“¡Los ricos no deben existir!”. Entrevista a Julie Wark

Julie Wark nació en Australia en 1945. Es politóloga y antropóloga y autora de Indonesia: Law, Propaganda and Terror (1983) y de The Human Rights Manifesto (Ediciones Barataria, 2013). Es corresponsal en Europea de la revista CounterPunch y forma parte del consejo editorial de Sin Permiso. Recientemente, junto a Daniel Raventós, ha publicado Contra la caridad. En defensa de la renta básica, también en Icaria. Responde a las preguntas de Sato Díaz para cuartopoder.es.

 

– ¿Por qué se manifiesta «contra la caridad»?

– Por su propia naturaleza, la caridad representa una relación desigual en la que una persona con recursos da tanto o tan poco como quiere, cuando quiere, donde quiere, a quien quiere, y el destinatario, ya entrado en una relación de dependencia sin posibilidad de decidir nada en el asunto, queda deshumanizado, sobretodo porque no puede corresponder. La humillación es inherente a esta relación que viola los tres principios básicos de los derechos humanos: libertad, justicia y dignidad. La caridad no existiría sin la desigualdad y no solo la desigualdad económica sino también de género. Es un fenómeno social dominado por los hombres que se llaman Bill, Mark, Tony, George, Amancio, etcétera y muchos de ellos ejercen un poder no democrático en los ámbitos en los que deciden actuar caritativamente. Basta pensar en la enorme influencia de los caritativos habituales de Davos y sobretodo Bill Gates en la OMS.

Además, muchas organizaciones benéficas se establecen como una forma de evasión fiscal. Como resultado de la evasión fiscal de los ricos, hay menos dinero para los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y un aumento concomitante de la pobreza y la desigualdad. Y si los servicios públicos se subcontratan a empresas privadas que excluyen a los más pobres, estamos hablando de un grave problema de derechos humanos, literalmente una cuestión de vida o muerte: las personas de las comunidades pobres tienden a morir diez o veinte años antes que las de las zonas ricas. Y hay otro aspecto del tema de género. Cuando se recortan los servicios públicos, las mujeres y las niñas suelen pagar el precio más alto. A las niñas se las sacan de la escuela cuando no hay dinero para pagar las cuotas, y las mujeres tienen que pasar más horas cuidando a los niños y a los parientes enfermos cuando se les excluye de los sistemas de atención de la salud. De hecho, el trabajo de cuidado no remunerado realizado por las mujeres se estima en 10 billones de dólares (sí, 18 ceros).

– ¿Deben los ricos no colaborar con donaciones destinadas a los pobres?

– ¡Los ricos no deben existir! Me refiero a personas que son tan ricas que unas veinte de ellas controlan tanta riqueza como la mitad del mundo. Este hecho es realmente obsceno cuando cerca de mil millones de personas en el mundo no tienen suficiente comida para llevar una vida activa. Y los ricos y su caridad o filantropía son en parte responsables de esto. Tomemos, por ejemplo, el apoyo de la Fundación Gates a la “revolución verde” en África. Se trata de un paquete tecnológico caro que los pequeños agricultores no pueden permitirse. Los beneficios van a empresas como Monsanto para semillas y agroquímicos y todo el proyecto es una forma de racismo neocolonial porque los agricultores del país no pueden decidir por sí mismos.

Mucha de la caridad de las celebridades ricas es altamente conspicua y les encanta publicitarla con galas enormemente extravagantes donde pueden lucir sus joyas y ropa de alta costura. Dicen que hacen caridad para disminuir la tragedia de la desigualdad y la pobreza pero en realidad están realizando un espectáculo que de alguna manera intenta normalizar o justificar el enorme abismo que existe entre ellos y las personas que se supone que son beneficiarios de su magnanimidad.

Ya en el S.XVIII, Adam Smith no solamente señaló el deterioro moral de la idolatría por estas celebridades, sino que también apuntó directamente al meollo de la economía política. Las celebridades juegan un papel necesario en la creación y mantenimiento de la estratificación social: “[La] propensión a admirar, y casi adorar, a los ricos y a los poderosos, y despreciar o, al menos, ignorar a las personas de condición pobre y sencilla, aunque es necesaria tanto para establecer como para mantener el orden social es, al mismo tiempo, la causa mayor y más universal de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

¿Qué es exactamente lo que dan los ricos a los pobres? Dan más pobreza, más daño ambiental y más humillación. Hacen su papel caritativo dentro del marco de neoliberalismo y lo sostienen haciéndolo. Así que, por lo general, mi respuesta a tu pregunta es no: los ricos tan ricos no deben colaborar con donaciones destinadas a los pobres porque no deben existir. Su munificencia es liberticida. La explotación de unos humanos por otros es algo espantoso y aún peor cuando se tapa con las finas ropas de la caridad.

– El empresario Amancio Ortega donando a la sanidad pública para combatir el cáncer. ¿Qué opina sobre esta imagen?

– Lo encuentro horrible. Uno de los hombres más ricos del mundo puede obtener un beneficio fiscal de entre 108 y 123 millones de euros, gracias a la normativa tributaria que permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las fundaciones que realizan donaciones de este tipo. “Una buena parte de ese dinero lo pone la Administración a través del beneficio fiscal,” explica Carlos Cruzado presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Además, los 300 millones que Ortega ha donado a través de su fundación a la sanidad pública representan tan sólo la mitad de los casi 600 millones en impuestos que su empresa Zara ha eludido con ingeniería fiscal, según un informe presentado por Los Verdes en el Parlamento Europeo en 2016. En todo caso, la sanidad pública deber tener presupuesto propio. Una persona ajena del sistema no debe decidir cuánto dinero se invierte y donde (como lo hace Bill Gates con la OMS).

En general, el filantrocapitalismo (un oxímoron) tipo Ortega tiene cinco características inaceptables: 1) Utiliza un enfoque del desarrollo basado en el mercado y hace hincapié en la medición de los resultados y el impacto: algoritmos y no indicadores humanos; 2) Las fundaciones filantrópicas pueden tener una influencia despótica en las agendas políticas; 3) La gobernanza mundial se ve debilitada por la influencia antidemocrática de entidades caritativas que, en su calidad de principales financiadores, toman las decisiones en las asociaciones internacionales, devalúan los órganos públicos e ignoran las necesidades locales; 4) Hay una ausencia general de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: y 5) El filantrocapitalismo es una relación de poder y los receptores tienen poco o nada que decir sobre cómo deben ser «ayudados», incluso cuando saben que la ayuda es realmente perjudicial para ellos y su forma de vida.

– ¿Cómo valora el sistema fiscal español?

– No soy economista, así que no puedo dar una respuesta técnica. Según un artículo en El País, España sufre una pérdida anual de ingresos fiscales de entre 50.000 y 60.000 millones de euros, que principalmente se debe al fraude y a la elusión fiscal realizadas por las grandes empresas a través de los paraísos fiscales. Hay consecuencias graves. Debilita al Estado y afecta a la calidad de los servicios públicos y sus recursos. Aumenta el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos: el fraude fiscal le cuesta a cada contribuyente español 2.000 euros anuales para tapar el agujero que provocan los defraudadores. Y perjudica los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la legislación.

El fraude fiscal es un problema grave por todas partes y va ligado con el hecho de que hay ricos muy poderosos que actúan con impunidad, a menudo escondiéndose detrás de las organizaciones benéficas. Aquí citaría las declaraciones que hizo el historiador holandés Rutger Bregman en el último Foro de Davos: “La industria debería dejar de hablar de filantropía y comenzar a hablar de impuestos. Eso es: impuestos, impuestos e impuestos. He visto cómo 1.500 personas han viajado a Davos en un jet privado para escuchar a David Attenborough hablar sobre el cambio climático, pero nadie para conversar sobre aumentar el impuesto de los ricos o luchar contra el fraude fiscal”.

– Su apuesta es en favor de una renta básica universal. ¿Se puede financiar hoy en día? ¿Qué ejemplos hay de ello?

– Mi coautor, Daniel Raventós, y sus colegas han realizado estudios detallados que muestran cómo se puede financiar una renta básica universal en España con un modelo de aplicación universal. Citaré algunos de los resultados tal como aparecen en nuestro libro. A partir de una enorme base de datos sobre el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) del Reino de España, se ha demostrado que es posible financiar una renta básica equivalente al umbral de la pobreza para todas las personas que viven en él.

Un tipo impositivo único del 49% puede financiar una renta básica para alrededor de 34,3 millones de personas (casi 28 millones de adultos y más de 6,5 millones de menores), mientras que los niveles preexistentes de ingresos fiscales quedarían garantizados. Además, incluye a los 9,4 millones de personas no detectadas en los datos del IRPF, lo que significa que 43,7 millones de ciudadanos y residentes acreditados en el Reino de España podrían recibir una renta básica. Con una renta básica, la situación del 61,7 % de declarantes mejoraría. Esta cifra asciende al 75%, cuando se incluye a las personas dependientes de los contribuyentes, ya que la renta básica se paga a individuos. Por consiguiente, las cifras para los que pierden son del 38,3 y del 25%, respectivamente.

Es posible financiar una renta básica igual al umbral de pobreza sin tocar ni un solo céntimo de los ingresos fiscales anteriores a la reforma que proponemos, lo que significa que el gasto social actualmente financiado con el IRPF, básicamente sanidad y educación, permanecería intacto. Además, si los ricos declararan sus fortunas como es debido, no cabe duda de que sería aún más fácil financiar la renta básica. Hay proyectos piloto en otras partes del mundo pero, que yo sepa, el estudio de Raventós y sus colegas economistas es el único que se ha llevado a cabo con tanto detalle y, en particular, con vistas a financiar una renta básica universal e incondicional por encima del umbral de la pobreza y a dejar intactos, e incluso mejorados, los servicios públicos.

– Los principales sindicatos no incluyen una renta básica entre sus reivindicaciones cotidianas. ¿Cómo les convencería de que lo hicieran?

– Aquí citaré un artículo de Daniel Raventós en Sin Permiso que resume las objeciones principales de los sindicatos y responde a ellas. 1) «La renta básica socavaría la capacidad de los sindicatos de acción colectiva porque aumenta el poder de negociación individual de los trabajadores, creando así una situación de supervivencia de los más espabilados»Es cierto que los trabajadores que reciben una renta básica tendrían más margen para decidir como individuos cuando sus condiciones de trabajo son intolerables, pero esto no significa que el poder colectivo del sindicato se debilite. De hecho, una renta básica funcionaría como un fondo de resistencia en huelgas prolongadas, que de otra manera serían muy difíciles de sostener.

2) «La mayor parte de la afiliación sindical, constituida por trabajadores a tiempo completo con contratos estables y bastante bien remunerados, piensan que podrían salir perdiendo económicamente debido a las reformas fiscales necesarias para financiar la Renta Básica». Los contratos estables a tiempo completo ya son una rareza. A diferencia del conservadurismo de unos pocos trabajadores relativamente bien pagados hay un gran número de personas que trabajan en condiciones precarias y que se beneficiarían mucho de una renta básica.

3) «La Renta Básica es un pretexto para desmantelar el estado de bienestar, un mero “cheque” a cambio de la privatización y degradación de lo que antes eran buenos servicios públicos». El reclamo erróneo sobre la destrucción de los servicios de bienestar se ha vuelto tan generalizado que en el Congreso Internacional de la BIEN (Basic Income Earth Network, Seúl 2016), la mayoría de los miembros acordaron apoyar un Ingreso Básico que se opone a la sustitución de los servicios o derechos sociales, si esta sustitución empeora la situación de las personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de bajos ingresos. Una Renta Básica financiada a través de la tributación progresiva mantendría y fortalecería el Estado del bienestar, que sería mucho más ágil sin el engorroso aparato intrusivo que requieren las subvenciones condicionadas.

4) «Los empresarios harían presión para reducir los salarios ya que con la renta básica argumentarían que parte de los salarios estarían cubiertos». Es el mismo argumento que se ha dado por parte de los sindicatos en Italia, por ejemplo, para impedir que se instaure un salario mínimo interprofesional. Opinión que los sindicatos de los Estados en donde existe un salario mínimo interprofesional no solamente no comparten sino que la discrepan fuertemente.

5) «Siendo una propuesta que desvincula la existencia material del empleo y de los derechos a él relacionados, la renta básica se opone a la cultura del empleo y la idea predominante según la cual el trabajo remunerado da dignidad a la gente y lo demás son paliativos». Sin discutir los efectos que la robotización tendrá en el trabajo, se puede afirmar que la renta básica no es incompatible ni se opone al empleo. Aporta una forma flexible de compartirlo. Este argumento ignora completamente el valor del trabajo voluntario y doméstico. El suelo firme que proporciona la renta básica permite un movimiento más fluido entre empleo, formación y familia y el reparto del tiempo de trabajo se vería incentivado porque personas que en algún momento de su vida precisasen de mayor tiempo por distintas razones (cuidado de alguna persona, estudios, descanso…) tendrían mayores posibilidades de elegir.

6) «La renta básica podría adormecer o apaciguar la capacidad de lucha de la clase trabajadora al asegurarle una mínima existencia y ello comportaría que los empresarios puedan hacer y deshacer sus proyectos con mayor tranquilidad». La situación provocada por la crisis económica y las políticas económicas que se han puesto en funcionamiento en consecuencia, ha provocado una situación de miedo a perder el puesto de trabajo y a aceptar cada vez condiciones de trabajo peores. El efecto disciplinador que supone una cantidad muy elevada de trabajadores en paro actúa de forma implacable. Una renta básica destrozaría este efecto disciplinador contra la población trabajadora. Algo que los sindicatos deberían valorar muy seriamente.

– Los partidos políticos de izquierdas, tampoco. ¿A qué cree que es debido?

– No lo sé. Cuesta entenderlo. Una de las razones es que no se entiende bien la renta básica, quizá sobre todo porque lo crean, equivocadamente, una forma de desmantelar los servicios públicos. Luego, varios observadores influyentes de la izquierda lo tildan de estafa de los oligarcas. O puede ser que los partidos lo temen por la reacción que esperan de los poderes fácticos, de los banqueros, de los ciudadanos más ricos y de los medios de comunicación. O incluso quizá porque, en última instancia, al potenciar la base de la sociedad, podría ser una medida altamente democratizadora, especialmente para las mujeres.

Hoy en día, los nuevos estudios están demostrando que sería una medida muy feminista. Pero, históricamente hablando, los partidos políticos de izquierdas, principalmente liderados por hombres, no han sido muy audaces (o de izquierdas) cuando se trata de reformas radicalmente democráticas. O cuando se trata del feminismo.

– En definitiva, ¿es hoy una renta básica una utopía?

– No. Porque no se puede hacer una sociedad perfecta (de humanos muy imperfectos). Tal vez sería más pertinente preguntar: ¿es revolucionario el ingreso básico? No lo es, pero tampoco lo son reformas como los aumentos salariales, más poder para los sindicatos, sistemas generosos de salud pública, educación y vivienda, el gobierno responsable, transparente y ético, los derechos de mujeres y de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales…

El capitalismo es un problema grave para cualquiera que quiera una sociedad decente. Ha causado la extinción de unas 550 especies en los últimos 100 años, y ha llevado a todo el planeta a los terrores de la era antropocena. Necesitamos respuestas muy radicales para llevar a cabo un cambio total. La renta básica es “reformista” en el sentido clásico de la palabra, aunque podría representar un paso revolucionario hacia una sociedad más libre, más justa y más decente, precisamente porque es una medida universal que seguramente reforzaría los derechos humanos universales. Y, en el fondo y políticamente hablando, «universal» es una categoría muy radical. De todas formas, ¿quién tiene ahora mismo una idea mejor para derrotar definitivamente al sistema capitalista, que es un asunto de gran urgencia para todo el planeta?

 

08/07/2019

 

Julie Wark, autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

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El Banco Mundial pide a América Latina fortalecer las redes de protección social ante la crisis

El organismo multilateral advierte que los ciclos de desaceleración económica golpean con más fuerza a los sectores más pobres

En “tiempos desafiantes” para la economía latinoamericana, los países de la región deben prestar especial atención a los más pobres. Es imprescindible que los Gobiernos impulsen planes de protección social que atemperen el impacto de la desaceleración de los indicadores y permitan sostener en el tiempo el terreno ganado durante los períodos de bonanza en la lucha contra la pobreza. Estas son las conclusiones del último informe semestral regional del Banco Mundial (BM), titulado ¿Cómo afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en América Latina y el Caribe? Cuando los sueños enfrentan la realidad y presentado a finales de la semana pasada.

El escenario económico no es alentador para América Latina y el desafío de la pobreza aumenta, según el Banco Mundial. “Las expectativas iniciales de crecimiento en 2018 no se cumplieron y las proyecciones para 2019 se han deteriorado. La región creció 0,7% en 2018. Las principales razones de este débil crecimiento en 2018 son una contracción de 2,5% en Argentina, la lenta recuperación de Brasil luego de la recesión de 2015 y 2016, el crecimiento anémico de México debido a la incertidumbre política y el colapso de la economía venezolana”, dice el Banco Mundial, que advierte que “el escaso crecimiento económico está teniendo un impacto predecible en los indicadores sociales”. Si no se toma en cuenta a Venezuela, el caso más dramático ha sido Brasil, que “experimentó un aumento de la pobreza monetaria de aproximadamente tres puntos entre 2014 y 2017”. El dato brasileño es especialmente relevante porque el país representa un tercio de la población de la región.


La pobreza, por lo tanto, debe estar en la agenda política y económica de los gobiernos, donde los planes de contención no abundan. “Los programas sociales que ayudan a absorber el impacto de las crisis económicas son comunes en los países desarrollados, pero no están lo suficientemente extendidos en esta parte del mundo”, dijo Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Esta es una agenda social pendiente en la región para asegurar que aquellos que recientemente escaparon de la pobreza no den ningún paso atrás”, agrega.


Végh se refiere así a los millones de latinoamericanos que salieron de la pobreza durante la llamada Década de Oro de las materias primas (2003-2013), una etapa donde los indicadores sociales mejoraron notablemente. La pobreza monetaria, medida sobre la base de un ingreso de 5,50 dólares diarios, pasó del 42,2% en 2003 a 23,4% en 2014. La pregunta que se hace ahora el Banco Mundial es: “¿Qué proporción de la caída fue permanente y qué proporción fue transitoria?” “La importancia relativa de la reducción permanente frente a la reducción temporaria de la pobreza tiene implicaciones cruciales para medir la verdadera magnitud de la caída en la pobreza y qué tan duradera será, y las políticas públicas que pueden implementarse para lograr caídas permanentes en la pobreza en lugar de temporarias”, dice el informe.


El BM pone especial atención en que un combate serio de la pobreza necesita de mediciones comparables. Los analistas que celebran las bajadas de la pobreza durante las fases económicas expansivas “obtendrían conclusiones muy distintas si evaluaran el cambio en la pobreza durante un ciclo económico completo (es decir, auge y recesión)”, dice el informe. “La importancia del componente cíclico en los indicadores sociales se magnifica en el caso de los mercados emergentes sujetos a grandes shocks externos. Todos estos shocks son de naturaleza cíclica, por lo que tenderán a amplificar los ciclos económicos de los mercados emergentes y, a su vez, los componentes transitorios de los indicadores sociales”, agrega el Banco Mundial. Por eso insiste en que son necesarias políticas distributivas de largo aliento. El Banco reconoce, con todo, que durante la Década de Oro América Latina ha avanzado mucho en ese sentido.


Los Gobiernos de izquierda que dominaron la política regional impulsaron programas de ayuda que ahora han logrado atemperar el impacto de la crisis. El más notable fue el programa Bolsa Familia en Brasil, que condicionó la ayuda al cumplimiento de ciertos criterios de salud y educación que quedaron en manos de los beneficiarios. Sin embargo, el ejemplo no cunde en toda la región.


“En tiempos desafiantes para la economía, es más importante que nunca que los países hagan las reformas necesarias para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo. No podemos dar por sentados los logros recientes en la reducción de la pobreza y debemos redoblar los esfuerzos para consolidarlos y aprovecharlos”, dijo Axel van Trotsenburg, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe. Se trata, en cualquier caso, de que en tiempos de bonanza los países puedan “controlar de alguna forma los efectos cíclicos sobre la pobreza antes de celebrar cualquier logro como permanente”. El desafío se torna especialmente complejo cuando arrecia la tormenta.

Por FEDERICO RIVAS MOLINA
Buenos Aires 7 ABR 2019 - 11:58 COT

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Estados Unidos: del sueño a la pesadilla americana

La igualdad de oportunidades se ha visto especialmente dañada en la mayor economía del planeta


Si un estadounidense quisiera vivir el sueño americano quizá debería viajar a España. Esta es una de las conclusiones que entre cifras y palabras se puede filtrar del informe de la OCDE ¿Un ascensor social roto? Cómo promover la movilidad social. Un español tarda unos 120 años en pasar de la pobreza a los ingresos medios, frente a los 150 de un estadounidense. La distancia que existe entre cuatro y cinco generaciones. El caso es que si analizamos la denominada curva del Gran Gatsby, que relaciona la baja movilidad con la elevada desigualdad, la tierra de las oportunidades refleja una imagen más injusta que la española.


Es el desfigurado retrato de una de las sociedades con mayor inequidad del planeta. En España, el 1% de las personas más ricas del país recibe el 8,6% de la renta nacional. El porcentaje, en la otra orilla del Atlántico, sube al 20,8%. Pero el país lo soporta porque esa desigualdad impregna la esencia de su mitología. Estados Unidos adora las buenas historias que llevan de la nada a la riqueza. La de la presentadora Oprah Winfrey, por ejemplo, ha sido mil veces contada. Su ascensión de una niñez pobre en el sur rural a multimillonaria estrella de los medios de comunicación. “El sueño americano sigue vivo, con más trabas, pero vivo”, defiende Jorge Pérez, de 69 años, uno de los empresarios latinos más ricos del mundo, quien ha forjado un imperio en el sector inmobiliario a través de su empresa, situada en Miami, The Related Group. “Yo soy un ejemplo perfecto. Nací en Cuba, viví en Colombia y fui a la universidad en Estados Unidos, sin tener un centavo, gracias a las becas. Allí abrí un negocio de la nada que hoy construye miles de millones de dólares en bienes raíces [terrenos y viviendas]”.


Sin embargo, el sueño, a veces, funde a negro. Desde la Edad Dorada (1870-1890) la mayor potencia económica del mundo no tenía unos índices de desigualdad tan elevados. El salario medio estadounidense lleva estancado casi cincuenta años y cada vez menos jóvenes piensan que les irá mejor que a sus progenitores. “Hay un ejemplo muy nítido: el 90% de los chicos nacidos en 1940 en Estados Unidos ganaba más que sus padres, pero solo el 50% de los chavales que nacieron en 1980 han sido capaces de lograr lo mismo”, advierte Ryan Rippel, director de movilidad económica de la Fundación Bill & Melinda Gates.


Este estancamiento tiene muchos culpables: el mercado laboral, la accesibilidad a la vivienda, la clase de barrio, el racismo estructural. “Cuando los niños crecen en el mismo vecindario, con padres que tienen ingresos similares, a los chicos afroamericanos les va peor en la vida que a los blancos del mismo entorno”, sostiene Ryan Rippel. Y todo puede empeorar. Aún se aguarda el impacto de la “innovación radical”. “Podemos estar acercándonos a una revolución definida por el pleno empleo, baja productividad, altos márgenes empresariales y elevada desigualdad”, prevé Christophe Donay, director de análisis macroeconómico de la gestora Pictet WM. Esta inequidad y el declive postindustrial justifican, por ejemplo, el coste humano y económico (unos 69.000 millones de euros anuales) de la epidemia del consumo opio en Estados Unidos. Un angustioso relato de cómo el analgésico más antiguo conocido por el hombre anestesia el dolor de la democracia liberal más avanzada del planeta. El mundo rota impulsado por sus propios contrasentidos.

Por Miguel Ángel García Vega
Madrid 24 MAR 2019 - 11:01 COT

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Pentecostalismo y movimientos sociales en Brasil

A raíz de los últimos acontecimientos en Brasil, publicamos este artículo de Raúl Zibechi sobre las Iglesias evangélicas en ese pais sudamericano, con el fin de abonar al análisis de la actualidad


Entre diversos movimientos sociales latinomericanos se abre paso una nueva lectura sobre el papel que están jugando las iglesias pentecostales en las barriadas pobres de las periferias urbanas, y las consecuencias políticas que pueden tener.

“El pentecostalismo es el mayor movimiento autoorganizado de los pobres urbanos de todos el mundo”, asegura el urbanista estadounidense Mike Davis. Sus opiniones sobre este movimiento religioso suelen ser rechazadas de plano por muchos intelectuales de izquierda. Sin embargo, Davis está convencido que “mucha gente de izquierda ha cometido el error de dar por supuesto que el pentecostalismo es una fuerza reccionaria, y no es así” (Davis, 2006).


Mike Davis no sólo provoca. Abre las mentes para investigar sin prejuicios ideológicos y para mirar la realidad desde las necesidades de la gente. Se explica: entre los pobres urbanos de América Latina, el pentecostalismo es una religión de mujeres que produce beneficios materiales reales. “Las mujeres que se integran en la iglesia y que pueden arrastrar a sus maridos a que también se impliquen en las mismas, a menudo disfrutan de notables mejoras en sus niveles de vida: los hombres reducen sus propensión a emborracharse, o a ir con prostitutas, o a gastarse todo el dinero en el juego”.


Habría que sumar que disminuye también la violencia doméstica. Davis considera que uno de los grandes atractivos del pentecostalismo, es que “se trata de una especie de sistema sanitario paralelo”. Para los pobres, la salud implica una situación de crisis permanente, capaz de desestabilizar sus vidas, toda vez que el neoliberalismo desestructuró los servicios estatales de salud y las medicinas tienen precios inalcanzables. Constata que en las barriadas periféricas los pentecostales han conseguido buenos resultados en la reducción del alcoholismo, las neurosis y las obsesiones. Con algo de ironíal, lo define como un “sistema de reparto a domicilio de salud espiritual”.


Brasil, paraíso de los pentecostales


A mediados de agosto de 2008, un grupo de activistas de movimientos sociales urbanos convocó un encuentro en Brasilia denominado “Curso de Pensamientos Heterodoxos”. Durante tres días un centenar de jóvenes debatieron sobre el trabajo social en las periferias urbanas. Marco Fernandes, historiador y sicólogo social que participa en Comuna Urbana Dom Hélder Câmara[1], mostró su interés en profundizar la cuestión de las iglesias pentecostales y llegó a conclusiones muy similares a las de Mike Davis.


En Brasil la religión católica está en crisis. En 1980, el 89 por ciento de la población brasileña se declaraba católica; en el censo de 2000 la cifra bajó a 74 por ciento para caer al 64 por ciento en 2007, cuando el Papa visitó el país. En 1980, Juan Pablo II congregó dos millones de personas, pero en 2007 Benedicto XVI apenas llegó a los 800 mil.


Estuvo lejos de batir los récords de otras concentraciones de masas. Tres millones congregó en Sao Paulo el último día del orgullo gay; 1,5 millones asistieron al show de Rolling Stones en Rio de Janeiro y, para escarnio del Vaticano, las iglesias evangélicas congregan todos los años un millón de fieles en la Marcha por Jesús.


Brasil es a la vez el país con mayor número de católicos pero también con el mayor número de pentecostales del mundo. Son 24 millones de fieles, frente a sólo 5,8 millones en Estados Unidos, donde surgió esa vertiente del protestantismo.


Pero los pentecostales no son sólo una fuerza religiosa sino también social y política. Ironía de la historia, el mayor partido de izquierda del continente, el PT (Partido de los Trabajadores) que fue creado junto a la iglesia católica, llegó al gobierno con un vicepresidente pentecostal, José Alencar. La Iglesia Universal del Reino de Dios, a la que pertenece, controla 70 emisoras de televisión, más de 50 radios, un banco, varios diarios y tiene 3.500 templos (Esnal, 2006). La Red Record disputa el primer lugar de la audiencia con la mítica Globo, y factura mil millones de dólares al año.


Los pentecostales cuentan con 61 diputados frente a 91 que se declaran católicos militantes, en un total de 550 diputados. El Partido Republicano Brasileño (PRB), vinculado a la Iglesia Universal, creado en 2005, al que pertenece el vicepresidente, es la fuerza política con mayor crecimiento en el país.


“Cualquiera que viva en las periferias urbanas del Brasil de hoy, y yo hace años que vivo allí, puede constatar que este es un fenómeno importante. Muchos compañeros del movimiento sin techo también participan en la iglesia pentecostal del barrio. No podemos olvidar que la religión jugó un papel importante en la formación de nuestra izquierda”, dice Marco (Zibechi, 2008).


Para acercarse al desafío que representan los pentecostales para los movimientos sociales, sostiene que hay que abandonar prejuicios ideológicos. Por algo, dice, el PRB pasó en apenas un año “de mil afiliados a cien mil”, algo que ningún otro partido ha podido hacer. Su intención, en primer lugar, es comprender porqué consiguen movilizar tanta gente, superar incluso la convocatoria de los recitales de los Rolling Stones en Brasil. “La Iglesia Universal hace un par de meses convocó un acto en la playa de Botafogo, en Rio, para recolectar fondos para ampliar su red de radio y fueron 650 mil personas, en una ciudad que tiene 10 millones. En Sao Paulo la Marcha por Jesús que organizan todas las iglesias pentecostales, convocó el año pasado 2,5 millones de personas”.


Una alternativa en la favela


Marco asegura que en las favelas los pentecostales no sólo consiguen que mucha gente abandone el alcohol, sino que en ocasiones logran que se aparten del narcotráfico y de la delincuencia. Y lo consiguen sin presiones. “Todo consiste en darle alternativas a la gente y esperanzas de un futuro mejor. Anoche escuché la radio pentecostal, una de tantas. Llamó por teléfono un tipo que estaba desocupado y bebe mucho. El pastor le dijo: Yo quiero que sepas que yo también tuve este problema”. Los pastores se colocan en el lugar de la gente, antes de darles consejos.


Marco relata una historia personal. Hace un año sufrió una fuerte depresión ante la muerte de uno de sus mejores amigos, asesinado en la favela, que coincidió con un accidente que sufrieron varios compañeros del movimiento. “Estaba solo en casa, me sentía muy mal y salí a la calle y unos amigos me dicen de ir a la iglesia pentecostal del barrio. Como no sentía bien, fui con ellos. Lo normal en estos casos es que te sientes a un costado para pasar disimulado. Pero se me acercó una mujer de la iglesia y nos dijo que éramos invitados especiales y nos puso en el frente, delante de todos. Nos presentaron, nos llamaron por nuestros nombres y nos dieron la bienvenida con cantos, eran unas 50 personas”.


Sintió un trato directo y personal, y una acogida muy cálida, algo que se le resultó inesperado. “Comenzó el culto con tres pastores. Primero llega un grupo de chicas jóvenes cantando y dando gracias a dios. Cantan muy bonito porque ensayan mucho, con palmas, con movimientos rítmicos. Después un grupo de señoras de unos 40 años, con la banda de la iglesia y bailan un ritmo de samba pero con letras pentecostales. Al final un duo de chicas muy jóvenes, adolescentes, cantando y bailando. Todo eso duró como dos horas y luego los tres pastores hablaron, pero apenas veinte minutos, leyendo la Biblia. O sea, fue una fiesta popular, una peña, donde el mensaje pentecostal no era lo central”.


Marco, que es ateo, confesó que salió muy bien de la iglesia, que había desparecido la angustia y se sentía más “liviano”. “Me sorprendió la disposición de las sillas, no es como la iglesia tradicional, sino un círculo grande como hacemos en los movimientos, la gente se mira mientras canta, mientras hace toda esa catarsis colectiva. Y mientras estaba allí pensaba que nosotros podíamos hacer esas cosas en nuestros movimientos”.


Cuando nos dispusimos a analizar las relaciones a escala micro entre las iglesias pentecostales y los vecinos de los barrios, aparecieron algunos detalles que explica el éxito de estas religiones. “La gente tiene en sus barrios una vida monótona, donde los domingos no hay nada para hacer, porque el barrio es feo, no tiene servicios, ni cine, ni teatro ni cancha de fútbol. En esos barrios la única posibilidad de tener una experiencai agradable es ir a la iglesia pentecostal, donde va a tener una experiencia estética impresionante, con música, con baile, porque no van en busca de la verdad sino para vivir un momento agradable, encontrar o ahcer amigos, sentirse parte de una comunidad”.


Por otro lado, las iglesias pentecostales tienen guarderías donde las madres pueden dejar a sus niños mientras participan en el culto. No debe olvidarse, que tanto en los movimientos de las periferias como en las iglesias de esos barrios las personas más activas son, siempre y en todos los casos, las mujeres madres. En general, son mujeres jóvenes, menores de 30 años, con varios hijos, sin pareja o con parejas ocasionales, sobre ellas recae la sobrevivencia de la familia. Y también necesitan divertirse.


“Por otro lado”, dice Marco, “en el culto hay colores, los olores del incienso, además del canto y la música, que facilitan la catarsis. La gente se viste muy tradicional, por supuesto las jóvenes no usan minifalda sino faldas largas y los varones muchas veces de traje al culto. Un alabañil de traje se siente de otra manera”. Por catarsis entiende una conmoción interna que produce una sensación de bienstar, similar a la que puede vivirse en un recital de rock o en un partido de fútbol.


Más allá de la religión


En otros países de América Latina se pueden constatar preocupaciones similares a las de Marco entre los activistas sociales. Entre piqueteros argentinos y entre campesinos organizados de Guatemala, se registran intentos por comprender als razones por las cuales tantos activistas de los movimientos asisten a las iglesias pentecostales.


Lo cierto es que los discursos anticlericales de la izquierda parecen funcionar sólo para los intelectuales, que tradicionalmente se resistieron a comprender la función simbólica de las religiones, pero ahora también las consecuencias materiales positivas para sus miembros. La Iglesia Universal, por ejemplo, tiene especialistas en micro emprendimientos, que orientan a los fieles para instalar sus pequeñas empresas y de alguna forma las ayudan a resolver el problema del desempleo.


Marco explica las enormes diferencias existentes entre las realidad actual y la que existía en la década 1960 entre los sectores populares en el período en el que las comunidades eclesiales de base (CEBS), contribuyeron al nacimiento de varios movimientos, entre ellos los sin tierra, la central de trabajadores (CUT) y el propio PT. “Las CEBS tenían una práctica muy racional, adecuada para personas escolarizadas. Por eso separaron de sus rituales la religiosidad popular más catártica, como la que se da en los cultos afro, por prejuicios que dicen que se trata de formas de alienación, que en su opinión desviaban el foco de la concientización política”.


La matriz racional de las comunidades de base implica métodos de lectura colectiva de la Biblia como forma de comprensión de la realidad. “Era adecuado para un período en el que predominaban la familia nuclear más o menos estructurada, el trabajador de la industria o los servicios con un empleo fijo, los niños en la escuela y un futuro por delante. Con el neoliberalismo todo eso se terminó para los sectores populares y aquellos métodos no funcionan. Acá el protagonista ya no es el obrero calificado, sino la mujer y sus hijos, que no tienen futuro en esta sociedad”, asegura Marco.


Por otro lado, la religión pentecostal permite que cualquier persona tenga un contacto directo con el espíritu santo sin la mediación del pastor. “Ese contacto directo es la catarsis, la fiesta, que es lo que desea la gente cuando no tiene futuro en una sociedad que no le deja ningún lugar”.


La mayor parte de los fieles de los barrios no pertenece las grandes iglesia, como la Universal o la Asamblea de Dios, sino a las pequeñas iglesias ocn fuerte arraigo territorial. “Uno puede pensar que cuanto más pequeñas son las iglesias las relaciones son más directas, cara a cara. La gente que vive en la misma cuadra no se conoce, pero se descubre en el culto del domingo”. En muchos barrios de la periferia, la única construcción pintada, bonita pero no ostentosa, es la iglesia pentecostal, que a menudo las pinta la propia gente del barrio. La iglesia pentecostal crae sentido de pertenencia, de comunidad.


Muchos activistas sienten cierto pesimismo a la hora de poder hacer compatible el trabajo de organización de los movimientos sociales con las iglesias pentecostales. Recuerdan que las comunidades eclesiales de base de la iglesia católica nacieron en un contexto político muy diferente, y en el marco del Concilio Vaticano II que promovía la justicia social y defendía la “oipción por los pobres”.


“Mientras los católicos nunca aprobaron la riqueza, y esto puede verse incluso en un papa conservador como Benedicto XVI, aunque puede decirse que este es un doble discurso, los pentecostales hacen un culto del enriquecimiento individual. Por eso creo que es difícil que se vinculen a los movimientos sociales, aunque hay pequeños sectores que sí o hacen”, dice Marco.


Lo interesante es que la reflexión ideologizada va quedando atrás. El deseo de belleza, de comunión a través de la música y la danza, es parte de la práctica del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, lo que ellos denominan “mística” y que juega un papel relevante en la consolidación de los colectivos que ocupan tierras. Pero no ha sido incoporada por la mayor parte de los movimientos sociales, sobre todo en las periferias urbanas. “Cada vez estoy más convencido –añade Marco- que si los movimientos sociales no somos capaces de comprender que la gente tiene hambre de belleza, de alegría, no vamos a crecer ni vamos a llegar a la población que más necesita los cambios”.


Un discurso crudamente materialista, ha hecho de los problemas económicos una preocupación casi excluyente para la mayor parte de las izquierdas, que provienen de las clases medias universitarias que tienen la convicción de que los pastores pastores pentecostales explotan la ignorancia del pueblo, en referencia al dinero que aportan los fieles. Desde su experiencia como sicólogo, Marco lo ve de otro modo: “Se olvidan que la gente cuando empieza a ir a las iglesias empieza a sentirse mejor, reconstruyen sus vidas, y claro, quién no pagaría algún dinero por eso. A la clase media no le parece absurdo pagar mucho dinero por una sesión de sicoanálisis, por sólo 50 minutos con un señor que apenas te habla y ni te mira. Pero eso parece correcto, es una práctica reconocida, ‘científica’. Pero eso no funciona para las clases populares”.


Referencias


Raúl Zibechi (2008) entrevista a Marco Fernandes, Brasilia, 9 de agosto.
Davis, Mike (2006) “De la ciudad de Blade Runner a la de Black Hawk derribado”, entrevista, 30 de julio en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=689 (Consulta, 30 de mayo de 2014).
Esnal, Luis (2006)“Brasil: la hora de los pentecostales”, Buenos Aires, La Nación, 20 de agosto.
*Publicado en Programa de las Américas en setiembre de 2008.
[1] Es un empredimiento urbano del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el municipio Jandira, de São Paulo, donde viven 128 familias que construyeron sus viviendas mediante trabajos colectivos.

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Alrededor de 2.000 personas están en situación de calle en Uruguay / Foto: Leónidas Martínez

Un seminario realizado en Montevideo esta semana obligó a trazar un mapa de los sin techo en la región. Invisibles e ignorados por algunos gobiernos, perseguidos y asesinados por otros o, en el mejor de los casos, empoderados e involucrados en la toma de decisiones. Desde esas perspectivas tan distintas surgen políticas a imitar y repudiar.

En Colombia, a los habitantes de la calle los matan de madrugada, la mayoría de las veces, la policía. Según el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en tres años hubo 2.700 violaciones a los derechos humanos contra “os moradores de rua”. Hasta no hace tanto, en Paraguay, los niños de la calle o “pirañitas” eran detenidos con autorización judicial por la policía, torturados y hasta desaparecidos. Los relatos surgen de militantes y técnicos que trabajan en los seis países que integran la Red Calle Latinoamericana –Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay– reunidos el martes y miércoles en un seminario internacional.

Pedro Cabrera –doctor en sociología y uno de los consultores contratado por la red para evaluar las políticas públicas destinadas a esta población–, arrancó diciendo que los seis países son “enormemente distintos. Mientras que en Uruguay son poco más de 3 millones y las personas en situación de calle unas 2 mil, en Brasil son alrededor de 215 millones, y sin techo, no sabemos”. En Paraguay, por otra parte, “distinguir a personas en situación de calle de las decenas de miles que se encuentran viviendo bajo chapa de zinc y cartón es un ejercicio verdaderamente complicado, y cuando digo bajo chapa de zinc y cartón, hablo del centro de Asunción, enfrente al Congreso, acampando en la Plaza de Armas”.

En todos los países de la red, la Iglesia fue el primer actor que trabajó con esta población, “y en la década del 90 el Estado, gradualmente, empezó a asumir sus responsabilidades, sobre todo en las grandes ciudades, en general capitales”, cuenta el doctor en antropología, también consultor de la red, Santiago Bachiller. Y en los seis países los programas para personas en situación de calle partieron de los ministerios de Salud y sólo en algunos casos viraron hacia enfoques más estructurales a través de los ministerios de Desarrollo Social. Pero en todos los casos, y pese a que los ministerios de Salud sean de los más presentes, “los programas sanitarios, en general, y los de salud mental y de adicciones, en particular, brillan por su ausencia o son insuficientes”, plantea Bachiller.

 

TECHO Y TRABAJO

 

Sin embargo, los ministerios de Trabajo estuvieron directamente “ausentes en las reuniones que hicimos en los seis países; eso ya es muy sintomático de los problemas de interinstitucionalidad y de que ciertas dependencias no se terminan de hacer responsables de sus funciones”, señala Bachiller, algo que ocurre en cierta medida también con los ministerios de Vivienda.

“En el caso uruguayo, el Mides actúa en aislamiento y no logra que otras dependencias estatales asuman sus responsabilidades. Lo que se escucha en el Mides es que si se trata de un asunto de pobres, automáticamente se lo cargan a ellos”, plantea el antropólogo.

Para Natalia Pintado –encargada del equipo móvil de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle–, es “un retroceso” que tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad vean al Mides como el único responsable de velar por los derechos de las personas en situación de calle. Pero además, a su equipo le preocupa que esa misma lógica se esté reproduciendo a la interna del ministerio. “El manto ‘calle’ impide que otros servicios actúen”, por ejemplo cuando alguien que está en situación de calle llega al ministerio y automáticamente es derivado al equipo móvil, “como si no pudieran hacer una consulta como cualquier otro ciudadano”.

Bachiller plantea que “está la idea de que el sujeto se desenganchó de la estructura social”, y sin embargo no hay una política de reinserción: “Se los toma como sujetos pasivos, pero la gente se gana la vida por sus propios medios. Empecemos por reconocer las estrategias de subsistencia cotidiana, porque si fuera por el Estado, se morirían. En el mejor de los casos hay un dispositivo que los saca temporalmente de la situación de calle, pero que no propone soluciones a una vida, en general, precaria”.

Más tarde, en diálogo con Brecha, Cabrera se preguntará y se responderá: “¿Por qué sale la gente de la calle? Porque consigue ingresos regulares. Pero si la red de atención no tiene claro cómo reconectarla con el mundo del trabajo, la gente se va a quedar ahí embolsada, en una especie de complejo burocrático-asistencial. No digo que sea lo que pasa en los países de la red, que están muy lejos de crear un aparato con centros, instituciones y recursos, porque en algunos lados directamente no hay nada”.

 

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN

 

Si desde Colombia las organizaciones sociales denuncian que la policía ejecuta una operación “limpieza”, que no es otra cosa que una masacre con un saldo de 4.176 muertos en los últimos diez años (véase “Los ‘ñeros’ que faltan”), Costa Rica “ha sido el único sitio donde hemos tenido uniformados de la policía que trabajaban con personas en situación de calle y sabían cómo hacer un trabajo policial de corte mediador de conflictos”, plantea Cabrera.

Pero en Paraguay –“el país con menos políticas para gente en situación de calle”, dice Cabrera–, la represión estuvo dirigida incluso a los niños. Aunque la cosa haya empezado a cambiar en la última década, Jorge Luis Amarilla –funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Paraguay– cuenta que “en 2008 la solución que tenía el Estado para los niños en situación de calle era la tortura: picana eléctrica, la cabeza en el inodoro, asfixia. Cuando empezamos a intervenir en las comisarías, la cosa empezó a mermar, pero en algunos casos nosotros fuimos también detenidos”.

De vuelta en Costa Rica, donde “la existencia de redes a nivel local es muy intensa y muy real”, este país aparece como ejemplo o excepción: “Entienden que la gente que hoy está en la gestión se va a ir y si se quiere que las políticas perduren, es necesario que se les dé lugar a los movimientos sociales”, alega Bachiller, algo similar a lo que ocurre en Brasil, donde existen organizaciones integradas por personas en situación de calle que presionan y promueven un enfoque de derechos, además de tener voz en la discusión pública sobre su propia realidad. En los términos de Samuel Rodrigues –del Movimento Nacional da População de Rua–, “nosotros tenemos una activa participación en este tipo de encuentros”, desliza, a diferencia de lo que ocurrió el martes y el miércoles dentro de las paredes del salón Rojo del Edificio Mercosur, frente a la rambla del Parque Rodó (véase recuadro “Con las personas, no para las personas”).

Para Cabrera es complicado pensar en la “experiencia de internacionalidad que supone una organización de varios países para poner este tema en la agenda política”, porque “la historia de cada país y los impactos más recientes a nivel económico, la demografía, el nivel social” dejaron una huella que marca una impronta. Sin embargo, también indica que “las vidas sin techo han sido históricamente vidas sin derechos. Y lo siguen siendo. Lo que hemos visto en los países de la red no es muy diferente a lo que se puede ver en Bruselas, Roma, Madrid o Nueva York”.

 

AUSENTES Y MIGRANTES

 

Argentina es uno de los grandes ausentes, dicen los consultores del proyecto. Bachiller –argentino–, aclara que su país “se negó a participar de la red”, y es además un ejemplo de los diferentes criterios que se usan para definir lo que se entiende por “situación de calle” y por lo tanto construir una cifra o establecer su dimensión: el conteo “les viene dando mil personas, más allá de las coyunturas. Ni siquiera incluyen a los que están en un refugio. La situación es tan absurda que aquellos que duermen en una parada de colectivo no son contabilizados” porque se interpreta que si hay un techo, no hay situación de calle. Mientras, “a las organizaciones sociales que realizan su propio conteo les da que hay más de 5 mil personas”, apunta el porteño.

Cuando varios de los académicos y militantes hacen énfasis en que la solución primera pasa por el acceso a la vivienda –por ejemplo Leonardo Moreno Núñez, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de Chile, plantea que el problema es que la vivienda es cada vez más un bien de cambio, una mercancía más, en lugar de un bien de uso–, Bachiller acota que en los años del kirchnerismo, en Argentina se construyeron más de 900 mil viviendas –“no hay precedentes en la historia de mi país de algo similar”–, y sin embargo el déficit habitacional se incrementó, al igual que los conflictos por el acceso a la tierra: “Ahí está la diferencia entre construir viviendas y construir ciudad. Hubo una política que pensó en construir viviendas sin regular el mercado de suelos, lo que generó mayor cantidad de desplazados”. En Paraguay “el peso del déficit habitacional es bestial”, sostiene Cabrera y agrega que esos campamentos informales que se han instalado en la plaza frente al Congreso son alimentados –entre tantos– por poblaciones indígenas que han huido de sus tierras desplazados por el avance del cultivo de soja.

Venezuela, el otro ausente, no sólo tiene algunos problemas en su propia casa, sino que también los tiene puertas afuera. En el mundo, los extranjeros en situación de calle suelen ser los más vulnerables de esta expresión de máxima vulneración, y en Colombia y el norte de Brasil la cantidad de venezolanos en calle es alarmante. “La capacidad de captación y de retirada de la calle de los dispositivos de albergues operan con mayor eficacia sobre los nacionales. Y cuando la gente que está en la calle habla una lengua extranjera, ahí sí que es complicado”, plantea Cabrera.

En Uruguay “no es que no haya, pero afortunadamente no tiene ese carácter masivo y no tenemos por qué lidiar todavía con ese reto”, considera este sociólogo, a lo que Bachiller agrega: “De los países que conforman la red, el que tiene mayor tasa de inmigración es Costa Rica, y ahí sí tienen un problema con los inmigrantes nicaragüenses. Las estadísticas todavía no muestran que en Uruguay tenga un impacto demasiado importante, pero que en este momento no tengan este problema no quiere decir que no lo vayan a tener”. Cuando Bachiller hizo la investigación de su tesis de doctorado –entre 2004 y 2008 en la plaza Ópera, de Madrid–, los inmigrantes en España no eran una porción significativa de la población de calle: ahora son más del 60 por ciento de los que están a la intemperie.

Lo cierto es que el fenómeno se viene arrimando. Durante su intervención, Natalia Pintado advierte que la población con la que trabajan en el equipo móvil del Mides también la integran “personas que escapan de redes de tráfico e inmigrantes recién llegados al país”, y que “últimamente esta es la mayor dificultad que estamos encontrando, porque no estamos preparados para atender las problemáticas que tiene una persona que recién llega al país”.

Si bien en el Mides no cuentan con datos sistematizados sobre la cantidad de inmigrantes en situación de calle y su nacionalidad, indican que se percibe su presencia en los refugios y que, como el tema de la migración en general, este es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay.

 

POR CASA

 

Si se compara a la población uruguaya que duerme a la intemperie con la que asiste a los refugios, la primera es más masculina, joven, lleva más tiempo en la calle, en mayor medida por problemas vinculares y adicciones, mientras que en los refugios la calle se dio como resultado de problemas de salud mental. A la intemperie se encuentran personas con menor cantidad de años de escolarización, pero que trabajan más y reciben más ayuda de los vecinos. A su vez, 47 por ciento son ex presos, frente a un 24 por ciento de los que asisten a los refugios.

Con base en una encuesta realizada a ex usuarios de los refugios del Mides –“algunos cientos que pudimos encontrar porque son muy difíciles de ubicar”, aclara Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides–, más del 75 por ciento se refiere a aspectos positivos, como el aumento de los ingresos, el logro de un subsidio de alquiler, la recomposición de vínculos, la finalización de un tratamiento de salud. La mayoría dice, sin embargo, que logró salir del refugio por su propia cuenta.

Según las consideraciones preliminares del estudio que dio a conocer Labat, la gran mayoría reside en una vivienda –aunque dos de cada tres lo hacen en la casa de alguien más–, pero un 10 por ciento se encuentra en un hospital, una cárcel, una iglesia o volvió a un refugio o a la calle. Los empleos a los que han accedido son en gran medida precarios: trabajan como vendedores ambulantes, cuidacoches o en mantenimiento y limpieza.

“Si empezamos a sumar, tenemos medio millón de personas que tienen algún tipo de riesgo de estar en situación de calle”, aunque “el más alto es para aquellos que egresan de cárceles, del Inisa y de instituciones psiquiátricas”, plantea Labat, y agrega: “Estamos planteando la desinstitucionalización –el cierre de los manicomios, por ejemplo–, pero vemos que la gente en la práctica se está reinstitucionalizando”, al apelar a un refugio.

“No deberían producirse desinstitucionalizaciones sin saber el destino de las personas, sí que se garantice que el que sale, sale a algún sitio razonablemente digno”, plantea Cabrera. Y Bachiller advierte que “ustedes pueden llegar a tener un problema grave a futuro con toda esta lógica de desmanicomialización, porque a priori es una política progresista, pero si no es acompañada con recursos específicos, va a aumentar la población de calle, y al haber personas con problemas de salud mental, la intervención va a ser mucho más compleja y escandalosamente mediática”.

“Es importante que seamos honestos y asumamos que hay personas que van a requerir del apoyo de por vida del Estado… o de alguien”, y sin embargo, “muchas veces pensamos las políticas como transitorias”, plantea Pintado. Además, concluye que el hecho de que no se haya logrado trabajar con otros ministerios, desde otros enfoques, generó la saturación de los refugios, o dicho de otro modo, una falta de espacio para todos los que acuden al servicio. Eso, a su vez, derivó en el “desarrollo de argumentos meritocráticos” para asignar un cupo, y que los que no pueden sostener un proceso pierdan su lugar: “Aparece la idea de que no hicieron un buen uso y de alguna forma terminamos castigándolos. Por eso hoy dije que intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos, porque si bien logramos facilitar el acceso de la población a muchas prestaciones, a veces también terminamos revulnerando”.

Pintado cree que “se necesita generar otro tipo de oferta además del centro nocturno y pensar qué pasa con las personas durante el día”. Comprender que “si bien reivindicamos el trabajo sobre el vínculo, eso tiene su límite. Es necesario también mejorar la distribución del gasto” y asegurar aspectos que tienen que ver con “la materialidad”, como lo es una vivienda.

 


Brasil y sus movimientos sociales

 

Con las personas, no para las personas

 

La experiencia de Brasil está marcada por colectivos sociales que luchan para que los habitantes de la calle participen directamente en los procesos que los involucran. Es decir, una mirada de las políticas públicas desde un enfoque de derechos. “Hay que invitarlos a conversar y garantir que esas personas intervengan como controladores de la política pública, no como objetos de esa política”, resumió a Brecha Samuel Rodrigues, en representación del Movimento Nacional da População de Rua. Así es como en ese país las personas en situación de calle y los clasificadores participan de comités y reuniones periódicas como observadores, sugieren estrategias y proponen instrumentos desde sus experiencias personales. También encabezan movilizaciones de calle con otras poblaciones vulnerables como las prostitutas o los sin tierra. A algunos, la militancia les ha permitido ser contratados en proyectos sociales, abriéndoles el camino al mundo del trabajo y a la superación del estigma de vagabundos o mendigos que les ha dejado la rua.

Desde el Movimento Nacional da População de Rua se definen a sí mismos como una forma de organización de hombres y mujeres en situación de calle, con un fuerte trabajo de voluntarios, todos comprometidos con la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Y entre sus tantas banderas, priorizan un aspecto importante: contribuir a la construcción de una cultura que entienda la vivienda como la principal puerta de salida de la calle.

“Las personas pudieron superar su situación cuando de hecho tuvieron una vivienda”, coincidió a su turno María Cristina Bove, de la Pastoral Nacional do Povo da Rua. Este colectivo social brasileño trabaja por la emancipación y el empoderamiento de la población de calle desde las ideas de la teología de la liberación, mezcladas con la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire. Persiguen una transformación social estructural, “no desde una visión de la caridad o la misericordia, sino entendiendo la vida de la gente de la calle y los clasificadores como actores sociales”.

Como movimiento han ido más allá de su eslogan “Chega de omissão! Queremos habitação!”, y han realizado acciones concretas, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Han trabajado mano a mano con los grupos de personas que viven bajo los numerosos viaductos que tiene la capital y los han acompañado durante los desalojos: “Concretamente en 11 lugares pudimos ayudarlos a que se organizaran durante el proceso y conseguimos vivienda para todos ellos”. También han construido dos bloques de viviendas y están atentos a los terrenos baldíos o los inmuebles ociosos, lo que les permitió, entre otras cosas, conseguir un edificio de 17 pisos –con 160 apartamentos– luego de 13 años de espera. “Hoy están todos en sus casas”, resumió Bove ante los presentes, no sin antes recordar otra de las principales consignas de su colectivo social: “Nadie está en la calle porque quiere”.

 


 

Violencia institucional y muerte en Colombia

 

Los “ñeros” que faltan

 

Los homicidios de habitantes de la calle fueron 4.176, cometidos en Colombia entre los años 2007 y 2017, según una investigación de la Ong Temblores titulada Los nunca nadie. La cifra –obtenida a partir del registro de la policía nacional y la fiscalía de ese país–, muestra un crecimiento de los homicidios al borde de la masacre y sólo en el último año se contabilizaron 582 casos. El 80 por ciento de las muertes ocurrieron en la vía pública durante los días domingo y sábado, sobre todo por la madrugada. La ciudad más violenta es Bogotá, con 1.175 homicidios del total de muertes. “Cuando se dedican a hacer limpieza, más de un loco se desaparece”, opina Ernesto, uno de los cientos de testimonios recogidos en la calle por los investigadores de Temblores.

“Uno de los grandes perpetradores de los homicidios es la policía”, sentenció en Montevideo el abogado e integrante de la Ong Alejandro Lanz, y agregó: “forma parte de una violencia sistemática y selectiva: creemos que a los habitantes de calle los matan por ser habitantes de calle”. Dedicados a tres áreas –“sexo, drogas y paz”–, Temblores trabaja por el reconocimiento de los habitantes de la calle, pero también de la población Lgtbi, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, víctimas de violencia policial y personas privadas de libertad.

Pero antes de la investigación Los nunca nadie estuvo el informe Destapando la olla. En mayo de 2016, más de 3 mil agentes de la fuerza pública intervinieron la zona del Bronx y expulsaron a toda la población que vivía allí. Conocida como “la olla” más grande de Bogotá, se construyó luego de haber hecho un desalojo similar en otro famoso vecindario llamado El Cartucho. “El operativo fue ordenado por la alcaldía de Enrique Peñalosa”, el actual alcalde de Bogotá, dijo Lanz, el mismo que en agosto de 2016 pronunciara las felices palabras: “Tampoco hay que hacerle fácil la vida a los habitantes de calle”.

Los desalojados del Bronx fueron a parar a la salida de un enorme caño de la ciudad, en donde en agosto de ese año se presentó una crisis humanitaria: las compuertas se abrieron y unas 500 personas fueron arrastradas por el repentino caudal de agua, de nuevo durante la madrugada. Desde Temblores siguieron el proceso, lo documentaron y a partir de testimonios de los sin techo reafirmaron que la apertura de las compuertas fue una acción premeditada por las autoridades del distrito. “No lo hemos podido probar, pero todavía estamos pidiéndole al Estado que investigue el proceso”. Han realizado varios pedidos de acceso de información al gobierno, pero aún continúan sin respuestas.

Aunque desde la Ong denuncien incansablemente las violencias institucionales más comunes hacia los habitantes de la calle (ataques a la vida y la integridad física, indocumentación, violencia psicológica), y hasta tengan a algunos policías identificados (dos de los más peligrosos son el Cara de Papa y el Topo Gigio), el nivel de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en situación de calle es muy bajo y no denuncian la violencia policial por miedo a las represalias. Las amenazas son básicamente dos: la primera es llevarlos a la Unidad Permanente de Justicia (Upj), una suerte de centro transitorio donde la policía está habilitada para conducir a los habitantes que se encuentran en “alto grado de exaltación”, parámetro ambiguo que se convierte en una excusa perfecta para llevar allí a usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, relata Lanz. La segunda amenaza es “cargarlos” con drogas, para luego inculparlos y detenerlos.

“Nosotros no podemos acusar directamente al Estado de la comisión de estos crímenes que están sucediendo porque no tenemos las pruebas necesarias, no hay procesos de denuncias efectivos y acceso a la justicia. Pero sí podemos responsabilizar políticamente a los discursos que ha traído esta alcaldía (la de Peñalosa) y que ha sido nefasta para los habitantes de calle”, dijo Lanz el miércoles en el edificio Mercosur.

Estas no son sólo cifras, dijo el joven abogado, son historias de violencia, de discriminación y de negación sistemática de derechos que merecen ser contadas para hacer memoria, “una memoria que desde las calles ha transformado a la sociedad colombiana en guerra”. “Sólo a través de esta memoria y la resistencia colectiva lograremos que algún día ningún ciudadano sea registrado como un ‘nunca nadie’, que cada historia de violencia sea denunciada, que quienes matan a los ciudadanos habitantes de calle no queden impunes y que a los ‘ñeros’ se les reconozca su dignidad. Sólo así lograremos que ser habitantes de calle no sea una sentencia de muerte”, concluyó.

 


 

Niños de la calle y drogas

 

Pantalón cortito

 

A partir de los años 2012 y 2013 se comenzó a ver menos niños en las calles de Montevideo, en gran parte por el impacto de las políticas universales y focalizadas sobre esa población, resumió Marcelo Rossal, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el seminario de Red Calle.

“Comenzaron a estar más cuidados, incluso por sus propias familias”, opinó Rossal. Hubo un cambio, agregó el antropólogo, y las madres que antes pedían en las calles con sus hijos, ahora ya no querían ser vistas: “Evidentemente había un sentir de que cierto apoyo del Estado podía empañarse si las veían. Era algo malo hacer pedir en la calle a sus niños o pedir ellas mismas”. Antes, en 2010, “los niños apenas podían caminar y ya estaban pidiendo monedas para sustentar a sus familias”, explicó el autor del libro De calles, trancas y botones (2011), que junto al también antropólogo Ricardo Fraiman recogieron muchas de esas trayectorias.

Por otro lado, observaron que los mismos niños que habían iniciado la vida en la calle a los 8 o 9 años, los encontraron de nuevo ya con 14 o 15 años, y con “una vida más consolidada” en la ciudad. Utilizaban de manera pragmática los programas de calle y los instrumentos que instituciones como el Inau les ofrecían, también el vínculo con los educadores para acercarse a la institución; “los tomaron como forma de reducir sus propios daños, de rescatarse, para sobrellevar la violencia del Estado o de particulares, muchas veces las ganas de bañarse, el hambre o el querer dejar de consumir ciertas sustancias”. También comenzaron a aparecer otras instituciones evangélicas como Remar o Beraca, que “si bien se podían ver como que los explotaban, eran un ámbito de refugio, literal y simbólico”, “estaban protegidos del castigo posible que les pudieran dar agentes del sistema penal o por deudas en el mercado de la pasta base”.

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Sábado, 08 Septiembre 2018 07:37

Pensiones

Pensiones

Cerrado el paréntesis de tolerancia que, con la mirada del mundo puesta en el centro de la capital de Rusia, significó para el Kremlin asumirse como anfitrión del Mundial de futbol, comienza septiembre con dos noticias que despertaron del plácido sueño estival a la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos: la decisión de subir el impuesto al valor agregado y, sobre todo, aumentar la edad de jubilación.
Visto desde el gobierno, la solución es muy sencilla: en tiempos de crisis, en medio de las sanciones foráneas contra Rusia, en el contexto de la necesidad de mantener los salarios y otros privilegios de la guardia nacional, la policía y el ejército, que junto con el sistema judicial forman el puño represivo que da tranquilidad a la élite gobernante, la población tiene que apretarse el cinturón y resolver las urgencias del presupuesto federal.


Pero el destino inevitable de adoptar las impopulares medidas, sobre todo la reforma de la edad de jubilación, se presentó con argumentos falaces: que si es la tendencia en todo el mundo, que si no hay otra posibilidad de salir adelante por el acoso externo que sufre Rusia, etcétera.


La mentira devino indignación y provocó manifestaciones de protesta espontánea contra el Kremlin –la siguiente, este domingo en todo el país–, al grado de que el presidente Vladimir Putin, siempre desligado de todo lo que sale mal, aunque nada se haga sin su visto bueno, tuvo que intervenir –mediante un poco acostumbrado aquí mensaje a la nación– para intentar suavizar el impacto del incremento de la edad de jubilación.


La posición de las autoridades tiene al menos cuatro puntos vulnerables: Putin juró que nunca se aumentaría la edad de jubilación mientras él ocupara el Kremlin; si bien es cierto que en el mundo se incrementa la esperanza de vida, en Rusia 40 por ciento de hombres muere por alcoholismo, traumatismo laboral y otras causas antes de llegar a los actuales 60 de edad; el inmenso aparato burocrático que establece las pensiones sigue inmerso en una corrupción galopante, sin que pase nada, y el gobierno rechazó la iniciativa de subir los impuestos a las corporaciones con “súper ganancias” que viven de exportar materias primas.

 

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Elaine Brown: “El movimiento feminista de los Estados Unidos está dominado por ideales burgueses blancos”

Elaine Brown presidió el Partido de las Panteras Negras entre 1974 y 1977. Actualmente se dedica a la lucha contra el complejo penitenciario industrial de los EE UU.

 

 Entrevistamos a Elaine Brown aprovechando su visita a la feria Literal–Feria de Ideas y Libros Radicales de Barcelona, que esta edición ha conmemorado el 50 aniversario de Mayo del 68 bajo el lema de “Bajo los adoquines, los libros”. Brown presidió el Partido de las Panteras Negras entre 1974 y 1977. Es autora de la autobiografía Una cata de poder. Historia de una mujer negra (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2015) y actualmente se dedica a la lucha contra el complejo penitenciario industrial de los EE UU.

Dices que “nuestro objetivo era lograr la liberación de los negros, no la igualdad ante la ley, que suponía aceptar el sistema tal cual era”. ¿Cómo valoras, en este sentido, el movimientoBlack Lives Matter?


En primer lugar, preguntaría qué es: ¿un movimiento? A mí no me lo parece. ¿Qué nos hace pensar que el hashtag #BLM ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento? Y es que, aunque se pudiera considerar como una iniciativa organizada, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su objetivo? La mayoría de la gente de BLM dio apoyo a Hillary Clinton. ¿Cómo puedes ser negro y apoyar a Hillary Clinton?


Comenzaron como una iniciativa de denuncia de la brutalidad policial, no era más que eso. Después evolucionaron con lemas como "Manos arriba, no dispares". ¡Qué pensamiento más revolucionario, eh! Pero no dicen nada sobre cuestiones relacionadas con cambios fundamentales, y tampoco veo que tengan una agenda concreta ni que hagan ninguna acción en este sentido.

En la misma línea, ¿qué opinas del feminismo liberal?


El movimiento feminista de los Estados Unidos está dominado por ideales burgueses blancos. Te hablan de derechos reproductivos, pero sin recordar que quien nos dio la planificación familiar, la honorable Margaret Sanger, era realmente una defensora de la eugenesia, de eliminar a ciertas poblaciones, y que las primeras clínicas de interrupción del embarazo se abrieron precisamente en Harlem.


Por otro lado, cuando hablan de romper el techo de cristal, lo que realmente quieren decir es que quieren participar en el mundo empresarial y que quieren tener igualdad para poder oprimir en igualdad de condiciones, entre otros a otras mujeres.


Igualmente, en este movimiento no encontrarás prácticamente a ninguna mujer negra o latina. En la práctica, se trata de un movimiento de mujeres blancas y así ha sido en la primera ola, en la segunda y en la tercera.

En cualquier caso, ¿no crees que sí que hay algunos derechos por los que las mujeres trabajadoras debemos luchar?


Claro, lo que digo no es que no crea que haya determinadas cuestiones que afectan de manera específica a las mujeres pobres y a las mujeres negras y latinas, y que no piense que estas cuestiones se deban abordar como problemas de las mujeres. Las mujeres negras son el colectivo más pobre del mundo y en el África subsahariana, por ejemplo, las mujeres son aún más pobres que los hombres. Pero nadie habla de estas mujeres, del mismo modo que en los EE UU nadie habla de las mujeres pobres que se dedican a cuidar a sus hijos.


Así pues, vemos como muchas feministas lo que hacen es imponer su estilo de vida y sus valores burgueses, ya que consideran que son los correctos y que ellas tienen que definir qué es lo que queremos y necesitamos. Esto se refleja claramente en la Reforma de la Asistencia Social aprobada por Bill Clinton, que básicamente criminalizaba a las mujeres pobres. La gente votó a favor de esta ley porque pensaban que solo afectaría a las mujeres negras. Pero resulta que la mayoría de las personas que viven de la asistencia social son mujeres blancas, debido a su mayor peso demográfico.
Con esta reforma, Clinton impuso una agenda neoliberal a un nivel que George Bush no podría haber hecho, considerando que uno de los problemas que tenía la comunidad negra era el gran número de madres solteras. Individualizaron el problema, ocultando el componente racista, machista, etc., y decidieron dejar sin ayudas sociales a muchísimas mujeres, sin que ninguna organización feminista se opusiera. A consecuencia de esta criminalización muchas mujeres se vieron obligadas a hacer cosas desesperadas para poder ocuparse de sus hijos, y se acentuó aún más el nivel de pobreza de estas mujeres y de sus hijos. Y ¿dónde estaban las feministas? La mayoría de organizaciones feministas están centradas en cuestiones LGBTQ, que me parece perfecto porque a todas nos preocupa que cualquier grupo sea oprimido. El problema es que, con estas feministas, estos temas se convierten en una cuestión de estilo de vida.


Creo que lo fundamental es que volvamos a las cuestiones esenciales que nos preocupan a las mujeres. ¿Nos preocupa la igualdad con los hombres? Pues yo no quiero ser igual a un hombre que es un general que se dedica a matar gente en Afganistán, por ejemplo. Pero sí que me preocupa que mi capacidad de disfrutar de una vida plena se vea afectada por el hecho de ser mujer. Me preocupa no tener dinero o no poder cuidar de mis hijos por el hecho de ser mujer. Las mujeres negras ganan menos que las mujeres blancas, y éstas menos que los hombres. Esto es sumamente importante, y no hablamos de ello, como tampoco hablamos de las mujeres sin hogar, de las mujeres que están en la cárcel… Muchas feministas se limitan a hablar de derechos reproductivos y de romper el techo de cristal.

¿Qué opinas de la iniciativa #MeToo?


El movimiento #MeToo se ha convertido en una especie de aventura, en un evento hollywoodiense en el que te encuentras con unas actrices protestando porque no les han pagado lo mismo que a otros hombres. Que, en vez de cobrar dos millones de dólares, solo cobraron uno. Y, mientras tanto, no han dicho ni mu sobre las mujeres normales y corrientes que luchan cada día para salir adelante. Esta es la visión que está dominando el discurso, incluso en lo referido a la violación. Y es que si Harvey Weinstein ha tenido tanta repercusión es porque todas las mujeres que violó eran blancas. Lo mismo pasa con Bill Cosby y con O.J. Simpson. Este último, si en vez de a una mujer blanca hubiera matado a una mujer negra, nunca habría sido imputado. Está claro que la vida de las mujeres blancas es mucho más importante que la de las mujeres negras.


En cualquier caso, tengo que decir que sí que soy feminista. ¡¿Cómo no lo voy a ser, si soy una mujer?! Estoy oprimida como mujer, como negra y como pobre. Es cierto que tengo mis necesidades básicas cubiertas y una vida digna, pero no tengo control sobre las cosas que afectan mi vida como mujer, como negra y como ser humano.

Y ¿cuál era la postura de las Panteras negras respecto al feminismo?


El Partido adoptó una posición muy clara en relación con el movimiento de liberación de las mujeres: consideró aquella lucha como propia, como también lo era la lucha por la liberación gay, y lo hizo no solo en términos retóricos, actuamos en consecuencia. Entendíamos la liberación de las mujeres como la conquista de la libertad para definir nuestro propio destino sin que éste estuviera definido en función de la dependencia económica hacia los hombres. Las feministas blancas solían decir que una mujer sin un hombre es como un pez sin una bicicleta, pero el verdadero problema es que, si no tienes un hombre o no tienes dinero, no te puedes valer por ti misma. En todo caso, la mayoría de mujeres que conozco tiene suficiente dinero para sobrevivir y no necesita ningún marido para tener un lugar donde vivir, pueden cuidarse de sí mismas, de forma que no tolerarán ningún abuso por parte de un hombre. Es así que sé que esta cuestión social es realmente una cuestión económica.

Has dicho que los negros solo pueden liberarse mediante un cambio radical del sistema. Ahora que parece haber una reacción generalizada contra los derechos de las personas negras y latinas, de las mujeres, de los migrantes, etc., ¿cuál tendría que ser el camino a seguir? Y ¿qué posibilidades de cambio observas?


Tenemos que partir de la constatación de que vivimos en un sistema de explotación económica. Igualmente, cuando hablamos de inmigración en Estados Unidos, hay que empezar por el principio, ya que EE UU fue fundado a partir de la colonización inglesa de Virginia, que tuvo lugar mediante la aniquilación de las treinta tribus indias que vivían allí. Una vez conquistado el territorio empezaron a cultivar tabaco y algodón para venderlo a la metrópoli, y para ello necesitaban mano de obra. Como no podían esclavizar a los nativos porque preferían dejarse morir que someterse y, además, al estar en su propio territorio se podían organizar y rebelarse, decidieron capturar africanos, meterlos en barcos y enviarlos por millones a EE UU. Esta práctica se prolongó durante 250 años. Y es que, como bien dijo Marx, sin el algodón y sin los esclavos que lo cultivaban, la revolución industrial no hubiera sido posible.


Este mismo sistema sigue vigente y, si alguien piensa que se puede lograr la reforma de la política migratoria o de la política penitenciaria mientras el sistema siga intacto, es que realmente no quiere hacer nada al respeto. Solo quiere charlar, pero no va en serio. Intento convencer de esto a los jóvenes con los que trabajo cada día y los animo a resucitar el Partido de las Panteras Negras. Les digo que ya les ayudaré. ¿Han hecho algo? No, porque tienen miedo, porque son perezosos y quieren vivir cómodos. Quieren una pequeña beca para ir a la universidad, tener su coche, poder pagar su factura de teléfono, salir a cenar siempre que quieran…


Como decía Marx, tenemos que ser despiadadamente críticos, analizar cuáles son las condiciones reales en las que vivimos y actuar a partir de las mismas y no según cómo nos gustaría que fueran. Esto no quiere decir que no tenga esperanza eterna, ya que creo que la gente siempre acaba eligiendo la vida por encima de la muerte, al menos porque se ven afectados por esta elección, no necesariamente porque sean seres morales. La gente tiene un interés personal en seguir viva. Y aunque no sea consciente de ello, su vida depende de la mía, y viceversa. En cualquier caso, los marxistas leninistas sabemos que, si mantienes a la gente oprimida, acabará cortándote el cuello, así que lo que más les conviene es garantizar que todo el mundo tiene comida y vivienda, atención médica y educación, y el resto de necesidades básicas, y construir una sociedad interconectada y solidaria.


En eso tengo esperanza. En que la gente se dará cuenta de que somos seres dependientes, interdependientes, de que formamos parte del mismo planeta y de que tendremos que encontrar maneras para que todos podamos vivir una vida digna, ya que, en caso contrario, la vida de todos nosotros estará en peligro. Y no digo que esto vaya ocurrir a lo largo de mi vida, pero sí que ocurrirá, puesto que no nos queda otra.


A diferencia de otros movimientos políticos, las Panteras Negras le dieron mucha importancia al lumpen proletariado, del cual provenía gran parte de su militancia. Considerabais que "era el sector más motivado en los EE UU para liderar la revolución" y el partido decidió formar y politizar a estas personas. ¿Qué hicisteis para "transformar la rabia del gueto en acción revolucionaria"?


Durante los últimos veinte años he estado trabajando con gente que está en la cárcel o que ha salido de la cárcel. En mi opinión, representan el grupo de gente que tenía el mayor potencial para convertirse en la vanguardia revolucionaria. No digo que las masas no se tengan que implicar en algún momento, pero todas las demás personas están conectadas al sistema: tienen un trabajo o quieren tenerlo. Estos otros, en cambio, no quieren un trabajo, y lo sabemos porque se han dedicado a trapichear, hacer pequeños robos, etc. y no tienen vínculos con el sistema. No les gusta el sistema, no les gusta la policía, han asumido riesgos en su vida y tienen un mayor potencial que una persona acomodada que va a trabajar cada día y que, al salir del trabajo, vuelve a casa, ve la tele y se va de vacaciones a Disneylandia.


Por otro lado, creo que Marx se equivocó al considerar el lumpen proletariado como la escoria de la Tierra, ya que él valoraba a la clase obrera y para él quien tenía valor eran las personas que trabajaban. Bien, quien vende drogas en una esquina 18 horas al día también trabaja, pero esta es otra historia. Lo que quiero decir es que no consideró que los esclavos fueran una clase única en los EE UU compuesta exclusivamente por personas negras. Era una clase obrera, a la cual no se le pagaba un salario. Y esta situación continúa hoy en día. La mayoría de los negros, pese a tener un trabajo, tienen que hacer otras cosas para completar su sueldo, ya que no ganan lo suficiente como para formar parte del proletariado. Y otra cuestión sumamente importante es que a los negros nos dejaron fuera de los sindicatos. La historia de los sindicatos industriales de los Estados Unidos es muy vergonzosa en este sentido.


Así que sigo pensando lo mismo, puesto que los hechos no han cambiado. Los negros seguimos siendo pobres, seguimos fuera del sistema, no tenemos trabajos de verdad, no tenemos nada de dinero, no tenemos relación con el sistema. Y en lo más bajo de todo se encuentran las personas que han sido encarceladas.

EE UU es el país con la población penitenciaria más numerosa del mundo, con 2.120.000 de presos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?


El crecimiento tanto en el número de personas encarceladas como en la duración es un fenómeno relativamente nuevo y es consecuencia de una ley aprobada por Bill Clinton en 1994 para perseguir a los reincidentes.


Entre 1994 y 2004, el número de presos en Estados Unidos se duplicó y casi la mitad de todos los presos son negros, pese a que solo representan el 13% de la población total. No es que haya una política dirigida directamente a meter a los negros en prisión. No es eso. Lo que pasa es que hay un tipo de funcionamiento automático vigente desde 1865, cuando se crearon los departamentos de sheriffs con la función de cazar esclavos fugitivos. Vemos, pues, que la cuestión de los negros está presente desde el principio de EE UU.


Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores y uno de los autores de la Declaración de Independencia, articuló perfectamente esta mentalidad en un libro suyo titulado Notes on the state of Virginia. En este libro explica que el motivo por el que no ha incluido a los negros en su proyecto de emancipación basado en la idea de que "todos los hombres son creados iguales", es que, según indica, los negros son seres inferiormente dotados a los blancos, tanto mental como físicamente, tienen un color desagradable y huelen mal, además de ser perezosos, etc. Según Jefferson, los negros ni siquiera llegan a la categoría de seres humanos, por lo que está legitimado esclavizarlos. Ésta ha sido la ideología dominante en EE UU desde 1710.

¿Nos puedes explicar cómo funciona el complejo industrial penitenciario?


Los presos producen muchas cosas, pero el valor de los presos no radica tanto en esto, sino en todo el dinero que tanto ellos como los Estados gastan. Tienen de todo en la cárcel: llamadas telefónicas, videollamadas, comida, ropa… Se puede comprar de todo, pero mucho más caro que en la calle. Por otro lado, el Estado de California, por ejemplo, gasta 70.000 dólares al año por cada preso.


También está el trabajo gratuito que los presos hacen, fabricando muebles, arreglando jardines, limpiando autopistas…. Y todo esto lo hacen gratis, o prácticamente gratis. El complejo industrial penitenciario es como el complejo industrial militar, pero con presos. Mucha gente piensa que este concepto está relacionado con las cárceles privadas, pero no es así. La mayoría de cárceles son públicas, propiedad del Estado, y hay mucha gente que trabaja allá. Solo en California hay más de cien mil funcionarios de prisiones, con sus sindicatos luchando para asegurar que sus afiliados no se queden sin trabajo. Y ¿cuál es la principal mercancía de que disponen? Los presos. No quieren que se dejen de llenar las cárceles. Todo el mundo está ganando dinero a expensas de los presos, que eran pobres cuando entraron y lo serán cuando salgan.


¿Que han hecho cosas terribles? Absolutamente. Algunos de ellos. No todos. Yo ni siquiera uso los términos inocente o culpable porque la mayoría de los presos está allá por delitos económicos, como por ejemplo atracar una tienda. ¿Por qué lo hacen? Pues porque tenemos grandes disparidades económicas en nuestro país. Vemos, por lo tanto, que todo está tan interconectado que casi no se puede separar. Y los negros son la mejor carne de cañón para meter en la cárcel. ¿Quién va a decir nada sobre ellos? Nadie. No tenemos dinero ni para sufragar demandas legales. Y a todo esto también se le añade el racismo.

El 2014 fundaste Oakland and the World Enterprises, una iniciativa para crear empresas gestionadas por expresos. ¿En qué consiste este proyecto?

Uno de los aspectos de nuestra continua opresión como negros en Estados Unidos es que, cuando alguien sale de la cárcel, no puede conseguir trabajo puesto que es necesario presentar un formulario de antecedentes penales que los empleadores utilizan para negarse a contratar expresos. Y realmente se quedan sin alternativas. En California, por ejemplo, al salir de prisión te dan 200 dólares para que puedas empezar tu vida de nuevo. Y si no tienes a nadie que te ayude, que te ofrezca un lugar donde vivir, con 200 dólares no haces nada y vas a tener que prostituirte, que trapichear y que hacer algo ilegal, que probablemente te lleve de nuevo a prisión. Ante esta situación, nos juntamos con un cargo electo negro de Oakland y decidimos hacer algo para reducir la tasa de reincidencia, y pensamos que la única forma de conseguirlo era que estas personas tuvieran sus propios ingresos. Así pues, compramos un terreno en Oakland, creamos una asociación sin ánimo de lucro denominada Oakland and the World Enterprises, y ahora queremos poner en marcha empresas con ánimo de lucro y de propiedad cooperativa para los expresos y para otros colectivos vulnerables y marginados. En otras palabras, para negros pobres.


Pusimos en marcha la iniciativa y ahora tenemos un huerto urbano y hemos creado un banco de alimentos, al cual la gente venía a las 4h de la mañana a hacer cola, ya que estamos situados en una comunidad extremadamente pobre. Ahora queremos construir vivienda asequible, pero según nuestros criterios, es decir, que la asequibilidad se defina en función de las posibilidades de cada persona y no de la media de la zona o de criterios parecidos. Y también tenemos algunos pisos reservados a personas que no tienen nada de dinero.


La idea es que esta iniciativa se extienda a otras ciudades, a Detroit, a Filadelfia…, de forma que a nadie se le niegue el acceso a la vivienda o al empleo por el hecho de haber estado en la cárcel. El modelo que utilizamos es el de una cooperativa de trabajo asociado, pero como a algunos esto les suena demasiado comunista y se ponen nerviosos, les digo que se trata de empresas cuya propiedad es cooperativa. Es lo mismo. Los trabajadores son los propietarios, los propietarios son los trabajadores, pero se benefician de manera colectiva ya que pensamos que los beneficios no tienen nada de malo per se, lo que está mal es la explotación.

 

Por MARIA COLERA INTXAUSTI
@BIZIALAIRAUN

Publicado enInternacional
¿Cuánto más ganan los líderes mundiales que los ciudadanos de sus países?

Donald Trump gana seis veces los ingresos anuales de un ciudadano americano, aunque el primer ministro con mayor remuneración bruta por desempeñar sus funciones es el australiano Malcolm Turnbull. El que mayor brecha retributiva ostenta respecto al sueldo medio que recibe su sociedad civil es el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.


¿Cuál es el sueldo más generoso por presidir un país? Y, sobre todo, ¿qué nivel retributivo tienen los líderes mundiales en relación al salario medio que reciben sus propios conciudadanos? A estas dos preguntas acaba de dar respuesta la firma de inversión británica IG Group.


Sus datos oficiales y recabados de los presupuestos de cada socio de la OCDE –organización considerada como el club de las potencias industrializadas– ayudan a valorar, con mayor precisión, si las aportaciones de los contribuyentes de un país al jefe de su Ejecutivo (o de Estado) se adecuan más o menos a la riqueza real y efectiva que es capaz de producir y distribuir según sus patrones de crecimiento; es decir, sus modelos económicos.


Los datos no son baladíes, ya que proceden de fuentes de información fidedignas y actualizadas y resultan esenciales para dilucidar, a golpe de vista y con precisión, si el desempeño de la labor de presidente de Gobierno guarda relación con el poder adquisitivo medio de sus conciudadanos, que son, al fin y al cabo, los que le pagan por su labor.


Con independencia de sus aciertos o sus fracasos. Y a pesar de que la práctica totalidad de sus decisiones, reformas estructurales, propuestas legislativas (muchas con marcado ribete ideológico, que pueden llegar a cambiar substancialmente el clima para hacer negocios o el contrato social labrado en el pasado reciente) o actuaciones institucionales generan unos efectos directos sobre ciertos estratos sociales.


Este ranking, además, se desvela en un momento crucial. Casi diez años después de la crisis financiera de 2008, el mayor credit crunch desde el crash de las bolsas de 1929 y del que ha emanado un fenómeno que difiere en el calado de su brecha, pero que tiene un denominador común incuestionable: la desigualdad entre ricos y pobres.


Con estos factores en el subconsciente colectivo de todo el mundo, IG Group pasa revista a los 32 líderes mundiales que representan a los países asociados a la OCDE. Clasificación que depara varias sorpresas. Por ejemplo, que la nómina más generosa es la que recibe Malcolm Turnbull, el primer ministro australiano, quien se reembolsa 527.854 dólares anuales. El único que supera la barrera del medio millón de dólares.


Pero, al profundizar en la comparativa entre los emolumentos por el cargo y los ingresos medios de sus ciudadanos, el gran beneficiado es el presidente de México. Enrique Peña Nieto percibe más de diez veces el baremo promedio de mexicanos. Una diferencia más que notable. Donald Trump supera en algo más de seis veces esa cota. Así quedaría, según IG Group, la lista salarial, por orden creciente –de menor brecha a mayor– entre los principales dirigentes del mundo –los de la órbita de la OCDE–, en función de la citada comparativa.


32.- Miro Cerar. Primer ministro de Eslovenia. Desde septiembre de 2014 hasta marzo pasado en el que presentó su dimisión al presidente, Borut Pahor, después de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló un proyecto ferroviario que había sido refrendado en consulta popular. De esta crisis ha emergido el ultranacionalista, Janez Jansa, del Partido Demócrata Esloveno, quien ya fue primer ministro y que logró el pasado 3 de junio una victoria en las urnas con el 25% de los votos.

Población: 2,064 millones de habitantes.

Renta básica anual del primer ministro: 87.818 dólares.
Salario medio ciudadano: 34.965 dólares.
31.- Pedro Sánchez. Presidente de Gobierno de España. Desde el pasado 2 de junio en que tomó posesión del cargo ante el Rey Felipe IV, tras ganar una moción de censura a Mariano Rajoy.
Población: 46, 443 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 97.926 dólares.
Salario medio ciudadano: 37.333 dólares.
30.- Maris Kucinskis. Primer ministro de Letonia.
Población: 1,960 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 59.644 dólares.
Salario medio ciudadano: 22.389 dólares.
29.- Mateusz Morawiecki. Primer ministro de Polonia.
Población: 37,948 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 57.772 dólares.
Salario medio ciudadano: 25.921 dólares.
28.- Antonio Costa, primer ministro de Portugal.
Población: 10,324 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 72.352 dólares.
Salario medio ciudadano: 24.529 dólares.
27.- Peter Pellegrini. Primer ministro de Eslovaquia.
Población: 5,428 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 70.973 dólares.
Salario medio ciudadano: 23.508 dólares.
26. Giussepe Conte. Primer ministro de Italia. Sustituyó, el pasado 2 de junio, a Paolo Gentolini. Dirigirá una coalición de gobierno entre la extrema derecha de la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas.
Población: 60,600 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 109.607 dólares.
Salario medio ciudadano: 35.397 dólares.
25.- Alexis Tsipras. Primer ministro de Grecia.
Población: 10,746 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 82.405 dólares.
Salario medio ciudadano: 25.124 dólares.
24.- Mark Rutte. Primer ministro de Holanda.
Población: 17,018 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 193.844 dólares.
Salario medio ciudadano: 52.833 dólares.
23.- Juha Sipilä. Primer ministro de Finlandia.
Población: 5,495 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 161.498 dólares.
Salario medio ciudadano: 42.127 dólares.
22.- Erna Solberg. Primera ministra de Noruega.
Población: 5,232 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 210.714 dólares.
Salario medio ciudadano: 53.643 dólares.
21.- Katrin Jakobsdòttir. Primera ministra de Islandia.
Población: 334.250 de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 242.619 dólares.
Salario medio ciudadano: 55.984 dólares.
20.- Xabier Bettel. Primer ministro de Luxemburgo.
Población: 582.970 habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 278.035 dólares.
Salario medio ciudadano: 62.636 dólares.
19.- Leo Varadkar-Taoiseach. Primer ministro de Irlanda.
Población: 4,773 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 234.447 dólares.
Salario medio ciudadano: 51.681 dólares.
18.- Viktor Orbán. Primer ministro de Hungría.
Población: 9,817 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 99.394 dólares.
Salario medio ciudadano: 21.711 dólares.
17.- Lars Lokke Rasmussen. Primer ministro de Dinamarca.
Población: 5,731 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 249.774 dólares.
Salario medio ciudadano: 52.580 dólares.
16.- Benjamin Netanyahu. Primer ministro de Israel.
Población: 8,547 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 168.210 dólares.
Salario medio ciudadano: 34.023 dólares.
15.- Theresa May. Primera ministra del Reino Unido.
Población: 65,637 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 212.247 dólares.
Salario medio ciudadano: 42.835 dólares.
14.- Èdouard Philippe. Primer ministro de Francia.
Población: 66,896 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 220.505 dólares.
Salario medio ciudadano: 42.992 dólares.
13.- Shinzo Abe. Primer ministro de Japón.
Población: 126,994 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 202.700 dólares.
Salario medio ciudadano: 39.113 dólares.
12.- Justin Trudeau. Primer ministro de Canadá.
Población: 8,547 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 168.210 dólares.
Salario medio ciudadano: 34.023 dólares.
11.- Stefan Löfven. Primer ministro de Suecia.
Población: 9,903 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 224.615 dólares.
Salario medio ciudadano: 42.816 dólares.
10.- Recep Tayyip Erdogan. Presidente de Turquía.
Población: 79,512 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 148.626 dólares.
Salario medio ciudadano: 25.655 dólares.
9.- Donald Trump. Presidente de Estados Unidos.
Población: 323,127 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 400.000 dólares.
Salario medio ciudadano: 60.154 dólares.
8.- Sebastián Piñera. Presidente de Chile.
Población: 17,909 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 190.466 dólares.
Salario medio ciudadano: 28.434 dólares.
7.- Sebastian Kurz. Canciller de Austria.
Población: 8,747 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 328.584 dólares.
Salario medio ciudadano: 48.295 dólares.
6.- Charles Michel. Primer ministro de Bélgica.
Población: 11,348 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 358.635 dólares.
Salario medio ciudadano: 49.587 dólares.
5.- Angela Merkel. Canciller de Alemania.
Población: 82,667 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 369.727 dólares.
Salario medio ciudadano: 46.389 dólares.
4.- Alain Berset. Presidente de Suiza.
Población: 8,372 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 482.958 dólares.
Salario medio ciudadano: 60.124 dólares.
3.- Jacinda Ardern. Primera ministra de Nueva Zelanda.
Población: 4,692 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 339.862 dólares.
Salario medio ciudadano: 39.397 dólares.
2.- Malcolm Turnbull. Primer ministro de Australia.
Población: 24,127 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 527.854 dólares.
Salario medio ciudadano: 52.063 dólares.
1.- Enrique Peña Nieto. Presidente de México.
Población: 127,540 millones de habitantes.
Renta básica anual del primer ministro: 166.797 dólares.
Salario medio ciudadano: 15.311 dólares.
Rajoy: 10.446 euros anuales exentos de tributación


La retribución por jefatura del Estado, pues, puede variar. En función del cristal por el que se mire. Puede parecer más o menos generosa –o más o menos testimonial– si se analiza en clave cuantitativa. Pero esta visión puede distorsionarse en una dirección u otra –justificación o queja– si se atienden otros parámetros.
Por ejemplo, en el caso de España, la retribución del presidente del Gobierno queda estipulada en 78.966 euros brutos en doce pagas. A razón de 6.580 euros mensuales. Sin embargo, Rajoy ha percibido durante sus años al frente del Ejecutivo salarios adicionales e ingresos atípicos pero legales. Entre estos últimos, destaca su derecho a cobrar 870 euros por gastos de manutención, libres de impuestos, por ser diputado por la circunscripción de Madrid. En total, 10.446 euros exentos de tributación al año. A pesar de que seguirá viviendo en la capital.


Amén de subidas puntuales, como la del 1% al comienzo de esta legislatura, o el alza que contempla el programa presupuestario que ha asumido su sucesor, Pedro Sánchez, y que está supeditado aún a su visto bueno en las cámaras legislativas. Según la web www.sueldospublicos.com, Rajoy cobró, entre 2011 y 2015 –es decir, en su anterior mandato presidencial– más de 40.000 euros libres de impuestos en concepto de indemnización para gastos. En línea con algunos de sus ministros, como Fátima Báñez o Cristóbal Montoro que, pese a tener domicilios propios en Madrid, percibieron 1.823 euros mensuales. En total, 84.000 euros en los cuatro años de legislatura.


El patrimonio de Rajoy –reconocido desde el propio PP, que le concede un sueldo por presidir el partido, amén del que se reembolsa desde el registro de la propiedad de Santa Pola, del que es cotitular pese a estar en excedencia, un privilegio sinigual de la peculiar profesión de registrador, mitad funcionarios y mitad empresario, según cómo les convenga– aumentó un 43,7% entre 2003 y 2007. Durante esos años fue ministro y también jefe de la oposición, ya que en 2004, Zapatero llegó al poder. Eran meses en los que ingresaba un gran salario como presidente del PP.


También pudo ahorrar durante esos cinco años con depósitos y cuentas bancarias. Pasó de declarar 58.604 euros a 231.527 euros bajo su titularidad. En un ejercicio inédito, con objeto de justificar sus ingresos en un momento de máxima atención mediática (la crisis del plasma, una comparecencia en la que trasladó a la ciudadanía el mensaje de que el caso judicial abierto sobre las cuentas de su partido era una causa contra el PP) reconoció que, como jefe de la oposición cobraba 240.000 euros de su formación. Entre 2006 y 2011, pasó de cobrar 146.000 euros brutos del PP a 200.000, aumento del 36%. Entre 2007 y 2009 esa cantidad subió en 39.000 euros, un 24%. Únicamente bajó un poco en 2010, un 5%, para volver a una nueva subida en 2011 de un 10%, hasta llegar a los 200.000 euros. Además, entre 2007 y 2011, años de crisis, se aumentó el sueldo un 27%.


En esos últimos años a Rajoy le bajaba lo que ingresaba del Congreso, porque así se aprobó en la Cámara Baja para dar ejemplo en plena crisis; pero el PP le compensó durante esos años subiéndole la retribución por su cargo en el partido. Como si le garantizase una base retributiva mínima.


Los millones de Donald Trump


Desde EEUU también surge un escenario también peculiar. Derivado de un déficit normativo en materia de incompatibilidades que posibilita una cohabitación pacífica entre el ejercicio público propio de un cargo en la Administración y los negocios privados. En el paraíso, además, de los lobbies. El equipo de Donald Trump, sin ir más lejos, es el que más multimillonarios alberga en la historia del país, con una riqueza combinada de sus componentes que supera con creces los 6.000 millones de dólares.


De hecho, y según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, en el que se refleja la evolución patrimonial de las grandes fortunas del país, se aprecia un descenso de 100 millones de dólares en la riqueza del presidente americano, aunque su valoración total supera los 2.800 millones de dólares. Es, dice este indicador, el nivel más bajo de su patrimonio desde que inició su andadura como candidato republicano –comienzos de 2016– en el pistoletazo de salida de la campaña del Grand Old Party.


Los datos corresponden a finales de 2017 y se miden en dólares, a precios actuales del mercado. Principalmente, por la caída de beneficios de Trump Tower, en Manhattan, y de sus 16 resort de golf. Su presencia en los grandes rankings de fortunas mundiales no siempre está garantizada. Por ejemplo, en la de los mayores 500 patrimonios globales de Bloomberg, porque la cantidad suelo supera los 4.000 millones de riqueza patrimonial. Pero Trump siempre se ha jactado y alardeado de superar con creces esta frontera. Cuando anunció su candidatura, todavía en 2015, aseguró que poseía más de 8.700 millones de dólares.

Por diego herranz
@dherranzd

Publicado enEconomía
Viernes, 30 Marzo 2018 08:55

Violencia y odio de clase

Violencia y odio de clase

¿Qué relaciones podemos establecer entre el asesinato de la concejal Marielle Franco y el juicio penal contra Lula? ¿Cómo vincular la destitución ilegítima de Dilma Rousseff con la intervención militar en las favelas? ¿Qué lazos existen entre el aumento exponencial de la violencia contra negros y negras y los sucesivos récords que está batiendo la bolsa de Sao Paulo?


Un hilo de sangre que se llama odio de clase. Un odio heredado de la esclavitud y del orden colonial en el que prosperó. Los esclavistas sólo se preocuparon por los esclavos cuando se fugaban y creaban quilombos/palenques, espacios de libertad y de vida que se convirtieron en referencia para todos los que vivían encadenados.


Aún para quien no defiende a Lula, y sospecha que las acusaciones en su contra tengan cierto fundamento, parece evidente que su condena y la caída de Dilma abrieron las compuertas de un odio macizo, colonial y genocida de los de arriba. En ese clima de odio fue asesinada Marielle, negra, feminista, lesbiana, nacida en la Maré, un complejo de favelas linderas con la bahía de Guanabara.


La peculiaridad de Brasil, por lo menos en estos años, es que uno por ciento cuenta con el apoyo de una parte importante de la sociedad, probablemente entre 30 y 50 por ciento de la población: las viejas clases medias, la porción de pobres que ascendieron algunos peldaños en la escala social y todos los que sueñan con emular a los más ricos. Odian a los pobres porque sienten la espada de Damocles de la precariedad sobre sus cabezas.


Sin embargo, no estoy de acuerdo con quienes creen que la amplia y justa reacción popular al asesinato de Marielle configura una nueva coyuntura. Sin duda, empeora las expectativas de la derecha y mejora las de la izquierda, con o sin Lula en el escenario electoral. Pero las cosas son mucho más profundas y, sobre todo, de más larga duración.


Quienes conozcan mínimamente la Maré, el complejo de favelas con más de 150 mil habitantes donde nació Marielle, saben que esto no empezó con la intervención militar de Michel Temer. Más de medio siglo de historia permite asegurar que la presión y la represión sobre los favelados nunca cedió, ni siquiera bajo los gobiernos de Lula y Dilma.


Los más veteranos recuerdan con cierta nostalgia el gobierno de Leonel Brizola en el estado de Río de Janeiro (1983-1987). Junto a su vice Darcy Ribeiro, ambos del Partido Democrático Laborista, defendieron el empoderamiento de los pobres, por lo que fueron acusados de paternalistas. Brizola ordenó a la policía que se abstuviera de realizar invasiones arbitrarias en las favelas y que reprimiera a los escuadrones de exterminio parapoliciales. Más de 200 policías fueron procesados. Su gobierno fue la excepción en la relación con la población pobre y negra.


Ante los llamados a la unidad (electoral) y a la formulación de un programa común (de gobierno) en este año de elecciones presidenciales, conviene enfatizar en la necesidad de una política que se deslinde tanto de la confrontación como de las instituciones. Raras veces los esclavos enfrentaron de modo frontal a los propietarios, porque la asimetría era (y sigue siendo) brutal. Nunca fueron tan ingenuos como para soñar que su libertad vendría de cogestionar las plantaciones con sus amos (símil del proyecto progresista). Toda su energía la ponían en preparar fugas, para fundar espacios de libertad como quilombos y palenques.


¿Cómo sería una política anclada en la fuga del capitalismo, en la creación de espacios de libertad y en la resistencia a los embates de los opresores? Creo que es lo que están haciendo las mujeres que luchan, los pueblos indígenas más decididos y, notablemente, los zapatistas. Necesitamos una política en clave quilombo/palenque o comunidad indígena/campesina y popular. Es urgente, necesaria y posible.


Es urgente porque debemos desmontar la lógica del enfrentamiento frontal con el enemigo. No estoy defendiendo el no resistir, el no combatir, sino en la urgencia de cuidarnos como pueblos y clases, porque el proyecto de arriba es liquidarnos. El asesinato de Marielle fue respondido con la misma indiferencia que la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. El poder defiende la represión, mientras las clases medias y los grandes medios culpan a las víctimas. Dicen que Marielle era narcotraficante.


Es necesaria porque debemos mirar el largo plazo y no consumir las pocas energías colectivas que aún tenemos en disputas que no conducen a ningún lado o, peor, disipan las energías colectivas en el altar electoral. Los cuerpos que preparan fugas (del capitalismo, del patriarcado, de la hacienda, del control institucional) deben entrenarse en tiempos y en espacios bien distintos que los de los cuerpos que se preparan para ocupar sillones en las instituciones.


Mientras unos necesitan exponerse permanentemente a los focos mediáticos, los otros preparan en silencio la evasión. Cuando la asimetría de poder es tan grande como la que observamos entre el uno por ciento y la mitad más pobre, se debe actuar con extrema cautela y simulando incluso obediencia, como sostiene James Scott en Los dominados y el arte de la resistencia. Son culturas políticas diametralmente opuestas, entre las cuales el diálogo es harto complejo porque hablan lenguas diferentes.


Es posible porque ya existe una política de este tipo (anclada en los quilombos y las comunidades), como lo muestran en Brasil decenas de organizaciones en las favelas, como las que pude conocer directamente en el Complexo do Alemão y en Timbau (en la Maré), en Brasilia y en Salvador.


El asesinato de Marielle es un mensaje contra la nueva generación de militantes negros que se multiplicaron desde las movilizaciones de junio de 2013. Este nuevo activismo está tejiendo un hilo de rebeldía que lleva desde el quilombo de Palmares (1580-1710) hasta la primera favela de Río de Janeiro (Morro da Providencia en 1897), pasando por el Teatro Experimental Negro en la década de 1940. Están forjando historias otras, abajo y a la izquierda

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Venezuela: ¿Por qué no "bajan" de los cerros?

Mucho se habla, y se escribe, sobre la crisis venezolana pero faltan algunos eslabones. Entre ellos está la pregunta por los sectores populares: ¿participan de las protestas?, ¿cuál es su relación con la oposición?, ¿y con el gobierno de Nicolás Maduro?, ¿quiénes son y cómo operan los famosos «colectivos»? Alejandro Velasco, autor de Barrio Rising. Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela (2015), responde a algunos de estos interrogantes.

-Una de las dudas que aparecen al leer sobre la crisis venezolana es qué factores sostienen a Nicolás Maduro en el poder. Siempre parece estar por caer y no cae, mientras la crisis se agrava. ¿Cuál es su interpretación?

Se combinan varios elementos. Por una parte, está el aparato estatal y la elite chavista. En la medida que vienen cerrándose espacios de maniobra en el plano doméstico e internacional, y tiene que recurrir más y más al autoritarismo, las figuras centrales del gobierno van atrincherándose al percibir una amenaza no solo a su permanencia en el poder sino verdaderamente existencial. Para algunos, es cuestión de principios: ante una oposición envalentonada y con amplio apoyo en el país y en particular en el extranjero, lo que está en juego es el legado de Hugo Chávez, en particular el avance hacia el estado comunal. Más allá de la oposición misma, esto siempre iba a significar una batalla contra la propia Constitución de 1999 –redactada en los comienzos de Chávez–, y con sectores internos del chavismo menos dados a la corriente socialista que a la de democracia participativa, base de esta Carta. De modo que, para los sectores más radicales, de cierta manera es un conflicto bienvenido aunque muy demorado, quizás demasiado para ser exitoso, pero darán la batalla de todas formas. Para otros, no obstante, el interés es más prosaico: los lazos de cuadros claves del chavismo con la corrupción desmedida –sea vinculada con el dólar preferencial o en algunos casos, con el narcotráfico– hace que cualquier salida del poder implique la cárcel, en Venezuela o en el exterior. De modo que la crispación del conflicto, vista en términos existenciales, tiende a cerrar filas, aunque por motivos muy diferentes.

Claro, hemos visto fisuras importantes en el chavismo, con gente que se ha desmarcado, como es el caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La fiscal ha mantenido una posición muy crítica frente a los dictámenes del Tribunal Supremo que invalidaban a la Asamblea Nacional, así como ante la convocatoria a la Constituyente y la represión de protestas. Pero por ahora no se han visto quiebres sustanciales. De cierta manera, incluso, las críticas de la fiscal, que por más duras que sean tienen poco peso jurídico más allá de palabras, benefician en parte al gobierno en el sentido de que demuestran cierta disposición a darle espacio a voces distintas dentro del aparato estatal. Pero es posible que la presión a la que se ha visto sujeta, especialmente en medios de comunicación del Estado, tenga mayores consecuencias, o bien que su ejemplo inspire más críticas e incluso quiebres claves. Por ahora, no obstante, son pocos esos ejemplos.

Por su parte, la oposición –aunque más unida que en años previos– peca como en otras oportunidades de exceso de confianza y cortoplacismo, en base su certeza de una victoria inminente. En esta oportunidad, esta dinámica ha sido alentada de manera acentuada y –estoy convencido– irresponsable, por voces como la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuyas declaraciones llegan a sonar más fuertes que las de la propia oposición. El acercamiento opositor al gobierno de Donald Trump, la emergencia de gobiernos de derecha en Brasil y Argentina, y los intentos de diálogo carentes de sinceridad por parte del gobierno debilitan cualquier incentivo tendiente a moderar posiciones y buscar espacios para negociar. Ante este escenario, el atrincheramiento por parte del gobierno tiene su espejo en la actitud, también atrincherada, del liderazgo opositor, del cual, de hecho, se nutre.

Por último, está el «factor pueblo». Como en otras oportunidades, las manifestaciones opositoras han sido multitudinarias. Pero a diferencia de otros momentos, estas han logrado mantener día tras día, durante mucho tiempo, niveles de participación importante. También tienden a incorporar sectores sociales más diversos que en el pasado, aunque resultaría exagerado decir que hay un verdadero cruce de clases. De hecho, la brecha entre sectores populares y la oposición se mantiene y se manifiesta en las calles. La oposición lo atribuye a temor o control social de los barrios, sea por el Estado en su función de distribuidor de recursos –los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)– o por los llamados «colectivos». De eso hay algo, pero está sobredimensionado, y creo que obedece más bien a una falta de capacidad de autocrítica por parte de sectores de oposición para entender por qué, luego de dieciocho años, y a pesar de la crisis severa, aún no han logrado encausar un mensaje que atienda a la enorme desconfianza por parte de sectores que no creen que la oposición reunida en la MUD abogue por sus intereses a futuro. Ante esa enorme falla, resulta mucho más fácil atribuir la falta de participación masiva de los sectores populares a un aparato coactivo.

Esto no solo se remonta a la polarización en la era chavista. La desconfianza por parte de sectores populares se extiende más allá, hacia sectores de clase media y alta cuyo discurso sobre derechos humanos y democracia tiende siempre a enfocarse en los derechos civiles y políticos más que los económicos y sociales. Pero incluso existe una deuda moral de la oposición vinculada a lo que fue la represión no solo durante el golpe de 2002, sino bajo el Caracazo de 1989, además de varias masacres en los años 80 y 90 que ponen en entredicho el apego real de sectores antichavistas hacia los principios democráticos que enarbolan. Todo eso impide una revuelta masiva por parte de sectores populares, lo cual tiende a darle márgenes de maniobra al gobierno.

-Vinculada a esta descripción que hace de los sectores populares, ¿por qué finalmente no «bajan» de los cerros, como suele decirse, dadas las privaciones crecientes provocadas por el descontrol económico?

Primero es importante entender que así como la oposición es heterogénea y en el chavismo hay diferencias importantes en su interior, los sectores populares son un actor complejo y a veces contradictorio. Dos ejemplos solo en Caracas: en 2015 la parroquia 23 de Enero, vista como un bastión de la revolución, votó mayoritariamente por la oposición en las elecciones parlamentarias. Y en el municipio Sucre, que abarca el barrio más grande de América Latina – Petare– gobierna la oposición desde 2008, aunque también allí operan consejos comunales muy afines al gobierno. Como esos hay muchos otros ejemplos importantes de zonas populares con representación política mixta, lo cual permite matizar sus repuestas ante la crisis, que de hecho son diversas.

Por ejemplo, si bien es cierto que no hemos visto participación masiva de parte de aquellos sectores más afectados por la severa crisis, sin duda sí hay protestas en los barrios. Tienden a verse más y más saqueos, sea de comercios o de camiones de abastecimiento. Esto ocurre de manera particular en el interior del país, donde el aparato de seguridad del Estado es más tenue que en las grandes ciudades. Además, se reportan disturbios en zonas del oeste de Caracas, de corte más popular, toda vez que el sistema de abastecimiento de comida en los barrios –los CLAP– presenta fallas y retrasos.

Por varios motivos, tales eventos no suelen contabilizarse como protestas. Uno, porque la oposición tiene interés en proyectar una imagen, sobre todo en el exterior, de organización, no-violenta, centrada en reclamos de tipo político: elecciones generales, libertad de los presos políticos, recuperación de poderes para la Asamblea Nacional. Son reclamos fácilmente entendidos como violación de derechos humanos en el ámbito internacional, por tratarse se derechos civiles y políticos más que económicos y sociales. Ante esto, si bien es claro que una rebelión popular masiva y multisectorial sería bienvenida por la oposición, también sería difícil situarla y canalizarla dentro de los marcos discursivos y estratégicos que se han trazado. De modo que esas protestas están latentes, pero aún circunscriptas a los márgenes.

Luego está el hecho que la idea de barrios que «bajan» está muy atada a lo que fue el Caracazo de 1989 y tiende a limitar lo que se imagina como protesta popular en Venezuela. Se piensa en términos de explosiones sociales masivas y repentinas, no como han venido trascurriendo en sectores populares propiamente identificados con los reclamos de la oposición: a cuenta gotas. Hoy, el tipo de protesta popular que se ve en sectores populares suele tener un carácter reivindicativo más que político partidista. Pero las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social muestran protestas continuas y a escala nacional; protestas barriales contra los efectos de la escasez, la inflación, el colapso de servicios públicos, etc. De modo que los barrios han venido protestando y seguirán haciéndolo.

Pero, y esto es clave, una cosa es la protesta ante el gobierno, y otra la protesta anti-gobierno. En el pasado reciente, cuando la oposición logró una incidencia importante en sectores populares, lo consiguió enfocando su mensaje precisamente en aquellos reclamos que tienen eco en los barrios. Pero tiende a perder terreno cuando se aleja de estos y se enfoca en demandas de corte más político: cambio inmediato del gobierno, cese de la represión y violencia del Estado, ausencia de representación política. No es que estos sean temas que no importen en sectores populares. Todo lo contrario: precisamente estas fueron las bases sobre las cuales Chávez en su discurso y, por un tiempo en la práctica, logró el apoyo de estos sectores otrora marginados por las elites políticas y sociales. Pero hoy, el foco en la condena hacia el Estado por su represión de la oposición –sin duda correcto en principio– luce en los barrios como privilegio de clase, ya que la violencia y el abuso policial es pan de cada día en los sectores populares. Y ante ese escenario vemos el repliegue de las protestas puntuales en estos sectores, ya que, por más grave que sea la crisis, no van a apostar a un cambio de gobierno sin alguna señal más o menos concreta sobre lo que vendría, y encima con gente al mando que por décadas ha demostrado poca voluntad de acercamiento y menos aún de comprensión de las exigencias de los sectores populares; que no se esforzó en entender por qué Chávez logro cautivar los sueños de tantos venezolanos, lo que no ocurrió por meras dádivas, por carecer sofisticación ni por ser «enchufados».

Esto es lo que subyace lo que refería arriba: la desconfianza. Sin duda, en los barrios, el gobierno no solo está debilitado, sino desprestigiado, incluso entre los chavistas más comprometidos, para quienes el gobierno reacciona con timidez e incoherencia ante lo que perciben como una oposición violenta. Pero las encuestas demuestran que la oposición cuenta con una clara mayoría de aproximadamente 55% de apoyo contra un 15-20% del gobierno. Significa que a pesar de la crisis, una parte de la población otrora simpatizante del chavismo y hoy decepcionados con el gobierno, aun no se decide a apoyar a la oposición. Y ciertamente, van a pensarlo muy bien en el marco de protestas que se tornan más y más violentas, de manera particular en momentos como el actual en el que las protestas van dirigidas a cambiar el gobierno sin una idea más clara del futuro.

-¿Hasta qué punto funcionan los CLAP y los colectivos como mecanismos de disciplinamiento social?

Sin duda existen esos mecanismos pero su impacto, en particular el de los llamados «colectivos», está sobredimensionado en el discurso y en el imaginario opositor y en sus ecos en el exterior. Unos días atrás, por ejemplo, un dirigente opositor tildó a la Guardia Nacional de «colectivos», mientras que hace unas semanas corría una cifra, en reconocidos medios internacionales, que indicaba que los colectivos «controlan» el 10% del país. Más allá de grandes interrogantes no solo sobre cómo se llega a ese porcentaje, sino lo que se define por «control» –territorial, demográfico, operativo– este tipo de análisis también apunta a un sujeto homogéneo que no se ajusta a la realidad. Aunque comparten características –entre ellas la más destacada, claro está, es el uso de armas de manera para-estatal– lo cierto es que existe gran variedad entre grupos que se autodenominan «colectivos» o así son conocidos. En su mayoría, se identifican con el gobierno, pero difieren tanto en su nivel de apoyo como en los motivos por cuales lo hacen, especialmente en momentos de abierto conflicto como el actual.

En términos muy generales, podemos hablar de tres tipos de colectivos: un grupo es de larga data, con orígenes anteriores al del chavismo. Tanto en ideología revolucionaria como en disciplina táctica están muy bien formados, y se remontan a la experiencia de las guerrillas de los años 60 de la que toman inspiración. También llevan adelante un trabajo social importante, además del de vigilancia contra bandas delictivas en los espacios donde operan, lo que les da legitimidad entre sus vecindarios, con excepciones, claro está. Estos grupos han chocado con el aparato estatal chavista, incluso con Chávez en su momento, toda vez que critican la falta de compromiso ideológico de la elite gubernamental en el marco de la corrupción galopante, porque reivindican su autonomía respecto del orden jerárquico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y porque sobrepasan el control sobre las armas que Chávez quería canalizar, sin éxito, hacia las fuerzas armadas. De hecho, si bien otros componentes del aparato represivo del Estado tienen vínculos cercanos con colectivos, las fuerzas armadas por lo general los ven negativamente. Esto explica la dinámica que los hace salir y tomar acciones durante momentos de alto conflicto: menos en apoyo a Maduro que en defensa de lo que entienden que es una campaña militar sin cuartel para neutralizarlos en un contexto de transición.

Otro grupo surge entre 2007 y 2012, en pleno auge chavista. Toman como modelo al grupo anterior y desarrollan ciertas funciones similares de defensa en espacios muy reducidos junto a un trabajo social donde operan, pero su posicionamiento ideológico es mucho más comprometido con el «socialismo del siglo XXI»; es decir, mucho más allegados al chavismo y menos autónomos. Muchos están compuestos por gente más joven que los primeros colectivos, con menos trayectoria de lucha social en sus comunidades, pero dispuestos a desarrollarla en el marco de lo que fue la bonanza de recursos de esos años. A medida que esos recursos han escaseado bajo el gobierno de Maduro (e incluso antes), y por carecer de una base ideológica fuerte e independiente, algunos han ido pasando a actividades delictivas, haciendo uso de sus contactos en el gobierno, de su armamento y de su control de espacios reducidos.

Por último están lo que podemos llamar colectivos disfrazados. Surgen con la implementación del llamado Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP), bajo el cual fuerzas especiales entran en barrios para desarticular supuestas bandas criminales, y a menudo sus acciones terminan en matanzas. En el marco de estos OLP, sectores de la policía han tenido contacto con colectivos en zonas donde operan, en principio para tratar de evitar enfrentamientos, pero en ese contexto, han ido también apropiándose de tácticas y accionarios de para-vigilancia que utilizan los colectivos, pero ya con un fin netamente represivo. Además, con sus acciones ya no solo de intimidación sino de choque e incluso de intimidación de zonas opositoras confirman el imaginario extendido sobre los colectivos: el monstruo latente bajo la cama. A partir del ciclo de protestas de 2014, comenzamos ver a estos grupos, propiamente parte del gobierno pero que se arropan en la nomenclatura y accionar de grupos civiles armados, vestidos de civil y rodando en grupos de motorizados.

En este momento de crispación, los tres grupos están activos, pero su función es más bien de choque. De hecho, si las elites chavistas se aferran aún más al poder en la medida que el conflicto se torna más crítico, para aquellos percibidos como «colectivos» la dinámica de vida o muerte es aún más férrea, aunque difieran en sus motivos para actuar. La confusión sobre quién o qué son verdaderamente colectivos deja entrever que, en un contexto de transición, las fuerzas armadas –cuya relación con los ellos de por sí es tumultuosa ya que los ven como usurpadores de sus funciones– tendrían amplio espacio de maniobra para neutralizar cualquier cosa considerada bajo ese nombre. Esto, claro, tiende a profundizar aún más la sensación de defensa existencial por partes de colectivos que no obstante tienen numerosas críticas a Maduro y la cúpula chavista, sea por corrupción o por falta de compromiso revolucionario.

Más allá de esto, pensar que miles o millones de personas en los barrios no protestan aun cuando quieren hacerlo por estar atemorizados resulta más bien una manera de postergar, de nuevo, la pregunta acerca de por qué, a pesar de la crisis, y luego de más de tres lustros, la oposición no logra motivar a sectores populares decepcionados con el chavismo para que se arriesguen en las calles, así como lo han hecho en muchas oportunidades. Y así, resulta más fácil imaginar que debe ser o por estupidez o por miedo que no salen de manera masiva. El miedo, en particular, no ha sido un factor limitante en otras protestas previas. Para entender esto basta, de nuevo, ver los niveles de protesta reivindicativa, por lo demás altísimos, así como el día a día de violencia y represión policial en los barrios, las cuales no concitan ni una mínima parte de las críticas que Almagro, Human Rights Watch, Amnesty International o un sin fin de otras organizaciones le reserva a la oposición movilizada en las calles.

-¿Y los CLAP?

Los CLAP ejercen esa función de control social de manera más clara y con mayor impacto, ya que cubren mucho más territorio y, además, implican ayuda que se torna más crítica y necesaria en la medida que la crisis empeora. No por nada hubo un repunte importante en la aprobación de Maduro a principios de año, que coincidió con un operativo masivo y exitoso de distribución de los CLAP. Pero también es un mecanismo de doble filo. Mientras más se crea en los CLAP una expectativa de ayuda crítica y puntual, más precisa el gobierno darle un seguimiento oportuno. En la medida en que no lo hace, se vuelve no solo posible sino probable que este vínculo con el gobierno se deshaga y la gente salga a protestar. De hecho, ya hay reportes de sectores populares que protestan por las fallas en la distribución de los CLAP que se van entrelazando con las protestas de corte más cívico y político. Si persisten las fallas, y se derrumba la expectativa de ayuda, ese control que vienen ejerciendo los CLAP se esfumará.

-¿Qué perspectivas imagina para la coyuntura venezolana actual?

Todo apunta a un escenario de más confrontación, lo cual, de hecho, marca un hito en la trama reciente de Venezuela. Lo que se comenta poco es que, dada la intensidad de la polarización, protesta y conflicto que ha vivido el país en las últimas dos décadas (e incluso antes), a lo cual se le suma el número descomunal de armas en la calle y los altísimos índices de violencia delictiva, resulta insólito que la tensión social y política no haya pasado a mayores, incluso a una guerra civil. Lo cierto es que en momentos en los que también se hablaba en términos del todo o nada, del fin del mundo, de un desenlace final ante un tablero cerrado –como en 2002, 2007 o 2014 – Venezuela y su gente, a pesar de todo, encontraron cómo frenar en el barranco.

Hoy estamos ante una coyuntura muy diferente de instancias previas de crispación, protesta y violencia. El gobierno no solamente está débil en cuanto a apoyo popular sino ante un panorama geopolítico completamente adverso, y con muchos de sus cuadros inmersos en la corrupción, lo cual reduce la posibilidad de inmunidad ante un contexto de transición. El gobierno se muestra arrinconado y sin ningún interés en negociar de buena fe, ya que lo que está en juego es el todo. Por eso hace uso de todas las piezas que controla en el aparato institucional para intentar frenar esa debacle total, aceptando los costos de legitimidad que esto conlleva en el ámbito doméstico e internacional. Claro, de parte de la oposición, con más apoyo que nunca dentro y fuera de Venezuela, tampoco hay voluntad alguna de negociar. Primero por cuestiones de principios –del tipo «la democracia no se negocia», aunque qué entienden por democracia está en entredicho– pero más que todo, por sentirse próximos a la victoria final.

No obstante, también es cierto, aunque resulte difícil aceptarlo, que, como mencionamos, ni la oposición ni el gobierno cuentan con el poder abrumador para salir victorioso. Por eso se estancan en una brutal lucha de trincheras sin un desenlace claro. El gobierno juega al desgaste opositor. La oposición a un quiebre decisivo dentro del gobierno –por ejemplo de fichas claves, especialmente en las fuerzas armadas– y al aumento de las protestas en sectores populares que obliguen a reprimirlas tal como se ha venido haciendo con las protestas más convencionalmente asociadas con la oposición. Eso le restaría muchísima credibilidad entre sectores que si bien mantienen serias críticas y desilusión, aun no se deciden del todo a apostar por una alternativa de gobierno opositora.

El comodín es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más y más resulta evidente y conocido, no solo a escala internacional sino en la propia Venezuela, sobre todo entre aquellos que simpatizan o simpatizaron con el gobierno, que sus cúpulas están metidas de pleno en actos de corrupción, especialmente en el tráfico de alimentos y de divisas que afecta de manera más directa a sectores populares. Pero al contrario de las elites civiles chavistas, los militares saben que son una ficha de negociación precisamente por controlar las armas del Estado y estar en la posición, en un momento dado, de dirigir esas armas en función de una «pacificación» de sectores, por ejemplo los colectivos, que se opongan de manera violenta a una transición. De hecho, la oposición mantiene lazos con la jerarquía militar y pide públicamente que se manifieste abiertamente contra el gobierno. Y puede que lo haga, pero más allá de la paradoja de una oposición que por años ha criticado al componente militar por sobreponerse al civil, quienes sufrirán las consecuencias son esos mismos sectores populares de los que tanto se habla. Vale recordar las palabras que el entonces flamante presidente Carlos Andrés Pérez, en vísperas de lo que sería el Caracazo de 1989, le apuntó a un dirigente de Acción Democrática: «Cuando el ejército sale a la calle, es a matar gente». De modo que no sirve hablar de ángeles y demonios en Venezuela. Quienes ayer enarbolaban los derechos humanos hoy los violan, y viceversa. Y el precio siempre lo pagan de manera marcada esos barrios de los que tanto se habla, y a los que tan poco se escucha, y menos aún, se entiende. Esto es, en resumidas cuentas, el nudo y tamaño de nuestra crisis.

 

Por Alejandro Velasco

13/06/2017

historiador y profesor en la Universidad de Nueva York, editor ejecutivo de NACLA Report on the Americas, autor de Barrio Rising. Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela (2015).
Fuente: Nueva Sociedad
http://nuso.org/, junio 2017

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