tienen en habilitar ese modelo y lo que implica”.

Ervin lo concreta en el caso de la población afroamericana, que incluso ha extendido el uso de la expresión “calling the police on black people” para designar la facilidad con la que algunas personas blancas telefonean a esta fuerza armada en situaciones cotidianas, sesgados por una sospecha racista.

Los humoristas Trevor Noah y Dulce Sloan expusieron en su programa algunos de estos delirantes casos —que pueden desembocar en escenas violentas o traumáticas para sus víctimas—, dejando constancia además del agravante de que en varios episodios fueran niños de ocho y nueve años sobre quienes se pidió actuación policial. El primero rozó con su mochila a una mujer en una tienda y esta pensó que se trataba de una agresión sexual. El niño simplemente vendía botellas de agua en la calle para costear un viaje a Disneyworld. “Creo que este país —opina Ervin— está empezando a ser consciente de a qué temprana edad empieza esta rapidez en llamar a la policía contra personas negras. Es algo que ocurre, es un lugar común. Para nuestra organización, la policía ha servido para manejar un sistema racista desde su creación”. Si volvemos a la estadística, las personas negras tienen una tasa doblemente mayor que las blancas en cuanto a mortalidad por disparos de la policía, constituyendo el 13% de la población total de Estados Unidos.

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial desde arriba, coinciden Critical Resistance y Vitale. “Tanto Biden como Obama criticaron el eslogan ‘Defund the Police’. Seguramente Joe Biden y Kamala Harris lleven a cabo reformas que entorpezcan el movimiento progresista en torno a la policía y la política penitenciaria”, prevé Ervin. “El propio Biden dejó claro que no apoyaba este enfoque. De hecho, él es uno de esos políticos que se ha sostenido en el modelo policial para llevar a cabo la estrategia neoliberal. Tiene en el departamento de Justicia a varias personas que proceden de aquella fallida reforma y han mostrado cierta apertura a otro sistema policial, pero parece que esta administración invertirá más dinero en policía. No menos”, apunta Vitale. Será una lucha, recuerdan ambos, que tendrá como motor decisivo el impulso de la organización de los movimientos de base.

Ignacio Pato

@ipatolorente

22 mar 2021 06:00

Publicado enInternacional
Viernes, 19 Marzo 2021 06:18

Vietnam, la guerra continúa

Tran To Nga encabeza una movilización en París por reclamos sobre las terribles secuelas del agente naranja en la población vietnamita COLLECTIF VIETNAM-DIOXINE

UNA VIETNAMITA CONTRA LAS MAYORES FIRMAS AGROQUÍMICAS DEL PLANETA

 

Tran To Nga se ha atrevido a llevar a la Justicia a quienes produjeron el agente naranja con el que Washington devastó el sudeste asiático y que aún hoy provoca horrores sanitarios y desastres ambientales. Su victoria cambiaría el destino de muchos.

Una tarde de 1966, cuando tenía 24 años, Tran To Nga vio cómo un avión C-123 estadounidense, que sobrevolaba a baja altura la aldea de Vietnam del Sur en la que vivía, lanzaba una carga de lo que parecían ser unos herbicidas como tantos de esos que se rocían habitualmente sobre los campos agrícolas. «¿Qué podía representar la fumigación de un banal herbicida en medio del apocalipsis que rodeaba a nuestro querido Vietnam en llamas?», escribió en su autobiografía, Mi tierra envenenada, publicada en Francia en 2016. El avión dejó «una estela blanca en el cielo azul» y en el cuerpo de Nga una sustancia viscosa, pegajosa. Su madre le gritó que se sacara de inmediato la ropa. Ella obedeció, pero no le prestó demasiada atención a lo sucedido. «Con esa ducha tóxica, sin embargo, el mal comenzó a anidar en mi cuerpo», contó en el libro. Tiempo después sería nuevamente fumigada con esa misma sustancia, cuando cubría como periodista los combates en el delta del Mekong.

Lo que los C-123 habían lanzado era una poderosísima arma química. Se la conocería como agente naranja, por la franja de ese color que atravesaba los bidones en los que se la transportaba. Durante la guerra de Vietnam, el Departamento de Defensa había concebido una serie de armas químicas a partir de sustancias como esta, a las que llamó «herbicidas arcoíris». Además del agente naranja estaban el verde, el blanco, el rosa, el violeta.

El objetivo confeso del gobierno yanqui (de los gobiernos yanquis, desde el de John F. Kennedy hasta el de Richard Nixon, pasando por el de Lyndon Johnson) era defoliar las zonas boscosas y rurales en las que los combatientes del Vietcong podían refugiarse. También privar a los campesinos vietnamitas de sus medios de sustento. El agente naranja fue la más letal de las armas usadas para ese fin. Era mucho más que la mezcla de dos herbicidas hormonales reconocida por el Departamento de Defensa. A uno de los plaguicidas que intervenía en su fabricación, el 2, 4, 5-T, se le había agregado un compuesto de dioxina, el TCDD, que lo convertía en particularmente dañino. Cuando se conoció su composición, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó entre los «peores venenos existentes» y lo calificó como «altamente cancerígeno en humanos», al igual que lo hizo el Departamento de Salud de los propios Estados Unidos. Como las dioxinas son mutagénicas, no sólo produce espantosas enfermedades en quien lo recibe en su cuerpo, sino también en su descendencia.

Entre 1962 y 1973, Estados Unidos derramó sobre Vietnam del Sur decenas de millones de litros de herbicidas y defoliantes. El agente naranja representó el grueso de las fumigaciones, alrededor del 62 por ciento. Según un informe oficial estadounidense de 2003, elaborado por la química Jeanne Stellman, el número de vietnamitas afectados directamente se situó entre 2,1 y 4,8 millones. Incalculables fueron los afectados indirectos (hijos, nietos de los fumigados). André Bouny, un francés que desde hace años investiga sobre el tema y que ha publicado libros extremadamente documentados, entre ellos, Apocalipsis Vietnam, dice que las cifras del Informe Stellman son un mínimo, que los afectados directos son «al menos» 5 millones y que Estados Unidos desparramó sobre el país asiático mucho más veneno que el que reconoce.

Vietnam estima en medio millón el número de niños nacidos con malformaciones como consecuencia del agente naranja. Hasta la tercera o cuarta generación de posguerra se hacen sentir los efectos de este veneno calificado en informes científicos de «insidioso, silencioso, invisible»: deformaciones, tumores, ausencia de algún miembro, insuficiencias cardíacas, problemas graves en la piel, ceguera, calcificaciones, abortos espontáneos son algunas de las linduras que provoca.

Bounypreside el Comité Internacional de Apoyo a las Víctimas Vietnamitas del Agente Naranja, una de las pocas organizaciones responsables de que algo de ayuda les llegue a las decenas y decenas de miles de personas que nacen aún hoy en Vietnam «con una apariencia que escapa a la morfología genérica de la especie humana» y que sobreviven aisladas, casi sin cuidados, porque «avergüenzan» incluso a sus familias, en su gran mayoría compuestas por campesinos pobres que han perdido todo y que dicen no querer, cuenta Bouny, perder también su «dignidad». «La culpabilidad personal es la clave de la existencia de estas personas», consigna un informe de fines de enero de la revista francesa Politis. «La revelación de su envenenamiento llegó demasiado tarde y algunos aún no están convencidos. Hay, todavía hoy, mucho desconocimiento y vergüenza con relación al agente naranja y sus efectos, ligados a las creencias populares: el nacimiento de un hijo deforme o enfermo sería un castigo enviado por los ancestros […]. Las parejas con uno o varios hijos malformados esperan con avidez el nacimiento de uno que no lo sea. Si no lo logran, la aldea podría excluirlos aún más de la vida social.»

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Y hubo en Vietnam también un ecocidio, un concepto nacido, precisamente, a partir de la guerra química lanzada por Estados Unidos en el sudeste asiático para describir los atentados deliberados y a gran escala contra el medioambiente. Millones de hectáreas de tierras fértiles y de selva tropical vietnamitas resultaron arrasadas y envenenadas por los herbicidas arcoíris, una contaminación que se prolonga hasta ahora. Hechos similares, en la frontera entre el genocidio y el ecocidio, pasaron en la misma época en Laos y en Camboya (véase, por ejemplo, «Vivir las bombas», Brecha, 13-I-17) como consecuencia de las fumigaciones estadounidenses, pero son países tan pobres, apunta Bouny, que no han contado con medios para documentarlos.

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Por todos esos horrores, por los padecimientos propios –que transmitió a sus tres hijas y que pasaron a sus nietos– y de muchísimos otros, Tran To Nga inició en 2014 un juicio civil contra las empresas estadounidenses fabricantes del agente naranja. «Tengo muchas de las 16 enfermedades» que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos reconoció en 1996 como ligadas a la exposición a esa sustancia, dijo a la prensa francesa. En 2011, análisis hechos en el laboratorio alemán Eurofins revelaron que Tran presentaba una alta tasa de dioxinas en sangre y que padecía de diabetes, de cloracné, de una enfermedad genética de la hemoglobina, de calcificaciones, de nódulos subcutáneos, de una malformación cardíaca transmisible, de problemas pulmonares. Patologías, todas ellas, incluidas en la lista de la academia estadounidense. Sus hijas también las tienen. O las tenían: la primera, nacida en 1967, murió a los 17 meses por una malformación cardíaca, que en aquel momento no se podía ni se sabía a qué atribuirla.

Tran hizo su demanda en Francia, país en el que vive desde 1992 y del que tiene la nacionalidad. El suyo es el primer juicio emprendido por un civil contra esas megacompañías, así como el primero que se hace en un país que no intervino en la guerra. Veteranos de guerra estadounidenses llevaron ante los tribunales de su propio país a algunas de esas transnacionales, logrando en 1984 que se los indemnizara con unos 180 millones de dólares, porque ellos también habían sido afectados por los agentes químicos que manipularon. Pero a los civiles vietnamitas reunidos en la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja (VAVA, por sus siglas en inglés) que intentaron seguir su camino invocando el Protocolo de Ginebra de 1925 contra el uso de armas químicas, la Justicia estadounidense los dejó en la antesala: un juez les dijo que un herbicida no era un arma de guerra ni un veneno, un tribunal de apelaciones lo confirmó y la Suprema Corte les cerró definitivamente el paso. También hubo procesos en Corea del Sur por iniciativa de 39 exsoldados coreanos que combatieron junto a los invasores de Vietnam. En 2013, las empresas demandadas resultaron condenadas, pero maniobras diplomáticas de «la embajada» en Seúl hicieron que hasta ahora esos veteranos no hayan cobrado un solo dólar, según indicó Politis.

A Tran To Nga las transnacionales le ofrecieron «arreglos» extrajudiciales para no llegar a los tribunales. Los rechazó. Con 78 años avanzados dice que está librando «la última gran batalla» de su vida, que la está llevando a cabo «en nombre de todas las víctimas del agente naranja» y que pretende sentar un precedente para que «quede bien claro que estas empresas son tan responsables como el Estado estadounidense» –contra el que no puede litigar en esta instancia– en los asesinatos y otras atrocidades que cometieron. Y busca abrir así una puerta para que otros sigan su camino. «No quiero que estas multinacionales escapen por la tangente, como demasiadas veces logran hacerlo. Ni ellas ni los gobiernos de Estados Unidos han reconocido lo que les hicieron a los vietnamitas», dijo a medios franceses a fines de enero, cuando se entró en la etapa decisiva del juicio. «El eventual éxito de Nga jamás se limitará a su propia reparación. Comprenderá el reconocimiento jurídico de la responsabilidad de las empresas, pero también una nueva jurisprudencia utilizable por todas las víctimas de armas químicas y pesticidas», afirmaron en una declaración publicada el 18 de enero en el diario Libération una docena de asociaciones y centrales sindicales que integran el Colectivo Vietnam Dioxina.

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Seis años pasaron desde aquel 2014 en que Tran To Nga inició su demanda ante un tribunal de Evry, en la periferia de París. Trascurrieron entre las presentaciones de documentación de una parte y de la otra y entre chicanas múltiples de la pléyade de abogados contratados por las empresas, que intentaron cuestionar la competencia de un tribunal francés en el caso y acusar de difamación a la querellante. El 25 de enero, tras 19 aplazamientos (¡19!) tuvo lugar la audiencia de lectura de los alegatos y se entró en el fondo del asunto. De las 26 empresas acusadas inicialmente por madame Tran, como la llaman sus abogados, quedaron 14: las otras 12 o bien desaparecieron o bien lograron demostrar que no tenían relación con el agente naranja. Pero entre las que quedaron figuran algunas de las agroquímicas más poderosas del mundo, incluidas Dow Chemical y Monsanto, hoy propiedad de la alemana Bayer y famosa por haber fabricado otros venenos, como los pesticidas a base de glifosato catalogados como cancerígenos en humanos por la OMS, pero con los que se siguen fumigando las tierras agrícolas de buena parte del planeta, en especial en América Latina (véase «Monsanto, Bayer, el glifosato y el imperio de los sentidos», Brecha, 13-VII-18). Entre los 12 integrantes del Comité Vietnam Dioxina aparecen varias de las asociaciones que han denunciado en Francia las prácticas y los crímenes de Monsanto.

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Nacida en el sur de Vietnam en tiempos de la guerra de Indochina, en la que sus padres fueron parte de la resistencia al colonialismo francés, Tran pasó su adolescencia en un país que ya estaba partido en dos. Creció en el norte liberado, a donde su familia la mandó para protegerla, pero cuando era todavía muy joven volvió al sur para combatir contra el invasor estadounidense. Durante cuatro meses recorrió a pie los más de 1.000 quilómetros que separan el norte del sur, atravesando la hoy llamada pista Ho Chi Minh, por entonces pista Truong Son, a través de regiones selváticas y montañosas fumigadas y napalmeadas. Combatió primero con las armas y luego con la pluma, cuando la agencia de prensa para la que trabajaba la envió a seguir a los milicianos del Frente Nacional de Liberación. Además de fumigada, Tran fue detenida y torturada en una prisión estadounidense, donde en 1974 nació en cautiverio su tercera hija.

«Soy hija del Mekong, del colonialismo y de la guerra. Soy hija de una tierra mágica y envenenada», escribió en su autobiografía.

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Fue hacia mediados de la primera década de los dos mil que Tran se resolvió a «hacer algo» contra las empresas fabricantes del agente naranja. Debió convencerse primero de que las enfermedades que sufría estaban ligadas a él, vincularlas a las que sufrían sus hijas y nietos y tantísima otra gente. Consultó a especialistas, se informó. Y se convenció. Más aún luego de que visitó, en 2008, en Thai Binh, cerca de Hanoi, uno de los campamentos asistidos por la VAVA, donde tuvo frente a sí «a adolescentes sin manos ni piernas, bebés deformes, gente sin edad», relata Politis.

Decidirse a enfrentar a las megaempresas fue otro paso: demasiado poderosas y resueltas a hacer cualquier cosa. Dow Chemical y Monsanto-Bayer, las dos más ricas, tienen un volumen de negocios superior al PBI de Vietnam, y cualquiera de las 14 –especialmente Monsanto– tiene abundante capacidad de lobby y un cargado historial en materia de manipulaciones, campañas de difamación, acoso, ataques físicos a través de sicarios, etcétera, etcétera (véanse, por ejemplo, «Natural killer», «Ciencia para quién y para qué», «Periodismo transgénico», Brecha, 5-X-12, 16-V-14, 20-I-17).

En una conferencia llevada a cabo en París en 2009 sobre el agente naranja, Bouny logró que Tran aceptara demandar a las transnacionales. Pero habría otro obstáculo: el judicial. En 2010, bajo el gobierno de Nicolas Sarkozy, el Parlamento votó una ley que quitaba toda competencia a los jueces franceses en materia de derecho internacional. Tres años más tarde, esa competencia se restableció y, al siguiente, Tran presentó su demanda. Sus abogados descartaron la vía penal –más larga y engorrosa, según consideraron– y optaron por la civil.

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Uno de los argumentos de las transnacionales que fabricaron los agentes arcoíris, en especial el naranja, es que «no sabían» sus efectos. Otro es que «no podían» negarse a participar en los «esfuerzos de guerra» de su país. Los dos son falsos. En el juicio, los tres abogados de Tran («somos como D’Artagnan y los tres mosqueteros, combatiendo unidos», dijo la vietnamita) probaron con documentos que, antes de fumigar en Vietnam, Monsanto tuvo que indemnizar a muchos de sus propios trabajadores que se habían contaminado manipulando esos productos. Fueron arreglos extrajudiciales, que no trascendieron y que «quedaron en los ámbitos de la industria» para no provocar un escándalo entre los consumidores estadounidenses, dijo otra abogada, Amélie Lefebvre. «No quiero vivir eso otra vez», llegó a decir por entonces en un mensaje interno un jerarca de la transnacional. Los abogados de Tran accedieron también a otra comunicación corporativa, esta vez de Dow Chemical, correspondiente a 1965 –año en que comenzaron las fumigaciones con el agente naranja–, en la que la empresa reconocía la «extraordinaria toxicidad» de ese producto y mencionaba algunas de las patologías que podía desencadenar.

En cuanto a que las empresas estaban «obligadas» a fabricar esos venenos, uno de los tres mosqueteros, William Bourdon, demostró que nadie les puso un revólver en la cabeza. El gobierno hizo un llamado para la fabricación de estos defoliantes «especiales» y todas ellas se presentaron como un solo hombre porque olían el jugosísimo negocio que tenían ante sus narices y la solvencia de su contratante: el Ejército de Estados Unidos. «No hubo requisición militar, sino una licitación, y ellas respondieron como una banda organizada», dijo Bourdon. «Fueron todos cómplices: el gobierno y las compañías», agregó.

Los abogados de las corporaciones alegaron también que Estados Unidos tenía «derecho a protegerse por todos los medios de los ataques del Vietcong», que nada probaba que las enfermedades de Tran hubieran sido causadas por el agente naranja, que ya habían pasado «demasiados años» de aquello como para ir a juicio… Lefebvre, Bourdon y su otro colega Bertrand Repolt respondieron evocando la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, apuntando que «nada justifica el recurso a armas químicas en ninguna guerra» y trayendo a colación documentación científica sobre los efectos del agente naranja. «Están acorraladas», afirmó Bourdon refiriéndose a las transnacionales. El 10 de mayo, cuando el tribunal de Evry comunique su fallo, se sabrá en la realidad real si eso es así.

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«A mis casi 80 años estoy cansada, pero no tengo derecho a parar. Y soy la única persona que puede hacer esto. Si desaparezco, ya no quedará nadie», dijo a la prensa Tran To Nga a la salida de la audiencia de fines de enero. Bouny está de acuerdo. Y dice que ni siquiera el Estado vietnamita, demasiado ocupado en recomponer sus relaciones con Estados Unidos con el fin de «protegerse» de China, hará algo por las víctimas vietnamitas de la guerra química de los años sesenta y setenta, a pesar de que se siguen reproduciendo y de que las zonas devastadas por los agentes arcoíris tardarán muchos años más en regenerarse. Ese abandono: otro de los horrores de la (pos)guerra.


19 marzo, 2021

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Y la guerra contra la Tierra desembocó en una pandemia global

Un año buscando un culpable. Durante estos 365 días de pandemia, los dedos de la humanidad han apuntado hacia todo tipo de causas sin encontrar respuestas, sólo estigmas y conspiraciones. Lo evidente es que las explicaciones a este colapso parcial de los sistemas socioeconómicos –que durante los primeros meses de epidemia adquirió tintes distópicos– no están ligadas a la aleatoriedad de la naturaleza, ni a los intereses rebuscados de una nación asiática por alterar el orden geopolítico mundial, sino que se relacionan directamente con la forma en la que el ser humano se relaciona con la Tierra. El origen del nuevo coronavirus no es un pangolín, tampoco un laboratorio, sino una crisis ecológica provocada por las sociedades neoliberales y su cultura del crecimiento material.

«No hay duda de ello», asiente Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Si bien no se sabe el origen exacto de la covid-19, todas las certezas científicas del momento apuntan a la pérdida de biodiversidad generada por actividades económicas como la deforestación, el comercio y la cría intensiva de especies animales. La propia ONU ha advertido de cómo la guerra contra la Tierra y el deterioro de los ecosistemas está llevando a la humanidad a una nueva era marcada por la aparición de epidemias. Tanto es así que el último informe del IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas) señala que en la naturaleza hay 1,7 millones de virus desconocidos que podrían saltar a la especie humana en cualquier momento en un proceso de zoonosis.

Para Valladares, la destrucción de la naturaleza es esencial para entender el origen de esta coyuntura epidémica en la que las civilizaciones modernas se han visto inmersas. «Estamos defecando sobre los ecosistemas, los estamos volviendo prácticamente disfuncionales y eso tiene unas consecuencias», advierte el experto. Donde hay un bosque, donde hay poblaciones de mamíferos y aves, hay biodiversidad, que no es otra cosa que un escudo protector que pone distancias entre el ser humano y los patógenos que se concentran en los reservorios naturales. Existen tres niveles de variedad natural que contribuyen a controlar la proliferación de patógenos. Por un lado, La diversidad de formas de vida: predadores y presas, carnívoros y herbívoros, de sangre fría y de sangre caliente. Cada una de estas funciones aportan un equilibrio natural que impide que haya sobrepoblación de especies que alberguen mayor número de reservas víricas. Por otro lado, en los ecosistemas hay una biodiversidad que afecta a animales dentro de un mismo grupo, es decir, diferentes tipos de roedores, de aves, de mamíferos. «Esto es un mecanismo de dilución que ayuda a disminuir las cargas víricas», matiza el investigador. Por último, hay una tercera escala de biodiversidad que afecta a un nivel genético, de tal forma que un virus no afecta de la misma forma a todos los animales de una misma especie concreta. «Este mecanismo lo tenemos los propios humanos y lo hemos visto con el coronavirus, cuando la enfermedad se ha manifestado de formas muy diferentes en cada uno de los pacientes».

La forma en la que el ser humano interactúa con animales, el modo en el que elimina hectáreas de bosques y expande sus ciudades sobre la naturaleza contribuye a que todos estos mecanismos se alteren, provocando que los virus y bacterias que permanecen ocultos puedan saltar al ser humano. «La Tierra es un sistema muy complejo de relaciones, donde cada especie tiene su función. De alguna forma, llevamos décadas irrumpiendo en los ecosistemas , alterando hábitats y poniendo especies salvajes cerca de nosotros. Esto no ha hecho más que incrementar los riesgos de que haya zoonosis», expone Gema Rodríguez, responsable de Especies Amenazadas en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 

Un círculo vicioso de malas prácticas

En la pérdida de biodiversidad y el incremento de riesgos de zoonosis intervienen elementos que se retroalimentan en un círculo vicioso. Por un lado, el cambio climático provocado por la actividad económica del ser humano basada en la quema intensiva de combustibles fósiles y el cambio de usos de la tierra. La subida de temperaturas del planeta resulta crucial para entender la propagación de la covid, tal y como apunta una investigación reciente de Science of the Total Environment, que detalla cómo los cambios en el termómetro han terminado alterando los ecosistemas de tal forma que las poblaciones de murciélagos –animal que sirve de reservorio de diversos tipos de coronavirus– de Myanmar o Laos se desplazarán hacia Yunnan, China.

La economía fósil ha provocado una gran crisis climática que es determinante para entender cómo los vectores de contagio de virus de origen animal se acercan cada vez más al ser humano. La covid no es un caso aislado. El zika, la malaria o el dengue también guardan relación con la forma en la que especies de mosquitos se trasladaron a nuevos hábitats con la progresiva subida de los termómetros. En el caso de España, el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad advierte de cómo las transformaciones en el clima pueden convertir la península ibérica en un lugar perfecto para que se asienten mosquitos que transmiten el virus del Nilo o las garrapatas que propagan la Fiebre Hemorrágica Crimea-Congo (FHCC).

«Esta pandemia es un síntoma más de que el ser humano no está en paz con el planeta Tierra. Desde el punto de vista semántico podríamos decir que la relación con el Planeta es violenta», opina Unai Pascual, economista del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y uno de los autores del último informe del IPBES sobre biodiversidad y pandemias. Se refiere el experto a otros impulsores directos de procesos de zoonosis, que a su vez aceleran o contribuyen al cambio climático. «Los cambios del uso de la tierra son determinantes», sostiene. En este punto, el experto señala que la deforestación tiene «unas implicaciones notables, ya que la tala masiva de árboles es una forma directa de destrucción de la biodiversidad, además de ser una de las causas principales de la aparición enfermedades infecciosas de origen zoonótico» como el SARS o el ébola, cuya propagación estuvo condicionada por el desplazamiento de especies de animales tras la devastación de selvas y bosques, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que el 70% de los brotes tienen que ver con esa pérdida de espacios verdes.

La deforestación –que lleva asociada una carga de emisiones de CO2 y destruye sumideros de carbono que ayudan a combatir el cambio climático– se relaciona directamente con el modelo agropecuario industrializado, en tanto que donde hoy se eliminan bosques, mañana se plantarán monocultivos de soja o aceite de palma destinados a la alimentación del ganado en las macrogranjas. Tanto es así, que según el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el 76% de la tala masiva de árboles tiene que ver con este tipo de cultivos. El peso que ha adquirido la ganadería industrial en la economía neoliberal es, según Valladares, «una bomba de relojería» de cara a la irrupción de nuevas epidemias. Y es que las macrogranjas –además de generar una importante masa de gases de efecto invernadero– han sido en las últimas décadas reservorios de patógenos que han terminado saltando al ser humano. La gripe aviar o la gripe porcina son los dos ejemplos más recientes.

No sólo la ganadería intensiva es un factor de riesgo; el coronavirus también ha puesto en el foco mediático el impacto en la salud que pueden tener los mercados húmedos y la cría de especies invasoras. El mercado de Wuhan, epicentro de la pandemia de la covid-19, ha sido determinante para entender cómo el ser humano se expone al entrar en contacto con especies sacadas de sus hábitats. No en vano, esta epidemia también ha revelado los problemas de otras prácticas peligrosas que se desarrollan en Europa, como la cría intensiva de visones americanos, una especie invasora que ha sido el origen de múltiples rebrotes en el viejo continente durante 2020. Gema Rodríguez, cuya organización reclama el cierre de las fábricas peleteras, argumenta que «la cría de especies salvajes equivale a criar vectores de enfermedades». La cría de especies silvestres es muy común en España, donde existen granjas de jabalís o de liebres destinadas a las sueltas cinegéticas, cuya concentración en espacios reducidos debilita su sistema inmunológico y favorece la propagación de patógenos y enfermedades como la tuberculosis.

La raíz del problema

La ganadería industrial, la deforestación, la cría de especies salvajes o el propio cambio climático son impulsores directos para la aparición de nuevas epidemias como la del coronavirus; prácticas concretas y visibles que, según Valladares, conducen a la humanidad hacia una era donde las pandemias pueden ser cada vez más frecuentes. «Si seguimos así, es objetivo decir que tendremos más procesos de zoonosis. De hecho, es posible que haya múltiples epidemias al mismo tiempo. Es una cuestión de probabilidad y estadística, cuanta más biodiversidad perdamos, menos capacidad tendrán los ecosistemas de protegernos», expone el biólogo. 

Para el economista del BC3, es importante entender que los impulsores directos de la pandemia se sustentan en impulsores indirectos relacionados «con la gobernanza, la economía y las normas que regulan el comercio a nivel local, regional y global». En otras palabras, la tala masiva de árboles o la financiación de la agricultura y la ganadería no son prácticas aisladas, sino que responden a los mecanismos económicos del sistema neoliberal de crecimiento expansivo y a una cosmovisión sociocultural basada en el consumo material. «Que haya unas normas que permitan estas actividades no quiere decir que estas sean buenas. Eso es de lo que debemos empezar a hablar; de meter mano a todo metabolismo económico», argumenta Pascual.

El sistema de crecimiento económico se está topando con los límites físicos del planeta, del que cada vez quedan menos recursos que extraer. La naturaleza, de una forma casi mitológica, envía sus señales de alerta con forma de pandemia; con forma de colapso. Y es que la tiranía del PIB, la cultura de medir la prosperidad de un Estado en función de su riqueza material, está empezando a tener resultados paradójicamente antieconómicos. «Necesitamos bajar el consumo, reorientar la economía hacia los cuidados, desacelerar. Antes de pisar el freno tenemos que distribuir y asignar los recursos productivos de las economías de una forma sostenible. Si no cambiamos los mecanismos de gobernanza a todos los niveles, seguiremos perdiendo biodiversidad, acelerando el cambio climático y padeciendo pandemias» con un gran coste, no sólo humano, sino en la economía de los países. «La única forma de prevenir nuevos virus es desacelerar. No es una opinión, es un hecho basado en toneladas de artículos científicos que nos dicen que es más costosos reaccionar ante una pandemia que prevenir», sostiene Pascual.

Para Valladares, los estragos causados por la covid debería bastar para que la humanidad «aprenda» una lección valiosa sobre la importancia de la biodiversidad. «El enfoque, hasta ahora, ha sido muy paternalista y marcado por actuaciones simbólicas. Hemos tratado de salvar al lince, al lobo, al oso panda, pero no hemos ido a la raíz del problema, que es avanzar hacia un sistema que garantice que los ecosistemas nos puedan aportan seguridad», advierte Valladares. Sin embargo, un año después del estallido de la covid, con la vacuna cada vez más cerca, los datos no hacen ver que las cosas puedan cambiar. De hecho, no se observa un retroceso en actividades económicas vinculadas a la deforestación. Buena prueba de ello es que, tal y como apunta Pascual, mientras el precio del petróleo se tambaleó durante 2020, el de commodities agrícolas como la soja o el aceite de palma ha experimentado un crecimiento lineal durante todo el año.

Cuando la covid llego hace un año,  los cimientos del sistema económico se tambalearon. Las grandes ciudades se vaciaron, los hospitales colapsaron y las economías nacionales se desplomaron. En cierto modo, la pandemia es un espejo que devuelve el reflejo destructivo de la actividad humana. Ahora, la luz que anuncia el final del túnel parece tan cercana como un pinchazo de aguja, pero la pregunta, tras este mal sueño, es si la nueva normalidad traerá una vacuna para los ecosistemas.

10 de marzo de 2021

Publicado enMedio Ambiente
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