HRW acusa a Israel de crímenes de lesa humanidad y apartheid contra palestinos

Jerusalén. Las autoridades de Isreal cometen “crímenes de lesa humanidad, de apartheid y persecución contra los palestinos que forman parte de su población y los que viven en los territorios ocupados”, aseveró ayer Human Rights Watch (HRW), acusación que fue refutada por Tel Aviv.

HRW señaló en un informe publicado ayer que esta conclusión se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la dominación de los judíos sobre los palestinos, y en los graves abusos cometidos en territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental.

Algunas ONG israelíes han usado el término apartheid para referirse a las políticas de Israel hacia los palestinos que viven en su territorio, que descienden de aquellos que se quedaron en sus casas en 1948, tras la creación del Estado de Israel, y hacia los palestinos de Jerusalén-Este, Cisjordania y la franja de Gaza.

No obstante, es la primera vez que una ONG internacional califica estas políticas de apartheid.

Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, sostuvo que esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo estos crímenes.

Antes de la publicación del informe, la cancillería israelí declaró a la agencia de noticias Afp que se trataba de "un panfleto de propaganda sin vinculación con los hechos o la verdad", y añadió que fue redactado por "una organización movida desde hace tiempo por una agenda antisraelí".

La Autoridad Nacional Palestina consideró que el reporte es "testimonio fuerte y creíble del sufrimiento de los palestinos".

El documento de HRW, que puede consultarse en https://bit.ly/32RF6dt, estimó que casi 700 mil colonos israelíes viven en terriorios palestinos, en asentamientos que iban a ser "temporales" y se han convertido en construcciones "permanentes" por falta de acuerdo para el reconocimiento de un Estado palestino.

Citó las restricciones de movimiento, las confiscaciones de tierras, el traslado forzoso de población, la negación de los derechos de residencia y la suspensión de derechos civiles como ejemplos de los abusos que Israel comete contra los palestinos.

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La mitad de las mujeres de 57 países en vías de desarrollo no puede decidir sobre su cuerpo, según la ONU

Las cifras varían entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica un 75% de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal, en África Central y Occidental son menos del 40%.

 

Tomar decisiones sobre su propio cuerpo (desde con quien tienen relaciones sexuales a si usan anticonceptivos o si quieren ver a un médico) sigue siendo una quimera para cientos de millones de mujeres en todo el mundo, según denunció este miércoles el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

En su informe anual, la agencia de la ONU encargada de la salud sexual y reproductiva analiza por primera vez en profundidad la situación del derecho a la autonomía corporal y concluye que, en buena parte del planeta, casi la mitad de las mujeres siguen sin poder ejercerlo. "En todo el mundo hay mujeres y niñas a las que no se permite asumir el control de sus cuerpos y de sus vidas", señaló en una conferencia de prensa la directora ejecutiva del Fondo, Natalia Kanem.

El derecho a la autonomía corporal se ve violado cuando se practica a una niña la mutilación genital, cuando se fuerza a una mujer a abortar, cuando un hombre la deja embarazada en contra de su voluntad, cuando es violada o cuando se le hace una llamada prueba de virginidad, enumeró Kanem como parte de una larga lista de abusos que son habituales.

57 países con su población femenina sometida sexualmente

El estudio del UNFPA  analiza principalmente tres cuestiones: si la mujer puede decir que no a relaciones sexuales, si puede decidir sobre anticonceptivos y si puede decidir sobre atención médica.

Según el informe, que se basa en datos de 57 países en vías de desarrollo (que representan una cuarta parte de la población mundial), únicamente el 55 % de las mujeres están plenamente empoderadas para tomar sus propias decisiones en esos tres ámbitos.

Esos porcentajes, sin embargo, varían de forma importante entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica y el Caribe y en el Este y Sudeste de Asia alrededor de un 75% de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal, en África Central y Occidental son menos de un 40%.

En tres países del África Subsahariana (Mali, Níger y Senegal) menos de un 10% de las mujeres pueden tomar todo tipo de decisiones autónomas sobre su cuerpo, según el estudio.

En algunos países, como Mali, el informe muestra que una clara mayoría de mujeres decide sobre anticonceptivos, pero apenas un 22% puede hacerlo a la hora de buscar cuidados médicos y solo una de cada tres puede rechazar relaciones sexuales, lo que hace que quienes ven respetados sus derechos en las tres áreas sean muy pocas.

El UNFPA, en todo caso, reconoce que los datos recopilados son muy básicos y tienen carencias, por lo que pueden no reflejar con total exactitud la realidad, aunque sí ofrecen una aproximación.

Para la doctora sudanesa Nahid Toubia, activista contra la mutilación genital femenina, se trata, en todo caso, de un informe "histórico" y "revolucionario" que pone una nueva mirada sobre problemas que la mujer sufre desde siempre. "La pregunta es, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, año 2021, ¿cómo podemos aceptar que un ser humano pueda ser propiedad de otro ser humano? Creíamos que esa idea se había quedado en el siglo XIX (...), sin embargo cuando se trata de mujeres (...) pueden ser de otros", denunció Toubia.

La situación, según el UNFPA, ha empeorado además durante la pandemia de la covid-19 debido a los confinamientos y a las dificultades para acceder a servicios de salud y de planificación familiar.

La ley ampara el machismo

El informe analiza además las políticas en vigor en estos países y destaca que un 25% de ellos no asegura legalmente acceso igualitario a anticonceptivos o que un 20% no tiene normas para apoyar la salud sexual.

Además, pone sobre la mesa legislaciones que siguen infringiendo los derechos de la mujer, entre ellas las llamadas leyes conocidas como "casarse con su violador", en vigor en veinte países o territorios y que establecen que un hombre puede evitar ser perseguido por una violación si se casa con la víctima.

También recuerda que hay 43 países que no tienen legislación contra las violaciones dentro del matrimonio y que hay más de treinta Estados que restringen la libertad de las mujeres de moverse fuera del hogar.

"Todas las sociedades tienen que hacer más para lograr la igualdad de género. Ningún país está ahí todavía. Los gobiernos tienen que tener un papel de liderazgo cumpliendo con sus obligaciones bajo los tratados de derechos humanos. Los gobiernos pueden alterar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas que refuerzan normas desiguales por género", defendió Kanem en ese sentido.

madrid

16/04/2021 11:11 Actualizado: 16/04/2021 11:13

EFE

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Viernes, 12 Febrero 2021 06:11

¿La crítica por la crítica misma?

¿La crítica por la crítica misma?

El síndrome de Sansón Carrasco: “El Caballero de los Espejos”

 

Desconectada de las luchas sociales, sin lugar beligerante contra la opresión, la crítica sirve de bastante poco. A lo sumo se reduce a una especie de “entretenimiento ingenioso” para encontrarle “peros” a todo y ganarse unas palmadas, o unos pesos, “espantando al burgués”. No se negarán aquí los talentos desplegados por algunos “críticos” reconocidos (y temidos) en territorios diversos. No obstante el brillo de los geniecillos críticos suele quedar eclipsado por el individualismo que sofoca al talento con cataratas de egolatría. Toda esa crítica solipsista conduce al aplauso de ellos mismos. Un tedio. 

Otra cosa es la crítica, y sus métodos, inflamando las inteligencias populares con escrutinios históricos, dialécticos, éticos y estéticos para fortalecer las tácticas y las estrategias emancipadoras en la lucha de clases. O dicho de otro modo: la fuerza de la crítica -que realmente importa- no está en las contorsiones de los silogismos (o sofismas) lenguaraces, sino en la efectividad de una fuerza del razonamiento sistematizado que esclarece el escenario de las batallas y permite, organizadamente, ascender a la praxis victoriosa, sin reclamar “derechos de autor” ni aplausos para la vanidad. 

Aunque estén de moda algunos centros promotores del “pensamiento crítico”, bajo modalidades diversas en cursos, conferencias, talleres o guruísmos… aunque se ofrezcan a crédito (o con “tarjetas de débito”) el asunto es, también, cuánta crítica promueven para ejercer la crítica sobre ellos mismos. Y generalmente no lo resisten. En las refriegas que libra el pueblo trabajador, cotidianamente, contra las condiciones objetivas y subjetivas, impuestas por el capitalismo, se necesita un arsenal creativo de dispositivos críticos capaz de confrontarse a sí mismo en el terreno decisivo de la práctica emancipadora. Crítica fraguada en la crítica de sí, como estrategia dialéctica de acción que garantiza confianza en las organizaciones para las luchas decisivas que se encadenan a diario. No sirven los corpus críticos escleróticos que tanto gustan a las instituciones burocratizadas. No sirven los guiños críticos, de autor, cincelados en el histrionismo de esgrimas lenguaraces. No sirve cualquier cosa en una lucha cruda con objetivos precisos. Especialmente, no sirve el santoral de los sabelotodo críticos, expertos en esconder o negar la lucha de clases.

La clase dominante se esmera en desactivar toda iniciativa de organización transformadora, parida por las bases para emanciparse. Atacan, ridiculizan y desfiguran todo aquello que toque las fibras íntimas de la propiedad privada y la ideología de la clase dominante. Todo aquello que enriquece a los pueblos con las armas de la crítica y la crítica de las armas. En esa guerra por perpetuarse, el capitalismo compra o crea “expertos”, universidades, liceos, academias, “think tanks”, iglesias y todo género de “opio” contra los pueblos. Es decir, los arsenales de guerra ideológica que nosotros debemos someter al campo de la denuncia y de la crítica científica y revolucionaria. O será nada. O seremos nada.

Por definición, todo autoritarismo es enemigo rabioso de la crítica que no puede controlar. Y ha convertido su enemistad en pedagogía para que, a los oprimidos, ni se les ocurra, por miedo o por ignorancia, cultivar las habilidades críticas necesarias para la supervivencia de la libertad. Alguna vez se consideró, incluso bajo el capitalismo, el desarrollo de las capacidades críticas como una virtud de la educación y un logro “civilizatorio” indispensable en las sociedades contemporáneas. Pero duró poco. El desarrollo de las industrias bélicas, la manipulación de conciencias con las industrias mediáticas y el saqueo económico global orquestado por las industrias bancarias… necesitó anular de las cabezas y los corazones todo fundamento o aliento crítico que pudiera exhibir la avaricia burguesa intoxicada de propiedad privada. Para eso han satanizado, perseguido y linchado públicamente a los mejores talentos críticos que han proliferado en las bases sociales y en las luchas emancipadoras. Pero acosada, desfigurada o prostituida, la crítica tiende a sobrevivir sacudiéndose los fardos ideológicos burgueses. Gracias a la fuerza de las luchas hartas de saqueo y humillaciones. 

Nuestros arsenales con métodos críticos, no pueden ser armatostes para reverenciar santorales ingeniosos. Por más que estén de moda en los corrillos iluministas. Necesitamos municiones de crítica creativa e inagotable, lúcida y accesible, profunda y portátil, perfectible y autosustentable. Que sea letal contra la economía y la ideología de la clase dominante; que sea fértil en la constitución dialéctica de nuestro programa humanista emancipatorio, que actúe también y sobre sí misma. Un arma inédita para la emancipación de la consciencia. La crítica, como herramienta en manos del pueblo trabajador, debe ser un organismo vivo y producto social, que se necesita a sí mismo para sobrevivir en el medioambiente idóneo que es el aporte y el avance. El acto creador. Por eso es indispensable mantener ajustadas las agujas de sus objetivos, mantener prístinas sus metas y no permitir las desviaciones o las deformaciones que se infiltran al confundir la crítica con el pleito. La crítica necesita sentido y dialéctica. Suele hacerse rancia si se la infecta con cánones repetitivos, si se la aleja de la ciencia y si se dogmatiza. El sentido de la crítica lo aporta la comunidad. La crítica no democratizada suele ser sospechosa y falsa. Nos ha costado mucho aprender que la falsa crítica sirve sólo para poner a la vista las partes que esconden a un todo. 

Guardemonos de incurrir en el error, añejamente encumbrado, de abrazar la crítica de los amargos, por más sesuda que parezca. La lucha emancipadora no consiste en propiciar torneos de odios razonados; no consiste en hacer de la amargura un baluarte ni de la revancha un mérito. Y aunque predominen los malestares como atmósfera tóxica donde prospera la crítica, es de urgencia advertir que su fase de realización, su ascenso a la práctica, se logra gracias a los combustibles de la alegría, del espíritu creativo, colaborativo, participativo… organizado, que los pueblos saben darle a todo lo que sueñan, y hacen, para el bienestar común. Se entronizó como un “cliché” la imagen del “crítico” como un mal-encarado espécimen proclive a la intolerancia y a la propagación de verdades a destajo. Pero la crítica debe ser, necesariamente, una alegría. “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” A. Einstein

Hay una crítica que nace, crece y se transforma con el fin de fortalecer a la especie humana en sus luchas y la hay, contrariamente, la que se infiltra para desmoralizar, inhibir y desactivar luchas, luchadores y luchadoras. Nosotros requerimos de un método de crítica fecundo y muy dinámico, generado en todos los frentes permanentemente para que sea capaz de aprovechar las mejores herencias sin caer en emboscadas canónicas. Método de crítica revolucionaria en manos de los pueblos como bandera, como escudo como poesía. De todos, para todos y desde todos. “Deseable, posible y realizable”. (Sánchez Vázquez)Dr. Fernando Buen Abad DomínguezDirector del Instituto de Cultura y Comunicacióny Centro Sean MacBrideUniversidad Nacional de Lanús.Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad.Miembro de la Red Verdad contra las Fake News.Miembro de la Internacional Progresista.Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Por Fernando Buen Abad Domínguez | 12/02/2021

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Jueves, 11 Febrero 2021 06:03

Qué hace Julian Assange aún en prisión

Qué hace Julian Assange aún en prisión

EE UU agota los plazos para presentar los argumentos de apelación ante la justicia británica, más de un mes después de que una juez rechazase la extradición del fundador de Wikileaks

 

La batalla legal por la libertad del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, de 49 años, no hizo más que comenzar el pasado 4 de enero en el tribunal londinense de Old Bailey. El rechazo de la petición de extradición cursada por Estados Unidos —justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio— asomó al exhacker a las puertas de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica. Pero la juez Vanessa Baraitser le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el Gobierno estadounidense —entonces de Donald Trump— pudiera presentar una apelación para poder llevarse algún día al reo a su territorio, donde está acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática. Más de un mes después, los abogados norteamericanos agotan los plazos para argumentar su recurso ante la justicia británica, mientras se multiplican las voces que piden al flamante inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, que dé marcha atrás. La Administración demócrata ha manifestado que seguirá tratando de que el Reino Unido extradite al detenido.

Entre estas voces que hacen campaña por la liberación de Assange están las de más de una veintena de organizaciones que este lunes escribieron una carta al Departamento de Justicia de EE UU pidiendo la retirada de los cargos. “La acusación contra Assange”, decía la misiva, “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas realizan habitualmente”. Entre los firmantes estaban Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras… Pero el destinatario era un cargo en funciones, el fiscal general Monty Wilkinson. El Senado de EE UU tiene aún que confirmar al elegido por Biden para el puesto, el juez Merrick B. Garland.

Y el tiempo corre. Como en toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, el Crown Prosecution Service (CPS, Servicio de Fiscalía de la Corona) actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU —de igual modo lo hizo con la petición de extradición de Suecia por el caso de supuestos abusos sexuales cometidos por Assange, a la postre archivado—. En contacto con EL PAÍS, el CPS ha confirmado que se presentó la petición de apelación en el Tribunal Superior británico el pasado 15 de enero.

Ese es el primer paso: notifican que apelan la no extradición. A partir de ahí, los abogados de la acusación han tenido un mes para fundamentar el recurso. Se prevé que a finales de esta semana, EE UU presente los argumentos. Si el juez del tribunal los admite, el recurso de apelación pasaría a ser juzgado por un panel de varios jueces en una sesión sin fecha a la vista. Se dilataría la estancia de Assange entre rejas, donde lleva más de 22 meses, desde que Scotland Yard le detuviera en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, tras siete años refugiado.

Si finalmente el tribunal diera su visto bueno a la extradición, Assange podría recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como esa veintena de organizaciones civiles y de derechos humanos que escribieron este lunes al fiscal norteamericano Wilkinson, abogados, escritores, ensayistas y periodistas han instado de igual modo a que Biden retire los cargos contra el australiano. EE UU apeló unos días antes de que Trump cediera el testigo, aunque no físicamente, al líder demócrata. Fue durante la Administración del magnate neoyorquino, con Jeff Sessions en la Fiscalía, cuando se formalizó, en 2018, la acusación contra el editor australiano. Y eso que las grandes filtraciones que publicó Wikileaks —entre ellas, la difusión de decenas de miles de cables diplomáticos, en la que participó EL PAÍS— llegaron a la Red durante el mandato de Barack Obama. Pero con el demócrata en el poder, pese a que había una investigación abierta contra Assange, nunca se llegaron a presentar cargos. Cundió el temor a sentar un mal precedente que afectara al libre ejercicio del periodismo.

Y es de este hilo del que tiran los defensores de Assange, con su pareja, la abogada de origen sudafricano Stella Moris, a la cabeza. Biden, vicepresidente con Obama y que en 2010 llamó a Assange “terrorista de alta tecnología”, no se ha pronunciado al respecto —la apelación se puede retirar en cualquier momento del proceso—. Pero sí lo hizo este martes un portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi, que aseguró que Washington seguiría “buscando su extradición”.

El equipo de abogados del antiguo hacker, liderado por la australiana Jennifer Robinson, del despacho londinense Doughty Street Chambers, prefiere mantener la prudencia y no hacer comentarios sobre el estado del proceso contra Assange o las condiciones en las que él se encuentra —Moris ha denunciado en la Red que el australiano pasa frío porque el penal no le ha entregado la ropa de invierno que le enviaron—. Desde que la juez Baraitser rechazase la extradición de Assange, la defensa ha estado a expensas de que la acusación moviese ficha para así preparar los argumentos contra una posible apelación.

Paradójicamente, el proceso contra Assange, vinculado a la transparencia y el derecho a la información, ha sido tremendamente opaco. Así lo reconoce en conversación telefónica Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las personas que con más empeño ha tratado de monitorear la causa. Si la apelación y la extradición prosperan hay dos cosas en juego, señala Vincent: la salud de Assange y el “futuro” del periodismo. “Ningún periodista podría estar seguro de que no le van a procesar por publicar informaciones como las que publicó Wikileaks”, afirma la portavoz de RSF.

Para lo que pueda venir, Stella Moris, con la que el editor australiano tiene dos hijos, ha abierto una petición de fondos en la Red que atiendan su defensa. Lleva más de 62.000 euros recaudados.

Por Óscar Gutiérrez

Madrid - 11 feb 2021 - 03:04

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Geopolítica, pandemia y tecnología: la dictadura global

“Hace años, aprendí una frase en México que practico cada día: prefiero morir de pie que vivir arrodillada”, señala la española Cristina Martín Jiménez, doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Salamanca, experta en geopolítica y periodista científica que destaca por ser la primera que escribió un libro ampliamente documentado sobre el Club Bilderberg, que empezó siendo su tesis doctoral, obteniendo calificación 'cum laude'. Su más reciente libro, 'La verdad de la pandemia' (Mr, Planeta, 2020), cimbra hasta al más escéptico y aborda concretamente la relación entre el Covid-19, que ha trastocado la vida como la conocíamos antes de febrero de 2020, y el antes citado Club.

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-En el libro demuestro que la pandemia tiene como objetivo imponer una dictadura global tecnológica, gestionada por los filántropos y sus vigilantes, que serán, principalmente, los políticos, la prensa y los educadores. Estos últimos constituirían una clase de sacerdotes de la nueva sociedad que, ayudados por una parte de los ciudadanos, mantendrán el orden público estable. El concepto de libertad desaparecerá. No sería necesaria en el Felicismo, que es como llaman a su nuevo orden mundial, presentado en la ONU por el nieto de Nelson Mandela el pasado año. Si no eres feliz en su paraíso, serás declarado un enfermo, por inadaptado. El secretario de la ONU acaba de decir que necesitamos un gobierno mundial formado por la familia de la ONU, los grandes financieros y los bloques regionales. Como se ve, la democracia parlamentaria ya no entra en sus planes. La “plandemia” es el chantaje de los grandes oligarcas reconvertidos en filántropos. Ellos aseguran: “si no hacéis lo que decimos, vendrán otras pandemias”. Ya tienen preparada la siguiente, será una crisis climática.

La autora menciona la censura que ha padecido. Wikipedia retiró su semblanza y, posteriormente, la retomó… para volverla a omitir en días recientes. Todo cuanto aparece es una fotografía en blanco y negro. Cristina no se enfrenta a una sociedad secreta, como pudiera pensarse: sus miembros son figuras públicas, y entre ellas se encuentran Bill Gates y otros tantos relacionados con las redes sociales.

–Con la pandemia se está cumpliendo lo que escribí en mi libro de 2010, Los amos del mundo están al acecho, censurado durante siete años en España. Me censuran en los grandes medios de comunicación, quitan mis videos de YouTube, borran mis comentarios en las redes. El poder nos ha declarado una guerra silenciosa, impide que conozcamos sus sofisticadas armas para que así no podamos defendernos. Yo revelo sus perversas intenciones y metodología demostrándolo con el periodismo de investigación y con mi tesis doctoral sobre estas estructuras de poder. Como una Prometea contemporánea, les robo el conocimiento para entregarlo a todos.

–¿Por qué siempre China? Lo vimos con la pandemia de gripe A en 2009 y ahora otra vez: todo tiene su origen en el gigante asiático. ¿Es esto casual o China juega un papel central en este proceso hacia la “nueva normalidad”?

–En los años setenta, David Rockefeller y Henry Kissinger, promotores de este nuevo orden mundial, se enamoraron de la dictadura china. Es el modelo que el poder pretende implantar en el mundo: una élite gobernante capitalista que maneja los destinos de una sociedad socialista-comunista, sin libertad de ninguna índole. Con el Covid-19, el gobierno de España ha dado pasos de gigante hacia una dictadura. Ha decretado leyes por las que la policía puede entrar en nuestras casas con la excusa de la enfermedad y anulado los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la libertad de prensa o de reunión. La televisión es un Show de Truman que no refleja la verdad de las personas ni de los hospitales. Sólo pueden hablar en los medios los afines a la versión oficial, el resto es vilmente atacado. Sánchez está al servicio de este plan de dominio internacional.

–¿Podría ahondar un poco más en el asunto de las pruebas chinas de Covid-19 que arrojan falsos positivos?

–Numerosos grupos de médicos y biólogos de todo el mundo están denunciando el uso de pruebas no específicas de Covid-19, que reflejan otros tipos de virus similares. Eso significa que las estadísticas publicadas son erróneas y los medios de comunicación oficialistas censuran la voz de estos médicos. Y, ni aún haciendo trampas, consiguen subir las estadísticas para justificar las medidas abusivas que piden la OMS y sus propietarios, como Bill Gates. Se confinan ciudades, arruinan países, matan a personas con protocolos inadecuados.

La tecnología se ha infiltrado ferozmente en nuestras vidas. Quienes en algún momento la dosificamos o, de plano, la eliminamos porque nos quitaba tiempo, nos hemos visto socialmente presionados para alienarnos a ella… y cabe esperar que de ésta se derive otra clase de tecnología relacionada con la detección del Covid-19, como se menciona en este libro. La llaman tecnología de ‘vigilancia intrusiva’ y es un precio que tendremos que pagar, según Alex Pentland, inventor de las cámaras de reconocimiento facial, por estar con nuestras familias y amigos. Mujeres y hombres robots, desconectados de su alma, cerebros escaneados y hackeados, el internet de las personas y de las cosas. Es tener un ojo que todo lo ve dentro de tu cuerpo, en tu casa, en tu coche, en el trabajo. Si no cumples con las normas, criticas a los gobernantes o protestas, serás eliminado ipso facto. Por eso es importante que nos rebelemos ahora ante este futuro infame. Cuando las leyes son injustas, desobedecer es un imperativo moral.

–¿Qué relación existe entre el coronavirus y el “exceso” de población que todo el tiempo sale a relucir en los discursos de los filántropos mencionados en sus libros?

–La élite tiene una ideología eugenésica. Eso significa que se conciben a sí mismos como la clase superior y el resto somos una clase inferior. Su postura supremacista es criminal y depravada. No es casual que los ancianos sean el setenta por ciento de los muertos. Les sobran. Y han advertido que los pobres serán más perjudicados aún. ¿A cuántos van a matar para construir su utopía? Bill Gates afirmó, en una conferencia en 2010, que el problema de la superpoblación se solucionaría con vacunas y ahora pretende vacunarnos a todos. Si alguien cree que esto es casual, simplemente está desinformado.

–Para concluir: ha sido un verdadero triunfo obtener un ejemplar físico de su libro. Nos han querido imponer el libro electrónico como alternativa para prevenir el virus, aunque considero que es una medida extrema. Quienes no podemos o no queremos leer libros en la pantalla la hemos pasado muy mal. ¿Diría que alejarnos de la lectura, a quienes crecimos tocando y oliendo los libros, es otra estrategia para hacernos entrar al redil?

–Los hijos de los megarricos no usan tabletas ni libros digitales ni ordenadores porque sus padres saben, basándose en lo científicamente demostrado, que la escritura a mano y la lectura de libros en papel potencia la inteligencia. Están generando a propósito un distanciamiento enorme entre clases sociales desde la escuela. Pregonan la igualdad, pero no para ellos.

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Lunes, 28 Diciembre 2020 06:50

Agamben y la epidemia como política

Agamben y la epidemia como política

Termina 2020, el año de la epidemia debida al virus corona, y el mundo parece encaminarse hacia un nuevo despotismo tecnológico sanitario. Azuzadas por los medios de difusión masiva hegemónicos, sumidas en una histeria colectiva producida de manera deliberada, sociedades enteras han aceptado sin chistar un sinfín de medidas coercitivas gubernamentales –algunas bajo punitivos toques de queda–, tales como confinamientos, cuarentenas, semáforos de colores, rastreo, "sanas distancias" en la interacción social, en empresas, comercios y oficinas públicas, y hasta cierres de escuelas y universidades.

Con el pretexto de la epidemia, los amos del universo han decidido transformar de arriba abajo los paradigmas del gobierno de los seres humanos y las cosas, para sustituirlos por nuevos dispositivos cuyo diseño apenas podemos vislumbrar, incluido un panóptico total digital.

Pascal Sacré, médico especializado en cuidados intensivos y reconocido analista de salud pública en Charleroi, Bélgica, se ha preguntado si existe la "intención" de utilizar la coartada de una pandemia para llevar a la humanidad hacia un escenario que de otro modo nunca habría aceptado. ¿Es esa hipótesis, que muchos se apresurarán a calificar de "teoría de la conspiración", la explicación de mayor validez frente a la ‘anormalidad’ del momento actual? Lo cierto es que nunca antes en la historia de la humanidad el miedo había sido usado como herramienta de poder por los gobernantes de manera tan inescrupulosa como en 2020. Quienes impulsan la agenda del Covid-19, y sacan provecho de ella, han elegido una enfermedad con el fin de eliminar toda resistencia mediante el azuzamiento del pánico.

Giorgio Agamben ha dicho que, agotado el terrorismo como causa de las medidas propias de un estado de excepción –de la más pura y simple suspensión de las garantías constitucionales en muchos lugares del orbe−, "la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para ampliarlas más allá de todos los límites". En un momento de "confusión babélica", Agamben habló de ‘invención’ en un ámbito político, sabedor, como Foucault, de que los gobiernos que se sirven del "paradigma de la seguridad" no funcionan necesariamente produciendo la situación de excepción, sino explotándola y dirigiéndola una vez que se ha producido.

En su más reciente libro, ¿En qué punto estamos? La epidemia como política (Quodlibet, julio 2020), el filósofo italiano llama "bioseguridad" al dispositivo de gobierno –se refiere a su país, pero también a las autoridades de otras democracias occidentales– que resulta de la conjunción de la nueva "religión de la salud" y el poder estatal con su estado de excepción, probablemente el más eficaz de la historia de la humanidad, ya que ni siquiera durante el nazi-fascismo (mecanismo que permitió la transformación de las democracias en Estados totalitarios) y las dos guerras mundiales se había llegado a este punto de restricción de la libertad.

“Si el dispositivo jurídico-político de la Gran Transformación (la estrategia global prevista por la plutocracia del foro de Davos, incluido Bill Gates y su emanación la Organización Mundial de la Salud) es el estado de excepción y el religioso es la ciencia, en el plano de las relaciones sociales –escribió Agamben− ha confiado su eficacia a la tecnología digital, que, como ya es evidente, hace un sistema con el ‘distanciamiento social’ que define la nueva estructura de las relaciones entre los hombres”. La nueva forma de relación social es "la conexión": quienes no estén conectados tienden a ser excluidos de cualquier relación y condenados a la marginalidad. Siempre que sea posible, los dispositivos digitales (las máquinas) sustituirán todo contacto –todo contagio− entre los seres humanos.

El distanciamiento social −nuevo eufemismo de confinamiento− será el nuevo principio de organización de la sociedad. Y paradójicamente, la masa, en la que según Canetti se basa el poder a través de la inversión del miedo a ser tocados por extraños, estará formada ahora por individuos que se mantienen a toda costa a distancia unos de otros; una masa, dice Agamben, "rarificada y basada en una prohibición, pero, precisamente por eso, particularmente compacta y pasiva".

A lo que se suman el control que se ejerce a través de las cámaras de video y ahora de los teléfonos celulares –la ‘celularización’ coercitiva de la totalidad de la población, incluido el rastreo de cada persona vía los consorcios multinacionales Google (Android), Apple y Microsoft−, que excede con creces cualquier forma de control ejercida bajo regímenes totalitarios como el fascismo y el nazismo. La epidemia y la tecnología inseparablemente entrelazadas. Y el papel de los medios de difusión masiva dominantes, que, según Agamben, llevaron a cabo una "gigantesca operación de falsificación de la verdad", propalando una especie de "terror sanitario" como instrumento para gobernar con eje en una "bioseguridad" basada en la salud. Lo que ha llevado a la paradoja de que el cese de toda relación social y toda actividad política se presenta como "la forma ejemplar de participación cívica".

Una estrategia global de los "reformadores sociales" de Davos, que no habría sido posible lograr sin la intervención decisiva de los Estados-nación, que son los únicos que pueden adoptar las medidas coercitivas que dicha estrategia necesita. Según su fórmula, un "distanciamiento social" –no ‘físico’ o ‘personal’− como dispositivo esencialmente político, que lleva a preguntarnos, con Agamben, ¿qué es una sociedad basada en la distancia? ¿Acaso una sociedad así puede seguir llamándose política?

No es posible saber cuánto más durará el estado de excepción del actual circo pandémico mundial; lo que sí es seguro es que se necesitarán nuevas formas de resistencia para enfrentar a la "reingeniería social" tecnocrática de las élites del poder plutocrático con su pregonada (Klaus Schwab dixit) "cuarta revolución industrial".

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Denuncian el "asesinato masivo" de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana

El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la Policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes.

 

Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.

De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. "Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron", manifestó.

"Una hoguera humana"

"Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana", condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.

Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.

La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.

Publicado: 11 nov 2020 09:48 GMT

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Amnistía Internacional denuncia las condiciones de los centros de cuarentena en El Salvador, Paraguay y Venezuela: sin comida, sin agua y sin información

Un informe de la entidad humanitaria indica que los tres países han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena "sin garantías suficientes" en una política que afecta desproporcionadamente a personas migrantes y de bajos ingresos

 

Amnistía Internacional ha denunciado en un nuevo informe que las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena gestionados por el Estado "inadecuados" y "sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos". Esta política, señala la organización, afecta desproporcionadamente a comunidades de migrantes retornados y a personas de bajos ingresos. En el informe, titulado, 'Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas', la organización denuncia "condiciones insalubres y a veces inhumanas".

"Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva", ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

Cuando la cuarentena se lleva a cabo en instalaciones estatales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que las personas internadas deberán estar en "habitaciones individuales espaciosas y con ventilación suficiente y baños incorporados" que permitan la higiene de manos e inodoros, o al menos habitaciones bien ventiladas y con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. Además, el alojamiento debería incluir comida, agua e instalaciones de higiene y tratamiento médico. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que en los tres países ha habido personas "en entornos antihigiénicos y no preparados" a veces "sin acceso a alimentos adecuados, agua apta para el consumo o electricidad".

El ejemplo "más inquietante de campaña de estigma y discriminación" llega de Venezuela, según el informe. "Altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro han utilizado en reiteradas ocasiones un lenguaje estigmatizador hacia los venezolanos y venezolanas que han retornado al país". Algunos de ellos, denuncia la organización, han llegado a calificar a las personas que han vuelto de Colombia de "armas biológicas" enviadas para infectar a la población venezolana.

A finales de agosto, 90.000 personas que no tuvieron otra opción más que regresar al país, han pasado por centros de cuarentena del Estado, según cifras oficiales del Gobierno recogidas por Amnistía Internacional. Para mediados de julio, se habían establecido aproximadamente 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos. "Las condiciones en estos centros son tan inadecuadas que se podrían poder a las personas en riesgo de contagio en lugar de prevenirlo", sostiene el informe.

"En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen", dice Guevara Rosas.

A finales de agosto, el Gobierno salvadoreño tenía a más de 16.780 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Tras múltiples recursos judiciales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró que las autoridades carecían de fundamento jurídico para recluir a personas en estos centros como forma de castigo.

Entre marzo y mayo, se presentaron ante el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador 1.300 quejas relacionadas con las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria. El ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un "centro de contención". El ministro llegó a afirmar que allí estarían "lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus".

"Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo", dice Ana Cristina a Amnistía Internacional tras describir los 40 días que había pasado durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue conducida allí a mediados de abril por unos agentes de policía que la acusaron de saltarse el confinamiento nacional cuando estaba comprando comida y medicamentos, actividad permitida y considerada esencial en el momento de su detención.

En Paraguay, por su parte, se establecieron 84 centros de cuarentena, la mayoría de ellos en almacenes y otros edificios públicos, como escuelas. "A finales de junio, las autoridades habían impuesto la cuarentena obligatoria a alrededor de 8.000 personas, en su mayoría paraguayos y paraguayas que trabajaban en el sector informal en la vecina Brasil que habían perdido su empleo tras la imposición de confinamientos por la COVID-19 y que habían regresado al país", sostiene el informe.

Una de esas personas fue Daniel, ciudadano paraguayo de 21 años que trabajaba en São Paulo, Brasil, en una fábrica de costura y que perdió su empleo con la pandemia. A principios de abril, viajó hasta la frontera con Paraguay con su pareja y su hijo de año y medio. Tras pasar una cuarentena de 46 días –su familia, de 15–, pudo marcharse. Aunque cuenta que no está en contra de las cuarentenas obligatorias y que incluso iría a trabajar como voluntario a un centro en el futuro, cree que las condiciones de los centros y, sobre todo, la comunicación y el acceso a la información, deben mejorar. 

En este sentido, la entidad ha constatado que las personas trasladadas a estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer allí ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.

Para la elaboración del informe, de 46 páginas, Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, ha realizado 14 entrevistas telefónicas y se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes de los tres países, sin obtener respuesta de Venezuela ni El Salvador.

21 de septiembre de 2020 16:55h

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Viernes, 11 Septiembre 2020 06:02

Triage social, el nuevo panóptico

Triage social, el nuevo panóptico

Las ciencias deberían ser un servicio a los pueblos, sobre todo los más castigados y que luchan por su sobrevivencia. Sabemos que están al servicio de la acumulación de capital y de poder, por eso debemos congratularnos de un trabajo que echa luz sobre los nuevos mecanismos de dominación.

Me refiero al trabajo "La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla" (https://bit.ly/338XwWK), de Tamara San Miguel, estudiante de maestría de sociología jurídica, y Eduardo Almeida, estudiante del doctorado en sociología y antropología. Ambos mexicanos de Puebla.

A mi modo de ver, el aspecto más interesante del trabajo es el que hace referencia al triage social, el mecanismo por el cual el sistema ordena y jerarquiza quiénes deben salvarse y quienes deben morir: si no hay respiradores suficientes, "alguien" decide quiénes tienen prioridad. Lo mismo respecto a las camas hospitalarias y a todos los servicios saturados.

Ese "alguien" son los algoritmos, definidos en este trabajo como "un sistema al que se ingresa información y del que se obtienen respuestas", en formato de instrucciones que se siguen de manera mecánica para obtener ciertos resultados. También son "una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre", y a la vez reforzar la dominación.

El problema es que los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas y dilemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica "que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no sirve". Cuando se abordan cuestiones éticas, el algoritmo supone "aplicar rutas mecanizadas para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos".

No es ninguna casualidad que el triage surgiera en el seno de las fuerzas armadas, al igual que el panóptico como explicara Jeremías Bentham y desarrollara Michel Foucault. Con tanto éxito que no sólo se aplicó en el diseño de cárceles, sino en las fábricas, hospitales, escuelas y en todos los espacios donde la sociedad capitalista necesitaba disciplinar a la clase trabajadora.

En efecto, el concepto de triage (de la palabra francesa trier, clasificar o separar) fue aplicado por vez primera por el jefe de la Guardia Imperial de Napoleón para "evaluar y clasificar la atención de los soldados heridos en batalla". Décadas después fue adaptado por el cirujano de la Armada británica, para "la clasificación de aquellos que no recibirían atención por no tener posibilidades de sobrevivir, aún con tratamiento". De ahí se trasladó al plano de lo social y al conjunto de la sociedad.

Ahora que los poderosos decidieron gestionar la escasez, provocada artificialmente como sucede en los hospitales por la privatización o la falta de inversiones en buena parte del sistema sanitario, el triage social que ya se venía aplicando cobra una dimensión nueva.

San Miguel y Almeida sostienen que así como las burocracias gestionaron quiénes eran descartables por irrecuperables durante las guerras napoleónicas, “en el triage social, a los descartables, las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a los recursos; si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve invisible para el ‘bien mayor’”.

Ese bien mayor puede ser, como hemos visto estos meses, considerar ciertas actividades económicas como "esenciales", decidir "qué sectores favorecer con programas públicos, es decir qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia".

Decidir a quiénes se deja morir y qué sectores de la economía se deben sostener, no es ni más ni menos que lo que estamos viendo ante nosotros. La pandemia permitió hacer más visible, o inocultable, este sistema de muerte que determina “quienes tienen la calidad de ciudadanos acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiados merecedores de ayuda humanitaria, y quienes quedan como zombies, muertos vivientes, condenados a las formas más precarias de supervivencia o a morir en el olvido”.

El trabajo que comento y cito tiene otras virtudes sobre las que no puedo explayarme, como los derechos humanos durante la crisis en curso, que merecen comentarios más detallados. Por ahora basta con mostrar cómo el triage social conlleva un algoritmo, que permite a los Estados "justificar moral y técnicamente las consecuencias de decisiones éticas complejas" que hacen a la vida, la muerte y la supervivencia de las poblaciones.

Recomiendo la lectura de un trabajo que nace de la indignación militante, ética y política, y que busca desnudar los nuevos mecanismos de opresión y control de poblaciones y pueblos, parar mejor luchar contra ellos.

En América Latina, la acción paramilitar y el narco, que estos días despliega el terror desde Chiapas hasta el Cauca colombiano, la sostienen algoritmos que, en algún momento, debemos develar. Un trabajo al que Tamara y Eduardo, como otros adherentes de la Sexta, podrán contribuir.

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Un paseo por París con los libertarios anticuarentena

Es un grupo hostil a los políticos e insensible a las cifras de muertos por el virus

Para los antibarbijo los gobernantes ”prefieren sacarnos la libertad y a cambio perder dinero", sostienen sentados en la terraza de un café, frente a comercios vacíos a raíz de la pandemia. 

 

Aquel día Florian gritó como nunca. En la Place de la Nation, con megáfono en mano, vociferó hasta extenuarse: “la máscara es la puerta de entrada a la dictadura mundial”. Ese 29 de agosto de 2020 no había más de 300 personas a su alrededor, todos contra el uso obligado de los barbijos embriagados en el grito “Liberté, Liberté”. La policía puso 126 multas por no llevar la máscara puesta, pero los rivales del tapabocas sentían que ya eran millones. La crisis del coronavirus movilizó a una amplia zona de la sociedad tradicionalmente hostil a las élites, poco creyente en las instituciones del Estado, recelosa ante los partidos políticos, hipnotizada por las redes sociales, sensible a las teorías complotistas y con una inclinación muy marcada a las actitudes libertarias. 

Antibarbijos por excelencia

Casi todos se encontraron dentro del militante sector que refuta la pertinencia de la cuarentena, la eficacia de las máscaras y, globalmente, todas las medidas sanitarias adoptadas desde mediados de marzo. Son los anti máscaras por excelencia. Aunque hubo algunas agresiones, no queman barbijos ni agreden cobardemente a periodistas sin defensa como en la Argentina, ni se proponen tomar el edificio del Reichstag como ocurrió en Alemania.

 Odian a los periodistas y participan, en cambio, en el impetuoso debate sobre el dispositivo sanitario a través, sobre todo, de las trincheras de las redes sociales y de los medios que los invitan. Hay figuras públicas muy conocidas, así como varios líderes del movimiento de los chalecos amarillos que hizo tambalear al país en 2018 y 2019. A ellos se le suman otras personalidades que surgieron en los últimos meses. Gérard y Nicole Delépine son hoy dos emblemas de la militancia contra el tapabocas. Nicole es una oncóloga pediatra y Gérard un cirujano ortopédico, ambos jubilados y ya mega famosos. Al igual que todos aquellos que denuncian la “dictadura sanitaria”, sus argumentos caben en cinco principios: el confinamiento no ha servido para nada, los tapabocas son inútiles, la cloroquina es el único tratamiento eficaz contra la covid-19, no habrá segunda ola porque la epidemia ya pasó, la pandemia es una excusa para modificar el mundo, amordazar a los individuos e instaurar una nueva tiranía global.

La realidad de las cifras, la experimentación de tratamientos fallidos (Didier Raoult), los estudios comparativos, el cruce de datos y el incremento constante de la contaminación contradicen severamente sus argumentos. Sin embargo, nada los inmuta. Con tanta fortaleza como ternura, Nicole Delépine exhibe un montón de hojas con curvas comparativas y datos mientras dice a PáginaI12: “hemos atravesado una inmensa manipulación. El virus es un peligro mítico y las máscaras un bozal para que nos callemos la boca”. Julien y Martine son mucho más jóvenes (30 años), pero no menos persuadidos de que toda esta situación no es más que un “proyecto del Estado para someternos”. Julien es ingeniero en mecánica avanzada y Martine, su compañera, traductora del alemán al francés.

Figuras públicas militantes 

Jean-Marie Bigard es uno de los cómicos más famosos de Francia. En su página de Facebook (un millón y medio de seguidores) explicó que la máscara resultaba tanto más incongruente cuanto que si el olor de una ventosidad pasaba a través de un jean, ”entonces el virus podía atravesar el tapabocas”. Maxime Nicolle, uno de los líderes de los chalecos amarillos, expuso los mismos argumentos en la televisión y en un video subido a Twitter, pero con el humo de un cigarrillo como ejemplo: fumó y mostró que, si el humo pasa por la tela, eso prueba que “el virus también traspasa la máscara”. 

https://twitter.com/jeromegodefroy/status/1290606141173567488

En contra de lo que se podría pensar, este club está compuesto por sectores sociales de niveles elevados. La fundación Jean-Jaurés publicó el 7 de setiembre un estudio sobre los antimáscaras y sus características sociodemográficas. ”63% son mujeres con un alto nivel educativo. Los ejecutivos y profesiones intelectuales superiores representan 36% de los opositores cuando solo constituyen el 18% en el conjunto de la población francesa. Al contrario, los obreros y los empleados representan 23% de los anti máscaras, o sea, la mitad de su peso real en la población francesa”. En Francia, 64% de la sociedad respalda el uso de los tapabocas, incluso en los lugares públicos abiertos.

PáginaI12 le propuso a Martine y Julien un paseo en inmersión por lo real. La cita se fijó en la esquina del Boulevard Saint Germain y Saint Michel con la idea de caminar por Saint Germain hasta la Rue des Saints-Pères. Esos casi dos kilómetros recorren una de las zonas más turísticas de París, las boutiques de lujo y cafés célebres como Le Deux Magots, Le Flore et Le Bonaparte. Los turistas deambulan como mariposas perdidas. Esta vez no hay nadie. Los comercios están vacíos y solo se salvan los cafés con amplias terrazas. Entramos a un par de boutiques para averiguar precios y entablar la conversación y conocer las consecuencias de la pandemia. Las respuestas fueron similares: entre 60% y 70% menos de ventas, personal cesado y amenaza de cierre. Nos sentamos en la terraza de la brasserie Le Rouquet y enseguida surgió la pregunta: “¿ ustedes creen realmente que el liberalismo está dispuesto a paralizar su sistema, perder dinero, cortar los intercambios y el consumo ?”. Para ellos, no caben dudas: ”prefieren sacarnos la libertad y a cambio perder dinero. Mientras tanto, con el pánico artificial que generan se preparan con leyes y trampas para intervenir las sociedades. Nos quieren convertir en corderos”, dice Martine. Al grupo se suma Florian, el joven de 32 años que participó en la manifestación contra las máscaras. Dice más o menos lo mismo: ”la pandemia ha terminado (7.000 contagios en un día), pero siguen y siguen dando cuerda en los medios serviles y mentirosos”. La doctora Delépine completa esa idea y asegura: ”las máscaras carecen hoy de todo sentido. Sólo sirven para expandir el miedo, paralizar la población y bloquear la reflexión. La máscara se ha convertido en un símbolo de la tiranía del poder y de la sumisión de los individuos”.

La encuesta de la Fundación Jean-Jaurés sitúa a los antimáscaras en todo el abanico político con una mayoría de 46% hacia la derecha y 36% hacia la izquierda. Varios rasgos mayoritarios identifican a los antimáscaras: rechazo a las instituciones o falta de confianza en ellas (apenas 6% cree en la institución presidencial), incluidos los hospitales, no se reconocen en la oposición izquierda-derecha (61%), sólo 14% cree en la prensa escrita, 2% en la televisión pero son 60% en tener confianza en los medios en línea y 51 en las redes sociales (78 % se informa por medio de internet contra 28% para el conjunto de la población del país). Su adhesión a las tesis complotistas es otro rasgo. 90% de los encuestados afirman que el Ministerio de Salud es un cómplice de la industria farmacéutica para ocultar la realidad sobre la nocividad del virus. Como lo resume el informe, los antitapabocas están impregnados en la idea de que las máscaras “están destinadas a testear a la población y serían el anunciador de la instauración de un nuevo orden mundial sin ninguna libertad para los ciudadanos”. 

Los antimáscaras se alimentan en el seno de la llamada “burbuja cognitiva”, es decir, las redes sociales donde no circula ninguna opinión divergente y donde todo debate contradictorio está excluido. A los poderes públicos les preocupa lo que vendrá después: el 94% confirma que no aceptará que lo vacunen contra la covid-19 cuando se descubra la vacuna. Los ortodoxos de la libertad son insensibles a cualquier argumento científico, a los testimonios de médicos y enfermeros, al escalofriante tendal de muertos que ha dejado la pandemia y al hecho de que ellos mismos, escuderos del libre arbitrio y la soberanía, son objeto de una manipulación tan grosera como interesada por parte trolls, diseñadores de fake y científicos cuya credibilidad hace rato que es una broma siniestra.

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