Cómo y cuándo salir de la enorme crisis económica creada por la pandemia

El hecho de que muchos países hayan conseguido reducir el crecimiento de la tasa de mortalidad causada por el coronavirus, mitigando así el impacto de la COVID-19, ha generado un optimismo que explica que muchos de ellos estén ya iniciando el proceso para intentar recuperar alguna forma de normalidad y reactivar la actividad económica, saliendo así de la mayor crisis económica que estos países hayan sufrido en los últimos cien años.

Ello ha originado un debate sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo dicha recuperación. Este artículo intentará resumir varias alternativas, hoy presentes a los dos lados del Atlántico Norte. Pero para evaluarlas hay que ser conscientes de que, en general, y desde el punto de vista científico, hay bastante consenso entre los expertos en salud pública sobre los criterios básicos que deberían regir esta recuperación. Unos de los más conocidos a nivel internacional son los criterios de la Johns Hopkins University, cuyo Center for Health Security ha señalado que para iniciar tal proceso hay que cumplir cuatro condiciones. La primera es que el país tiene que haber experimentado un descenso de la mortalidad debida al coronavirus durante, al menos, 14 días. Otra condición es que el país tenga suficiente capacidad para realizar pruebas de diagnóstico que le permitan cubrir, al menos, a todas las personas con síntomas de tener la COVID-19 (y también realizarlas a los contactos que estas personas hayan tenido) así como a las personas que trabajan en todos los servicios definidos como "esenciales". Una tercera condición es que el país tenga un sistema sanitario con capacidad suficiente para poder atender a todos los pacientes, y cuyo personal sanitario tenga todo el equipo de protección necesario que le permita atenderlos con el mínimo riesgo de contagio. Y, por último, la cuarta condición es que los servicios de salud pública del país tengan capacidad suficiente para llevar a cabo campañas de detección de nuevos casos de infección, así como controlar y diagnosticar a sus contactos para su confinamiento y aislamiento (ver "Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors", The Johns Hopkins University Center for Health Security, 17.04.20). La aplicación de estos cuatro principios, junto con las medidas de confinamiento selectivo, así como el uso generalizado de mascarillas y guantes, permiten el control y resolución de la pandemia. La experiencia así lo ha mostrado. Casos como el de Corea del Sur muestran claramente que la pandemia puede abordarse con éxito. Ello requiere un compromiso firme por parte del país y sus autoridades, dentro de una cultura cívica de solidaridad y compromiso con el bien común.

 

Estas condiciones no se están respetando en la gran mayoría de países que se están desconfinando

 

Ahora bien, el éxito que las campañas de confinamiento han tenido en muchos países para reducir el número de contagios, de enfermos y de muertes por coronavirus ha generado un optimismo que, sin que se den las condiciones previamente detalladas, ha animado a que se inicie en muchos de ellos un proceso de desconfinamiento y de paulatina recuperación económica. Es comprensible que este proceso esté ocurriendo, pues las medidas de contención de la pandemia y, muy en particular, el confinamiento de la mayoría de la población (que en un momento determinado fue de tres cuartas partes de toda la población que vive en las economías avanzadas), han representado y continúan representando un enorme sacrificio con el que la población, con razón, desea y ansía terminar. Es más, a favor del desconfinamiento existe el hecho de que el confinamiento también tiene costes para la salud de la población, entre ellos, causar un aumento de mortalidad por enfermedades distintas a la COVID-19, al no poder ser atendidas estas enfermedades por la saturación de los centros sanitarios desbordados de enfermos por coronavirus. Y no hay que olvidar tampoco que la propia crisis económica está deteriorando la salud y calidad de vida de grandes sectores de la mayoría de la población.

Pero, por muy comprensibles que sean los argumentos favorables a un pronto desconfinamiento, ello no quiere decir que sea aconsejable, ya que tal recuperación (dependiendo de cómo se haga) podría incluso empeorar la situación y agravar todavía más la crisis económica. Y la principal causa de que ello sea así es que la actividad productiva continúa basándose en la actividad humana, dependiendo su ejecución de la salud y la vida de sus agentes, lo cual hace que la viabilidad del sistema económico dependa de que se respeten los principios científicos y las condiciones indicadas al inicio del artículo. A no ser que los trabajadores estén vivos y sanos, el sistema económico se paraliza. Un desconfinamiento rápido puede conducir incluso a una mayor parálisis como consecuencia del crecimiento de la enfermedad entre los trabajadores, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Estados de EEUU, donde la pandemia está teniendo unos efectos devastadores.

Esta es la realidad de la que deben ser conscientes las autoridades que tienen que tomar las medidas sobre el desconfinamiento. Naturalmente que el deseo común es terminar con esta situación anómala. De ahí que la diferencia entre las distintas alternativas no sea tanto sobre desconfinamiento sí o no, sino sobre qué tipo de desconfinamiento, es decir, en qué condiciones debe realizarse, a fin de que se puedan minimizar los daños que dicho desconfinamiento podría causar a la población, incluida la laboral, lo que afectaría y retrasaría la recuperación económica.

 

Las distintas estrategias de recuperación económica existentes hoy a los dos lados del Atlántico Norte

 

Una estrategia de recuperación económica es la promovida por el gobierno federal estadounidense presidido por Donald Trump, y consiste en el masivo desconfinamiento de la mayoría de la población, a fin de recuperar la economía lo más pronto posible (y a ser posible, antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que el presidente Trump se presenta para conseguir su relección). Esta alternativa es consciente de que ello implicará un riesgo muy elevado de contagio y muertes por coronavirus. En esta estrategia, la vuelta a la normalidad pasa a ser el objetivo urgente e inmediato para la recuperación. Y el elevado número de fallecidos se justifica por la necesidad de salvar la economía del país, salvación que en ocasiones se presenta en términos belicistas y patrióticos. Tal y como ha señalado el presidente Trump, "hay que salvar la patria en una guerra en la que los muertos son el precio para ganar y conseguir la victoria". Salvar la patria equivale a volver a la normalidad del período prepandemia. Esta posición trumpiana está bastante extendida en amplios sectores conservadores y liberales del mundo occidental, incluyendo España.

Esta estrategia ha sido muy criticada por la gran mayoría de la comunidad científica, incluyendo el comité de expertos que asesora a la Casa Blanca en el tema de la pandemia. Las tensiones entre el Sr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, (y otros miembros del comité científico), por un lado, y el propio presidente, por el otro, son bien conocidas. La elevada popularidad de este experto (la figura más reconocida hoy en EEUU) lo ha protegido de los intentos de la administración por apartarlo del cargo o del comité de expertos. La razón de este rechazo por parte de la comunidad científica es que la pandemia no se resolvería y podría agravarse todavía más, cronificándose y matando a un elevado número de ciudadanos que se considera inaceptable, pues la pandemia podría prolongarse durante un período muy largo, de hasta cinco o más años.

La esperada vacuna contra el virus no será una realidad próximamente

 

El argumento utilizado por los que se muestran favorables a la vuelta rápida a la "normalidad" para negar la posibilidad de que aumente la mortalidad de una manera muy marcada es que se espera que en el corto plazo de algunos meses ya haya disponible una vacuna para prevenir y curar la enfermedad de la COVID-19. Pero existe un gran escepticismo en amplios sectores de la comunidad científica de que esta vacuna pueda desarrollarse, producirse y distribuirse en los próximos meses. Ni que decir tiene que la industria farmacéutica es la mayor promotora de esta tesis, industria que es muy próxima al presidente Trump, cuyas propuestas favorables hacia ella son bien conocidas en aquel país. Aceptando la tesis del descubrimiento y amplio uso de la vacuna en un "futuro próximo", la administración Trump está intentando recuperar la economía inmediatamente, consciente del elevado coste en mortalidad que significará el abandono de los principios científicos enunciados anteriormente, con la suspensión masiva del confinamiento y del distanciamiento social, entre otras medidas salubristas. En esta visión trumpiana, la "recuperación de la normalidad" significa dar prioridad a las grandes inversiones de dinero público para favorecer la recuperación de los elevados niveles de beneficios de las grandes empresas y grupos económicos próximos a la administración Trump (sin condicionar tal ayuda pública masiva al mantenimiento del empleo).

La alternativa progresista a esta estrategia extremista

 

Frente a la alternativa trumpiana, hay una alternativa progresista que las encuestas muestran a los dos lados del Atlántico Norte que es la más popular, y que consiste en desconfinar gradualmente a la población, de manera que la reapertura esté relacionada con el cumplimiento y la mejora en cada una de las condiciones enumeradas al principio del artículo, de manera que cuanto más se cumpla cada condición, mayor sea el grado de apertura. Ello requiere que, como primer paso, se invierta masivamente en los sectores "esenciales" necesarios para el mantenimiento y la sostenibilidad de toda la sociedad y, por lo tanto, de la economía. Entre ellos merecen especial atención los servicios sanitarios y de salud pública, así como los servicios sociales y los de atención personal (conocidos también como la economía de los cuidados), incluyendo los servicios del cuarto pilar del Estado del Bienestar (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia, entre otros), que son todos ellos necesarios para garantizar la supervivencia, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado de la ciudadanía (tanto como trabajadores como consumidores), sin la cual la actividad económica no puede existir. Se propone así un New Deal Social que incluya una gran inversión en los servicios y transferencias del Estado, inversión que, insisto, debería reforzar los servicios de supervivencia, mantenimiento y continuidad de la sociedad, incluida su economía, y que además sería una de las fuentes más importantes para crear empleo. Esta inversión garantizaría una recuperación que minimice la mortalidad y morbilidad (enfermedad), creando además un empleo necesario para facilitar tanto la seguridad y salud de la población como el estímulo para la recuperación económica. Por ejemplo, el desarrollo del 4º pilar del bienestar facilitaría la integración de la mujer en el mercado de trabajo, tal y como ha ocurrido en aquellos países donde existe dicho pilar (como es el caso de los países escandinavos, que tienen el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo), ya que permite compaginar el proyecto personal a nivel laboral con la responsabilidad familiar (facilitada también por una revolución cultural, corresponsabilizando al hombre en tales tareas familiares). Estas políticas públicas están adquiriendo una gran urgencia hoy como consecuencia del confinamiento de las familias, con el cierre de las escuelas, incluidas las infantiles. El número de puestos de trabajo creados en el desarrollo de estos servicios sociales básicos sería muy grande. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en estos sectores sociales del Estado del Bienestar (hoy, uno de cada diez) que tiene Suecia (uno de cada cinco), España crearía unos 3,5 millones de puestos de trabajo. De ahí la urgencia de que el Estado cree empleo. La muy necesaria renta mínima garantizada que asegure un ingreso mínimo vital debe ser complementada con la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios y sociales (incluyendo el 4º pilar del bienestar) que garanticen su vida, salud y bienestar social. El derecho al ingreso mínimo vital debería estar acompañado con el derecho de acceso a los servicios vitales universales.

Hoy existe un gran consenso popular, expresado en el aplauso a las 8 de la tarde hacia los trabajadores de los sectores sanitarios y sociales, sobre la urgente necesidad de cubrir el enorme déficit de personal y recursos en estos servicios. Esta inversión en el New Deal Social es una de las condiciones más importantes para los programas de recuperación económica a fin de resolver, por un lado, la pandemia y, por el otro, prevenir su reaparición, toda vez que se garantiza el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (objetivo principal de cualquier política pública), así como la seguridad y el mantenimiento del quehacer económico. La pandemia y la enorme crisis que ha creado es la mejor prueba de la importancia de priorizar esta inversión social, siendo el centro de la recuperación.

 

La necesaria reorientación del sector industrial para orientarlo hacia el bien común

 

La recuperación económica tiene que incluir también una gran inversión pública para la recuperación del sector industrial, que debería utilizarse para reformarlo a fin de dar mayor prioridad a la producción orientada al bien común en lugar de estar centrado exclusivamente (como ha sido hasta ahora) en responder a la demanda del consumo individual, determinado por la capacidad adquisitiva de las personas, orientándose así hacia los sectores con mayor capacidad monetaria. Hay que producir respiradores que salven vidas, por ejemplo, en lugar de producir tantos automóviles, y hay que producir mascarillas en lugar de vestidos de lujo. Y hay que enfatizar las energías renovables en lugar de las contaminantes. El New Deal Verde tiene que complementar el New Deal Social. Y para asegurarse de que esta nueva orientación se cumple, el Estado tendría que utilizar la inversión pública, pasando a ser parte de la dirección de algunas empresas, conforme a la cantidad de apoyo financiero que haya aportado. No puede reproducirse lo que ocurrió con la salvación de la banca, que terminó con una enorme pérdida de 60.000 millones de euros públicos, sin haber sido utilizada aquella inversión para una modernización del sector bancario, a fin de que desarrollara una vocación de servicio al bien común, escasamente presente en este sector económico.

En realidad, una gran diferencia entre las dos alternativas -la trumpiana y la progresista- es que la primera, defensora del statu quo (al coste que fuere), ha percibido al Estado como un servidor de la economía, interviniendo solo cuando tiene que corregir los fallos del mercado. En la alternativa progresista, por el contrario, es la economía la que está al servicio de la sociedad y del bien común, con una activa intervención del Estado para garantizar que sea así. En este sentido, el Estado tiene que intervenir activamente en el proceso de reconversión económica. Un ejemplo, entre muchos otros, es el desarrollo de la digitalización y de la inteligencia artificial, que constantemente es presentada como un riesgo (según algunos) o una oportunidad (según otros) para la desaparición del trabajo humano. Que sea lo uno o lo otro depende del contexto político que dirija tal proceso y los objetivos deseados. El mérito o demérito de las nuevas tecnologías depende, pues, de quién las controla. Dejarlas en las manos del mercado, como proponen los conservadores y liberales (y cuya máxima expresión es el trumpismo), es optimizar el poder y beneficios de las empresas y grupos económicos que las controlan. Pero la experiencia también muestra cómo en países donde el Estado ha tenido un mayor protagonismo (como los países escandinavos) estas nuevas tecnologías han servido para redefinir las condiciones del trabajo y permitir una mayor satisfacción y creatividad del mundo trabajador, facilitando una considerable reducción del tiempo de trabajo (ver "Robots won’t make us redundant", de Lars Klingbeil y Henning Meyer, Social Europe, 14.05.2020).

 

¿Cómo se pagará esta reconversión? La necesaria reforma de la política fiscal

 

Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta no es económica sino política. La pregunta debe reformularse para decir: ¿tiene la sociedad española recursos para financiar esta recuperación? Y la respuesta, apoyada por los datos existentes, creíbles y claros, es afirmativa. España tiene los recursos para pagar su New Deal Social (complementado con el New Deal Verde). El excesivo poder e influencia de las fuerzas conservadoras en la vida política y mediática de España explica la infrafinanciación de sus sectores esenciales, incluyendo, por ejemplo, la sanidad y los servicios de salud pública. España es uno de los países de la UE-15 que gasta menos en su Estado del Bienestar. En sanidad, por ejemplo, invierte solo un 6,4% del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 7,1% y en la UE-15 del 7,2%. Si tal gasto fuera el de la UE-15, tendríamos casi 10.000 millones de euros más para la sanidad.

Las enormes desigualdades de renta y de propiedad que existen en este país, unas de las más altas hoy en el mundo desarrollado, muestran que el problema no es la falta de recursos sino la redistribución de esos recursos, lo cual ocurre por cierto también en la Unión Europea (UE), cuya falta de solidaridad en respuesta a la pandemia está mostrando, una vez más, una carencia de sensibilidad social que podría significar su desaparición como consecuencia de la falta de apoyo popular. La Europa democrática, que fue el sueño y punto de referencia que nos motivó a la resistencia antifascista durante la dictadura, se está convirtiendo en una pesadilla. Que hoy, en medio de la mayor crisis económica que este continente haya experimentado, todavía se insista en la UE en las medidas neoliberales que hicieron tanto daño a las clases populares de este continente es un sinsentido. Hoy están claramente desfasadas, pues hay casi un consenso internacional en que la principal condición para salir de la crisis es precisamente una enorme inversión pública, y debe ser el Estado (desde sus diferentes niveles) el que invierta cantidades nunca vistas antes para esta recuperación.

De ahí que, además de políticas fiscales redistributivas, el crecimiento de la deuda pública sea necesario y urgente, pues sin ella no hay posibilidad de recuperación económica. Incluso el mayor ideólogo neoliberal, conocido por su insistencia en reducir el déficit público durante la Gran Recesión, el Sr. Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, no solo tolera, sino que es favorable a un gran aumento del déficit ("tanto como sea necesariopara recuperar la actividad económica"). Y un tanto igual el presidente del Federal Reserve Board, Jerome H. Powell (institución equivalente al Banco Central Europeo y máximo promotor del neoliberalismo en EEUU), que ha pedido al Congreso de EEUU que continúe invirtiendo dinero público hasta que la economía se recupere, sin límite en su déficit. El tema a debate, pues, no es inversión pública sí o no, sino dónde, cuándo y cómo se hace tal inversión, y para el beneficio de quién: o se hace para salvar los intereses particulares del establishment financiero y económico, o para salvar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población, poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Ahí es donde está el debate. Y de su resolución depende la vida de todos, incluida la del lector de este artículo.

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¿Estabilización o desmantelamiento? Las medidas de apertura económica en Venezuela.

Un complejo coctel de fenómenos y medidas parece estar reanimando la economía venezolana y dando un respiro a los sectores populares, pero también transformando al llamado “socialismo del siglo XXI” en una estructura que tiene cada vez menos que ver con la utopía chavista.

El segundo gobierno de Nicolás Maduro, iniciado en enero de 2019, ha implicado un cambio rotundo con respecto al modelo económico de su primer período (2013-2018), en línea con lo anunciado ya en agosto de 2018 con el llamado Plan de Recuperación Económica. Si bien las sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense de Donald Trump han atado de manos al gobierno en muchos aspectos, también es verdad que, en paralelo al recrudecimiento de esas sanciones durante 2019, la situación económica venezolana ha venido, paradójicamente, estabilizándose. Un dato más asombroso todavía si recordamos que Rusia y China cerraron su línea de crédito a Caracas hace ya varios años y que la empresa estatal de petróleo del país caribeño no ha logrado salir del atolladero en el que cayó durante el primer gobierno de Maduro.

¿A qué se debe entonces la actual sensación de mejoría en lo económico, que ni los más apocalípticos opositores pueden negar?

¿DEL DESASTRE A LA ESTABILIDAD? 

En su segundo mandato, después del desastre económico del primero, Maduro ha mostrado una tendencia a aplicar medidas de apertura y liberalización que desatan los nudos gordianos traídos por los obsesivos controles económicos estatales.

Las actuales medidas para desmontar este sistema de control implican una apertura económica radical que en cualquier país sería catalogada por la izquierda como “neoliberalismo salvaje”. Son la respuesta a un consenso del que participan economistas de derecha y del gobierno, como Jesús Farías. Las disposiciones incluyen la eliminación definitiva y legal del control de cambios y del control de precios, privatizaciones como la de la cadena de automercados Bicentenario (expropiada por Chávez), la eliminación de aranceles para la importación y algo impensable durante el primer gobierno de Maduro: disciplina fiscal y la paralización de la reproducción alocada de dinero sin respaldo en la economía real (o inorgánico) que terminó en la peor hiperinflación del mundo. Durante la transición hacia el nuevo modelo liberal, Maduro reconoció en agosto de 2018 que en su primer gobierno financió el gasto público con la emisión de dinero inorgánico (lo que es penado por ley), pero que en esta nueva etapa impondría “disciplina fiscal prusiana”.

Todo ello en un escenario social en el que el sueldo mínimo cayó de casi 250 dólares en 2012 a sólo cinco en 2015.

La importación de alimentos y otros artículos de primera necesidad ha sido declarada libre de impuestos en 3.275 categorías de productos con el argumento de intentar eludir el bloqueo financiero. Y a juzgar por la cantidad de productos importados que inundan el mercado venezolano, parecería estar lográndolo, aunque con ello deprima aun más la producción nacional.

Un factor central para entender la sobrevivencia del venezolano es que la pauperizada economía nacional comienza a adaptarse a nuevos tipos de ingresos de divisas. Aunque incomparables a la otrora renta petrolera, estos nuevos ingresos están signados por las remesas enviadas por los migrantes venezolanos, la repatriación de capitales por goteo y el nuevo impulso a la extracción de oro, entre otros.

DESPUÉS DEL PETRÓLEO. 

Las remesas, particularmente, contribuyen a que los nuevos ingresos no se queden en las cúpulas políticas o económicas, lo que genera un burbujeo en todo el tejido social. Con el Estado ya lejos de ser la principal fuente de ingresos directos como antaño, la remesa ha pasado a ocupar su lugar. Quizá no tanto por el volumen, sino por su capacidad de irrigación directa a los sectores más necesitados.

Es imposible tener estimaciones certeras del volumen de las remesas. El control de transacciones facilitó triangulaciones bancarias de diversa índole que permitieron llevarlas a cabo sin ningún control estatal. No obstante, diversos actores, incluso contrarios políticamente, proponen cifras relativamente parejas. Algunos calculan que el ingreso supera los 3.700 millones de dólares anuales, y otros, que podría estar acercándose a 6.000 millones en 2020. Otras estimaciones afirman que ya sobrepasa el total de exportaciones no petroleras. Hay economistas que calculan que los venezolanos envían en promedio entre 5 y 6 mil dólares por año cada uno, una cifra que puede ser exagerada para quienes envían remesas desde países periféricos. En un intento por conseguir información pregunté a varios familiares de migrantes pertenecientes a los sectores populares que reciben remesas y, entre quienes me respondieron, el mínimo recibido fue de 50 dólares mensuales, lo que representa diez meses de sueldo mínimo.

La Onu maneja el dato de que han emigrado más de 4 millones de venezolanos. Tomando en cuenta que la finalidad principal de esta migración masiva venezolana ha sido producir ingresos para transferir remesas, podemos imaginar que el impacto de estas permite hasta cierto punto sustituir el que otrora tenían los empleos estatales. Antes de la crisis, el Estado era el principal empleador y los puestos públicos se estimaban en 2 millones.

Otra nueva fuente de divisas es lo que llamamos “repatriación de capitales por goteo”. No encontramos cifras confiables sobre esto. Históricamente las clases alta y media alta, así como los sectores emergentes, llevaron sus ahorros y su capital hacia el exterior con el fin de atesorarlos en dólares y en un país confiable. Muchos de estos sectores aún viven en Venezuela y van trayendo mensualmente o incluso semanalmente pequeñas dosis de sus ahorros, pues, una vez convertidos a la moneda local, estos son disueltos por la inflación. El más reciente mecanismo que comprueba estas “microrrepatriaciones” es la utilización de la plataforma Zelle como forma de pago en diversos locales comerciales, especialmente en las zonas de clase media y alta. Se trata de una red de pagos que requiere disponer de una cuenta bancaria en Estados Unidos y que no cobra comisiones por la transferencia.

La diferencia con el período previo a la crisis es que quienes fugaban capital, de manera más o menos fraudulenta, ahora lo repatrían no para grandes inversiones, pero sí en pequeñas dosis y hasta pequeñas inversiones como las que se ven con el auge en la oferta de restaurantes y lugares de diversión en las principales ciudades. Jesús Farías, exministro de Economía de Maduro y uno de los principales impulsores de la nueva etapa económica lo explica de esta manera: “Los actores privados están trayendo sus divisas y sus recursos para invertirlos en el país y están dejando de chupar de la teta del Estado” (Banca y Negocios, 10-I-20).

Este proceso está generando algunas burbujas de consumo que develan nuevas formas de desigualdad en un ambiente ya ideológicamente posterior a los planteamientos de Chávez, y en el que participan viejas elites junto con nuevos ricos formados, fraudulentamente, en el chavismo y el adequismo.Todo ello, mientras los dirigentes políticos del chavismo apuestan al nacimiento de una “burguesía revolucionaria”, tal como la denominó el ministro de Tierras, Castro Soteldo.2

Ante la caída de la producción petrolera el gobierno impulsó la extracción del oro en el arco minero, que también está generando nuevos ingresos, aunque con consecuencias nocivas visibles en materia ecológica, que era otra bandera del discurso propiamente chavista. Con la minería de criptoactivos amparada legalmente y un precio irrisorio de la electricidad, Venezuela se ha convertido en un país con condiciones favorables para estas operaciones, y es el tercero en el ranking mundial en el uso de criptomonedas.

Todo ello va aportando a la creación de una nueva economía nacional en la que ni el Estado ni el petróleo figuran como protagonistas.

Algo muy notable de esta transición económica es la ausencia de datos para producir confianza en torno a la balanza de pagos, que es muy difícil de calcular con la situación actual, pero de la que se evidencia un equilibrio. Los datos oficiales publicados hasta el momento generan mucha desconfianza, dada la política del gobierno de no reconocer la gravedad de la situación. Es posible que nadie tenga la información real sobre los nuevos ingresos del país, especialmente de las remesas desde el exterior, pero tampoco sobre el oro y otros rubros que se están exportando. El gobierno parece independizado del Estado y no rinde cuentas a nadie.

UNA ECONOMÍA DOLARIZADA. 

La crisis venezolana fue ampliamente divulgada por los medios internacionales durante el primer mandato de Maduro (2013-2018). Los servicios del Estado colapsaron, la migración se contó por millones, la desnutrición se generalizó en sectores enteros de la población. Un ejército de hambrientos invadió los basureros.

La situación hoy parece ser otra. Las medidas de liberalización han abatido la escasez. Ya no existen las colas. La inflación aún es alta, pero las oficinas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, registran que en 2019 la tendencia fue hacia su disminución en comparación con 2018 y años anteriores. Tomando en cuenta que la hiperinflación implica sobrepasar un 50 por ciento de inflación mensual, según estos datos sólo existió un mes con hiperinflación en todo el año.

El cambio se percibe cotidianamente. Se nota mayor capacidad adquisitiva incluso en sectores empobrecidos. El transporte público superficial ha venido mejorando. Muchos sectores del comercio sobrevivieron los peores años de la crisis y comienzan a revitalizarse. El dólar es usado en todos los estratos sociales. Hay nuevos negocios y comercios. El discurso de la crisis humanitaria se ha hecho insostenible y ha salido de la boca de los políticos de oposición.

Han aparecido burbujas de consumo en centros financieros o turísticos del país. Así, algunas urbanizaciones de Caracas y otras ciudades grandes se han llenado de negocios caros, carros lujosos, edificios de alta gama y un consumo irrefrenable de productos importados. Igual en sectores turísticos. Siempre con el dólar como sustituto ya legal del bolívar, que está quedando confinado a circuitos marginales, en un proceso de dolarización irrefrenable reconocido abiertamente por Maduro en noviembre del año pasado. Pero la dolarización no es sólo de ricos o nuevos ricos. Muchos servicios hoy facturan en divisas. Son varios los oficios y profesiones que cobran en dólares, desde ejecutivos hasta mecánicos y costureras.

Los buhoneros, manteleros o comercios informales de la calle aceptan dólares. Los marchantes que venden caramelos y chupetas hacen promociones para facilitar la venta en divisas. Cualquier puesto en mercados populares acepta y da vueltos en dólares. Las propinas también se están dando en esta moneda en muchos espacios.

Es verdad que el Estado todavía paga en bolívares los sueldos irrisorios de sus trabajadores, incluyendo los de los principales prestadores de servicios como enfermeras, médicos y docentes, así como policías y otros. Pero también es verdad que muchos de ellos cobran servicios en dólares por fuera de su trabajo en el Estado. Los maestros reciben en dólares las clases particulares. Enfermeras y médicos tienen trabajos paralelos en los que hacen lo mismo. La policía cobra sus coimas también en dólares. Jubilados y trabajadores públicos tienen negocios de comercio informal con el que atrapan divisas.

En líneas generales, quedan muy pocos que vivan de los sueldos del Estado.

Según Datanálisis, una importante firma de investigación económica, más del 40 por ciento de la población utiliza el dólar.

Podría aducirse que la mejoría puede ser sólo una sensación, pero la triangulación de datos realizada sugiere que esa sensación tiene un sustento real.

Es cierto que Caracas se ha vuelto una gran burbuja que parece no estar afectada por la grave crisis del interior del país, sobre todo en la esfera de los servicios públicos y signada por la falta de gasolina. Pero también es cierto que los nuevos ingresos a los que hemos hecho mención están esparcidos por todo el territorio nacional, e incluso hay territorios, como los de frontera y los de explotación del oro, donde se evidencia un poder adquisitivo en aumento. Atrás quedaron las imágenes diarias de saqueos en carreteras y pueblos del interior del país que pudimos ver desde 2016 hasta 2018.

Ha habido un debate sobre el auge de los bodegones (ventas de productos exclusivamente importados). Para los economistas del gobierno son síntoma de recuperación económica, para otros analistas son el mejor ejemplo del fin de la revolución y el auge de una división de clases tajante y problemática.

En la actualidad, y a pesar de estos bruscos cambios económicos, el principal problema inmediato no parece ser la desigualdad social en crecimiento. El país tiene varios años siendo completamente pobre, y ahora resulta que hay ricos que también fueron golpeados por la crisis de diversas formas y cuyo consumo no tenía el grado de visibilidad que ahora tiene con estas grandes burbujas y bodegones. Pero, por ahora, el tema central no es la desigualdad, puesto que esta termina invisibilizándose en la medida en que las clases pobres y medias aumentan su consumo en comparación con los peores años de la crisis (2013-2018).

El desafío más acuciante y verdadero signo de esta época es el colapso general de los servicios públicos y la incapacidad del Estado para enfrentarlo. El gobierno ya no tiene posibilidad de agenciar los servicios públicos, lo que abre una era de micro- y macroprivatizaciones. Quien tiene dinero para pagar podrá contar con salud, transporte, educación, luz y agua. Quien no tenga, la tendrá mucho más difícil. Las arcas estatales han quedado desprovistas. Las misiones sociales que fueron la política asistencial exitosa de Chávez han venido debilitándose de manera importante, centros médicos emblemáticos como el que quedaba en el corazón de la clase media alta de Caracas, en las Mercedes, está cerrado hace tres años, las decenas de médicos cubanos que allí laboraban se han retirado. Como ese, muchos otros centros de salud y educativos propios de las misiones sociales han cerrado.

Por todo esto, los sectores vulnerables irán engrosando grandes bolsones de pobreza que seguro impactarán en los próximos decenios en la vida del país, pero, por ahora, el cambio económico genera algo de oxígeno a todas las capas sociales, de manera directa o indirecta.

Ciertamente, el estatismo extremo ahogó la economía venezolana y la llevó al quiebre antes de las sanciones. En cambio, el desmonte de los controles estatales y la imposición de medidas liberales han dado un respiro a la economía, sobre todo la de los más pobres. Esto desata un debate sobre el éxito de ciertos modelos económicos y la deseabilidad de cierto tipo de controles, pero, principalmente, sobre el modelo del Estado y su relación con la economía y la sociedad.

El debate no es sólo sobre Venezuela. Un nuevo ciclo progresista en América Latina debe salir de los dogmas para confrontar una situación regional donde campea el libre mercado salvaje, y no permitir la disolución del Estado como ente mediador o colchón para la pobreza estructural que el primer ciclo de Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner apenas pudo calmar temporalmente. El nuevo ciclo revitalizado en Argentina y México no parece aún tener al respecto una dirección clara. ¿Puede la izquierda emprender cambios profundos en la economía latinoamericana o terminará muriendo en el libre mercado por puro miedo a repetir la experiencia venezolana? Todo esto convendría pensarlo en el marco del fracaso del neoliberalismo evidenciado con las protestas de Chile, Ecuador y Colombia, entre otras, a finales de 2019.

Por Ociel Alí López

13 marzo, 2020

  1.   Designación derivada de Acción Democrática, partido político que tuvo el poder durante los 40 años previos a Chávez y aún cuenta con un poder político importante.
  2.            Así propone Castro Soteldo en la entrevista de Latina 102.1 FM, del 11-IX-19. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=cNqWSL8XdkI›

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Seguidoras de Bernie Sanders en Arizona.Caitlin O'Hara / AFP

A pesar de sus intentos de indentificarse con Obama, Sanders ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones

Pocos movimientos políticos han sufrido un batacazo tan rápido y drástico como el que ha experimentado la campaña de Bernie Sanders entre los caucus de Nevada y el Supermartes. En el transcurso de 10 días, este aspirante ha pasado de ser el probable candidato demócrata a estar muy lejos de conseguirlo.

De hecho, las cosas se le han puesto tan mal que Sanders ha presentado un anuncio que intenta retratarlo como gran amigo del expresidente Barack Obama.

Los verificadores de datos han señalado que el anuncio es muy engañoso. Embarulla cosas que Obama ha dicho a lo largo de una década y deja fuera un contexto esencial. Pero el análisis fotograma a fotograma subestima de hecho lo hipócrita que es que Sanders intente identificarse con Obama. Porque el sandersismo, como filosofía, consiste precisamente en rechazar el obamaísmo. Es decir, se basa en negarse a aceptar la idea de una política gradual, de que medio pan es mejor que nada, y exige el maximalismo del todo o nada.

Lo cierto es que existen razones fundadas para las críticas de Sanders a Obama. Pero Sanders debería asumir esas críticas en lugar de pretender que nunca las ha hecho. Entonces, ¿de qué trata el debate? De valores, no, aunque Sanders y su círculo tienen la mala costumbre de insinuar que cualquiera que cuestione su estrategia política es un instrumento corrupto de la oligarquía. Obama estaba, y Joe Biden está, claramente a favor de objetivos progresistas como la cobertura sanitaria universal y la reducción de la desigualdad de rentas.

Pero Obama perseguía esos objetivos mediante cambios graduales. El Obamacare estaba diseñado para ampliar la cobertura sanitaria y al mismo tiempo trastornar lo menos posible la vida de quienes ya tenían un seguro médico. Obama subió los impuestos a los ricos más de lo que la mayoría de la gente imagina —en 2016, el tipo impositivo medio aplicado por el Gobierno federal al 1% era casi tan alto como antes de Reagan—, pero lo hizo con discreción, sin mucha retórica populista.

Desde el punto de vista de Sanders, este método gradual y discreto reflejaba falta de osadía (o quizá corrupción por parte de la “clase dominante”). Obama debería haber ido a por todas y (de alguna manera) haber implantado la sanidad pública para todos. Debería haber atacado frontalmente la desigualdad, con subidas de impuestos mucho mayores para “millonarios y multimillonarios”.

Y para ser justos, yo coincido de hecho en que Obama fue demasiado precavido en algunos frentes. En 2009 me tiré de los pelos públicamente por la clara parvedad del estimulo económico aplicado por Obama, y predije (correctamente) que sería un desastre político, porque la incapacidad de alcanzar resultados llamativos favorecería a los republicanos. Y creo que Obama podría haber conseguido mucho más si hubiera estado dispuesto a usar el proceso de conciliación —que permite utilizar la mayoría simple— para esquivar las tácticas obstruccionistas, como hicieron los republicanos para aprobar las rebajas fiscales de 2017.

También me disgustó mucho, en tiempo real, que Obama empezara a hacerse eco de los argumentos republicanos a favor de la austeridad presupuestaria, a pesar de que seguía habiendo un elevado desempleo. Y todavía creo que Obama podía y debería haber sometido un par de grandes bancos a la administración judicial temporal como precio por haberlos rescatado. Sin duda, Obama mostró demasiado respeto por los banqueros que habían sido los que en un principio nos llevaron a la crisis financiera.

Pero Sanders no está presentando un argumento selectivo y sosteniendo que Obama debería haber sido más decidido en algunos frentes. Defiende una agenda maximalista en todos ellos: eliminación total de los seguros de salud privados y una ampliación enorme de programas públicos que exigirían grandes subidas de impuestos tanto a la clase media como a los ricos.

La teoría política que respalda este maximalismo es la afirmación de que un programa populista audaz transformaría el paisaje electoral, atrayendo a más votantes blancos de clase obrera y aumentando el número de votantes, todo ello a una escala suficiente como para obtener una victoria aplastante en noviembre e intimidar a los miembros centristas del Congreso para que acepten propuestas radicales.

Por desgracia, no hay pruebas que respalden esta teoría política; en concreto, el prometido aumento de votantes jóvenes no se materializó el Supermartes. Por consiguiente, el sandersismo se parece bastante al linternismo verde, por su fe en que los milagros políticos pueden alcanzarse por pura fuerza de voluntad.

Como es natural, muchos seguidores de Sanders dirán que esto solo lo digo porque estoy a sueldo de los multimillonarios, o algo por el estilo.

En todo caso, necesitamos tener clara la naturaleza del debate en lo que queda de contienda demócrata. Insisto, no se trata de valores: los demócratas como grupo se han vuelto mucho más progresistas de lo que eran, y hasta un “centrista” como Biden defiende políticas —como una gran ampliación del Obamacare— que no hace mucho se habrían considerado demasiado izquierdistas.

Dicho esto, me preocupa que si Biden llega a ser presidente ceda con demasiada facilidad; los progresistas tendrán que presionarle al máximo y asegurarse de que el gradualismo no se convierte en rendición preventiva.

Sin embargo, Sanders, a pesar de sus intentos de última hora para identificarse con Obama, ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones. Entiendo el atractivo emocional de dicha estrategia, sobre todo para sus seguidores jóvenes. Pero todo lo que sabemos da a entender que un progresista que insista en jugársela al todo o nada, acabará, pues eso, en nada.

 

06 Mar 2020 - 18:30COT

Por Paul Krugman, premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips

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Lunes, 24 Febrero 2020 06:04

¿Un socialista en la Casa Blanca?

Luego de su victoria en Nevada, Bernie Sanders ve crecer sus posibilidades de ganar la candidatura presidencial del Partido Demócrata, lo que ha detonado alarmas entre las cúpulas política y empresarial de Estados Unidos debido a que el político se define como socialista. La imagen, en un mitin ayer en Austin, Texas.Foto Ap

Después de su aplastante triunfo en Nevada, el senador Bernie Sanders –si las tendencias actuales persisten– está en camino de capturar la corona del Partido Demócrata como su próximo candidato presidencial y abrir la hasta hace muy poco impensable posibilidad de que un autodefinido socialista democrático llegue a la Casa Blanca.

Eso está detonando alarmas entre las cúpulas políticas y económicas del país, y tal vez más notablemente entre "centristas" y "moderados" que advierten que si Sanders es el candidato, Trump ganará la relección, ya que la etiqueta de "socialismo" es inaceptable para amplios sectores del electorado. Y para comprobarlo, tanto políticos republicanos como demócratas están resucitando esa antigua táctica de acusar de rojo a Sanders y los suyos, insistiendo que eso es un concepto ajeno a Estados Unidos y que automáticamente descalifica a quien se atreva ponerse esa etiqueta.

Pero Sanders no es rojo, ni el socialismo es ajeno a este país.

Sanders es lo que antes se llamaba un "socialdemócrata", y él mismo ha definido su tipo de socialismo como algo que tiene sus raíces en las políticas del New Deal de Franklin Roosevelt. Las propuestas políticas de Sanders hubieran sido consideradas centristas hace 70 años, lo cual demuestra qué tanto a la derecha ha girado este país, sobre todo desde que se impuso la agenda neoliberal con Reagan.

Pero sus propuestas políticas no son lo que más alarma a las cúpulas, sino que Sanders está impulsando, y es impulsado, por un creciente movimiento plural encabezado por una coalición de nuevas y viejas fuerzas –sindicalistas, altermundistas, la nueva ola de activistas ambientalistas, defensores de derechos civiles y más– que están rechazando el consenso neoliberal de las últimas cuatro décadas, y que no les asusta declararse a favor de una opción socialista. Según encuestas recientes, 70 por ciento de los millennials dicen que votarían por un socialista, y la mayoría de los demócratas afirman que favorecen el socialismo sobre el capitalismo.

Cómo definen al socialismo es otro asunto. En un país en el cual el concepto fue traducido como "el enemigo" durante más de un siglo (las primeras redadas masivas de migrantes en Estados Unidos fueron realizadas durante la Primera Guerra Mundial justo para expulsar a "radicales" extranjeros como Emma Goldman; en los 50 esta represión reapareció con el macartismo y la guerra fría), las definiciones son poco precisas. Pero se puede afirmar que es un rechazo al neoliberalismo y a favor de imponer los derechos sociales sobre los derechos del mercado; un concepto basado en la solidaridad social y la justicia económica. Sanders dice que el eje es que "los derechos económicos son derechos humanos".

El socialismo estadunidense en su sentido más amplio, sin diferir entre las corrientes más radicales (anarquistas, comunistas) y las reformistas (Partido Socialista, Democratic Socialists of America), incluyen un abanico muy amplio de corrientes, movimientos y grandes figuras con una larga y profunda historia dentro de este país. En cualquier lista de quienes de alguna manera se identificaban como socialistas aquí destacan Martin Luther King Jr, Albert Einstein, Helen Keller, la gran sindicalista minera Mother Jones, el filósofo y periodista afroestadunidense Hubert Harrison, la fundadora del movimiento radical de Trabajador Católico Dorothy Day, el autor Jack London, Pete Seeger, Joe Hill, Paul Robeson, entre tantos más.

Tal vez la figura histórica más influyente en la evolución política de Sanders es Eugene Debs –un padre del socialismo estadunidense, cinco veces candidato presidencial y repetidamente encarcelado durante su vida como sindicalista ferrocarrilero y líder político a finales del siglo XIX y principios del XX–, quien declaró hace un siglo: "donde exista una clase baja, estoy en ella, y mientras exista un elemento criminal, soy parte de él, y mientras esté un alma en prision, no estoy libre".

Tal vez sea efímera e ilusoria pero por ahora existe en torno a Sanders una incipiente rebelión tierna y feroz que se atreve a imaginar un país de "pan y rosas" para todos (frase de una líder socialista/anarquista estadunidense de 1911).

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Lunes, 24 Febrero 2020 05:56

Mejores y brillantes

Mejores y brillantes

El gobierno de Boris Johnson aprovecha el abultado triunfo electoral de diciembre pasado para imponer medidas para controlar la economía; redefinir los límites del Poder Judicial; acomodar las relaciones con la prensa–incluida la BBC, a la que ha puesto en la picota– y con las universidades, ambas las considera insumisas; reordenar las condiciones de la sanidad pública con sesgos privatizadores y, por supuesto, replantear de modo radical la vecindad con la Unión Europea.

En este último caso, el gobierno se propone afianzar las fronteras por medio de medidas comerciales proteccionistas y con nuevas pautas sobre la inmigración.

Como líder del tramo final del Brexit, Johnson reclamó duramente: "Retomar el control de las fronteras". Esto ocurre luego de que Gran Bretaña fue miembro de la Unión Europea desde 1973.

El asunto de la migración se posicionó de modo explícito en la disputa política de ese país desde hace más de una década. Debilitó al gobierno del laborista Brown y ahora se está consolidando políticamente.

El líder de los tories –el Partido Conservador– quiere cumplir y se propone una política migratoria que restringe la entrada de trabajadores con bajos niveles de calificación, mismos que predominan en ocupaciones como las fabriles, hoteles, restaurantes, construcción, almacenamiento y recolección agrícola, además de los que ingresan para trabajar de modo independiente.

Según la iniciativa que ya se ha propuesto, ésta se considera como una forma de resolver la severa distorsión del mercado laboral provocada por el libre movimiento de personas que existe en la Unión Europea.

La postura ha sido expresada claramente por la ministra del Interior, Priti Patel, de padres de ascendencia india y que llegaron en la década de 1960 de Uganda para establecerse como comerciantes. La cuña aprieta.

Patel lo puso así: "Queremos a los mejores y los más brillantes". Es, pues, una política laboral de selección a la carta. La tienen, con sus propios rasgos, otros países, como Australia.

Los puestos de baja calificación, según la iniciativa, habrán de llenarlos trabajadores nacionales. De tal manera, afirman desde el gobierno, se cumple la oferta hecha a los que votaron el Brexit para reducir la entrada de fuerza de trabajo desde otros países de la UE y la inmigración en general. Este último parece ser el objetivo principal.

El programa del gobierno crea un sistema en el que los inmigrantes obtengan una puntuación máxima de 70 en un esquema de requisitos prestablecidos para lograr el permiso de trabajo correspondiente.

La cuestión laboral siempre está en el centro de las realineaciones en los mercados. Habrá que ver hasta dónde llega esta postura y las disputas que habrá con las empresas y los sindicatos.

En este caso sobresale el giro a la derecha del gobierno británico. Igualmente, se verá cómo se rehace el Partido Laborista después de la debacle electoral, así como otras fuerzas políticas.

En el mercado laboral transfronterizo hay muchos casos de selección de extranjeros que se acepta recibir para trabajar legalmente. Un caso relevante en Europa ocurrió entre 1955 y 1973 con el programa de Gastarbeiter (trabajadores invitados) de Alemania Occidental, en aquella época.

De ahí hasta la constitución del área Schengen, que suprimió en 1985 los controles fronterizos internos de una serie de sólo cinco países y que ahora cuenta con 26, hay un gran trecho. Además, hay que considerar las grandes corrientes de inmigración de naturaleza muy variada que han ocurrido desde entonces. Gran Bretaña no era parte de Schengen.

El sesgo de Johnson responde a otras motivaciones. Pretende conseguir una nueva concentración de poder en un entorno que se repite actualmente con características diversas en otras partes del mundo: China, Estados Unidos y Rusia son sólo algunos ejemplos. Un patrón que entraña un verdadero cambio cultural que de una forma u otra se ha ido fraguando desde la década de 1990.

Trump se propone revalidar su presidencia, Xi ser líder vitalicio, Putin recomponer la estructura de su estricto control político. Los italianos han frenado por ahora a Salvini, en Francia sobrevuela la xenofobia de Le Pen.

Hay versiones de estos giros que indican cómo se inclina ahora el mapa político e ideológico. Cuando eso ocurre hay quienes resbalan; a muchos les ocurre por su fragilidad social, a otros por incompetencia en la lucha por el poder frente al autoritarismo y en general sucede por tolerarlo.

El caso es disminuir al otro, relegarlo, oprimirlo, discriminarlo y, si se puede, desterrarlo. Un caso que va más allá de lo anecdótico es el que protagonizó la alcaldesa del municipio de Vic en la provincia de Barcelona. Según reporta el diario Vanguardia: Se dirigió a "catalanes autóctonos", a los que reclamó que no hablen en castellano a gente que "por su acento o su aspecto físico no parece catalana". Los ciudadanos saben ahora que es una consumada antropóloga.

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Miércoles, 05 Febrero 2020 06:42

Coordenadas en la sucesión del papa Francisco

Coordenadas en la sucesión del papa Francisco

Francisco tiene 83 años y en marzo cumple siete de pontífice. Recibió en el cónclave que lo entronizó, el mandato de realizar importantes reformas en la Iglesia que no ha podido, o no lo han dejado, realizar. El año 2020 será clave en la vida de la Iglesia, pues se vislumbran reformas graduales de una Iglesia católica que se resiste a los cambios. A fines del año pasado Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, escribió un alarmante artículo en el importante periódico italiano La Repubblica, llamando a defender al Papa contra los abiertos ataques de grupos conservadores y reaccionarios apoyados por poderosos grupos de comunicación a escala internacional. En medio de un caos simulado, Francisco es el objetivo de severas agresiones de conservadores en Europa que buscan minar su autoridad y reblandecer sus reformas. El antagonismo no sólo es intraeclesiástico. Las posturas ecologistas, pacifistas y pro migrantes han desatado la furia de grandes corporaciones y gobiernos, como el de Donald Trump, que perciben el antineoliberalismo del Papa como una voluminosa amenaza.

La condición física y de salud del Papa nunca ha sido sólida y no ha bajado el intenso ritmo de trabajo, viajes, protocolos y formulación de orientaciones. A veces se le percibe cansado y hasta irritable. Él mismo sentenció que su pontificado sería corto. Mario Bergoglio, como buen jesuita, sabe manejar el poder y administrar la presión. Podría estar pensando en formas que aseguren que sus políticas sobrevivan más allá su muerte o su renuncia, lo que aseguraría cambios y mudanzas acariciadas desde el Concilio Vaticano II formuladas en los años 60 del siglo pasado.

Hay algunos signos que me gustaría poner a su consideración: 1) el Colegio Cardenalicio es bergogliano. Más de la mitad de los actuales cardenales han sido nombrados por Francisco. Ha creado 88 cardenales procedentes de 56 naciones diferentes. Sin embargo, no todos son del ala progresista; los cardenales electores deben tener menos de 80 años y deberán ser no más de 120. Este 2020 se prevén dimisiones y probablemente un nuevo consistorio para crear cardenales que inclinen la balanza; 2) la renovación del cargo de decano. Vacante desde la renuncia del cardenal Angelo Sodano. En virtud del reciente motu proprio firmado por el papa Francisco, el sucesor de Sodano, deberá ser elegido por los propios cardenales con un plazo de cinco años. Junto con el camarlengo, el decano tiene un rol primordial en el cónclave; 3) promulgación de documentos pontificales de reforma. Se prevé la publicación de la exhortación sobre el sínodo para la Amazonia que supuestamente aterrizaría la encíclica Laudato sí y propondría fin gradual al celibato sacerdotal. De la misma manera se espera la promulgación de una nueva Constitución apostólica sobre la reforma de la curia, que debería haberse hecho pública a fines de 2019. Ha trascendido que la Secretaría de Estado tendrá mayor relevancia y menos peso la Congregación para la Doctrina de la Fe. Francisco se opone al clericalismo. Cuando se llegó a comprender por qué la Iglesia católica fue golpeada por el colapso moral de la pederastia, Jorge Mario Bergoglio identificó precisamente el clericalismo como un causante de la crisis. La simplificación de la curia puede combinarse con mayor transparencia y colegialidad en la toma de decisiones; 4) Francisco incorpora al cardenal Luis Antonio Tagle a la curia. El 8 de diciembre de 2019, el Papa nombró al cardenal Tagle arzobispo emérito de Manila, actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es interpretada como una señal para una futura sucesión, ya que Tagle es el cardenal asiático más cercano al Papa en términos pastorales, teológicos y de gestos. El cardenal filipino es introducido al engranaje curial con poder como una señal que lo prepare para el eventual juego del cónclave, y 5) candidatos a la sucesión según vaticanistas. Hemos consultado a los vaticanistas Sandro Magister, John Allen y Edward Pentin, quienes arrojan nombres de candidatos para la sucesión pontifical. El mencionado cardenal Tagle, el bergogliano asiático, puede tener en contra su edad, 62 años, y ser el candidato evidente del actual Papa. Destaca el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, quien también tendría los inconvenientes de una estrecha vinculación con el papa Francisco. Pero Parolín ha guardado bajo perfil, es italiano y es condescendiente con la beligerante ala conservadora. Tiene 65 años y gozaría de un consenso o pacto entre los bandos encontrados. Hombre de aparato, diplomático que nunca ha sido obispo diocesano. Figuran los cardenales Christoph Schönborn, de Viena, y Marc Ouellet, de Canadá, prefecto de la Congregación para los Obispos; fueron considerados en la parte superior de la lista de papables antes del último cónclave de 2013. Los dos están jubilados. Ouellet y Schönborn tienen 75. Ambos cardenales son ex alumnos del papa Benedicto XVI. No puede faltar el polémico cardenal Robert Sarah, candidato conservador. Involucrado en el escándalo del libro contra Francisco y el matrimonio de los sacerdotes. Originario de Guinea, de 64 años, tiene mucha experiencia en la curia y podría convertirse en el primer pontífice africano en siglos. Finalmente, el cardenal Matteo Zuppi, de Bolonia, de la Comunidad de Sant’Egidio, italiano que ha ganado fama por su incidencia internacional en favor de la paz.

Lo que está en juego es la continuidad o la deconstrucción de un pontificado en permanente conflicto de cambios propuestos y expectativas frustradas. En la sucesión de Francisco se juega el devenir católico.

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Repensando el capitalismo: qué esperar de Davos en su 50º aniversario

En esta edición el foro lanza un nuevo manifiesto de principios éticos para guiar a las empresas "en tiempos de la cuarta revolución industrial".

 La localidad montañosa de Davos, Suiza, acoge entre el 21 y el 24 de enero la 50.ª reunión anual del Foro Económico Mundial, en la que se darán cita influyentes líderes mundiales —entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump y la canciller alemana Ángela Merkel—, así como importantes empresarios, inversores, representantes del mundo académico y de otros ámbitos, sumando un total de unos 3.000 participantes de 117 países.

Hacia 'el capitalismo de las partes interesadas'

En diciembre del año pasado el Foro de Davos renovó su manifiesto de 1973 con arreglo a la cuarta revolución industrial, e incluyó la propuesta de repensar el papel y modelo de trabajo de las compañías. El documento incluye una serie de principios éticos para guiar a las empresas ante nuevos desafíos y llama a repensar los actuales modelos de capitalismo.

En términos generales, destacan dos modelos principales que predominan en diferentes partes del mundo: el 'capitalismo de accionistas', que se centra en obtener beneficios y está extendido en los países occidentales; y el 'capitalismo de Estado', donde el desarrollo económico lo marca el Gobierno y que predomina en China y mercados emergentes.

 La propuesta en la que ahora se enfoca el Foro de Davos es el concepto del 'capitalismo de las partes interesadas', o 'stakeholder capitalism', introducido por primera vez hace medio siglo por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del foro, y que defiende la idea de maximizar los beneficios no solo de los accionistas, sino de todas las partes interesadas. De ahí que la reunión de estos días se presente bajo el lema: 'Partes interesadas para un mundo cohesivo y sostenible'.

El manifiesto define el propósito de las empresas como la colaboración en la creación de valor compartido y sostenido "con todos sus 'stakeholders': empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general", la búsqueda de compromisos comunes y "la armonización de los intereses divergentes" de todas las partes interesadas para que las decisiones de los dirigentes refuercen la prosperidad de los negocios a largo plazo.

¿De qué más se hablará en el foro?

Más allá de lo económico, el objetivo de crear un mundo más cohesivo y sostenible también afecta a otros ámbitos importantes, como la ecología y el cambio climático, la sociedad, la tecnología, la industria y la geopolítica.

Si en la última edición del Foro de Davos destacó la intervención de la activista sueca Greta Thunberg, en esta ocasión hablarán otros nueve adolescentes considerados 'hacedores del cambio'. Entre ellos figuran Naomi Wadler, de 13 años, que se centra en el problema de la violencia armada en EE.UU.; la fotógrafa de la vida marina Cruz Erdmann, de 14 años; y Autumn Peltier, de 15, que lucha contra la contaminación industrial del agua en las comunidades de las Primeras Naciones de Canadá.

Aunque aún es prematuro para saber si sus discursos darán lugar a algunos cambios visibles, el de Greta Thunberg podría haber impulsado las conversaciones sobre la necesidad de remodelar la economía como tal.

Según Klaus Schwab, la activista nos recordó que el sistema económico actual representa una traición de las futuras generaciones por su insostenibilidad medioambiental, por lo que reavivó la idea del 'capitalismo de las partes interesadas', si bien en ello también influyeron otros factores, como el reconocimiento por parte de los inversores y empresarios de que su éxito a largo plazo está estrechamente ligado al de sus clientes, empleados y proveedores.

El calentamiento global ha ganado un terreno firme en la agenda del Foro de Davos y, en ese sentido, se les ha pedido a todas las compañías que participan en esta reunión anual que se pongan como objetivo llegar a cero emisiones netas de carbono para 2050 o incluso antes de ese año, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Publicado:21 ene 2020 03:19 GMT


 Manifiesto de Davos

2020: El propósito universal de las empresas en la Cuarta Revolución Industrial fin de mejorar el estado del mundo

 

A. El propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders: empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general. El mejor camino hacia la comprensión y la armonización de los intereses divergentes de todos los stakeholders es la adquisición de un compromiso común con respecto a las políticas y las decisiones que refuercen la prosperidad a largo plazo de las empresas.

A. Una empresa cumple con sus clientes cuando les ofrece una propuesta de valor que encaja a la perfección con sus necesidades. Acepta y respalda la competencia leal y la igualdad de condiciones. Muestra una tolerancia cero ante la corrupción. Vela por la fiabilidad y la confiabilidad del ecosistema digital en el que opera. Comparte plenamente la funcionalidad de sus productos y servicios con sus 1.lientes, también las implicaciones adversas o las externalidades negativas.

2. Una empresa trata a su personal con dignidad y respeto. Respeta la diversidad y aspira a la mejora continua de las condiciones de trabajo y el bienestar de los empleados. En un mundo sometido a constantes cambios, una empresa aboga por la continuidad en el empleo mediante la mejora continua de las competencias y la adquisición de otras nuevas.

3. Una empresa considera a sus proveedores como verdaderos asociados en la creación de valor. Brinda las mismas oportunidades a los nuevos participantes en el mercado. Integra el respeto por los derechos humanos en todos los eslabones de la cadena de suministro.

4. Una empresa cumple con la sociedad en general a través de sus actividades, apoya a las comunidades en las que trabaja y paga un porcentaje equitativo de los impuestos. Garantiza un uso seguro, ético y eficaz de los datos. Actúa como garante del universo ambiental y material para las generaciones futuras. Protege de un modo responsable nuestra biosfera y es adalid de una economía circular, compartida y regenerativa. Amplía incesantemente los límites del conocimiento, la innovación y la tecnología para mejorar el bienestar de las personas.

5. Una empresa ofrece a sus accionistas un rendimiento de las inversiones que tiene en cuenta los riesgos empresariales asumidos y la necesidad de innovar continuamente y de no dejar de invertir. Gestiona con responsabilidad la creación de valor a corto y medio plazo en aras de la obtención de beneficios sostenibles para sus accionistas sin sacrificar el futuro en beneficio del presente.

B. Una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El rendimiento no debe medirse tan solo como los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales. Los salarios del personal ejecutivo deben reflejar la responsabilidad ante los stakeholders.

C. Una empresa que opera en el ámbito multinacional no está únicamente al servicio de todos los stakeholders directamente implicados, sino que es por sí misma un stakeholder —junto con los gobiernos y la sociedad civil— de nuestro futuro global. La responsabilidad cívica empresarial global exige que las empresas aprovechen sus competencias básicas, su espíritu empresarial, sus habilidades y los recursos pertinentes en iniciativas colaborativas con otras empresas y stakeholders con el fin de mejorar el estado del mundo.

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Martes, 21 Enero 2020 06:18

La reforma neoliberal

La reforma neoliberal

No me refiero a la reforma del capitalismo global construida a partir de las ideas de Hayek, Von Mises, Friedman et al. a partir de los años 1970, que inauguró la era neoliberal. Me refiero a parte de lo que está ocurriendo hoy: la reforma que los mismísimos neoliberales buscan llevar a cabo, para salvar al capitalismo neoliberal de sus propios demonios.

Como en toda formación social que se ago­ta, bajo la tensión que produce una le­gi­timidad agonizante, la hegemonía se desestabiliza y sucumbe frente a la mul­tiplica­ción de miríadas de demandas so­ciales in­satisfechas. Los excluidos, que durante demasiado tiempo otorgaron lealtad al neo­liberalismo, desobedecen aquí y allá el or­den existente. El convencimiento, que va generalizándose, de que la raíz del desastre económico, social y político se halla en el ideario neoliberal, abre la posibilidad de una transformación de las bases en que puede fundarse una formación social distinta.

El consenso sobre la crisis del neoliberalismo es amplio y recorre el mundo occidental, donde reinó a sus anchas por más de 40 años. El reino está agrietado por do­quier, se debilita continuamente y ya las alarmas aúllan cada día a mayores decibeles entre sus poderosos beneficiarios. Hasta donde puede advertirse, el populismo de derecha puede tener también los días contados: su nacionalismo antiglobalización, basado en valores étnicos y rechazo a los inmigrantes, está destinado a la debacle.

Como en toda crisis social generalizada se abre el espacio social que Gramsci llamó interregno: un espacio de lucha entre relatos distintos o antagónicos. Con el propósito de retener el gobierno sobre el rumbo del capitalismo, un grupo de capitalistas se alista para formular un discurso ad hoc, para vestir al capitalismo neoliberal “reformado”. El flanco izquierdo está ante un interregno abierto.

Durante más de 40 años los empresarios, especialmente los estadunidenses, han sostenido que la única responsabilidad de las empresas era maximizar sus ganancias. Lo lograron como nunca aplastando los salarios en todas partes, configurándose así una de las más poderosas tendencias generadoras de la desigualdad del siglo XXI. Pero están asustados de su criatura: la Mesa Redonda de Negocios de EU ha dicho que adoptará, en la reunión del 50 aniversario del Foro Económico Mundial (FEM), que comienza hoy en Davos, un enfoque que llama “capitalismo de las partes interesadas” ( stakeholder capitalism), centrado no sólo en los accionistas, sino también en los clientes, empleados, proveedores y comunidades, a los que considera “esenciales” para el desempeño de sus negocios.

Laura Tyson, ex presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente de EU, y Lenny Mendonca, asesor económico y empresarial, jefe y director de la Oficina de Desarrollo Económico y Empresarial de California, en reciente colaboración en el Daily Maverick, escriben que los empresarios discutirán “cómo dar un significado concreto al capitalismo de las partes interesadas, un concepto articulado por primera vez por el fundador del FEM, Klaus Schwab”, quien propondrá, en ese foro, otro “Manifiesto de Davos”, con todo y su capítulo “verde”. Ya veremos si sale adelante el nuevo relato y cuáles son sus principios.

Por supuesto, los tiempos que corren plantean un reto enorme al pensamiento alternativo. Ningún programa alterno al capitalismo neoliberal podría prosperar sin una amplia base social de sustentación. Y, al mismo tiempo, ese programa es indispensable como relato alternativo para articular esa base social que, por necesidad, tendría una historia particular en cada Estado-nación. Aunque las cosas son así, los movimientos sociales de cualquier parte deben contar con una idea estratégica sobre la globalización. Lo más pernicioso para la sociedad globalizada y para las sociedades nacionales es, evidentemente, el predominio del sector financiero, un fardo incomensurable.

Será de verse qué hará Donald Trump con ese nuevo ideario que quieren impulsar sus colegas los empresarios de la Mesa Redonda de Negocios de su país. El éxito del neoliberalismo en su implantación y desarrollo, fue avasallador. Las oposiciones keynesianas y quienes habían cabalgado del lado del Estado de bienestar entregaron la plaza íntegramente. La reconversión de todo mundo a la idea de la “libertad individual”, detrás de la cual apareció la soberanía del consumidor y el mercado libérrimo, convenció a las mentes más progresistas (la reflexión sobre la izquierda marxista requeriría un espacio aparte).

No sé si en el 50 aniversario del Foro de Davos saldrá avante un nuevo manifiesto, pero el stakeholder capitalism (whatever that means) parece la propuesta que buscará crecer en los años venideros. Los retos del pensamiento alternativo son enormes, no sólo para la elaboración programática sino, especialmente, para crear las bases sociales organizadas capaces de sostener y luchar por un mundo distinto.

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Escandalosa brecha entre ricos y pobres en el mundo, según Oxfam

Informe global de la ONG Oxfam Internacional en la antesala del Foro económico de Davos

Los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial. Entre las razones, el auge de un modelo económico sexista e hiperproductivista. 

La brecha entre ricos y pobres, llamada también “desigualdad económica”, que empezó a crecer a pasos agigantados cuando en el mundo se difundió la “globalización”, por el contrario de lo que algunos pensaban parece no tener límites y sigue creciendo cada día más. Según el informe anual “Time to care” (Tiempo de cuidar) elaborado por la organización no gubernamental Oxfam Internacional (comité Oxford contra el hambre) difundido el lunes, los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial.

Basada en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, del Credit Suisse Research Institute y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras instituciones, el informe fue difundido el lunes porque esta semana precisamente se realiza en Davos (Suiza) el Foro Económico Mundial, la reunión anual de políticos, gobernantes, industriales y empresarios en general, economistas e intelectuales famosos del mundo.

“La desigualdad en el mundo está profundamente arraigada y ha alcanzado un nivel escandaloso”, dijo el informe. Y agregó: “En América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de la población concentra el 83 por ciento de la riqueza y el númeo de multimillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En 2019, 66 millones de personas, es decir el 10,7 por ciento de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Cepal”.

“A nivel global, la desigualdad aumenta porque estamos viviendo un modelo económico del capitalismo que ya no es el capitalismo como fue concebido originalmente. Es un modelo evolutivo que no pone en el centro de sus preocupaciones las necesidades de las personas y es cada vez más dependiente de una sola cosa: la maximización de las ganancias en breve tiempo”, explicó a PáginaI12 Elisa Bacciotti, Directora de las Campañas de Oxfam Italia. “Esto lleva a comprimir el costo del trabajo y lleva al surgimiento de la llamada Gig Economy, es decir una economía basada en el trabajo temporáneo, free lance, flexible”, agregó.

 “Con la globalización y la apertura de los mercados y mayores inversiones, la posibilidad de tener trabajo aumentó. Pero hay que ver qué tipo de trabajo. Si es un trabajo digno. O por el contrario es un trabajo que no da beneficios a los trabajadores. Si no da los beneficios que se requieren, la desigualdad no disminuye”, subrayó Bacciotti.

“La gran parte de la ganancias van a parar al vértice de la pirámide social. Una estadística que publicó el Informe Oxfam dice que un trabajador, que hoy esta ubicado en el 10 por ciento de los trabajadores más pobres, debería trabajar tres siglos y medio para conseguir el mismo rédito que un trabajador que se ubica en el 10 por ciento de los trabajadores más ricos”, explicó la experta.

El informe subrayó por otro lado que el modelo económico sexista profundiza la desigualdad y que las mujeres son a menudo una suerte de “motor oculto” de la economía. “En América Latina y el Caribe, aun cuando las mujeres logran conseguir y mantener un empleo, es en condiciones precarias: el 49 por ciento de las mujeres empleadas en la región, ganan menos del salario mínimo mensual correspondiente a su país”, dijo el informe, añadiendo que “las mujeres constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado. Empleos como el de enfermera, trabajadora del hogar o cuidadora a menudo están mal remunerados, proporcionan escasos beneficios, conllevan un horario irregular y pueden suponer un importante desgaste físico y emocional”.

 “Para que las personas puedan conducir la propia vida, trabajando, y llegar a fin de mes, alguien debe hacer otros trabajos en casa, que no son retribuidos, ni están contabilizados -explicó Bacciotti- . Haciéndolos permite que la familia vaya adelante. Al no ser retribuido no es ni siquiera reconocido y no goza de aportes jubilatorios. Es el caso generalmente de las mujeres, que a veces trabajan menos horas retribuidas para poder hacer los trabajos de casa no retribuidos. Al hacer esta elección se encontrarán con menos dinero en mano al final del mes y menos aportes jubilatorios por lo cual esta elección está más asociada a la pobreza”.

La pregunta clave ante esta situación descripta por Oxfam es saber qué pueden hacer los gobiernos, si es que realmente quieren cambiar esta situación.

El informe habló, entre otros puntos, de la necesidad de que las empresas y las personas ricas paguen su justa parte de impuestos y que con ese dinero el Estado haga inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

“Seguramente los gobiernos podrían hacer más y no lo hacen. Una cosa muy eficaz sería una lucha sin cuartel contra la evasión fiscal para que el dinero recuperado pueda ser invertido en beneficios de los sectores menos pudientes”, concluyó Bacciotti.

Por Elena Llorente

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Chile: a tres meses de la rebelión antineoliberal
 
 El Despertar
 
Este 18 de enero se cumplen exactamente tres meses del estallido social del pasado 18 de octubre.

A partir de ahí comenzó el derrumbe del mito del exitoso modelo chileno. El oasis era sólo un espejismo. La principal vitrina del neoliberalismo fue quebrada y rodeada de barricadas, levantadas por estudiantes secundarios y todo un pueblo precarizado, endeudado y humillado por décadas.

Ese día despertó un Chile que estaba con sobredosis de sedantes y calmantes. Despertó y empezó a rencontrarse nuevamente. Una sociedad fragmentada en un conjunto de individualidades exprimidas y excluidas en su inmensa mayoría, se reconoció y comenzó a ser pueblo una vez más. La memoria histórica despertó con la alegría, la creatividad y la música de la juventud, principal motor de esta transformación en curso.

En las marchas aún no se ven banderas de partidos políticos, pero sí los símbolos históricos de justica: la bandera mapuche como símbolo de resistencia y lucha se juntó con la bandera chilena ahora resignificada. Consignas inmortales como El pueblo unido, jamás será vencido, es una de las más vitoreadas.

Estos tres meses han sacudido a la sociedad chilena como pocos otros tránsitos históricos. La indignación y la rabia, mezcladas con la alegría del rencuentro, se mantienen intactas en las calles de todo Chile. Las movilizaciones y las acciones directas aún mantienen en vilo a toda la institucionalidad y gobernabilidad que rige con base en la Constitución del 80, heredada de la dictadura.

El modelo no se toca

Ante esto, el gobierno de Sebastián Piñera y el statu quo neoliberal han respondido de la forma más brutal y despiadada. Estado de emergencia y toque de queda con militares en la calle durante la primera semana. Posteriormente, y, hasta la fecha, ha sido la policía militarizada de Carabineros de Chile la encargada de ejercer la peor de las represiones, comparada sólo con los peores años de la dictadura militar pinochetista. En cifras, hasta el 15 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta: 412 casos de tortura y tratos crueles, 191 de violencia sexual, entre estos muchas violaciones consumadas. Al menos 3 mil 649 personas heridas (sin contar otros miles de personas heridas, atendidas en terreno por los colectivos de voluntariado de salud agrupados en el Movimiento Salud en Resistencia), entre ellas 269 niñas, niños y adolescentes. Heridas oculares, 405 (33 con estallido o pérdida total de la visión, y otras, con pérdida parcial de la visión en el ojo afectado); 2 mil 63 personas heridas por disparos de distintos tipos de arma de fuego y 253 heridas por bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo.

Esta sistemática, grave y masiva violación a los Derechos Humanos en ascenso, demuestra la negativa del gobierno a escuchar el clamor popular y que el modelo neoliberal se defiende con el terrorismo de Estado, de la misma forma en que se impuso. También ha quedado claro una vez más, que Carabineros de Chile y las FFAA son instituciones mercenarias del capital y que su función es cuidar los privilegios de las minorías acaudaladas.

La gran explosión social que se vive en las calles de Chile no puede entenderse sin remitirse a la historia. Las causas de esta crisis están íntimamente relacionadas al modelo económico neoliberal y privatizador de los derechos sociales, que comenzó a instalarse tras el golpe militar contra el gobierno popular de Salvador Allende. Las actuales manifestaciones son en contra de ese modelo generador de obscenas desigualdades e injusticias. En octubre pasado comienza a terminar el ciclo político que empezó con el golpe de Estado del año 73. En estos momentos sólo lo sostiene el uso criminal de la fuerza.

En el terreno de las ideas, sólo una derecha ciega niega las causas reales; de forma muy absurda y torpe, sostiene que la rebelión es producto de un complot internacional castro-chavista.

Un proceso constituyente en marcha ¿desde abajo o desde arriba?

No era depresión, era el capitalismoEsta es la rabia contenida que intentaron callar con Fluoxetina

Rayados en las paredes de Santiago

 

* Médico, nieto del presidente Salvador Allende

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