Foto Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

La noticia despertó alegría en unos y tristeza y rabia en otros. A la 1:12 pm del martes 4 de agosto el expresidente y senador Álvaro Uribe informó por redes sociales de la decisión tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y que le impuso detención domiciliaria. Deberá responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Litigio judicial cuya contraparte recae en el senador Iván Cepeda. La disputa ante ambos congresistas, representantes de partidos opuestos, llegó a los tribunales en el 2012.

 

El origen del litigio

 

El proceso que los enfrenta comenzó cuando el otrora presidente denunció al congresista Cepeda por presunta manipulación de testigos. En aquel entonces el senador del Polo Democrático Alternativo preparaba una denuncia en el Senado contra el Uribe Vélez por vínculos con el paramilitarismo, por lo que entrevistó a diferentes líderes de grupos paramilitares desmovilizados y que cumplían condenas en centros penitenciarios.

En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra el senador Cepeda y abrió indagación al hoy senador del Centro Democrático quien es investigado por presuntamente haber intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha señalado de fundar el bloque Metro de las Autodefensas.

 

Rueda de prensa

 

Conocida la decisión del alto tribunal, el senador Iván Cepeda, acompañado de su apoderado, el jurista Reynaldo Villalba, citó a rueda de prensa para entregar su opinión sobre lo decidido. En la misma, transmitida a través de Contagio Radio, medio de comunicación alternativo, estas fueron las declaraciones entregadas:

 

Reynaldo Villalba:

 

“No he sido notificado aún, el propio Álvaro Uribe dio la noticia. La Corte Suprema de Justicia contaba con absoluta y sólidas pruebas y era lo que se esperaba ocurriera en estricto derecho. Es una transcendental noticia para la justicia. Quiero rescatar la independencia de la Corte Suprema de Justicia pese a la enorme presión a la que fue sujeta estos días, incluso desde el propio gobierno de Iván Duque y sus Ministros”.

 

Senador Iván Cepeda:

 

“Es una fecha sin lugar a dudas transcendental. Considero que la decisión de la Corte Suprema de Justicia nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. Al senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez le han colocado una medida de aseguramiento. No hay individuos que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosos e influyentes que sean. Esa es una lección fundamental que hay que asumir con serenidad.

Invitamos a todos los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad, es una decisión que ha producido un Tribunal. Es el comienzo de un proceso ante la eventualidad de un proceso de llamamiento a juicio, al cual, la contraparte tiene todas las herramientas, recursos y procedimientos que están para garantizar su derecho a la justicia. Debo señalar que este ha sido un proceso muy largo, recordar que comenzó el 23 de febrero de 2012. Es decir que cumplimos 8 años.

Este proceso tuvo 2 etapas donde el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reynaldo Villalba por información que tuvimos con gravísimos hechos que estaban ocurriendo con relación a presunto soborno de testigos que influiría la actuación de la justicia. En este largo proceso la actuación de nosotros se ha limitado a ejercer la defensa.

Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares u organizaciones criminales ante la Corte Suprema, quienes han recurrido a esos 22 testigos y han sido presentados ante la Corte ha sido la contraparte. Nosotros no hemos ocurrido a esos testigos, como se le ha hecho pensar a la opinión pública.

Así que hoy, estamos ante una decisión que ha sido objeto de una larga revisión. No se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial, sin realizar un largo proceso de escucha de testigos y verificación de toda clase de pruebas. Hay abundante material probatorio que sustenta esta decisión. Y nosotros pues obviamente estamos listos para la nueva etapa. Sin ninguna clase de actitudes arrogantes o vengativas. Queremos mantener el llamado a la majestad de la justicia en este caso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos listos, desde el primer día, a acatar sus decisiones. Queremos entregar hoy simplemente un mensaje, si bien expresamos nuestra alegría, llamamos a la serenidad. Que no haya incitación ni conmociones en la opinión pública sino como demócratas y ciudadanos recordemos que existe una Constitución, un ordenamiento legal y que en ese ordenamiento legal los jueces de la República tienen la posibilidad de ejercer justicia para el bien de los colombianos.

Esa es nuestra declaración. Les pedimos ustedes comprendan no queremos entrar a hacer comentarios sino simplemente, con humildad y serenidad, entregar este mensaje”.

 

Memoria y futuro

 

Para nadie es un secreto que para un sector no despreciable de la sociedad colombiana el otrora presidente es el responsable de la creación y prolongación del paramilitarismo en Colombia. Es decir, sobre él recae la sospecha por miles de asesinatos, así como del desplazamiento y despojo de la tierra y otros bienes de millones de campesinos. Sospecha extendida a la autoría intelectual de los falsos positivos, así como de las acciones del otrora DAS, como otras sindicaciones que nunca han sido probadas. Para este sector lo decidido hoy por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es el inicio del derrumbe del poder de quien atizó el odio y la muerte en Colombia.

Es un odio contra alguien que ciertamente alimentó el odio y el dolor en el país, que cuenta en el otro extremo de la opinión nacional con un mayoritario sector social que ve en el mismo personaje a alguien que fue capaz de enfrentar la guerrilla y arrinconarla estratégicamente hasta llevarla a la negociación, proceso que recogió y finalizo Juan Manuel Santos. Para este segmanto de la sociedad colombiana el sentimiento es dispar, y con seguridad se preguntarán por qué está detenido su ídolo y no sufren igual circunstancia los otrora mandos de las Farc, por ejemplo.

Como se recordará, es ese sector mayoritario en Colombia, que evidencia disminución pero no hasta ser minoritario, el que derrotó el referendo por la paz, como el que eligió a Santos –quien presumía como continuador de su patrocinador–, y luego a Iván Duque.

Es de suponer, por tanto, que la detención del hoy Senador no significa su derrota, y que por el contrario, como el mismo acostumbra –se defiende atacando–, puede implicar una ofensiva en distintos planos. Las semanas que vienen permitirán conocer sus planes y proyecciones, para lo cual contará con el apoyo de buena parte del Estado colombiano, siempre simulando legalidad.

Como puede recordarse, un juicio que lo llevó a una condena temporal también recayó sobre el dictador Gustavo Rojas Pinilla (condenado en marzo de 1959), la que anulada en diciembre de 1966 le permitió lanzarse a la arena política y ser elegido Presidente en 1970, elección usurpada por una conspiración oligárquica que ungió a Misael Pastrana como el elegido.

Es evidente, entonces, la verdad no es solo jurídica, también existe la verdad política, así como la verdad social, y en esta es donde debe centrarse la atención. Sin comprender los factores por los cuales la mayoría de la sociedad colombiana ha apoyado a quien carga con gravísimas sindicaciones que harían sonrojar a mentores como Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, no será posible derrotarlo y sacarlo de la arena política.

Paralelo a ello, sus contarios tensionarán las cuerdas con otras tantas fibras de la institucionalidad nacional, friccionada, y en la cual personajes como el expresidente Juan Manuel Santos conserva reservas. Antípoda de Uribe, no ahorrará influencia ni esfuerzos por ver morder el polvo a su oponente. La alianza Cepeda-Santos es evidente.

Por ahora, luego de legalizar la captura en contra de Uribe Vélez y definir el lugar de reclusión, vendrá un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en el que la Sala de Instrucción decidirá si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario. De esta manera, y por el tiempo que esto se tome, el país ahonda su polarización la que, seguramente, marcará de nuevo el proceso electoral del 2022 para elegir sustituto de Duque.

 

La formalidad

 

Álvaro Uribe Vélez escribió en su cuenta de twitter sobre el suceso: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.

Hasta ahora nada está decidido, las alegrías pueden ser efímeras, la disputa en curso ha quemado una etapa y vendrán otras. ¿Le sucederá a Uribe lo vivido por Gustavo Rojas Pinilla?

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Los camuflajes de la muerte en la verdadera pandemia

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron   a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano  William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

·         El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

·         El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

·         El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

·         El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la  población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

·         El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

·         El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del jovenYeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de  julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

·         El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

·         El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

·          El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase  haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados  en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está  la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción  alguna.   

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 22 de 2020

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Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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Otra vez asesinan a un líder social cada día

El confinamiento decretado para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares; exterminio en que el Gobierno es responsable por acción y omisión.

En medio de la pandemia se recrudece el asesinato de los líderes sociales y los ex combatientes, en la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas; resulta paradójico que en las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas (FFAA) con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselo a las transnacionales.  

 

La Doctrina Militar afecta el orden constitucional

 

El 4 de junio 28 Eurodiputados dirigieron una carta al Presidente Duque, manifestando su preocupación por las políticas de defensa y la doctrina militar, porque acciones como los seguimientos ilegales “afectan gravemente el orden constitucional y democrático en el país y más en un contexto de altísima militarización de los territorios y en medio de una pandemia mundial” [1].

Los Eurodiputados afirman que la respuesta del Estado para la protección de líderes es insuficiente, además consideran que la Ministra del Interior al equiparar el asesinato de líderes con los robos de celulares, pone en duda la intención del Gobierno de prevenir este flagelo. 

En la carta dirigida a Duque instan al Gobierno acumplir el Acuerdo de Paz y resaltan que este es la prioridad en la relación con Colombia, además lesinquieta que los Fondos destinados para la Paz sean utilizados con otros fines. De igual forma recalcanen el desmantelamiento de los paramilitares como garantía para la protección de las comunidades

 

Ahora matan a los familiares de ex combatientes

 

La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca, denunció la masacre ocurrida en la vereda Quebrada del Medio en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinados Camilo Sucerquia de 15 años, Carlos Barrera de 17 años, ambos familiares de una ex combatiente y William Pérez conductor del bus [2].

Las organizaciones manifestaron que desde febrero vienen advirtiendo al Gobierno sobre los continuos desplazamientos forzados, las amenazas y los asesinatos perpetrados por sicarios paramilitares del Clan del Golfo en alianza con los militares en el Sur de Córdoba, Occidente del Nudo de Paramillo, los territorios del Cañón Inglés y el Cañón de la Quebrada del Medio, en cercanía al espacio de reincorporación ETCR Román Ruiz.

 

Regresan los Falsos Positivos Judiciales

 

El 11 de junio la Asociación de Juntas del Sarare (AJS) reveló nuevos Falsos Positivos Judiciales contra Ramón Contreras presidente de la AJS, Libardo Parra Pérez Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) Vereda La China, Alirio y Jorge Vera Mogollón líderes comunales de Cedeño, Johanny Vega Gualdrón en Samoré, Miguel Eduardo Jaime Valero de la vereda La Pista; capturados en zona rural de Toledo, Norte de Santander [3]. 

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), denunció Falsos Positivos Judiciales contra sus dirigentes en la región Centro Oriente; fueron capturados en Norte de Santander: Carlos Alberto Mogollón, Humberto Villamizar Calderón, Primitiva Becerra y Helena Villamizar Vera [4]. 

Las denuncias de Falsos Positivos Judiciales realizadas recientemente por ASONALCA y AJS forman parte del plan de criminalización al movimiento social que dio captura a Hermes Burgos y José Murillo Tobo en 2018 y 2019.

 

Perseguidos sin fin

 

Leyner Palacios integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, denunció que luego de presentar el documental ‘Bojayá Bajo Fuego’, él y su familia han sido objeto de constantes amenazas. 

Lidia Bueno Gañán, lideresa indígena y Presidenta departamental del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) seccional Quindío, recibió amenazas de muerte después de declarar en un medio de prensa regional, “que se debería tener en cuenta los líderes del Quindío para la terna que reemplazará provisionalmente al Alcalde de Manizales” José Manuel Ríos Morales suspendido por corrupción.

Édison León Pérez, Presidente de la Junta de Acción Comunal de San Juan Bosco en San Miguel, Putumayo; había denunciado varias amenazas de muerte y fue asesinado el 8 de junio en San Juan Bosco, zona controlada por paramilitares y de alta presencia Brigada XXVII.

Pierangelly Huguett Henríquez de 46 años abogada que defendía reclamantes de tierras; fue asesinada el 9 de junio en Ciénaga, Magdalena.

Edwin Tuirán, ex combatiente, fue asesinado el 8 de junio por narco paramilitares del Clan del Golfo en el corregimineto de Bijao en Juan José, Córdoba.

BaironEliécerGómez hijo de una ex combatiente, asesinado el 12 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, Meta.  

Alberto Elías Mora Uribe, líder campesino de la vereda Buenavista de Ituango, fue secuestrado, torturado y asesinado el 11 de junio, según denuncia la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia. 

Leider Bernabé Campo Tamayo de 20 años, comunero del Resguardo Agua Negra de Morales, Cauca, fue secuestrado el 11 de junio del Puesto de Control de la Guardia Indígena en El Mesón, y luego apareció asesinado en el Playón del vecino Resguardo La Fortaleza. 

Jesús Antonio Rivera de 32 años, comunero indígena del Resguardo Huellas de Caloto, Cauca, fue asesinado el 13 de junio. La Guardia Indígena capturó a 7 sujetos armados responsables del crimen. 

Por Himelda Ascanio | 18/06/2020

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[1] Carta de 28 Eurodiputados al Presidente Iván Duque. Parlamento Europeo, 4-06-2020. 

[2] Denuncian masacre de 3 personas en Ituango. El Colombiano, 7-06-2020.

[3] Nueva captura de líderes comunitarios y sociales. Trochando Sin Fronteras, 11-06-2020.

[4] Judicializan y estigmatizan a líderes sociales. Asonalca, 12-06-2020.

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Viernes, 05 Junio 2020 06:37

El movimiento popular resiste al narco

El movimiento popular resiste al narco

En la delegación Iztapalapa (Ciudad de México) la Comunidad Habitacional Acapatzingo, donde viven 596 familias, viene siendo acosada por personas armadas que se autodefinen como "colombianos". Se trata de uno de los movimientos populares que desde hace décadas lucha por la vivienda, con ocho núcleos en la ciudad que pertenecen a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII).

Las agresiones e intimidaciones comenzaron a mediados de abril, esgrimiendo armas de fuego ante la guardia vecinal que controla el ingreso a la comunidad. “El viernes 22 de mayo –relatan referentes de la comunidad– dos sujetos que bajan de un coche le dicen a la guardia que en los próximos días vendrán a entregar sobres, como primer y último aviso, que contendrán sus demandas e instrucciones y que la comunidad tendría que acatarlas en un plazo máximo de 72 horas”.

Al día siguiente llegaron los sobres, pero la guardia en acuerdo con la comunidad, procedió a destruirlos sin conocer su contenido. "La asamblea por la tarde-noche de ese mismo día, decidió hacer frente a las amenazas reforzando las guardias en todos los turnos y tomando otras acciones en caso de que la comunidad fuera atacada", sigue el relato de los miembros del Consejo General de Representantes de la comunidad.

Entre las decisiones de la asamblea general, con más de 500 participantes, figura reforzar las guardias, resguardar incluso las azoteas, realizar rondines permanentes por las calles y andadores, reforzar los dos accesos principales de la comunidad además de aumentar la cantidad de personas que participan en la guardia rotativa y la realización de fogatas en diferentes puntos. "Las demás comunidades de la organización se encuentran alertas y preparadas para acudir y actuar en caso necesario", aseguran.

Hasta aquí, un breve resumen de los hechos. Creo que necesitamos debatir, en toda América Latina, los modos de enfrentar al narcotráfico, además de profundizar en su comprensión.

Desde hace varios años sostengo que el negocio de las drogas es una forma más de acumulación por despojo y que las élites económicas del mundo se comportan cada vez más como narcotraficantes (https://bit.ly/2zYR6Pc). Además el narco es uno de los modos utilizados por la clase dominante para controlar y disciplinar a los movimientos populares.

Son los pueblos organizados los que pueden enfrentar y poner límites al narco, algo que los estados ni desean ni pueden hacer, en este periodo debacle y colapso de las instituciones del sistema.

En primer lugar, tenemos antecedentes de cómo una sólida organización popular ha conseguido detener el ingreso de fuerzas depredadoras a los territorios de los pueblos. Las rondas campesinas peruanas impidieron que los ladrones de ganado impusieran su ley a cientos de comunidades para, más adelante, ponerle límites a las multinacionales de la minería, frenando su actividad.

Algo similar puede decirse de la Guardia Indígena nasa del Cauca colombiano, capaz de recuperar comuneros secuestrados por grupos armados; del pueblo organizado de Cherán que expulsó a los talamontes y del EZLN que ha impedido que narcos y paramilitares impongan su ley en los territorios zapatistas.

El caso de las ciudades es, ciertamente, más complejo. Son el eslabón fuerte de la cadena de dominación del capitalismo, donde se asientan los poderes centrales del Estado y resultan el espacio más fácil de controlar para las instituciones armadas, legales o no. Sin embargo, la experiencia de la Comunidad Acapatzingo, conocida como La Polvorilla, puede darnos pistas sobre cómo encarar el desafío de los armados.

Lo decisivo es una sólida organización. En este barrio autoconstruido de unas 4 mil personas, cada familia pertenece a un sector donde funciona una brigada. Existen diversas comisiones, siendo en estos momentos las más importantes la de salud y la de vigilancia, siendo ocho comisiones en total, incluyendo educación y comunicación.

Las decisiones importantes las toma la asamblea general, pero funciona un Consejo General de Representantes con responsables de las 28 brigadas en que se divide el barrio, que se reúne cada semana. Para que la organización sea sólida, no alcanza con una asamblea trimestral o mensual, como suelen hacer las organizaciones populares más activas. Es necesaria una red de espacios que gestionen la vida cotidiana, desde salud y educación hasta deporte, cultura y mantenimiento.

En Acapatzingo han construido dos huertas, espacios de salud y de formación. Hasta los niños y las niñas están organizados y tienen sus propias actividades, incluyendo un boletín informativo. Durante la pandemia instalaron comedores en los ocho espacios habitados y extreman las medidas de protección con amplia participación comunitaria. El autogobierno colectivo es la clave para la formación de vínculos comunitarios, los únicos capaces de defender la autonomía territorial de los de abajo y, de ese modo, enfrentar al narcotráfico.

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Los pueblos originarios de América Latina en la era Covid-19

Las comunidades aborígenes del continente son castigadas por la pandemia del coronavirus, que es fortalecida por la falta de atención estatal.

“En esta pandemia, no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar; unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”. La sencilla metáfora a la que apelaron en un comunicado siete organizaciones indígenas en el estado mexicano de Hidalgo ayuda a problematizar a qué sectores sociales afectará más el impacto del coronavirus. En América Latina, los pueblos originarios aparecen entre quienes van tirando manotazos en el agua, resistiendo al menosprecio de gobernantes y ninguneados en pantallas y micrófonos.

Nulas o insuficientes medidas focalizadas o protocolos especiales; carencia de servicios básicos (principalmente agua potable); enfermedades preexistentes vinculadas a la pobreza, y ausencia o lejanía de servicios de salud; complicaciones para la venta y compra de alimentos por el cierre de caminos y mercados; falta de documentación para acceder a programas sociales; poca difusión preventiva con enfoque intercultural y en lenguas indígenas. Un combo de problemáticas que dejan a gran parte de las comunidades originarias de la región en extrema vulnerabilidad. Si el panorama previo ya era de emergencia, la pandemia profundiza las desigualdades.

La conquista europea que arrasó con los pueblos que habitaban el continente no sólo tuvo la espada y la Biblia como armas principales. El factor epidemiológico fue clave: las enfermedades importadas (tifus, viruela, peste bubónica) ayudaron y mucho a diezmar a la población autóctona durante el mayor genocidio de la historia; de hecho, se dice que fue la viruela la que realmente destruyó al Imperio Azteca. Otras epidemias, como malaria, sarampión e influenza, también hicieron estragos en territorios indígenas a lo largo de la historia. Por eso, la irrupción del Covid-19 encendió las alarmas y multiplicó los reclamos de atención urgente. Su penetración en las comunidades sería trágica y le haría un gran favor a las trasnacionales extractivistas, siempre ávidas de tierras y bienes naturales.

La población indígena en Latinoamérica supera los 45 millones de personas, lo que representa el 8,3 por ciento de la región, siendo la zona de mayor densidad demográfica indígena del planeta. Se registran 826 pueblos indígenas distintos.En su informe anual de 2019, la CEPAL destacó que la pobreza de las y los indígenas es 26 por ciento mayor a la de las personas no indígenas.

Recientemente, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) exhortó a los gobiernos de la región a propiciar una reunión específica sobre el tema, y señaló que “ninguna de las fuentes de información globales o regionales incluye datos desagregados con relación a la población indígena”.

 

Perú: lavarse las manos con agua empetrolada

 

En la Amazonía peruana, los ríos se tiñeron de petróleo en las últimas décadas, multiplicando problemáticas y enfermedades. Cuatro federaciones indígenas del Departamento de Loreto alertaron sobre “las condiciones precarias en que nos ha encontrado la pandemia: un contexto de persistente contaminación petrolera que envenena el agua y los alimentos, focos de malaria o dengue, y la ausencia del Estado que a menudo implica días de viaje para asuntos básicos como llegar a un centro de salud”.

Las organizaciones reclaman medidas para evacuar a posibles afectados, e “información para difundir en las comunidades con claridad, seguridad, pertinencia y en idioma indígena”. El Perú tiene más de cuatro millones de personas que se identifican con una lengua diferente al castellano. Si bien algunos materiales de difusión fueron traducidos, aparece otro problema: muchas comunidades no cuentan con internet, electricidad o equipos electrónicos para trabajar con la plataforma educativa oficial “Aprendo en casa”. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a unas 1.800 comunidades nativas, acusó al gobierno de “desatención evidente y reiterada discriminación”, y denunció ante las Naciones Unidas “el peligro de etnocidio por la inacción del Estado peruano”.

En el Perú, donde ya se reportan tres indígenas infectados, se está dando otro fenómeno: el éxodo masivo de familias pobres que huyen de Lima a pie por el hambre y la falta de trabajo. Gran parte son indígenas que retornan con lo puesto a la sierra y a la selva.

 

Colombia: la pandemia de la violencia

 

La población indígena en Colombia -casi dos millones de habitantes, el 4,4 por ciento del total- tiene un gran desarrollo organizativo. La Organización Indígena de Colombia (ONIC) emitió por primera vez una alerta epidemiológica y activó un plan de contingencia, que incluye el bloqueo de caminos permitiendo sólo el paso de transportes de alimentos y productos básicos. Desde La Guajira hasta el Amazonas, la denominada “Guardia Indígena” impide el ingreso a los poblados de turistas e instituciones privadas. Las primeras en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta que bloquearon el acceso al Parque Nacional Tayrona, uno de los principales atractivos turísticos. “La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó Ángel Jacanamejoy, dirigente de las Autoridades Tradicionales Indígenas.

La ONIC confirmó la primera muerte por coronavirus, e informó que hay siete indígenas infectados y 90 bajo observación. También denunció que “la escasez de agua potable, alimentos e implementos de bioseguridad y el confinamiento por el conflicto armado agravan la situación”. Es que, más allá del Covid-19, el mayor peligro siguen siendo los grupos paramilitares. Durante el gobierno de Iván Duque, ya fueron asesinados 162 indígenas. Y el hostigamiento y las muertes no amainaron durante la cuarentena. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, relató: “En estas últimas semanas, se han venido registrando hostigamientos, sobre todo en el norte del Cauca. El genocidio contra los pueblos indígenas se ha convertido en la peor pandemia nuestra en estos últimos años”.

 

México: defensa zapatista

 

Con unas 16 millones de personas, México es el país con mayor población indígena de la región. En muchas zonas también se implementó el corte de accesos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró en alerta roja a sus comunidades y cerró sus centros organizativos, “considerando la falta de información veraz y oportuna así como la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza de la pandemia”. También colocó retenes y filtros sanitarios en el ingreso a sus comunidades, y activó una cuarentena preventiva para quienes regresaron a sus poblados. El EZLN exhortó además a “no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida y en defensa del territorio y la Madre Tierra”. El comunicado finaliza diciendo: “Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, hermanas y hermanos”.

Medidas similares tomó el Congreso Nacional Indígena (CNI). Carlos González, uno de sus dirigentes, coloca otro elemento importante: “En los pueblos indígenas los ancianos y las ancianas juegan un rol fundamental, vital, para la pervivencia de las comunidades y su reproducción. Es una preocupación muy seria”. González coincidió en remarcar la precariedad de las infraestructuras sanitarias, pero destacó que, como contraparte, los pueblos originarios “podrán generar una mejor defensa gracias a su propia vida comunitaria”. El CNI prevé que la peor situación para las y los indígenas será en las ciudades, por lo cual realiza colectas para apoyar a las familias urbanizadas.

 

Desde la Patagonia hasta el Río Bravo

 

Los mismos miedos, dilemas y exigencias se repiten por toda la geografía del continente.

En Bolivia, la Ley reconoce a 34 naciones y pueblos originarios. En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que contiene a 64 comunidades, denuncian la desatención del gobierno de facto, la falta de información, y el desabastecimiento de medicamentos y alimentos por la interrupción del comercio. El dirigente Pedro Moye aseguró que “al área rural no llegó ningún material de bioseguridad ni medicinas ni ningún protocolo que debamos seguir en caso de registrar algún contagio. Sólo se abocaron a capitales de provincia”. Y remarcó otra dificultad: “No hay ambulancias ni medios para sacar a un enfermo rápidamente a un hospital. Esa es la preocupación más grande”.

En Brasil, donde ya hay al menos tres indígenas fallecidos y 31 contagiados, sobrevuela el fantasma no tan lejano de la gripe A-H1N1, que provocó la muerte de cientos de indígenas, principalmente guaraníes. El temor al Covid-19 se potencia ya que un tercio de las muertes de indígenas en Brasil son por enfermedades respiratorias. El Foro Nacional Permanente en Defensa de la Amazonía exigió “un plan de contingencia que tenga en cuenta las especificidades de sus pueblos y sus formas de vida comunitarias, que sin duda facilitan la rápida propagación del virus”.

La otra gran amenaza se llama Jair Bolsonaro, que además de minimizar la pandemia e ir a contramano de todas las recomendaciones, dio carta blanca a la deforestación de la Amazonía y expulsó al contingente de médicos cubanos, lo que dejó a muchas comunidades sin atención sanitaria. Nice Gonçalves, periodista y activista indígena, señala: “En 2019 aumentó en 12 por ciento la mortalidad de niños por la retirada de los médicos cubanos y el desmantelamiento de la salud indígena”.

También es crítica la situación en Paraguay, donde indígenas realizan bloqueos de rutas. La organización Tierra Viva expresó: “Las estadísticas previas a la pandemia ya señalaban que el 65% de los indígenas se encuentran en situación de pobreza y más del 30 por ciento en pobreza extrema; a lo que se suma la situación actual de aislamiento que imposibilita salir a trabajar. La exclusión estructural se profundiza y el hambre golpea fuertemente a las comunidades del Chaco”.

El mundo que está pariendo la pandemia deja al desnudo el rostro del sistema y abre las puertas a los debates urgentes sobre la necesidad de un nuevo paradigma civilizatorio. Tal vez sea el momento oportuno para poner el foco en las filosofías de vida que pregonan los pueblos originarios, sintetizadas en conceptos como “sumak kawsay” o “buen vivir”.

5 mayo 2020

Publicado originalmente en Revista Cítrica

Tomado de La Tinta

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Martes, 31 Marzo 2020 06:53

Aniversario en medio de virus mortales

Aniversario en medio de virus mortales

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos.

Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral.

Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan:

  • ·El Sábado 21 de marzo de 2020,fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.
  • ·El Sábado 14 de marzo de 2020un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.
  • ·El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.
  • ·El domingo 22 de marzo de 2020,habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.
  • ·El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 30 de 2020

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Marco Rivadeneira, líder social asesinado en Colombia en medio de la pandemia.Onu Derechos Humanos

Dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban confinados cumpliendo el aislamiento obligatorio. La Fiscalía dice que homicidios redujeron el fin de semana

 

La violencia y el conflicto con grupos armados en Colombia no se ha detenido por el coronavirus y mientras la cuarentena reviste incomodidades para millones de personas, en algunas regiones del país significa más miedo y muerte. Miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas. Este lunes se evidenció ese riesgo cuando dos líderes indígenas del pueblo embera chamí en el Valle del Cauca fueron asesinados mientras cumplían el aislamiento obligatorio que se decretó en ese departamento del occidente del país. “A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”, contó Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Otros dos defensores indígenas atacados de la misma forma se encuentran gravemente heridos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina y, con la atención puesta en la emergencia humanitaria generada por el Covid-19, el peligro se incrementa en las comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 565 activistas sociales. En plena pandemia fue asesinado Marco Rivadeneira, líder reconocido de Putumayo, suroccidente del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien trabajaban en llave para proteger a otros líderes. “Nos estremece el homicidio”, aseguró el ente. La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus esquemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”, pero eso en la práctica, según denuncia Arias, ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas sin alguien que los cuide.

El confinamiento, que es novedad para millones de colombianos, es parte de la vida cotidiana de miles de campesinos. En 2019, de hecho, aumentó el confinamiento como práctica de los grupos armados. “Según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en su balance de la crisis humanitaria.

El Gobierno ha declarado la cuarentena hasta el 13 de abril, pero en algunas zonas ya circulan panfletos que obligan a los campesinos a permanecer en sus casas so pena de ser asesinados. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó que declaraba un “toque de queda” con excepción de las personas enfermas y un “castigo revolucionario” a quienes teniendo Covid-19 no se autoaislaran. Lo mismo hicieron grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que declaran objetivo militar a quienes estén fuera de sus casas; y grupos paramilitares que aterrorizan a los civiles de las regiones más apartadas de las ciudades. La Fiscalía, sin embargo, reporta una disminución de la actividad delictiva del fin de semana del 21 al 23 de marzo. De acuerdo con sus cifras, hubo 49 homicidios en todo el país, es decir 100 menos que en el mismo periodo del 2019 y también se redujeron los hurtos.

Mientras los artefactos explosivos y minas antipersona siguen afectando a la población civil. Uno de los últimos casos conocidos es el de un adolescente de 16 años que resultó herido al pisar uno de esos explosivos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En Colombia cada día hay una nueva víctima por estos artefactos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “las operaciones militares no han parado ni han mermado” y que las fuerzas de seguridad están desplegadas para hacer cumplir la cuarentena. “Hay 39.000 policías en tareas de vigilancia, 1.000 puestos de control en supermercados. Más control fronterizo y caravanas de seguridad para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos”, dijo.

Bogotá - 26 mar 2020 - 16:24 COT

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El testaferro que desató una tormenta política en Colombia

La investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña de Iván Duque tiene al actual mandatario y al expresidente Álvaro Uribe contra las cuerdas

Un teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra de votos en medio de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Son los ingredientes que han desatado una tormenta política que azota al Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta. Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un narcotraficante, fallecido el año pasado, y sus presuntos vínculos con el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana agrupada en torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Todo empezó con una investigación periodística que dio a conocer la transcripción de una llamada en la que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que fue asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como fachada negocios minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo investigado por un homicidio. En el marco de esas pesquisas, una de esas conversaciones sobre corrupción electoral quedó registrada.

El ñeñevirus, como también ha sido llamado en el país andino en referencia al coronavirus, hizo temblar los cimientos del partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, que llevó a Duque a la presidencia. El mandatario ha rechazado las acusaciones y se ha desmarcado de su relación con Hernández. Sin embargo, decenas de fotografías en eventos de la campaña publicadas por el propio narcotraficante en sus redes sociales muestran que los supuestos vínculos vienen de tiempo atrás. La prensa local, de hecho, llegó a publicar una parte del álbum privado del Ñeñe, donde aparece fotografiado junto al hoy presidente y a Uribe, entre otros políticos. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Y agregó: “Nunca supe que había investigaciones contra él y, si las hay, que las autoridades esclarezcan y rápido”.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ganó en junio de 2018 las elecciones en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro con un discurso centrado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El año pasado, el mandatario incluso llegó a apoyar —a diferencia de su mentor, Álvaro Uribe— una consulta contra la corrupción impulsada por la Alianza Verde y la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, el político adoptó un estilo de gobierno que evita el tradicional intercambio de favores entre formaciones políticas y el clientelismo, conocido como ‘mermelada’. Lo ocurrido demuestra que la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que lleva décadas en política y tiene el control de las redes de poder, contradice el discurso público del mandatario. Y eso sucede en una etapa en la que la sociedad colombiana, que ha dejado atrás la guerra con las FARC aunque todavía convive con el problema de la violencia, busca renovarse y tiene cada vez menos tolerancia hacia la corrupción.

Primer paso

El escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas que muestran como el difunto narcotraficante se movía con soltura en círculos de poder. Una de ellas es que Hernández se trasladaba en aeronaves del Ejército. Las fuerzas militares emitieron un comunicado en el que admitieron este hecho, aunque se escudaron en que “para la fecha el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y miembro de una familia tradicional del Cesar (norte de Colombia)”. Se trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe, que, cuando Hernández fue asesinado en Brasil, expresó su lamento a través de Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”, escribió.

Uribe, en cualquier caso, tuvo que reconocer que la mujer con la que habla Hernández en esa conversación intervenida era María Claudia Daza, una integrante de su equipo en el Senado. Poco después de que el expresidente admitiera el hecho, ella renunció y salió del país. Mientras tanto, los periodistas que destaparon el caso, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, denunciaron ser víctimas de espionaje y seguimientos.

Ante estas circunstancias, en las que aún hay muchas dudas que despejar, la justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque, decidió abrir una investigación preliminar y envió copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. El objetivo, de momento, es que estos organismos, “según sus competencias, indaguen sobre el contenido de varias interceptaciones hechas a un número telefónico vinculado a la investigación”.

La Procuraduría también abrió una investigación a propósito de los desplazamientos de Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Duque, sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de una gira internacional por Nueva York y México y trata de centrar la agenda en otros asuntos urgentes. Su Gobierno tiene que afrontar la emergencia del coronavirus y cabe esperar que en los próximos días toda la atención pública se concentre en esa crisis.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 11 mar 2020 - 22:50COT

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Atacan a Sara Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de la Asociación de Profesores (Asoproudea), fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñelamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el sospechoso del ataque fue capturado, e identificado como un “niño de 13 años habitante de calle, entra por su balcón, a hurtar y la hiere”. Después actualizó la información comentando que Medicina Legal identificó al sospechoso y confirmó que no era menor edad y fue llevado a la URI para ser interrogado. 

En declaraciones anteriores, y ante la situación que vive la Universidad de Antioquia, y que requieren de espacios de diálogo permanente con todos los claustros que integran la misma, el Alcalde optó por la confrontación, atizando la inestabilidad que sobrelleva la Universidad y estimulando –sin que sea su propósito pero sí su resultado– la actuación de estructuras paramilitares que desde años atrás han pretendido el ataque de toda voz crítica en el centro de estudios. Como es obvio, en su labor, docentes y estudiantes tienen la obligación de opinar y actuar en pro del buen funcionamiento de su Universidad, así como del país todo, y ello debe hacerse en espacios plurales, sin señalamientos ni, mucho menos, uso de la violencia.

Winston Gallego, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental de Derechos Humanos y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en entrevista con El Espectador dijo "El ataque nos preocupa y más aún que la Alcaldía siga manteniendo la estigmatización de la comunidad estudiantil. Creemos que es urgente y necesario que el alcalde haga un pronunciamiento de respaldo a los líderes sociales y a la comunidad de universitarios donde reivindique su labor"

A la actitud del Alcalde de la ciudad, se suma la reciente declaración de la Ministra del Interior, Alicia Arango, quien expresó: "Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD. HH”.

¿Quién está detrás de estos ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos y líderes sociales? El Estado lo niega, pero todos los arroyos se dirigen hacia el río madre.

Felipe Martínez en el artículo –“Ríos de sangre inundan el país”– publicado en desdeabajo el pasado 6 de junio, identificó lo siguiente:

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) Ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) Fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad)”.

El ataque contra la docente Sara Fernández tiene todos los síntomas de un atentado contra su vida, disfrazado de intento de robo. Como en los demás casos de ataques contra líderes sociales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que la impunidad no prime.

 

Lea el artículo de Felipe Martínez en extenso aquí:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

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