La fuerza de choque que asusta a Bolivia. ¿Qué es la Resistencia Juvenil Cochala? 

Encapuchados, motorizados, con remeras que los identifican y portando armas caseras, los miembros del colectivo se hicieron más visibles en el contexto del golpe. 

 

Tres puñaladas certeras casi terminan con su vida. El periodista Adair Pinto había decidido salir con amigos, buscando un poco de distracción en una Bolivia literalmente dada vuelta. Sin imaginarlo, fue víctima de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Este grupo de jóvenes que actúa como fuerza de choque tomó gran impulso en los conflictos posteriores a las elecciones del 20 octubre de 2019, primero haciéndose eco de las denuncias de fraude orquestadas por la OEA, y luego exigiendo directamente la renuncia del entonces presidente Evo Morales. 

Encapuchados, motorizados, con remeras que los identifican y portando armas caseras, los miembros del colectivo actúan como fuerza de choque frente a cualquier movilización de la militancia del MAS en Bolivia. Ahora, y de cara a las elecciones generales del tres de mayo, se perfilan como una "institución de resistencia" que busca extenderse a nivel nacional. Reniegan de la política pero tienen vínculos innegables con líderes cívicos como Luis Fernando Camacho, y cuentan incluso con el visto bueno del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.

La RJC surgió a partir de la unión de siete jóvenes sin militancia política pero con un claro rechazo a la figura del mandatario depuesto de Bolivia, Evo Morales. Durante los días de mayor conflictividad en las calles, en octubre de 2019, la Resistencia agrupó a 150 personas. Actualmente supera los 5 mil miembros. Cochala es la forma coloquial con que se nombra a los nacidos en Cochabamba.

Los miembros de la Resistencia se mueven siempre en motos y justifican su accionar bajo el paraguas de la "defensa de la democracia". Empezaron a copar las calles, incluso antes de elegir ese nombre, en barrios cochabambinos para apoyar los paros contra Morales, cuando todavía era presidente. Argumentan que siempre lo hicieron de manera pacífica, pero esa supuesta calma se ve empañada por una serie de agresiones registradas contra manifestantes, dirigentes y trabajadores de prensa. Adair Pinto, periodista de la radio FM Potencia Dinámica, fue la última víctima de la RJC.

La madrugada del sábado primero de febrero, Pinto se encontraba en un local bailable con amigos, en la zona norte de Cochabamba. Su agresor, Roger Revuelta, ingresó con un grupo de personas al boliche para amenazarlo de muerte. "Entró este grupo que argumentaba ser de la RJC y empezaron a insultarme por la labor periodística que desempeño", contó Pinto en diálogo con Página/12. Por su programa radial, Pinto dedicó varios programas a investigar y exponer el peligroso funcionamiento de la Resistencia. "En ese momento este miembro de la RJC, Roger Revuelta, me muestra de su celular una foto de mi hermana, me dice que la iba a violar, y que yo me iba a morir ese día", recordó.

El hostigamiento no terminó ahí. Al salir del local bailable, Pinto se preparaba para subir a un taxi. "Al lado del chofer viene el señor que me amenazó de muerte, y de violar a mi hermana, me asesta tres puñaladas en lugares vitales. Si no hubiera reaccionado me hubiera llegado una al corazón, la otra al estómago, la otra cerca a la vena aorta en el muslo derecho", comentó. El agresor Revuelta fue rápidamente detenido. Tras una audiencia que duró más de tres horas, Revuelta fue llevado al penal de San Sebastián para cumplir prisión preventiva por cuatro meses, bajo el cargo de homicidio en grado tentativo. El imputado contaba además con dos antecedentes penales, uno por violencia familiar y otro también por lesiones. Revuelta es uno de los principales cabecillas de la RJC. Pinto al sobrevivió al ataque de milagro. Continúa bajo tratamiento médico y teme nuevas amenazas.

La agresión sobre el joven periodista fue la primera ocasión en que un solo miembro de la Resistencia ataca directamente a otra persona: se caracterizan por amedrentar a sus víctimas en patota. Tal vez el caso más resonante dentro de esa lógica fue el de la alcaldesa de Vinto por el MAS, Patricia Arce. En la edición de Página/12 del pasado ocho de noviembre, el fallecido periodista Sebastián Moro describió los hechos con precisión: "Arce fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello, entre otros sometimientos". La alcaldesa fue rescatada por la Policía en el puente Huayculi del municipio de Quillacollo, cuatro horas después. Los jóvenes de la Resistencia fueron los protagonistas estelares de la salvaje agresión.

Muchos bolivianos temen cada vez que alguien pronuncia el nombre de la RJC. Anibal Urquieta, vecino de El Alto, vio como sus miembros se inflitraban en las primeras manifestaciones contra el gobierno de facto. "De repente en las calles aparecieron grupos paramilitares que parecían salidos de un guión cinematográfico hollywoodense: andaban armados con garrotes y púas. Usaban también bates y portaban chalecos. Para las fuerzas de seguridad era necesario matar y herir, ellos parecían cumplir una segunda función, el amedrentamiento".

Los integrantes de la Resistencia siempre están listos para interrumpir cualquier movilización del masismo, o incluso arremeter contra los principales símbolos de la cultura indígena, como la wiphala. El 17 de enero, miembros de la RJC, encapuchados, desalojaron con insultos, gritos y empujones a un grupo de mujeres de pollera de la rotonda de Cala Cala, uno de sus bastiones. Habían cometido el "delito" de juntarse ahí.

Pero luego de alzarse con el preciado botín de la renuncia forzada de Evo Morales, ¿qué funciones cumple la Resistencia? Para el sociólogo del Centro De Estudios Superiores Universitarios de Cochabamba, Chaly Crespo, este grupo de jóvenes ya cumplió el propósito para el que fue creado. "Ahora se deberían desarticular. Imagino que ya tienen otros intereses con los cívicos que están en proceso electoral. En su momento fueron una resistencia, un movimiento espontáneo. Pero actualmente ya no se justifica su existencia. Hoy ya serían un grupo de choque", aseguró Crespo en declaraciones al diario Página Siete.

Los miembros de la Resistencia se manejan con estatutos y una mesa directiva que prohíbe a sus miembros incursionar en el escenario político. "Si alguien quiere pertenecer a algún partido político tiene que salirse”, agregó Molina, en una de sus pocas declaraciones a la prensa. Sin embargo, pese a que descartan vínculos políticos, los miembros de RJC escoltaron y protegieron al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, durante una visita a Cochabamba el pasado 28 de noviembre. Por ese entonces, el dirigente ya tenía firmes intereses de ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales.

La Resistencia cuenta además con el apoyo explicito del gobierno de facto. El ministro Arturo Murillo dijo que la RJC fue "muy útil" durante los días del conflicto. "Los cochabambinos estamos muy agradecidos por todo su labor que realizaron anteriormente. Si quieren ser un grupo de seguridad, pueden presentar sus papeles al ministerio de Gobierno, todo tiene que ser documentado. Necesitamos orden", señaló Murillo en conferencia de prensa. Es decir, una invitación directa a incorporarse al aparato represivo del Estado.

Sin un rumbo definido, la RJC intenta avanzar en Bolivia. Por lo pronto, sus miembros anunciaron que participarán como observadores en las elecciones del próximo tres de mayo. No parece poco premio para un grupo surgido espontáneamente y por amor a los vehículos de dos ruedas.

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El Tribunal Penal Internacional abre una investigación sobre los crímenes de guerra en Palestina

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado dicha decisión, motivada por un examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino y considerar que se dan "todos los criterios" para ello.

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.

Bensouda ha informado de que el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI–, ha llegado a su fin, considerando que se dan "todos los criterios" para abrir una investigación formal.

La jurista gambiana ha afirmado que "hay una base razonable" para pensar que se han cometido crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, desde 2014.

"Dado que ha habido una remisión por parte del Estado de Palestina, no hay necesidad de solicitar al Tribunal una autorización antes de proceder a la apertura de una investigación formal, por lo que no lo voy a hacer", ha dicho en un comunicado.

 

JERUSALÉN 

20/12/2019 15:34 Actualizado: 20/12/2019 15:34

EUROPA PRESS

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Jueves, 19 Diciembre 2019 06:27

(Neo)capitalismo y sufrimiento psíquico

(Neo)capitalismo y sufrimiento psíquico

Como anunciaba Joaquín Estefanía en Estos años bárbaros (2015) la salida de la Gran Recesión ha convertido en estructural lo que durante la gestión de la crisis financiera se vendía como secuelas transitorias: el incremento de la desigualdad, la precariedad laboral, la desregulación de los mercados, la privatización de los bienes públicos, arrasando con los antaño derechos constitucionales en educación, sanidad, pensiones, prestaciones sociales. El neoliberalismo completa la revolución conservadora iniciada con Reagan y Thatcher en los años ochenta del pasado siglo con la conquista del Estado en beneficio de unos pocos. Para el fundamentalismo neoliberal, una vez dueños del mundo tras la caída del muro de Berlín, las leyes sociales surgidas tras la crisis de 1929 y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, son un obstáculo, un residuo a suprimir, como lo son las políticas sociales de algunos Estados latinoamericanos (Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela…) iniciadas a contracorriente.

Se juega con el mito de la mejor eficacia de los mercados y el necesario adelgazamiento de las cuentas públicas, cuando la toma de los gobiernos nacionales por el capital financiero, por ese 1% de la población mundial, no supone el adelgazamiento del gasto público, supone la venta de hospitales, pensiones y universidades del erario a los fondos buitres internacionales. Supone la acumulación ilimitada del capital, como previó Marx, más la también ilimitada invasión de la vida toda. La lógica del mercado configura subjetividades, cosifica las relaciones humanas, convirtiendo todo en consumo, competencia y, en definitiva, mercancía. Estrategia totalizadora, que pretende ir más allá del control de la economía, buscando imponer una cultura y un pensamiento único a nivel mundial. Un pensamiento que borre en el imaginario colectivo los grandes relatos que configuraron el sujeto de ayer, la ilustración, el freudismo, el marxismo. Se trata de forjar un sujeto neoliberal cuya ideología esté procurada por la publicidad y su el deseo copado por el consumo.

Los dueños de los medios seducen a la población con el ideal privatizador, convirtiendo la precarización del trabajo en un aliciente emprendedor, individualismo competitivo del que depende la persona y la sitúa siempre en continuo riesgo. Empresario de uno mismo, se pierde el vínculo social. El nosotros se convierte en un pronombre peligroso, cuando no se reduce a unas pocas personas o a la comunión de los estadios de fútbol. La vida se vuelve una competición en la que ya están definidos los ganadores, los detentadores del poder patrimonial y meritocrático y también los perdedores, los nadie, los desechos poco meritorios, los excluidos, el sobrante social del sistema productivo. Los determinantes sociales lo atestiguan. Por poner unos ejemplos: la renta media de los estudiantes de la Universidad de Harvard corresponde a la renta media del 2% de los estadounidenses más ricos. En Francia las instituciones educativas más elitistas reclutan a sus miembros en grupos sociales apenas más amplios (Piketty, 2015). O las desigualdades en la esperanza de vida, entre una clase social y otra; en un barrio u otro de la misma ciudad en cualquier parte del mundo. En Barcelona, la esperanza de vida en barrios como Torre Baró, en NouBarris, es 11 años menor que en Pedralbes. En el barrio de Calton, un barrio pobre de la ciudad de Glasgow, la población tiene una esperanza de vida de 54 años, una de las más bajas del mundo; a pocos kilómetros, en la rica zona de Lenzie, la esperanza de vida es de 82 años, una de las más altas de Europa (Maestro, 2017). Según un estudio reciente (The Lancet Planetary Health, Usama Bilal y Ana Diez Roux), dependiendo de la zona de Santiago de Chile la diferencia de esperanza de vida es de 18 años. El Chile que ahora explota en las calles y que ha sido vendido como modelo de desarrollo por el neocapitalismo durante las últimas décadas.

Las consecuencias en el sufrimiento psíquico son el incremento de los problemas mentales y sobre todo un estrés generalizado que se traduce en malestar, en infantil desesperanza, frustrado un deseo que nunca fue construido, que nunca tuvo el forjado necesario para perdurar. Enfermedades del vacío o quiebra de la identidad en la ausencia de un útero social.

En este presente, ante estas circunstancias, los interrogantes se vuelven hacia la asistencia social y el sistema sanitario, recolectores de la miseria social, donde la pregunta de entrada, parafraseando al sociólogo Jesús Ibáñez, estaría en si es posible en un sistema capitalista hacer una política de gobierno no capitalista (Ibáñez, 199p. 223). Llevada a la asistencia sanitaria y social, la pregunta es ¿si es posible una sanidad universal y equitativa, una salud colectiva en el contexto neoliberal? Su viabilidades la apuesta (retórica) de la socialdemocracia una vez que aceptó como el menos malo de los sistemas el capitalista. En su discurso: la vuelta a un Estado de Bienestar actualizado por la gestión privada. Pero la cuestión es ¿cuál es el precio de esta actualización, que por lo que sabemos hoy desvirtúa completamente los principios comunitarios y salubristas en los procesos llevados a cabo en Europa? (Desviat, 2016).

En cualquier caso, en esta contradicción se encuentra la ambigüedad y la insuficiencia de los Servicios Nacionales de Salud, de las propias leyes que los crearon en tiempos del Estado del Bienestar, dejando siempre la puerta abierta a la privatización de los servicios. En realidad, aún en los años de mayor protección social, la sanidad pública estuvo siempre condicionada a una financiación que privilegiaba a las grandes empresas farmacéuticas, tecnológicas y constructoras. Los gobiernos conservadores, pero también los socialdemócratas, mantuvieron la sanidad pública en sus programas, lo que además les permitía disminuir costes y acercar los recursos a la población atendida con un claro beneficio político electoral, mas al tiempo protegieron las infraestructuras de poder de la medicina conservadora y empresarial. La reforma sanitaria, y de la salud mental comunitaria, en sus logros de mayor cobertura y universalidad, se desarrolló siempre a contracorriente del poder económico, fueran ministros conservadores o socialistas.

De hecho, las ayudas económicas del Banco Mundial se acompañaron de la exigencia a los países de la reducción de la participación del sector público en la gestión de actividades comerciales y la disminución de los servicios sociales, convirtiendo en objetivo prioritario la privatización de la sanidad y las pensiones, al estilo de EEUU. Algo que queda claro en el informe de 1989 del Banco Mundial sobre financiación de los servicios sanitarios, donde se plantea introducir las fuerzas del mercado y trasladar a los usuarios los gastos en el uso de las prestaciones (Akin, 1987). Y en la pronta asunción de esta política por los Estados, empezando por el Reino Unido, que fue durante tiempo referencia por su aseguramiento público universal, como puede verse en documentos recientemente desclasificados del Gabinete de Margaret Thatcher, donde en un informe del Banco Mundial se dice textualmente que se deberá poner fin a la provisión de atención sanitaria por el Estado para la mayoría de la población, haciendo que los servicios sanitarios sean de titularidad y gestión privada, y que las personas que necesiten atención sanitaria deberán pagar por ello. Aquellos que no tengan medios para pagar podrán recibir una ayuda del Estado a través de algún sistema de reembolso (Lamata, Oñorbe, 2014).

La filosofía es trasparente: la salud es responsabilidad de la persona, del cuidado o no cuidado que haga con su vida, por tanto deben pagar por los servicios que consume. La sanidad deja de ser un bien público al que todas las personas tienen, por tanto, derecho. La ideología salubrista basada en el estilo de vida –cuide su comida, su hábitat, haga ejercicio, no corra riesgos—ignora los determinantes sociales, las condiciones de vida y de trabajo, que la salubridad que propone exige un cierto estatus social al que buena parte de la población no tiene acceso.

El hecho es que la quiebra de la universalidad deja fuera del sistema sanitario a colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, inmigrantes sin papeles, discapacitados, ancianos…), al tiempo que los recortes presupuestarios deterioran los servicios asistenciales públicos, reducen la cesta básica, introducen el copago en medicamentos y suprimen prestaciones de apoyo (transporte, aparatos ortopédicos…). El Estado desplaza a los mercados la decisión de quien tendrá acceso a vivir y a cómo malvivir o morir. El paciente pasa a ser un cliente que puede ser rentable o no.

Pero hay otro fenómeno que hay que considerar al referirnos al sufrimiento singular y colectivo. Otro fenómeno al que enfrentar aparte de la falta de soporte social de los Estados y de la hegemonía del discurso conservador, la sustancial medicalización de la sociedad. La existencia de un Estado privatizador, la ausencia de una doctrina de salud y servicios sociales orientada al bien común, va a posibilitar el proceso de la mercantilización de la medicina, convertida en una importante fuente de riqueza, y consecuente medicalización y psiquiatrización de la población. Un proceso que tiene tres aspectos básicos, tal como enuncian Isabel del Cura y López García: uno, referir como enfermedad cualquier situación de la vida que comporte limitación, dolor, pena, insatisfacción o frustración (lo que podríamos definir como enfermedades inventadas); otra, la equiparación de factor de riesgo con enfermedad; y, por último, la ampliación de los márgenes de enfermedades (que sí lo son) aumentando así su prevalencia. Todo ello origina intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas de dudosa eficacia y eficiencia(del Cura, Isabel; López García Franco, 2008). Hacer medicamentos para personas sanas era un viejo deseo de los laboratorios farmacéuticos, ahora el complejo médico-técnico-farmacéutico, aliado con los medios y con el poder político va más allá, con la fabricación de enfermedades. Ahora la estrategia funciona vendiendo no sólo las excelencias del fármaco sino, sobre todo, vendiendo la enfermedad. La depresión es un buen ejemplo, convertida en una pandemia mundial gracias a los antidepresivos. La cosa es simple, buscamos o creamos un malestar (el síntoma), le otorgamos un diagnóstico (precoz) y comercializamos un medicamento o una nueva indicación para un medicamento ya en uso (un antidepresivo para la timidez o un ansiolítico para circunstancias adversas) o costosas pruebas de alta tecnología completamente innecesarias. Robert Whitaker, un estudioso del fenómeno del aumento de consumo delos de los psicofármacos en EE UU, describe rigurosamente en su libro Anatomía de una epidemia la implicación de las instituciones sanitarias, profesionales y de usuarios en la elaboración del relato que les ha convertido en el tratamiento psiquiátrico dominante tanto de trastornos mentales graves como de síntomas comunes de malestar psíquico, cuando no han servido para la creación de falsas enfermedades. Preguntándose, y ese es el origen de la investigación que da lugar al libro, ¿cómo es posible que los problemas mentales se hayan incrementado desde los años 90 del pasado siglo, cuando precisamente por esas fechas aparecen lo que se propaga por asociaciones científicas y autoridades sanitarias como el mejor, sino único, remedio para atenderlos: los nuevos, supuestamente más eficientes y mucho más caros, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, estimulantes y ansiolíticos? (Whitaker, 2015)(Desviat, 2017).

La introducción de nuevos medicamentos, no necesariamente mejores, pero si mucho más caros en los años ochenta del pasado siglo, colonizan el discurso psiquiátrico. El fármaco, respaldado por las Clasificaciones y Protocolos Internacionales de las Asociaciones científicas (infectadas por la financiación de las empresas farmacéuticas), se convierte en la bala de plata, en la panacea de los tratamientos del malestar, un atajo acorde con la cultura de la época, pragmática, intrascendente y apresurada. La psiquiatría se introduce en la gestión biopolítica de la vida por el resquicio de la insatisfacción, del vacío, la vida liquida que describe Bauman, ofertando soluciones a los problemas de la existencia: del amor, el odio, el miedo, la tristeza, la timidez, la culpa.

Se medicaliza el sufrimiento social —desahucios, desempleo, pobreza— y se psiquiatriza el mal; así cuando leemos en la prensa un caso criminal, vandálico, y se atribuyen sus actos a un trastorno mental, experimentamos cierta tranquilidad al imputar como una cuestión médica lo que es un mal social. Convertido en una cuestión genética o de anómala personalidad, no existe la responsabilidad de la sociedad en la que convivimos de una manera u otra, sostenemos. Al fin al cabo, no hace tanto que se vinculaba científicamente la criminalidad a la degeneración orgánica, hereditaria e inscrita en el cuerpo y en la mente.

El escándalo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es ilustrativo de la fabricación de una enfermedad que ha multiplicado por cientos de miles la venta de estimulantes en pocos años para tratar, en la inmensa mayoría de lo casos, comportamientos habituales en la infancia y adolescencia: distraerse fácilmente y olvidarse cosas con frecuencia; cambiar frecuentemente de actividad; soñar despiertos/fantasear demasiado, corretear mucho; tocar y jugar con todo lo que ven; decir co­mentarios inadecuados, pueden ser diagnosticados de TDH con el aval técnico Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIMH). Estimaciones recogi­das por Sami Timimi (Timimi, 2015)sugieren que a aproximadamente el 10 % de los niños en las escuelas de Estados Unidos se les ha pautado o tienen pautado un estimulante. En el Reino Unido la prescripción ha aumentado de 6000 recetas al año en 1994 hasta más de 450.000 en 2004; un asombroso aumento del 7000 % en solo una década (Department of Health, 2005).

La medicina se ha convertido en una gran generadora de riqueza, en cuanto la salud y el cuerpo se convierten en un objeto de consumo. En manos de la publicidad, es decir de los mercados, la medicina es una herramienta de normalización. Entendiendo por normal aquello que dictan los intereses del capital. Qué comer, qué vestir, qué tomar, como o con quien juntarnos. Las normas estandarizadas se multiplican al tiempo que avanza el proceso que Foucault denominó de “medicalización indefinida”. La medicina se impone al individuo, enfermo o no, como acto de autoridad, y ya no hay aspecto de la vida que quede fuera de su campo de actuación. El cuerpo se convierte en un espacio de intervención política. Este tiempo donde los poderes económico-políticos se inmiscuyen y regulan cada ámbito de nuestra vida, donde la vida es cualquier cosa menos algo espontáneo.

La atención de la Salud Mental al sufrimiento psíquico

Los cambios las formas de gestión y en el pensar de la época van a repercutir en las respuestas técnicas de la comunidad psi profesional. Hay una vuelta a la enfermedad como contingencia, que reduce a lo biológico el malestar. El sujeto, su biografía, queda fuera. Protocolos y vademécums sustituyen a una clínica de la escucha, qué se pregunte por el por qué subjetivo, afectivo, social del sufrimiento psíquico; una clínica que busque en las propias defensas de la persona formas de superar el padecer. Al tiempo, la medicalización produce cambios profundos en la demanda de prestaciones, que no tienen porque corresponder con las necesidades de la población, sino a los intereses de la clase hegemónica.

En el esfuerzo por reducir la psiquiatría al hecho físico, a la medicina del signo, se establecen criterios diagnósticos con unos signos-hechos-datos escogidos por consenso o por votación de un pocos que reducen la complejidad de la persona. Uno ya no delira con lo relacionado con su propia biografía. El contenido del delirio es ruido producido por la falla neuronal. No hay lenguaje, sujeto ni deseo. Solo cuerpo, enjambre químico neuronal. Mas, y he aquí la insustancialidad de la propuesta, es que los datos por si solos, como bien saben los propios publicistas de los mercados, poco valen, hay que interpretarlos.

La estrategia es obvia, se trata de homogeneizar, en torno a unos cuantos criterios, una propedéutica y un vademécum común para diagnosticar y tratar a las personas aquejadas de problemas de salud mental, en beneficio de las empresas farmacológicas y tecnológicas. Un único sentido para el mundo. El trastorno mental sería el mismo en China que en Costa Rica, en Noruega que en Mali, lo que facilitaría el mismo tratamiento. Algo tan disparatado, premeditadamente ignorante de la antropología, de la idiosincrasia de los pueblos, que seria irrelevante sino fuera porque la credibilidad de un hecho o de una visión determinada de los hechos está condicionada al aval de universidades, centros de investigación y a publicaciones de gran impacto que suelen depender directa o indirectamente de la financiación de los mercados.

Muy alejadas, por otra parte, de la realidad de la práctica asistencial. Lo que hace decir a autores como Richard Smith y Ian Roberts: que “la forma en que las revistas médicas publican los ensayos clínicos se ha convertido en una seria amenaza para la salud pública (Smith and Roberts, 2006).

Entre la aceptación y la resistencia

La acumulación irrefrenable descrita por Marx se aceleró con el fin del capitalismo industrial y no se sabe cual va a ser el acontecimiento que precipitará el choque final pronosticado por el autor de El capital, el momento en el que las fuerzas productivas entrarían en contradicción con las relaciones de producción, ni si ese acontecimiento tendrá lugar. El derrumbe disruptivo del fracasado socialismo de Estado en 1989 parecería haber agotado, como dice Enzo Traverso(2019), la trayectoria histórica del propio socialismo, de los movimientos que lucharon por cambiar el mundo con el principio de la igualdad como programa al reducir la historia toda del comunismo al hundimiento del totalitario régimen soviético. Una caída a la que se unía además los cambios profundos en las formas de producción que estaban acabando con el capitalismo industrial, en el que la izquierda forjo su identidad. Las grandes fábricas que concentraban a la clase obrera donde surgieron los sindicatos y los partidos políticos de izquierdas estaban siendo sustituidas por los nuevos modos de producción del neoliberalismo, la deslocalización, la precarización, la fragmentación y robotización de la producción. El sistema de partidos políticos surgidos con la industrialización en la confrontación obreros empresarios perdió su esencia política, convirtiéndose en aparatos electorales. En el caso de la derecha, los empresarios, sobre todo la empresa familiar y localizada territorialmente, fueron sustituidos por los lobbies financieros, sin perder la esencia de su identidad: la defensa de sus intereses de clase. En el caso de la izquierda revolucionaria, el resultado fue la perdida de un escenario que constituía su campo de batalla y su conexión con la izquierda civil. Por otra parte, el fracaso del socialismo autoritario no supuso la construcción de un socialismo democrático, como en un principio algunos imaginaron, sino que la caída de la URSS supuso la rápida transición a regímenes de un capitalismo salvaje, con el nacionalismo como identidad y en muchas ocasiones, infiltrado por criminales mafias. Algunos de los logros sociales del socialismo de Estado, como la sanidad universal y el pleno empleo, se derrumbaron, lo que llevó en pocos años a la reducción de la esperanza de vida y la precariedad o la indigencia para buena parte de la población. En la otra orilla, un capitalismo sin trabas, desalojadas las narraciones y utopías del siglo que acababa, afianzaba un presente que se quería sin pasado y sin futuro. No es el fin de la historia como preconizaba Fukuyama, sino el fin de la política. El mercado va a sustituirla, en un presentismo, donde no cabe la utopía, y por tanto, el futuro; ni cabe el pasado, perdida la memoria, en una historia huera, vacía de sentido.

Planteaba en Cohabitar la diferencia (Desviat, 2016) que la Reforma Psiquiátrica, cuyo primer objetivo fue sacar a los pacientes mentales de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios, y situar servicios de atención en la comunidad, creó en su devenir nuevas situaciones, nuevos sujetos, nuevos sujetos de derechos. La locura se hizo visible y con ella la intolerancia, el estigma, la exclusión de la diferencia. Hizo ver que el proceso desinstitucionalizador atravesaba toda la formación social, desvelando prejuicios y representaciones sociales que iban mucho más allá del trastorno psíquico, una reordenación asistencial, y que situaban a los alienados juntos con otros de la exclusión social. Destapó la parte oculta en nuestra sociedad por la dictadura de la Razón, de la podredumbre de la razón en palabras de Antonin Artaud, en la que los locos son las víctimas por excelencia (Artaud, 1959), un imaginario colectivo poblado de los mitos, las leyendas y los sueños que nos constituyen. Nos acerca a lo que en verdad teje el síntoma singular y social, pues el síntoma se forja en la historia colectiva, en los deseos y miedos ubicados en la trastienda de nuestra cultura. Un proceso desinstitucionalizador que enfrenta a la Reforma de la Salud Mental con la miseria social y subjetiva, en un escenario en el que no se puede ser un simple observador, un impotente teórico de la marginación, la alienación y el sufrimiento. Donde el hacer comunitario hace del profesional un militante de la resistencia al orden social que instituye la enajenación en la miseria, donde la acción terapéutica, necesariamente experta en los entresijos técnicos de la terapia y el cuidado, se colorea políticamente.

Este estar en lo común por el que se define la salud mental comunitaria supone considerar a la población no solo como potenciales usuarias de los servicios, implica adentrarse en los deseos y frustraciones de sus barrios, hacerles cómplices de la gestión de su malestar. El fracaso de la medicina social es semejante al de la política gobernante que padecemos, y la razón de este fracaso está en la ausencia de comunidad, de los intereses, anhelos, frustraciones y ensueños, de las poblaciones que se atiende o se representa. Es frecuente la existencia de políticos que no han estado nunca en las circunscripciones que representan más allá de los días de la campaña electoral y es igualmente frecuente planificaciones, programas y actividad profesional de salud mental hechos sin haber pisado el barro o las aceras de los barrios que comunitariamente se atiende.

En salud y más concretamente en salud mental hablamos de participación, de la necesidad de contar con los ciudadanos, con las comunidades y los propios usuarios a la hora de la planificación y programación, mas, sin embargo, la participación se reduce, si existe, a encuentro a nivel directivo con sindicatos para temas laborales y el trabajo comunitario a situar centros de consulta fuera de los hospitales. Luego puede extrañarnos que la población no defienda los modelos que más podrían beneficiarles, de confundir las necesidades reales en sus demandas, de dejarse llevar por engañifas electorales que propician la privatización como modelo sanitario, en contra de una salud colectiva que puedan hacer suya.

Concluyendo. El hecho es que hoy, como nunca hasta ahora en la historia parece que no hay un afuera del sistema neoliberal, donde el fascismo hace presente el planteamiento de George Kennan, en un informe secreto, hoy accesible, cuando aconsejaba que había “que dejar de hablar de objetivos vagos e irreales, como los derechos humanos, el aumento de los niveles de vida y la democratización, y operar con genuinos conceptos fuerza que no estuviesen entorpecidos por eslóganes idealistas sobre altruismo y beneficencia universal, aunque estos eslóganes queden bien, y de hecho sean obligatorios, en el discurso político” (Chomsky, 2000). Una situación que puede conducirnos al “esto es lo que hay” y al “todo vale”. Un esto es lo que hay y en esta situación todo vale al que se suma la desgana por falta de perspectivas profesionales y ciudadanos, el queme o la renuncia o la aceptación de la derrota. Un es lo que hay y todo vale que nos lleva a una permanente insensibilidad, nos lleva a eludir nuestra parte de responsabilidad, nuestra ciega complicidad en el trascurrir de los hechos, nuestra parte de culpa. Algo que según Cornelius Castoriadis, nos ha convertido en cínicos profesional, social y políticamente, pues encerrados en un nosotros, en un mundo personal privatizado, hemos perdido la capacidad de actuar críticamente (Castoriadis C, 2011). Quizás lo más frecuente, como escribía en el libro antes citado (Desviat: p. 17) es el considerar que lo que sucede es lo natural de la sociedad humana, que ha sido siempre, la iniquidad, la desigualdad, la competitividad canalla y la desatención de los más frágiles, asumiendo las funciones cosméticas y de control social que impone el orden social; en el mejor de los casos cobijando la conciencia profesional y cívica en preservar ciertas cotas de dignidad, calidad y eficacia. Pero queda otra postura, una opción partisana, militante que trata de mantener una “clínica” de la resistencia, buscando aliados en los usuarios, familiares y ciudadanos para conseguir cambios en la asistencia a contracorriente y profundizar las grietas del sistema, en pos de un horizonte donde sea posible el cuidado de la salud mental, una sociedad de bienestar.

El peso de la alienación cambia cuando se es consciente de ella. En ese descubrimiento, cuando la mirada del amo ya no fulmina al colonizado, se introduce una sacudida esencial en el mundo, toda la nueva y revolucionaria seguridad del colonizado se desprende de esto, escribe Fanon en Los condenados de la Tierra (p40).

Una sanidad diferente, una atención a la salud mental que se entienda desde lo singular a lo colectivo, no será plenamente posible sino en una sociedad diferente. No podemos saber qué nos deparará el futuro. El socialismo es tan posible como la caída en la barbarie. Pero sí estamos obligados, si queremos una salud pública universal y equitativa, a desear y trajinar por una sociedad que parta de la igualdad como eje central de su discurso y tarea; una igualdad que trascienda la explotación, sin jerarquías de clase ni de género, y donde se reconozcan y convivan todas las diferencias; donde todas las fronteras sean reconocidas, respetadas y franqueables. Sin falsas identidades societarias.

Inmersos en la distopía del neocapitalismo y el auge en su seno de un nuevo capitalfascismo, puede parecer una descomunal utopía, pero podemos consolarnos con el hecho de que las revoluciones llegan cuando nadie las espera. 

 

Por Manuel Desviat

Viento sur

  Confundimos libertad con “libre mercado”. Así desconocíamos nuestra implacable condena como mercancías. (Francisco Pereña, 2014) 

Referencias

Akin, J. (1987). Fianancing Health Services in Developing Countries. An agenda for Reform 1997. Washington, DC: World Bank.

Artaud, A. (1959). Carta a los poderes . Buenos Aires: Mundo Nuevo.

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Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article15415

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Soldado colombiano anuncia su suicidio tras ser intimidado por el Ejército al apoyar el paro contra Duque

Brandon Cely Páez, de 21 años, denunció en un video grabado previo a su muerte que un superior lo señaló por ser de "izquierda extremista".

Un soldado del Ejército colombiano anunció en un video que se quitaría la vida después de ser intimidado por mandos superiores, tras mostrar su apoyo al paro nacional. El sábado pasado, el joven de 21 años fue encontrado muerto. 

El orgánico del Batallón de Infantería 13, Brandon Cely Páez, grabó un mensaje de despedida en el que explicaba las razones detrás de su decisión. "No me han dejado otra opción que hacer este video para protestar y apoyar a mis compañeros estudiantes", dice el soldado. 

Según contó Brandon Cely, un superior lo acusó de ser de "izquierda extremista" y un "disociador", por apoyar el paro nacional en Colombia. "Yo, para salvaguardar mi bienestar, pedí poder salir de la base, lo que acarrea en la Justicia Penal Militar de dos a seis años de cárcel por el delito de deserción", dice.   

Tras mostrar su apoyo a los estudiantes, quienes "no han dejado de callar", Cely aseveró que como soldado no puede expresar su respaldo al movimiento estudiantil, porque le han "quitado la voz y el voto en el Ejército". "Apoyo totalmente y plenamente al paro colombiano [...] Como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para evitar inconvenientes a mis familias y a mis seres queridos", sentenció. 

Respuesta del Ejército

Tras la difusión del video, el Comando de la Décimo Tercera Brigada del Ejército informó que Cely Páez, quien tenía quince meses prestando su servicio militar, "falleció en hechos que son materia de investigación". 

Según un comunicado de prensa de la dependencia, el caso ya está siendo investigado por la Justicia Civil Militar, con el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Además, la Décimo Tercera Brigada informó que se conformó una comisión interdisciplinaria para "establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que que ocurrieron los hechos". 

Protestas

Miles de personas en Colombia salieron a la calle este martes en la sexta jornada de protestas tras el paro nacional decretado por organizaciones sindicales, estudiantes y colectivos de derechos humanos.

Estos sectores han exigido al Gobierno de Iván Duque implementar una amplia agenda de demandas sociales, que van desde cambiar el sistema público de pensiones hasta la correcta implementación de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A estas demandas, los diversos sectores sociales han sumado el esclarecimiento y la sanción a los responsables de la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años que falleció tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógena en la cabeza, lanzada por un antidisturbio, cuando participaba en una protesta en Bogotá. El día de su muerte, el lunes, Dilan se iba a graduar como bachiller en el Colegio Ricaurte IED (Institución Educativa Distrital), una entidad pública.

En el contexto del paro nacional, que ha sido reprimido por las autoridades, Duque inició el lunes la Gran Conversación Nacional, como le ha llamado al diálogo con alcaldes, gobernadores electos, empresarios y representantes de organismos de control del Estado —Procuraduría y Fiscalía— para encontrar una salida a las protestas antigubernamentales. 

No obstante, tras reunirse con el mandatario este martes, los líderes de las protestas se negaron a aceptar un diálogo ampliado propuesto por la Presidencia y anunciaron la convocatoria a una nueva protesta el miércoles 27 de noviembre

27 nov 2019 02:49

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Domingo, 17 Noviembre 2019 05:44

El odio al indio

El odio al indio

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4x4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman "collas", que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que "hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de "elecciones limpias" pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media", medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Publicado en celag.org

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Lunes, 29 Julio 2019 06:19

Otros ritmos

Otros ritmos

La danza macabra del régimen estadunidense mantiene su ritmo. Sólo en estos últimos días Trump afirmó que el artículo segundo de la Constitución le otorga "el derecho de hacer lo que yo quiera como presidente" (falso, obviamente); declaró que entre sus opciones para "ganar" la guerra en Afganistán está una en la que ese país "sería eliminado de la faz de la tierra, y se acabaría, literalmente, en 10 días. Pero no quiero proceder por esa ruta, porque no quiero matar a 10 millones de personas". El Departamento de Justicia reactivó la pena de muerte federal por primera vez en 16 años; su régimen propone anular la asistencia federal para los que sufren hambre en este país, y anunció aún más medidas para perseguir y detener a inmigrantes, al tiempo que la Asociación Estadunidense de Pediatría difunde dibujos hechos por niños inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos donde se autorretratan como figuritas de palo en jaulas.

 

Y después de días de su ataque racista contra cuatro diputadas federales progresistas (ninguna de ellas blanca) en respuesta a sus críticas contra su régimen, ahora incluyó en esa ofensiva a otro crítico: Elijah Cummings, diputado federal afroestadunidense por Baltimore, al acusar a su distrito de ser "un desastre repugnante infestado de ratas y roedores", donde "ningún ser humano desearía vivir", todo porque el legislador se atrevió a denunciar las condiciones de los niños inmigrantes en los centros de detención.

 

Pero algunos ritmos de resistencia también están cambiando de tono en la gran disputa por el futuro de esta nación. Además de constantes protestas, fragmentadas pero incesantes, contra las políticas del régimen a lo largo y ancho del país, ahora hay respuestas que hace poco serían impensables contra un presidente.

 

Este fin de semana, el Baltimore Sun, uno de los rotativos más antiguos del país, respondió al ataque del presidente contra esa entidad con un editorial titulado: "Mejor tener unas cuantas ratas que ser una", el cual concluyó: “le diríamos al hombre más deshonesto que jamás ocupó la oficina oval, el burlón de héroes de guerra, el feliz agarrador de las partes privadas de mujeres, el que perpetra seriales bancarrotas de negocios, el idiota útil de Vladimir Putin y el tipo que insistió en que había ‘gente buena’ entre asesinos neo-nazis, que aún no logra engañar a la mayoría de estadunidenses ni los ha hecho creer que es al menos un poco competente para su puesto actual. O de que posee un granito de integridad. Mejor tener unas alimañas que ser una”.

 

También han sucedido respuestas impulsadas por fuerzas divinas juguetonas.

 

Mientras ofrecía un discurso a jóvenes republicanos hace unos días, Trump no se dio cuenta de que en una pantalla detrás de él, se proyectó una imagen del emblema presidencial, pero tantito modificada: en lugar del águila imperial gringa, estaba un águila con dos cabezas parecida al emblema oficial ruso, y en una de sus garras empuñaba unos palos de golf y en el otro un fajo de billetes; en lugar del lema oficial en latín: E pluribus unum decía, en español: "45 es un títere" (Trump es el presidente 45 de este país).

 

Y de repente se escuchan nuevos ritmos que podrían buscar eco aquí. Poco después de que Trump repitió: "soy lo mejor que jamás le ha ocurrido a Puerto Rico", y que posee "un entendimiento real" de la isla como resultado de que él llevó un concurso de Miss Universo ahí, los boricuas dieron el ejemplo a todos los estadunidenses de cómo podrían responder ante un líder corrupto, cínico, mentiroso, homofóbico y racista. Con sus movilizaciones masivas incesantes (en parte nutridas por el trabajo de algunos periodistas de investigación) repletas de furia y ritmo –Nueva York y Washington incluidos (https://twitter.com/DavidBegnaud/ status/1153472864395452416)– triunfaron en obligar la renuncia de su gobernador el pasado miércoles. Esperan que éste sea sólo el inicio de un proceso democratizador.

 

"La hora de hacer ruido aquí en Estados Unidos llegó", recomendó la escritora puertorriqueña Lilliam Rivera en un artículo en el Washington Post, al señalar esta presidencia inaceptable. "Abran las ventanas, saquen las ollas y sartenes y empiecen a hacerlas sonar".

 

Urgen nuevos ritmos para cambiar la coreografía entre los estadunidenses, y los caribeños les acaban de regalar una buena tonada.

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Lunes, 13 Mayo 2019 06:24

Saludos terribles

Saludos terribles

La famosa escena de la película satírica Dr. Strangelove (El Doctor Insólito, en su rara traducción en México), del director Stanley Kubrick, donde el brillante Peter Sellers en el papel de un ex científico nuclear alemán ahora trabaja para el gobierno de Estados Unidos, una y otra vez tiene que agarrar su brazo para evitar que se extienda en el saludo nazi de nuevo ayuda a ilustrar en parte –más de medio siglo después– la coyuntura en Estados Unidos.

Con el mandatario abiertamente imponiendo un "bloqueo completo contra la rama legislativa" (en palabras del reportero sobre asuntos legales del New Yorker, Jeffrey Toobin) y con ello anulando la supervisión efectiva que es parte esencial de la función del Congreso al negarse a cooperar con las investigaciones de éste, varios en la cúpula política –incluida la presidenta de la Cámara de Representantes– han declarado una "crisis constitucional".

A la vez, la descalificación y amenazas contra cualquier oficial, funcionario o político que se atreva a criticar, cuestionar o contradecir al presidente, ni pensar en investigarlo –sea de la FBI o las agencias de inteligencia, un procurador, generales, jueces federales y hasta, en días recientes, su propio ex abogado de la Casa Blanca– no tiene precedente en tiempos modernos.

Junto con todo eso, Trump no deja de repetir que los medios son "el enemigo del pueblo". La semana pasada, la Casa Blanca revocó las credenciales permanentes de corresponsales como parte de un intento de imponer un nuevo protocolo para tener mayor control. El veterano senador Patrick Leahy comentó que "eso es lo que hacen los dictadores".

Y lo anterior se combina con la promoción de odio racial contra afroestadunidenses y latinos, contra los inmigrantes del sur global, y contra la comunidad musulmana. La ola de temor que esto ha generado dentro de comunidades inmigrantes se nutre cotidianamente con la retórica oficial, así como con los actos de terror de las autoridades migratorias. Un integrante de una milicia en la frontera con México recientemente citó a Hitler y comentó a su colega mientras cazaban a indocumentados: "debemos ponerlos en cámaras de gas". La semana pasada, un fanático de Trump gritó en un mitin que se debería "disparar" contra indocumentados que cruzan la frontera. El presidente se rio.

Este es, vale repetir, el gobierno de niños inmigrantes enjaulados, con una Casa Blanca que incluso contempla enviar a los menores de edad a lo que sería un campo de concentración en Guantánamo.

Los grupos de odio se han multiplicado a más de mil y el mandatario ha justificado y defendido agrupaciones ultraderechistas, incluso después de actos de violencia. Algunos de éstos en su reuniones han usado el saludo nazi en honor a Trump.

La violencia se nutre de este caldo de odio, desde actos racistas cada vez más descarados hasta matanzas aparentemente al azar; en 2018 más estudiantes murieron por armas de fuego en escuelas en este país que militares estadunidenses desplegados en el extranjero.

Y ahora hay creciente preocupación entre opositores que Trump podría negarse a abandonar el poder si es derrotado en las urnas en 2020. Antes y después de su elección en 2016, él cuestionó la legitimidad del sistema electoral, y aún repite que hubiera ganado el voto popular (el cual perdió por casi 3 millones) si no fuera por un magno fraude, que incluye el voto ilegal de inmigrantes. La líder demócrata Nancy Pelosi, al igual que el ex abogado personal de Trump, entre otros, han indicado en días recientes que el presidente es capaz de no permitir una transición pacífica del poder. Él mismo ha jugado con esta idea, dizque en broma.

Nada de esto está oculto. Muchos lo hemos reportado durante más de dos años. Y una vez más, la gran pregunta no es tanto qué harán Trump y sus aliados, sino ¿cómo es posible que tantos, dentro y fuera de este país, lo sigan tolerando?

¿Están esperando hasta ver un brazo levantado en un saludo terrible?

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Domingo, 28 Abril 2019 05:50

Assange, WikiLeaks y el Estado vigilante

Assange, WikiLeaks y el Estado vigilante

Julian Assange no la tiene fácil, pero tampoco el gobierno de Estados Unidos. Washington lleva más de cinco años investigando al fundador de WikiLeaks a través de un Gran Jurado constituido en las entrañas del complejo burocrático-militar estadounidense. Pero cuando la embajada ecuatoriana echó como a un perro a su huésped más ilustre, el Departamento de Estados apenas pudo retenerlo tras las rejas de una cárcel británica con un modesto pedido de extradición basado solo en un intento fallido de descifrar la clave de una computadora del Departamento de Defensa. Si se llegara a probar que Assange efectivamente se valió de algún acto ilegal para intentar conseguir esa contraseña, se trataría de un presunto crimen informático castigado con hasta cinco años de cárcel. La acusación menciona que Assange solo le dijo a su presunta fuente, Chelsea Manning, que había intentado conseguir la clave pero “no tuve suerte”. Si tomamos semejante confesión literalmente (formaría parte de los chats borrados y luego recuperados entre Manning y Assange) habría que preguntarse si tratar de conseguir una clave secreta constituye delito y, si la respuesta fuera afirmativa, qué pasaría si el supuesto infractor no hubiera tenido “suerte”. Sin no se agregan acusaciones más sustanciales, dichas preguntas podrían terminar determinando la culpabilidad o inocencia de Assange, tanto en el juicio de extradición como en un eventual juicio criminal en Estados Unidos.

Sin embargo, nada asegura que Assange sea juzgado por lo que ha sido acusado hasta ahora. Por un lado, Estados Unidos, habiéndose asegurado el primer objetivo de retener bajo arresto a Assange a través de su pedido de extradición, podría agregar nuevas acusaciones antes de que el juicio de extradición culminara. Algunos expertos legales calculan que los fiscales estadounidenses que lo han requerido tienen hasta 65 días para ampliar su acusación, contando desde el momento en que Assange fue detenido, el 11 de abril pasado. Por otro lado, la alternativa que más inquieta a Assange y a su equipo es que se agreguen nuevos cargos a la acusación original, una vez que el editor y ciberactivista sea deportado de Gran Bretaña. “Creemeos que la acusación que se presentó con la solicitud de extradición es solo parte de la historia”, declaró el nuevo editor de WikiLeaks y vocero histórico de la organización, el periodista islandés Kristinn Hrafnsson. “Vendrán más, se agregarán más cargos.”


James C. Goodale, abogado principal del diario The New York Times durante el juicio por los Papeles del Pentágono en la década del 70, coincide con el pronóstico de WikiLeaks. “La acusación en contra de Assange parece escrita con el único objetivo de conseguir su extradición. Una vez que llegue a Estados Unidos, sin dudas, será golpeado con cargos múltiples”, escribió el abogado en The Hill, un sitio especializado en la cobertura del Capitolio. En su artículo, Goodale hace notar que la ley británica no permite extradiciones por razones políticas y que el crimen de espionaje es considerado un crimen político por la jurisprudencia de ese país. Por esa razón, explica el especialista, los fiscales estadounidenses han evitado por ahora acusar a Assange de espionaje. Sin embargo, continúa el abogado, en la acusación, la descripción de la conspiración de la que habría participado Assange contiene lenguaje extraído de la Ley de Espionaje. “Assange y Manning tenían razones para creer que la difusión pública de los despachos de las guerras de Irak y Afganistán causarían lesión a Estrados Unidos”, dice el texto presentado por los fiscales estadounidenses a las autoridades británicas En concreto, la frase “causar lesión a Estados Unidos” proviene de la Ley de Espionaje. Y según Goodale, no fue insertada en la acusación por casualidad. “Las referencias a la conspiración bajo la Ley de Espionaje en la acusación en contra de Assange hace pensar que Estados Unidos podría cambiar la carnada. O sea, primero sacar a Assange del sistema judicial británico como sea para después acusarlo de espionaje una vez que se encuentre en territorio de Estados Unidos.”


Pero para llevar adelante semejante estrategia los fiscales deben sortear un escollo no menor: el tratado de extradición no permite que una persona sea juzgada por un crimen diferente al por el cual fue extraditado. Sin embargo, dicho escollo legal no sería insalvable, opinó el ex abogado jefe del New York Times. “Hay una excepción a la prohibición de presentar nuevas acusaciones después de la extradición. Se trata de cargos adicionales que se basen en los mismos hechos por los que la extradición fue concedida. En otras palabras, Assange podría ser acusado de espionaje si esos cargos se presentaran como una profundización de la acusación por delitos informáticos”, explicó Goodale.


Pase lo que pase es altamente improbable que Assange sea condenado a muerte. Virginia es uno de los 30 estados entre los 50 del país norteamericano que aplica la pena capital. Es el más rápido en ejecutar a sus sentenciados, con un promedio de ocho años de espera, y es segundo detrás de Texas en cantidad de ejecutados desde 1976 (114, sobre un total de casi 1500). Pero tanto la legislación británica como la europea a la que Reino Unido suscribe prohíben extraditar personas a países con pena de muerte a menos que el país receptor garantice que dicha pena no será aplicada al extraditado.


La exigencia británica del respeto a la vida del extraditado no garantiza que Assange recibirá un trato respetuoso de los derechos humanos en un centro de detención estadounidense. Su supuesta fuente en la megafiltración llamada Cablegate, Chelsea Manning, detenido en 2010, condenado a 35 años y perdonado por Barack Obama a los siete, recibió en la cárcel un trato “cruel, inhumano y degradante, equiparable a la tortura”, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez. Mientras Manning recibía ese trato, sus interrogadores insistían en demandarle que involucrara a Assange en un supuesto complot de espionaje. Hace dos meses Manning fue detenido nuevamente y hasta hoy permanece en una celda de aislamiento por negarse a contestar preguntas sobre Assange ante el Gran Jurado de Alexandria.


La nueva detención de Manning y la negociación informal para sacar a Assange de la embajada ecuatoriana en Londres son apenas dos botones de muestra de la creciente intolerancia del gobierno estadounidense a la filtración de información sensible desde la llegada a la presidencia de Donald Trump dos años atrás.


Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), seis personas han ido a juicio por espionaje debido a sus filtraciones a periodistas desde la asunción de Trump, casi el doble de rápido que en los 8 años de Obama, período en el cual diez personas fueron juzgadas. La administración Trump dictó procesamientos por filtrar a la prensa información secreta de la Agencia de Seguridad Nacional (Reality Winner fue condenada a cinco años de cárcel), el FBI (Terry Albury, condenado a cuatro años cárcel) y la CIA (Joshua Schulte, detenido por difundir herramientas de hackeo de la agencia a través de WikiLeaks, está a la espera de ser juzgado.)


Claro que juzgar y condenar a Assange, un publicador de información secreta, sería muy distinto que ir en contra de los filtradores. Los principales medios de Estados Unidos (y del mundo entero) fueron socios de WikiLeaks en la publicación de sus filtraciones más impactantes y la primera enmienda de la constitución estadounidense protege explícitamente la libertad de expresión. Por eso los fiscales de Alexandria, en sus allanamientos e interrogatorios de testigos, insisten en buscar evidencias de que Assange participó en sus filtraciones de una manera distinta a la que habitualmente hacen los periodistas y que no fue simplemente un receptor pasivo de información que le llegó de manera anónima.


En ocho años de investigación, al parecer, apenas consiguieron un chat borrado que sugiere un intento fallido de descifrar una clave secreta y una narrativa legal, sin correlato empírico, que habla de una supuesta “lesión” a Estados Unidos. En tiempos de Trump, fake news y posverdad no hace falta mucho más para castigar al principal responsable de desnudar al Estado vigilante.


“La detención de Assange” –escribió Bruno Galizzi, de la Fundación Garzón en eldiario.es– “es un paso más dado por quienes quieren retroceder a épocas pretéritas cuando reinaba la opacidad, recortando nuestros derechos fundamentales y castigando a quienes dan a conocer los secretos que avergüenzan a quienes detentan el poder”.


@santiodonnell

 

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La posición radical de EEUU contra el aborto fuerza a la ONU a rebajar sus recomendaciones para proteger a mujeres violadas en una guerra

Bajo la amenaza de veto, EEUU ha obligado este martes a eliminar de una resolución del Consejo de Seguridad toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó el representante alemán, impulsor de la resolución

Bajo la amenaza de veto, Estados Unidos ha obligado este martes a eliminar de una resolución de la ONU sobre violencia sexual en conflictos toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ante la posición radical del gobierno de Trump respecto al aborto.

La administración de Donald Trump, que ve en ese lenguaje un apoyo implícito al aborto, logró en el último momento que el resto de países aceptasen eliminar esa parte del texto para permitir así su adopción.


Al final, la resolución salió adelante con 13 votos a favor (incluido el de EEUU) y dos abstenciones, de Rusia y China, que habían forzado junto a Washington otros cambios en el proyecto, eliminando por ejemplo una propuesta para crear un mecanismo encargado de vigilar crímenes sexuales en las guerras.


El gobierno de Trump, sobre todo de la mano del vicepresidente Mike Pence, ha convertido la lucha contra el aborto en una de sus prioridades, también en el ámbito exterior.
En 2017, Trump aprobó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos u organizaciones sanitarias en el extranjero que ofrezcan o informen sobre prácticas abortivas.


El actual Ejecutivo estadounidense también ha combatido en distintos foros de la ONU referencias a la salud sexual y reproductiva.


En el caso de la resolución del Consejo de Seguridad, Washington fijó ese asunto como una "línea roja" y advirtió que vetaría el texto si no se eliminaba, según fuentes diplomáticas.
El lenguaje en cuestión ya figuraba en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, que habitualmente no da marcha atrás en conceptos que ya han sido aprobados.


El borrador presentado por Alemania reconocía la "importancia de dar asistencia a tiempo a los supervivientes de violencia sexual" y urgía a las entidades de la ONU y a los donantes a facilitar "servicios sanitarios no discriminatorios y amplios, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial, legal y de sustento".


Para lograr que la resolución saliese adelante, la delegación alemana accedió a última hora a retirar ese párrafo, lo que llevó a Estados Unidos a votar a favor.


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó a los periodistas el embajador alemán, Christoph Heusgen.


Según Heusgen, a cambio de retirar ese párrafo, se insiste en el texto en la vigencia de una resolución anterior sobre el tema, en la que sí figuraba la salud sexual y reproductiva.
Los países europeos fueron los que más pelearon por mantener esa cuestión en el texto adoptado este martes y, en algunos casos, criticaron abiertamente la postura de Estados Unidos, un tradicional aliado.


"Estamos consternados por el hecho de que un Estado haya exigido la retirada de la referencia a la salud sexual y reproductiva", dijo el embajador francés, Francois Delattre, que subrayó la importancia de esa cuestión a la hora de proteger los derechos de las mujeres.


Pese a los cambios de última hora, Alemania defendió que la resolución supone un "hito" y un paso adelante en favor de las víctimas de violaciones y otros abusos durante las guerras.
Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la comunidad internacional tiene que seguir presionando para terminar con la "impunidad" de la que disfrutan la mayor parte de los crímenes de este tipo.


"Pese a un puñado de condenas de perfil alto, hay una amplia impunidad para la violencia sexual en los conflictos. La mayoría de estos crímenes nunca se denuncian, investigan o persiguen", dijo Guterres.


Junto al portugués, intervinieron ante el Consejo de Seguridad el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, ganadores del Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos humanos y contra la violencia sexual, que exigieron justicia para las víctimas.


La abogada de derechos humanos Amal Clooney, que representa entre otros a Murad y otras yazidíes víctimas de la organización terrorista ISIS, demandó la creación de un tribunal especial para juzgar las atrocidades cometidas por los yihadistas contra mujeres.


En ese sentido, recordó los procesos contra el nazismo tras la Segunda Guerra Mundial e insistió a las potencias en que este es "su momento de Nuremberg".
"Es su oportunidad para estar en el lado correcto de la Historia. Se lo deben a Nadia y a los miles de mujeres y niñas que ven a miembros de ISIS afeitarse sus barbas y volver a una vida normal, mientras ellas, las víctimas, nunca podrán", insistió.


24/04/2019 - 11

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 Un trabajador en la línea de producción de móviles de la fábrica de Huawei en Dongguan, el pasado mes de marzo. WANG ZHAO AFP

Empleados de empresas tecnológicas protestan contra jornadas de nueve a nueve, seis días a la semana, que apoyan empresas como Alibaba22


 Mi novia me lo advirtió: me estaba cambiando el carácter. Ya no me reía con los amigos. Estaba de peor humor, y siempre cansado”. Lenny Zhang, de 24 años y especialista en medios digitales, recuerda con horror su trabajo en una startup de realidad virtual en Pekín. “Al principio no estaba mal porque aún no había mucho que hacer. Pero cuando empezamos a tener clientes, eso cambió. Había que estar siempre en la oficina trabajando hasta tarde, y por supuesto sin más paga. Los fines de semana el jefe podía llamarte, si se daba alguna urgencia, y tú tenías que ir. Si te marchabas pronto, aunque no tuvieras nada que hacer, estaba mal visto: no estabas trabajando lo suficientemente duro”, relata.


Lo que Lenny Zhang (nombre supuesto) describe es lo que en China se conoce como la cultura del “9-9-6”. Trabajar todos los días de nueve a nueve, seis días por semana. Algo que en otros países puede sonar familiar; las críticas a las duras condiciones laborales han llegado incluso a Silicon Valley. Pero en la segunda potencia mundial, la insólita protesta de los trabajadores en empresas tecnológicas surgida en las últimas semanas tiene, como casi todo en este país, especiales “características chinas”.


Es insólita tanto por haber encontrado una vía para expresarse públicamente —la plataforma para desarrolladores de código GitHub— en un país donde impera la censura, como por el debate nacional que ha generado. Un debate que se ha puesto al rojo vivo después de que magnates como Jack Ma, el fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba, hayan salido a defender ese régimen laboral.

El descontento empezó a palparse, según cuentan empleados del sector, el año pasado. No es que hasta entonces las largas jornadas laborales fueran algo raro. Pero a partir de entonces, a la intensísima competitividad de las empresas tecnológicas chinas empezó a sumársele la desaceleración generalizada de la economía. Las compañías empezaban a contratar menos. En enero, la oferta de trabajo en el sector había caído un 15% con respecto a 12 meses antes, según la página de anuncios de empleo Zhaopin. Había que producir más con menos y por el mismo sueldo, y cada uno debía arrimar —aún más— el hombro. O correría el riesgo de quedarse en la calle, por despido o por quiebra de la empresa.
Claro que nunca dicho explícitamente, o en público. La ley china prevé horarios de trabajo de 40 horas semanales. Si se sobrepasan, el empleado debe recibir una compensación, y en todo caso el número de horas extras no debe superar las 36 por mes.


Un proyecto viral


En marzo un grupo de desarrolladores anónimos creó en GitHub, una plataforma para compartir códigos de programación, una página irónica, 996.ICU. El nombre hacía referencia a un dicho entre los trabajadores del sector en China: “si trabajas 9-9-6, acabarás en la unidad de cuidados intensivos (ICU, en sus siglas inglesas)”.


La página incluye recomendaciones —“márchate a casa sin complejos a las seis”— y un listado de más de 150 empresas que aplican ese régimen de trabajo, incluidos gigantes tecnológicos como Alibaba, Huawei, o ByteDance, la empresa madre de la aplicación de vídeos cortos TikTok. La “licencia anti996”, que ya han adoptado más de 90 proyectos en GitHub, obliga a las firmas que quieran usar el software de esos proyectos a respetar las leyes laborales. El golpe de genio de la iniciativa es que la censura, por mucho que lo desee, no puede bloquear GitHub: las tecnológicas chinas necesitan esta plataforma para compartir código.


996.ICU inmediatamente se hizo viral, el proyecto más compartido de toda la plataforma. Claramente, mucha gente se sentía identificada. Pero quizá todo hubiera quedado en una anécdota puntual.


Hasta que la semana pasada hablaron Jack Ma y Richard Liu, el presidente del otro gigante logístico, JD.com. Y levantaron ampollas. En un comentario en redes sociales, Ma, uno de los hombres más ricos de China, opinaba que los trabajadores deben ver como una bendición poder trabajar 9-9-6. Sin ese régimen —que hizo posible que su empresa despegara—, la economía del país “muy probablemente perdería ímpetu y vitalidad”. “Si entras en Alibaba, tienes que estar dispuesto a trabajar 12 horas al día. Si no, ¿para qué vienes? No necesitamos a los que trabajan ocho horas cómodamente”.


Liu, por su parte, consideraba que su empresa se ha llenado de “vagos” por los que no puede sentir ninguna simpatía. Sus opiniones son tanto más hirientes por cuanto la compañía —en situación delicada y que según el digital especializado The Information se plantea despedir a 12.000 personas, el 8% de la plantilla— advertía en un correo interno filtrado que se deshará de los que no “luchen duramente”, con independencia de sus circunstancias personales.


Comentarios como estos han disparado aún más la indignación. “En las compañías de software de Shanghái estos días no se habla de otra cosa”, apunta un analista de datos. En opinión de varios empleados de compañías tecnológicas, si el debate ha calado tan hondo es porque, por primera vez, las empresas han defendido en público y a las claras unas prácticas que “hasta ahora nadie decía directamente que había que cumplir. La presión estaba ahí, pero funcionaba por insinuaciones, por sobreentendidos”.


Los medios de comunicación oficiales, que reflejan la opinión del Gobierno chino, han participado también en el debate, ahora centrado en lo adecuado —o no— del equilibrio entre trabajo y vida personal que ofrecen las empresas chinas. El Diario del Pueblo, el periódico del Partido Comunista, aseguraba conciliador en un editorial el domingo pasado que “los trabajadores que critican el 9-9-6 no pueden ser acusados de vagos o pusilánimes. Hay que tener en cuenta sus verdaderas necesidades”.


“El problema es que el mercado chino es realmente intenso y competitivo”, opina Lenny. “A la mayor parte de la gente no se le pasa por la cabeza que no hace falta estar tantas horas. Nos han inculcado que para tener éxito y para ganar dinero hay que trabajar muy, muy duro”.


Al joven desarrollador le parece una buena noticia la movilización, aunque se declara escéptico sobre sus posibilidades de éxito. “Esto había que haberlo hecho hace 10, 20 años, cuando el sector tecnológico empezaba. Ahora es demasiado tarde, ya está todo demasiado consolidado”. Él piensa votar con los pies y marcharse a Europa a ampliar estudios en dos o tres meses. "Si puedo, me quedaré allí. No quiero volver al 9-9-6".


No todos están en contra

M.V.L.


Aunque las críticas han tenido un amplio eco, no todos los trabajadores del sector, ni mucho menos, se consideran explotados o están en contra de echar todas las horas posibles, día tras día. Amber Qi, de “veintipocos años” y empleada en una empresa de robótica en Cantón, es una de ellos. Trabaja cada día de diez a diez, seis días a la semana. A veces, siete. Pero no considera que sea algo exagerado: “Hay casos peores”, asegura.


En el suyo, “no me importa trabajar tantas horas —dice—. Me gusta el equipo que formamos en la empresa. Es útil trabajar todo este tiempo: si estamos cansados, podemos irnos a casa a descansar un rato, no somos de los que estamos en la oficina perdiendo el tiempo sin ser productivos”.


La joven resta importancia a las declaraciones de Ma: “hay que ponerlas en el contexto del típico jefe chino, que pretende adoctrinar a sus empleados. Eso puede funcionar para la gente de 30, 40 años. Pero a los más jóvenes no nos hace falta que nos lo diga el jefe. Si nos motiva el proyecto, le echaremos las horas que haga falta. Si no, nos iremos”. ¿Se ve pudiendo mantener este ritmo siempre? Cuando sea mayor —asegura—, “cambiaré de trabajo, a uno donde se hagan menos horas”.

 

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 20 ABR 2019 - 10:56 COT

 

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