Continúan las protestas en Guatemala contra el presidente y la fiscal general

Las rutas de Guatemala continúan bloqueadas por segundo día consecutivo para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, presuntamente implicado en casos de corrupción,  y de la fiscal general, Consuelo Porras, cuya decisión de destituir al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue ampliamente rechazada por la sociedad guatemalteca.

"Este Gobierno está lleno de incompetentes, ladrones, corruptos, asesinos. Renuncien ya", expresó uno de los ciudadanos que participó en el bloqueo de una ruta principal en el municipio de Chisec, del departamento norteño de Alta Verapaz, citado por el diario Prensa Libre. Este viernes se registraron manifestaciones en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez (sur), Quiché (noroeste) y Alta Verapaz (norte), informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Según consgina el matutino Prensa Libre, pobladores de 20 comunidades se concentraron sobre el puente Carlos Castillo Armas, en el kilómetro 178.5, Santa Cruz Muluá. “Seguimos con nuestra lucha, estamos conscientes que afectamos a una parte de la población, pero es necesario ya no callar más y hacernos escuchar”, expresó uno de los líderes comunitarios al matutino guatemalteco. “La cosecha de este año fue mala, perdimos la mayor parte de nuestros cultivos y seguimos esperando el subsidio que ofrece el gobierno, nos hemos endeudado, pagamos nuestros impuestos, nuestras comunidades han sido olvidadas”, añadió.

Los pobladores luego liberaron el paso del puente y se movilizaron en una multitudinaria caminata. “El pueblo está en las calles exigiendo la renuncia del presidente de la República y de la fiscal general Consuelo Porras, exigimos que sean devueltos los millones que han robado, nos hemos cansado de tanta corrupción”, afirmaron desde el Consejo de Líderes Comunitarios.

En las manifestaciones exigen la renuncia de Giammattei por su presunta implicación en casos de corrupción y por una gestión deficiente para hacer frente a la pandemia de la covid-19 en Guatemala. En Centroamérica es el país que registra el mayor número de muertes por coronavirus con más de 10 mil fallecidos. Hasta el momento el país sólo ha recibido 550 mil dosis de la vacuna.

Mientras que la decisión de la fiscal Porras de destituir a Sandoval también fue rechazada por la población guatemalteca. El exfiscal de la FECI había tenido un papel importante por su trabajo junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó al desmantelamiento de más de 60 estructuras de corrupción del Estado entre 2014 y 2018, incluyendo la captura del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Durante su gestión al frente de la FECI imputó a más de 200 personas entre diputados, ministros, funcionarios, miembros de la élite empresarial y presidentes y expresidentes.

Sandoval, que tras su destitución abandonó el país por temor a su integridad física, aseguró en un rueda de prensa antes de dejar el país, que la fiscal general, Consuelo Porras detuvo y atrasó investigaciones en casos de corrupción que involucran a Giammattei y su gobierno.

Este viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala admitió tramitar un amparo presentado por diputados de varias bancadas tras la decisión de Porras de destituir a Sandoval. Los diputados informaron que la CSJ otorgó un plazo de 48 horas al miniserio Público de Porras para que rinda un informe sobre el despido de Sandoval.

Mientras que la repercusión internacional por la destitución de Sandoval suma voces. A través de un comunicado conjunto las embajadas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Suecia y Suiza acreditadas en Guatemala, y miembros del Grupo de Países Donantes G13, exigieron al gobierno retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Lamentamos las acciones de la fiscal general en la reciente destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad. Este hecho se percibe como parte de un patrón de inestabilidad y debilitamiento institucional que afecta el estado de derecho en Guatemala”, afirmaron en el texto.

 “Aquellos que trabajan contra la impunidad y la corrupción tales como la Procuraduría de Derechos Humanos, los fiscales y los jueces independientes, deben gozar del más fuerte apoyo y de todas las garantías y protecciones posibles para poder llevar a cabo su trabajo de forma independiente y eficaz”, agregaron.

Sandoval viajó a Washington tras su destitución y exilio de Guatemala. Este viernes, el abogado se reunió con la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, quien remarcó la importancia de fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción.

Este jueves la titular del ministerio Público, Consuelo Porras, envío una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en la que justificó la destitución del  jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Según Porras la decisión de remover a Sandoval de su cargo fue debido a sus reiterados desacatos a las órdenes que se le giraban.  El Departamento de Estado había criticado la decisión de la fiscal general, afirmando que Sandoval era reconocido como campeón anticorrupción

30/07/2021

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Un anciano es trasladado para recibir atención médica en Bangkok, Tailandia.Foto Afp

Las infecciones han aumentado 80% en todas las regiones del mundo en el último mes, señala el organismo

 

Washington. El mundo corre el riesgo de perder los logros alcanzados en la lucha anti-Covid a medida que se propaga la variante delta, pero las vacunas aprobadas aún son eficaces contra la enfermedad, indicó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron que la variante delta es tan transmisible como la varicela y que podría causar una enfermedad grave, según el Washington Post, que cita un documento interno de los CDC.

Las infecciones por Covid-19 han aumentado en 80 por ciento en las últimas cuatro semanas en la mayoría de las regiones del mundo, informó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Las muertes en África –donde sólo 1.5 por ciento de la población está inoculada– se incrementaron 80 por ciento en el mismo periodo.

"Los logros alcanzados con mucho esfuerzo están en peligro o se están perdiendo, y los sistemas sanitarios de muchos países se están viendo desbordados", informó Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de prensa.

La variante delta se ha detectado en 132 países, convirtiéndose en la dominante en el mundo, de acuerdo con la OMS.

"Las vacunas aprobadas por la OMS proporcionan una protección significativa contra la enfermedad grave y la hospitalización de todas las variantes, incluida delta", sostuvo el principal experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan.

Maria van Kerkhove, directora técnica de la OMS para el Covid-19, declaró que delta es aproximadamente 50 por ciento más transmisible que las variantes ancestrales del SARS-CoV-2, identificado por primera vez en China a finales de 2019.

Algunos países han informado de un aumento de las tasas de hospitalización, pero no se han registrado tasas de mortalidad más elevadas por la variante delta, agregó.

Por otra parte, una serie de diapositivas de los CDC subrayaron que "la guerra cambió" a causa de delta. La directora de los CDC, Rochelle Walenksy, citó esta presentación esta semana para justificar el retorno al uso de mascarillas en lugares de alto riesgo.

Los CDC publicaron un informe preliminar sobre un evento de sobrepropagación en Massachusetts, en el cual casi las tres cuartas partes de las personas que asistieron a diversos actos públicos estaban vacunadas.

Una de sus conclusiones más relevantes es que los brotes en vacunados son altamente contagiosos, según datos que provienen de estudios anteriores y del análisis del brote por delta en Provincetown, Massachusetts.

Los expertos se apoyan en un número denominado "umbral del ciclo" (CT), que indica cuánta carga viral tiene una persona. Cuanto menor es el número, mayor es la carga. En Provincetown "no hubo diferencia en los valores medios de CT en los casos de vacunados y no vacunados", indicó el texto.

Otro documento interno indicó que delta era aproximadamente tan transmisible como la varicela, mientras que una variante temprana estaba más cerca del resfriado común. Además indica que podría causar una enfermedad más severa.

La agencia de salud señaló que los no vacunados tienen tres veces más probabilidades de infectarse y más de 10 veces de probabilidad de enfermar gravemente o morir por dicha mutación.

Es muy probable que la protección que ofrecen las vacunas y la enfermedad potencialmente grave disminuyan con el tiempo, por lo que las campañas de inmunización continuarán durante los próximos años, indicaron científicos al grupo consultivo del gobierno británico.

Las personas que no han sido vacunadas representan al menos 85 por ciento de los hospitalizados en Francia y 78 por ciento de los decesos a causa del virus.

Un viajero proveniente de Perú que no cumplió el aislamiento obligatorio a su llegada a Argentina, y que era portador de la variante delta, contagió al menos a 13 personas en Córdoba, donde además fueron aisladas 160 personas con las que tuvo contacto.

El Salvador inició la inmunización de los mayores de 12 años y embarazadas desde las 16 semanas de gestación, en momentos en que el país reporta un incremento de contagios y fallecidos por la enfermedad.

"El más extenso contagio desde Wuhan". Así es como los medios estatales en China describen un nuevo brote debido a delta que se detectó por primera vez en la ciudad china de Najing y que se ha propagado a cinco provincias y Pekín.

Australia desplegó cientos de efectivos del ejército para hacer cumplir la cuarentena en Sídney.

La pandemia ha dejado en el mundo 197 millones 228 mil 998 casos confirmados y 4 millones 206 mil 208 fallecidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

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Sábado, 31 Julio 2021 06:20

Inédito aumento de remesas

Inédito aumento de remesas

Las medidas para reducir el riesgo de contagio de Covid-19 en términos positivos implica reconocer que 11.1 por ciento de los trabajos del sector salud de la Unión Europea fueron realizados por migrantes, y que en Estados Unidos la fuerza laboral migrante en sectores esenciales fue mayor; durante 2020 representó más de 16 por ciento en el sector salud, 19.8 por ciento del sector agrícola y 11.7 en manufactura de alimentos. Paralelamente, los impactos negativos de la pandemia no sólo afectaron la actividad económica, sino que también la migración y las remesas internacionales. Las afectaciones incluyeron la postergación de migraciones planeadas, el cierre de fronteras de los países de origen, tránsito y destino y la interrupción o ralentización de trámites migratorios.

Los protocolos anunciados en enero de 2019 por la administración de Donald Trump, conocidos como Quédate en México, restricciones que afectaron el flujo de migrantes e hicieron que más de 71 mil personas tuvieran que permanecer en México para culminar su trámite de asilo, concentrándose en las principales ciudades fronterizas del lado mexicano. Fue hasta el presente año cuando el presidente Joe Biden acabó con esos protocolos.

En abril de 2020 el número de aprehensiones e inadmisiones llegó a su menor nivel desde abril de 2017, expresión directa del flujo migratororio. Los migrantes mexicanos padecieron los efectos de la crisis sanitaria, tanto en términos de salud (3 mil 384 fallecimientos por Covid-19) como económicos, al alcanzar una tasa de desempleo de 17 por ciento en abril de 2020.

Uno de los asuntos trascendentes de la migración internacional son los dineros que los migrantes envían a los familiares que residen en su país de origen. Se conocen como remesas y pueden llegar a ser fundamentales para el sostén de una familia y amplian sus vínculos sociales, pero además pueden generar dependencia económica de alcance local y nacional cuando representan un porcentaje alto del producto interno bruto. De ahí la importancia de estudiar los montos, las condiciones de su transferencia y el uso que se dé a estos recursos.

Debido al Covid-19 se vio disminuido el volumen de las remesas en diversos países. La estimación global es que de 2020 a 2021 los envíos disminuirán alrededor de 7 por ciento respecto de 2019, sería la caída más grande desde 1970. Sin embargo, en América Latina y el Caribe las remesas sólo se contrajeron 0.2 por ciento en 2020.

El Banco Mundial estima que en 2020 una cuarta parte de las remesas del mundo llegaron a India, China y México, y otra cuarta parte se dirigió a otros 7 países. En uno de cada 10 países crecieron las remesas; México, Pakistán y Bangladesh, entre ellos.

El aumento de remesas en México es una tendencia que lleva más de una década. Los hogares receptores aumentaron 3.6 por ciento en 2010 y 5.1 por ciento en 2020. Desde 2003 el país presenta una dependencia de remesas nunca vista, equivalente a 3.8 por ciento del PIB. En 2020 llegaron a su máximo histórico al alcanzar 40.6 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 11.4 por ciento a tasa anual. Noventa y uno y medio por ciento provinieron de Estados Unidos, 98.9 por ciento se enviaron vía transferencia electrónica. Para este año se estima que las remesas aumentarán 21.7 por ciento, llegarán a los 49 mil 400 millones de dólares a fines de 2021.

Algunas de las hipótesis que buscan explicar el comportamiento ascendente de las remesas mexicanas apuntan al tipo de cambio con la moneda estadunidense y a la necesidad de repatriar ahorros, a que algunos migrantes ya retirados piensan regresar al país y otros decidieron retornar ante el Covid-19. También se llega a afirmar que se debe al aumento del empleo relacionado con el mayor acceso de migrantes a la seguridad social en Estados Unidos. Y para otros es reflejo de la recuperación de la economía en el país del norte, por los estímulos fiscales brindados durante la pandemia.

La información de esta co­laboración se toma del Anuario de migración y remesas México 2021, presentado el pasado 14 de julio; un esfuerzo entre la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), la Fundación BBVA y BBVA Research. En esta ocasión, los textos hacen énfasis en los efectos de la pandemia por el COVID-19: un panorama de la migración global y de la población estudiantil internacional; perfil sociodemográfico de la migración mexicana contemporánea y de la población residente nacida en el extranjero, la inmigrante reciente, la de migración circular, en tránsito con origen en otros países, así como en refugio. Se abordan las condiciones de salud relacionadas con la pandemia de la población mexicana en Estados Unidos, así como un acercamiento a la migración internacional de niños y adolescentes. Finalmente, se analiza la variación de las remesas y se incluye un perfil estadístico sobre migración y remesas para cada una de las entidades del país. La publicación completa se puede consultar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653479/Anuario_Migracion_y_Remesas_2021.pdf

Gabriela Rodríguez, Secretaria general del Consejo Nacional de Población

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Deberían escuelas ser las "últimas en cerrar y las primeras en abrir": Unicef

Al menos un tercio de los menores en edad escolar no tienen condiciones de acceso al aprendizaje a distancia en regiones como América Latina, Asia y África. En total, 600 millones de niños y adolescentes aún se ven afectados por el cierre de las escuelas, advierte el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un nuevo llamado a abrir los centros escolares.

En la región, advierte, 18 países y territorios mantienen los cierres totales o parciales, aunque reconoce que los gobiernos enfrentan una "disyuntiva imposible: cerrar sus comunidades o ayudar a facilitar la propagación masiva de una enfermedad peligrosa".

Sin embargo, subraya, las escuelas deberían ser las "últimas en cerrar y las primeras en abrir" y los planteles de primaria y secundaria "no están entre las principales impulsoras de la transmisión".

Por ello, el organismo multinacional instó a los estados miembros a aplicar diversas medidas, entre ellas abrir los centros de enseñanza “lo antes posible, y su reapertura no ha de depender de la vacunación de todos los profesores y alumnos.

"La vacunación de los trabajadores de primera línea y de quienes corren más riesgo de sufrir enfermedades graves y de morir continuará siendo una prioridad".

Pide a los gobiernos y los donantes garantizar los presupuestos destinados a la educación, pues –destaca– en la medida en que las escuelas vuelven a abrir sus puertas, "es necesario ampliar el número de niños matriculados e incluir a los que no asistían a clase antes de la pandemia de Covid-19".

Esta acción, afirma, puede realizarse eliminando las barreras financieras, proporcionando recursos de aprendizaje, ajustando los requisitos de inscripción y ofreciendo programas flexibles, tanto en los planteles como en los programas no formales, y advierte que matricular a todos los nuevos alumnos en la escuela, independientemente de su edad, "es una estrategia clave".

 

No se inscribieron 5.2 millones de alumnos: Inegi

 

En su Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que al menos 5.2 millones de alumnos de tres a 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 debido a la pandemia de Covid-19 y por la falta de recursos. De ellos, 2.5 millones son mujeres.

Agrega que entre la población de seis a 12 años, en edad de cursar la primaria, 217 mil estudiantes abandonaron las aulas por la pandemia, 50 mil más por falta de dinero o recursos y 258 mil por otras razones.

Entre los adolescentes de 13 a 15 años que cursaban la secundaria, 306 mil dejaron de ir a clases por el Covid-19, 71 mil por falta de dinero o recursos, 37 mil porque debían trabajar y 285 mil por otras razones.

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El negocio de las vacunas: Pfizer ganó 10.440 millones de dólares en seis meses

Pfizer anunció este miércoles una ganancia récord impulsado por las vacunas anticovid. El avance de la variante delta y la posibilidad de inocular una tercera dosis de la vacuna sube aún más las expectativas a futuro. Mientras el mundo atraviesa una grave crisis económica, social y sanitaria, los grandes laboratorios suman ganancias millonarias en base a aportes y contratos anticipados de los Estados, y el lobby para evitar que se liberen las patentes.

 

La farmacéutica Pfizer anunció este miércoles que ha obtenido un beneficio neto de 10.440 millones de dólares en el primer semestre de 2021, un 53 % más respecto al mismo tramo del año pasado, impulsada por su vacuna contra la covid-19 que desarrolló junto a la alemana BioNTech, y además mejoró sus previsiones de negocio.

Con la variante delta aumentando los contagios en Asia y Europa, las farmacéuticas especulan con vender millones de dosis extra a medida que algunos países evalúan una tercera inoculación de la vacuna, mientras que gran parte de los países más pobres aún no avanzaron con la primera dosis.

Pfizer reveló que su facturación en los primeros seis meses de 2021 ascendió a 33.559 millones, un 68 % más interanual, por las ventas de la vacuna anticovid en el segundo y más reciente trimestre.

"El segundo trimestre ha sido extraordinario de varias maneras. Más visiblemente, la velocidad y eficiencia de nuestros esfuerzos con BioNTech para ayudar a vacunar al mundo contra la covid-19 no tienen precedentes, y se han distribuido más de 1.000 millones de dosis de BNT162b2 globalmente", señaló su máximo ejecutivo, Albert Bourla.

De acuerdo con el desglose de sus cuentas, en el segundo trimestre Pfizer logró 7.800 millones en ventas directas e ingresos conjuntos de la vacuna contra el coronavirus, un buen resultado que ha llevado a la firma a revisar al alza sus estimaciones para el conjunto del año.

La compañía anticipa ingresar este año 33.500 millones de dólares solo gracias a la vacuna, atribuibles a las 2.100 millones de dosis que se ha comprometido a entregar según sus contratos firmados hasta mitad de julio.

"Según las proyecciones actuales, Pfizer y BioNTech esperan fabricar en total hasta 3.000 millones de dosis hasta finales de diciembre de 2021, sujetas a procesos continuados de mejora, a la expansión de sus instalaciones actuales y a la suma de nuevos suministradores y fabricantes contratados", sostiene la nota.

En las previsiones del conjunto de la empresa para 2021, Pfizer ha elevado sus estimaciones de ingreso hasta un rango entre 78.000 y 80.000 millones, notablemente superior a los 72.500 millones que manejaba antes.

El negocio del Covid

A Pfizer y el resto de las farmacéuticas no les importa el efecto devastador de la pandemia sino las ganancias que se pueden asegurar. Para esto cuentas con tres armas infalibles: la financiación estatal, las compras anticipadas y el bloqueo de la liberación de patentes.

El conglomerado Pfizer/BioNTech recibió un 13% de subsidios del Estado Alemán para la investigación y desarrollo de la vacuna. El 50% del total que los subsidios que el estado alemán destinó a los laboratorios fue a parar al desarrollo de la Pfizer. Unos 400 millones de dólares del total de los 3.000 millones invertidos por la empresa.

Si bien este número puede parecer bajo, incluso en relación al financiamiento estatal (es decir pagado con los aportes de los aportes e impuestos de la población de esos países) de otras vacunas, Pfizer logró contratos millonarios por anticipado, empezando por Estados Unidos.

Ese país fue uno de los que más impactó en el negocio y las ganancias de Pfizer. Antes de saber siquiera si la vacuna sería efectiva o no, Estados Unidos había comprometido en compras por anticipado $2.000 millones por las primeras 100 millones de dosis. A este contrato le siguieron las sucesivas aprobaciones de otras regiones, como Reino Unido o la Unión Europea, también vinculadas a programas de compras masivas.

Es decir, su inversión estaba 100% asegurada incluso antes de conocer su efectividad. Además, a estos contratos de compra por anticipado se puede sumar el financiamiento de deuda privada, como sucedió con la UE y BioNTech, por 100 millones de euros.

Por último, los grandes laboratorios y farmacéuticas cuentan con una tercera carta que les garantiza sus ganancias, incluso cuando esto significa retrasar la vacunación para gran parte del mundo. Se trata de la negativa de la Organización Mundial de Comercio a liberar la patentes de las vacunas. Este pedido, solicitado por India y Sudáfrica el año pasado fue desestimado primero y luego enviado a una comisión y nunca prosperó.

La liberación de las patentes permitiría la producción masiva de vacunas en todos los laboratorios del mundo que estén en condiciones de hacerlo y por lo tanto un aceleramiento de la vacunación en todo el planeta. Pero esto no ocurre por la presión ejercida por las empresas del llamado Big Pharma, que han ganado la pulseada aún cuando eso significa no solo un faltante de vacunas a nivel mundial sino la aparición de nuevas variantes más contagiosas como la actual variante delta.

Esto hizo que hasta ahora el 75% de las vacunas producidas se administraran en apenas 10 países, mientras que el 1% de las personas de los países con menores ingresos han recibido solo una dosis (y el 99% nada), lo que ya ha provocado el surgimiento de variantes como la delta.

Mientas que los empresarios farmacéuticos ven en las nuevas variantes del virus la posibilidad de aumentar aún más sus ganancias con una tercera dosis, esto genera un nuevo desabastecimiento al renovarse el circulo vicioso por el que las principales potencias comienzan a acaparar más vacunas. Esto permite que en los países en los que la vacunación es baja o inexistente la alta circulación del virus pueda provocar nuevas mutaciones que terminen por volver obsoletas a algunas de las vacunas actuales.

La irracionalidad capitalista, que pone por delante las ganancias por sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, no solo es responsable por la administración desastrosa de la pandemia, sino por la lentitud en la vacunación al privilegiar el negocio de los laboratorios y no liberar las patentes.

Juan Andrés Gallardo@juanagallardo1

Miércoles 28 de julio | 11:41

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El costo humano de los juegos olímpicos bajo la pandemia

La pesadilla que muchos responsables médicos temían sobre los Juegos Olímpicos, se viene cumpliendo, tal como lo predijeron también muchos responsables médicos.

Se necesitaría una hoja de cálculo Excel para enumerar todos los casos de Covid-19 que ya están afectando los Juegos, incluso dentro de la villa olímpica. Y hemos podido apreciar la triste indiferencia del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ante la posibilidad de que el virus perturbe los Juegos o infecte a la población vulnerable de Tokio. La doctora Annie Sparrow resumió la opinión de muchos expertos reducidos al silencio en un tuit: «Sólo palabras y nada de acción». Sobre el COI, Annie Sparrow dijo: «en todo el proceso, la ciencia ha sido ignorada».

Esta «indiferencia» pone en peligro vidas humanas no sólo dentro del recinto olímpico, sino también fuera de él. Según las estadísticas del gobierno, sólo el 22% de la población japonesa está totalmente vacunada. A medida que se acerca la ceremonia de inauguración de Tokio 2020, el viernes 23 de julio, los niveles de Covid en la ciudad anfitriona siguen aumentando en lo que constituye una quinta oleada, agravada por la invasión de la cepa Delta, altamente transmisible. Las olimpiadas son sumamente impopulares en el área metropolitana de Tokio, de 37 millones de habitantes,  por una muy buena razón: podrían provocar una cantidad de muertes y enfermos totalmente evitables.

Mientras tanto, para esquivar los llamados a la anulación de los Juegos, Thomas Bach utilizó a los atletas participantes en las Olimpiadas como escudos humanos: «El COI no abandonará nunca a los atletas, si hubiéramos anulado los Juegos habríamos perdido a toda una generación de deportistas. Por lo tanto, para nosotros, la cancelación  no era realmente una opción». Sin embargo, muchos atletas ya quedaron «perdidos» para estos juegos por culpa del Covid, entre ellos un miembro del equipo de gimnasia de Estados Unidos, la estrella del tenis Coco Gauff y varios jugadores de básquetbol estadounidenses, entre los cuales las estrellas Bradley Beal y Zach Lavine. Y no hablemos de la pérdida de vidas que podría producirse en Tokio después de que los 80.000 «invitados» olímpicos hayan vuelto a sus casas y que las lentejuelas y oropeles hayan sido barridos.

Por una parte, Thomas Bach admitió que, con respecto al Covid, «no alcanzaremos el 100% de eficacia». Eso sería poner el nivel demasiado alto. El asombro de los responsables médicos y de los defensores del sentido común fue grande cuando afirmó que el riesgo de que un atleta que haya contraído el virus lo transmita a otros en la villa olímpica o en otras partes del país es «nulo».

Thomas Bach añadió: «Estamos convencidos de que una vez que el pueblo japonés vea a los atletas japoneses desempeñarse en estas Olimpiadas, la actitud va a ser menos agresiva.» En otras palabras, es probable que algunas

personas tengan que sacrificar su salud -y tal vez incluso su vida-, pero los Juegos deben continuar.

El COI insiste en que su papel es «celebrar a los atletas» y dice que los pone en primer lugar. Pero la realización de los Juegos Olímpicos durante una pandemia sanitaria mundial los deja en último lugar. Como un loro ensayando para el «Día de la Marmota» [una comedia fantástica de Harold Ramis, 1993, también llamada «El hechizo del tiempo»], el COI dice que los Juegos Olímpicos de Tokio son «seguros». Que se lo digan a los futbolistas sudafricanos que dieron positivo por coronavirus en la villa olímpica. O a las 71 personas -atletas o miembros de delegaciones olímpicas [87 oficialmente el 21 de julio]- a las que se les diagnosticó el virus desde que aterrizaron.

El COI es responsable de poner en peligro la vida de los participantes en los Juegos. Sólo el COI tiene la facultad de cancelar los Juegos, gracias al contrato leonino firmado con la ciudad anfitriona. Thomas Bach dijo: «Lo que hará que estos Juegos sean históricos es la demostración de que pueden celebrarse con seguridad, incluso en las circunstancias planteadas por esta pandemia».

Decir que esto suena a hueco para los japoneses es quedarse muy corto. Satoko Itani, profesora de la Universidad de Kansai (Japón), declaró a The Nation: «Estoy muy preocupada por el desastre que estos Juegos Olímpicos ya han provocado en la sociedad japonesa. Todas las pruebas circunstanciales sugieren que, por ser Japón el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, el gobierno minimizó la gravedad de esta pandemia y por lo tanto, no logró frenar la propagación del virus cuando tenía la posibilidad de hacerlo, lo que ya ha causado demasiadas muertes. Ahora, la población japonesa observa cada día nuevos casos de Covid-19 relacionados con los visitantes olímpicos. También estamos viendo que la llamada «burbuja» olímpica no funciona. Estoy consternada. Tokio 2020 está poniendo en peligro vidas humanas porque propaga el virus y porque absorbe los recursos públicos que necesitamos desesperadamente para recuperarnos de la pandemia y de otras catástrofes naturales que tienen lugar con frecuencia en nuestro país.» [Por no mencionar la política gubernamental que multiplica los esfuerzos, pero son esfuerzos para ocultar los efectos aún muy presentes de la catástrofe de Fukushima, como ilustran los documentales emitidos en el canal franco alemán Arte – Nota de A l’encontre].

Los Juegos de Tokio tendrían que servir de advertencia a los anfitriones olímpicos de todo el mundo. Los Juegos no sólo llamaron la atención sobre los problemas olímpicos endémicos (los gastos, el desplazamiento de los habitantes populares, la militarización del espacio público y el «greenwashing»), sino que también pusieron de manifiesto la supresión de toda ética por parte de la banda itinerante de los barones del deporte que dirige el COI y la corrupción, tanto legal como ilegal, permitida por ese grupo. Con la organización de los Juegos, el COI le demuestra al mundo entero el carácter microscópico de su ética.

Satoko Itani, refiriéndose a Thomas Bach, refleja un amplio sentimiento en Japón cuando dice: «La gente aquí estaba furiosa por su arrogancia y su negligencia. Lo que resulta particularmente chocante es que fue a Hiroshima y a Nagasaki sin respetar un periodo de cuarentena de dos semanas, pese a la oposición de los hibakusha [sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por EE.UU. en Hiroshima y Nagasaki]. No quieren que su experiencia sea utilizada para «pacificar» los Juegos Olímpicos. Si Bach quiere de verdad crear un mundo pacífico, debe empezar por escuchar a la gente. El hecho de imponer su propia voluntad a alguien o de hablar sin conocer lo que siente profundamente la gente no es más que lo contrario de cualquier pacificación».

Lejos de ser un acto de «pacificación», se trata de un probable caso de contagio masivo que puede afectar a una población que, en su mayoría, no está vacunada. No es un acto de paz. Es un acto de guerra. (Artículo publicado en The Nation, 21-7-2021 https://www.thenation.com/)

 

Por Dave Zirin, Jules Boykoff | 28/07/2021

Dave Zirin es redactor responsable de deportes en The Nation y es también autor de varios libros, entre los que podemos citar Game Over: How Politics Has Turned the Sports World Upside Down (The New Press, 2013).

Jules Boykoff es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Pacífico en Oregón. Ha publicado cuatro libros, el más reciente es NOlympians: Inside the Fight Against Capitalist Mega-Sports in Los Angeles, Tokyo (Fernwood Publishing, abril 2020)

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La OMS insiste en volver a investigar a laboratorios chinos por el origen del covid 19

El Director General de ese organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, propuso que se reabra la investigación en laboratorios chinos para determinar el origen del virus, en línea con lo que plantea Joe Biden. La potencia asiática se opuso rotundamente.

 

En enero de este año una delegación de científicos de la Organización Mundial de la Salud estuvo en China, específicamente en el Instituto de virología de Wuhan que es de alta seguridad porque allí se estudian patógenos peligrosos.

Esa investigación, encabezada por Peter Ben Embarek, como jefe del equipo técnico de la OMS, que arribó a China, planteó que era muy poco probable que el Sars Cov 2 sea un producto de laboratorio. En ese mismo sentido ya el año anterior, cuando ese organismo (donde los países imperialistas que lo integran tiene su peso específico en la orientación que se da) definió como pandemia el grado de contagiosidad a la que había llegado el virus del Covid 19, una de las revistas científicas mas prestigiosas, Nature, realizó un estudio donde llegó a la misma conclusión.

Ahora Ghebreyesus insiste en reabrir la investigación, seguramente motivado por la insistencia del Gobierno de Estados Unidos, que siguiendo la misma línea que Donald Trump -motivado por la competencia con la potencia china- continúa afirmando que ese país es responsable de esta pandemia ya que el virus se originó en un laboratorio de la provincia de Wuhan.

El primer funcionario que salió a responder fue el vice ministro de la Comisión de Salud de China, Zeng Yixin, calificando como "falta de respeto" y "arrogancia hacia la ciencia" la propuesta del director de la OMS.

Si bien China es responsable de no advertir a tiempo, como se supo meses después, de que en su territorio ya se encontraba presente el virus Sars Cov 2 (informó a la OMS de los casos en noviembre del 2020, pero diversas investigaciones dan cuenta que al menos ya en septiembre se registraron los primeros casos).

Más que la fuga -intencionada o no- como acusó Trump en su momento y ahora Joe Biden, lo que los gobiernos no mencionaron nunca (China incluida) es el peligro, advertido tiempo antes por varios científicos, del surgimiento zoonótico de patógenos con potencial pandémico. El origen debe buscarse en el corrimiento de la frontera agrícola a partir de la deforestación a ultranza llevada adelante por el agronegocio y la producción industrial de animales (como aves, cerdos o visones), cada vez más desarrollados en el capitalismo por medio de cadenas de valor globales.

Pero eso sería denunciarse así mismos como sostenedores de un capitalismo altamente globalizado que encierra esos peligros para la humanidad.

Por estos días entonces, la disputa entre Estados Unidos y China pareciera que volvió a trasladarse al escenario de la OMS.

Mirta Pacheco@mirtapacheco1

Jueves 22 de julio | 10:12

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Protestas en La Habana en julio de 2021.

 

La desaceleración económica, el nuevo y alarmante índice de contagios de covid y el aumento del malestar con el Gobierno avivan las mayores protestas en décadas

 

Nunca, desde el triunfo de la Revolución cubana de 1959, habían organizado los manifestantes antigubernamentales protestas multitudinarias y simultáneas en varias ciudades a lo largo de la isla como las vividas el pasado fin de semana. Algunas de las concentraciones fueron pacíficas; otras, poco más que disturbios y una excusa para saquear. Sin embargo, todas eran manifestaciones de la desesperación económica del pueblo y de la frustración ante la incapacidad del Gobierno de paliar el sufrimiento que padecen.

El Gobierno cubano está arruinado. En los dos últimos años, ha perdido todas las principales fuentes de ingresos de divisas que tenía. La caída en la producción de crudo en Venezuela ha reducido a la mitad la exportación de petróleo barato a Cuba. La presión que ejerce Estados Unidos ha convencido a otros gobiernos latinoamericanos de que cancelen los contratos de servicios médicos con La Habana y manden a los facultativos cubanos a casa. La pandemia de covid ha cerrado el sector turístico y ha reducido los ingresos en 3.200 millones de dólares. Justo antes de dejar el cargo, Donald Trump hizo prácticamente imposible que los estadounidenses de origen cubano pudiesen realizar envíos de dinero: una pérdida de otros 3.500 millones de dólares anuales y un golpe directo a más de la mitad de las familias cubanas.

Cuba importa el 70 % de la alimentación, el 69 % del petróleo y la mayor parte de los suministros médicos. La escasez de divisas implica que el país ha tenido que reducir las importaciones de forma drástica: casi un 40 % solo el año pasado y más este año. Las estanterías de los comercios están vacías. Las farmacias, también. Encontrar comida puede llevar horas de búsqueda y de hacer cola. Hasta los establecimientos que solo aceptan pago en moneda extranjera tienen poco que ofrecer. Los últimos cortes de luz desatan en la gente los peores recuerdos del “Período Especial”, la depresión económica que sufrió Cuba en los años noventa tras la caída de la Unión Soviética.

La tensión social ha ido aumentando a medida que la economía se deterioraba, y se ha hecho patente en pequeños incidentes de protesta, confrontaciones entre la policía y los ciudadanos y altercados en las colas de las tiendas. Y aunque el alcance de estas manifestaciones es sorprendente, el hecho de que haya estallado la tensión no lo es.

Solo en los últimos meses, la situación ha empeorado sensiblemente. La unificación de la doble moneda y el sistema de cambio que el Gobierno llevó a cabo en enero –un paso necesario hacia la reforma económica, según los expertos– desencadenó la inflación, lo que redujo los ingresos reales a pesar del intento del Gobierno de aumentar los salarios para compensar. La covid, que parecía estar controlada antes de la llegada de la variante delta, ha vuelto a estallar, con un número de casos récord, y amenaza con sobrepasar un sistema de salud que cuenta con escasos recursos.

La situación económica de Cuba todavía no es tan mala como en los noventa: el año pasado el PIB cayó un 11 % y sigue cayendo, pero en los noventa bajó un 35 %. La situación política, sin embargo, es muy diferente hoy en día a la que era entonces. La generación que vivió la Revolución de 1959 y los primeros tiempos dorados de exuberancia revolucionaria fue un pilar de apoyo al régimen en aquel entonces. Ahora, que rondan los setenta u ochenta, suponen un colectivo pequeño y que cada vez se va haciendo menor.

La franja de edad predominante hoy en día la representan personas que alcanzaron la mayoría de edad después de la caída soviética. Su experiencia de “la Revolución” es una de interminable desabastecimiento y promesas de reforma incumplidas. Fidel y Raúl Castro, cuyo prestigio como fundadores del régimen apuntaló el apoyo popular entre los cubanos más mayores, ya no están, y los ha sustituido una nueva generación de dirigentes que tienen que demostrar su derecho a gobernar mediante resultados. Tienen que repartir las mercancías, literalmente, y de momento, no han sido capaces de hacerlo.

La desigualdad es otra fuente más de frustración y resentimiento. Las reformas económicas del Gobierno, orientadas al mercado, han agravado la desigualdad, sobre todo en términos raciales, y en los últimos años se ha hecho más notorio. Los cubanos de ascendencia africana tienen menos posibilidades de tener familia en el extranjero que les envíe dinero, tienen menos posibilidades de tener trabajos que les proporcionen parte de sus salarios en moneda extranjera y tienen menos posibilidades de vivir en barrios bonitos y atractivos para turistas que buscan paladares (restaurantes en casas particulares) o alquilar una habitación. Por lo tanto, no sorprende que las últimas protestas empezaran en algunos de los vecindarios más pobres de Cuba.

Las redes sociales han jugado un papel clave en la envergadura nacional de las manifestaciones. En 1994, cuando se produjeron disturbios en el Malecón, la avenida principal de La Habana, las noticias se propagaban de boca en boca. El pasado fin de semana, las redes sociales corrieron la voz de las primeras manifestaciones entre los cubanos de todo el país y desencadenaron protestas similares en otra docena de ciudades. El Gobierno, sin mucho éxito, intentó restringir la difusión cortando el acceso a internet durante casi todo el día.

Durante años, Cuba ha estado rezagada con respecto a sus vecinos en cuanto a acceso a internet, pero la rápida expansión del wifi y de la tecnología 3G ahora les ofrece conectividad a los cubanos –sobre todo a los jóvenes– a través de sus teléfonos inteligentes. Las redes sociales les permiten conectar en línea con otras personas con las que comparten intereses. Estas redes sociales virtuales han demostrado ser una forma eficaz de movilizar a las personas a emprender acciones reales. Hasta ahora, se trataba de manifestaciones a pequeña escala centradas en asuntos específicos como los derechos LGTBI, la libertad artística y los derechos de los animales, pero presagiaron el papel que iban a jugar las redes sociales a la hora de catalizar las manifestaciones antigubernamentales de mayor calado que estallaron la semana pasada.

La respuesta de la administración Biden a la agitación social en Cuba ha sido la que cabría esperar: ha transmitido su solidaridad con los manifestantes y ha instado a la moderación al Gobierno cubano frente a las protestas pacíficas. Ningún funcionario del Gobierno estadounidense se ha pronunciado para reconocer que Estados Unidos esté exacerbando la crisis actual al continuar con las políticas de Trump de bloquear los envíos de dinero y suspender la emisión de visados de inmigrante. No obstante, el senador Marco Rubio (republicano por Florida) denunció la respuesta de Biden, lo que demuestra que diga lo que diga o haga lo que haga Biden con respecto a Cuba, los republicanos lo acusan de mostrarse blando con el socialismo.

Durante la campaña presidencial, Biden prometió revocar las sanciones que impuso Trump y que perjudican a las familias cubanas, restablecer los viajes a la isla y retomar las conversaciones diplomáticas con el Gobierno cubano. De momento, no ha hecho nada de esto. Su administración parece paralizada por miedo a repercusiones políticas en Florida, donde los demócratas fueron derrotados en 2020, y por la necesidad de tener contento al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey).

Sin embargo, priorizar la política interior de Estados Unidos en detrimento de la crisis humanitaria en Cuba conlleva sus propios riesgos. Una escalada en las protestas antigubernamentales bien podría desencadenar una violencia mayor, como ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Si los cubanos que se sienten marginados deciden que no tienen “voz”, puede que su alternativa sea la “salida”. La última vez que la situación económica de Cuba fue así de mala, en el verano de 1994, 35.000 cubanos decidieron marcharse y partieron hacia Estados Unidos en balsas y embarcaciones precarias.

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Por William M. LeoGrande (The Nation) 16/07/2021

William M. LeoGrande es profesor de gobierno en la American University, autor de Our Own Backyard: The United States in Central America (Nuestro patio trasero: Estados Unidos en Centroamérica) y coautor junto con Peter Kornbluh de Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana.

Este artículo se publicó originalmente en The Nation.

Traducción de Ana González Hortelano.

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¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?

Las razones de las protestas en Cuba son muchas y en estos meses se han superpuesto una serie de crisis. La unificación monetaria coincidió con la crisis provocada por la pandemia, pero también con la llegada de Miguel Diaz-Canel a la presidencia, un líder sin la legitimidad de origen de los hermanos Castro. En esta crónica de la revista cubana El Toque se repasan los motivos del renovado descontento social que es el combustible de las movilizaciones.

 

El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el territorio nacional.

Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las tiendas en moneda libremente convertible, la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y mejoras en general de la situación del país. El gobierno los llamó «confundidos», «vándalos» e «irresponsables» y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las expresiones populares.

Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas causas:

Emergencia sanitaria

La pandemia por COVID-19 en el país se ha agravado. Después de tener la enfermedad bajo relativo control, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas del país -como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos- se desató la ola más fuerte de contagios y muertes. Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra alcanza los 1.579 fallecidos y 224.914 casos positivos (2,5 veces más).

La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, fueron diagnosticados 16.447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del aumento de contagios que contaban con una capacidad para casi 6.000 personas en centros de aislamiento, pero declaró que se requieren 3.000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado número de casos que presenta. En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los casos oscilan en cifras de tres dígitos. El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos y medicinas, y el agotamiento progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».

A la falta de recursos para enfrentar el covid-19 se suman graves carestías en el llamado Cuadro Básico de Medicamentos, que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la escabiosis.

El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268 para farmacias. De ellos, 263 (42%) son importados y 356 (58 %) son nacionales: 350 producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante 2020. A estos se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan, fundamentalmente, en la atención secundaria de salud. El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y tradicional.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio, comercialización en el mercado ilegal y encargos al extranjero. En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha, Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado cubano, en el que no confían. El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses intervencionistas del gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».

Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos; pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la crisis general.

El gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparescencia televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122.000 turistas, la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.

A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos vacunales contra el covid-19 con una eficacia de más de 90 %, la vacunación también se ha demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional cubana el permiso de uso de emergencia.

Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención, hasta el 10 de junio 3.045.823 personas habían recibido al menos una dosis y 1.862.930 han completado el esquema de tres dosis de Abdala o de Soberana 02 más Soberana Plus. Sin embargo, esto se ha limitado a la provincias de La Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.

Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.

Crisis económica

La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad -comercializados desde fines de 2019 en divisas extranjeras- han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar.

La permanencia del bloqueo/embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro suenan de fondo en esta situación. Sanciones a empresas relacionadas con el consorcio GAESA, de las Fuerzas Armadas, condujeron al cierre de los servicios de Western Union en Cuba y un recorte drástico de las remesas; además de la prohibición de vuelos a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana, y el cierre de los servicios consulares de la embajada estadounidense por los presuntos «ataques sónicos», son componentes de la crisis pero no la explican por sí solos.

En octubre de 2019 el gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de autos y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.

En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertirle se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y, en algún momento, exportar.

«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.

Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que solo están disponibles en esta moneda. Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos cubanos (CUP) por dólar, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de viaje de compras. La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.

La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses. Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país». Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.

Un desordenado «ordenamiento económico»

La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021, después de ser pospuesta durante años. El timing, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño: transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y se había iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.

Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de las dos monedas cubanas circulante en el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una transformación en los ingresos. El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas, la inflación ha consumido las ganancias del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.

La crisis es también social

Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional, el gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.

La poca disponibilidad de productos -sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la nutrición- y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que cada día se agrava más.

Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.

Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de generación están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.

El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo máximo de 4 horas diarias -ampliada a 6 horas el 30 de junio- oficialmente. La realidad ha sido de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12 horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, el gobierno prometió el fin de estos problemas en breve.

Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años años 90, cuando el país atravesaba una dura crisis económica tras la caída del bloque soviético. Para muchas cubanas y cubanos la situación ahora es igual o peor que entonces.

Activación ciudadana y fractura del monopolio ideológico

Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.

Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en huelga de hambre, sed o ambas en protesta ante la detención y el proceso judicial contra uno de sus miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron a lo largo del día hasta superar la cifra de 300 personas ahí presentes.

El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo diverso de personas autorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.

En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, al acusar a los participantes de responder a intereses externos. Comenzaría entonces un proceso que ha durado varios meses en los que las detenciones, los asesinatos de carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se relacionó con los eventos del 27N, serían noticia cada día.

Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».

Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya a presentar un recurso de queja y petición firmada por más de 400 intelectuales para frenar los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, los cuales se han vuelto prácticas habituales de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.

Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, lo cual como era de esperar fue desestimado.

Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el gobierno cubano al prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica, donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.

La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato constitucional.

Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.

Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.

El encierro de Otero Alcántara generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos de ellos en prisión provisional. El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, fue dado de alta. Durante ese tiempo solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.

También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más «combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo. Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia artística en la galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal. La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores; además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a partir del tema musical «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o Muerte».

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el gobierno cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo raro es que no hubiesen ocurrido antes. Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible se escuchaba en las consignas de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!

Nota: este artículo fue originalmente publicado en la revista cubanaEl Toque.

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El mundo a las puertas de una tercera ola de COVID-19 y variante Delta podría ser la cepa dominante global, dice OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este jueves que la humanidad está al comienzo de una nueva ola de la COVID-19, hecho que se debe en gran medida a la vertiginosa propagación de la variante Delta de la pandemia.

Durante una reunión del Comité de Emergencia de la OMS sobre el coronavirus, Ghebreyesus advirtió: “Desafortunadamente (...) ahora estamos en las primeras etapas de una tercera ola”.

La propagación de esta peligrosa variante, junto a la falta de rigor en el cumplimiento de medidas de confinamiento, movilidad y el irrespeto a directrices de salud pública, han estado entre los principales detonantes de esta tercera ola de contagios.

La variante Delta se encuentra ahora en más de 111 países y esperamos que pronto sea la cepa dominante que circula en todo el mundo, si es que aún no lo es”, dijo el director general de la OMS.

15 julio 2021

(Con información de Telesur) 

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