Juez de EEUU autoriza liquidación de CITGO valorada en 8.000 mdd

Los activos de CITGO en Estados Unidos están valorados en unos 8.000 millones de dólares.

23.05.20 - Un juez estadounidense autorizó el viernes avanzar con la liquidación de las refinerías venezolanas CITGO en Estados Unidos (EE.UU.), que fueron confiscadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en 2019, para entregar ilegalmente su administración a una junta designada por el opositor derechista Juan Guaidó.

El juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Delaware, emitió su fallo luego que la Corte Suprema de ese país avalara una decisión anterior suya en la cual ordenó la venta de CITGO para favorecer a la compañía minera canadiense Crystallex.

Crystallex fue nacionalizada en 2011 por el Gobierno venezolano tras el incumplimiento de una serie de medidas ambientales. La empresa minera canadiense inició una demanda contra el Estado venezolano en cortes de EE.UU.

Tras conocerse la decisión del magistrado estadounidense, el corresponsal de teleSUR en Caracas, Rolando Segura, tuiteó que Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó presidente del país suramericano, “sirve, en bandeja de plata al mejor postor, activos de #Venezuela en #EEUU”.

“Juez autoriza liquidación de #CITGO para favorecer a minera de #Canadá, nacionalizada por Chávez. Junta designada por oposición había tomado control de la petrolera valorada (en) 8 mil millones usd”, escribió Segura en el tuit.

Gustavo Borges, director del grupo de investigación Misión Verdad, comentó por su parte en Twitter que “la operación Guaidó se diseñó exactamente para esto: saquear y piratear los preciados activos venezolanos en beneficio de los grandes capitales”.

Por: TeleSUR | Sábado, 23/05/2020 08:06 AM |

Publicado enInternacional
Sábado, 23 Mayo 2020 06:37

La verdad sobre los transgénicos

La verdad sobre los transgénicos

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Martes, 19 Mayo 2020 06:44

Oda al glifosato

Oda al glifosato

Esta oda será cada vez más cantada en el mundo, a pesar de que la mayoría de los lectores jamás en su vida haya oído la palabra glifosato. No será, como veremos, un canto agradable. El glifosato es un agente industrial de muerte que está cada vez más cerca de la vida de todo ser humano, especialmente en estos tiempos de pandemia. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo en agricultura, silvicultura, jardinería e incluso en actividades domésticas. El glifosato es un invento químico, que se comercializó por primera vez en la década de 1970 por la compañía Monsanto, con el nombre de Roundup.

Desde entonces y hasta 2014 el planeta había sido fumigado por más de 8 mil 600 millones de kilogramos de este plaguicida. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Por tanto, está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros propios cuerpos. Su principal uso es en los cultivos transgénicos de maíz, soya y algodón que hoy existen en millones de hectáreas.

A pesar de ser utilizado durante casi medio siglo, el glifosato fue considerado un plaguicida no peligroso. Esta situación se vio favorecida por una exitosa campaña de propaganda por parte de las compañías productoras y por la ausencia de estudios científicos que lo desmintieran.

Hoy esto ha cambiado radicalmente. En la última década las voces de alarma de las organizaciones civiles defensoras del ambiente, la salud y los derechos humanos impulsaron numerosas investigaciones críticas. Hoy, la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato, de E. Martín Rossi (2020) ofrece una lista de ¡mil 108 artículos científicos que dan fe de los efectos nocivos del plaguicida! Por ello, el glifosato ha sido prohibido o restringido en Austria, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Tailandia, Bermudas, Sri Lanka y algunas regiones de España, Argentina y Nueva Zelanda.

Una síntesis de los impactos de este exterminador de las malezas que compiten con los cultivos transgénicos es la siguiente. El glifosato genera encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras una extensiva revisión de la literatura científica, decidió clasificar al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Además, el glifosato resulta tóxico para diferentes especies de crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton y zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos, aves, mamíferos y, lo más preocupante, a insectos benéficos y polinizadores como abejas, coleópteros y colibríes. Un nuevo reporte del Instituto Ramazzini de Italia (www.glyphosatestudy.org) reveló, además, que el glifosato debilita el sistema inmunitario de los seres humanos por tres vías (por el cáncer NHL, porque destruye una enzima esencial y porque modifica la biota intestinal), y deja desprotegidos a los individuos contra infecciones como el Covid-19.

¿Y en México? En el país la lucha contra el glifosato apenas se inicia. El contubernio de los gobiernos neoliberales con las grandes compañías no sólo biotecnológicas permitió el uso y sobreuso de plaguicidas, de tal suerte que hoy aún están permitidos 140, de los cuales 111 están catalogados como altamente peligrosos en el resto del mundo (ver el libro Los plaguicidas altamente peligrosos en México, coordinado por Fernando Bejarano, 2017). De gran impacto fue el descubrir que hay ¡glifosato en las tortillas! (y otros productos elaborados con maíz importado), según un estudio de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana de 2017, confirmado un año después por el Health Research Institute en los productos de Maseca. También se ha probado que hay glifosato en los cuerpos de los habitantes de muchas comunidades rurales, incluyendo niños y adolescentes. Ello llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias para hacer un diagnóstico de la contaminación por plaguicidas; revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas, y prohibir en forma progresiva los plaguicidas considerados altamente peligrosos.

El primer paso se ha dado. Las autoridades ambientales bloquearon la importación de 67 mil toneladas de glifosato de 15 compañías. Lo anterior ha provocado ya reacciones diversas. Al igual que el petróleo, las carnes, el excusado, los autos, la Coca-Cola y los celulares, el glifosato es ya un icono de esta tragedia planetaria llamada modernidad, la misma que hoy vive un escenario catastrófico. Cantemos sobre el glifosato denunciando sus impactos sobre la salud humana y la salud del planeta. Es necesario y urgente.

Por Víctor M. Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

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La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Manifiesto

Contra la doctrina del shock digital

 

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presenta como frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”... usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente anuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

  1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.
  2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.
  3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.
  4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.
  5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.
  6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.
  7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

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Notas

  1. Extracto de la entrevista a Daniel Cohen en Le Monde del 3 de abril de 2020. Que lo citemos aquí no implica en ningún caso que estemos en sintonía con el tipo de categorías que Cohen utiliza: en realidad lo digital no es más que una profundización del carácter industrial del capitalismo, y la sociedad post-industrial de la que él habla simplemente no existe. 
  2. Referencia a la fórmula y la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se tradujo en España en el año 2007 y fue publicada por la editorial Paidós. En el libro este término se ejemplificaba con las oportunidades que el huracán Katrina, que impactó Luisiana en 2005, ofreció a las clases empresariales norteamericanas.
  3. Para profundizar en esta cuestión, acúdase al capítulo 2 de la traducción del libro del Grupo MARCUSE La libertad en coma: contra la informatización del mundo, Madrid 2019, Ediciones El Salmón.
  4. Edward Snowden, Vigilancia permanente, Madrid 2019, Planeta. Siendo más precisos, en lo que Snowden insiste es en la imposibilidad de hacer desaparecer por completo los datos que se registran. En lo relativo a la imposibilidad de anonimizar, recoomendamos el análisis de Luc Rocher que se reseña en el artículo «No existe el anonimato, gracias a tus datos pueden rastrearte y encontrarte», publicado el 31 de julio de 2019 en el periódico ABC.
  5. Recomendamos revisar el análisis a ese respecto que ha realizado la asociación La Quadrature du Net, publicado en su página web el 14 de abril, que entre otras cosas llama la atención sobre la poca fiabilidad de la tecnología Bluetooth, su escasa precisión a la hora de indicar contactos entre personas diagnosticadas como «positivas», en particular en zonas muy pobladas, y la dificultad de activarla o utilizarla para mucha gente.
  6. Ver los estudios de Alfonso Balmori.
  7. Se puede revisar, entre otros materiales, la síntesis de Cécile Diguet y Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, disponible en www.ademe.fr

Por Jorge Riechmann / Adrián Almazán y 300 firmas más 3/05/2020

Firmado por los siguientes colectivos y personas:

Anticapitalistas (confederal)

Redacción de la revista L’Âge de faire (Alpes de Haute-Provence)

Association Résistance 5G Nantes

Blog "El Rumor de las Multitudes", periódico El Salto

Siguen más firmas…

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La pandemia del desempleo y el negocio del rescate

Mientras en medio de un confinamiento cuasi global de masas, las grandes corporaciones mediáticas y de la tecnología digital nos suministran a diario el macabro conteo de los muertos por y con el Covid-19, en las sombras, un puñado de oligopolios de las industrias financiera y bancaria se frota las manos con el "negocio del rescate".

Ante la emergencia del "año de la peste" con su caótica danza de las cifras (Mike Davis dixit), el papel de un reforzado Estado interventor ha vuelto a ocupar un lugar central y muchos economistas avizoran que a la salida de la pandemia ya nada será igual. Que sucumbiría el "Estado nana" neoliberal −como lo llamó Noam Chomsky hace 20 años− que privatizó y concentró las ganancias en el llamado 1% y socializó los costos; que ante la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ese ­po­deroso Estado de bienestar al servicio de la plutonomía (Citicorp), que sujeta a la disciplina del mercado a los pobres y los trabajadores, mientras redistribuye la riqueza de abajo hacia arriba, tendrá ahora que cambiar.

"La gran transformación" fue el lema del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en 2012, que según su entonces presidente, Klaus Schwab, obligaba a buscar nuevos modelos de poder político, económico y social, un crecimiento sostenible y la creación de empleo, mientras continuaban los efectos de la crisis financiera de 2008-09. Viniendo de Schwab, y dado que Davos es el centro neurálgico de la ideología que sustenta al capitalismo neoliberal, no dejaba de ser un cínico guiño intelectual a Karl Polanyi, quien en 1944 escribió La gran transformación.

En su obra, Polanyi predijo una "crisis de civilización" y refirió que tras la Gran Depresión (crac de 1929), todos los regímenes de la época –fuera la Alemania nazi, el estalinismo soviético o el New Deal de Roosevelt− coincidieron en descartar el laissez-faire (la doctrina de "dejar hacer, dejar pasar" caracterizada por una abstención de dirección o injerencia gubernamental en los asuntos económicos), y lo que siguió fue la Guerra Civil española, las invasiones a Etiopía y a China y la Segunda Guerra Mundial, con su deriva, la caída del patrón oro, el equilibrio de las potencias, el Estado liberal y el mercado autorregulado, que habían regido el mundo durante los anteriores 100 años.

Tras la "crisis del Covid-19", ¿qué caerá ahora? ¿El dólar? ¿El capitalismo financiero? ¿La hegemonía de Estados Unidos en el mundo? ¿O la reforzada intervención del Estado llevará a una reorganización hegemónica del capitalismo tutelada por EU, China y Rusia, con una criptomoneda global y una nueva élite financiera trasnacional? ¿A un reforzado Estado panóptico digital, de vigilancia y castigo masivo militarizado urbi et orbi y con el distanciamiento social como paradigma? ¿ De la mano de próximas pandemias surgirán nuevas tesis ­reaccionarias neomalthusianas?

Según el Instituto de Finanzas Internacionales, el endeudamiento mundial alcanzará 265 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Y debido a que las medianas y pequeñas empresas nacionales son los últimos eslabones de grandes cadenas industriales y de suministro global, profundamente integradas e hiperespecializadas, la actual desconexión intracadenas de valor generará miles de quiebras.

Así, de la gran depresión de 2020 −que venía incubándose desde 2018 y el Covid-19 sólo vino a agravar− emergerá un nuevo fenómeno que cobrará muchas vidas: la "pandemia del desempleo". Para el gran capital, el desempleo masivo significa población "sobrante", no funcional y que puede "desaparecer". Sólo de febrero a abril se perdieron en Estados Unidos 15 millones de empleos formales y la Reserva Federal (Fed) estima que otros 47 millones de puestos de trabajo se perderán en el segundo trimestre del año; lo que de manera conservadora significaría una tasa de desempleo de 32 por ciento.

A su vez, los estados, las instituciones y el ciudadano de a pie dependen en gran medida de la banca privada para desarrollar tareas básicas, como pagar (o cobrar) salarios, pensiones y prestaciones por desempleo o recaudar impuestos, establecer una empresa, ob­tener una tarjeta de crédito o acceder a una vivienda mediante alquiler o hipoteca.

Es previsible que en la inmediata pospandemia las bancarrotas estarán a la orden del día, y para que las grandes corporaciones financieras davosianas y los megabancos de la plutocracia puedan seguir acumulando vía la "economía de casino", los estados "nana" utilizarán fondos públicos para salvarlos –socializando las pérdidas y privatizando las ganancias− y la industria del rescate, con sus malas prácticas y conflictos de interés, volverá a hacer su agosto.

Es el caso de BlackRock, la mayor firma de gestión de activos del mundo −que además opera a dos bandas como consultora de bancos y gobiernos, el de México incluido−, que ha sido llamada por la Reserva Federal para gestionar de 6 a 10 billones de dólares de bonos y compras de activos respaldados por hipotecas. La división Financial Markets Advisory, que realiza labores de consultora, actuará como gestora de inversión de dos vehículos respaldados por la Fed que comprarán deuda corporativa y un programa que comprará activos respaldados por hipotecas, emitidos por agencias gubernamentales. Con lo que Black­Rock y su director, Larry Fink –que controlan más de la mitad de las cuentas de pensiones en México− se beneficiarán (ya que podrían invertir en esos activos), cayendo en un virtual conflicto de interés, como sugirieron The Wall Street Journal y el Financial Times.

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Trump acuerda un rescate con las aerolíneas de Estados Unidos

El Tesoro destinará más de 25.000 millones de dólares para evitar quiebras y despidos masivos en un sector devastado por la pandemia

La Administración de Donald Trump ha llegado este martes a un acuerdo con las principales líneas aéreas del país sobre los términos de un rescate económico para evitar quiebras y por tanto despidos en un efecto dominó en un sector que emplea a más de 750.000 personas. Desde que comenzara la pandemia de coronavirus, el número de pasajeros en las aerolíneas ha caído más de un 96% desde que empezó la crisis y las empresas se han visto forzadas a cancelar más del 70% de los vuelos. Una asociación aérea internacional cifra en más de 300.000 millones de dólares las pérdidas de la industria a nivel global y decenas de miles de empleados los que han sido dados de baja sin sueldo. Otras muchas miles de personas también han perdido empleos indirectamente relacionados con ese sector.

El Departamento del Tesoro ha anunciado que American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Southwest -las cuatro grandes, además de algunas otras- han aceptado la ayuda del Gobierno a pesar de que estaban reticentes por las contrapartidas que puedan tener de intervencionismo estatal. Según ha asegurado en un comunicado el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, “se está trabajando para estudiar y aprobar que otras empresas de transporte aéreo más pequeñas tengan también ayuda lo más pronto posible”. El Tesoro ha informado que la discusión afectará también a las compañías de carga.

A pesar de que el Tesoro no ha dado cifras, los distintos medios norteamericanos estiman que el rescate ascenderá a unos 25.000 millones de dólares que ya están suscritos dentro del histórico plan de 2,2 billones de dólares aprobado por Trump para apuntalar la economía y tiene como objetivo que las aerolíneas puedan afrontar el pago de nóminas. American Airlines, por ejemplo, recibirá casi 6.000 millones de dólares.

Mnuchin ha dicho en el comunicado que el programa “apoyará a los trabajadores estadounidenses y ayudará a preservar la importancia estratégica de la industria de las aerolíneas, al tiempo que permitirá una compensación adecuada a los contribuyentes”. Según el paquete de estímulo económico, las empresas privadas que reciban las ayudas del Gobierno deberán mantener el 90 % de la plantilla que tenían a fecha del 24 de marzo y restablecer, una vez pase el estado de emergencia, el 90 % de la plantilla que tenían a 1 de febrero. Los empleados deberán mantener su sueldo íntegro.

El rescate anunciado tiene contrapartidas: las compañías deben reembolsar un 30% del dinero que reciban y el Gobierno federal debe recibir una suerte de garantías a cambio de su ayuda, productos financieros que pueden ser convertidos en acciones. Estas deben equivaler al 10% del valor de la ayuda que cada una reciba. A pesar de que la Administración no ha desvelado los términos del acuerdo, fuentes próximas al pacto citadas por las agencias de prensa, aseguran que el Estado pasará a ser accionista minoritario de las compañías firmantes.

Uno de los principales sindicatos del sector, Asociación de Asistentes de Vuelo, ha calificado los términos del acuerdo de “éxito sin precedentes” pero ha acusado a Mnuchin de hacer política con la ayuda en lugar de “llegar a un acuerdo en el Congreso de manera bipartidista”.

Washington - 14 abr 2020 - 18:20 COT

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El gasto militar mundial es un 50% más alto que al final de la Guerra Fría

Una campaña internacional reclama a los líderes mundiales que destinen el presupuesto armamentístico a hacer frente al coronavirus. Este viernes comienza un mes de acción global en distintos países.

Allá donde hay armas quieren ver vacunas. Allá donde se preparan ejércitos, plantean que se entrenen médicos. En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el International Peace Bureau (IPB), considerada la organización pacifista y antimilitarista más antigua del planeta, ha emprendido una campaña mundial para pedir a las grandes potencias que destinen su astronómico presupuesto militar a la sanidad.

No hay tregua en las oficinas –ahora instaladas en las habitaciones de casa– del IPB. Estos días, las organizaciones que forman parte de esta plataforma apuran detalles de lo que será un mes intenso: desde este viernes 10 y hasta el próximo 9 de mayo inclusive, sus participantes llevarán a cabo la campaña de acción global para la reducción del gasto militar. En total, se estima que habrá un centenar de acciones en una treintena de países.

"La idea inicial era hacer un enfoque más centrado en el cambio climático, pero ocurrió lo que todos sabemos", dice a Público Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y vicepresidente de la Junta del IPB. "Lo que todos sabemos" es, nada más y nada menos, que una pandemia global, con miles de muertes a sus espaldas y un cambio drástico en la vida cotidiana de millones y millones de personas.

De ahí, precisamente, la clave de la acción global de este año. "¿Cuánto dinero hemos dedicado a investigar en salud y cuánto al ámbito militar y a la compra de armamento?", resume Calvo. "Ahora estamos pagando esa mala gestión de lo público y ese análisis equivocado", subraya.

El IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria"

Precisamente por eso, el IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria y para satisfacer las necesidades sociales". "Es el momento de abrir una nueva página en las relaciones mundiales y poner las tensiones geopolíticas a un lado, para acabar con las guerras, para un alto el fuego en aquellos múltiples conflictos en todo el mundo, los cuales pueden dificultar un esfuerzo de solidaridad global", sostiene la ONG, creada en 1891 en Berlín –hoy tiene su oficina descentralizada en Barcelona– y galardonada en 1910 con un Premio Nobel de la Paz.

Según datos de esta organización, "el gasto militar es un 50% más alto hoy que al final de la Guerra Fría". "Se sitúa en la asombrosa cifra de 1,8 billones de dólares al año, mientras que la OTAN exige más aumentos a sus miembros", destaca en el manifiesto elaborado para reclamar, precisamente, que esta situación se revierta.

Según datos publicados por el Centro Delàs en abril de 2019, por entonces España se mantenía en el decimosexto puesto del ranking de países que más dinero dedican a Defensa, "con un gasto de 18.200 millones de dólares según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) y cerca de 20.000 millones de euros según el cálculo del Centro Delàs".

La lista estaba encabezada por EEUU, que había aumentado su gasto militar hasta los 649 mil millones de dólares, un 4,6% más que el año anterior. Esa cifra representaba el 36% del gasto militar mundial en 2018. "Su gasto militar es el mismo que el de los 7 siguientes países que más gastan", destacaba el informe dado a conocer por el Centro Delás.

En segundo lugar estaba China, que había su gasto en un 5% hasta los 250 mil millones, "lo que representa el 14% del total mundial". De hehco, Estados Unidos y China juntos "representan la mitad del gasto militar mundial", seguidos por Arabia Saudí, India, Francia y Rusia.

Cambio de prioridades

Ahora, con los alarmantes datos del coronavirus sobre la mesa, el IPB encabeza esta campaña para pedir un urgente cambio de prioridades. "Pedimos a los países más ricos del mundo que se cuestionen lo que han hecho hasta ahora: se han dedicado demasiados recursos para militarizarnos. Ahora hay que utilizar estos recursos para hacer frente a las crisis sanitarias", explica Calvo, quien advierte sobre el carácter "económico y social" de la crisis que se avecina y que será sufrida, con especial intensidad, "por las comunidades más vulnerables".

En tal sentido, el IPB acompaña las jornadas de acción global con una recogida de firmas virtual para instar a los líderes del G20 a "levantar la sombra de la guerra y la política militar que ha arruinado la cooperación mundial en los últimos años y trabajar para asegurar que prevalezca un espíritu de paz y solidaridad".

"El G20 es responsable por el 82% del gasto militar mundial, representa casi todas las exportaciones de armas, y tiene en su territorio colectivo el 98% de las bombas nucleares del mundo. El G-20 es una plataforma compartida que reúne los intereses de los principales actores de la carrera de armamentos mundial", remarca.

Las firmas que se recojan serán llevadas a la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre próximo. Allí pedirán a los líderes mundiales que "actúen por una cultura de paz" y reduzcan drásticamente el gasto militar "en favor de la sanidad pública y la atención a las necesidades sociales y medioambientales".

10/04/2020 08:05

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Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

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Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a solo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aun peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

 

Privatización, la otra pandemia

 

La privatización de los servicios es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. En España la sanidad privada representa ya más del 30% del gasto sanitario, algo que se traduce en mayor opacidad y menor transparencia, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Según la misma organización, Madrid es la región que lidera los índices de privatización, así como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,7% en Madrid versus 5,1% en La Rioja). En la privada los datos enseñan sobre la utilización de estudios caros, como las pruebas diagnósticas de imagen. Un informe del sindicato UGT asegura que "en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública".

Una inversión de carácter especulativo, ya que no impidió que la crisis del coronavirus tenga su foco principal en la capital española, con el 44% de los contagios del país y el 72% de los muertos, al 17 de marzo.
Madrid destina elevadas sumas a la "atención especializada", cara y con resultados dudosos, mientras "destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la sanidad", según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.

En Italia, en diez años se perdieron 70.000 camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados. Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10%, frente a 37% de la OCDE.

Entre enero y febrero, el sector sanitario español perdió 18.320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus. Además, los sindicatos del sector denuncian abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo, mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras.

 

Estados Unidos, líder mundial en desmantelamiento de la salud

 

Podríamos establecer una geopolítica del desmantelamiento de la salud y de la crisis sanitaria. Uno de los epicentros sería Estados Unidos, según el sociólogo y urbanista Mike Davis.

"La temporada de gripe de 2018, por ejemplo, superó a los hospitales de todo el país, mostrando la escandalosa escasez de camas hospitalarias después de 20 años de recortes de la capacidad de hospitalización en aras al beneficio".

Davis destacada los cierres de clínicas privadas y la escasez de personal, impuestos por la lógica de mercado, que "han devastado los servicios sanitarios en las comunidades más pobres y zonas rurales, trasladando la carga a hospitales públicos infradotados y clínicas para veteranos".

Los servicios de urgencias están sobrecargados, por lo que asegura que su país se enfrenta a un "Katrina sanitario", en referencia al huracán que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Davis nos recuerda que "nada menos que 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año debido al incumplimiento por parte de estas entidades de los procedimientos básicos de control de infecciones".

Como sabemos, Estados Unidos es el país referente en la privatización de la salud. Davis denuncia que las grandes empresas farmacéuticas dejaron de invertir en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

"Los medicamentos para el corazón, los calmantes adictivos y los tratamientos de la impotencia masculina encabezan la lista de los más rentables, pero no los destinados a combatir las infecciones hospitalarias, las nuevas enfermedades y las tradicionales patologías tropicales".

Por eso vaticina que "dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU".

22:11 GMT 17.03.2020(actualizada a las 22:14 GMT 17.03.2020) URL corto

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Martes, 17 Marzo 2020 06:36

El coronavirus y la doctrina del shock

El coronavirus y la doctrina del shock

La periodista Naomi Klein, autora de libros como No Logo y La doctrina del shock, analiza en esta entrevista con Vice las especulaciones en torno a la pandemia, el rol de Estados Unidos y cómo salir de la emergencia diaria para pensar más acá de la vida:

VICE: Empecemos con lo básico. ¿Qué es el capitalismo del desastre? ¿Cuál es su relación con la «doctrina del shock»?

La forma en que defino el «capitalismo de desastre» es muy sencilla: describe la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. La especulación de los desastres y de la guerra no es un concepto nuevo, pero realmente se profundizó bajo la administración Bush después del 11 de septiembre, cuando la administración declaró este tipo de crisis de seguridad interminable, y simultáneamente la privatizó y la externalizó – esto incluyó el estado de seguridad nacional y privatizado, así como la invasión y ocupación [privatizada] de Irak y Afganistán.

La «doctrina del shock» es la estrategia política de utilizar las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las elites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder. Quitamos un poco los ojos de la pelota en momentos de crisis.

VICE: ¿De dónde viene esa estrategia política? ¿Cómo rastrea su historia en la política americana?

La estrategia de la doctrina del shock fue una respuesta al programa del New Deal por parte de Milton Friedman. Este economista neoliberal pensaba que todo había salido mal en USA bajo el New Deal: como respuesta a la Gran Depresión y al Dust Bowl, un gobierno mucho más activo surgió en el país, que hizo su misión resolver directamente la crisis económica de la época creando empleo en el gobierno y ofreciendo ayuda directa.

Si usted es un economista de libre mercado, entiende que cuando los mercados fallan se presta a un cambio progresivo mucho más orgánico que el tipo de políticas desreguladoras que favorecen a las grandes corporaciones. Así que la doctrina del shock fue desarrollada como una forma de prevenir que las crisis den paso a momentos orgánicos en los que las políticas progresistas emergen. Las elites políticas y económicas entienden que los momentos de crisis son su oportunidad para impulsar su lista de deseos de políticas impopulares que polarizan aún más la riqueza en este país y en todo el mundo.

VICE: En este momento tenemos múltiples crisis en curso: una pandemia, la falta de infraestructura para manejarla y el colapso del mercado de valores. ¿Puede esbozar cómo encaja cada uno de estos componentes en el esquema que esboza en La Doctrina del Shock?

El shock es realmente el propio virus. Y ha sido manejado de una manera que maximiza la confusión y minimiza la protección. No creo que eso sea una conspiración, es sólo la forma en que el gobierno de los EE.UU. y Trump han manejado -completamente mal- esta crisis. Trump hasta ahora ha tratado esto no como una crisis de salud pública sino como una crisis de percepción, y un problema potencial para su reelección.

Es el peor de los casos, especialmente combinado con el hecho de que los EE.UU. no tienen un programa nacional de salud y sus protecciones para los trabajadores son muy malas (N.T: por ej. la ley no instituye el pago por enfermedad). Esta combinación de fuerzas ha provocado un shock máximo. Va a ser explotado para rescatar a las industrias que están en el corazón de las crisis más extremas que enfrentamos, como la crisis climática: la industria de las aerolíneas, la industria del gas y el petróleo, la industria de los cruceros, quieren apuntalar todo esto.

VICE: ¿Cómo hemos visto esto antes?

En La Doctrina del Shock hablo de cómo sucedió esto después del huracán Katrina. Grupos de expertos de Washington como la Fundación Heritage se reunieron y crearon una lista de soluciones «pro mercado libre» para el Katrina. Podemos estar seguros de que exactamente el mismo tipo de reuniones ocurrirán ahora, de hecho, la persona que presidió el grupo de Katrina fue Mike Pence (N.T: el que ahora preside el tema del Coronavirus). En 2008, se vio esta jugada en el rescate de los bancos, donde los países les dieron cheques en blanco, que finalmente sumaron muchos billones de dólares. Pero el costo real de eso vino finalmente en la forma de programas extensivos de austeridad económica [más tarde recortes a los servicios sociales]. Así que no se trata sólo de lo que está sucediendo ahora, sino de cómo lo van a pagar en el futuro cuando se venza la factura de todo esto.

VICE: ¿Hay algo que la gente pueda hacer para mitigar el daño del capitalismo de desastre que ya estamos viendo en la respuesta al coronavirus? ¿Estamos en mejor o peor posición que durante el huracán Katrina o la última recesión mundial?

Cuando somos probados por la crisis, o retrocedemos y nos desmoronamos, o crecemos, y encontramos reservas de fuerzas y compasión que no sabíamos que éramos capaces de tener. Esta será una de esas pruebas. La razón por la que tengo cierta esperanza de que podamos elegir evolucionar es que -a diferencia de lo que ocurría en 2008- tenemos una alternativa política tan real que propone un tipo de respuesta diferente a la crisis que llega a las causas fundamentales de nuestra vulnerabilidad, y un movimiento político más amplio que la apoya (N.T: Naomi Klein apoya a Bernie Sanders en las internas americanas).

De esto se ha tratado todo el trabajo en torno al Green New Deal: prepararse para un momento como este. No podemos perder el coraje; tenemos que luchar más que nunca por la atención sanitaria universal, la atención infantil universal, la baja por enfermedad remunerada, todo está íntimamente relacionado.

VICE: Si nuestros gobiernos y la élite mundial van a explotar esta crisis para sus propios fines, ¿qué puede hacer la gente para cuidarse unos a otros?

«Yo me ocuparé de mí y de los míos, podemos conseguir el mejor seguro privado de salud que haya, y si no lo tienes es probablemente tu culpa, no es mi problema»: Esto es lo que este tipo de economía de ganadores pone en nuestros cerebros. Lo que un momento de crisis como este revela es nuestra interrelación entre nosotros. Estamos viendo en tiempo real que estamos mucho más interconectados unos con otros de lo que nuestro brutal sistema económico nos hace creer.

Podríamos pensar que estaremos seguros si tenemos una buena atención médica, pero si la persona que hace nuestra comida, o entrega nuestra comida, o empaca nuestras cajas no tiene atención médica y no puede permitirse el lujo de ser examinada, y mucho menos quedarse en casa porque no tiene licencia por enfermedad pagada, no estaremos seguros. Si no nos cuidamos los unos a los otros, ninguno de nosotros estará seguro. Estamos atrapados.

Diferentes formas de organizar la sociedad promueven o refuerzan diferentes partes de nosotros mismos. Si estás en un sistema que sabes que no cuida de la gente y no distribuye los recursos de forma equitativa, entonces la parte que acapara de ti se reforzará. Así que ten en cuenta eso y piensa en cómo, en lugar de acaparar y pensar en cómo puedes cuidarte a ti mismo y a tu familia, puedes hacer un cambio y pensar en cómo compartir con tus vecinos y ayudar a las personas que son más vulnerables.

17 marzo 2020

(Tomado de Vice)

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