Manifestantes este sábado en las calles de Beirut. NATALIA SANCHA

 Los manifestantes secundan "una semana de rabia" contra la incapacidad de los políticos de formar Gobierno

Beirut ha vivido en la noche del sábado su jornada más violenta entrado el cuarto mes de protestas antigubernamentales. “Se nos acabó la paciencia y se acabó el plazo que le dimos hace una semana a los políticos”, sentencia un joven antes de romper unos adoquines y liarse a pedradas contra una fila de policías antidisturbios. Los manifestantes han declarado ”una semana de rabia” contra la élite político-económica que gobierna el país y que desde hace tres meses no logra formar un nuevo Gobierno al quedar enfrascada en un mercadeo de carteras y candidatos. 

Al menos 220 personas han resultado heridas y docenas de personas, arrestadas, durante los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. “Estamos en alerta máxima y tenemos 18 unidades móviles que han atendido a 100 personas en el terreno y trasladado a 65 a los hospitales”, resume Rodney Eid, portavoz de la de la Cruz Roja libanesa. “Hay heridos de todo tipo, por asfixia o golpes, y el balance incluye policías y civiles”, apostilla. Cientos de libaneses han acudido a Beirut desde diferentes ciudades del país para protestar frente al Parlamento. “La gente no tiene para comer, y no pueden pagar los hospitales”, protesta una mujer llegada de la norteña ciudad de Trípoli. Como el resto, acusa a la élite gobernante desde hace 30 años, gracias a un peculiar sistema confesional y de reparto de cuotas, de saquear al país y de llevarlo a la quiebra. Piden su reemplazo por un Gobierno de tecnócratas.

Un amplio despliegue policial ha impedido que los miles de ciudadanos congregados pudieran llegar al hemiciclo y repelido a las primeras filas a golpe de cañones de agua. Lo que ha provocado una lluvia de piedras como respuesta. El centro de la ciudad ha quedado totalmente sumergido en una irrespirable nube de gases lacrimógenos bajo la que durante horas las fuerzas de seguridad han perseguido a los manifestantes por centros comerciales y céntricas avenidas. Entre vitrinas de tiendes de Hermés o de Louis Vuitton, refinadas transeúntes cargadas con bolsas de compras han atendido a jóvenes descamisados incapaces de respirar o con el torso amoratado por los porrazos. “No tenemos trabajo, no podemos pagar los estudios, esto es una revolución de los pobres contra los políticos ricos y corruptos”, grita uno de los jóvenes.

Estos enfrentamientos ocurren transcurridas apenas 48 horas desde que la ministra del Interior, Raya el Hassan, hubiera de disculparse públicamente por “el exceso de violencia policial” contra manifestantes y periodistas. El abuso de la fuerza ha provocado la indignación popular. “Pedimos a las fuerzas del orden que respeten este lugar y no crucen las puertas”, se oía entrada la noche desde los altavoces del minar de la conocida mezquita de Mohammad Al Amin, donde mujeres, niños y ancianos habían buscado refugio huyendo de batalla campal.

Jóvenes de entre 20 y 30 años, entre ellos docenas de mujeres, han arremetido a patadas contra cajeros y reventados las cristaleras de bancos en lo que se ha convertido un ataque sistemático contra las instituciones bancarias que han impuesto un control informal de capital en el país tras que la libra libanesa se haya devaluado en un 60%.

La desesperación frente al deterioro económico, la perdida de empleo con el cierre de negocios y un vaticinado colapso financiero ha unido a jóvenes de diferentes confesiones que hace apenas dos meses se enfrentaban a palos en las calles. Unidos en la violencia contra las fuerzas del orden, jóvenes suníes llegados de Trípoli han cerrado filas junto con jóvenes llegados de la barriada chií de Beirut de Dahie, y feudo de Hezbolá. “Estábamos contra las manifestaciones, pero ahora es contra los bancos que no nos dan nuestro dinero y nos están robando”, dice un joven bajo el nombre de Ibrahim, desempleado a los 23. La mayoría de ellos cobra por jornada de trabajo y nunca ha pisado este céntrico barrio, concurrido habitualmente por la élite del país, por lo que muchos piden indicaciones y otros acaban perdidos para ser arrestados por policías.

El 30% de libaneses vive bajo el umbral de la pobreza, según cifras de la ONU. La crisis económica amenaza con sumergirles en la pobreza absoluta conforme los negocios cierran, los salarios se reducen a la mitad y las tradicionales ayudas de partidos y clanes confesionales no llegan para hacer frente a unos productos básicos cuyos precios han aumentado en un 25%. ¿Dónde está el Ejército? ¿Por qué no nos protege de la policía?, grita un grupo de manifestantes ante el avance de la policía. “Se acabó lo de manifestaciones pacificas”, zanja uno de ellos.

Por NATALIA SANCHA

Beirut 18 ENE 2020 - 17:18 COT

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Sábado, 11 Enero 2020 06:47

"El modelo es de abuso y de desigualdad"

La explosión popular en Chile originó una violenta represión y una apertura posible.  Imagen: AFP

Entrevista a Víctor Osorio Reyes académico y periodista chileno

El debate por la nueva constitución, la primera escrita y votada en democracia, es también por el modelo de Chile, más igualdad y más derechos.

 

Para el presidente Sebastián Piñera, Chile era el “oasis de América latina”. Sin embargo la enorme desigualdad que sustenta su modelo económico terminó explotando en las calles. Las protestas comenzaron el 18 de octubre con miles de estudiantes saltando los molinetes del subte para rechazar el aumento del pasaje. Como en efecto dominó la población se movilizó a lo largo de todo el país haciendo oír sus reclamos. La fuerza del estallido social fue tal que hoy Chile se encuentra inmerso en un proceso de reforma constitucional. El 26 de abril los chilenos podrán participar de un plebiscito para decidir si quieren o no una nueva Carta Magna. “Necesitamos una nueva constitución que garantice más democracia y derechos sociales”, dice en diálogo con Página/12 el académico y periodista chileno Víctor Osorio Reyes. Director ejecutivo de la Fundación Progresa creada por Marco Enríquez-Ominami , Osorio Reyes fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. También fue ministro de Bienes Nacionales en la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

--¿Cómo evaluá el proceso de reforma constitucional que se abrió en Chile?

--Es un paso adelante por que se se hace cargo de una demanda fundamental de la ciudadanía, que es la necesidad de tener una constitución escrita en democracia. No obstante lo anterior, el acuerdo político que dio origen al proceso constitucional, adolece de problemas fundamentales. En primer lugar el hecho que sea un acuerdo adoptado por arriba, entre la élite política dirigente del país. Esto explica por qué la ciudadanía en forma muy significativa ha expresado críticas. Es un acuerdo que se adoptó sin la participación de la ciudadanía ni de los movimientos sociales. Lo llevó adelante la derecha en negociación con una parte de la oposición política. Otro gran problema de la normativa que rige el proceso constitucional es que se necesitarán dos tercios de los votos de la asamblea constituyente para aprobar los artículos de la próxima carta magna. Eso es un quórum restrictivo que le otorga a la derecha un poder de veto enorme. Necesitamos una nueva constitución pero que garantice más democracia y derechos sociales. Y eso no está garantizado. Sin embargo pensamos que es necesario participar en el plebiscito y en la elección de los futuros constituyentes. Pero también es fundamental que la ciudadanía continúe en las calles por qué sin la movilización no se van a poder correr los límites de lo posible en Chile.

--Qué sectores quedaron por fuera del acuerdo?

--En primer lugar, existe un espacio de articulación de diversas organizaciones llamado "Mesa de Unidad Social" que ni siquiera fue convocado. Allí están parte significativa de las expresiones organizadas de la sociedad civil, empezando por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). No fueron consideradas. En segundo lugar hay todo un proceso que se ha venido desarrollando al calor de la movilización, de los cabildos ciudadanos, un intercambio comunitario que tampoco se tomó en consideración. Y en tercer lugar desde el punto de vista de oposición política hubo un amplio sector no convocado, como el Partido Comunista, Partido Progresista y una parte del Frente Amplio. Lo que hizo la élite política fue convocar a ciertos sectores a firmar un acuerdo que ya estaba diseñado. En 48 horas, sin que quede registro del debate, se produjo un acuerdo limitado y restringido que ahora rige el proceso constituyente.

--Actualmente se está dando una discusión para definir la paridad de género dentro de la Asamblea Constituyente y que se garanticen bancas para los pueblos originarios y los candidatos extrapartidarios. ¿Cómo ve ese debate?

--Bueno, eso es sorprendente. Una vez aprobada la ley que regula el proceso constituyente, se descubrió que había falencias, como el hecho de que no se establecieron criterios para la participación de esos tres sectores que mencionás. Además la ley señala que la elección de los constituyentes se va a realizar de acuerdo a las actuales normas electorales. Eso significa que un candidato extrapartidario, independiente, prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ser electo convencional constituyente. Hasta este momento no hay claridad de que estos problemas vayan a ser corregidos. Además hay otros problemas: el plebiscito que se va a realizar en abril es con voto voluntario. Ese tipo de voto, en sociedades con bajo nivel de politización, está comprobado que beneficia a la elite económica y social. Lo paradójico es que al final de todo el proceso, si se se redacta la nueva Constitución, va a haber un plebiscito de salida para rechazarla o aprobarla. Pero esa elección es con voto obligatorio. Como no veo una justificación técnica o jurídica para que haya voto voluntario al comienzo y obligatorio al final, tengo que interpretar que hubo un móvil político: el voto voluntario favorece a la derecha.

--En las calles parece manifestarse un descreimiento en la política de amplios sectores de la sociedad. ¿Pensa que esto es así?

--Creo que el cuestionamiento de la ciudadanía no apunta a la política en general. Va contra la elite política que desde el tiempo de la dictadura hasta ahora mantuvo en pie este modelo. Los reclamos de la ciudadanía señalan que no se realizaron acciones consistentes para modificar el modelo de desarrollo y la institucionalidad que impuso la dictadura. La propaganda decía de que éramos un modelo para todo el mundo, y quedó demostrado que este modelo se sustenta desde el abuso y la desigualdad. No puede ser que casi el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gasten más de la mitad de su salario en el alquiler. Por eso tenemos una población altamente endeudada. Se endeudan para pagar la educación, la salud y para poder comer. Desde el punto de vista ciudadano, Piñera y la elite dirigente, no estuvo a la altura de resolver esta situación. Esta es una protesta que emerge de la profundidad de la ciudadanía chilena. Los responsables del estallido social son los que mantuvieron en pie un modelo que produce crecimiento sobre una base de inequidad, que produce riqueza sobre la base de la exclusión económica, social y política de las mayorías. Y por lo tanto también se equivocan los que pronostican que las movilizaciones terminaron. No hay dudas de que van a continuar.

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 El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, se saluda con el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, (de espaldas) este sábado. Y. Lage AFP

Manuel Marrero, ministro de Turismo desde 2004, accede a un cargo recuperado por la Constitución aprobada este año

Cuba recuperó la figura del primer ministro como parte del proceso de reorganización institucional que vive el país tras la reciente aprobación de una nueva Constitución. El Gobierno quiere tomar medidas con el objetivo de renovar las estructuras de poder y repartir las responsabilidades que durante décadas estuvieron concentradas en la figura del presidente, cargo que ostentaron sucesivamente Fidel y Raúl Castro. El nuevo primer ministro será Manuel Marrero, hasta ahora titular de la cartera de Turismo.

El nuevo cargo de primer ministro —que ocupó desde el triunfo de la revolución el propio Fidel Castro— fue eliminado en 1976 y ahora es reinstaurado a propuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que eligió para acompañarle en el Gobierno a Manuel Marrero, el hombre que durante los últimos 17 años ha dirigido el Ministerio de Turismo, el sector más dinámico de la economía de la isla.

El Parlamento cubano, reunido ayer en La Habana, aprobó por unanimidad la propuesta de Marrero, a quien acompañarán como vice primeros ministros el histórico comandante Ramiro Valdés (87 años); así como Roberto Morales, actual vicepresidente del Consejo de Estado y exministro de Salud; la ministra Inés María Chapman; Ricardo Cabrisas, uno de los pesos pesados de la economía cubana; Alejandro Gil, actual ministro de Economía; y José Luis Tapia.

La designación de Manuel Marrero, de 56 años y arquitecto de formación, causó sorpresa en las esferas diplomáticas, pues pese a ser un hombre de confianza de Díaz-Canel —y también de Fidel Castro— y estar al frente del importante sector turístico, se especulaba con otros nombres más políticos para el cargo, como el de Roberto Morales o Inés María Chapman.

Marrero ha ocupado diversos cargos en el sector, desde la corporación turística Gaviota a la dirección de este ministerio económico clave, cuyo aporte al Producto Interior Bruto es de gran importancia en momentos de enormes dificultades económicas y cuando la ley Helms-Burton —que estipula el embargo de EE UU a la isla— ha provocado severos daños. Díaz-Canel destacó ante el Parlamento la “honestidad, capacidad de trabajo y fidelidad al Partido y a la Revolución”, junto con la “rica experiencia en negociación con contrapartes extranjeras” de Marrero, informa Efe.

En la etapa del presidente estadounidense Barack Obama, el turismo experimentó en Cuba un auge considerable, pero con la eliminación de los cruceros y los vuelos directos por parte de la Administración de Donald Trump las expectativas de crecimiento se han visto muy perjudicadas, y ha sido precisamente Marrero una de las personas clave para enfrentar esta situación.

El Parlamento también designó ayer a nuevos ministros de Trabajo y Seguridad Social (Marta Elena Feito); Industria Alimentaria (Jorge Santiago Sobrino); Industrias (Eloy Álvarez); y Energía y Minas (Nicolás Arrente). Todos los anteriores, son carteras consideradas de gran importancia en la actual coyuntura económica que atraviesa la isla.

Asimismo, ha cambiado la jefatura del Banco Central de Cuba (BCC), cargo que ocupará Martha Sabina. Será ministra-presidenta de la entidad financiera que desde 2017 dirigía Irma Margarita Martínez.

Por MAURICIO VICENT

La Habana 21 DIC 2019 - 15:43 COT

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Un grupo de feministas ingresó al Congreso rechazando el proyecto. Imagen: AFP

Mientras se estaba desarrollando la sesión, un grupo de feministas ingresó al Congreso para manifestarse en contra del proyecto. Pedían que se apruebe la paridad de género en la elección de los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna.

 

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el llamado a plebiscito para la redacción de una nueva Constitución. Los diputados tuvieron que votar una reforma a la actual Constitución ya que no permitía el llamado a la consulta popular. También aprobaron los artículos que regularán todo el proceso de reforma. Mientras se estaba desarrollando la sesión un grupo de feministas ingresó al Congreso para manifestarse en contra del proyecto. Pedían que se apruebe la paridad de género en la elección de los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna. Finalmente la Cámara rechazó tanto ese pedido como el de un cupo mínimo para independientes e indígenas.

Los diputados tuvieron que alcanzar una mayoría de dos tercios para modificar la actual Constitución de Chile, ya que no permitía llamar a plebiscito para una reforma de la Carta Magna. Tras duras negociaciones la Cámara votó la reforma por 127 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones. Ahora el proyecto pasó el Senado donde deberá ser ratificado. De esta manera la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) parece tener los días contados.

Por falta de quórum se rechazaron las disposiciones que contenían la paridad de género y otras para asegurar la inclusión de independientes y de grupos indígenas. En la previa había posiciones encontradas dentro de sectores minoritarios de la derecha chilena sobres estos puntos. Pero la amenaza del principal partido de gobierno, la Unión Demócrata Independiente (UDI), de rechazar por completo la reforma Constitucional para habilitar el plebiscito, alineó a todos sus partidos. El artículo sobre paridad contó con 80 votos a favor, 62 en contra y 7 abstenciones, pero necesitaba llegar a los dos tercios de los votos. Desde la oposición criticaron a los diputados del frente que encabeza Sebastián Piñera. "Las manifestaciones no se van a detener; la derecha va a seguir provocando que haya más gente en las calles", dijo la diputada del opositor Frente Amplio, Camila Rojas.

La votación en el Congreso estuvo marcada por manifestaciones de grupos feministas que exigieron la inclusión de la paridad. Varias mujeres irrumpieron durante el debate al grito de "¡Alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista!". Tras ser desalojadas interpretaron en las puertas del Congreso la famosa performance "Un violador en tu camino". "La constitución será con nosotras o no será", dijo durante el debate la diputada Catalina Pérez del opositor Revolución Democrática (RD). También desde la bancada del Partido Socialista (PS) criticaron el rechazo a la paridad de género. “Logramos echar abajo tierra la Constitución de Pinochet. Y en ese sentido, encuentro impresentable que pretendamos construir una nueva Carta Magna sin mujeres, pueblos originarios e independientes. No se puede construir una nueva casa inclusiva, partiendo por la exclusión", sostuvo la diputada Daniella Cicardini (PS).

El acuerdo que alcanzaron los diputados establece la realización del plebiscito el 26 abril de 2020. Allí la ciudadanía deberá responder dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano la redactará. Las opciones son una Comisión Mixta Constitucional o una Convención Constitucional. La primera estará integrada en partes iguales por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos elegidos para la ocasión. La Convención Constitucional, en cambio, estará formada solamente por personas elegidas para esa finalidad

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 06:34

Argentina: soberanía popular y cerco geopolítico

Argentina: soberanía popular y cerco geopolítico

Buenos Aires. En la apretujada multitud que el día de la transmisión del mando intentaba llegar a la Plaza de Mayo, alguien exclamó: "¡Hay futuro, pero no hay cómo llegar!" Pero otra voz replicó: "¡El futuro llegó y estamos acá!" Y un dato no menor tuvo lugar cuando entre forcejeos, la marea humana estuvo a punto de arrojar al articulista sobre una parrilla en la que ardían sabrosos "choripanes".

A los que arribaron con horas de anticipación les fue imposible entrar a la histórica plaza, que, ya sin las rejas erigidas por Mauricio Macri, desbordaba de pueblo humilde, acampando desde la noche anterior. En las 15 cuadras que distan entre el Congreso y la Casa Rosada, millares de grupos coreaban: “¡Pre-si-denteee...! ­¡Alberto presiden-teee…!”

Difícil… muy difícil de transcribir aquel clima de fervor y cívica esperanza. Porque la democracia real volvía tras cuatro años sostenidos de hambre y desnutrición en el país de los alimentos, la deliberada marginación de viejos, enfermos y discapacitados, la persecución judicial a empresarios y dirigentes políticos de la oposición, el cierre masivo de pequeños y medianas industrias (pymes), los indiscriminados y arbitrarios despidos, y el burdo desdén de los símbolos patrios ejecutado por una mafia de capitalistas salvajes y delincuentes del fuero común.

Por ende, nada de receso navideño o distracciones decembrinas. En tan sólo cinco días, el presidente Alberto Fernández (AF) congeló las tarifas de los servicios públicos; relanzó el programa de "precios cuidados"; aumentó las jubilaciones y la asignación por hijo; rebajó el precio de los medicamentos; restringió las artimañas en los balances de las empresas para eludir el pago de ganancias; duplicó la indemnización por despido durante los próximos seis meses; restructuró los servicios de cobertura médica y social, y aumentó el impuesto al sector agroexportador, a los bienes personales de los ricos, el consumo con tarjetas en el exterior, y el largo etcétera que se dispone a desmontar el modelo económico neoliberal.

Desafíos que para el gobierno de AF, cercado por regímenes hostiles y funcionales a Washington y Tel Aviv, dibujan densos nubarrones: el Brasil del desquiciado (Jair) Bolsonaro, el Chile del genocida (Sebastián) Piñera, el Paraguay neocolonial de Mario Abdo Benítez, la OEA de Luis Almagro y, por sobre todo, el agresivo grupo golpista de fascistas que en noviembre pasado dieron un golpe de Estado en Bolivia, derrocando al presidente Evo Morales.

Con excepción de Paraguay y Uruguay, pocos presidentes asistieron a la transmisión del mando. Chile, Perú, Ecuador y Colombia enviaron funcionarios de segunda línea, mientras la presencia de Jorge Rodríguez (ministro de Comunicación de la República Bolivariana de Venezuela), y del ex presidente de Ecuador Rafael Correa, fue causa suficiente para que el yankicubano Mauricio Claver-Carone (enviado de Donald Trump y asesor para del Consejo de Seguridad Nacional) se retirara del acto protocolar, poniendo en cuestión el perfil democrático de Alberto Fernández.

El periodista Horacio Verbitsky apuntó que Elliot Abrams (representante especial del Departamento de Estado para Venezuela) le habría transmitido a Fernández el desacuerdo de su jefe, Mike Pompeo, con el gesto de Claver. No obstante, el enviado de Pompeo, Michael Kozac, permaneció en el país y asistió al almuerzo previsto por el nuevo gobernante argentino. “Y en el tête à tête con Kozac –dice Verbitski– cada parte se atuvo a su propia visión. Para los estadunidenses, no le hace bien a la democracia la radicación aquí del ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia… Para el argentino, lo que no le hace bien a la democracia es el elogio de Trump al Ejército que forzó la renuncia del presidente” ( El cohete a la luna, 15/12/19).

En cambio, el caso del presidente de Paraguay, Mario Abdo, luce más preocupante. Habiendo sido el primero en saludar a Fernández en la Casa Rosada, Abdo se reunió tres días después con Trump. Y luego, lo hizo en una reunión ampliada con Pompeo; el jefe de gabinete, Mick Mulvaney; el asesor presidencial del Consejo Nacional de Seguridad, Robert O’Brien; el presidente de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo Adam Boehler, y el citado Claver Carone. Según el periodista paraguayo Celso Guanipa Castro, de la declaración conjunta Trump-Abdo se desprende que Estados Unidos proveerá a Paraguay financiamiento para "entrenamiento militar y educativo" en 2020 y 2021, y que “el Comando Sur ejecutará un ejercicio de respuesta conjunta a crisis regionales en el 2021…” (sic, Nodal, 16/12/19).

Por ahora, la nueva generación de argentinos, que promete. Así, cuando en la noche del 10 de diciembre "la jefa" apareció en el templete levantado para la ocasión, 300 mil jóvenes la saludaron haciendo cimbrar la Plaza con la V de la victoria: "¡Cristina! ¡Cristina corazón! ¡Acá tenés los pibes para la liberación!"

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Domingo, 15 Diciembre 2019 06:34

El paro se estira y llega Navidad

Una mujer camina por la estación vacía de Gare de L'Est en Paris durante el paro de transporte. Imagen: AFP

Décimo día de huelga de transportes en Francia

La perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno

Diez días de huelga de transportes en Francia y la perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno, que quiere reunirse con los sindicatos para hablar sobre su polémica reforma del sistema de pensiones.

El sábado, entre un 25 y un 30 por ciento de los trenes de alta velocidad y los regionales funcionaban en el país. En París había nueve líneas de metro cerradas, sobre un total de 16, y algo más de la mitad de los autobuses conseguían circular.

El domingo la situación se mantendrá igual y los servicios de transporte en la capital se verán "muy afectados" por este movimiento de protesta el lunes. Faltan diez días para Navidad y ni gobierno, ni sindicatos, ni ciudadanos saben hasta cuándo durará esta huelga y de qué manera podría desbloquearse la situación.

Si el movimiento continúa podría poner en peligro las vacaciones de decenas de miles de personas, ya que harán falta varios días para recuperar la normalidad en los transportes. "Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. No creo que los franceses aceptarían que algunos les privaran de ese momento" dijo el primer ministro Édouard Philippe en declaraciones al periódico Le Parisien. "La mitad de los viajeros" tendrán trenes para las fiestas de fin de año, según la SNCF, la compañía nacional de trenes francesa. 

Los sindicatos rechazaron de plano esta semana la idea de una tregua de Navidad. "Si el gobierno quiere que el conflicto termine antes de las fiestas, le queda una semana para tomar la buena decisión, optar por el sentido común y retirar su reforma de las pensiones", dijo a la AFP Laurent Brun, secretario general del sindicato CGT-Ferroviarios, el sindicato más importante de la SNCF.

"Para que circulen los trenes, el gobierno tiene que enviar un mensaje positivo", corroboró Roger Dillenseger, del sindicato UNSA-Ferroviarios.

- Protestas nacionales el martes

El sábado se celebraron protestas en algunas ciudades de Francia como Estrasburgo (este), Lyon (centro-este) y Rennes (oeste) y se esperan grandes manifestaciones el martes en todo el país en las que participarán no sólo empleados del sector transportes sino funcionarios, estudiantes, personal sanitario, abogados, profesores o jueces.

El primer sindicato francés CFDT se ha unido a esta movilización, furioso por que el gobierno haya añadido a su nuevo sistema de pensiones una "edad de equilibrio" fijada en los 64 años, por debajo de la cual no se cobrará la pensión completa. La edad de 64 años es "negociable", respondió el sábado la secretaria de Estado para el ministro de Economía, Angès Pannier-Runacher.

Esta semana, el gobierno y los profesores llegaron a un acuerdo para revalorizar sus salarios, lo que costará al Estado unos 10.000 millones de euros, aunque por ahora no se dijo cuándo entrará en vigor.

Los policías también suspendieron su movimiento de protesta el viernes después de haber obtenido la garantía del gobierno de que podrán jubilarse antes, dados los riesgos que entraña su profesión. El primer ministro, Edouard Philippe, invitó además a los sindicatos a una reunión la próxima semana, aunque por ahora no se sabe si éstos respondieron afirmativamente.

Pese a mostrar que puede hacer alguna concesión, el gobierno del presidente Emmanuel Macron no va a renunciar a su reforma del sistema de pensiones que quiere unificar los 42 sistemas diferentes que tiene el país en uno solo, con el que, según el gobierno, "todo el mundo saldrá ganando".

Desde Bruselas, el jefe de Estado consideró el viernes que esta reforma era "histórica". Los franceses están divididos sobre la reforma, según un sondeo. El 50% se dice favorable y el 49% está en contra. La jubilación es un tema sensible en Francia ya que la población defiende con uñas y dientes uno de los sistemas más generosos del mundo. 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 06:12

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Masiva protesta por la reforma de pensiones 

Sindicatos del transporte, la salud y la educación enfrentan al gobierno en la víspera del anuncio formal de la reforma. 

Las calles de Francia fueron el escenario de la segunda jornada de huelga nacional contra la reforma del sistema de pensiones. Si bien la convocatoria no alcanzó la masividad del jueves pasado , el ministerio del Interior contabilizó a alrededor de 300 mil manifestantes en todo el país. Se trató también del sexto día consecutivo con bloqueos en el transporte público y cancelaciones de vuelos en varias ciudades. Al paro de trabajadores del transporte se sumaron profesionales de la medicina y la educación. El miércoles (hoy), el Ejecutivo presentará finalmente su cuestionado proyecto de reforma de las pensiones.

Por la mañana, miles de personas concurrieron a pie o en bicicleta a sus lugares de trabajo en París, la ciudad más afectada por la huelga. El subte, los colectivos y los trenes suburbanos no funcionaron o presentaron un servicio reducido. Se formaron varios kilómetros de embotellamiento en los accesos a la capital desde primeras horas del día.

El paro de transportes afectó también a los turistas, que se vieron obligados a recorrer decenas de kilómetros a pie, alquilar bicicletas o monopatines para visitar las principales atracciones de París. Además cientos de vuelos programados fueron cancelados, y siete de las ocho refinerías del país permanecieron bloqueadas, lo que hacía temer una escasez de combustible en las próximas horas.

A la huelga de trabajadores del transporte se sumaron los gremios que agrupan a los docentes del país, lo que provocó el cierre de escuelas y guarderías. Una huelga ilimitada fue convocada por médicos y trabajadores de la salud para denunciar "recortes presupuestarios" y un "deterioro de sus condiciones laborales". Argumentan que el Ejecutivo está poniendo en peligro la atención médica pública en Francia. 

Pasado el mediodía, cientos de personas con pancartas y banderas con los colores galos empezaron a concentrarse cerca del Palacio de los Inválidos. Ese fue el punto de partida de una gran manifestación pacífica que recorrió toda la capital y terminó convocando a cientos de miles.

"¡No, no, no cederemos!", coreaba una marea de manifestantes que marchó en París, entre el ruido de silbatos, y carteles con duros mensajes contra el Ejecutivo. Los sindicatos prometen mantener su presencia en las calles hasta que el gobierno de Emmanuel Macron retire totalmente su proyecto de reforma previsional.

Del proyecto del gobierno sólo se conocen algunos puntos, ya que será presentado el miércoles por el primer ministro, Edouard Philippe. Se sabe que consistirá en la creación de un "sistema universal" de pensiones que reemplazará a los 42 regímenes actuales. Los gremios argumentan que esos regímenes permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios. 

También consideran que el actual sistema de pensiones de los empleados de las empresas de ferrocarriles o los marinos, entre otros, fueron creados para compensar el riesgo y el desgaste que demandan sus profesiones. Y que eso no se debería ajustar de ninguna manera.

"Espero que Macron escuche el malestar social que se manifiesta aún con mayor fuerza en estos días pero que venimos viendo desde hace meses. Que retire su proyecto y discutamos con seriedad la mejora necesaria del sistema de reformas, que es uno de los mejores del mundo", dijo el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Philippe Martinez, al inicio de la manifestación.

En la víspera de que el primer ministro, Édouard Philippe, presente la totalidad de la reforma, Martinez reconoció que hay un problema de "financiación", pero reclamó que los ajustes sean "solidarios" y que se arregle creando más trabajo, elevando los montos que pagan los empresarios y subiendo los salarios. "Lo que queremos es que el gobierno retire completamente esta reforma y después hablamos", agregó el líder sindical.

Desde el Ejecutivo defienden el proyecto a ultranza. "Las manifestaciones no van a detenerse porque yo haga un discurso el miércoles. Al contrario, mi discurso suscitará nuevas preguntas. Y es normal", reconoció el primer ministro Philippe, que concentra toda la atención de Francia en las últimas horas. "Es una reforma indispensable para el país", subrayó por su parte el presidente Emmanuel Macron.

El Ejecutivo francés se encuentra en una situación delicada, frente a un contexto social muy tenso debido a las masivas movilizaciones que iniciaron hace más de un año de los chalecos amarillos . A eso se le suma el mencionado descontento de diversos gremios que engloban a trabajadores de la salud, profesores, ferroviarios, agricultores e incluso policías.

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La huelga en Francia paralizó el transporte público

Trenes, subtes, colectivos o aviones: viajar resulta una hazaña en estos días

Hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y París y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. 

 

 Francia sigue caminando sobre la cuerda de la incertidumbre y de la huelga. Desde finales de la semana pasada, la huelga lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones ha paralizado el transporte público. Los porcentajes de participación han sido y continúan siendo elevados y, hasta que el Ejecutivo no haga público el contenido completo de la reforma, la batalla social seguirá en pie y la gente caminando. Este lunes hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y la capital francesa y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. Trenes, subtes, micros o aviones, viajar resulta en estos días una hazaña.

Este martes 10 de diciembre puede ser peor. Los sindicatos (CGT y Fuerza Obrera) reactivaron para mañana una nueva huelga nacional con el objetivo de forzar al gobierno a corregir el borrador de la reforma. Siguiendo la promesa hecha durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2017, el presidente Emmanuel Macron presentó las grandes líneas de una reforma que apunta a unificar los 42 regímenes jubilatorios existentes en uno solo a partir de un sistema donde el cálculo se hará mediante puntos. Como los cambios previstos afectan sobre todo a los ferroviarios, ello explica la altísima adhesión en ese sector.

París es en estos días un caos. Los turistas que llegaron la semana pasada ya tienen cierta experiencia. Los que lleguen en estos días deberán tener una paciencia de monje, piernas sólidas, abrigos para el invierno y también suerte. Encontrar una bicicleta o una trotinette (monopatín) libre es como sacarse el número de la lotería. Los parisinos ya curtidos en el uso de las dos ruedas son los más felices. En medio de un enjambre incalculable de autos y nervios son los únicos que logran llegar a destino. 

A quienes vengan por estas fechas les quedan un par de alternativas: caminar, traer una mini bicicleta plegable en el equipaje o comprar una en París. Si hay alguien que ya ganó con la huelga es la empresa Blablacar y su aplicación. Blablacar es una idea que consiste en compartir el auto entre determinados trayectos con otras personas desconocidas inscriptas a través de la aplicación. La idea ecológica se tornó en una excelente estrategia en un momento de urgencia social. Pese a las trabas y al hecho de que la huelga se instala en el periodo de las fiestas de Navidad, la opinión pública todavía respalda al movimiento. Según una encuesta publicada este fin de semana, 53% de los franceses respalda la huelga. El movimiento ingresa en su cuarto día sin que se intuya un debilitamiento o un cambio de posición, ni por parte de los sindicatos ni del gobierno. La intersindical promete que resistirán hasta que el Ejecutivo “retire el texto completo de la reforma”, según declaró este domingo el Secretario General de la CGT, Philippe Martinez. El problema, por ahora, es que el gobierno mantiene escondido el texto y recién este miércoles el primer ministro, Edouard Philippe, romperá el suspenso y la ambigüedad que ha acompañado desde el principio la presentación de la reforma. 

Mientras tanto, los sectores concernidos están muy movilizados, y en muchos casos hasta radicalizados. Basta con dar un par de vueltas en las terminales de los autobuses o en las estaciones de trenes de París para medir no sólo la dureza de un conflicto social sino, también, el encono del que es objeto Emmanuel Macron y la convicción de que “a este poder la única forma de derrotarlo es poniéndolo de rodillas” (Claude, sindicalista de la compañía nacional de ferrocarriles, SCNF).

La base sindical mantiene su motivación tanto como la base parlamentaria del presidente le exige que “sea claro”. La ausencia de una pedagogía transparente complicó el juego gubernamental hasta convertirlo en una encrucijada política. La reforma no apuntaba al principio a ahorrar como en años anteriores, sino a cambiar la metodología de cálculo y establecer así una suerte de equilibrio entre los regímenes existentes. 

En ese rediseño intervinieron dos factores: hay sectores (ferroviarios) que pierden privilegios adquiridos luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): con el paso de las semanas, la variable presupuestaria (menos peso de la jubilación en el PIB) se introdujo entre los intersticios de la reforma. Esa posibilidad de una pérdida de derechos global o de la necesidad de trabajar más años es la que sembró tanto la confusión como la movilización contra el proyecto. 

Mayoritariamente, la gente siente que “hay gato encerrado” en el asunto, que de una u otra forma “se perderán derechos”, es decir, dinero. Al ala liberal del gobierno ceder ante la CGT le resulta una afrenta de clase. El éxito de la huelga y simpatía que acarrea el movimiento han cambiado las normas. Los sindicatos recuperaron su poder de convocatoria luego de un largo periodo de derrotas sociales. Recién el miércoles se sabrá hasta donde puede maniobrar un gobierno asustado por la amenaza de una insurgencia social generalizada.

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El papa Francisco prepara su sucesión y lleva a la Curia al cardenal 'rojo' Luis Antonio Tagle

- Francisco nombra al cardenal filipino, actual presidente de Cáritas, nuevo prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos

- Luis Antonio Gokim Tagle, de 62 años, es considerado el 'sucesor natural' de Bergoglio, y tendrá todo el poder sobre los misioneros y la gestión de la solidaridad a nivel mundial

- Su nombramiento, sumado al del jesuita español Juan Antonio Guerrero al frente de la Economía, augura una revolución curial, donde resisten algunos de sus cardenales opositores, como Sarah o Ouellet


El Papa Francisco ha puesto la marcha directa en el proceso de transformación de la Curia vaticana. Después de seis años de pontificado, 2020 se presenta como el curso definitivo para evaluar la capacidad del pontífice argentino para transformar la Iglesia. Y, por lo que parece, Bergoglio está decidido a consumar su 'revolución'.

Hace unas semanas sorprendía a todos nombrando al jesuita español Juan Antonio Guerrero como 'superministro' de Economía vaticano, cubriendo el hueco dejado por el cardenal George Pell, condenado por pederastia en Australia. Este domingo, por sorpresa, Francisco defenestraba al italiano Fernando Filoni (uno de los opositores al Papa con puesto de mando en la Curia) al frente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la encargada de gestionar el trabajo de los miles de misioneros católicos en todo el mundo.

El elegido no es otro que el cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, considerado por muchos como el 'sucesor natural' de Bergoglio, y quien Francisco quiere tener cerca, en el interior de la Curia, conociendo las dificultades del trabajo en el interior del Vaticano. Tagle, que también es presidente de Cáritas Internationalis –cargo que compaginará con el ministerio vaticano–, tendrá bajo su mando dos de las grandes joyas del catolicismo, reconocidos incluso por los sectores más anticlericales: la mayor ONG de la Iglesia, y los misioneros.

El prefecto de 'Propaganda Fide' (anterior nombre de Evangelización a los Pueblos) es llamado el 'Papa Rojo', y lo cierto es que las atribuciones de Tagle lo convertirán en uno de los curiales con mayor poder en Roma. Junto al control de Cáritas y los misioneros, el filipino también será quien designe a los obispos en los más de mil territorios de misión compartidos por el mundo.

Ouellet y Sarah, los dos grandes opositores en la Curia

Con estos dos movimientos, sumados a la inminente renovación de la Curia –se espera que la nueva Constitución Apostólica, 'Praedicate Evangelium', pueda ser aprobada en febrero– que permitirá que los laicos puedan presidir dicasterios romanos y dará un mayor papel a hombres y mujeres no religiosos en los ministerios vaticanos, Francisco pone las bases para el que es su gran objetivo de pontificado: lograr que el Vaticano deje de ser un nido de poderes oscuros y corrupción, y se convierta en un órgano dinamizador de las distintas 'almas' de la Iglesia católica.

Pero esta revolución cuenta con muchos opositores en el interior del Vaticano, la mayor parte de ellos italianos. Aunque con este pontificado han perdido la mayoría en el Cónclave, y en puestos de responsabilidad directa, Francisco todavía cuenta con dos grandes opositores en importantes puestos de responsabilidad: el cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de Obispos (encargada de nombrar prelados en todo el mundo), y que ya anunció que votó en contra de la reforma que permitirá a los hombres casados ser sacerdotes (como aprobó el Sínodo de la Amazonía); y el guineano Robert Sarah, prefecto de Culto Divino.

El posible sucesor de Francisco

¿Quién es el nuevo 'Papa rojo'?  Luis Antonio Gokim Tagle, nacido el 21 de junio de 1957 en Manila, de familia católica, padre de etnia tagalo y madre de origen chino (lo que puede ayudar al deseo del Papa de visitar Pekín), y fue ordenado sacerdote en 1982.

Estudió en Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en teología con una tesis sobre la evolución de la colegialidad episcopal desde el Concilio Vaticano II, algo que también puede servir de cara a la futura organización curial. Arzobispo de Manila desde 2011, Benedicto XVI lo designó cardenal en 2012. A sus 62 años, si Francisco falleciera o renunciara (algo improbable, al menos mientras no fallezca Benedicto XVI o no se concluya la reforma curial), Tagle se asoma como uno de los principales candidatos a Papa de Roma. Un Papa joven, cuya misión sería hacer irreversibles las reformas que pueda avanzar Bergoglio.

Por Jesús Bastante   - en religiondigital.com

09/12/2019 - 21:25h

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El pulso por el futuro. Cincuenta días en la calle

La revuelta chilena ha sido atacada por los carabineros y cercada mediática y políticamente por los partidos políticos. Sin embargo, no pierde su fuerza y se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y, progresivamente, de los pueblos originarios.

 

 “Volvimos a ser pueblo”: un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado por una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de protesta contra el neoliberalismo que convirtió a las gentes en apenas consumidoras. Pero también conforma todo un programa político y una ética de vida, en apenas cuatro palabras.

No muy lejos de allí, la céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta chilena ha rebautizado a la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas multicolores que denuncian la represión e incitan a la revuelta contra las más diversas opresiones. Los y las jóvenes no la quieren abandonar. Sostienen que el día que la protesta abandone la calle estará todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 50 días de movilizaciones.

La mayoría de las pintadas en muros de los alrededores, y en muros de todo Chile, cientos de miles, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos matan”, “No más abuso”, “Pacos asesinos”, “Paco culiao”, y así indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre que resbala por una pared se puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”.

Los medios de la derecha destacan que los muros “rayados”, que se pueden ver hasta en los más remotos rincones de la ciudad, ensucian Santiago. Como suele suceder, conceden mayor importancia a las pérdidas materiales que a los ojos de los 230 manifestantes cegados por los balines de los carabineros y que a las vidas de las casi tres decenas de asesinados por las fuerzas represivas desde mediados de octubre.

Además de los dedicados a Carabineros, abundan también los muros feministas, donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. Pero la palma a la creatividad en las protestas se la lleva la performance “Un violador en tu camino”, creada por Las Tesis, un colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso. Ha sido reproducida millones de veces en las redes y replicada en casi todas las capitales latinoamericanas y europeas.

Incluso los medios del sistema (desde Radiotelevisión Española y Cnn hasta el argentino Clarín) debieron dar cuenta de esa intervención callejera, una denuncia a ritmo de rap que pone en la mira tanto al gobierno como a los jueces y la policía. El seguimiento masivo que ha despertado muestra tanto la indignación mundial con la salvaje represión en Chile como la creciente influencia del feminismo en las protestas, con voces y estilos propios.

Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de treinta las figuras de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica, en la frontera con Perú, hasta el sur mapuche. En la Plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de arriba lo considera un héroe de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, cuando el país vecino perdió su salida al mar.

En Arica, los manifestantes destruyeron una escultura en piedra de Cristóbal Colón, que llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar los vecinos colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia y su cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

Pedro de Valdivia está en la mira de los manifestantes. El militar, que acompañó a Francisco Pizarro en la guerra de conquista y exterminio en Perú, fundó, con el mismo método, algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la población. Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica Plaza de Armas.

Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 quilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de la Independencia, donde derribaron su estatua el mismo día, 14 de noviembre, que se conmemoraba el primer aniversario del homicidio de Camilo Catrillanca, comunero mapuche muerto a manos de Carabineros. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15 días. Un año después, la mapuche es la bandera más ondeada en las protestas chilenas.

TRAWÜN MAPUCHE EN SANTIAGO.

El último sábado de noviembre, la Coordinación de Naciones Originarias, nacida durante el estallido, convocó a un trawün (encuentro, en mapudungun), en el centro ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad. Acudieron mapuches de diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre otros), donde ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia con una ceremonia dirigida por tres longkos (autoridades comunitarias), seguida con cánticos y rezos de unas sesenta personas bajo un sol vertical. Luego de que la Pachamama les concediera permiso, se iniciaron las discusiones en dos grupos para abordar cómo deben posicionarse en los debates sobre una reforma de la Constitución.

Las mujeres, engalanadas con trajes tradicionales, participaron tanto o más que los varones, ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constataron dos posiciones. Una proponía participar en las elecciones para la Convención Constituyente a celebrarse en abril (véase recuadro). Como los partidos que firmaron el pacto denegaron la posibilidad de que los pueblos originarios tengan un distrito electoral especial, el debate se trasladó para discutir los caminos a seguir. Esta posición ha venido creciendo desde el estallido, aunque nació hace casi dos décadas, y recibe el nombre de “plurinacionalidad”. Ya que los mapuches no quieren ser elegidos en los partidos existentes, algunos participantes (varias de ellas mujeres) propusieron la formación de un partido electoral mapuche. Esta corriente de pensamiento tiene mayor arraigo en las ciudades, particularmente en Santiago, donde viven cientos de miles de mapuches. Su núcleo está en las y los universitarios que emigraron del sur y hoy están establecidos en la ciudad. Emite un discurso coherente y potente, y argumenta que hay poco tiempo para tomar este camino, ya que la convocatoria para elegir constituyentes se concreta en abril.

La otra corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones tradicionales de las comunidades mapuches del sur, las más afectadas por la represión del Estado chileno, por la militarización de sus territorios y por el despojo a manos de las empresas forestales. Esas son también las comunidades que encabezan la recuperación de tierras y las que mantienen viva la llama de la nación y la identidad tradicional mapuche. Durante el trawün, una mujer de mediana edad recordaba que “ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestro parlamento, no necesitamos de los políticos”. Y un joven vehemente se preguntaba: “¿Realmente queremos tener un escaño dentro de la política winka [blanca]?”.

ASAMBLEAS, BARRIOS Y CLASES.

El colectivo Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y territorios de las periferias, sostiene en sus análisis semanales que el “acuerdo de paz” firmado a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por todo el arco político –menos el Partido Comunista– le otorgó “una sobrevida” al gobierno de Piñera (colectivo Caracol, 25-XI-19).

El propio nombre del pacto delata a sus inspiradores. Si se trata de paz, dice Caracol, es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera desde el primer día del estallido. La convocatoria a una convención constituyente acordada en contra de una asamblea constituyente como la que defienden los movimientos impone varios filtros.

“Esta Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que deben sumarse los dos tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un veto mayor para las propuestas de la calle. “Han demostrado que los cabildos abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque no les interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.

Daniel Fauré, fundador de la organización, analizó en diálogo con Brecha que la decisión del gobierno de convocar a una constituyente se tomó cuando contempló la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la unidad de acción entre trabajadores sindicalizados, pobladores y jóvenes rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y trawün”, señaló.

Llegados a este punto, debemos recordar que la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet se abocó a una profunda reconstrucción urbana con fines políticos. Cuando Salvador Allende llegó al gobierno, en noviembre de 1970, casi la mitad de la ciudad de Santiago estaba conformada por “campamentos”, espacios tomados y autoconstruidos por los sectores populares, que de ese modo se configuraron como sujeto político, bajo el nombre de “pobladores”, y fueron centrales en el proceso de cambios cegado por la dictadura.

En la actualidad, y según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110 asambleas territoriales, organizadas en dos grandes coordinaciones: la Asamblea de Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y la Coordinadora Metropolitana de Asambleas Territoriales, en la zona central. Estas asambleas contrastan, y a veces compiten, con las más institucionalizadas juntas de vecinos. Aunque hubo un trabajo territorial previo importante, la mayoría de estas organizaciones se formó durante el estallido. Realizan actividades culturales recreativas, organizan debates entre vecinos, ollas comunes, asisten a los heridos y detenidos en las marchas y promueven caceroleos contra la represión. Muchos de sus integrantes participan en las infaltables barricadas nocturnas.

Pero al igual que en los tiempos del dictador, tampoco el Chile pospinochetista puede aceptar el activismo de los pobladores. Su clase dominante chilena no puede concebir que los “rotos” salgan de sus barrios, que hablen y ocupen espacios. Un relato de Caracol sobre un enfrentamiento ocurrido a fines de noviembre, cuando un grupo de pobladores fue a manifestarse a un shopping del sector más exclusivo de Santiago, lo dice todo: “Bastó que un grupo de personas de la clase popular se aparecieran en el patio de su templo del consumo en La Dehesa para que la clase alta saltara despavorida llamándolos a ‘volver a sus poblaciones de mierda, rotos conchadesumadre’” (colectivo Caracol, 25-XI-19).

Si es cierto que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el 11 de setiembre de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser cierto que se abre un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus características principales. Por lo que se puede ver en las calles de Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas centrales: el Estado policial –brazo armado de las clases dominantes– y los sectores populares, afincados en sus poblaciones y en el Wall Mapu o territorio mapuche. El pulso entre ambos configurará el futuro de Chile.


 El pacto de los partidos por una nueva Constitución

Atado y bien atado

“Es hora de reencontrarnos”, proclamó exultante en la sede del Congreso el senador Felipe Harboe, cuando en la madrugada del 15 de noviembre los representantes de los principales partidos políticos pusieron por fin su firma al Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Harboe, ex subsecretario del Interior durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, agradeció “a todos quienes contribuyeron para llegar a este acuerdo”: léase, a los partidos de la derecha en el gobierno, a los de la ex Concertación, a algunos sectores del Frente Amplio, a los principales medios de comunicación de Chile y a las cámaras empresariales, como la Confederación de la Producción y del Comercio, cuyos voceros se apresuraron al día siguiente a celebrar “la buena política” de la que hicieron gala los firmantes del pacto y a llamar al retorno de la “paz social” (Emol, 15-XI-19).

El acuerdo establece, en primer lugar, un plebiscito en abril del próximo año. Los chilenos deberán responder entonces si quieren o no una nueva Constitución, y, en caso de que así sea, qué tipo de órgano debería redactarla. Las opciones para esto último serán dos: una “convención mixta constitucional”, compuesta en un 50 por ciento por ciudadanos electos ad hoc y en un 50 por ciento por parlamentarios, o una “convención constitucional” en la que todos los miembros serían electos específicamente para ese rol.

Sea cual sea la opción que gane, los constituyentes serán elegidos “con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados”. Además, la Convención Constituyente deberá aprobar las normas con un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Funcionará por nueve meses, con posibilidad de una prórroga de otros tres meses. Luego, lo que haya aprobado se someterá a un referéndum ratificatorio y, finalmente, deberá contar con el visto bueno del Congreso.

A pesar de la algarabía que mostraron los mercados al día siguiente de anunciado el acuerdo, siempre hay algún detallista que queda disconforme. “Al verdadero protagonista, que es la gente, nadie le ha preguntado nada”, ha dicho a la prensa el secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Ni su partido ni el Progresista, ni varios de los que integran el Frente Amplio, respaldan lo acordado en el Congreso el 15 de noviembre.

Tampoco lo hace la llamada Unidad Social –integrada por más de un centenar de organizaciones sociales y en gran medida protagonista de las movilizaciones que tienen lugar desde el 18 de octubre–, que considera que el acuerdo “se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales” y “a medida de los partidos políticos”. Entre los integrantes de la Unidad Social están la Central Única de Trabajadores, las principales federaciones estudiantiles de Chile, la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora No+Afp, así como organizaciones de los pueblos originales, medioambientales y de pobladores.

Los movimientos rechazan el cuórum elevado “que perpetúa el veto de las minorías”, el mínimo de 18 años de edad para participar del proceso constituyente, la falta de mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género, y consideran que los mecanismos de representación y elección establecidos por el pacto son “funcionales a los partidos responsables de la actual crisis política y social”. En su lugar, han llamado a continuar con asambleas populares, cabildos y trawün a lo largo del país como parte de un proceso que desemboque en una asamblea nacional constituyente “convocada y electa por el pueblo, sin intervención del Congreso ni del ejecutivo de turno”.

Francisco Claramunt

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