Conferencia Mundial de los Pueblos proclama decálogo para una Ciudadanía Universal

Con la presencia de delegaciones de 44 países y en medio de una visible algarabía, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, clausuró la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal convocando a la unidad de las organizaciones populares para liberarse y cambiar el destino de los pueblos.

 

La Conferencia, que se desarrolló en el municipio de Tiquipaya entre el 20 y 21 de Junio, centró sus debates en identificar las causas de la crisis generalizada, la cual ocasiona el desplazamiento y la migración forzada de millones de personas. En ese sentido, la Declaración de Tiquipaya identificó como factores principales a “los conflictos bélicos e intervenciones militares, el cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre los Estados y al interior de ellos.”


Puntualizó que “Estas situaciones destructivas tienen su origen en el orden mundial dominante, que en su voracidad desmedida por el lucro y la apropiación de los bienes comunes genera violencia, promueve desigualdades, y destruye a la Madre Tierra. La crisis migratoria es una de las manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal.”


El acento no sólo estuvo puesto en el diagnóstico sino en las propuestas a futuro, desde la necesidad de dar consistencia a la proclama de una ciudadanía universal. Así el texto de conclusiones exige con claridad el “reconocimiento y universalización del acceso a los servicios básicos como derechos fundamentales, mismos que no pueden ser objeto de lucro y especulación de grupos privados.”


En el mismo sentido, al señalizar la urgencia de acabar con las guerras como principal fuente de destrucción de depredación y originadoras de las más graves migraciones forzadas, la Declaración indica que “La construcción de la paz verdadera, no solo es la inexistencia de conflictos bélicos, sino también la superación de la violencia estructural que se traduce en el acceso equitativo a la riqueza y las oportunidades de desarrollo.”
Del mismo modo se exhorta a promover una amplia participación ciudadana y popular en la toma de decisiones, única garantía de que las políticas públicas no queden en manos de “oligarquías, dinastías, monarquías y otras formas de jerarquías políticas.”


Recogiendo los testimonios de migrantes y sus organizaciones, las propuestas de los delegados, lo expresado en los distintos paneles y mesas de trabajo y las sugerencias de quienes participaron en los foros de discusión virtual previos, la Declaración de Tiquipaya expresa un compromiso de acción a través de un “decálogo de propuestas para derribar los muros que nos dividen y construir una Ciudadanía Universal, que consagre el derecho de todos y todas a tener y gozar en plenitud de los mismos derechos, para el vivir bien de la humanidad”.


El documento final fue leído por distintos líderes sociales y políticos de la región. Tomaron la palabra entre otros el representante de la Central de Movimientos Populares de la República Federativa de Brasil, Luis Gonzada da Silva, la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Juanita Ancieta, el jesuita venezolano Numa Molina, el representante de pueblos y nacionalidades del Ecuador Alfredo Cuyo Calla y la ex senadora colombiana y flamante candidata a la presidencia de Colombia, Piedad Córdoba.


Evo recibe el año 5525 en Orinioca y pide unidad ante agresiones internacionales


El presidente Evo Morales recibió el miércoles el Año Nuevo Andino Amazónico 5525 en su natal Orinoca, departamento de Oruro, y pidió unidad para enfrentar agresiones internacionales que pretenden dominar a Bolivia.


“Pedir unidad nacional para enfrentar problemas internacionales, agresiones internacionales, que todavía pretenden dominarnos como algunos continentes”, indicó.
Morales denunció el martes, sin nombrarlos, que los mismos que provocan las guerras y disparan los desplazamientos y migraciones son los que, ato seguido, cierran las puertas de sus países y yerguen muros para evitar la movilidad humana, al inaugurar la Conferencia Mundial de Pueblos.


“Son los mismos que cierran las puertas y construyen muros para impedir que las personas que huyen de esas guerras militares o económicas” salven sus existencias.El mandatario boliviano, convertido en el principal defensor de los derechos de la Madre Tierra (o Pachamama), propuso a este foro un “debate conjunto, para buscar, desde acá, soluciones o cómo enfrentar esa clase de muros”.
Morales, acompañado por las ministras de Comunicación, Gísela López, y de Culturas, Wilma Alanoca, entre otras autoridades, participó de una ofrenda a la Pachamama a cargo de los amautas, para agradecer a la Madre Tierra todas sus dádivas.


Aproximadamente a las 7:00 los primeros rayos del sol se dejaron sentir en esa localidad, donde también se dieron cita los pobladores del lugar y turistas, quienes con las palmas de las manos elevadas captaron la energía del “Tata Inti”. Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó al ingreso del Museo de la Revolución Cultural de Orinoca, inaugurado en febrero, donde se desarrolló el acto central, que contó con la participación de un grupo folklórico.


El presidente, en el primer día del año indígena y originario, pidió también energía y fuerza para seguir trabajando por el país y destacó que en coto tiempo gracias a la lucha del pueblo se recuperó la dignidad y soberanía.Instó a impulsar el proceso de descolonización en el país con celebraciones como la que se realizó en Orinoca, pues “son tiempos de igualdad” para trabajar en armonía con la Madre Tierra.
Sugirió recuperar la “identidad nacional” y las canciones de “resistencia”, “rebelión” como el “Jula Jula”, que dijo era música de los antepasados para hacer frente a la dominación e invasión.


Más adelante, los asistentes compartieron un ‘apthapi’ (tradición para compartir alimentos entre los miembros de una comunidad), para 8.000 personas.


Bolivia llevará conclusiones a la ONU, Vaticano y a la comunidad internacional.


El Gobierno boliviano dijo el miércoles que hará resonar la “voz unida” de los pueblos del mundo en Naciones Unidas, el Vaticano y en toda la comunidad internacional, al referirse a las conclusiones del foro internacional contra la construcción de murallas antimigrantes que concluye en esta jornada en la ciudad de Tiquipaya.


“Hay que llevar nuestra voz a Naciones Unidas, al G-77 más China, a la Unión Europea, al Parlamento Sudamericano; hay que hacerlo en todas las instancias que permitan dinamizar la voz unida de los pueblos”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.


La Conferencia Mundial de los Pueblos ‘Por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal’ comenzó el martes y concluye este miércoles en la ciudad boliviana de Tiquipaya, con la participación de 4.000 personas de 43 países de cuatro continentes.


“Las propuestas son más legitimas cuando se construyen desde la base social misma y estas propuestas luego tienen que ser canalizadas y defendidas absolutamente en todos los mecanismo institucionales de la comunidad internacional. Hay que posicionar las conclusiones de esta cumbre en las distintas plataformas de integración, pero hay que llevar también esta voz a los diferentes escenarios que generarán seguramente nuevas convenciones y tratados”, agregó Romero.


En ese foro también participaron los exmandatarios de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Colombia, Ernesto Samper; y de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, anfitrión de esa conferencia que recibió el parabién del papa Francisco, quien pidió, a través de una carta, allanar los mecanismos para la creación de una cultura del encuentro, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos.
Romero añadió que las personas congregadas en Tiquipaya tienen “la obligación moral” de responder a recomendaciones que realizó el papa Francisco.El objetivo final de la cita de Bolivia debe dirigirse a que los migrantes y los desplazados, que sufren en diversas regiones del mundo, logren contar con un marco de derechos que los “reconozca en la plenitud de su dignidad humana”, dijo el asesor del Consejo de justicia y la paz del Vaticano, Juan Grabois.


El decálogo de propuestas


-Superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que plantea una gestión de las migraciones de manera “regular, ordenada y segura”, por una visión humanista que permita “acoger, proteger, promover e integrar” a las personas migrantes.
-Rechazar la criminalización de la migración que encubre falsos enfoques de seguridad y control. De manera particular exigimos la eliminación de los “centros de detención de migrantes”.
-Exigir la destrucción de muros físicos que separan a los pueblos; muros invisibles legales que persiguen y criminalizan; muros mentales que utilizan el miedo, la discriminación y la xenofobia para separarnos entre hermanos. De igual manera, denunciamos los muros mediáticos que descalifican o estigmatizan a los migrantes, y apostamos por promover la creación de medios alternativos de comunicación.
-Crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por los Derechos de las personas migrantes, refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata y tráfico, que promueva la libre movilidad y los derechos humanos.
-Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia, gestionar la creación de una secretaria de coordinación para efectivizar el cumplimiento de las resoluciones de esta declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.
-Exigir a los gobiernos la creación y/o fortalecimiento de Ciudadanías Regionales que permitan la movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de sus derechos, como puente hacia una ciudadanía universal.
-Demandar que los gastos públicos destinados a la guerra y la criminalización de los migrantes, sean utilizados para la creación de programas de integración, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias.
Impulsar políticas locales que permitan ciudades y sociedades integradoras, donde se hagan efectivos en la vida cotidiana de los migrantes los derechos a vivienda, salud, educación, seguridad social, bajo los principios de complementariedad, solidaridad, hermandad y diversidad.
-Convocar a todos los gobiernos del mundo a luchar de manera conjunta contra las redes criminales que trafican con seres humanos, y declarar la trata y el tráfico de personas como delito lesa humanidad.
-Actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multilateral y sus instrumentos internacionales referidos a migrantes, refugiados y sus familias, en especial: a) la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares”, ya que ésta no ha sido ratificada por ningún país del norte receptor de migrantes;


b) la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de ACNUR e incorporar nuevas concepciones referentes a desplazados y refugiados climáticos.
c) Participar activamente en la negociación del Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en Naciones Unidas;
d) Proclamar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Decenio Internacional para un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.


-Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por una visión que las entienda como puentes de integración para la unidad entre los pueblos y la acogida de los migrantes, donde la lucha contra el crimen trasnacional organizado se encare en un marco de cooperación entre los Estados.
-Impulsar el vivir bien en los lugares de origen de las personas migrantes, para que la movilidad sea siempre voluntaria y no forzosa como efecto de la pobreza, la violencia y el cambio climático, denunciando el impacto del accionar irresponsable de las empresas trasnacionales, y aplicando sanciones a aquellas que atenten contra la permanencia de las familias en su lugar de origen.
-Promover la movilización popular a escala mundial, para que se reconozca en las instancias intra e internacionales el carácter inalienable de los derechos de las personas en movilidad para derribar los bloqueos, intervenciones y muros, que unilateralmente levantan los poderosos para perpetuar la desigualdad y la injusticia social en el mundo.


*Con información de la Agencia Boliviana de Información y Prssenza

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Advierten ombudsman que ni leyes ni muros podrán detener el flujo migratorio en la región

En una dura crítica a las políticas antinmigrantes globales, de manera particular las de Estados Unidos, la Federación Internacional de Ombudsman (FIO) advirtió que los flujos de personas no se podrán detener con leyes ni con muros, pero reconoció que la condición de vulnerabilidad de los migrantes "es una herida abierta" en las comunidades contemporáneas.

En la inauguración de la segunda cumbre Iberoamericana Migración y Derechos Humanos. Una nueva mirada, se destacó que hoy el mundo vive con el mayor número de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial, quienes han abandonado sus hogares por factores como guerras, hambre, enfermedades y búsqueda de bienestar para ellos y sus familias, poniendo en muchos casos en riesgo su integridad y seguridad, e incluso su vida.

Al dar la bienvenida a ombudsman de la región, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, convocó a sus homólogos a revisar opciones o mecanismos para identificar y generar un registro de personas en situación de migración.

"El paso de un país a otro no debe suponer la clandestinidad y el anonimato de las personas, que impide el ejercicio de sus derechos y los deja a merced de cualquier tipo de agresión o abuso", dijo el ombudsman mexicano, quien agregó que la movilidad o migrar es un derecho inalienable de las personas, cuyo ejercicio debe ser dimensionado por los estados nacionales para diseñar políticas públicas de atención a este sector especialmente vulnerable.

Por su parte, el presidente de la FIO, el portugués José de Faria Costa, citó cifras de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales indican que más de 2 millones de personas han tenido que abandonar sus países de origen (aunque no precisó el lapso al que se refiere) debido a razones multifactoriales, pero donde la violencia, la guerra, la pobreza y el hambre son las razones principales de un flujo migratorio creciente en la región.

Se trata, añadió, de una "herida abierta" en contra de nuestras comunidades contemporáneas, pues a pesar de todos los esfuerzos que realizan las diversas autoridades nacionales, junto con las instituciones de derechos humanos, y la comunidad internacional, persiste el "sufrimiento atroz de los migrantes", quienes, muchos de ellos, pierden la vida en su camino en busca de la paz y mejores niveles de bienestar.

Ante los titulares y representantes de organismos nacionales de protección y defensa de las garantías individuales, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en el tema, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que la migración se convierte cada vez más en un tema central a escala global, en medio de una creciente estigmatización de este sector, al que las políticas xenófobas lo han convertido en "chivo expiatorio" de todos los males nacionales.

Destacó los discursos en contra de estas políticas antimigratorias, pero advirtió que esto no basta. "No es suficiente rechazar este discurso de odio; es necesario revisar las políticas en la materia desde una visión de derechos humanos y que se cumplan efectivamente", dijo.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, informó que México impulsará, en el contexto del Pacto Global sobre Migración, que será celebrado en Nueva York el próximo año, que se reconozcan la aportación y los derechos de las personas en tránsito.

En su intervención en la sesión inaugural, el funcionario señaló que el pacto global es una iniciativa que impulsa México junto con Suiza, cuyo objetivo es poner fin a la ola racista y xenófoba que enfrentan los migrantes. Precisó que la migración debe basarse en varias premisas: en un enfoque de derechos humanos y en la corresponsabilidad de los gobiernos.

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Crisis de migrantes centroamericanos en México

La crisis humanitaria olvidada de esta ola migratoria alimenta el oscuro panorama en México, donde los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias carcomen al país desde hace una década.
El informe de MSF se presenta en un contexto de mayores controles migratorios en EE.UU.

México enfrenta en su propio territorio una crisis humanitaria que nace en Honduras, El Salvador y Guatemala, países que cada año expulsan a medio millón de personas que, en su mayoría, intentan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es mayor el número de migrantes que pretende quedarse en México, y el número de solicitudes de asilo pasó de 1,100 en 2011 a unas nueve mil en 2016. Para este año de estima que las peticiones podrían llegar a 20 mil refugiados, de acuerdo con estimaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), que ayer presentó el informe “Forzados a Huir del Triángulo Norte de Centroamérica”.

MSF considera una crisis humanitaria olvidada a esta ola migratoria, motivada por la extrema violencia que se vive en Honduras, El Salvador y Guatemala, la que además alimenta la crisis humanitaria en México, donde los asesinatos, los secuestros, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y la impunidad carcomen al país desde hace una década. A pregunta expresa, el director de operaciones de MSF para América Latina, Marc Bosch, consideró preocupante la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretenda utilizar el flujo migratorio centroamericano como moneda de cambio para negociar su relación política y comercial con la administración de Donald Trump durante la próxima cumbre sobre indocumentados, anunciada a finales de marzo pasado por John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El encuentro se programa para realizarse en Miami y sería copresidido por Estados Unidos y México, con representantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA): Honduras, El Salvador y Guatemala. En esta reunión también participarían Canadá y Colombia en calidad de observadores.

El informe de MSF se presenta en un contexto de mayores controles migratorios, detenciones y expulsiones desde Norteamérica que podrían “empujar a más refugiados y migrantes a las redes de tráfico de personas y de organizaciones criminales”. Así, México podría convertirse no sólo en un inmenso muro de contención de migración centroamericana hacia Estados Unidos, sino un país receptor de estos flujos.

Y si bien aún existe un elevado índice de migración económica, al menos el 50 por ciento de los centroamericanos que se internan en México lo hacen huyendo de situaciones que se encuentran en cualquier país en guerra, aunque para ello deban llegar a un país donde la violencia ha alcanzado niveles sólo superados por Siria. México registró 23 mil asesinatos en 2016, superando a Iraq y Afganistán, según un reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dado a conocer el martes pasado. De hecho, un mapa de las desapariciones en México coincidiría con las rutas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, dice Rita Robles Domínguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, con sede en Tapachula, Chiapas.

MSF realizó un sondeo con 467 migrantes procedentes del TNCA. Para el 39.2 por ciento, “las principales razones para abandonar su país” fueron ataques directos o amenazas a ellos o sus familias, así como episodios de extorsión y reclutamiento forzado por bandas criminales. De ellos, arriba de dos tercios fueron recibidos en México con más actos de violencia.

Nueve de cada 10 migrantes atendidos por MSF entre 2015 y 2016 sufrieron al menos un episodio de violencia en sus países de origen y/o durante su tránsito por México hacia Estados Unidos.

De por sí, “la implacable violencia y el sufrimiento emocional” padecido por estos migrantes “no es diferente a lo que experimentan las poblaciones que se encuentran en zonas de conflicto donde hemos estado trabajando durante décadas”, dice Bertrand Rossier, coordinador general de la organización en México. Los países del TNCA registran 150 mil asesinatos en los últimos 10 años.

Asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento por “actores armados no estatales”, extorsiones, violencia sexual y desaparición forzada se encuentran en la lista de situaciones de violencia que padecen los migrantes centroamericanos en su paso por México. Todas ellas “son realidades propias de una guerra, pero también son situaciones que estas personas están sufriendo”.

De hecho, aún mucho antes de que iniciara la era Trump, México desató una cacería de migrantes a partir de implementación del Programa Integral Frontera Sur, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014. “Se vendió como un plan para proteger la integridad de los migrantes y combatir a los grupos criminales que los atacan; en la práctica, se convirtió en una verdadera cacería de migrantes”, dice Alonso Hernández, director del Albergue Paso FM4 de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco y miembro del Comité Ciudadano del Instituto Nacional de Migración.

Los migrantes saben de la violencia que les espera en México, y aun así vienen, lo cual habla de la dimensión de la violencia de la que huyen desde Honduras, El Salvador y Guatemala, subrayó Elena Estrada Cocina, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF.

MSF hizo un llamado a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como a los de México, Estados Unidos y Canadá, para que garanticen alternativas a las detenciones masivas de migrantes y para que se adhieran a los principios de no expulsión. “Estamos ante una crisis humanitaria continuada” desde los países de origen de los migrantes hasta su tránsito por México e incluso su arribo a Estados Unidos, dice Marc Bosch. Poco se puede hacer ante estas realidades, como no sea acompañarlas, reconoce, pues “la solución a las crisis humanitarias no está en la sociedad civil, se necesitan respuestas claras de los gobiernos”.

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Viernes, 28 Abril 2017 15:41

Medellín. El aire que nos ahoga

Medellín. El aire que nos ahoga

Los pobladores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se ahogan en medio de la contaminación ambiental. El aire que respiran ya no procura vida sino muerte: de hecho un estudio realizado en el 2011 confirmó que el 9,2 por ciento de los decesos naturales en la región eran atribuibles a la contaminación del aire. Seis años después, cinco alertas naranja declaradas durante el mes de marzo del 2017 y una alerta roja en lo corrido de abril, así lo confirman. Las medidas de control hasta ahora tomadas no remedian de manera estructural la situación.

 

Cinco alertas naranja y la situación de contingencia ambiental por contaminación o baja calidad del aire, declaradas durante el mes de marzo, y una alerta roja en lo corrido de abril, obligando a restringir el tráfico automotor, elevaron al escenario nacional, como noticia ambiental, a Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.

 

¿El origen del problema? La falta de prevención y atención estructural a una situación explicable en un modelo de desarrollo urbano mal concebido, insostenible, que no parte de las condiciones geográficas y ambientales del territorio, ni de las necesidades e intereses de su población en términos de equidad, justicia y democracia.

 

Un urbanismo sin planeación de largo plazo, sin controles adecuados, determinado por los intereses particulares y del mercado, que no incluye las demandas y propuestas de las comunidades en general y que desconoce las alternativas de la ciudadanía, sostenibles, imaginadas y propuestas por centros académicos y organizaciones sociales y ambientalistas. Un modelo de ciudad depredador, que ocupa de manera inadecuada las montañas, destruyendo su paisaje natural protector, modelo que ha hecho del uso y abuso del vehículo movido por gasolina, la más clara expresión del individualismo indolente. Estas y otras razones son algunas de las explicaciones y manifestaciones de esta problemática.

 

El territorio

 

Es importante comprender que nos referimos a una aglomeración urbana localizada en un angosto valle rodeado de montañas. El Área Metropolitana está conformada por 10 municipios localizados en una porción reducida (1.9%) del territorio del departamento (ver recuadro). De ellos, el de Medellín, considerada la segunda ciudad en importancia en Colombia, contaba para el 2015 con una población de 2.464.322 habitantes1,

 

Un valle sobrepoblado, y que sigue construyendo a diestra y siniestra, sin respetar las montañas y los bosques; que sigue canalizando todas las quebradas, vistas por los industriales del cemento como un obstáculo para el crecimiento así concebido, sin considerarlas como una bondad del territorio. Esta presencia generosa del agua en este valle, así vista, terminó como un riesgo para la vida, en vez de baluarte para la existencia de sus habitantes. La ciudad metropolitana, construida en contra del agua, terminó por darle la espalda a una de las expresiones de su rica biodiversidad.

 

Heredamos lo encementado. Valle de Aburrá, superpoblado y “desarrollado” sobre un modelo económico basado en la industria y los servicios, en el extractivismo de minas a cielo abierto que explotan materiales diversos, y un crecimiento inusitado y sin control del parque automotor. Que ente la concentración violenta de la tierra en la región, y el consustancial desplazamiento de población alberga de manera insostenible –en condiciones de insalubridad y pobreza–, a gran parte de su población, erigiéndola como la ciudad más inequitativa del país.

 

Lo que ahora reciben sus habitantes no es casual. Polución y contaminación fueron denunciadas desde la década del 70. “Si bien la contaminación atmosférica generada por injerencia humana existía en la ciudad desde muchos años atrás, principalmente por las desechos atmosféricos generados por una ciudad industrial en constante crecimiento, es solo a partir de los años setenta que la polución atmosférica causada por la industria y el parque automotor se manifiesta como un problema grave y comienza a incursionar desde una perspectiva tecnológica y medioambientalista en la academia, el sector industrial, el gobierno y la ciudadanía”2.

 

La comunidad de la comuna de Guayabal, en especial la gente del barrio Campoamor, se levantó contra la presencia de Sulfácidos, una empresa que, como comprobaron en aquella lucha, enfermaba a la comunidad3.

 

También tomó forma, ya en la década de los 80, una larga lucha contra Andercol por la misma razón, la contaminación atmosférica y un conflicto de ocupación que pervive, pues a lo largo y ancho del angosto valle, los asentamientos humanos y las industrias, los talleres y las chimeneas se entremezclan de tal manera que la población sufre las consecuencias negativas de los impactos ambientales de la producción industrial y de un tráfico automotor sin control y siempre en crecimiento4.

 

Contradicción sin resolución positiva para sus pobladores. Y si bien en este conflicto puede considerarse como problema principal el parque automotor, pues de acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Encuesta de Origen y Destino del Área Metropolitana, en la capital antioqueña circulan 343 vehículos por cada 1.000 habitantes, no podemos olvidar las industrias pequeñas y grandes, la construcción acelerada, la contaminación del suelo y las aguas, la perdida de al biodiversidad, pues solo una mirada de conjunto permitirá la comprensión ecológica de la problemática y la construcción de alternativas estructurales y permanentes ante la misma.

 

En la columna de Juan Carlos Posada publicada en La Urbe, titulada “Medellín se ahoga en su Valle”, se expresa que “la mayor causa de contaminación en Medellín es el crecimiento del parque automotor. Según cifras del Área Metropolitana, entre 2005 y 2015, se pasó de tener 478.000 vehículos a 1’347.736, entre carros particulares, motos, buses, camiones y taxis. Un incremento del 80 por ciento. En cuanto a las motos, las que mayores índices de crecimiento registran en la ciudad, pasaron de ser 139.000 a 710.186 en el mismo periodo: un aumento anual del ocho por ciento. Entre estas, las motos cuatro tiempos son las que más contaminan, por su cantidad, después de los camiones. Tan solo las motos aportan 255 toneladas al año de PM 2,5, y los camiones, 611. Son precisamente las motos cuatro tiempos las únicas que no tienen una restricción de movilidad en la ciudad como el Pico y Placa5.

 

Y es absurdo pretender que deben construirse más kilómetros de vías, dejando de mencionar la urgencia de intervenir, de manera contundente, el mercado de vehículos. El escritor Pablo Montoya ha sido vocero del malestar y la indignación que produce la situación y, sobre todo, las ambiguas e improvisadas respuestas de los gobernantes locales. Dice lo siguiente, invitando a una firmatón contra esta situación: “La situación que vivimos ahora es producto de una serie de políticas equívocas que han convertido nuestro entorno en un infierno donde reinan los altos índices de contaminación ambiental, y que requiere más que unas horas de pico y placa, y días sin carro, que si bien son medidas necesarias, en el fondo, son insuficientes sino se realizan planes estructurados y a largo plazo que conlleven a una ciudad y sociedad limpia y no a esta encrucijada insoportable de mugre, humo, polución y muerte a la que hemos llegado”6.

 

Durante el año 2000 se estableció un convenio denominado Redaire entre las universidades y las autoridades ambientales, con el claro objetivo de monitorear la situación, ya de por sí muy grave y tomar decisiones. Inician así una serie de encuentros entre Secretarias, universidades, el sector industrial privado, hasta firmar en 2007 un pacto por la calidad del aire. Al año siguiente se acordó con Ecopetrol un plan de mejora de los combustibles. Desde aquella época se ha tratado de mantener una información accesible a la ciudadanía, destacando esfuerzos del Área Metropolitana por divulgar la problemática mediante campañas significativas como “Si te falta el aire, respira profundo, date un respiro, días de aire, airéate”. Convocatorias loables pero que no tiene como trasfondo la toma de medidas estructurales.

 

Los debates abiertos también interrogan sobre lo que está ocurriendo, pero las decisiones políticas y las medidas administrativas tomadas no se compadecen con la realidad que sufren millones de personas. Los intereses económicos parecen prevalecer por sobre el interés general.

 

No hay capacidad institucional para atender la problemática. Hay controles tecno-mecánicos y de emisiones, se controlan los centros de diagnóstico automotor, el control de emisiones en vía, el control de empresas con transporte de carga. Todo lo cual, es evidente, no es el núcleo de la problemático. Además de esto, es urgente operativizar las medidas radicales que amerita la situación.

 

Con las uñas, valga la expresión, profesionales del área metropolitana y universidades, bosquejaron un sistema de gestión del aire que por sus enfoques y metodologías tiene reconocimiento en el país, pero que no se asume ni se apoya como la situación requiere. Se desconocen las alertas que realiza el Siata7 y no se implementa con rigor el acuerdo 15 de 2016 que fue ampliamente construido ante la crítica situación del aire que padece esta parte del país.

 

La respuesta más significativa la dieron las Universidades agrupadas en el G8, cuyas recomendaciones pueden leerse en recuadro adjunto.

 

De todas formas, estas propuestas son una especie de plan mínimo. La situación implica medidas más drásticas y compromisos políticos ciertos. La agenda política de la ciudad metropolitana tiene que estar atravesada por temas trascendentales como la calidad de la vida, las políticas ambientales municipales y metropolitanas. Es imposible seguir viviendo así. Como también lo afirma Pablo Montoya: “El imparable y peligroso flujo automotriz, la ausencia de un verdadero y eficaz transporte público, la desaparición progresiva de pulmones verdes, el control irregular a los desechos sólidos y gases contaminantes derivados de las actividades de la industria, el desmesurado lobby de las empresas transportadoras, inmobiliarias y constructoras, y la preocupante falta de programas reales de educación para promover la conciencia ambiental en los ciudadanos, son caras que muestran con claridad la dimensión de la alerta que se ha desatado”.

 

Es urgente tomar medidas que tienen ejemplo en las decisiones que aplican muchas ciudades del mundo: liberar la ciudad de vehículos y promover una movilidad sustentable, que no depende del petróleo; peatonalizar y construir senderos verdes para caminar e ir en bicicleta, reconstruyendo paisajes para que por ellos puedan fluir éstas. Liberar los centros y muchas otras vías de autos privados y permitir solo el transporte público. Crear zonas sin automóviles. Y generar condiciones para vehículos con fuentes energéticas distintas al petróleo. Retirar el parque automotor viejo y restringir al máximo la compra y uso de vehículos contaminantes. Desarrollar plenamente el transporte público eléctrico, en lo cual ha avanzado en algo.

 

Es necesario asumir los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS)8, referente para varios estudios, según los cuales toda la población del área metropolitana está seriamente afectada en su salud y, por ende, en sus derechos a un aire limpio como parte constitutiva del derecho a una ambiente sano.

 

Al mismo tiempo, que informe de manera adecuada sobre lo que está ocurriendo. La información, que también es nuestro derecho, es precaria y no reconoce la gravedad del problema. Es necesario medir y monitorear, pero es más importante actuar en consecuencia con la situación.

 

Ante una crisis de civilización se impone como respuesta posible la ética del bien común, basada en los principios de responsabilidad y de precaución. Como afirma Hans Jonas9, la responsabilidad emana de la libertad, es la carga de la libertad. En una sociedad tecnológica este principio es acuciante como manera de convivir entre los seres humanos y con la naturaleza, teniendo precaución ante la incertidumbre. Es necesario actuar y aplicar el principio de responsabilidad y el principio de precaución, que son los principios que estructuran el derecho ambiental y dan el enfoque de prevención y actuación que requieren las circunstancias.

 

Es necesario medir, monitorear, con el sentido de garantizar información adecuada para asumir las medidas necesarias de autocuidado y poder exigir al estado, y a los particulares implicados en la contaminación, el respeto a los derechos y los cambios y medidas pertinentes. Es necesario aplicar con rigor los instrumentos normativos que se posee, como el acuerdo 15 de 2016, no birlar sus orientaciones y respetar la voz de la gente experta.

 

Esta situación persiste. La última notica del 10 de abril publicada en un diario capitalino10 dice: Si bien durante este domingo hubo remoción de contaminantes del valle de Aburrá, “el evento de precipitación de la tarde nuevamente estabilizó de manera temprana la atmósfera, impidiendo una dispersión más eficiente de contaminantes”, informó la autoridad ambiental. También señala la noticia que “Por tal razón, las concentraciones de material partículado PM 2.5 permanecen por encima del umbral de Índice de Calidad del Aire (ICA) Naranja, clasificado como peligroso para ancianos, niños, mujeres en embarazo y personas con enfermedades respiratorias”.

 

La situación no puede seguir así y es muy preocupante la escasa participación ciudadana en tan delicada crisis. Es necesario que las iniciativas ambientalistas se movilicen, que centremos la atención en esta problemática y exijamos la plena información. Si no asumimos la deliberación pública y la movilización social, seguirán improvisándose medidas, sin resolver de fondo la situación, prolongando así esta grave situación, con efectos inmediatos y acumulativos sobre nuestra salud, con el consecuente aumento del número de personas que diariamente mueren por esta causa. Ya lo confirmó en el 2011 el estudio realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al concluir que el 9,2 por ciento de las muertes naturales en la región eran atribuibles a la contaminación del aire.

 

* Antropólogo y ambientalista.
1 Consultado el 5 de abril en: http://www.medellincomovamos.org/la-ciudad/
2 Véase David Sierra Márquez, Una historia social y ambiental de la contaminación atmosférica en la ciudad de Medellín durante los años setenta, monografía de grado, Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Departamento de Historia Medellín, Colombia, 2015.
3 Esta disputa socio-ambiental está descrita como “un estudio de caso que analizará el desarrollo de un conflicto socio-ambiental urbano que vivió un barrio obrero de la ciudad de Medellín llamado Campoamor entre 1958 y 1976, a raíz de la emanación de desechos atmosféricos por una empresa productora de ácido sulfúrico (Sulfácidos S.A.)2 que afectó la salubridad y los bienes materiales de los vecinos del sector.
4 El conflicto socio ambiental, expresado en la contaminación atmosférica, siempre ha involucrado a los industriales, el estado y las comunidades, realzando el debate sobre el tipo de sociedad que soñada y la relación de ésta con la naturaleza, con el entorno, con la construcción socio ecológica del territorio.
5 Juan Diego Posada, Medellín se ahoga en su Valle, http://delaurbe.udea.edu.co/2016/10/21/medellin-se-ahoga-en-su-valle/ Consultada el 12 de abril.
6 La carta pública a través de la plataforma Change.org, donde consigue sumar más de diez mil firmas.
7 La cantidad de material contaminante en Medellín y los municipios cercanos es registrado por el Sistema de Alertas Tempranas (Siata), organismo a cargo del Área Metropolitana. El año anterior, los análisis de esa entidad revelaron niveles de contaminación en el aire que forzaron la declaratoria de una alerta roja ambiental.
8 El ente encargado de la medición del aire, a nivel internacional, es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que posee registros en sus bases de datos de tres mil ciudades en 103 países. Según la OMS, los niveles de contaminación se miden por el material particulado (PM por sus siglas en inglés) y se clasifican entre PM 10 y PM 2,5. Para que una ciudad pueda tener un aire respirable, estas partículas deben circular en un número menor a diez por ciento en el ambiente. Cualquier ciudad que sobrepase la cifra, se considera una ciudad con aire contaminado. (Juan Diego Posada, Medellín se ahoga en su Valle, http://delaurbe.udea.edu.co/2016/10/21/medellin-se-ahoga-en-su-valle/Consultada el 12 de abril
9 Hans Jonas, El principio de responsabilidad, ensayo de una etoca para la civilización tecnológica, Editorial Herder, Barcelona, 1995
10 http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sigue-alerta-naranja-por-la-calidad-del-aire-en-medellin-76690

 


 

Recuadro 1

 

El Área Metropolitana

 

La integran los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Cuenta con 3’777.009 habitantes, el 58.50 por ciento de la población de Antioquia, de los cuales 3’597.988 (95.26%) se encuentran en la zona urbana y 179.021 (4.746%) en la zona rural, lo que evidencia una alta concentración poblacional en una porción reducida (1.9%) del territorio.

 

Fuente. (Gobernación de Antioquia, 2016).

 


 

Recuadro 2


Decálogo por un aire respirable

 

1. Caminar debe ser la primera opción para movilizarse.
2. Las distancias medianas deben recorrerse en vehículos no motorizados pues ellos no contaminan.
3. Para distancias largas preferir el trasporte público o buscar compartir el vehículo privado, hábitos de uso que hacen la vida más eficiente, saludable y colaborativa.
4. Atender en forma rigurosa el estado técnico-mecánico de los vehículos ya que el deterioro incrementa la contaminación y decrementa la salud.
5. Contemplar la posibilidad de realizar trabajo en casa, suprimiendo algunos viajes que puedan ser reemplazados por reuniones virtuales o teleconferencias.
6. Planificar los horarios sociales y laborales de tal manera que se evite el tiempo pico de la movilidad en masa.
7. Estimular una cultura de respeto a las normas que ordenan las relaciones propias de una movilidad que incremente el bienestar de la ciudadanía.
8. Tanto los vehículos, camiones, buses, automóviles, motos, bicicletas, como los peatones, tienen derecho a coexistir en la calle, derecho que trasciende al disfrute si la cortesía hace presencia.
9. Integrantes importantes de la sociedad como niños, ancianos, mujeres gestantes y personas discapacitadas, deben ser acogidas por todo el sistema de movilidad con paciencia y respeto; las autoridades tienen la obligación de velar por ellos.
10. Aumentar los espacios verdes en la ciudad, pues son sinónimo de aire sano y bienestar ciudadano, además son elementos determinantes del sistema de movilidad en términos físicos, ambientales, sociales y culturales.

 

* Participan de esta iniciativa las universidades de Antioquia, Universidad Eafit, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad CES, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria lasallista y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Un grupo de profesionales de algunas de ellas (Eafit, la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia) elaboraron este decálogo.

 


 

Recuadro 3


La destrucción de un bien común

 

Nos adentramos ante una película de horror. El aire, aquello que hace décadas pensabamos que nunca sería privatizado, ahora ya lo es. Al hacerlo, destruyeron un bien común, como el agua. Contaminado, irrespirable, ya no es sustento de vida sino de muerte. Así terminó siendo producto del irracional e irresponsable proceder de industriales, urbanizadores, comerciantes, productores de vehículos –y usuarios–, gobernantes, etcétera.

 

De esta realidad, las ciudades y sus entornos, son la expresión más clara, expresión, además, de nuestra estupidez y de la manera prepotente de concebir la tecnología, no dispuesta al bien vivir sino a la acumulación y la renta, sin hacer caso de los límites, lo que nos lleva inexorablemente a la destrucción de las condiciones que permiten la vida, la trama de ella y de nuestra especie.

 

Como es conocido, todos los organismos vivos somos carbono, hidrógeno, oxígeno; el aire nos proporciona estos elementos de tal manera que podemos ser y estar en este mundo. Junto con el agua, el clima, los mares, la lluvia, el paisaje y toda la naturaleza, el aire constituye la base de nuestra existencia, así como la de todos los seres y las cosas del mundo. El aire y el agua son los bienes comunes por excelencia, esta mezcla de elementos son la garantía de la vida.

 

Sin aire limpio es imposible nuestra existencia, así lo recoge la Constitución Nacional en su Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

 

Un ambiente sano es imposible sin aire limpio, contaminarlo y no velar por su calidad torna imposible una vida saludable y puede llevar a la muerte. Por ello su contaminación refleja con toda nitidez la crisis ambiental hoy expresada como crisis de la civilización humana, la cual solo tiene una alternativa de solución: una nueva cultura ambiental que rompa de manera radical con un estilo de producción y vida que es imposible, que no es ni sostenible ni sustentable.

Publicado enEdición Nº234
La agricultura campesina e indígena como una transición hacia el bien común de la humanidad: el caso del Ecuador

Texto presentado en el seminario del IAEN sobre El Bien Común de la Humanidad, con Frei Betto y Antonio Salamanca, el 23 de marzo 2017.

 

El nuevo paradigma incluye los cuatro ejes de toda forma de vida colectiva: la relación con la naturaleza; la producción de la base material de la vida (física, cultural, espiritual); la organización social y política, y la interculturalidad.


El Bien Común de la Humanidad como paradigma post-capitalista puede parecer un concepto utópico, una discusión abstracta de tipo neo-hegeliano o peor, una ilusión que solamente puede conducir al fracaso. Pienso que no, por dos razones. Primero, porque es una expresión de las luchas sociales existentes en el mundo entero: es necesario encontrar el vínculo que las une, sin perder la especificidad de cada una. Cada movimiento, en su lugar, contribuye a la lucha de conjunto, la búsqueda del Bien Común de la Humanidad. En segundo lugar, porque se trata de un combate contra el capitalismo, es decir, una relación social que somete a los seres humanos y la naturaleza a la lógica de la acumulación. Son otras relaciones sociales que se deben construir, otra organización colectiva, otra cultura.


Tal vez, el concepto revela un pensamiento demasiado occidental y referencias mayores a las luchas sociales de clases del centro del capitalismo industrial. Por eso, debemos hablar con los pueblos andinos de Sumak Kawsay, añadir con los budistas la noción de compasión o, con los taoístas, de armonía. La pluriculturalidad se aplica también aquí y lo importante es el contenido, más que la expresión: un paradigma de vida, frente a la destrucción de la Madre Tierra y de la humanidad.


En función de su aspecto holístico (de conjunto), el nuevo paradigma incluye en su aplicación concreta los cuatro ejes de la vida colectiva: la relación con la naturaleza; la producción de la base material de la vida -física, cultural, espiritual-; la organización social y política, y la interculturalidad.


I. Necesidad de transiciones


Como no se puede realizar un cambio instantáneo, un pasaje inmediato a un eco-socialismo, al “buen vivir”, al Bien Común de la Humanidad, debemos pensar en las transiciones. En el caso del post-capitalismo, no se trata solamente de un proceso interno, como Carlos Marx lo estudió a propósito del pasaje entre el feudalismo y el capitalismo: este último nació de las entrañas mismas del primero. Ahora, estamos frente a un proceso de transiciones voluntarias, que exige iniciativas sociales y políticas en relación con la realidad concreta, es decir “revoluciones”, con todos los matices que permiten evitar tanto el voluntarismo, como la recuperación conservadora del concepto. Transición significa entonces, un paso hacia el nuevo paradigma post-capitalista y no una adaptación del capitalismo a nuevas demandas, ambientales o sociales: un capitalismo verde, un capitalismo social, un capitalismo moderno.


La agricultura campesina puede ser uno de estos lugares, donde una transición es posible, pero no sin condiciones. No se trata, como en el caso europeo o norteamericano, de crear capitalistas de poca monta o pequeños productores totalmente integrados en la cadena del capitalismo, hoy en día financiero, desde los insumos hasta la comercialización.


En la situación actual, eso significa una lucha social para defender o reconquistar espacios (territorios) en contra del modelo de agronegocio; organizar un acceso adecuado a la tierra y al agua; guardar el control de las semillas campesinas; resistir contra la introducción masiva de los productos químicos y de los transgénicos; eliminar los intermediarios abusivos y los contratos de dependencia con empresas del capitalismo agrario; crear circuitos cortos de comercialización; reorganizar una sociedad rural multisectorial; luchar contra el vacío cultural, provocado por la supresión de las escuelas comunitarias, la pérdida de las celebraciones locales, la ausencia de equipamientos, construir altenativas a la migración de jóvenes y la feminización de la pequeña producción. En todo eso, un gobierno puede crear condiciones favorables a las diversas formas de agricultura campesina, apoyando las luchas, pero puede también contribuir a su desaparición progresiva, bajo el pretexto que ella es un desastre productivo y que se debe favorecer una agricultura moderna.


II. La referencia al Ecuador


1. La situación de la Agricultura Campesina Familiar e Indígena (ACFI)


Desde el tiempo que se habla de modernizar la sociedad en el Ecuador, es decir más o menos desde hace 45 años y la entrada en la era del petróleo, la agricultura no fue una prioridad. Para medir su importancia relativa, basta estudiar los presupuestos nacionales. En 2016, el Ministerio de Agricultura, Ganaderóa, Acuacultura y Pesca (MAGAP) tenía un presupuesto de 193 millones de dólares, al cual se puede añadir otros puestos del presupuesto nacional en relación con el campo [1], lo que llega a una suma de 349 millones, sobre un total de 29.835 millones de dólares del Presupuesto General del Estado, es decir 1,17 %. (0,64 % para el MAGAP).


Podemos hacer otras comparaciones -con algunos otros puestos: Justicia, 438 millones; Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 603.001; Servicio de Construcción de Obras (SECOB): 769.549; Policía: 1.111 millones; Energía: 1.194 millones; Defensa: 1.414 millones. Además, dentro del presupuesto del MAGAP, una parte minoritaria del presupuesto está consagrado a la ACFI. En 2010, solamente el 3,5 % era gastado para Reforma agraria y titularización.


Otro indicador es la tasa de pobreza. Según el Reporte de Pobreza por Ingresos de Marzo 2015, del INEC, la pobreza en el país ha disminuido hacia el 24,12 % en 2015. Es un fenómeno que hemos conocido en el conjunto de América Latina tanto en los países progresistas como en los liberales, con una filosofía diferente: mejorar las bases del mercado para los últimos y la dignidad humana para los primeros. Así, Colombia está al 29%. (El Comercio, 23.03.17).


La pobreza rural en Ecuador, siempre según el INEC, ha pasado entre 2007 y 2015, del 61,34 % al 43,35 %, es decir una disminución de 17,99 puntos. La extrema pobreza pasó del 33,34 % al 19,74 %, manifestando una diferencia de 13,60 puntos (un poco más que un tercio en 8 años). Son resultados apreciables. Sin embargo, con la crisis, existe una tendencia a la estabilización de las proporciones, sino a un nuevo aumento de la pobreza, sin embargo no medible de manera significativa por las estadísticas de 2015. La disminución de la pobreza está atribuida por el INEC, en mayor parte al aumento de actividades no-agrícolas y en segundo lugar a los bonos humanitarios. Una política de apoyo a la ACFI habría podido mejorar la situación de manera más general y más rápida, como un tercer elemento de cambio.


En concreto eso significa que en 2014, según el INEC, 2.53 millones de personas del campo vivían en la pobreza, con un ingreso promedio (calculado en 2015) de un poco más de 82 dólares por mes. Dentro de este total, casi la mitad, es decir más de un millón de personas, vivían en la extrema pobreza, con 46 dólares por mes. Para la consciencia nacional, es un estado de catástrofe . Por eso debemos preguntarnos, primero porque la ACFI es un fracaso productivo y, segundo si su promoción puede ser un elemento de un paradigma post-capitalista


2. ¿Por qué es la Agricultura Campesina Familiar e Indígena un desastre productivo?


La primera respuesta es que se trata de un modelo arcaico, del pasado y que por eso debe ser remplazado por una agricultura moderna, empresarial, industrial, productiva. Sin embargo, el 21 de febrero de 2017, la FAO afirmó una vez más, que la agricultura campesina era una solución de futuro, más productiva a largo plazo, y menos destructiva del ambiente natural [2].


De hecho, existe otra manera de concebir una respuesta: estudiar la situación real del sector en la sociedad e intentar entender el impacto que eso tiene sobre su productividad. Hay muchos factores que intervienen en el asunto. En primer lugar viene la desigualdad de la posesión de tierras y el nivel de concentración. Damos cifras nacionales, recordando, sin embargo, que las tres regiones: costa, sierra y Amazonía, tienen cada una sus especificaciones.


Esteban Daza recuerda las cifras del INEC en 2012: “El 75,5 % de las familias campesinas tienen propiedades de menos de 10 has, lo que representa el 11,8 % de las tierras del país. El 18,1 % de las familias en el campo, tienen tierra entre 10 y 50 has y representan el 27,4 % de la tierra para producir. Solo el 6,4 % de las familias tienen propiedades de más de 50 has que representan más del 60,7 % de la tierra cultivable en el país. (Esteban Daza, 2016, 5). El índice de Gini aplicado a la propiedad y que mide el grado de desigualdad (0 igual poca desigualdad y 1, mucha), se ubicaba en 0,80 en 2000 (año del último censo), el Ecuador siendo el segundo país más desigual del continente. En este panorama, la proporción de minifundios (menos de medio ha.) representaba 165.000 familias, una verdadera zona de pobreza (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 23-24).


El peso económico, social y político del sector de grandes propiedades y de capitales en la sociedad ecuatoriana es evidente y tiene incidencias importantes sobre las decisiones colectivas. Es un factor de freno a cualquier reforma agraria y como se ubican en mayor parte en cultivos de exportación, constituyen un elemento clave en la balanza de pagos y en los ingresos del Estado. Es probable que en los últimos tiempos, la concentración de tierras aumentó, pero no se puede asegurar de manera precisa, por falta de un censo agrario. Por otra parte, la triste realidad de los minifundios de autoconsumo, indica claramente que no basta distribuir tierras para resolver el problema.

El acceso a la tierra es sin embargo un primer elemento. En la historia, fue una dificultad mayor, que influyo también la cultura campesina, a menudo de auto-flagelación e inferioridad. Los indígenas en particular, fueron concentrados en tierras de segunda calidad, especialmente en zonas montañosas. Aún hoy en día, la situación no parece mejorar. La Ley de Tierras Rurales y de Territorios ancestrales de 2016, que intento mejorar la suerte de los pequeños agricultores y fue saludada en la Asamblea Nacional como la base de una reforma agraria, tiene a la vez contradicciones internas y una aplicabilidad muy relativa. Una de las contradicciones es la venta a precio del mercado a los pequeños campesinos, de las tierras recuperadas por el Estado quien también paga el precio del mercado (muy pocas con la reglamentación actual). Eso obliga los campesinos a recurrir a préstamos o subsidios. Fue el caso en Corea del Sud y 25 años después de este tipo de reforma agraria, cada día, tres o cuatro campesinos se suicidan por imposibilidad de pagar sus deudas.


Por otra parte, la puesta en un mismo nivel de la ACFI y los monocultivos de exportación significa una ignorancia del peso relativo de cada uno de los sectores en la sociedad ecuatoriana. De verdad, muchas limitaciones objetivas a los monocultivos son previstas en la ley, pero ¿quien va ha llevar a juicio estas empresas que no respetan la ley, ni a menudo la legislación sobre el medio ambiente y el código laboral, pero que entran tan felizmente en la filosofía de la nueva matriz productiva? Lo mismo para el apoyo a la ACFI que corre el riesgo de quedarse solo como planteamientos declarativos. Es por eso que, a pesar de las intenciones, podemos pensar que un día estas leyes podrían ser presentadas para un premio Nobel, pero de literatura.


Otro problema es el recurso del agua. El principio constitucional es la no privatización del agua, lo que es fundamental. En lo concreto, se suprimió la regulación tradicional del agua en más de 1000 sistemas existentes, para burocratizar el sector y no se ve muchas medidas para aplicar la ley en casos de acaparamiento del agua por grandes empresas en detrimento de las comunidades vecinas o de pequeños agricultores. Los trabajos de riego realizados en “la década ganada” del Gobierno de Alianza País han sido eficaces y sirvieron a mitigar los efectos del cambio climático, pero no cambiaron las desigualdades de acceso. El 51 % de los grandes propietarios tienen acceso al riego, frente al 21 % de los pequeños (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 26-27).


Si abordamos la cuestión del crédito, sabemos lo difícil que es para los pequeños campesinos acceder al sistema financiero. No solamente intermediarios abusivos absorben una parte importante de la ganancia, sino que los organismos creados para ayudarlos funcionaron con normas muy complicadas (Banco del Fomento, por ejemplo). La garantía que pueden dar los grandes productores es evidentemente mayor. Para dar solamente un ejemplo, El Fondo Nacional de Tierra entregó en el año 2010, el 89 % de sus recursos a la agroindustria y el 11% a los pequeños productores (Esteban Daza, 2016, 25, citando Diego Carrión, 2012).


De verdad, las actividades del campo no se limitan a la agricultura. Lo hemos notado a propósito de la disminución de la pobreza. Es un factor universal, que hemos observado por ejemplo en el estudio de una Comuna rural del delta del Rio Rojo en el Vietnam, donde la mayoría de las actividades eran no-agrícolas, desde por lo menos el principio de los años 1980 (François Houtart, 2004, 207-217). Luciano Martínez señala esta situación desde hace muchos años en el Ecuador: nuevos empleos en el comercio, servicios, sector público, iniciativas locales, aumento de mercados locales, acceso a caminos, educación, etc. (Luciano Martínez, 2009,21). El Censo de 2000 revela que el 39,9 % de la población rural realizaba actividades no-agrícolas, perteneciendo al empleo rural no-agrícola (ERNA).


Puede ser un factor de “descampezinación”, como lo indica David Ayora León a propósito de los jóvenes (2016). Se añade el fenómeno de constitución de “productores agrícolas” según el concepto de Luciano Martínez. Todo eso indica una dinámica interna de la realidad social rural, tal vez de manera más intensiva alrededor de las ciudades, que ofrece posibilidades para el futuro. Sin embargo, la agricultura familiar, campesina e indígena, no ha recibido los incentivos que habrán permitido a este sector participar de manera positiva a un mejoramiento general.


Al contrario, el resultado de estas situaciones acumuladas en zonas de prevalencia de AFCI, es un vacío social y cultural siempre más grande de una parte importante de la sociedad rural. Muchos hombres buscan trabajo en las ciudades, dejando las mini-propiedades en manos de los mayores y de las mujeres (un tercio según estimaciones) a menudo con trabajo de niños y la educación pre-escolar en carga de las abuelitas muy limitadas culturalmente (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 283). En su encuesta realizada en la provincia de Azuay, David Ayora revelo que el 77% de los jóvenes rurales de la parroquia estudiada, no optarían para una actividad agropecuaria, aún si mejorarían las condiciones de vida en el campo (David Ayora León, 2016, 90).


Por otra parte, el plan de cerrar 18.000 escuelas comunitarias (nombradas “de la pobreza”) en favor de las escuelas del milenio (al principio de 2017: 71 construidas, 52 en construcción y para el fin de 2017, 200 en funcionamiento) (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 199) acentúa el problema. Sin duda estos establecimientos son bien equipados, con maestros competentes, pero dentro de una filosofía en ruptura con la vida tradicional y con una apertura a una modernidad hoy en día puesta en duda por sus consecuencias sociales y ambientales. No responden tampoco fácilmente al principio constitucional de la educación bilingüe. Además, el sistema de transporte en varios casos no ha podido corresponder a las necesidades y obliga alumnos a caminar horas por senderos en mal estado, provocando también una tasa elevada de absentismo (Ibídem, 246). Al contrario, en Cuba, se eligió el mejoramiento de las escuelas rurales con un maestro por varios grados, con un éxito comparable a los resultados de las escuelas urbanas y gastos mucho menores (Granma Internacional, 2017).


En el marco cultural se debe señalar también la dificultad en estas circunstancias de mantener una espiritualidad indígena orientada al respeto de la madre tierra y a la armonía social y personal. Se añade finalmente la reacción, en las Iglesias cristianas y en particular la Iglesia Católica, contra la teología de la Liberación y la pastoral indígena, que se manifiesto por la invisibilidad de la obra de Monseñor Proaño.


Fuera de las estadísticas, basta viajar en las zonas rurales del país, para constatar el aislamiento de las comunidades indígenas del Cañar; las condiciones de las viviendas de los campesinos del norte de la Provincia del Oro; la lucha por el agua de comunidades del Chimborazo para la conservación de los páramos; el estado miserable de los caminos y senderos vecinales que obligan los pequeños campesinos a levantarse muy en la madrugada para ir a vender sus productos. Las condiciones de vida de estas zonas rurales son muy a menudo inhumanas.


Todo eso muestra la marginalización de la ACFI en el Ecuador, no por el simple efecto de la naturaleza, sino por la construcción social que la reduce en un apéndice destinado a la desaparición y que por razones humanitarias se trata con bonos de tipo asistencialista. El Ecuador no se encuentra solo en el caso. Es casi universal. La cuestión es de saber si la agricultura campesina familiar e campesina puede ser un elemento de un nuevo paradigma. Pero antes examinaremos el estado de la agricultura industrial, de hecho en competencia con la ACFI.


3. La promoción del modelo agro-empresarial y agro-exportador


En el mundo entero, se trata de una nueva frontera para el capitalismo (agrario y financiero), con versiones nacionales e internacionales. Según el Horizonte de Desarrollo hacia 2025, en el Ecuador, este sector aportará 15.000 millones de dólares a la economía nacional, creara 250.000 empleos y significará una contribución de 10.000 millones al balance comercial del país. Hay diversas ramas: bananos, azúcar, palma africana, flores, brócolis. En su campaña electoral de 2017, el vice-presidente Jorge Glass insistió mucho sobre este aspecto: la productividad del sector, su contribución a la riqueza del país, la extensión de la producción de agro-combustibles, la necesidad de atraer el capital extranjero, sin ninguna referencia a los costos ecológicos, a los territorios ancestrales, al tipo de empleos que se crean, ni al poder económico del sector en la economía del país.


La frontera agrícola se extiende con la deforestación: entre 2000 y 2010, 618.000 has (Atlas, 2011,3), aún si la proporción anual ha disminuido. Hay considerables daños al paisaje (los plásticos de las flores, por ejemplo). Hay una tendencia que se reafirma hacia privilegiar los transgénicos: en septiembre 2012, el presidente afirmó: “El uso de semillas transgénicas mejorara notablemente la producción del campo” (Esteban Daza, 2016,21). El capital extranjero se introduce: entre 2000 y 2008, el aporte fue de 49 % para las empresas de exportaciones (Franck Brassel et al, 2011, 29).


La característica de esta política de capitalismo agrario no es solamente la concentración de las tierras o el control de los circuitos de insumo y de comercialización, sino la ignorancia de las externalidades, es decir los daños ambientales y sociales, no pagados por el capital, sino por la madre tierra, las comunidades y los individuos. Así, por el primer aspecto se puede señalar la perdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, la producción de gases invernaderos: CO2 y metano. La simple contabilización de estos gastos reales cambiaría totalmente la estructura de los precios de estos bienes. A propósito de las flores, un productor orgánico holandés retirado, que visitó varias empresas ecuatorianas en 2015, afirmo que si los europeos sabían en qué condiciones las flores estaban producidas, no comprarían ni una rosa.


Las consecuencias sociales y culturales no son menos nocivas. Las enfermedades de la piel, de los pulmones, los canceres son elevadas con la utilización masiva de productos químicos. Con la visita del papa en el Ecuador, en 2015, se utilizaron más de 90.000 rosas, pero al mismo tiempo estaba en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador en Quito, una pareja indígena. La mujer, de 40 años, con 4 hijos, padecía de leucemia y esperaba una cita al hospital público. Había trabajado durante 10 años en la industria de las flores. Pura coincidencia o precio humano de las rosas.


A pesar de todo, el Ecuador ha podido conservar un grado elevado de soberanía alimentaria, concepto diferente de seguridad alimentaria, porque supone que el país produce lo que consume. Sin embargo existen señales de perdida de la primera, a causa de la extensión del sector de los monocultivos. En 2000, según el censo agrario, la ACFI producía el 60 % de la alimentación del país.


Los derechos de los trabajadores, aún establecidos en la ley , son frecuentemente violados (Franck Brassel y al., 2011, 42): empleos temporales, horas extras no pagadas, prohibición de sindicatos. La sindicalización por ramas está prohibida en el país y las últimas leyes laborales favorecen la flexibilización del trabajo. El discurso macro-económico es predominante orientado hacia la producción e ignora los factores estructurales de la desigualdad de productividad (Ibídem).


Para terminar, vale la pena citar el estudio hecho en 2013 sobre la producción de brócoli en la región de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi (François Houtart y Maria Rosa, 2013). El 97% de la producción de brócoli se exporta hacia países en mayor parte capaces de producir brócoli (EEUU, EU, Japón), en función de ventajas comparativos (bajos salarios, leyes ambientales menos exigentes). La empresa productiva acapara el agua, que no basta más para las comunidades vecinas; bombardea las nubes para evitar que los chaparrones caigan sobre el brócoli, sino en los alrededores. Se utilizan productos químicos, aún a menos de 200 metros de las habitaciones como lo exige la ley. Las aguas contaminadas corren en los ríos. La salud de los trabajadores está afectada (piel, pulmones, cánceres). Los contratos se hacen en parte a la semana, con un capataz que recibe el 1% de los salarios, lo que permite eludir el seguro social. Las horas extras no son pagadas a menudo. La empresa de procesamiento del brócoli para la exportación, trabaja 24 horas en tres turnos. No era excepcional que los trabajadores sean obligados a hacer dos turnos seguidos. El sindicato está prohibido. Además las dos empresas, hoy en día fusionadas, tenían sus capitales, la una en Panamá y la otra en las Antillas holandeses.


Como autores, nos hemos preguntado en nuestro informe, si era posible construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX. Seis meses después, el vice-presidente que había recibido el informe, visitó la empresa y declaro que ella era un modelo de la nueva matriz productiva. Una vez más en la historia, es el campo y sus trabajadores los que pagan el precio de la modernización. Fue el caso del capitalismo europeo en el siglo XIX, de la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX, de China, después de la Revolución comunista.


Evidentemente, uno se pregunta si había una alternativa posible. El Estado ecuatoriano necesita medios para financiar sus políticas sociales. El petróleo bajó de precio. La minería no ha tenido todavía un lugar equivalente y se encuentra frente a problemas sociales y conflictos serios con comunidades indígenas. Incluir las externalidades en el precio de los productos exportados significaría la perdida de toda competitividad.


Estas políticas son también a corto plazo. No tienen en cuenta los cambios naturales y sus efectos a largo plazo, la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores, el origen de la pobreza rural. Se acentúa un modelo agro-exportador presentado como una meta, sin indicar las consecuencias. Algunas alternativas son posibles: reorganizar las condiciones de la ACFI, con una producción orgánica asegurando la soberanía alimentaria; garantizar los derechos de los trabajadores de los monocultivos, reduciendo el margen de arbitrariedad de los dueños de la tierra; reconocer de verdad los derechos de la naturaleza; implementar la integración latino-americana para imponer medidas comunes en materias de protección de la naturaleza, de paraísos fiscales y de resistencia a los monopolios trasnacionales; llevar luchas más radicales en las instancias mundiales con objetivos similares. Un pequeño país no puede actuar eficazmente solo, pero puede ser protagonista. Lo que podemos afirmar desde una perspectiva del sector agrario, puede ser aplicado a varios otros sectores también.


4. El debilitamiento de los movimientos sociales campesinos e indígenas


Los movimientos sociales campesinos e indígenas, portadores de la lucha del mundo rural en sus varios componentes, han pasado por periodos particularmente difíciles. Habían tenido un protagonismo político muy importante en los años 90, en particular el movimiento indígena, pero sufrieron después dos fenómenos que contribuyeron a su debilitamiento. El primero fue la cooptación por el poder político en función de ventajas inmediatas: regalías petroleras y mineras, cooperación para el desarrollo y proyectos provinciales y parroquiales. El segundo, la absorción por la política electoral a corto plazo. Los dos factores llevaron a la división de las bases populares y a la dificultad de concentrarse sobre el largo plazo de la lucha de los pueblos indígenas como pueblos y de los campesinos como clase. Por una parte, en las políticas post-neoliberales, hubo un deseo de modernizar el campo, pero sin tomar suficientemente una distancia frente al carácter capitalista de este proyecto y por otra parte, los objetivos fundamentales de las luchas sociales no fueron totalmente ignorados, sino sometidos a preocupaciones secundarias que los absorbieron e impidieron acciones comunes.


Estos factores contribuyeron a la marginalización de la ACFI en el Ecuador, hasta el punto que se puede hablar para el sector, de una década perdida, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores del MAGAP, de ONGs, de movimientos y de grupos locales.


III. ¿Puede la Agricultura Campesina Familiar e Indígena contribuir a elaborar un paradigma post-capitalista?


1. Condiciones generales


Desde el punto de vista del Bien Común de la Humanidad como paradigma nuevo, los cuatro ejes de cambio concreto encuentran en la ACFI aplicaciones interesantes. La relación con la naturaleza se caracteriza por el respeto de su capacidad de regeneración, vía cultivos orgánicos (agroecología) y biodiversidad. La producción de la base material de la vida en el sector especifico de la agricultura, privilegia el valor de uso sobre el valor de cambio, no somete el trabajo al capital y exige el usufructo de la tierra, pero no necesariamente su propiedad y excluye su acumulación en tanto que capital. La organización colectiva (comunitaria u cooperativista) del acceso al agua, a insumos, a maquinaria, al crédito; la organización en conjunto de ciertas fases del trabajo (mingas, reforestación); la comercialización en circuitos cortos, en ferias y tiendas comunes, tienen, en la filosofía de una economía popular solidaria, una base democrática. Finalmente la interculturalidad encuentra en esta forma de agricultura una posibilidad de diversidad de expresiones y de lecturas de lo real.


Evidentemente, el capitalismo puede también instrumentalizar el sistema, como en muchos casos. Los contratos con pequeños cultivadores de palma integran estos últimos en una dependencia total de las grandes empresas. En Europa los agricultores familiares “modernos” con alto grado de mecanización y acceso al crédito, son integrados en cadenas de producción dominadas por el capitalismo agrario y financiero. El micro-crédito de muchos países está administrado por el sistema bancario. Organizaciones que al principio eran mutualidades o cooperativas, con el tiempo y el éxito, se transformaron en pilares de la economía capitalista.


Por eso, la ACFI no es solamente una cuestión técnica, sino un objetivo de lucha social, una resistencia de clase y de comunidad, un problema político. El papel de los movimientos sociales es esencial. Constituye una de las transiciones hacia otro paradigma, pero no como un proceso mecánico, sino como fruto de actores verdaderos sujetos de la construcción social y eso va mucho más allá que un aumento de productividad.


Al mismo tiempo, la ACFI debe cumplir con las tres funciones de la agricultura. Primero nutrir a la población, no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente. Lo hace, eligiendo las semillas, respetando la diversidad, operando orgánicamente. En segundo lugar, contribuir a la regeneración de la tierra, lo que no cumple la agricultura industrial, al contario. Finalmente procurar el bienestar de los que trabajan en el sector: proletarizar el campesinado bajo el pretexto de crear empleos está lejos de responder a esta necesidad. Evidentemente todo eso requiere condiciones económicas, sociales e políticas, que se llaman, como lo dice el MST de Brasil, una reforma agraria integral y popular.


2. En Ecuador


Como lo hemos señalado antes (F. Houtart y M.Laforge, 2016, 30-36), existen en Ecuador bases para el desarrollo de una ACFI. Hay un real despertar: iniciativas de comunidades indígenas, campesinos que se unen, mujeres campesinas que se organizan para producir carne, cacao, fabricar sombreros, producir obras de arte con desechos de plástico, etc. En varios casos, son apoyadas por ONGs (FIAN, Fundación Heiffer, Populorum Progresio, Oxfam; etc...) y a veces por gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales, y cooperaciones internacionales. Sin embargo son dispersas y a menudo aisladas.


Lo nuevo de la década de 2010 es la aparición de propuestas al nivel nacional y con perspectivas estructurales. Vienen de diversas fuentes. Podemos citar iniciativas de movimientos sociales, campesinos e indígenas: La Red agraria en 2012 y más reciente, en 2016, la Cumbre agraria, convocada por la CONAIE. En 2017, durante la campaña electoral, varios movimientos, dentro de los cuales, la CLOC (rama latino-americana de La Vía Campesina) y la FENOCIN, elaboraron un documento de política general en favor de la ACFI, que fue firmado por el binomio de Alianza País. El movimiento montubio prepara un texto de ley, obligando los grandes terratenientes a ceder 30% de sus tierras para los pequeños productores. Dentro de movimientos políticos también surgieron propuestas, como el grupo Revolución agraria que nació en el seno de Alianza País en 2011.


El mundo académico tomó también iniciativas. El IAEN organizó un seminario abierto durante un año en 2015-2016 y publicó el Manifiesto para una Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Ecuador (2017). Un grupo de trabajo, llamado Tierra reúne mensualmente varias universidades y centros de investigaciones, como SIPAE y el IEE-OCARU, sobre los problemas rurales. Este último propone un “pacto ético para el campo” (Esteban Daza, 2017). Se está preparando un elenco de todas las investigaciones realizadas sobre el agro en Ecuador y la colaboración se extenderá a universidades de las varias provincias. Las tres universidades, Andina, Central y Salesiana de Quito, tienen un proyecto de desarrollo rural con Cayambe, un centro de de capacitación y un espacio urbano de consumo ecológico.


Órganos del Estado no se quedaron inactivos. El MAGAP realizó varios seminarios sobre Agricultura campesina. El CONGOPE, órgano de coordinación de los GAD (unidades descentralizadas), prepara publicaciones e investigaciones sobre el tema. Se debe subrayar en particular el trabajo de la COPISA (Conferencia Plurinacional e Intercultural para la Soberanía Alimentaria) que estableció en colaboración con el IAEN, un documento de síntesis de las propuestas de los movimientos sociales, para una acción política después de las elecciones.


Los ejemplos del exterior no faltan. Vietnam, segundo exportador de arroz en el mundo, lo produce con agricultura campesina. En Brasil una ley de 2008 obliga todas las instituciones públicas de abastecerse con los pequeños productores. En Nicaragua, el programa de bonos productivos para las mujeres campesinas (entrega de gallinas, de cabras o de una vaca) ha permitido al país de conservar su soberanía alimentaria.


Para el futuro, la solución no se encuentra en un capitalismo oligárquico vinculado con el capital financiero. Tampoco la continuidad de un capitalismo moderno dará la respuesta que no ha podido proponer durante la última década. Se trata de una nueva propuesta, basada sobre una refundación del proyecto, como un elemento de una transición hacia un paradigma post-capitalista. Por eso las fuerzas de la lucha social deben reconstruirse desde la base, movilizando las energías en un Frente Unido, con metas precisas y propuestas concretas, donde nadie, en particular los movimientos indígenas, pierda su identidad. Es urgente. Es posible. Mañana será demasiado tarde.


Biblografía:


ATLAS (2011). Tenencia de las Tierras en Ecuador. Quito, Sipae.
Ayora León, David (2017). La pluriactividad como proceso de descampesinización juvenil: caso Parroquia El Valle. Quito. Tesis de maestría en el IAEN.
Brassel, Franck, Breilh Jaime y Zapata, Alex (ed.). Agroindustria y Soberanía alimentaria ¿Hacia una ley de Agroindustria y Empleo Agrícola. Quito. Sipae.
Campana, Florencia, Larrea, Fernando y Rubio Blanca (ed.) (2008). Formas de explotación y condiciones de reproducción de las economías campesinas en el Ecuador. Quito. Heiffer, La Tierra.
Daza, Esteban y Santillana, Alejandra (2016). Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Quito. OCARU.
Daza, Esteban (2017). Hacia un pacto ético por el campo: Entre elecciones, trandgénicos y agroculturas campesinas. En Revista Gestión: Economía y Sociedad N°271, Quito, PP 66-69
FAO (2017). El futuro de la Alimentaxión y de la Agricultura – Tendencias y Desafíos. Informe del 22 de Febrero.
Torres, Nataly et al. (2016). Balance de la situación alimentaria y nutricional en Ecuador. Quito. FIAN.
Houtart, François (2004). Hai Van, La double transition dans une commune vietnamienne. Paris. Les Indes Savantes.
Houtart, François (2013). El Bien Commún de la Humanidad. Quito. IAEN.
Houtart, François y Laforge Michel (2016). Manifiesto para una Agricultura Campesina Familiar e Indígena en Ecuador. Quito, IAEN.
Houtart, François y Yumba, Rosa María (2013). El brócoli amargo, Ciencia Sociales, 35: 283-300.
Carrión, Diego (2012). “Estructura agrícola y modelo de acumulación rural en el Ecuador: interacción entre campesinos, agroindustria y Estado”. En Lacroix, Hidalgo y Román (ed.), Comercialización y Soberanía alimentaria. Quito. Sepae/AVSF: 75-08.
Martínez Sastre, Javier (2015). El paraíso en Venta – Desarrollo, etnicidad y ambientalismo en la frontera sur del Yasuni (Amazonía ecuatoriana). Quito. Abya Yala.
Martínez Valle, Luciano y North, Liisa L. (2009). “Vamos dando la vuelta” – Iniciativas endógenas de desarrollo local en la Sierra ecuatoriana. Quito. Flacso
Rodriguez Cruz, Marta (2017). Políticas educativas en un estado pluricultural y plurinacional: Ecuador. Tesis de doctorado en la Facultad de Antropología de la Universidad de Sevilla.
Silva Correa, Yenia (2017). El secreto está en la preparación de los docentes. Granma Internacional.10.02.17.
Notas:
[1] Instituto de Proveimiento de Alimentos ; Instituto de Pesca, INP; Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; COPISA; FAO.
[2] FAO
François Houtart es Profesor Emérito de la Universidad Católica de Lovaina y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), Quito. Autor de más de 50 libros, François Houtart es uno de los fundadores del Foro Social Mundial y miembro de su Consejo Internacional. Miembro de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador.

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“Mi primo fue ejecutado por izar su bandera”

Desde Deir Haffer, Siria

Los soldados sirios en este pueblo cubierto de escombros y polvo no sonríen mucho y su fatiga es obvia. Usan remeras y bufandas y turbantes negros - no muy diferentes de sus enemigos del Estado Islámico (EI) - y cuando una radio da la noticia de que un oficial ha sido asesinado por una mina en un pueblo vecino, no muestran reacción inmediata. Las tropas de combate no se parecen a los hombres en los cuarteles con sus uniformes limpios y tableros y explicaciones estratégicas. Pero en Deir Haffer, estos soldados sirios tienen suerte. Hace doce horas, sus enemigos del EI, en lugar de luchar hasta la muerte, de pronto huyeron.

Los edificios destruidos y las casas aplastadas de esta ciudad provincial vacía en la carretera a Raqqa, muestran exactamente lo que pasó. Los jets sirios y rusos destrozaron el lugar y el ejército sirio atacó tan rápidamente desde ambos lados que el EI apenas tuvo tiempo de abandonar su línea de frente. Durante tres semanas habían luchado contra los sirios con camiones suicidas y con una vasta red de trincheras a cada lado de la autopista y, a diferencia de sus compañeros en las calles del lejano Mosul, al este, huyeron.


Un pensamiento asombroso. ¿Acaso la vida de los hombres del EI realmente importa después de todo? ¿Había colapsado de repente el culto a la muerte del Califato en este lugar de desolación?


Los soldados sirios estaban asombrados. Habían luchado contra el ejército más cruel del mundo y habían ganado. Algunos de los soldados eran hombres locales que habían vivido en secreto bajo la ley del EI y salieron de Deir Hafer para reunirse con su ejército y luego lucharon para liberar sus propias casas. Habían visto el Califato con sus propios ojos y algunos habían sufrido por ello. No es de extrañar que no sonrieran ni bromearan como suelen hacerlo los soldados cuando han sobrevivido a una batalla. Estaban absorbiendo la lección crucial de todos los que se enfrentan al EI: que se puede vencer.


Por lo tanto, estos soldados llevaron cansinamente al único periodista extranjero de la ciudad -o lo que quedaba de él- a ver las escenas de la muerte que dejó atrás el EI: las “patios” de ejecución apresuradamente abandonados, las macabras, oscuras prisiones pintadas de negro, la sarta de archivos arrojados al suelo con tal despreocupación que pude recoger sólo un trozo de papel en el que leí que Hassan al-Khalef al-Mustafa Ibn Osman robó cereales de granja de un edificio del gobierno y luego atacó a un combatiente Isja “Mujahid” por lo cual fue enviado a la corte legal especial de la Sharia después de ser acusado de “violar el gobierno de Dios”. Pobre Ibn Osman. Me temo que fue llevado a la plataforma de ejecución de hierro, pintada de negro, por supuesto, las láminas de metal del piso sueltas y ruidosas amenazantes bajo sus pies, el último sonido que el condenado debe haber escuchado - que se encuentra a escasos 12 metros de La sala mugrienta en la que se sentaban sus jueces.


Encontré a un soldado sirio de pie junto a la plataforma, con los ojos entrecerrados, un pañuelo negro alrededor de su frente, que contó su historia triste y sin que se lo preguntara. “Mi primo fue ejecutado aquí -dijo-. “Él era Bassem Hassan al-Khalouf. Cuando él y otros 11 pensaron que el ejército sirio venía el año pasado, izaron la bandera siria en el techo de una casa. ‘Da’esh’ [EI] arrestó a ocho de ellos. Los otros lograron huir. Fueron torturados. Y luego fueron ejecutados. Fueron fusilados aquí, y después de ser asesinados, sus cuerpos fueron colgados de esta plataforma durante tres días para aterrorizar al pueblo. Después de esto, logré escapar de Deir Hafer y regresar hoy como soldado”.


Hay lugar para que cuatro cadáveres puedan colgarse alrededor de la plataforma de ejecución. Me estoy acostumbrando a estas cosas repulsivas en cada ciudad que el ejército sirio recupera del EI. Así que, sin duda, la gente de Deir Hafer se acostumbró a ella, alguna de ellas –que Dios los perdone, supongo que debemos decir– obviamente apoyaron al EI al comienzo de su ocupación de tres años. Deir Hafer es una ciudad sunita y las tribus que vivieron aquí y en los 27 pueblos recién liberados de alrededor han enviado un pedido de “reconciliación” al ejército –esa palabra “reconciliación” de nuevo, con su combinación de tristeza servil y suplica especial– y el ejército ha enviado la petición a las autoridades del régimen en la ciudad de Alepo.
Por supuesto, el EI podría tratar de regresar - como lo hizo, sorprendentemente, a Palmira después de la primera “liberación” de la antigua ciudad -, pero la campaña militar siria aquí parece ser de una escala mucho mayor. Atacaron al EI por dos lados - los sirios han decidido que ningún ataque frontal vale la pena las bajas, pero a pesar de todo el equipo estadounidense capturado que el EI puede desplegar en Irak, fuera de Deir Hafer su artillería parece haber sido un arma única y excéntrica que los soldados inspeccionaron aquí con creciente incredulidad. Parece ser un barril de tanque T-62 de fabricación rusa soldado al chasis de una pieza de artillería francesa de la Segunda Guerra Mundial.


Pero tales detalles no debían restarle valor al mundo oscuro que estaba sin descubrir en Deir Hafer. Su mensaje era la oración y la muerte y quizás mejor descripto, en orden consecutivo, mientras rondamos por los restos de este horrible lugar, el lejano golpe de explosiones desde la nueva línea de frente en la autopista que resonaba por las calles destrozadas. El conocido logotipo del EI de “Allah, el Profeta Mohamed” pintado de negro sobre un fondo blanco gotea de cada pared, a menudo de cada edificio en una calle.


El paso subterráneo de la carretera está decorado con citas del Corán.


“La esencia de la religión es un libro que te conduce”, está pintado en una pared cercana al patio religioso del EI. Uno pasa a través de una puerta rota y camina hacia una serie de habitaciones, todas pintadas de negro, decoradas sólo con otras citas religiosas. “Ustedes que aterrorizan al enemigo”, dice, “serán recordados como un mártires por las chicas del paraíso”. Y de pronto uno se da cuenta de que los jueces deben haberse considerado a sí mismos como aquellos que aterrorizaron a sus enemigos. Para ellos las chicas del paraíso. La mayoría de los jueces, según el primo ejecutado de al-Khalouf, eran egipcios.

Es una habitación pequeña con algunas sillas tiradas y una pila de documentos que contienen los nombres de los litigantes -algunas familias aquí, al parecer, usaron los tribunales del EI para arreglar cuentas contra sus antiguos enemigos de antes de la guerra- y aquellos cuya presencia era exigida ante los Jueces. Así, Shawkat al-Kurah Ali al-Haj Obeid, tío de Abdullah bin Mohamed, que vive en Kiarieh “tiene instrucciones de estar presente en la oficina de la policía islámica en Deir Hafer el 8 de mayo de 2014 a las 9.00 am y cualquier demora o rechazo [a estar presente] será castigado. El juez de instrucción será Abdul Hamid al-Ghaif “.


Afuera hay una sala semihundida por encima de la cual está escrito - no necesito mencionar más el color negro - “Sala del juez legal”. Hay folletos de las resoluciones de la Sharia - en color e impreso, observo, en la capital saudita de Riyadh - y una sucia y vieja computadora de escritorio y una impresora. Aquí hay otra acusación siniestra en el suelo, en la que “Mojahid” Ahmad Abu Obeidi de la “Policía Revolucionaria Libre” de Deir Hafer acusa a un refugiado sirio llamado Ali, recién regresado del Líbano, de reunirse de noche con una chica local, de fingir ir a las oraciones vespertinas cuando de hecho se estaba viendo a una mujer. Ali, nos dicen, “confesó”.


Justo al lado está la prisión. Tiene celdas arriba y abajo el piso sin luces y un lavabo de cemento sucio y una sola cita en la pared: “Si la gente quiere la vida, su fe les responderá.” Las puertas son de hierro grueso, hay candados en el suelo. Del otro lado de un patio ahora destruido por las bombas sirias y rusas hay otra prisión. Más puertas de hierro. Y luego subiendo, hay una escuela que fue convertida en un centro de reclutamiento - sí, esto significa que los civiles de Deir Hafer colaboraron , pero faltan los pupitres. Lo mismo ocurre con los libros escolares. La educación no es parte de la fe del EI.


A media milla de distancia está la sede del departamento de agricultura local, sus grúas rotas y camiones destartalados junto a lo que debería haber sido un granero o un almacén. Pero es una fábrica de armas. Hay proyectiles recién acuñados y morteros y minas y cohetes y pilas de tubos de metal. Varias balas de artillería de fabricación profesional están desplegadas en mesas - claramente, son modelos para que los fabricantes del EI copien. Deben aprender su arte a partir de los explosivos de última generación que primero creamos en Occidente –o en Rusia–.


Debajo de la autopista, hay un hospital de campaña para los combatientes del EI con logos más grandes del EI e inscripciones coránicas y trozos de jeringas. “Dar al-Fatah”, dice por encima de la puerta de hormigón. Esta es “La Casa de Dios”, dice. Y aquí hay una sorpresa, un montón de revistas publicadas por el Ejército Sirio Libre, los llamados rebeldes moderados de los cuales David Cameron habló una vez con admiración. ¿Por qué el EI consintió a la desesperada milicia de la FSA (Ejército Libre Sirio)con todas sus conexiones occidentales almacenando sus revistas? ¿Y por qué, de hecho, hay algunos de los documentos de la corte aparentemente escritos bajo los títulos de la FSA?


Todo es parte de una historia que al gobierno sirio le gusta contar; que no hay diferencia entre el EI y la FSA y Nusra (Frente Al-Nusra) / Al-Qaida o cualquier otro grupo y que otros extranjeros en Deir Hafer incluyeron a tunecinos y chechenos. Y pueden tener razón. Estas batallas también demuestran la mentira de esa afirmación constante de los Estados Unidos que el ejército sirio no lucha contra el EI. Pero el verdadero mensaje de Deir Hafer es uno que todos sabemos, pero que probablemente debemos ver para poder creer.


Es el mensaje del EI. El juicio santo es sobre el castigo y la muerte. La plaza de la ciudad es para las ejecuciones. El lugar de la fruta y el departamento agrícola es una fábrica de proyectiles. La escuela es un lugar de reclutamiento militar. El hospital es para curar a los hombres para que sigan matando. La única alegría debe buscarse en el paraíso. Nada de lo que los antiguos gobernantes de Deir Hafer dejaron atrás tenía la menor conexión con la vida. Con razón los soldados no sonreían.

Por Robert Fisk *
Desde Deir Haffer, Siria
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.

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Lunes, 03 Abril 2017 08:23

Invitación pendiente

Invitación pendiente

¿Es posible que Estados Unidos continúe resbalando hacia un neofascismo, o es sólo una desviación momentánea a la locura? ¿El caos, la ineptitud, los engaños, los berrinches y los ataques son parte de un gran plan maestro, un caos organizado, o de verdad son tan espantosamente ineptos e infantiles los nuevos ocupantes de la Casa Blanca y sus compinches?


Pocos se atreven a decir que saben qué onda, mientras cada día millones dentro y fuera de este país están en un limbo macabro donde unos cuantos hombres (y muy pocas mujeres, con la excepción de la princesa del castillo) están jugando, literalmente, con el futuro del planeta.


Vale señalar que mientras la atención se distrae con los últimostuits, las amenazas, el desorden administrativo, las supuestas pugnas entre diversas bandas dentro de la Casa Blanca, la presunta interferencia rusa y más, este nuevo gobierno ha logrado en los primeros dos meses desmantelar cientos de regulaciones y normas ambientales y laborales sobre empresas e industrias, e incluso ha anulado restricciones y protecciones de todo tipo, desde la privacidad de usuarios de Internet hasta derechos civiles.


Ni hablar de los cambios en la aplicación de las leyes de inmigración, donde millones han sido calificados de amenaza y hasta de enemigos de este país; y nadie en ningún lugar dentro de esta comunidad inmigrante puede sentirse seguro. Aun sin redadas masivas, el nuevo régimen ya ha logrado imponer el temor como condición cotidiana entre los más vulnerables.


A pesar de extraordinarias expresiones de repudio y protesta popular –algunas sin precedente en este país– desde que Trump asumió la presidencia, y aunque el Ejecutivo ahora goza del índice de aprobación más bajo para un nuevo gobernante, aún no se sabe si todo esto se convertirá en una resistencia suficientemente numerosa como para poder frenar y/o derrotar este asalto derechista.


Eso sí, casi todos los días, en multitud de esquinas del país se escuchan los gritos de un extraordinario mosaico de oposición. Brotan nuevas alianzas de todo tipo, de mexicanos y otros latinoamericanos con árabes, de judíos y musulmanes, de jóvenes veteranos de Ocupa Wall Street con veteranos de guerra, de veteranos de luchas por los derechos gays con nuevos movimientos por los derechos civiles, de la defensa de derechos de las mujeres vinculándose con los movimientos por derechos laborales, de trabajadores de la salud con ambientalistas.
Este martes 4 de abril es el 50 aniversario del discurso –tal vez el más peligroso y radical– del reverendo Martin Luther King Jr, en el cual se atrevió a declarar que la guerra contra Vietnam era una de las guerras más injustas de la historia mundial, y afirmó que la lucha por los derechos civiles tenía que estar vinculada con la lucha contra las guerras y las luchas por los derechos de los trabajadores y la justicia económica. Es un discurso que casi nunca se menciona en las celebraciones oficiales de King. El eco de sus palabras sigue siendo el llamado más elocuente a la resistencia 50 años después de que se escuchó en la gran iglesia Riverside en Nueva York. Aquí algunos fragmentos:
“Llega un momento en el cual el silencio es traición... Aun cuando son presionados por las demandas de la verdad interna, los hombres no asumen fácilmente la tarea de oponerse a las políticas de su gobierno, especialmente en tiempos de guerra. Ni se mueve sin gran dificultad el espíritu humano contra toda la apatía del pensamiento conformista... Más allá, cuando los temas a la mano parecen más perplejos como tan frecuentemente lo son en el caso de conflictos atroces, estamos siempre al borde de ser hipnotizados por la incertidumbre. Pero tenemos que proceder.
“Estamos llamados a hablar por los débiles, por los sin voz, por las víctimas de nuestra nación, por aquellos que son llamados ‘enemigo’, ya que ningún documento de manos humanas puede convertir a estos humanos en nada menos que nuestros hermanos.”


Estados Unidos, señaló, jamás podrá ser salvado mientras destruye las esperanzas más profundas del hombre por todo el mundo. El gran campeón de la no violencia afirmó: “nunca más podría levantar mi voz contra la violencia de los oprimidos en los guetos sin hablar primero claramente contra el proveedor más grande de violencia en el mundo hoy día: mi propio gobierno.


“Estoy convencido de que si vamos a colocarnos del lado correcto de la revolución mundial, nosotros como nación tenemos que emprender una revolución radical de valores. Tenemos que empezar rápidamente el giro de una sociedad orientada sobre las cosas a una sociedad orientada hacia las personas. Cuando las máquinas y las computadoras, los motivos de las ganancias y los derechos de propiedad son considerados más importantes que la gente, el trío gigantesco del racismo, el materialismo extremo y el militarismo se vuelve invencible.


“Nuestra única esperanza hoy día reside en nuestra habilidad de recuperar el espíritu revolucionario y salir en un mundo a veces hostil declarando nuestra hostilidad eterna a la pobreza, al racismo y al militarismo.


“Ya no podemos gastar más en adorar al dios del odio o hincarnos ante el altar de la represalia. Los océanos de la historia se hacen turbulentos con las mareas cada vez más altas del odio. La historia está amontonada con las ruinas de naciones e individuos que procedieron por este sendero autoderrotador del odio.


“Tenemos que pasar más allá de la indecisión a la acción. Si no actuamos, seguramente seremos arrastrados por los largos, oscuros y vergonzantes pasillos del tiempo reservados para aquellos que tienen poder sin compasión, poderío sin moralidad, y fortaleza sin visión...


Ahora, empecemos. Ahora redediquémonos a la larga y agria, pero bella lucha por un mundo nuevo.


Organizaciones sociales y personas de conciencia por todo el país dicen que hoy día están respondiendo a esa invitación pendiente durante medio siglo.

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“Tenemos una infraestructura defectuosa”

Las lluvias y las inundaciones no dan tregua. Ríos desbordados, ciudades cubiertas por más de un metro y medio de agua, poblaciones aisladas, más de 30 mil viviendas destruidas o inhabitables, graves daños a la infraestructura vial y a los cultivos, 101 muertos, 20 desaparecidos, más de 141 mil damnificados y 940 mil personas afectadas, es, hasta hoy, el duro balance del desastre causado por las torrenciales lluvias que afectan al Perú desde hace varias semanas y que, según los expertos, se prolongarán un mes más. El país no padecía lluvias tan fuertes desde hace 20 años.

La costa norte es la más afectada, pero el desastre también ha golpeado la capital y algunas ciudades del sur. La magnitud de los daños ha dejado en dramática evidencia lo mal preparado que está el país para enfrentar las fuertes lluvias, a pesar de ser un problema que se repite cada cierto tiempo a causa del fenómeno de El Niño, un calentamiento de las aguas del Pacífico que origina intensas precipitaciones pluviales. Un nuevo golpe a la clase política, esta vez por su falta de previsión. Las últimas ocasiones en las que El Niño golpeó el país fueron en 1998 y 1983. Ahora se repite la historia de destrucción, dramas humanos y falta de previsión, más corrupción y malas políticas.

Los más golpeados por las lluvias, los desbordes de ríos y las avalanchas de agua, lodo y piedras, son los sectores más pobres, asentados precariamente en las laderas de los cerros y en las quebradas y cauces secos de ríos que se han activado con las grandes lluvias. Pero las inundaciones también han llegado hasta el centro de varias ciudades de la costa norte, las cuales, a pesar de que las lluvias torrenciales son un fenómeno cíclico en esa zona, no están preparadas para soportarlas. No tienen drenajes adecuados y las defensas ribereñas son escasas y malas.

En la frontera con Ecuador, el río Zarumilla, que separa ambos países, se desbordó solamente por el desprotegido lado peruano, con millonarias pérdidas en tierras de cultivo. Del lado ecuatoriano, donde se ha construido una barrera protectora de piedras, no hubo desborde, ahí los cultivos han quedado intactos. Este caso destaca la diferencia entre las autoridades de uno y otro país para encarar la prevención. Así lo ha reconocido el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que ha destacado como un ejemplo a seguir las obras de prevención hechas en Ecuador, que ha recibido similares lluvias que el Perú, pero ha sufrido daños significativamente menores.

“Los daños han sido muy altos porque tenemos una infraestructura defectuosa, construida sin tener en cuenta la posibilidad de un desastre como éste, a pesar que El Niño es cíclico en el Perú. Los parámetros de diseño de carreteras y puentes son inadecuados y subdimensionan los efectos que pueden causar las lluvias y los caudales que pueden alcanzar los ríos. Las defensas ribereñas son muy limitadas y no han tenido el mantenimiento necesario para que cumplan su función. Las ciudades no tienen la infraestructura para evacuar las aguas. Los ríos no han sido canalizados y no tienen vías de evacuación para que en tiempos de crecida las aguas puedan desfogar sin afectar a las poblaciones. No hay una planificación de las autoridades para un ordenamiento del uso del territorio que evite que poblaciones se instalen en zonas de riesgo donde no deben estar”, le señaló a PáginaI12 Juvenal Medina, ingeniero geólogo y coordinador de estudios y proyectos del Centro de Estudios y Prevención de Desastres.

El especialista agrega: “Las autoridades priorizan obras que les pueden dar réditos políticos en el corto plazo y no hacen obras de prevención para el mediano y largo plazo. Además, está el problema de la corrupción, que afecta la calidad de las obras que se hacen. Espero que este desastre sirva para un punto de quiebre y ahora sí tengamos una política seria y planificada de prevención”.

El gobierno ha destinado hasta ahora para la reconstrucción 1500 millones de dólares, pero el monto final que ésta demandaría sería mayor. Medina estima que los daños finales –las lluvias todavía continúan– superarían los 3500 millones de dólares en pérdidas que dejó El Niño en 1998.

Este desastre natural también ha tenido un impacto político. Las inundaciones le han dado un respiro al presidente Kuczynski. Frente al desastre, se ha generado una extensa cadena de solidaridad ciudadana y una demanda de unidad que ha sacado del escenario los enfrentamientos políticos que golpeaban a un régimen muy debilitado. La iniciativa se ha desplazado de la oposición al gobierno.

El desastre se ha convertido en una inesperada oportunidad para el gobierno, que ha tenido una activa reacción para atender la emergencia. Un primer efecto es que se ha detenido la caída en picada que venía teniendo la popularidad del presidente, que solamente entre diciembre y febrero había caído 17 puntos. En marzo, según una reciente encuesta de GFK, el apoyo a Kuczynski subió dos puntos, pasando de 29 a 31 por ciento.

De cómo encare el difícil reto de la reconstrucción dependerá en mucho el destino del gobierno. Si lo hace con eficacia e inicia una política planificada de prevención –como infraestructura que mitigue los efectos de las lluvias y la reubicación de poblaciones asentadas en zonas de riesgo– que otros gobiernos eludieron, y maneja bien el costo económico de la reconstrucción, puede remontar la temprana crisis política que lo agobiaba a menos de un año de llegar al poder, pero si no es así, muy probablemente volvería a caer en la crisis, con el riesgo de terminar tempranamente ahogado.

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“Le tememos más a los soldados que a los pandilleros”

En Distrito Italia los jóvenes son asesinados con impunidad. Las fuerzas de seguridad han convertido la guerra contra las pandillas en un asedio extrajudicial
El Salvador es el país con más asesinatos del mundo después de Siria


Un grupo de adolescentes festejaba un cumpleaños con una tarta, cervezas frías, bromas y selfies en Facebook. Un encuentro normal entre viejos amigos en cualquier lugar menos en El Salvador, donde en este momento nada es normal.
Poco antes de las 11.00 de la noche, unos soldados armados con fusiles descendieron desde las colinas cercanas en silencio y arrinconaron a los jóvenes en un callejón. A la mayoría de los adolescentes los tiraron boca abajo en el suelo. Dos salieron corriendo y los soldados fueron tras ellos.


Juanita Ortega se preparaba para ir a dormir cuando se dio cuenta de que Pablo, su hijo de 19 años, estaba en peligro. “ ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! Escuché los disparos y salí corriendo a buscar a mi hijo”, cuenta Juanita, que pidió ocultar su nombre real por miedo a represalias.


“ Los soldados estaban golpeando a los chicos, tirados en el suelo, con la culata de los fusiles. Entonces llamé a mis vecinos: ‘¡Venid rápido! ¡Van a matar a nuestros hijos!’. En ese momento, me di cuenta de que mi hijo no estaba”, explica.
Pablo, que tampoco se llama así, corrió hacia la polvorienta calle principal. Una bala le alcanzó en el muslo y cayó al suelo. Los soldados le arrastraron hasta un terreno baldío cercano, donde más tarde fue encontrado sin vida, aparentemente estrangulado con su propia camisa.


Casi de inmediato, una camioneta blanca llegó al lugar. Según los testigos, otro grupo de soldados se bajó de la camioneta y la unidad que había perpetrado el crimen se marchó en el mismo vehículo.


Los forenses llegaron varias horas más tarde para llevarse el cuerpo. Nadie tomó declaración a los testigos. Los periódicos matutinos dijeron que había muerto otro pandillero.


“Vi a los soldados tapar el charco de sangre”


El Distrito Italia es un vecindario pobre al norte de San Salvador, cuyo nombre cosmopolita contradice su sombría realidad. Durante años ha estado en manos de la Mara Salvatrucha (MS13), una de las dos principales pandillas del país en lucha desde hace 25 años por el control del territorio.


Pero las pandillas no son las únicas facciones involucradas en la violencia. Las fuerzas de seguridad del Estado prácticamente han sitiado a las comunidades controladas por las pandillas y ser joven y varón es motivo suficiente para ser arrestado, torturado o asesinado.


La promesa del Gobierno de aplicar mano dura contra las pandillas parece haberse convertido en una política de tirar a matar en la que todos los que viven en vecindarios controlados por pandillas corren el riesgo de morir víctimas de la violencia extrajudicial.


Aunque algunos de los muertos son pandilleros, otros no tienen ninguna relación con el crimen organizado. Pablo Ortega había terminado el bachillerato un par de días antes de que lo asesinaran.


“ Vi a los soldados tapar con tierra el charco de sangre que quedó en el lugar donde cayó mi hijo”, dice su madre, llorando, durante una entrevista en su humilde hogar. “Las autoridades dicen que fue asesinado en un tiroteo con pandilleros pero eso es mentira, nunca formó parte de ninguna banda”.


La entrevista con Juanita es interrumpida por el sonido de alguien cargando un arma al otro lado de su ventana. Dos policías pasan caminando lentamente empuñando sus pistolas. Los perros ladran. Se escuchan portazos.


“ Estoy asustada, tienen que irse, tengo otro hijo”, pide Ortega a the Guardian. “Es lo mismo que durante la guerra civil, están matando a los jóvenes y hablar sobre eso también puede hacer que te maten”.


La guerra salvadoreña entre las guerrillas de izquierda y la dictadura militar apoyada por EEUU duró 12 años y dejó un saldo de 80.000 muertos, 8.000 desaparecidos y un millón de desplazados.


El conflicto armado terminó en 1992, pero la paz jamás llegó a este pequeño país centroamericano: aunque la tasa de homicidios bajó un 20% en 2016, El Salvador sigue siendo el país más mortal del mundo después de Siria.


Durante la guerra civil, se describía el conflicto con términos de la guerra fría: el Gobierno se refería a sus enemigos como terroristas. Una ley aprobada el año pasado estableció que las pandillas fuesen tratadas como “grupos terroristas”.


Según Jeanne Rikkers, directora de investigación en la ONG de prevención contra la violencia Cristosal, “e n la década de los ochenta, tener el pelo largo y llevar un libro te convertía en un objetivo. Hoy en día, ser joven te sigue convirtiendo en un blanco”.


Las cosas también podían haberse dado de otro modo. Tras años de recrudecimiento de la violencia, a mediados de 2012 la tasa de asesinatos cayó casi un 50%: los negociadores designados por el Gobierno habían logrado una tregua entre la MS13 y Barrio 18, su principal rival. El acuerdo distaba de ser perfecto pero, por primera vez en años, había una esperanza de paz.


Pero a mediados de 2014 la tregua se vino abajo por promesas incumplidas, rivalidades políticas y campañas electorales con la promesa de mano dura contra el delito.


“No nos protegen, nos matan como perros”


Fundado por ex rebeldes, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN) ganó un segundo mandato en el Gobierno y rápidamente le declaró la guerra a las pandillas. En enero de 2015, el vicepresidente Oscar Ortiz autorizó a las fuerzas de seguridad utilizar fuerza letal contra presuntos pandilleros “sin miedo a sufrir consecuencias”.


Así lo han hecho. Según registros de la policía obtenidos por El Faro, un sitio web de periodismo de investigación, entre enero de 2015 y agosto de 2016, 693 presuntos pandilleros fueron asesinados y 255 heridos en 1.074 enfrentamientos armados.


En el mismo período fueron asesinados 24 soldados y oficiales de policía. Según Ignacio Cano, experto en violencia policial de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el desequilibrio habla del uso excesivo de fuerza letal y de las ejecuciones extrajudiciales. Durante todo 2013 y 2014, la policía arrestó solo a 88 presuntos pandilleros.


En opinión de Rikkers, “el discurso público es beligerante. Se centra en eliminar a los pandilleros, no al crimen, pero el enfoque de mano dura no ha funcionado y no va a empezar a funcionar repentinamente en el futuro; mientras tanto estamos haciendo la vista gorda frente a graves abusos de derechos humanos”.


Con frecuencia, los que denuncian se convierten en blanco de ataques. El caso de Pablo es uno más entre muchos otros presuntos asesinatos ilegales registrados por Dany Romero, un ex miembro de la MS13 que se dedicó a prevenir la violencia desde que salió de la cárcel en 2006. Romero fue arrestado en julio, acusado de utilizar su ONG como una pantalla para sus actividades pandilleras. Lo encerraron en una prisión de máxima seguridad con cargos de terrorismo.
Según Arnau Baulenas, director legal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, “ Dany tenía mucha información que podía ser un gran problema para el Estado”.


En este tipo de casos, los familiares de las víctimas son cautelosos a la hora de denunciar. Desde la muerte de su hijo el año pasado, Juanita Ortega ha vuelto a ver varias veces en su vecindario a la misma unidad de soldados. No se atreve a denunciarlos ante las autoridades por miedo a poner en peligro a su otro hijo. “Sinceramente, le tenemos más miedo a los soldados que el que jamás le tuvimos a los pandilleros”, explicó.


Según los que están siguiendo los asesinatos, las similitudes entre los casos son demasiado evidentes como para pasarlas por alto. Otro joven de Distrito Italia, Jaime Velásquez, fue asesinado el año pasado en circunstancias similares. La familia, que también pidió usar un pseudónimo para el joven por protección, admitió que Velásquez, de 22 años, era pandillero.


Contaron que una noche de junio, Velásquez estaba en su puesto de vigilancia cuando llegaron los soldados. Le dispararon siete veces y lo dejaron tirado en la calle. Según los testigos que hablaron con the Guardian, no hubo tiroteo y ningún soldado fue herido. Una camioneta se llevó a los soldados y nunca hubo una investigación policial.


“Los soldados no nos protegen, nos matan como perros”, dijo la hermana mayor de Velásquez. Según los fiscales, muchas de las acusaciones por abuso policial son invenciones de las pandillas. Niegan tener mayor tolerancia con las fuerzas de seguridad.


Según Allan Hernández, director de unidades especiales, “hasta hoy, ninguna investigación ha hecho pensar que hay una política de asesinatos extrajudiciales o escuadrones de la muerte. Puedo garantizar en un 100% que los fiscales tratan todos los homicidios con el mismo interés. Un homicidio es un homicidio... Analizamos la evidencia en todos los casos”.
Le golpearon con una piedra y le arrancaron las uñas


San Miguel Tepezontes es una pintoresca población rural 32 kilómetros al este de la capital, en lo alto del Lago de Ilopango. No tiene el aire amenazante de Distrito Italia, pero la policía sabe que allí operan dos pandillas rivales.


En septiembre, decenas de pandilleros fueron arrestados en una reunión de supuestos miembros de la MS13 en San Miguel. Uno de ellos era Cristian Hernández Beltrán, un mecánico de coches.


Nueve meses antes, unos oficiales de policía detuvieron a Hernández Beltrán, entonces con 19 años, y a un amigo. Lo llevaron a una ladera aislada a unos kilómetros de distancia, le dieron descargas eléctricas, le golpearon la cabeza con una piedra y le arrancaron las uñas.


Pensando que estaba muerto, los atacantes uniformados lo tiraron en la parte posterior del camión de policía y condujeron varios kilómetros por una carretera antes de dejarlo entre los matorrales. De alguna manera, su víctima logró arrastrarse hasta la carretera, donde fue descubierto por un vecino.


Su madre, Marcela Beltrán (34), lo encontró en el hospital en un coma inducido con lesiones graves en el cráneo y en el cerebro. Hernández Beltrán no la reconoció hasta un mes después. Sufrió daños permanentes en la vista, el oído, el sentido del gusto y el equilibrio, y necesita cirugía reconstructiva para reparar su cráneo.


Marcela denunció el ataque de inmediato y logró convencer a la policía para que realizaran una investigación exhaustiva. Pero su determinación ha tenido un costo elevado.


El día después de que Cristian fue dado de alta del hospital, los atacantes fueron a su hogar. Durante los meses siguientes, lo siguieron, lo detuvieron y lo golpearon nuevamente hasta que finalmente, en septiembre, fue arrestado otra vez y acusado de extorsión y complicidad en asesinatos entre pandillas.


En lo que fue una especie de triunfo, tres oficiales de policía y dos soldados fueron acusados del intento de homicidio de Cristian. Pero el adolescente permanece en prisión por cargos de pertenencia a un grupo terrorista.


“ Mi hijo no es un pandillero, lo persiguieron para hacerme callar”, dice Marcela. “Cristian tiene miedo de que me maten, podrían matarnos a todos, pero no voy a parar... La policía no puede ser intocable”.

11/02/2017 - 20:31h

• theguardian
Traducido por Francisco de Zárate

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Israel legalizó las colonias en Cisjordania

El Parlamento aprobó la iniciativa del premier Netanyahu. Abarca a 4 mil viviendas de colonos.

 

La Knesset, el Parlamento israelí, aprobó por 65 votos a 53 la norma que legaliza los asentamientos de colonos en el territorio palestino de Cisjordania. Con su entrada en vigor se prevé expropiar cerca de 800 hectáreas de terrenos particulares donde sin aval oficial se han construido unas 4 mil viviendas.


Avhichai Mandelblit, el fiscal general de Israel, adelantó que la norma puede ser declarada inconstitucional (la oposición apelará ante la Justicia) y exponer al gobierno de Benjamín Netanyahu a ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Justamente, se espera una ola internacional de repudio a la iniciativa del Gobierno, que cuenta con un claro aval: el guiño favorable de Donald Trump en los Estados Unidos.


El consenso internacional ya considera ilegales todos los asentamientos de colonos israelíes en los territorios de Cisjordania y Jersusalén Este, donde hay unos 600 mil judíos.


Netanyahu llegó de Londres justo para asistir a la votación. En los días previos, había manifestado la idea de aplazar la votación para después de su reunión del 15 de febrero con Trump, en Washington. El nuevo gobierno estadounidense consideró que las colonias no son un impedimento para la paz.


La ley es vista como “anexión de hecho” por la oposición centroizquierdista. Con esta norma se podrá compensar a los palestinos dueños de terrenos por dinero u otras fincas equivalentes. Según el vocero palestino Abu Eid, esto es “consistente con el programa político del Gobierno israelí, que conduce a la colonización y no a la paz, y es un mensaje de luz verde a los colonos para continuar con el robo de tierras y de los recursos naturales palestinos”.


“Netanyahu sabe que esta ley es inmoral, inconstitucional y va a causar seguramente un grave daño internacional a Israel”, afirmó el diario Haaretz en su editorial de hoy. “Pero si Netanyahu ha demostrado alguna cosa en sus largos años al frente del timón del Estado es que si tiene que elegir entre el bien del país y su supervivencia política, el país irá siempre en segundo lugar”.


Antes de la votación, el enviado de la ONU, Nikolay Maldenov, advirtió que las “consecuencias legales que puede tener para Israel” y para "la paz entre "árabes e israelíes" un ley que “autoriza el uso de tierras privadas palestinas para los asentamientos israelíes”.


Israel aprobó una polémica ley


Colonias “legalizadas”

 

El Parlamento de Israel sancionó la Ley de Regularización que permite legalizar 4000 casas construidas en colonias en Cisjordania. Con 60 diputados a favor y 52 en contra, el Knesset aprobó un proyecto que legaliza de manera retroactiva viviendas en asentamientos levantados en tierras privadas palestinas, en el área C de Cisjordania (bajo control israelí), región ocupada desde 1967. Israel podrá declarar tierra estatal las propiedades y negar a los dueños el derecho de uso hasta que se alcance un acuerdo. Los propietarios palestinos, a cambio, serán recompensados económicamente.


Antes de regresar a su país desde Londres, el premier Benjamin Netanyahu aseguró que había informado al gobierno de Donald Trump sobre el proyecto, porque “uno no sorprende a sus amigos”. Netanyahu esperaba apoyar la iniciativa con su voto, después de la reunión prevista para el 15 de febrero en Washington con el nuevo presidente estadounidense, pero tuvo que ceder a las presiones de Naftali Benet, líder del partido procolonizador y principal socio de la coalición de gobierno Hogar Judío, quien exigió que no se volviera a suspender la votación, como sucedió en los últimos meses, informan medios locales.


“Israel acaba de aprobar una ley para legalizar el robo de tierra palestina. El saqueo es ilegal”, reaccionó en un comunicado el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, quien aseguró que con este paso el gobierno israelí permite que los colonos y fuerzas de la ocupación continúen sus ataques contra los palestinos y su tierra. La ley supone un cambio a nivel interno, si bien en la esfera internacional todas las colonias son consideradas ilegales, como destacó una resolución aprobada en diciembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.


Las viviendas afectadas están situadas sobre terrenos de particulares palestinos en más de medio centenar de colonias construidas o ampliadas sin un proceso de planificación ordenado. La aprobación de la ley fue alabada como paso histórico para el movimiento colono por la derecha más extrema, mientras que parte de la oposición teme que sea el comienzo de un camino que terminará en el Tribunal de La Haya.

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