Domingo, 06 Septiembre 2009 08:40

El Muro

La palabra Muro se escucha con mayúscula por el que dividió a Berlín durante 28 años. Se lo llamó y llama todavía El Muro de la vergüenza, pero quedó muy atrás del que Israel construye en el territorio palestino ocupado: el alemán que erigió la ex URSS tuvo 155 kilómetros de largo, el israelí tendrá más de 700. La altura media del primero fue de 3,6 metros, la del segundo un máximo de 8 y su anchura podrá ampliarse ya que a uno y otro lado se cavan fosas de varios metros de profundidad, hay vallas electrificadas de alambre de púa, sensores térmicos, cámaras de video, torres de francotirador y carreteras para los vehículos israelíes de patrullaje, más una franja colchón de ancho variable. El 85 por ciento de este Muro se construye dentro de Cisjordania, a la que despoja del 9,5 por ciento de su territorio. “Es una locura”, calificó Roger Waters.

El 19 de agosto pasado Naciones Unidas presentó en Jerusalén Este un corto narrado por quien fuera compositor, guitarrista, bajista, vocalista y fundador de Pink Floyd: se titula Walled Horizons (Horizontes vallados), dura 15 minutos y documenta los efectos que la construcción produce en cientos de miles de palestinos. “Me llena de horror la idea de vivir en una prisión gigantesca”, dijo Waters. Y escribió sobre el muro: “No al control del pensamiento” (www.fran ce24.com, 20-8-09). Puede verse en YouTube.

La ONU promovió este acto para sacudir la memoria dormida de la comunidad internacional acerca de un hecho trascendente: el 9 de julio del 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –el tribunal supremo del mundo–- emitió una opinión consultiva en la que señala: “La construcción del muro que Israel, la potencia ocupante, está levantando en el territorio palestino ocupado, incluso en Jerusalén Oriental y alrededores, y el régimen asociado, se oponen al derecho internacional”. La CIJ señala que Tel Aviv debe desmantelar un muro que para el pueblo palestino entraña, entre otras cosas, “la destrucción o incautación de propiedad privada, restricciones a la libertad de circulación, confiscación de tierras de cultivo, corte del acceso a las fuentes de agua primarias” y constituye “una anexión de facto de territorio palestino” (www.icj.cij.org, 9-7-04).

La resolución 62/181 de la Asamblea General de la ONU del 19 de diciembre de 2007 –entre otras– demanda a Israel “que cumpla plenamente las obligaciones legales mencionadas en la opinión consultiva” de la CIJ, es decir, la demolición del muro que “priva seriamente al pueblo palestino de sus recursos naturales”. Esta resolución fue aprobada por 166 países a favor –incluidos muchos que mantienen excelentes relaciones con Israel–, 7 en contra y 6 abstenciones (www.un.org, 31-1-08). Porque cabe preguntarse si esta construcción es para evitar atentados terroristas, como aduce Tel Aviv, o persigue otros fines. La CIJ subraya que “Israel no puede invocar el derecho de legítima defensa o un estado de necesidad a fin de eludir la ilegalidad del muro”.

La idea del Muro es, en realidad, muy anterior a la primera intifada palestina, de 1987, y a la segunda, del 2000: ya en 1950 el parlamento israelí promulgó la llamada Ley del Ausente, que permite al Estado apoderarse de toda propiedad palestina que no ha sido utilizada durante un determinado período. Israel se ha quedado así con la tierra de miles de palestinos en razón de los retenes y las dificultades de circulación que el Muro acentúa gravemente. Y luego: Ron Nahman, alcalde del amplio asentamiento de Ariel, ubicado 22 kilómetros adentro de Cisjordania, declaró a la prensa israelí que “el mapa de la valla es el mismo mapa que vi en cada visita que Arik (Ariel Sharon) nos hizo desde 1978” (www.americanfreepress.net, 19-12-03). Tel Aviv no esperó a que se produjeran los atentados terroristas contra civiles israelíes que acompañaron a las intifadas y el objetivo final del muro es la anexión de hecho del territorio palestino ocupado desde 1967.

“Los que intentan confundir y dicen que la valla no representa una línea política, no saben de qué están hablando”, declaró sin vueltas David Levy, presidente del consejo de colonos del valle del Jordán, al periódico israelí Yedioth Ahronoth (www.gush-shalom.org, 23-5-03).

“Cada quien juega este doble juego –agregó– y es conveniente para todos. Por eso estoy a favor de la valla, es obvio que nos ubicará adentro (de Israel).” El valle del río Jordán corre a lo largo de toda la frontera de Cisjordania con Israel y está poblado de asentamientos israelíes ilegales.

El corto del que participa Roger Waters recoge el testimonio de un palestino que vive a un lado del Muro y perdió su tierra porque está del otro. También el de una palestina cuyos niños no pueden ir a la escuela por idéntica razón. El Muro separa a matrimonios y a padres de sus hijos. Entre otras cosas que violan los derechos humanos del pueblo palestino y los pactos internacionales de los que Israel es Estado Parte.

Por Juan Gelman
 

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Domingo, 23 Agosto 2009 09:22

Una bomba silenciosa

Pocos tal vez recuerden que Laura Bush ejerció de feminista extrema cuando abogó por guerrear en Afganistán para terminar con “la opresión de las mujeres” bajo los talibán. Hubo toda una campaña internacional previa en favor de los derechos pisoteados de la mujer afgana y su “liberación” fue uno de los argumentos que EE.UU. y sus aliados reiteraron para invadir Afganistán el 7 de octubre de 2001. Como es notorio, el régimen talibán fue derrocado en noviembre, y en diciembre se estableció un gobierno de transición encabezado por Hamid Karzai, elegido presidente por el voto popular en 2004 y tal vez reelecto en las elecciones del jueves pasado.

Era más que duro y humillante el estatuto de la mujer afgana bajo el régimen talibán. Desde los 8 años tenían prohibido entrar en contacto con un hombre, excepto que fuera un familiar. Las mujeres no debían andar solas por la calle ni hablar en voz alta en público ni podían asomarse al balcón de su casa ni estudiar ni trabajar ni andar en bicicleta o en motocicleta o en taxi con el rostro descubierto, tenían que vestir burkas y de hecho vivían en arresto domiciliario. El castigo a las que violaban estas normas era público y cruel. A ocho años casi de tumbado el sistema, las cosas no han mejorado mucho.

Es cierto que algunas mujeres ocupan bancas en el Parlamento afgano y que millones de niñas asisten ya a la escuela primaria. Pero las restricciones aumentan para cursar la secundaria: sólo el 4 por ciento alcanza a terminarla. “La violencia contra las mujeres es endémica, son amenazadas en público y varias han sido asesinadas” (The Washington Post, 18.8.09). El “democrático” Karzai ha empeorado esta condición.

El 27 de julio último, quizás aprovechando los estrépitos de la guerra, puso una bomba silenciosa: la ley del estatuto personal chiíta, que faculta a los chiítas hombres a privar a sus mujeres de alimentación y sustento si éstas se niegan a obedecer sus demandas sexuales cuando las exijan. Los derechos de custodia de los niños quedan en manos de los padres y los abuelos y ellas deben pedir permiso a los maridos para trabajar. Las mujeres sólo pueden abandonar su domicilio si existe “un motivo legal urgente”. Esta ley rige para la minoría chiíta del país y viola el artículo 22 de la nueva Constitución afgana, que declara que hombres y mujeres “tienen los mismos derechos y obligaciones ante la ley”. También transgrede la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que Afganistán es Estado Parte. Y más, claro: reimpone un régimen hogareño que los talibán aplaudirían a rabiar.

Karzai produjo un primer intento de promulgar estas regulaciones a comienzos de abril de este año, pero la protesta internacional lo obligó a prometer su modificación y, en efecto, se introdujeron algunas correcciones. Más bien en su redacción: “Expertos en la ley islámica y activistas de derechos humanos declaran que, aunque se ha cambiado el lenguaje de la ley anterior, permanecen muchas de las disposiciones que alarmaron a los grupos pro derechos de la mujer” (The Guardian, 15.8.09). Por ejemplo, la del tamkeen –señalada más arriba– que califica de “desobediente” a la mujer que no muestra prontitud en satisfacer el deseo sexual de su marido y que recibe entonces la penalidad consecuente: no hay sexo, no hay comida.

El presidente afgano destinó esta movida a ganarse el apoyo electoral de los chiítas ante el aumento alarmante de la popularidad de su contrincante más cercano, Abdulá Abdulá, que pasó en dos meses del 7 al 26 por ciento de la intención de voto. A pesar de sus promesas de mejorar la situación de las afganas, Karzai optó por satisfacer a quienes piensan todavía que la mujer es un objeto desechable. Durante la campaña electoral cortejó al ayatolá Mosheni, que se considera a sí mismo el líder de los chiítas del país, y a otros dirigentes musulmanes de línea dura. La consecuencia sería esta ley.

“Karzai ha cerrado el trato impensable de vender a las mujeres afganas a cambio del apoyo de los fundamentalistas en las elecciones del 20 de agosto”, señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (Reuters, 14.8.09). “Se suponía que esta clase de leyes bárbaras –agregó–- había sido relegada al pasado con el derrocamiento de los talibán en 2001.” Muchos críticos de la ley han recibido amenazas de muerte que se cumplieron con Sitara Achkzai, una prominente defensora de los derechos de la mujer que fue asesinada a balazos en Kandahar (www.hrw.org, 15.4.09). Pero Occidente aún no ha reaccionado ante las nuevas disposiciones. Tal vez porque Obama subrayó que la guerra en Afganistán no sólo es justa, también es necesaria.

Por Juan Gelman
 

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Viernes, 30 Enero 2009 09:45

La política del campo de concentración

Sólo abusando del lenguaje puede concebirse la incursión israelí en la franja de Gaza como parte de una guerra. El concepto de guerra supone el enfrentamiento entre dos cuerpos armados, regulares o irregulares, estatales o no estatales. En este caso, la desproporción de fuerzas es tan evidente que, en rigor, no puede hablarse de verdaderos combates. Ni siquiera es aplicable el concepto de “guerra asimétrica”, creado por los estrategas militares imperiales para dar cuenta del conflicto entre estados y actores no estatales.

Cuando la relación de muertos por cada bando es de uno a 100 y la de heridos la supera con holgura, por no hablar de los daños materiales, que se encuentran en su totalidad en un solo lado, parece evidente que se debe acudir a otras ideas para dar cuenta del proceso en curso. Puede hablarse de política de exterminio o de terrorismo de Estado, pero la trascendencia de lo que sucede impone ir más allá. El filósofo italiano Giorgio Agamben sostiene en sus libros Lo que queda de Auschwitz y El poder soberano y la nuda vida que existe un espacio donde el estado de excepción es la regla y donde “la situación extrema se convierte en el paradigma mismo de lo cotidiano”. Ese lugar es el campo de concentración.

En efecto, el campo de concentración es aquel espacio donde aparece la “vida desnuda”: la vida despojada de cualquier derecho, de modo que la inexistencia de estatuto jurídico –hija directa del estado de excepción devenido en regla– permite que al ser humano que ha sido excluido y recluido en el campo “cualquiera puede matarle sin cometer homicidio”. Para Agamben el campo de concentración es el acontecimiento fundamental de la modernidad, porque es “el paradigma oculto del espacio político”.

La radicalidad de su pensamiento lo lleva a asumir que la política actual se ha transformado en el espacio de la “vida desnuda”, es decir, en un campo de concentración donde se practica el dominio total. “La esencia del campo de concentración –asegura– consiste en la materialización del estado de excepción y en la consiguiente creación de un espacio en el que la vida desnuda y la norma entran en un umbral de indistinción”. Toda vez que las elites del planeta necesitan ese dominio total para mantener a raya a los de abajo, porque abandonaron los estados de bienestar con los que buscaron integrar a las “clases peligrosas”, el estado de excepción se convierte en el modo de gobierno dominante.

En suma, el campo de concentración como paradigma de la dominación actual. La población de Gaza vive, de hecho, en un gigantesco campo en el que no pueden ejercer sus derechos, ni siquiera el elemental de elegir mediante el voto a sus gobernantes. Debe recordarse que la etapa actual del conflicto comenzó cuando la población votó mayoritariamente por Hamas, algo que ni Israel ni Estado Unidos ni la Unión Europea están dispuestos a tolerar.

Pero Gaza no es, por cierto, el único campo de concentración existente en el mundo en el sentido que le da Agamben. Su existencia alumbra un modo de dominación que va ganando terreno en todo el mundo. ¿Cuántos espacios existen donde es posible matar al otro sin cometer homicidio? En América Latina es la situación cotidiana de buena parte de los pueblos originarios y de millones de habitantes de las periferias pobres de las grandes ciudades. ¿Qué son las favelas brasileñas y los barrios de Puerto Príncipe sino enormes campos de concentración a cielo abierto, donde el Estado puede “no ya hacer morir ni hacer vivir, sino hacer sobrevivir”? Con la excusa del narcotráfico y la delincuencia miles de latinoamericanos pobres son muertos cada año con total impunidad.

Al pueblo mapuche se le sigue aplicando la ley antiterrorista de Pinochet para resolver conflictos sociales y las comunidades están militarizadas. Patricia Troncoso realizó una huelga de hambre de más de 100 días, a fines de 2007, sólo para tener la posibilidad de que sus demandas sean escuchadas. Los cortadores de caña afrocolombianos tuvieron que hacer dos meses de huelga para conseguir que la patronal aceptara reunirse con ellos. Los ricos del azúcar nunca se dignaron tratarlos como seres humanos.

Pero hay algo más. Desde el momento en que, según Agamben, el campo de concentración se ha convertido en el paradigma biopolítico de Occidente y que ello impide cualquier “retorno posible a la política clásica”, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo hacer política desde y en el campo de concentración? No lo sabemos, porque apenas estamos comenzando a comprender estas nuevas realidades. Sabemos, sí, que hacer política desde las instituciones es un modo de consolidar el campo de concentración, ya que sus reglas y modos están hechos a la medida de los guardianes que pueden “matar sin cometer homicidio”.

La fuga no parece posible porque no existe un afuera, sino un archipiélago de campos destinados a albergar a los de abajo. La tendencia dominante en las democracias occidentales, dice Agamben, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de seguridad como técnica normal de gobierno”. De ese modo se instaura una suerte de totalitarismo, a través de “una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”.

Reinventar la lucha por la emancipación en estas condiciones y en esos espacios supone hacer política por fuera de las instituciones. Para hacerlo, no tenemos una teoría ya pronta para ser aplicada, entre otras cosas porque las nuevas formas de dominación están siendo ensayadas gradualmente. Sólo podemos contar con la experiencia de nuestros pueblos que buscan desbordar el estado de excepción permanente con iniciativas novedosas. La minga indígena en Colombia, la otra campaña zapatista, la resistencia mapuche y de los pobres urbanos, son referencias y pueden ser inspiración.

Por, Raúl Zibechi

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Viernes, 09 Enero 2009 08:01

A las puertas del infierno, otra vez


Una vez más, Israel abrió las puertas del infierno para los palestinos. Cuarenta refugiados civiles muertos en una escuela de Naciones Unidas, otros tres en otro plantel de este tipo. No está mal para una noche más de trabajo en Gaza a cargo del ejército israelí, que cree en la “pureza de las armas”. ¿Debería sorprendernos?

Ya se nos olvidaron los 17.500 muertos –casi todos civiles, la mayoría mujeres y niños– durante la invasión de Israel a Líbano, en 1982; los 1700 palestinos muertos durante la matanza de Sabra y Chatila; la masacre de Qanaen en que murieron 106 civiles libaneses refugiados, más de la mitad de ellos niños, en una base de la ONU; la matanza de los refugiados de Marwahin, a quienes Israel ordenó salir de sus casas en 2006 para luego ser asesinados por helicópteros israelíes; los mil muertos en el mismo bombardeo del mismo año y en la invasión a Líbano, y lo mismo, casi todos civiles.

Lo que es sorprendente de los líderes occidentales, tanto presidentes como primeros ministros y, me temo, directores de medios y periodistas, es que se han tragado la vieja mentira de que Israel se cuida mucho de evitar víctimas civiles. “Israel hace todo el esfuerzo posible para evitar afectar a civiles”, aseguró de nuevo otro embajador israelí horas antes de la matanza en Gaza.

Y cada presidente y primer ministro que ha repetido esta mendacidad como excusa para no exigir un cese del fuego tiene en las manos la sangre de la carnicería de anoche. Si George W. Bush hubiera tenido el valor de exigir un cese del fuego hace 48 horas, todos esos ancianos, mujeres y niños, esos 40 civiles, estarían vivos.

Lo que ocurrió no sólo es una vergüenza: fue una desgracia. ¿Sería exagerado llamarlo crimen de guerra? Porque así es como llamaríamos a esta atrocidad si Hamas la hubiera cometido. Por lo tanto, me temo, estamos ante un crimen de guerra.

Después de cubrir tantos asesinatos masivos a manos de ejércitos de Medio Oriente –por soldados sirios, iraquíes, iraníes e israelíes–, supongo que debería yo reaccionar con cinismo. Pero Israel proclama que está combatiendo en la guerra “internacional contra el terror”. Los israelíes aseguran luchar en Gaza por nosotros, por nuestros ideales occidentales, por nuestra seguridad y para salvarnos, de acuerdo con nuestras normas. Y así somos cómplices de las salvajadas que se cometen en Gaza.

Ya he reportado las excusas que en el pasado ha dado el ejército israelí por estos atropellos. Como está claro que serán recalentadas en las próximas horas, aquí les obsequio algunas: los palestinos mataron a sus propios refugiados, los palestinos desenterraron cuerpos de los cementerios y los plantaron en las ruinas. Y al final de cuentas, los palestinos tienen la culpa por haber apoyado a una facción armada, y además porque los palestinos armados deliberadamente utilizan a refugiados inocentes como escudos humanos.

Cuando la derechista Falange libanesa, aliada de Israel, perpetró la matanza de Sabra y Chatila, los soldados israelíes se quedaron ahí, observándolos durante 48 horas, sin hacer nada, y esto fue revelado por una investigación a cargo de una comisión israelí.

Posteriormente, cuando Israel fue acusado de esa matanza, el gobierno de Menachem Begin acusó al mundo de calumniar con sangre a su país. Después de que la artillería israelí disparó bombas contra una base de la ONU en Qana, en 1996, los israelíes afirmaron que hombres armados de Hezbolá también se refugiaban en dicha base. Era mentira. Los más de mil muertos en 2006 en una guerra que comenzó cuando Hezbolá capturó a dos soldados israelíes en la frontera simplemente se achacaron a Hezbolá.

Israel aseguró que los cuerpos de niños asesinados en la segunda matanza de Qana fueron tomados de un cementerio. Esa fue otra mentira.

Nunca hubo excusas para la masacre en Marwahin. Se ordenó a los pobladores de la aldea que huyeran y ellos obedecieron sólo para ser atacados por barcos artillados israelíes. Los refugiados tomaron a sus niños y los colocaron en torno de los camiones en que viajaban, para que los pilotos israelíes pudieran ver que eran inocentes. Fue entonces cuando los helicópteros israelíes les dispararon a corta distancia. Sobrevivieron sólo dos personas, haciéndose pasar por muertos. Israel ni siquiera ofreció disculpas por este episodio.

Doce años antes, otro helicóptero israelí atacó una ambulancia que llevaba civiles de una aldea a otra –de nuevo obedeciendo órdenes de Israel– y mató a tres niños y dos mujeres. Los israelíes aseguraron que había un combatiente de Hezbolá en la ambulancia. Era mentira. Yo cubrí todas estas atrocidades, investigué, hablé con sobrevivientes. Lo mismo hicieron varios colegas. Nuestro destino, desde luego, fue enfrentar la más vil de las calumnias: se nos acusó de antisemitas.

Y escribo lo siguiente sin la menor duda: escucharemos de nuevo estas escandalosas fabricaciones. Nos repetirán la mentira de que Hamas tiene la culpa. Dios sabe que éste es culpable de suficientes cosas sin tener que añadir este crimen. Probablemente nos salgan también con la mentira de “los cuerpos sacados del cementerio”, y seguramente también escucharemos de nuevo la mentira de que “Hamas estaba dentro de la escuela de la ONU”. Y definitivamente, nos dirán de nuevo la mentira del antisemitismo. Y nuestros líderes soplarán y resoplarán y le recordarán al mundo que fue Hamas el que rompió el cese del fuego.

Sólo que no fue así. Israel lo rompió primero, el 4 de noviembre, cuando dio muerte a seis palestinos durante un bombardeo a Gaza, y de nuevo el 17 de noviembre, al matar con otro bombardeo a cuatro palestinos más.

Sí, los israelíes merecen seguridad. Veinte israelíes muertos en los alrededores de Gaza en 10 años es, desde luego, una cifra horrible. Pero 760 palestinos muertos en diez días y miles de muertos desde 1948, a partir de cuando la matanza israelí de Deir Yassin impulsó el éxodo palestino de esa parte de Palestina que se convertiría en Israel, es una escala totalmente distinta.

Esto recuerda, no lo que sería el normal derramamiento de sangre en Medio Oriente, sino una atrocidad del nivel de la guerra de los Balcanes en los años ’90.

Desde luego, cuando un árabe se levante y con furia sin freno arroje hacia Occidente su ira incendiaria y ciega, diremos que eso nada tiene que ver con nosotros. “¿Pero por qué nos odian?”, nos preguntaremos. No vayamos a decir que no sabemos la respuesta.

Por Robert Fisk *

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
 

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En Colombia las mujeres son la mayoría de la población (50,6%). Sin embargo, sobrellevan las cargas culturales de un modelo social, político y económico que, a pesar de las leyes y acuerdos firmados, no crea los mecanismos para superar la carga histórica que propicia la violencia de género, pero también la exclusión y la opresión.

Un espectáculo doloroso. El lugar: Briceño. La fecha: octubre 29 de 2009. Aquel día, Fredy Castillo Villamil, revólver y granada en mano, sujetando a su ex esposa (Elvira Pulido) por el cuello, exigía la custodia de un hijo. El estado mental del sujeto, claramente alterado por el alcohol, por la derrota del día a día (después de tres años de cárcel) y por el machismo exacerbado, era inocultable. Pero los cuerpos de seguridad no intentaron en momento alguno desarmarlo. Ahí, en público, permitieron que el desenlace fuera el menos deseable. La víctima, una mujer. Otra mujer.

Suceso cotidiano en Colombia, donde ellas padecen violencia en el hogar, como lo confirman las cifras de Medicina Legal, que entre el año 2000 y 2008 reportó 332.010 casos denunciados por víctimas de agresión de sus parejas o ex parejas, y en que el 89 por ciento de las veces las mujeres ofendidas están entre 18 y 44 años. Esta constante se conserva: en el lapso enero-julio de 2009, se reportaron 27.130 dictámenes de maltrato de parte de la pareja.

De acuerdo con Profamilia, el maltrato puede tener, sobre todo entre mujeres jóvenes (15-24 años), un subregistro del 84 por ciento. ¿Por qué no denuncian? Tal vez por la esperanza de que el compañero se corrija; por la valoración de que “la propia mujer fue culpable de la actitud violenta de su cónyuge”; por miedo a otra agresión. Estas ‘razones’ las conducen a guardar silencio, pero incluso se llega al caso de mujeres que no se creen merecedoras de amor ni de afecto, y piensan que es normal que se las maltrate. En todo caso, las formulaciones de acusación formal (judicial) contra el agresor cubren apenas el 1,93 por ciento de los casos que se procesan.

Pero la violencia no para ahí; se extiende a la exclusión, al tratamiento social diferenciado –en que el hombre tiene mayor salario y ocupa un cargo o puesto superior–, al enfoque sexista de los medios masivos de comunicación, así como a otras muchas negaciones y manifestaciones de violencia. Los sucesos de este tipo registran cifras alarmantes:

Violencia intrafamiliar: afecta al 67 por ciento de mujeres. Sólo en 2007 se registraron 183 femicidios. En 2008 perdieron la vida de manera violenta 1.139 mujeres, lo que representa un poco más de tres mujeres cada día (Fuente: Forensis 2008).

Exclusión: El promedio salarial de las mujeres en Colombia es de un 25 por ciento inferior que el de los hombres. El desempleo las afecta con mayor contundencia, como lo evidencian algunos estudios, que precisan cómo el desempleo femenino ha estado siempre al menos 5 puntos porcentuales por encima del de los hombres. En casos como los de las madres comunitarias, su ‘sueldo’ mensual alcanza sólo a 324.000 pesos.
Entre y 2007-2008, considerando la totalidad de la población económicamente activa, en Colombia hubo 67.000 puestos de trabajo menos para las mujeres y 185.000 más para los hombres. La precariedad en los empleos las afecta más que a los hombres, ya que muchas de ellas trabajan en actividades en las cuales es más difícil ejercer un control por parte de la administración, como son los casos de las empleadas domésticas o las dedicadas a labores conocidas como de “trabajo invisible” (trabajo precario, inestable, con pocas posibilidades de promoción, largas jornadas laborales, inseguridad social). Esta circunstancia hace dependientes a estas mujeres de la redes de asistencia y apoyo social.

Las que tienen alguna estabilidad, en términos absolutos, se desempeñan mayoritariamente en dos ramas de la economía: comercio, restaurantes y hoteles, y servicios comunales y personales.

Además, y de acuerdo con el Dane, en 2007 las mujeres recibían en promedio el 74,31 por ciento de los ingresos correspondientes a los hombres, pero en el sector informal la situación es peor: el promedio de los ingresos sólo llegaba al 65,40 por ciento de los masculinos del mismo sector económico.

De las mujeres ocupadas en 2008, un total de 3.199.000 estaban en condiciones de subempleo. De cada 100 que trabajaban, 40 tenían empleos inadecuados.  Indican los mismos estudios del Dane que de las 7.996.000 mujeres que en 2008 hacían parte de la población económicamente activa del país, 1.130.000 (el 14,1%) estaban desempleadas. Ese año, con respecto a 2007, se registraron 35.000 menos empleos para las mujeres. La tasa de desempleo masculina este año se mantuvo sin variación con relación al 2007: 8,4, seis puntos inferior a la tasa de desocupación de las mujeres.

“La carga laboral” que supondrían las mujeres incide también en la brecha laboral, pues ello debilita la capacidad de negociación de su sueldo. El cálculo de las empresas es que, si la mujer queda embarazada, no sólo deberá pagarle licencia de maternidad sino que ella puede empezar a recortar las horas de trabajo en favor de su familia. “El empleador –explica– transmite ese sobrecosto a través de un menor salario”.

Las mujeres recién graduadas que están entre 18 y 25 años, tienen una mayor brecha salarial respecto a los hombres. Mientras que para ellas es del 17 por ciento, para el resto es del 14 por ciento. La brecha es mayor entre las mujeres de menores ingresos y las que ostentan posiciones más altas. Quienes están empezando su vida laboral y sólo alcanzaron educación media reciben en promedio la mitad del salario de los hombres en las mismas condiciones.

Población inactiva: 13.112.00. De ésta, el 66,4 por ciento corresponde a mujeres, y de ellas un 31,3 estudia, un 60 se dedica al hogar y el 8,7 se ubica en otras actividades. Mientras tanto, y para el caso de los hombres, un 64,4 por ciento estudia, un 8,9 se dedica al hogar y el 26,7 manifiesta desempeñar “otras” actividades.

Salud. En este campo, la política oficial no ha protegido la salud sexual y reproductiva femenina. El acceso a los servicios reproductivos en el país no es gratuito, lo cual restringe el acceso de las mujeres de entornos económicamente desfavorecidos y de las mujeres desplazadas.

Violencia sexual


Este tipo de violencia es una forma perversa de agresión, toda vez que se considera algo vergonzoso o deshonroso para la víctima, y no para quienes la perpetran. Las denuncias por su ejercicio son escasas, pues en muchos casos quien la padece permanece bajo el control del abusador.

Hay distintas manifestaciones de esta violencia. Muchas veces somos testigos de ella al pasar por ciertos sitios de nuestras ciudades, como en el caso de la explotación sexual, de la cual son víctimas mujeres adultas pero también niñas. Como se sabe, la prostitución es impulsada por los medios de comunicación sin ningún control público y explotada ante los ojos de todos.

Distintas prácticas culturales legitiman la violación sexual; por ejemplo, la mutilación genital en ciertas comunidades indígenas. Pero esta práctica se extiende como táctica de control por parte de grupos paramilitares contra poblaciones establecidas en zonas de control guerrillero. Se conoce, igualmente, de abusos sexuales contra mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad, o retenidas y amenazadas por grupos paramilitares. Se recuerda el caso de periodistas amenazadas y violadas por cubrir ciertos campos informativos.

Violencia por/para supervivencia


Las mujeres desplazadas se ven sometidas a situaciones no deseadas. Según el Ministerio de la Protección Social, el 36 por ciento de las mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.

Cifra alarmante: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) precisaba en su Informe sobre Desarrollo Humano del año 2000 que entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en Colombia había sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato físico, psíquico o sexual). No obstante, menos de la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento denuncia la agresión.

Los datos y la realidad son contundentes. La conmemoración del Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres debe servir para ponerle coto al ejercicio de prácticas violentas contra la mujer pero también para romper la opresión y la exclusión que sufre en nuestro país. Sin duda, las mujeres tienen la palabra.
Publicado enEdición 152
Sábado, 24 Octubre 2009 12:06

Una lógica que destruye y oprime

Poder. Frío en su manejo. Pocos gobiernos en nuestra historia –como el actual en sus dos períodos– han enseñado a sus connacionales cómo, con quiénes, a través de qué, para qué, se ejerce el poder.

Control. Pocos gobiernos como el de Álvaro Uribe –en sus dos períodos– les han permitido a los colombianos ver que el poder es dominio, manipulación, control. Y en su aplicación pública: discurso, disciplina, opresión, sumisión, negación.

Como nunca antes sucedió ante los ojos de toda una nación, se aprecian en forma tan desnuda, tan real, el poder y el control, que, como se sabe, son uno solo. Están de bulto: –El cinismo llevado al extremo y el fenómeno de la inmediatez en las comunicaciones hacen visible, no permiten ocultar esta trágica manera de gobernar. Hace siete años su figura y su retrato se repiten.

El escándalo del “Agro Ingreso Seguro” permite apreciarlo ahora una vez más. Pero antes se evidenció sin pena en la relación con el paramilitarismo y en el ascenso del actual mandatario al poder. Luego fue la compra de conciencias para refrendar la reelección (garantizar la permanencia al frente de la máquina, la maquinaria estatal: El poder soy yo) –mecanismo efectivo para copar el Estado, asegurar el control de la cosa pública, horadar hasta eliminar o hacer nulas la memoria y el tejido social, ascender y legitimar un nuevo poder económico ligado a la expropiación de la tierra y el narcotráfico –con refuerzo militar de intervención internacional– y desconocer las conquistas constitucionales.

Siempre, en unos y otros casos, se les paga a los ‘amigos’. Pagos y puestos a unos u otorgamiento a otros (como el DAS) de los cargos decisorios de las ramas del poder, que permiten hacer realidad ese ascenso, llegada, y continuidad, al control del poder.

Así obró con unos: la legislación favorable para purgar miles de crímenes, genocidio de
poblaciones enteras, con pocos años de prisión. Pero también para dilatar la entrega de las tierras usurpadas, así como de otro conjunto de propiedades robadas a sus verdaderos dueños.

Y operó con otros: los nombramientos de amigos en las delegaciones diplomáticas, o la
adjudicación de las famosas notarías. No quedó exento, de este “tu me das, yo te doy”, la reorganización territorial para permitir la apropiación masiva y acelerada de plusvalías. En el último suceso de moda, el “Agro Ingreso Seguro”, es la aprobación de inmensas cifras de dinero para operar proyectos agrícolas de “campesinos de cuello duro o camisa de marca” que en verdad no hacen parte de las masas, cada vez más numerosas, de desposeídos, desplazados o similares víctimas.

Ejercicio del poder orquestado desde la cabeza del alto gobierno.

El propósito es uno solo: atornillarse. Al precio que sea. Con el erario como botín, cuyo desangre satisface los sueños de riqueza rápida de algunos, pero también, no importa, si la usurpada es la integración social, la soberanía nacional, la salud mental de las mayorías sociales, o bien la identidad y la organización colectivas.

Novedad: de la aristocracia de Bogotá a las haciendas y caballos

Se pudiera pensar que el poder que estamos viendo en ejercicio, almizcle y desarrollo, es el mismo de siempre. En verdad, no es así. Estamos ante un nuevo tipo de poder.

Un poder reconstituido sobre la base y la naturaleza oligárquica de su antecesor, para el cual bastaba –en razón de su autosostenimiento– el control clientelista-partidario, y la sujeción y el dominio del votante sobre la base de la promesa dada por el “señor” o el “doctor”.
Con los partidos liberal y conservador venidos a menos tras el envión social que significó –sin inclusión plena– la Constitución de 1991, y sumergidos en su crisis última de credibilidad, cuando ya estos partidos no reunían a su alrededor sino minorías, y batido el país en una guerra que ponía en peligro el dominio histórico de una oligarquía que nunca quiso –y ahora menos– redistribuir la tierra y la riqueza nacional, frente a unos movimientos sociales que pisaban, rayaban espacios de control, emergió una propuesta y una voluntad con ‘novedosas’ características:

• retomar lo poco o mediano que habían perdido por conquistas laborales, sociales, recuperaciones de tierra o rebeldía con avance en territorio;
• neutralizar y derrotar ejércitos paralelos,
• fundar una identidad, no sobre la base de la justicia y la soberanía popular sino sobre el soporte y el concepto de la ‘seguridad’ que se deriva de una ‘paz rápida’ sin acuerdo político ni de poder y territorio, como tampoco –sin protagonismo– de la organización popular.

Esta propuesta en marcha, emergente, tuvo nombre y se hizo acción. Montó un liderazgo político y paramilitar que cohesionó voluntades marchitas, al precio que fuere. La sangre se hizo ríos.

El clientelismo se mantuvo pero se fortaleció o complementó con la aplicación del terror y la aceptación de una concentración desmedida de todo el Estado bajo la égida de una sola voluntad. A la par, un ejercicio masivo de medios de comunicación a cohesionó la opinión pública. Usó, unificó un mensaje identificando a un enemigo (el subversivo) –al cual, con borrón histórico de su origen, se hizo culpable de toda la crisis acumulada del país– en protección del privilegio, desviando la mirada analítica y crítica que señalaba hacia el establecimiento, de su tradición en el poder y la corrupción, y de su responsabilidad en el empobrecimiento de los colombianos. De este modo, el “jefe” –imbuido de reelección– y su entorno consiguen avanzar en el desmonte del proyecto del viejo Estado y en la renuncia a la posibilidad de ir hacia un desarrollo por vía propia, en relación con sus vecinos –cepalismo–, y, de su mano, el regreso consciente al soporte del poder tal como se vivió en la Colonia: el dominio de la tierra y los recursos naturales. Un precio inmenso por paga, sin saber la sociedad, por una identidad efímera.

La concentración de la propiedad rural (llevada a cabo y sostenida por las armas) acelera y deforma la metropolización del país. Multiplica la desigualdad social, a la par que rompe el débil equilibrio ambiental que alguna vez pudo existir. Además de entregar el país, para escuchar las canciones de cuna, en los brazos de las multinacionales… dueñas del capital y el poder real del mundo.

Como se sabe, el poder, de entrada, es capital, y éste un poder de coacción.

Los grandes herederos y empresarios reciben fruto y beneficio con la voluntad emergente. Por tanto, la apoyan, la potencian, la sostienen. Los indicadores económicos precisan a todas luces por qué continúan alabándola: a ellos también se les retribuye, ¡y en qué medida! Capital y poder se entrelazan como una sola cosa, y –hasta ahora sin contradicción cercana ante la ausencia de una oposición sentida y de un movimiento social, con iniciativa y dirección nacional legítimas–, se soportan y se complementan.

El capital fabrica capital, en esta ocasión a través de succionar lo público: se hace a los bienes más preciados de todos los colombianos, desalienta y desprestigia lo colectivo por ser supuestamente ineficiente, crea enemigos de los amigos, divide a los otrora aliados.

La ética social hace acomodos

Así, congestionada, por un discurso que deforma la realidad y atomiza cuerpos sociales y de izquierda que antes se decían uno solo, la sociedad se sume en un código contradictorio:

•    observa cómo las notarías son entregadas a los amigos del poder,
•    identifica y reconoce con mucho de impunidad y algo de misericordia a los asesinos de pueblos enteros,
•    sonríe cuando ve entrar a la cárcel a los políticos que encubrieron y financiaron a los criminales,
•    aplaude cuando resuenan en sus oídos los nombres de las multinacionales que entregaron millones de dólares y miles de armas a los paramilitares,

Pero…

•    parece indiferente cuando comprueba y ve que en el Palacio de Nariño y desde el Palacio de Nariño se concentran, en pocas manos, todas las utilidades y los negocios.
En todo caso –tengan en cuenta–, sabe que la politiquería es causante de todos los aconteceres que empobrecen y/o enlutan el país, y la desprecia, sin encontrar otras opciones.
Las noticias se suceden. Los escándalos remueven fichas que la voluntad del poder dispone en una u otra función. Son agentes pasajeros, alfiles, protegidos de Palacio mientras no le planteen riesgos al poder. Sin embargo, una vez los dedos de la opinión señalan al poder real:
•    el poder grita más que los denunciantes “nada tengo que ver”,
•    el elefante entre las paredes de Palacio pervive. Todo sucede a su alrededor sin que Álvaro Uribe lo sepa. En juego de actor, o amo, los llama y les exige explicaciones por sus desafueros.

El poder se hace control y éste se hace poder. Por todas partes se sienten uno y otro, y el ánimo para enfrentarlos es escaso o nulo.
La reacción social tiene, la sobrecoge, el desaliento y el desánimo. El poder ejercido sin recato alguno produce asco. El desaliño en las formas y los métodos, temor. Es deseable que las cosas fueran distintas, pero no se encuentra por dónde. La desazón es un estado de ánimo que carcome al país y su gente.

Desazón es el principal efecto de estos siete años de esa voluntad y esa figura hechas carne en la Casa de Nariño, con síntesis de lo peor del ejercicio del poder durante los siglos XIX y XX. Y desazón es el principal síntoma, y realidad, por superar en la Colombia de hoy. Urgente para la nación. Con la búsqueda de un proyecto basado en la ética, lo colectivo, la justicia, la paz.

Como el poder se protege y se reproduce él mismo, así manche de rojo y luto, aparece como un espejo: es la conciencia de la nación.

Entonces, debemos resquebrajar esa voluntad que hechizó mayorías de urnas pero que ahora hace vomitar.

Ni impunidad ni notarías ni monopolios ni Agro Ingreso Seguro ni silencio.
Los colombianos merecen otra oportunidad.


Publicado enEdición 151