COLOMBIAMASACRE

JPMorgan Chase ha marcado un gol en propia Superliga

Quizás JPMorgan Chase es demasiado rico y poderoso para preocuparse. Ciertamente fue tomado por sorpresa. Presumiblemente, los ejecutivos en Europa no advirtieron a los jefes en Nueva York que un plan multimillonario para cambiar la faz del fútbol europeo en beneficio de una docena de propietarios de clubes súper ricos corría el riesgo de desencadenar una tormenta política.

Como patrocinador financiero de la Superliga europea , el banco ahora podría sentirse reconfortado por el hecho de que la idea colapsó tan rápidamente bajo el peso de las protestas. No es frecuente que Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, y Emmanuel Macron, el presidente francés, estén de acuerdo en algo, pero la vista desde Downing Street y el Elíseo era la misma .

Aquí había un grupo de globalistas de Wall Street que buscaban reorganizar el juego más popular de Europa sin la más mínima consideración por las opiniones o intereses de sus gerentes, jugadores y seguidores. Al menos JPMorgan Chase ahora puede limitar el daño a la reputación.

Pero hay que preguntarse qué estaba pensando el banco cuando acordó suscribir el nuevo concurso por una suma de 3.250 millones de euros, y cada uno de los miembros prometió un pago inicial de entre 200 y 300 millones de euros. Ya se habían inscrito doce clubes .

Nadie en JPMorgan Chase aparentemente había leído la carta a los accionistas escrita por su presidente y director ejecutivo Jamie Dimon en el último informe anual del banco. Publicada solo este mes, la carta mostró los esfuerzos bien publicitados de Dimon para posicionar al banco como un líder en el nuevo mundo feliz del capitalismo socialmente responsable y sostenible.

Hizo especial hincapié en la alineación de los valores del banco con los de las "comunidades" en las que opera en todo el mundo: "Como saben, durante mucho tiempo hemos defendido el papel esencial de la banca en una comunidad: su potencial para unir a las personas , para permitir que las empresas y las personas alcancen sus sueños ".

Dígaselo a los jugadores y seguidores de instituciones tan sagradas como el Manchester United y el Liverpool, y a las comunidades en las que crecieron estos grandes equipos. El plan para suplantar la actual Champions League con una competición “cerrada” entre los clubes más ricos de Europa prometía romper las tradiciones del juego, destruir su espíritu competitivo y burlarse de los pueblos y ciudades en los que están arraigados los equipos.

No importa las "comunidades". Aquí había un arreglo que ilustraba perfectamente todo lo que está mal con la globalización todo vale. La nueva liga fue diseñada con un solo propósito: extraer para los propietarios adinerados una parte aún mayor de los ingresos de los derechos de transmisión y garantizar que sus ganancias fueran estables eliminando el riesgo de que cualquier club se quede fuera de la competencia.

La otra cara era que habría extinguido el impulso competitivo del juego. Esto es lo que hace que el fútbol sea emocionante: torneos abiertos que recompensan el éxito en el campo con la oportunidad de llegar a la cima y, en el camino, derrotar a los poderosos cuando su rendimiento se desvanece. En el nuevo esquema de cosas, los fanáticos locales, nuevamente esas “comunidades”, quedarían relegados a un segundo lugar detrás de los lucrativos suscriptores digitales a miles de kilómetros de distancia. Los "dejados atrás" a los fanáticos podrían haber sido llamados.

La pandemia, que ha arruinado las finanzas de muchos deportes, jugó su papel. Y cuatro de los 12 clubes que se habían inscrito tienen propietarios estadounidenses. Quizás asumieron que un sistema cerrado que parece funcionar para el béisbol y el fútbol americano podría trasplantarse al otro lado del Atlántico. Pero ese es uno de los conceptos de la globalización. Debería poder vender lo mismo en todas partes.

Todavía escucho a personas que se declaran perplejas por el auge del populismo. Realmente no hay ningún misterio. Las insurrecciones contra las élites se han arraigado en una percepción, a menudo justa, de que el sistema estaba manipulado. Los ricos se embolsaron las ganancias de la globalización y del avance tecnológico, mientras que los que estaban más abajo en la escala se vieron obligados a asumir las inseguridades económicas. El capitalismo desenfrenado pisoteó la tradición y despreció los intereses de las comunidades locales.

Los propietarios de clubes de la Superliga propusieron aplicar esta fórmula al fútbol europeo. En la descripción de Aleksander Ceferin, el presidente del organismo rector del juego europeo, Uefa, el plan era crear “una tienda cerrada dirigida por unos pocos codiciosos y selectos”. Casi todos los que tenían un papel o un interés pasajero en lo que se llama el juego hermoso estuvieron de acuerdo con él. A Dimon ahora le gustaría preguntarse cómo JPMorgan Chase se encontró en el lado equivocado de este argumento.

25 abril 2021

(Tomado de Finacial Times / Traducción Cubadebate)

Publicado enSociedad
"Probablemente morirá un montón de gente", dice Musk sobre el futuro turismo a Marte, pero insiste en que "es una aventura gloriosa"

Al mismo tiempo, enfatizó que la expedición al planeta rojo no es una "vía de escape para los ricos".

 

Elon Musk, el consejero delegado de SpaceX, señaló en una entrevista este jueves con el fundador y presidente de XPrize, Peter Diamandis, que en las primeras etapas de la exploración de Marte podría morir "un montón de gente", pero insistió en que "es una aventura gloriosa". 

Musk enfatizó que la expedición a Marte no es una "vía de escape para los ricos". Según el empresario, hay que entender que "es un viaje arduo y peligroso en el que es posible que uno pierda la vida, pero es una aventura gloriosa, suena atractivo, [...] francamente dicho, un montón de gente probablemente morirá al principio".

Refiriéndose al comentario de Diamandis de que el viaje "cuenta con miles, si no millones de voluntarios", Musk hizo hincapié en que su empresa no obliga a nadie a participar en el proyecto. "Son solo voluntarios", subrayó el multimillonario. 

A parte de los comentarios sobre la exploración del espacio cósmico, durante la entrevista Musk lanzó un concurso por 100 millones de dólares para impulsar la captura del carbono en la atmósfera. Según XPrize, fundación organizadora, la iniciativa prevé "el premio de incentivo más grande de la historia".

Publicado: 24 abr 2021 19:19 GMT

Una foto del folleto facilitada por la NASA muestra que un cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Crew Dragon de la compañía es lanzado en la NASA. — JOEL KOWSKY / NASA HANDOUT EDITORIAL / EFE

Un cohete Falcon 9 de SpaceX ha despegado este viernes sobre las 5.50 hora local (9.50 GMT) para llevar al espacio una cápsula Dragon tripulada de la misma compañía privada y que ya se había utilizado en la misión Demo-2 el año pasado.

 

Una tripulación estadounidense, francesa y japonesa ha emprendido este viernes desde Florida un viaje de 23 horas hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en una cápsula reutilizada de SpaceX, como parte de la alianza de la NASA con socios comerciales y agencias internacionales para multiplicar estas misiones espaciales.

"Estas sociedades son críticas", expresa emocionado Steve Jurczyk, administrador interino de la NASA, minutos después del despegue del SpaceX Crew-2 desde el Centro Espacial Kennedy, en la costa este de Florida. 

Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó este viernes sobre las 5.50 hora local (9.50 GMT) para llevar al espacio una cápsula Dragon tripulada de la misma compañía privada y que ya se había utilizado en la misión Demo-2 el año pasado. 

sucio, pues también se había usado en noviembre pasado para el lanzamiento de la SpaceX Crew-1 a la EEI, aterrizó unos nueve minutos y medio después en la plataforma marítima "Por supuesto que todavía te amo" en el Océano Atlántico, tras desprenderse de la segunda etapa del cohete Falcon 9. 

Se trata de la primera vez que se reutiliza tanto la cápsula como la primera etapa del cohete con una misión humana, y también que dos naves espaciales de la tripulación comercial estarán acopladas al mismo tiempo a la estación.

La NASA ha señalado que esta reutilización, para abaratar los costos, es clave para multiplicar los vuelos a la EEI para avanzar en experimentos científicos y en las futuras misiones a la Luna y Marte.

También es la primera vez en 20 años que viaja un equipo compuesto por tres agencias espaciales: los estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihiko Hoshide, de la agencia espacial JAXA, y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Europea Espacial (ESA, en inglés).

Los cuatro experimentaron esta madrugada un lanzamiento "extremadamente suave" a bordo de la cápsula Dragón, llamada Endeavour, según ha dicho Steve Stich, jefe del Programa de Tripulación Comercial de la NASA.

Un "sueño" cumplido para SpaceX

Un somnoliento Elon Musk, que ha acaparado las preguntas de la prensa después del lanzamiento, ha recordado que hacía 19 años que había fundado SpaceX y que se hoy sentía "orgulloso" de trabajar con la NASA.

Con una pañoleta de tela como mascarilla contra la covid-19, que contrastaba con la seriedad de los ejecutivos de la NASA, y reconociendo que no había pegado ojo de la ansiedad, Musk ha señalado que era como un sueño cumplido la misión de hoy. 

"Fue un poco más fácil, pero bastante intenso", ha dicho pausado a los periodistas que le preguntaron si ya se estaba acostumbrando a este tipo de ajetreos.  

Jurczyk por su parte ha calificado de "increíble" los últimos 11 meses para las misiones tripuladas de la NASA de cara a "acelerar" la investigación científica en el laboratorio de microgravedad y especialmente para las futuras exploraciones de Marte. Ha recordado que ha habido "tres lanzamientos con tripulación a la estación espacial desde mayo pasado".

El ejecutivo se ha referido así a la histórica misión Demo-2, que en mayo de 2020 reinició los viajes desde suelo estadounidense a la EEI desde la clausura en 2011 del programa de transbordadores de la NASA. 

En esa ocasión los estadounidenses Robert Behnken (esposo de la astronauta McArthur) y Douglas Hurley estuvieron 62 días a bordo de la EEI, durante los cuales dieron 1.024 vueltas a la Tierra y dedicaron 114 horas a la investigación.

A la Demo-2 le siguieron la SpaceX Crew-1 que llegó a la EEI en noviembre pasado y que será relevada por la SpaceX Crew-2 que ha partido hoy gracias a "un clima que cooperó", según explica Stich. 

Ha mencionado que un primer intento de vuelo, programado para ayer jueves, tuvo que posponerse debido a condiciones meteorológicas adversas. 

11 ocupantes a la vez

La segunda misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX, la Crew-2, tiene previsto acoplarse de forma autónoma aproximadamente a las 09.10 GMT del sábado en el módulo Harmony de la estación espacial.

En la estación, un proyecto de más de 150.000 millones de dólares (alrededor de 124.000 millones de euros al cambio actual), integrada por 15 módulos permanentes; siete astronautas avanzaban en los preparativos para recibir a la visita, entre ellos la creación de "dormitorios". 

La EEI, que tiene el tamaño un campo de fútbol, apenas está adecuada para siete astronautas que comparten tres baños, no los 11 que estarán durante unos cinco días, mientras los cuatro del Crew-1 regresan a Tierra, lo que está previsto para el próximo miércoles 28 de abril. 

Los cuatro astronautas se unirán a la tripulación de la Expedición 65, compuesta por la Crew-1: Shannon Walker, Michael Hopkins, Victor Glover y Mark Vande Hei, de la NASA, como también por Soichi Noguchi, de JAXA, y los cosmonautas Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov. 

Los miembros de la Crew-2 llevarán a cabo la ciencia y el mantenimiento durante una estancia de seis meses a bordo del laboratorio en órbita y no regresarán antes del 31 de octubre.

Se trata de la segunda de las al menos seis misiones que SpaceX realizará a la EEI en razón de un contrato de 2.600 millones de dólares (alrededor de 2.150 millones de euros al cambio actual) firmado con la NASA en 2014. 

Este laboratorio, que orbita la Tierra a una distancia de 400 kilómetros y una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora, rota astronautas internacionales que realizan estudios y contribuyen a investigaciones médicas y de otra índole para la Tierra y a las futura misiones a la Luna y Marte.

MIAMI

23/04/2021 17:48 Actualizado: 23/04/2021 18:01

EFE

Los jugadores del Real Betis con una camiseta de rechazo a la Superliga antes del encuentro correspondiente a la jornada 31 de primera división el pasado miércoles. — Julio Muñoz / EFE

La polémica por la Superliga europea reabre un viejo debate: si el fútbol, convertido hace tiempo en un negocio multimillonario, trata a sus seguidores como meros clientes o si sigue siendo un deporte por y para los aficionados.

 

La polémica surgida por el anuncio de la Superliga europea ha puesto al descubierto los costurones del mundo del fútbol y ha reabierto un viejo debate que en los últimos tiempos había quedado un tanto relegado pero que siempre está latente: si el fútbol, convertido hace tiempo en un negocio multimillonario, trata a sus seguidores como meros clientes o si por el contrario sigue siendo un deporte por y para los fans, tal como rezaban las camisetas que exhibieron algunos equipos de la Liga española en la pasada jornada en protesta contra el proyecto impulsado por Florentino Pérez.

Esta duda genera otras muchas más, como si fuera un bucle: ¿Los que están en contra de la Superliga realmente defienden la esencia y el romanticismo de este deporte frente a unos equipos codiciosos, o simplemente no quieren perder su parte del pastel de un negocio global que llega a todos los rincones del mundo? ¿Cómo es posible que los grandes equipos estén "arruinados", tal como dice Florentino Pérez, cuando el fútbol tiene más de 4.000 millones de seguidores en todo el mundo? ¿Existe una burbuja en la industria del fútbol?

Superliga: salvarse a sí mismos

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se resiste a dar por muerta la Superliga. Insiste en que su intención es "salvar el fútbol", que según él se está quedando obsoleto y pierde audiencia entre los jóvenes. Pero no esconde que lo que realmente persigue esta competición cerrada y elitista es incrementar los ingresos de una aristocracia europea de clubes que están "arruinados": según él, los doce equipos que fundaron la Superliga han perdido 650 millones de euros en el último año, aunque es cierto que la pandemia ha tenido mucha influencia en ello. Un informe de la consultora KPMG eleva esas pérdidas a más de 750 millones de euros. No queda muy claro qué es lo se quiere salvar. Quizás esta frase pronunciada por un directivo de uno de los equipos ingleses que iba a participar en la Superliga, y que ha revelado la cadena SkySports, ayude a aclarar las dudas: "Nuestro trabajo principal es maximizar nuestros ingresos y ganancias, el bien general del juego es una preocupación secundaria".

¿Existe una burbuja del fútbol?

El presidente del Real Madrid insiste en modernizar el formato la Liga de Campeones para hacer mas atractiva la competición y aumentar el interés del público y el dinero de las televisiones. "No es un problema de ingresos, sino de costes", advertía este pasado jueves el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, muy contrario a una Superliga que tilda de "clandestina".

Tebas puso el dedo en la llaga. Lo cierto es que el mercado futbolístico hace ya unos años que entró en una espiral inflacionista: fichajes cada vez más caros en detrimento de la cantera y salarios multimillonarios cuyo coste crece sin cesar y sin que nadie le ponga freno pese al fair-play financiero instaurado por la UEFA y la FIFA en 2012. La irrupción de los llamados clubes-Estado, como el Paris Saint-Germain, con dinero qatarí, o el Manchester City inglés, propiedad de la familia real de Abu Dabi, han alimentado esa espiral.

La relación entre ingresos y gastos ya estaba muy ajustada antes de la pandemia, pero con la llegada de la covid han reventado las costuras económicas de un deporte en el que los grandes clubes se han convertido en auténticas marcas globales que buscan la máxima proyección mundial y el máximo rendimiento económico para conservar su estatus dentro y fuera de la cancha olvidando muchas veces sus orígenes. "Los ingresos en el fútbol no son infinitos y por lo tanto, lo que tendremos que hacer es ajustar los gastos, no estirar los ingresos de unos a costa de otros", apuntaba el jueves el presidente del Villarreal, Francisco Roig.

El negocio depende de la televisión

El fútbol es una industria fundamentalmente televisiva en la que los clubes dependen cada vez de los ingresos por la venta de derechos audiovisuales y cada vez menos de las entradas y cuotas de socios que pagan sus aficionados. El mismo estudio de KPMG ya citado muestra cómo ha evolucionado el mercado del fútbol en la última década. Desde la temporada 2009-2010, los diez clubes más ricos –la mayoría estaban en el equipo fundacional de la Superliga– han incrementado un 40% sus ingresos por derechos de televisión y otro 44% los ingresos comerciales, de publicidad y de márketing, mientras que el dinero que llega por el llamado matchday —es decir los ingresos por entradas, cuotas de socios y otras ventas en día de partido— sólo lo ha hecho un 16%.

Esa creciente dependencia de la televisión se concreta en un claro ejemplo: el Huesca, un equipo modesto que está luchando por mantenerse en Primera División y que cuenta con un presupuesto para esta temporada 2020-21 de 60 millones de euros, obtiene el 85% de sus ingresos a través de los derechos televisivos. Quien paga manda: los horarios de los partidos y el calendario están pensados para la televisión y no para que los aficionados acudan a los estadios. Pero lo cierto es que el fútbol no podría sobrevivir sin la televisión.

¿Pierde audiencia el fútbol?

Florentino Pérez, sin embargo, alerta de que la gallina de los huevos de oro puede estar agotándose. "No podemos pensar que todos somos iguales porque hay partidos que no los ve nadie. A mí me cuesta verlos", dijo el miércoles en una entrevista en la cadena Ser. Por eso reclama que los equipos grandes jueguen más partidos y además entre sí. Todo sea por la audiencia.

"Eso son tonterías", le respondió el jueves el presidente de la LFP en una rueda de prensa. Según este organismo, la audiencia de la Liga española en la temporada actual ha aumentado un 8,6%. Lo que sí que está cambiando, dicen los expertos, es la forma que tienen los aficionados de consumir fútbol a través de las nuevas plataformas que ofrece Internet (Twitch, Youtube, etcétera) y que no siempre implica ver los partidos durante 90 minutos seguidos. Pero el interés por el fútbol no ha decaído, aseguran desde la LFP.

La doble vara de medir de los críticos de la Superliga

Esa espiral inflacionista que empuja a los equipos (al menos a algunos) a una búsqueda permanente de nuevos ingresos, también ha provocado que los organismos que gobiernan el fútbol mundial (FIFA), europeo (UEFA) y español (LFP y Federación Española de Fútbol), y que ahora cargan contra el modelo de Florentino Pérez por "insolidario" y "egoísta", se hayan embarcado en algún momento en aventuras similares a la Superliga, sólo que en esos casos no se limitó el acceso a nadie.

Así, la FIFA vendió el Mundial de 2022 a Qatar, un país sin ninguna tradición futbolística, por más de 800 millones, con trama de corrupción mediante, el llamado Qatargate; la LFP se empeñó hace dos años en que un partido de la Liga española se jugara en Miami a cambio de cinco millones de euros, y la Federación se ha llevado la Supercopa de España a Arabia Saudí por tres años a cambio de 120 millones de euros. Todo, se justifican, para promocionar y difundir este deporte, pero lo cierto es que estas iniciativas alejan a los aficionados de los estadios y los empujan al sofá, restando ese componente pasional y romántico asociado históricamente al fútbol. Y, de paso, se hace caja. 

¿Dónde queda el aficionado?

"Estos clubes han sido sancionados por sus aficionados y con el desprecio del fútbol europeo", afirmó el jueves Tebas refiriéndose a los fundadores de la Superliga. Las palabras de Tebas ahondaron en el lema "El fútbol es de los fans", que escogió la LFP en la pasada jornada de Liga. Es verdad que la oposición de los aficionados, especialmente en Inglaterra, ha sido fundamental para frenar el proyecto. Sin embargo, en España al menos, se cuenta poco con ellos: hace tiempo que los clubes españoles, que son en su mayoría sociedades anónimas, tratan a sus aficionados como clientes. En España disfrutar del fútbol no es barato: es el país europeo donde más cuesta asistir a un partido. Por otro lado, el precio de las camisetas ronda ya los 100 euros, y cada año se cambia de modelo para atraer a más compradores.

El futuro

El propio Tebas aseguraba el jueves que la Superliga restaría 1.000 millones en ingresos a la Liga española, condenando en la práctica a la desaparición de muchos equipos. Por eso mismo se mostró satisfecho porque "la amenaza de la Superliga se acabó para mucho tiempo", según afirmó. Pero casi nadie duda de que Florentino, pese a equivocarse en las formas, también ha abierto un melón: el de que hay que cambiar algo. Lo dijo Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid: "Ante cambios sísmicos como este, algo va a cambiar para mejor".

Sin embargo, no está muy claro cómo será ese cambio, ni si las cosas mejorarán: siempre habrá dos tipos de fútbol, el de barrio y canchero, el que se juega los domingos por la mañana, y el que se ha convertido en una multinacional del entretenimiento que necesita cada vez más dinero para mantener el espectáculo abierto. 

"Ganátelo", decían también las camisetas que exhibieron los jugadores en la última jornada de Liga. Con ello querían transmitir que lo importante sigue siendo lo que pasa en los límites del terreno de juego, que esos deben ser los valores que primen. Hace ya tiempo que lo que pasa fuera es, como mínimo, tan importante como lo que pasa dentro de la cancha.

madrid

23/04/2021 07:19

Jorge Otero Maldonado@jorgeotero99

Publicado enSociedad
Covid y vacunas: Monopolios farmacéuticos contra la salud pública

Las leyes de patentamiento, otra fuente de desigualdad

La lucha de los laboratorios para proteger sus beneficios choca con las necesidades del mundo menos desarrollado por proteger la vida. Reglas  cuestionadas y el rol de los organismos internacionales.

 

Cuando en 1998 África superó ampliamente la cantidad de infectados de HIV con respecto al resto del mundo, varios países del continente pidieron retirar las patentes de los medicamentos para evitar las muertes. Los países ricos en los que se encuentran la mayoría de las farmacéuticas se negaron y los costosos medicamentos que estaban disponibles desde 1996, tardaron diez años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible.

Cuando India y Sudáfrica propusieron suspender el cumplimiento de obligaciones de propiedad intelectual mientras la carrera de las vacunas contra la Covid-19 entraba en fase 2, el mundo acumulaba alrededor de un millón de muertos. Hoy en día, la lógica de mercado volvió a imponerse: el debate sigue abierto y los muertos también. El mundo ya acumula casi tres millones

En la industria farmacéutica, cuando un laboratorio desarrolla un medicamento, alguna empresa patenta su descubrimiento para proteger la propiedad intelectual del producto y evitar que otras puedan copiarse. Patentar un medicamento significa adquirir exclusividad para producir y comercializarlo durante veinte años.

El modelo de producción en la industria farmacéutica funciona basado en un esquema en que la inversión más riesgosa (por su capacidad de fracaso), el de Investigación y Desarrollo (I+D) es financiada pública o privadamente; y luego es patentada permitiendo al titular actuar como un monopolista y fijar altos precios con su consecuente rentabilidad extraordinaria. La consecuencia: se generan ganancias extraordinarias.

A modo de ejemplo, las acciones del laboratorio Moderna con base en Boston, Estados Unidos, que produce una de las vacunas contra la covid-19 aumentaron un 160 por ciento entre octubre del 2020 y abril del 2021. Algunas estimaciones de mercado aseguran que puede generar más de 5.000 millones de dólares al año.

Desigualdad y mutaciones

La Organización Mundial de la Salud, que releva la administración de las vacunas a nivel mundial, aseguró que el 75 por ciento de las vacunas contra la covid-19 se dieron en 10 países ricos. Como contracara unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna y se calcula que muchos de ellos deberán esperar hasta el 2024.

Uno de los impactos más directos y a la vez contraproducente incluso para los países que apoyan este modelo son las mutaciones que van surgiendo por la propia reproducción del virus. Se seguirán desarrollando variantes y algunas vacunas no serán efectivas, lo cual generará nuevas formas de esta pandemia. 

“La intención de los patentamientos era promover la innovación, pero en el caso de las tecnologías médicas, el tiempo ha demostrado lo contrario”, explicó a Página 12  Lorena Di Giano, directora ejecutiva del Grupo Efecto Positivo (GEP) y abogada especialista en derechos de propiedad intelectual, al tiempo que cuestionó a las farmacéuticas: “Se convirtieron en empresas que especulan en mercados bursátiles.  La combinación de acciones más patentes nos traen precios que no podemos pagar ni los usuarios ni los Estados. Tienen la obligación de garantizar la salud pública”.

Salud o comercio

El hashtag #liberenlasvacunas llegó a los medios estos últimos días, pero desde la etapa de fase 2 algunos países y organismos especializados reclaman por la liberalización de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información para el tratamiento, prevención y contención de la covid-19. De esto se trata la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) en la Organización Mundial de Comercio.

Adpic es un acuerdo que se firmó entre 1986 y 1994 y obligó a todos los países miembros de la OMC a conceder patentes sobre medicamentos. Argentina fue uno de ellos: adhirió en 1995 y comenzó a aplicarse en el 2000. 

"Numerosos países que excluían –por razones de salud pública– el patentamiento de productos farmacéuticos, debieron adaptar su legislación a esa nueva normativa internacional. No hacerlo suponía exponerse a represalias comerciales legitimadas mediante el mecanismo de solución de controversias de la OMC", explica la investigación "Acceso a medicamentos" llevada adelante por Carlos Correa y Germán Velásquez de la organización Centro del Sur. 

Aunque cuenta con el apoyo de un centenar de países de ingresos bajos y medios y más de 400 organizaciones de la sociedad civil, la propuesta de India y Sudáfrica  (que ya fue tratada en tres ocasiones desde que comenzó la pandemia en la OMC) no prospera. 

Aún no se pudo obtener el consenso necesario (el apoyo de tres cuartas partes de los países que integran el organismo) para que se trate en la instancia siguiente, que es el Consejo General de la OMC. De los 123 apoyos necesarios, ya cuentan con más de 100.

Para resumir el mapa geopolítico, algunos de los países a favor de la liberalización son Argentina, Bangladesh, Chad (en representación de los miembros de los países con menores ingresos), Egipto, Honduras, Indonesia, Mozambique, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Venezuela. Por el contrario, los países más ricos donde se encuentran las sedes de las principales farmacéuticas se oponen: Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Japón, Noruega, Suiza y la Unión Europea. En tanto que Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Senegal, Tailandia y Turquía analizarán la propuesta.

Qué dicen los laboratorios

Las grandes farmacéuticas levantan por lo menos dos argumentos por los cuales justifican su rechazo al pedido de acceso equitativo a las vacunas: que el problema no es la propiedad intelectual sino la capacidad de producción; y que sin derechos de propiedad intelectual no van a tener los incentivos necesarios para seguir investigando por ejemplo para las nuevas cepas que se van presentando.

"Los derechos de Propiedad Intelectual no son el problema" declaró Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (Ifpma) que representa a los principales productores de vacunas durante una conferencia organizada por la OMS, "los cuellos de botella son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento".

Este enunciado fue desmentido por distintos países: "En América Latina, Brasil y Argentina tienen la infraestructura necesaria para empezar a producir ya. Algunos países no tienen la tecnología para encarar nuevas investigaciones pero sí tienen la capacidad de fabricar las vacunas que ya están aprobadas", asegura Di Giano y agrega que de cualquier manera generaría una ampliación de la oferta, contribuyendo a bajar su precio y abrir la negociación por parte de los países de menores recursos.

El documento del Centro del Sur mencionado anteriormente asegura que "según la industria farmacéutica para el desarrollo de una nueva molécula de uso medicinal se requería una inversión de 2.500 millones de dólares.  En contraste, un estudio realizado por investigadores independientes, publicado por la London School of Economics estimó un costo medio para el desarrollo de un nuevo medicamento en sólo 43.4 millones de dólares ", explica y concluye: "mientras no exista transparencia sobre cuáles son los costos reales de la I+D, el problema del precio y, por lo tanto, del acceso a los medicamentos, seguirá sin resolverse". 

Asimismo, un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos 10.000 millones de dólares fondos públicos y de organizaciones sin fines de lucro para financiar sus vacunas, aun entendiendo que puede ser un número subestimado. 

Un estudio detallado sobre el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca coincide en lo esencial de este dato: la industria farmacéutica soportó menos del 3 por ciento de los costos de investigación: la mayor parte de los 120 millones de euros fueron invertidos por el Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones) y otras entidades de fondos públicos. 

Mientras el debate sigue abierto, los países centrales no pierden el tiempo, las multinacionales farmacéuticas que están trabajando en su desarrollo ya cuentan con solicitudes de patentes en distintas partes del mundo. “Encontramos 188 patentes asociadas a las vacunas con una respuesta inmune demostrada”, reveló Di Giano.

Frente a la cantidad de adhesiones, la OMC propuso una “tercera posición" que habilita el otorgamiento de licencias voluntarias. Esto significará mantener los derechos de propiedad intelectual fomentando acuerdos privados entre laboratorios y gobiernos para permitir transferencias de tecnología. “Las licencias voluntarias no funcionan, apelan a la voluntad de cada laboratorio. Lo que hace es correr el verdadero foco del debate que es la suspensión de patentes”, reflexiona Di Giano.

Otra de las propuestas en este sentido diseñada por la OMS en junio del 2020, es el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19,  que también apela a la voluntariedad de compartir datos y propiedad intelectual de tecnologías. Sin embargo, el programa ha tenido pocas adhesiones. 

El tercer intento y fracaso es la Covax, cuyo impacto es muy menor: hasta fines de febrero, tenía acceso solo al 2 por ciento de todo lo que Pfizer producirá y para repartir entre 145 países.

Pareciera ser que las soluciones intermedias no son viables. "Los medicamentos no son mercancías", explicó el activista colombiano Luis Guillermo Restrepo: "algún día recordaremos a las patentes como hoy recordamos a la esclavitud”. 

Por Natalí Risso

Vacunas sí, antivirales no: una decisión económica

Los beneficios potenciales de las vacunas y los tratamientos para la covid 19 son muy distintos. Hay 7.700 millones de clientes para las primeras frente a 103 millones para los segundos: 75 veces menos

 

Para evitar al lector interpretaciones erróneas, voy a hacer previamente una declaración de principios: soy un médico instruido y educado en la medicina científica, amante de la Medicina Basada en la Evidencia, totalmente alejado de las medicinas alternativas, soy pro vacunas y nada tendente a la conspiranoia, sin dejar de ser consciente, por mi edad y experiencia, de los grandes intereses económicos que se mueven en ciertos sectores de una sociedad.

Empezaré señalando que hace ahora 50 años la mayoría de los médicos del mundo asistimos expectantes al nacimiento del que parecía ser el camino que racionalizaría la práctica médica. Abandonándose para siempre el “yo hago esto así porque opino…” o “yo hago esto así porque creo…”, la medicina parecía que dejaría de ser un arte para ser una auténtica ciencia. Corría el año 1972 cuando el epidemiólogo escocés Archibald Cochrane, publicó su libro Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services –Efectividad y eficiencia: reflexiones aleatorias sobre los servicios de salud– en el que explicaba sus primeras reflexiones al respecto.

Estas incipientes ideas versaban sobre el camino que habría de conducirnos a una medicina científica, basada en la evidencia, en la que la separación del grano de la paja en la literatura científica conduciría a la creación del nuevo cuerpo de doctrina médica. En él solo habría lugar para las experiencias que superaran una estricta crítica de la metodología empleada y de las conclusiones objetivamente enunciadas, quedando por tanto excluidas todas las demás, es decir aquellas conclusiones que no estuvieran avaladas por el rigor metodológico exigido para ser dadas por ciertas. Y era importante, porque ejemplos de estas últimas llenaban los libros y revistas científicas que había en las estanterías.

La progresiva implantación de esta doctrina surtió en poco tiempo dos efectos claros. Por un lado, redujo notablemente la indeseable variabilidad de la práctica médica, acercándose a su objetivo final, que un médico en España y otro en Nueva Zelanda, sin conocerse, se enfrenten al mismo problema y puedan actuar exactamente igual. Por otro lado, la eliminación de técnicas, exploraciones y tratamientos que o bien no se habían mostrado sustentadas en una metodología exigente, o bien sus conclusiones no habían sido suficientemente razonadas, ha contribuido desde entonces a la sostenibilidad de los sistemas de salud.

La implantación y el desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) han supuesto que la medicina desde la segunda mitad del siglo XX sea la más racional que ha existido en nuestra historia. Sin embargo, es tendencia muy humana que el entusiasmo sobre algo nos conduzca a un fundamentalismo insano que puede volverse dañino. No en vano, en el punto medio suele estar la virtud, pues nunca es aconsejable olvidar el sentido común. Y una desviación en este punto, hasta convertirse en fundamentalismo, es lo que esta pandemia nos está mostrando. 

Aunque personalmente estoy de acuerdo en la bondad de la MBE, estoy seguro de que el mismo Cochrane cuando hizo sus primeras reflexiones no estaba pensando en una enfermedad que, por nueva, no dispusiera de un previo acervo de conocimiento, como ocurre con el caso de la epidemia de covid-19. Por el contrario, la gravedad y contagiosidad de la misma, con la consiguiente rapidez de extensión, apremia seriamente a la humanidad, pues en un año se han producido 103 millones de contagios y 2,4 millones de muertos, afectando además a todo el planeta. ¿No es una situación extraordinaria? En este contexto, considero que uno de los principales errores cometidos ha sido aplicar a rajatabla criterios y procedimientos de la MBE ideados para un contexto normalizado, cuando el actual no lo es. Es, por el contrario, demasiado extraordinario por urgente y destructor.

Parece obvio que, en situaciones extraordinarias, los métodos a aplicar deben ser también extraordinarios. El no haber tenido la inteligencia suficiente para adaptarse a tan especiales circunstancias ha supuesto un retraso en la investigación en algunos ámbitos concretos por no tener en cuenta precisamente las especiales características de la pandemia –inexistencia de conocimiento previo de la enfermedad, alta contagiosidad y mucha rapidez en su extensión y gravedad de la covid-19–. El fundamentalismo al que la MBE ha llevado a muchos médicos nos ha impedido aplicar el sentido común, única herramienta que nos podía ayudar en este caso, adaptándonos a las circunstancias y a sus necesidades específicas.

En consecuencia, durante el año 2020, la ciencia, y la medicina en particular, han mostrado una capacidad de adaptación desigual entre los distintos aspectos del tratamiento de la covid-19. Se ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo rápido de vacunas, mientras que ni se ha mostrado ni se sigue mostrando la misma diligencia para la investigación del tratamiento de la enfermedad, especialmente el referido a los antivirales, que van encaminados a abortar la enfermedad desde el principio, impidiendo la entrada del virus en la célula y por tanto su replicación. Los médicos de todo el mundo, en su gran mayoría, hemos buscado las evidencias publicadas sobre esta enfermedad, pero nos hemos encontrado con que estas ni siquiera existían. Necesitábamos encontrar su naturaleza, su comportamiento y las posibles opciones de tratamiento, es decir, cosas nuevas. Y esto solo podía lograrse con una investigación ágil, imaginativa y valiente, especialmente valiente. Y necesitábamos hacerlo rápido.

Sin embargo, a muchos nos da la sensación de que no se ha sido muy consciente del todo de la auténtica urgencia del caso. ¿Por qué ha ocurrido esto? Apuntaré algunas hipótesis.

Los médicos nos hemos esforzado en descubrir las medidas que trataran de mejorar las fases más graves de la enfermedad, solo cuando su proceso se había agravado tanto que se preveía el fallecimiento inminente del paciente. Ahí sí se han probado rápidamente tratamientos como la dexametasona. Sin embargo, esta fase crítica no es más que la consecuencia de una infección viral como hecho primero –dando lugar a la fase viral, de curso clínico relativamente benigno– que acaba en muchos casos en el establecimiento de la fase inflamatoria, cercana a la muerte –la famosa tormenta de citoquinas y el consiguiente fracaso multiorgánico, como últimos pasos antes del fallecimiento–. 

Por tanto hemos parecido olvidar algo fundamental, que lo ideal es encontrar un fármaco con acción antiviral, que sea capaz de abortar la enfermedad en su inicio, precisamente para evitar que, tras la replicación del virus, se desencadene la neumonía bilateral típica y se llegue a la segunda fase –fase inflamatoria–. La lógica más elemental aconseja actuar contra la causa primera y fundamental.

¿Por qué entonces los antivirales han ocupado solamente un lugar secundario en nuestros pensamientos y en el tiempo dedicado?  Llama la atención que solo las grandes farmacéuticas lo han intentado, probando fármacos antivirales que, sin excepción, han resultado ineficaces tras haber sido aprobados con relativa rapidez por parte de las agencias reguladoras. La mayoría de ellos eran de alto coste. Hoy todavía no se ha logrado disponer de ninguno auténticamente eficaz. Por el contrario, parece que nadie ha querido, ni quiere, oír hablar de otras investigaciones con moléculas que han mostrado resultados iniciales esperanzadores. La pretensión de lograr la aprobación de ensayos clínicos de varias de ellas se eternizan y se eternizan, cuando ya tienen la condición imprescindible para poder ser candidatas a ser estudiadas seria pero rápidamente –la seguridad–. Señalemos que no se pide la aprobación irresponsable de ninguna molécula o moléculas, sino solo la aprobación con la mayor rapidez y la mayor agilidad administrativa de los ensayos controlados, que posteriormente permitan, o no, su aprobación como tratamiento antiviral de la covid-19.

La mayoría de estas moléculas que esperan infructuosamente el permiso de ensayo comparten varias características, como son: suelen ser antiguas en casi todos los casos –algunas fueron aprobadas por la FDA estadounidense ya en 1965–, baratas y libres ya de patentes por el importante tiempo transcurrido desde su aparición, así como seguras, pues han sido utilizadas durante años para otras indicaciones mostrando muy pocos efectos secundarios. ¿Realmente hay que ser tan riguroso formalmente, y sobre todo tan exigente administrativamente ante unos fármacos que, si bien tienen que demostrar su eficacia, poseen la condición principal para ser aprobados: su necesaria y demostrada seguridad?

Por el contrario, en el mismo tiempo, se ha conseguido el desarrollo, completo en algunos casos, su rápida aprobación y su uso, de varias vacunas, como son las de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, entre más de veinte que se encuentran en fases algo más precoces pero que han gozado de la misma agilidad en su aprobación que las citadas. Y ello a pesar de que existen importantes incertidumbres en su comportamiento a medio y largo plazo –yo mismo debo admitirlo a pesar de tener una actitud provacunas–. De hecho la mayoría de los médicos del mundo occidental hemos decidido libremente ser vacunados, pero curiosamente solemos ser los mismos que luego estamos poniendo constantes trabas cuando deberíamos fomentar ensayos clínicos de sustancias baratas y antiguas –por tanto con seguridad contrastada– con la mayor urgencia posible.

El ingente trabajo realizado con las vacunas ha sido fruto de grandes compañías farmacéuticas, las mismas que han fracasado repetidamente en el descubrimiento de algún antiviral eficaz. ¿Son similares en cuanto a beneficio económico el negocio de las vacunas y el de los antivirales? ¿Tiene esto algo que ver con la perezosa maquinaria que parece retrasar y retrasar la aprobación de los ensayos clínicos solicitados para antivirales? No digo que las grandes compañías no persigan el beneficio de la humanidad, pero quizás… si puede ser haciendo grandes negocios, mejor. ¿O no? ¿Se ha preguntado alguien si en el fiasco en el aprovisionamiento de las unidades prometidas de vacunas en los plazos señalados puede haber habido cierta trampa? ¿Tan difícil es calcular el ritmo de producción de las mismas? ¿Pudiera haber una actitud de “vamos a firmar el contrato rápidamente para asegurar la operación, que luego las serviremos como vayamos pudiendo”? ¿Es cierto que importantes partidas de las dosis contratadas han sido desviadas a terceros países porque abonaban a última hora precios hasta tres veces más altos?

Los beneficios potenciales de ambos negocios –vacunas versus antivirales– son muy distintos, siendo mucho mayor el de las primeras que el de los segundos. Se calcula que con las vacunas va ser del orden de 20.000 millones de dólares. Hoy hay 7.700 millones de habitantes en el mundo, todos potenciales clientes de vacuna, mientras que son 75 veces menos los clientes potenciales de antivirales –ha habido hasta el momento 103 millones de infectados–. Imagínense la diferencia.

Será por esta o por otras razones, pero hasta ahora ha sido sistemática e inexplicablemente enlentecida la aprobación de ensayos clínicos de sustancias antiguas, por tanto con seguridad probada, y baratas. Como casos ciertos a modo de ejemplo podemos hablar de la ivermectina –antiparasitario–, la colchicina –fármaco antigotoso–, el omnivirol –compuesto de aceites esenciales–, algunas pautas antihistamínicas –fármacos antialérgicos– o la plitidepsina, nueva molécula española por  la que ha tenido que manifestarse un grupo de científicos de todo el mundo exigiendo que dejen de demorar el comienzo de la fase III de su ensayo. *

Señalo, una vez más, que no se trata de ser irreflexivo, sino de tener la mente abierta y, sobre todo, tener una actitud ágil en los procedimientos. Insisto: no se trata de aprobar medicamentos, solamente se pide la aprobación rápida de ensayos clínicos de sustancias seguras y de resultados prometedores para llevar a cabo los correspondientes ensayos clínicos. Y en eso llevamos meses de retraso. Parece sospechoso impedir investigar la eficacia de fármacos con menos efectos secundarios que otros que fueron aprobados con facilidad y se usaron los primeros meses de la pandemia. Por la actitud, pareciera que no se quiere comprobar que realmente pueden ser eficaces, en este caso, sustancias que fueron aprobadas en muchos casos hace muchos años para otras indicaciones por los organismos y agencias reguladoras de todo el mundo.

Resumiendo, el lobby de las grandes farmacéuticas va ganando esta batalla. Médicos del mundo, ¡exijamos que se permita investigar con rapidez los antivirales que pueden ayudar a largo plazo mucho más que las propias vacunas! Seamos sinceros, valientes y comprometidos con nuestra profesión, aplicando el sentido común a la necesidad y urgencia del momento que vivimos.

--------------

* Fe de errores. En la primera versión de este artículo se citaba un tratamiento con dióxido de cloro experimentado en Bolivia; dicho tratamiento ha sido desaconsejado por la OPS.  

Por Manuel Calleja es cirujano cardiovascular en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Publicado enEconomía
Soldados israelíes durante un entrenamiento en los Altos del Golán ocupados. - REUTERS.  16/02/2021 07:14 Actualizado: 16/02/2021 07:15

Al menos una veintena de ingenieros israelíes han vendido a China misiles fabricados en Israel pero usando en parte tecnología puntera de Estados Unidos. Difundida la semana pasada por los servicios secretos del Shin Bet, la noticia, sobre la que sigue pesando la censura militar, contribuye a enrarecer las relaciones de Benjamín Netanyahu con Estados Unidos.

 

Una red de ingenieros israelíes vendió a China misiles avanzados fabricados en parte con sofisticada tecnología militar de Estados Unidos. La venta, que proporcionó pingües ganancias de "decenas de millones" de dólares a los ingenieros, violó los acuerdos que Israel estableció con Washington para impedir que su puntera tecnología cayese en manos de terceros países, especialmente de China. 

El Shin Bet, los servicios de inteligencia israelíes para el interior del país y los territorios palestinos ocupados, informaron la semana pasada de la desarticulación de la red diciendo que de la venta se había beneficiado "un país asiático", sin mencionar específicamente a China, el principal rival de Estados Unidos en relación con esa tecnología.

El anuncio del Shin Bet llegó menos de un mes después de la entrada en la Casa Blanca de Joe Biden, quien todavía no ha hablado con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque Washington aún no ha reaccionado ante el millonario negocio de los ingenieros israelíes, es fácil imaginar que los americanos están muy enojados puesto que en más de una ocasión habían advertido a Netanyahu que no vendiera a China tecnología militar. 

Durante el mandato de Donald Trump, los israelíes disfrutaron de un amplio margen de maniobra en esta materia ya que el presidente republicano accedía a cada una de las demandas de Netanyahu, y es muy probable que por entonces los servicios de inteligencia americanos ya conocieran los trapicheos con China, que no son nuevos, pero decidieran hacer la vista gorda. 

El hecho de que la censura militar haya prohibido a los medios hebreos publicar el dato clave de que el país beneficiado es China, indica la preocupación de Netanyahu con este negocio que sin duda enrarecerá más las relaciones con la administración demócrata. Sin embargo, en distintos blogs y redes sociales de Israel y del extranjero se ha revelado el nombre de China. 

Un dato sorprendente es que quien haya revelado el negocio sea el Shin Bet, y no los servicios de inteligencia militar, Aman. De esta manera Israel trata de referirse a la venta como una cuestión interna y de iniciativa privada, aunque es muy difícil imaginar que dado que de momento hay una veintena de ingenieros implicados, estos no informaran a las autoridades con anterioridad, o que a los servicios de inteligencia les pasara por alto el negocio hasta después de consumado. 

Una explicación puede ser que Israel, que siempre ha cuidado en extremo las relaciones con China, obtuviera a cambio algún beneficio equivalente. Los medios hebreos habitualmente publican informaciones sobre la creciente influencia de Pequín en la política y economía internacionales, y sobre la necesidad de mantener relaciones amistosas con el gigante asiático, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos. 

Se da la circunstancia de que una buena parte de los ingenieros implicados han trabajado con anterioridad para los servicios de inteligencia israelíes o en el desarrollo de armas sofisticadas del ejército, lo que abunda en la dirección de que es muy difícil, si no imposible, que las autoridades militares y políticas de Israel, incluido Netanyahu, ignoraran lo que tantas personas se traían entre manos, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del negocio. 

No hay que descartar que el chanchullo haya contribuido a que el presidente Biden todavía no haya llamado por teléfono a Netanyahu. En cada aparición de Biden se le pregunta por qué no lo ha hecho y la Casa Blanca responde que pronto se iniciará la llamada. 

Una parte de los ingenieros trabajaban para las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), una gigantesca empresa que en su totalidad es propiedad estatal y emplea a más de 15.000 trabajadores. Entre otras cosas, IAI, cuyo nombre tampoco se puede publicar en Israel en relación con este caso debido a la censura militar, fabrica los misiles avanzados vendidos a China. 

Entre los productos que fabrica IAI se encuentra el sistema de misiles Harop, el más avanzado de todos, y también se incluye el Harpy-2, que incorpora tecnología que permite atacar objetivos haciendo que los misiles se destruyan al alcanzar su objetivo. Algunos medios señalan que esta es la tecnología más avanzada en este campo que hay en el mundo. 

Para despistar a Estados Unidos, el clan de ingenieros se sirvió de sofisticados métodos que incluían el uso de intermediarios con el fin de ocultar que el cliente era en realidad China. También se sirvió de un complejo tramado de financiación para evitar que apareciera China. 

Esta no es la primera vez que Israel vende a China material militar avanzado en cuya fabricación se ha usado tecnología estadounidense, aunque probablemente la noticia ha saltado en el peor momento de todos, es decir cuando las relaciones de Israel con Estados Unidos no son precisamente óptimas y la noticia podría deteriorarlas aún más. 

Según Tikun Olam, un blog basado en Estados Unidos pero que se especializa en filtraciones israelíes, la tecnología adquirida por China podría caer en manos de Corea del Sur o Irán, dos países que mantienen buenas relaciones militares con Pequín. 

Publicado enInternacional
Domingo, 07 Febrero 2021 05:51

Asaltantes con patente

Afp, Justin Tallis

Recorrida por las trampas del big pharma

Astrazeneca y Johnson & Johnson, que anunciaron la venta «al costo» de sus vacunas para la covid-19, no sólo mantienen sus precios en la oscuridad, sino que encabezan la lista de empresas que abusan de la normativa en materia de patentes.

 

Hace un año, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se quejaba de que ninguna gran compañía farmacéutica se hubiera comprometido aún a intensificar la búsqueda de una vacuna contra el SARS-CoV-2. En 2019 sólo cuatro compañías estaban haciendo vacunas para el mercado estadounidense, cuando en la década del 70 eran 20 (Kaiser Health News, 25-VIII-20). Según estimaciones de Morgan Stanley y Credit Suisse (Financial Times, 4-IV-20), el mercado de vacunas de covid-19 podría crecer a 10.000 millones de dólares por año (en el supuesto de que la vacunación deba repetirse anualmente). Pero, antes de la millonaria inyección de recursos públicos para estimular la investigación y de la cobertura de riesgos garantizada por las compras públicas anticipadas del producto, las compañías mostraban un escaso interés en las vacunas, que suelen requerir más tiempo –excluyendo la excepción de la pandemia– para ser aprobadas y se administran en muchos casos una sola vez en la vida o una vez al año. En cambio, otros rubros, como la producción de medicamentos y tecnología médica, les proporcionaban mayores ganancias.

EL PRECIO DE LO PRIVADO

Esta semana, Newsweek y el boletín digital The Daily Poster informaron que en diciembre Pfizer y Johnson & Johnson habían presentado dos solicitudes («casi idénticas, preparadas por el mismo abogado») a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que esta las eximiera de presentar, ante sus respectivos accionistas, información sobre el modo en que fueron fijados los precios de sus vacunas. El pedido de Pfizer y Johnson & Johnson era en respuesta a una resolución presentada por miembros del Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR, por sus siglas en inglés), una organización que incluye grupos religiosos, sindicatos, fondos de inversión y ONG que participan como accionistas en cientos de compañías, «en un esfuerzo por fomentar la responsabilidad empresarial». Las farmacéuticas adujeron que sus accionistas demuestran que quieren «microgestionar» las empresas al solicitar «un informe intrincadamente detallado». Pero, según retrucan desde el ICCR, la idea no es conocer algoritmos complejos de formación de precios, sino tener una respuesta a estas preguntas: al fijar los valores de venta de las vacunas, «¿han tenido en cuenta las empresas la financiación estatal recibida?, ¿y cómo la tuvieron en cuenta?».

La ONG Oxfam, que firma la resolución dirigida a Johnson & Johnson, afirmó que la farmacéutica no ha aclarado qué significa su anunciada distribución «sin fines de lucro» de la vacuna, cuando es el Estado el que ha financiado buena parte de su investigación. Sin transparencia en su proceso de establecimiento de precios, la ausencia de lucro es incomprobable también en el caso de Astrazeneca, que ya ha vendido su vacuna a Sudáfrica al doble del precio que a la Unión Europea (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21). Pergeñada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la asociación entre Astrazeneca y la Universidad de Oxford cambió radicalmente el modelo de distribución que había anunciado previamente esa casa de estudios –financiada en buena medida por el Estado inglés–, que fue la que aportó el grueso de la investigación detrás de esa vacuna. Tras la intervención de la farmacéutica anglo-sueca, la vacuna de Oxford pasó de tener una licencia abierta, diseñada para estar disponible libremente para cualquier fabricante, a tener una licencia exclusiva controlada por Astrazeneca.

Además de la milmillonaria financiación pública directa recibida por las principales vacunas que hoy compiten en el mercado abierto por la covid-19 (Estados Unidos les ha otorgado unos 13.000 millones de dólares de fondos públicos a las empresas que desarrollan las vacunas, según cifras oficiales), ciertos aspectos fundamentales de al menos cinco de ellas dependen del conocimiento científico previo financiado mediante años de inversión pública. Las proteínas espiga que dan nombre al coronavirus, contra las cuales se desarrollan los anticuerpos de la mayoría de las vacunas, son muy inestables aisladas en su forma natural. De acuerdo a un reciente informe de la ONG Public Citizen, antes de la pandemia el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) había desarrollado una técnica inédita para estabilizar las proteínas del coronavirus que provoca la enfermedad del MERS. El NIH patentó el procedimiento y, cuando este año se reveló útil también para el SARS-CoV-2, patentó también este uso. La mayoría de las principales vacunas de primera generación contra la covid-19 –incluidas las de Pfizer-Biontech, Johnson & Johnson, Novavax, Curevac y Moderna– utilizan esa técnica desarrollada públicamente, tras adquirirla a un precio confidencial (Public Citizen, 10-XI-20). En agosto del año pasado, en conversación con Kaiser Health News, el diputado demócrata por Texas Lloyd Dogget resumió lo que significan los millonarios acuerdos de compras de vacunas que ya por entonces el gobierno federal había comenzado a firmar con las farmacéuticas: «Se trata de dar a los contribuyentes el privilegio de comprar una vacuna por la que ya han pagado».

SIEMPREVIVAS

En setiembre de 2020 el Centro de Innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UC) hizo pública una base de datos sobre patentes de fármacos basada en los registros del Orange Book, de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), agencia que regula la propiedad intelectual de la industria farmacéutica. Esta base de datos –«la primera en hacer un seguimiento exhaustivo de las protecciones de patentes presentadas por las empresas farmacéuticas», según la web de la UC– se nutre de las investigaciones de la profesora de derecho Robin Feldman (véase entrevista) sobre la estrategia de evergreening (o de perennidad)1 en torno a las patentes. Según explica la autora, las patentes de medicamentos están pensadas como protecciones de mercado garantizadas por el Estado por tiempo limitado –unos 20 años–, para incentivar a las compañías farmacéuticas a que innoven con medicamentos nuevos que mejoren la salud de la población. Una vez vencido ese período monopólico en el que las compañías farmacéuticas pueden obtener ganancias en exclusividad, los competidores deberían poder entrar al ruedo y reducir así los precios de los medicamentos a niveles competitivos. Pero las farmacéuticas han perfeccionado más de diez mecanismos (minuciosamente detallados en el estudio de Feldman) para posponer reiteradamente la caída de sus patentes y poner barreras a la competencia, con la complicidad, por acción u omisión, de la FDA.

Uno de los métodos usados consiste en agregarle patentes «secundarias» a un medicamento antes de que caduque la patente original. Como cada droga puede tener asociadas varias patentes de distinto tipo, las compañías registran sucesivamente, sobre la propiedad intelectual del componente químico original, nuevas patentes de elementos auxiliares, como la formulación de la droga y el método de uso. Estas patentes se registran luego de la original; por tanto, sus 20 años de gracia empiezan a correr más tarde y caducan también más tarde. Muchos de esos nuevos elementos patentados son modificaciones insignificantes, pero, cuando un productor de genéricos quiere comenzar a producir un medicamento cuya patente ha sido extendida de esta manera, debe demostrar la invalidez de cada patente asociada, a través de un litigio largo y caro, que de por sí desestimula estos intentos. Estos procedimientos están regulados en Estados Unidos por un complejo sistema creado en 1984, llamado Hatch-Waxman. Entre otras cosas, este sistema estipula que el primer genérico que impugne con éxito una patente o su aplicación será el único permitido en el mercado por seis meses, durante los cuales queda establecido un duopolio entre la compañía que patentó el medicamento y la que producirá su primer genérico. La disposición ha devenido en permanentes arreglos, conocidos como pay-for-delay, en los que las primeras desarrolladoras pagan a las productoras de genéricos interesadas en sus fármacos para que retrasen sus solicitudes.

Otra trampa descrita por Feldman fuerza la disposición que protege a los «medicamentos huérfanos», diseñados y aprobados para tratar enfermedades que afecten a poblaciones de 200 mil personas o menos. Como estímulo a la inversión en campos desatendidos de investigación, asociados fundamentalmente a enfermedades raras, desde 1983 se concede a estos medicamentos una exclusividad por siete años. Al día de hoy, sin embargo, más del 40 por ciento de los medicamentos aprobados por la FDA son declarados huérfanos. Durante estos períodos de exclusividad las empresas han incrementado los precios hasta provocar un escándalo nacional. Una vez que lo hacen, entra en juego otro truco, conocido como spillover pricing, que consiste en estimular a los médicos a prescribir el medicamento para usos distintos a los aprobados por la agencia, extendiendo el número de personas que pagan los inflados precios muy por encima del blanco inicial de 200 mil.

Como resultado de estos y otros procedimientos, Robin identifica «un sorprendente alejamiento de la conceptualización clásica de la protección de la propiedad intelectual en los productos farmacéuticos». «En lugar de crear nuevas medicinas, las farmacéuticas están reciclando y reutilizando las viejas. […] El 78 por ciento de las drogas asociadas a nuevas patentes en los registros de la FDA no son nuevos medicamentos que llegan al mercado, sino medicamentos ya existentes», concluye el estudio para el período 2005-2015. El fenómeno es especialmente fuerte entre los medicamentos más vendidos. Entre los primeros 100, el 70 por ciento ha sido extendido al menos una vez y más de la mitad se ha extendido más de una vez. Entre los que han recibido extensiones se encuentran la insulina y medicamentos que tratan el VIH y la adicción a los opiáceos. La práctica, considerada endémica y creciente en la industria, supera, en el caso de algunas compañías, las 20 extensiones. Quienes encabezan –junto con Gilead, productora del medicamento contra la covid-19 Remdesivir– el ranking de las empresas que más practican el evergreening son Astrazeneca y Johnson & Johnson.

  1. Robin Feldman, «May your drug price be evergreen», Journal of Law and the Biosciences, volumen 5, número 3 (XII-18). Páginas 590-647.

Con Robin Feldman1

—En el rubro de las vacunas, ¿se producen las mismas prácticas anticompetitivas que en el de los medicamentos?

—Las vacunas contra la covid-19 son poco menos que milagrosas. Sin embargo, siempre está el riesgo de que el Estado gaste el dinero pero desperdicie la oportunidad. Tenemos que asegurarnos de que las empresas farmacéuticas no se aprovechen de la crisis. Y hay algunas señales de alarma. Consideremos los siguientes ejemplos.

A principios de marzo, cuando la pandemia ya hacía estragos en todo el mundo, la empresa Gilead solicitó el estatus de medicamento huérfano para su fármaco Remdesivir como tratamiento para la covid-19. Gilead podría, entonces, bloquear durante siete años la posibilidad de que cualquier otra persona fabrique el medicamento.

Este estatus está pensado para medicamentos que sirven a poblaciones de pacientes muy pequeñas y funciona como una minipatente. Pero la FDA [Administración de Medicamentos y Alimentos] respondió afirmativamente al pedido de Gilead apenas unas semanas después. Bajo una intensa presión pública, finalmente Gilead renunció a sus derechos.

Hace tres años, en octubre de 2017, la compañía Sanofi pagó 61,5 millones de dólares para resolver una demanda antimonopolio relacionada con sus vacunas. La demanda alegaba que, cuando un competidor planeaba entrar en el mercado para competir con la vacuna contra la meningitis pediátrica de Sanofi (Menactra), la firma cobraba precios hasta un 34,5 por ciento más altos en sus vacunas, que aún tenían protección de patente, a menos que los compradores aceptaran adquirir exclusivamente las vacunas de Sanofi.

Además, durante esta pandemia, hemos visto cómo las empresas se han dedicado a bloquear la posibilidad de que otras compañías más pequeñas también hicieran pruebas.

—En vistas de la escasa información que ha sorteado las cláusulas de confidencialidad de los actuales contratos de compras de vacunas, ¿cómo evalúa lo relacionado a la propiedad intelectual?

—La transparencia es esencial tanto para la confianza del público como para el funcionamiento eficiente del mercado. Los contratos que he visto, incluso en sus versiones censuradas, ceden a las empresas todo tipo de derechos de propiedad intelectual en formas que uno no esperaría normalmente. Lo más preocupante es que los contratos especifican que la empresa puede mantener como secreto comercial cualquier tecnología que desarrolle a través del acuerdo. Con los secretos comerciales, a diferencia de las patentes, la información nunca entra en el dominio público.

—¿Los modelos dominantes de propiedad intelectual en el mundo están amenazando la salud de la población?

—La pandemia de covid-19 ha ejercido presión sobre muchos sistemas nacionales e internacionales, desde la propiedad intelectual hasta la distribución de suministros y la salud mundial. Pero esta no es la última pandemia a la que se enfrentará el mundo. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para replantearnos cómo pueden funcionar mejor nuestros sistemas a la hora de enfrentarnos a futuros retos mundiales.

1. Profesora de derecho de la Universidad de California, especialista en propiedad intelectual e industria farmacéutica.
Publicado enEconomía
Cómo los dogmas neoliberales están obstaculizando la resolución de la pandemia

Estamos inmersos en una de las mayores crisis sociales y económicas que el mundo haya vivido jamás. La evidencia científica que apoya tal observación de la realidad es abrumadora. Indicador tras indicador (desde los de mortalidad de la población hasta los de empleo) muestran el enorme dolor y sufrimiento que la pandemia está causando. Y la gente lo sabe. Los niveles de cansancio, frustración y enfado que la mayoría de la población está alcanzando en gran parte de los países a los dos lados del Atlántico Norte preocupa en gran medida a los mayores centros de reflexión de los establishments económicos y financieros, así como a los fórums políticos y mediáticos que les son afines en cada país.

De lo que no se habla en los debates sobre la pandemia

Y, en consecuencia, está teniendo lugar un gran debate y discusión sobre cómo responder a esta pandemia. Pero en este debate se empiezan a tocar temas que eran intocables hasta ahora. Me explicaré. Hay un dato que no se aborda en tales fórums políticos y mediáticos y que, sin embargo, es de una gran importancia. Sabemos ya cómo controlar, contener y, por lo tanto, superar la pandemia. Disponemos de los conocimientos científicos y de los recursos necesarios para solucionar algunos de los mayores problemas que existen y evitar tantas muertes. Es más, conocemos cómo podría controlarse la pandemia para recuperar cierto grado de normalidad. El lector debería conocer esta realidad. La ciencia sabe hoy cómo podría ir resolviéndose. Y no me refiero solo a la ciencia virológica y epidemiológica y otras ciencias básicas en salud pública, sino también a las aplicadas, como las ciencias sociales y económicas. Sé de lo que hablo. Soy también profesor de la Johns Hopkins University, incluida su bien conocida Escuela de Salud Pública, desde donde se realizan los bien conocidos estudios sobre la pandemia, conocidos y citados a nivel internacional. Y le puedo asegurar que sí, se sabe cómo controlar la pandemia. Sabemos, por ejemplo, que no podrá haber recuperación económica sin antes contener la pandemia. Ignorar lo segundo para corregir lo primero, como hizo la administración Trump, ha llevado a un desastre económico, social y de salud. No hay ningún país que lo haya conseguido. De nuevo, hay miles de datos que muestran el gran error de ignorar esta realidad. Ahora bien, el lector se preguntará: ¿si conocemos cómo controlar la pandemia y tenemos los recursos para hacerlo, por qué no se hace? Y otra pregunta que deriva de la anterior es: ¿por qué los medios no están informando sobre ello y los gobiernos no están actuando?

El silencio ensordecedor sobre por qué no se resuelve lo que es resoluble

La respuesta al último interrogante es fácil de conocer, y tiene que ver con la ideología y cultura dominantes en estos países, lo que dificulta ir más allá de lo que el pensamiento hegemónico permite considerar. Uno de estos obstáculos es, por ejemplo, el sacrosanto "dogma de la propiedad privada", que se considera fundamental para la pervivencia del orden social, marcado este último por otro dogma, el de las también sacrosantas "leyes del mercado" como mejor sistema de asignación de recursos. Estos dogmas rigen el comportamiento de los establishments político-mediáticos de la mayoría de grandes países a los dos lados del Atlántico Norte, y han jugado un papel esencial en obstaculizar el control de la pandemia.

Un claro ejemplo de ello. El porqué de la escasez de las vacunas

Tal y como indiqué en un artículo reciente ("¿Por qué no hay suficientes vacunas anti-coronavirus para todo el mundo?, Público,30.12.20), el mayor problema que existe en el control de la pandemia hoy en el mundo es la falta de las vacunas contra el coronavirus, escasez que incluso se da en los países considerados ricos a los dos lados del Atlántico Norte, lo cual es absurdo, pues los países ricos (y, por cierto, un gran número de países pobres tienen los recursos para producir tales vacunas). En realidad, el desarrollo de la parte más esencial en la producción de las vacunas más exitosas (Pfizer y Moderna) se ha hecho con fondos públicos, en instituciones públicas, en los países ricos (y, muy en especial, en EEUU y en Alemania). Esto lo reconoce nada menos que el presidente de la Federación Internacional de Industrias Farmacéuticas, el Sr. Thomas Cueni, en un artículo publicado en el New York Times hace unas semanas, "The Risk in Suspending Vaccine Patent Rules", 10.12.20, en el que afirma que "es cierto que sin los fondos públicos de agencias [instituciones públicas del gobierno federal estadounidense] como la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority o del ministerio federal alemán de Educación e Investigación, las compañías farmacéuticas globales no habrían podido desarrollar las vacunas COVID-19 tan rápido". El Sr. Cueni podría haber añadido que ello ocurre también con la mayoría de grandes vacunas que se han ido produciendo desde hace muchos años (véase el artículo citado anteriormente para ver los millones de dólares y euros públicos invertidos). La parte fundamental en el desarrollo de cualquier vacuna es el conocimiento básico, que suele investigarse en centros públicos o con fondos públicos de investigación sanitaria y salubrista. La industria farmacéutica, que sin este conocimiento básico no podría desarrollar las vacunas, utiliza dicho conocimiento para avanzar en su dimensión aplicada, es decir, la producción de las vacunas. Pero lo que el presidente de tal federación internacional olvida mencionar es que, además de utilizar el conocimiento básico que los Estados han financiado, esos mismos Estados ofrecen a las farmacéuticas un gran regalo al garantizarles el monopolio en la venta del producto durante muchos años, que pueden llegar hasta veinte, lo que les asegura unos beneficios astronómicos (los más elevados del sector empresarial de cualquier país).

Ahí está el origen de la escasez de vacunas. Es tan simple como esto. La propiedad intelectual, garantizada por los Estados y por las leyes del comercio internacional y sus agentes, es la que crea una escasez "artificial" de vacunas, lo cual genera unos beneficios astronómicos a costa de no tener suficientes vacunas para paliar las graves consecuencias de la pandemia y prevenir la muerte de millones de seres humanos.

¿Qué podría hacerse?

Lo más lógico sería, que, como ha propuesto Dean Baker (el economista que ha analizado con mayor detalle, rigor y sentido crítico la industria farmacéutica internacional), los Estados que ya financiaron el conocimiento básico expandieran su intervención para incluir, además del conocimiento básico, el aplicado, produciendo ellos mismos las vacunas, lo cual sería mucho más barato (puesto que no habría que incluir en los costes de producción los enormes beneficios empresariales).

Y el lector se preguntará: ¿por qué no se hace lo que parece lógico? Pues la respuesta también es fácil. Por el enorme poder político y mediático de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional. Dean Baker documenta muy bien la naturaleza de estas conexiones (ver el vídeo "Dean Baker On Beating Inequality & COVID-19: Tackle Patent and Copyright Monopolies", 20.01.21, The Analysis News). En realidad, entre un gran número de expertos en salud pública en EEUU hay una postura generalizada de que el legítimo objetivo del mundo empresarial privado de poner como principal objetivo el conseguir optimizar sus beneficios económicos debería limitarse o incluso rechazarse en las políticas públicas que tienen como objetivo el optimizar la salud y minimizar la mortalidad. Esta percepción deriva del hecho que el propio EEUU muestra claramente que la privatización de la sanidad, gestionada por empresas con afán de lucro (que es la situación más común en aquel país), ha provocado un enorme conflicto entre los objetivos empresariales y la calidad y seguridad de los servicios. EEUU es el país que tiene un mayor gasto en sanidad (la mayoría, privado), y en el que hay más gente insatisfecha con la atención recibida, con un 32% de la población con enfermedades terminales preocupada por cómo sus familiares pagarán por su atención médica. La optimización de la tasa de ganancias es un principio insuficiente y enormemente peligroso para la salud de la población (la escasez de vacunas es un ejemplo de ello).

¿Estamos o no estamos en una situación de guerra, como se dice?

El lenguaje que constantemente utilizas las autoridades que están imponiendo enormes sacrificios a la población es un lenguaje bélico. Estamos luchando, se nos dice, "en una guerra contra el virus" (que la ultraderecha cataloga de "chino", intentando recuperar la Guerra Fría, sustituyendo la URSS por China). En realidad, en EEUU el número de muertes por COVID-19 es mayor que el número de muertes causadas por la II Guerra Mundial. Lo que ocurre es que los que así hablan no se lo creen. Es un recurso que utilizan para forzar un control de los movimientos de la población (lo cual me parece lógico y razonable), pero, en cambio, siguen conservando meticulosamente los dogmas liberales de la propiedad privada y las leyes del mercado, dogmas dejados de lado en el pasado en situaciones de guerra de verdad. ¿Cómo puede justificarse que los gobernantes de las instituciones de la UE (la mayoría de los cuales son conservadores y liberales) respeten el copyright de las empresas farmacéuticas que han producido la vacuna contra el coronavirus? Durante la II Guerra Mundial toda la producción industrial se orientó a la fabricación del material de guerra necesario. ¿Por qué no se hace ahora lo mismo? Si se forzara la producción masiva de tales vacunas por parte de las empresas farmacéuticas en todos los países o en grupos de países, se podría vacunar rápidamente a la población no solo de los países ricos, sino de todo el mundo.

Como era predecible, la Unión Europea, desde su Parlamento hasta la Comisión Europea y sus otros órganos de gobierno (la mayoría gobernados por partidos conservadores y liberales), se ha opuesto a ello, pues es cautiva de sus dogmas, que ya han demostrado ser fallidos durante el período neoliberal y que, a pesar de su gran fracaso, continúa siendo dominantes en los establishments político-mediáticos a los dos lados del Atlántico Norte. Al menos en EEUU, la nueva administración federal del gobierno Biden, presionado por la comunidad científica (y por las fuerzas progresistas dirigidas por Bernie Sanders), está hablando de forzar a la industria farmacéutica a anteponer el bien común a los intereses particulares. Veremos si se lleva a cabo. Sería bueno que pasara lo mismo en Europa. Ni que decir tiene que las derechas de siempre -desde Trump hasta las derechas de España (incluyendo Catalunya)- acusan a los que quieren forzar dicha producción de "sociocomunistas". Pasa en todo el mundo. De ahí que la ciudadanía debería movilizarse para cuestionar tanto dogma que está haciendo tanto daño a la población. Animo a los lectores a que se organicen y envíen textos y cartas de protesta a tales instituciones, pues de poder hacerse sí que se puede. Lo que ocurre es que su dogmatismo y creencias les impiden verlo

Por Vicenç Navarro, profesor de Health & Public Policy, School of Public Health en The Johns Hopkins University; Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; y Director del JHU-UPF Public Policy Center

Publicado enSociedad
Miércoles, 03 Febrero 2021 05:52

La aberrante privatización del agua

La aberrante privatización del agua

Las cifras son alarmantes: de los 7 600 millones de habitantes en el mundo, 2 533 no tienen acceso al agua potable, más de 3 000 millones carecen de un saneamiento seguro y cerca de 680 millones defecan al aire libre.

Pero lo más vergonzoso en este mundo de capitalismo y neoliberalismo salvaje es que en tiempos de pandemia de covid 19, que se ha expandido por todos los continentes, sucede que ahora en la Bolsa de Valores de Wall Street el Grupo CME ha lanzado contratos para el comercio de futuros de agua en el orbe, con el pretexto de “ayudar a los usuarios a obtener el servicio del preciado líquido.

La operación comercial la realizó ese grupo el pasado 7 de diciembre lo que permitirá, según afirmó, que compradores y vendedores intercambien un precio fijo por la entrega de una cantidad de agua en fecha futura.

El relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho al Agua Potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo denunció inmediatamente que «no se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. Ese líquido es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia y es un componente esencial para la salud pública».

El experto alertó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y de bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.

Como manifestó Arrojo Agudo es muy preocupante que el agua se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street y atenta contra el derecho de todos los ciudadanos del orbe.

La ONU, principal organismo internacional (aunque algunos de los países poderosos se desentienden de sus decisiones) coordinó en julio de 2010 el acceso de todas las personas al agua. El acuerdo que se reafirmó finalmente durante la Agenda 2030 y cuyo objetivo es acabar con las desigualdades en ese sector no ha sido cumplido en muchos casos.

En las décadas de 1970 y 1980 nadie se cuestionaba si el agua era una mercancía o un derecho humano porque se comprendía que debía pertenecer por igual a todos los ciudadanos del planeta, pero esa concepción cambió a partir de los años 90 del pasado siglo cuando se impulsó el sistema capitalista neoliberal.

En esa inhumana acción han tenido parte fundamental varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), los que han favorecido a ricos empresarios nacionales y a compañías transnacionales.  

Solo durante el año 2000, explica el investigador Gustavo Castro Soto, el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua y otros servicios públicos: Angola, Benín, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tome y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen.

La estrategia ha sido presionar a los gobiernos con empréstitos con la consecuente acumulación de deudas que después son impagables, o mediante coacciones a diversos gobiernos para que abran esos recursos al sector privado.
La situación real es que ya las cuencas de agua están bajo amenaza extrema por el aumento de las poblaciones, las demandas cada vez mayores para la agricultura, la industria minera y el cambio climático.

Entre el 60 % y 90 % de la población mundial vive en países con escasez de agua dulce, mientras la actual pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto como quedan las personas más necesitadas del primordial líquido que las lleva a transitar por un camino más sombrío. 

A esa escasez se une la contaminación, pues muchas enfermedades se propagan por aguas infectadas, saneamientos deficientes o falta de higiene que causan cada año la muerte a más de 1,5 millones de niños, o sea, cada 15 segundos muere un menor por esos motivos que podrían ser resueltos con políticas económico sociales por parte de gobiernos e instituciones internacionales.

A las ya agotadas fuentes de abasto de agua y en muchos ríos y lagunas son vertidos diariamente 2 000 000 de toneladas de residuales y otros contaminantes.

Según estudios de organizaciones internacionales, ese desastre se agrava en los países en desarrollo donde se arrojan, casi siempre por compañías transnacionales, más del 90 % de los desechos sin procesar y el 70 % de los residuos industriales.  

Las privatizaciones del agua conducen a efectos desastrosos entre los pobladores pues los pagos por esos servicios se vuelven incosteables. El negocio consiste en controlar esos derechos en zonas abundantes y vendérselos a los ciudadanos mediante concesiones y contratos.

Entre las grandes compañías se encuentran las francesas Suez y Veolia, la estadounidense Bechtel, la alemana RWE-Thames, la española Aguas de Barcelona y otras.

Lo cierto es que con la nueva acción del CME Group en la Bolsa de Valores de Wall Street, los consorcios del agua ejercerán más influencia sobre el control y costo del preciado líquido, que solo podrá ser enfrentado y detenido por la unión de los gobiernos nacionalistas que defiendan a sus ciudadanos en los organismos internacionales ante la rapiña del capitalismo neoliberal.   

Por Hedelberto López Blanch | 03/02/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

Publicado enSociedad
Página 1 de 8