El pulso por el futuro. Cincuenta días en la calle

La revuelta chilena ha sido atacada por los carabineros y cercada mediática y políticamente por los partidos políticos. Sin embargo, no pierde su fuerza y se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y, progresivamente, de los pueblos originarios.

 

 “Volvimos a ser pueblo”: un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado por una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de protesta contra el neoliberalismo que convirtió a las gentes en apenas consumidoras. Pero también conforma todo un programa político y una ética de vida, en apenas cuatro palabras.

No muy lejos de allí, la céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta chilena ha rebautizado a la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas multicolores que denuncian la represión e incitan a la revuelta contra las más diversas opresiones. Los y las jóvenes no la quieren abandonar. Sostienen que el día que la protesta abandone la calle estará todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 50 días de movilizaciones.

La mayoría de las pintadas en muros de los alrededores, y en muros de todo Chile, cientos de miles, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos matan”, “No más abuso”, “Pacos asesinos”, “Paco culiao”, y así indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre que resbala por una pared se puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”.

Los medios de la derecha destacan que los muros “rayados”, que se pueden ver hasta en los más remotos rincones de la ciudad, ensucian Santiago. Como suele suceder, conceden mayor importancia a las pérdidas materiales que a los ojos de los 230 manifestantes cegados por los balines de los carabineros y que a las vidas de las casi tres decenas de asesinados por las fuerzas represivas desde mediados de octubre.

Además de los dedicados a Carabineros, abundan también los muros feministas, donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. Pero la palma a la creatividad en las protestas se la lleva la performance “Un violador en tu camino”, creada por Las Tesis, un colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso. Ha sido reproducida millones de veces en las redes y replicada en casi todas las capitales latinoamericanas y europeas.

Incluso los medios del sistema (desde Radiotelevisión Española y Cnn hasta el argentino Clarín) debieron dar cuenta de esa intervención callejera, una denuncia a ritmo de rap que pone en la mira tanto al gobierno como a los jueces y la policía. El seguimiento masivo que ha despertado muestra tanto la indignación mundial con la salvaje represión en Chile como la creciente influencia del feminismo en las protestas, con voces y estilos propios.

Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de treinta las figuras de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica, en la frontera con Perú, hasta el sur mapuche. En la Plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de arriba lo considera un héroe de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, cuando el país vecino perdió su salida al mar.

En Arica, los manifestantes destruyeron una escultura en piedra de Cristóbal Colón, que llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar los vecinos colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia y su cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

Pedro de Valdivia está en la mira de los manifestantes. El militar, que acompañó a Francisco Pizarro en la guerra de conquista y exterminio en Perú, fundó, con el mismo método, algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la población. Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica Plaza de Armas.

Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 quilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de la Independencia, donde derribaron su estatua el mismo día, 14 de noviembre, que se conmemoraba el primer aniversario del homicidio de Camilo Catrillanca, comunero mapuche muerto a manos de Carabineros. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15 días. Un año después, la mapuche es la bandera más ondeada en las protestas chilenas.

TRAWÜN MAPUCHE EN SANTIAGO.

El último sábado de noviembre, la Coordinación de Naciones Originarias, nacida durante el estallido, convocó a un trawün (encuentro, en mapudungun), en el centro ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad. Acudieron mapuches de diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre otros), donde ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia con una ceremonia dirigida por tres longkos (autoridades comunitarias), seguida con cánticos y rezos de unas sesenta personas bajo un sol vertical. Luego de que la Pachamama les concediera permiso, se iniciaron las discusiones en dos grupos para abordar cómo deben posicionarse en los debates sobre una reforma de la Constitución.

Las mujeres, engalanadas con trajes tradicionales, participaron tanto o más que los varones, ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constataron dos posiciones. Una proponía participar en las elecciones para la Convención Constituyente a celebrarse en abril (véase recuadro). Como los partidos que firmaron el pacto denegaron la posibilidad de que los pueblos originarios tengan un distrito electoral especial, el debate se trasladó para discutir los caminos a seguir. Esta posición ha venido creciendo desde el estallido, aunque nació hace casi dos décadas, y recibe el nombre de “plurinacionalidad”. Ya que los mapuches no quieren ser elegidos en los partidos existentes, algunos participantes (varias de ellas mujeres) propusieron la formación de un partido electoral mapuche. Esta corriente de pensamiento tiene mayor arraigo en las ciudades, particularmente en Santiago, donde viven cientos de miles de mapuches. Su núcleo está en las y los universitarios que emigraron del sur y hoy están establecidos en la ciudad. Emite un discurso coherente y potente, y argumenta que hay poco tiempo para tomar este camino, ya que la convocatoria para elegir constituyentes se concreta en abril.

La otra corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones tradicionales de las comunidades mapuches del sur, las más afectadas por la represión del Estado chileno, por la militarización de sus territorios y por el despojo a manos de las empresas forestales. Esas son también las comunidades que encabezan la recuperación de tierras y las que mantienen viva la llama de la nación y la identidad tradicional mapuche. Durante el trawün, una mujer de mediana edad recordaba que “ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestro parlamento, no necesitamos de los políticos”. Y un joven vehemente se preguntaba: “¿Realmente queremos tener un escaño dentro de la política winka [blanca]?”.

ASAMBLEAS, BARRIOS Y CLASES.

El colectivo Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y territorios de las periferias, sostiene en sus análisis semanales que el “acuerdo de paz” firmado a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por todo el arco político –menos el Partido Comunista– le otorgó “una sobrevida” al gobierno de Piñera (colectivo Caracol, 25-XI-19).

El propio nombre del pacto delata a sus inspiradores. Si se trata de paz, dice Caracol, es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera desde el primer día del estallido. La convocatoria a una convención constituyente acordada en contra de una asamblea constituyente como la que defienden los movimientos impone varios filtros.

“Esta Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que deben sumarse los dos tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un veto mayor para las propuestas de la calle. “Han demostrado que los cabildos abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque no les interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.

Daniel Fauré, fundador de la organización, analizó en diálogo con Brecha que la decisión del gobierno de convocar a una constituyente se tomó cuando contempló la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la unidad de acción entre trabajadores sindicalizados, pobladores y jóvenes rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y trawün”, señaló.

Llegados a este punto, debemos recordar que la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet se abocó a una profunda reconstrucción urbana con fines políticos. Cuando Salvador Allende llegó al gobierno, en noviembre de 1970, casi la mitad de la ciudad de Santiago estaba conformada por “campamentos”, espacios tomados y autoconstruidos por los sectores populares, que de ese modo se configuraron como sujeto político, bajo el nombre de “pobladores”, y fueron centrales en el proceso de cambios cegado por la dictadura.

En la actualidad, y según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110 asambleas territoriales, organizadas en dos grandes coordinaciones: la Asamblea de Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y la Coordinadora Metropolitana de Asambleas Territoriales, en la zona central. Estas asambleas contrastan, y a veces compiten, con las más institucionalizadas juntas de vecinos. Aunque hubo un trabajo territorial previo importante, la mayoría de estas organizaciones se formó durante el estallido. Realizan actividades culturales recreativas, organizan debates entre vecinos, ollas comunes, asisten a los heridos y detenidos en las marchas y promueven caceroleos contra la represión. Muchos de sus integrantes participan en las infaltables barricadas nocturnas.

Pero al igual que en los tiempos del dictador, tampoco el Chile pospinochetista puede aceptar el activismo de los pobladores. Su clase dominante chilena no puede concebir que los “rotos” salgan de sus barrios, que hablen y ocupen espacios. Un relato de Caracol sobre un enfrentamiento ocurrido a fines de noviembre, cuando un grupo de pobladores fue a manifestarse a un shopping del sector más exclusivo de Santiago, lo dice todo: “Bastó que un grupo de personas de la clase popular se aparecieran en el patio de su templo del consumo en La Dehesa para que la clase alta saltara despavorida llamándolos a ‘volver a sus poblaciones de mierda, rotos conchadesumadre’” (colectivo Caracol, 25-XI-19).

Si es cierto que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el 11 de setiembre de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser cierto que se abre un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus características principales. Por lo que se puede ver en las calles de Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas centrales: el Estado policial –brazo armado de las clases dominantes– y los sectores populares, afincados en sus poblaciones y en el Wall Mapu o territorio mapuche. El pulso entre ambos configurará el futuro de Chile.


 El pacto de los partidos por una nueva Constitución

Atado y bien atado

“Es hora de reencontrarnos”, proclamó exultante en la sede del Congreso el senador Felipe Harboe, cuando en la madrugada del 15 de noviembre los representantes de los principales partidos políticos pusieron por fin su firma al Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Harboe, ex subsecretario del Interior durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, agradeció “a todos quienes contribuyeron para llegar a este acuerdo”: léase, a los partidos de la derecha en el gobierno, a los de la ex Concertación, a algunos sectores del Frente Amplio, a los principales medios de comunicación de Chile y a las cámaras empresariales, como la Confederación de la Producción y del Comercio, cuyos voceros se apresuraron al día siguiente a celebrar “la buena política” de la que hicieron gala los firmantes del pacto y a llamar al retorno de la “paz social” (Emol, 15-XI-19).

El acuerdo establece, en primer lugar, un plebiscito en abril del próximo año. Los chilenos deberán responder entonces si quieren o no una nueva Constitución, y, en caso de que así sea, qué tipo de órgano debería redactarla. Las opciones para esto último serán dos: una “convención mixta constitucional”, compuesta en un 50 por ciento por ciudadanos electos ad hoc y en un 50 por ciento por parlamentarios, o una “convención constitucional” en la que todos los miembros serían electos específicamente para ese rol.

Sea cual sea la opción que gane, los constituyentes serán elegidos “con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados”. Además, la Convención Constituyente deberá aprobar las normas con un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Funcionará por nueve meses, con posibilidad de una prórroga de otros tres meses. Luego, lo que haya aprobado se someterá a un referéndum ratificatorio y, finalmente, deberá contar con el visto bueno del Congreso.

A pesar de la algarabía que mostraron los mercados al día siguiente de anunciado el acuerdo, siempre hay algún detallista que queda disconforme. “Al verdadero protagonista, que es la gente, nadie le ha preguntado nada”, ha dicho a la prensa el secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Ni su partido ni el Progresista, ni varios de los que integran el Frente Amplio, respaldan lo acordado en el Congreso el 15 de noviembre.

Tampoco lo hace la llamada Unidad Social –integrada por más de un centenar de organizaciones sociales y en gran medida protagonista de las movilizaciones que tienen lugar desde el 18 de octubre–, que considera que el acuerdo “se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales” y “a medida de los partidos políticos”. Entre los integrantes de la Unidad Social están la Central Única de Trabajadores, las principales federaciones estudiantiles de Chile, la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora No+Afp, así como organizaciones de los pueblos originales, medioambientales y de pobladores.

Los movimientos rechazan el cuórum elevado “que perpetúa el veto de las minorías”, el mínimo de 18 años de edad para participar del proceso constituyente, la falta de mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género, y consideran que los mecanismos de representación y elección establecidos por el pacto son “funcionales a los partidos responsables de la actual crisis política y social”. En su lugar, han llamado a continuar con asambleas populares, cabildos y trawün a lo largo del país como parte de un proceso que desemboque en una asamblea nacional constituyente “convocada y electa por el pueblo, sin intervención del Congreso ni del ejecutivo de turno”.

Francisco Claramunt

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:29

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile

 La policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. La oposición criticó el proyecto de reforma de la comisión de expertos.

 

 Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile, la policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. En Santiago, Valparaíso y Concepción se registraron saqueos e incendios en comercios y edificios públicosHubo nuevos manifestantes con heridas en los ojos pese a que la policía se había comprometido a dejar de usar balines y perdigones. Por otra parte, la oposición criticó el proyecto de ley de reforma constitucional presentado el viernes por la comisión de expertos convocada para este fin.

La ola de protestas parece no tener fin

Durante las marchas que se prolongaron hasta la madrugada del sábado se registraron saqueos de comercios. También ataques a comisarías e incendios de micros del transporte público. El saldo a nivel nacional fueron 136 detenidos, según informó en la tarde del sábado la Subsecretaria del Interior. Uno de los hechos más relevantes fue el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia ubicada a pocos metros de la Plaza de la Dignidad. Es la tercera vez desde el inicio de las protestas que este edificio es incendiado. Miles de personas se reunieron pacíficamente en la zona de la plaza. Pero alrededor de ella centenares de encapuchados se enfrentaron a la Policía. Hechos similares se replicaron en Valparaíso (centro) y Concepción (sur) dejando 63 heridos entre civiles y uniformados.

Los chilenos también marcharon para manifestarse en contra del cambio climático, en consonancia con la Cumbre del clima que se dió en España. El evento tenía como sede la ciudad de Santiago de Chile, pero ante las protestas tuvo que mudarse a Madrid.

En tanto, las lesiones oculares que sufrieron los manifestantes alcanzaron las 352 desde el inicio de la crisis, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Dos de ellas quedaron ciegas producto de balines y perdigones. La Policía se comprometió hace dos semanas a dejar de utilizar este tipo de armamento, pero los heridos en los ojos han seguido creciendo, según informaron organizaciones humanitarias. "Coincidimos con la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), hay conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", sostuvo Sergio Micco, director del INDH. "Estamos frente a una situación de denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos", agregó Micco. Estas críticas van en línea con las de Human Right Watch (HRW) y la CIDH que señalaron el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del estado.

Críticas al proyecto de Reforma Constitucional

El viernes se conoció el texto donde se propone la normativa para modificar la Carta Fundamental de Chile. El mismo fue redactado por una comisión técnica que surgió del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” firmado por un gran abanico de partidos políticos. Las críticas no tardaron en llegar desde sectores de la oposición referidas a las trabas que pone a una participación amplia en el proceso de reforma. Siete partidos de oposición firmaron un documento donde se comprometen a asegurar que se incluya a sectores indígenas, de mujeres e independientes. “Reafirmamos nuestra voluntad de llevar adelante en Chile un proceso constituyente democrático y participativo donde la ciudadanía sea protagonista. En ese sentido, mantenemos nuestra convicción de garantizar la ejecución del acuerdo suscrito el 15 de noviembre pasado y lamentamos la falta de disposición del oficialismo para llegar a acuerdos que permitan mayor apertura del proceso“, señalaron mediante un comunicado. Los partidos firmante del mismo son Revolución Democrática, Partido Comunes, Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical. “Consideramos imprescindible continuar avanzando hacia una serie de medidas que, en el marco de lo acordado, lo hagan más inclusivo, profundice su representatividad y garantice la participación de todos los sectores de la sociedad”, sostienen los partidos de la oposición.

El comunicado especifica la forma en que estos sectores deberían formar parte de la reforma constitucional. “Los pueblos originarios por medio de escaños reservados; mujeres a través de mecanismos que aseguren la paridad de género; e independientes mediante medidas que permitan competir en igualdad de condiciones con militantes de partidos políticos”, informaron en el comunicado.

El documento presentado el viernes por la comisión de profesionales establece que el Presidente debe convocar al plebiscito nacional el día 26 de abril de 2020. En él se preguntará a los votantes si quieren o no una nueva Constitución, y qué organismo debe ser el encargado de realizarla. Las dos opciones entre las que podrán elegir son una “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. Este documento ahora será elevado al Congreso para su discusión. Los legisladores tienen hasta el 25 de junio para realizarle modificaciones.


Se cumplieron 50 días del estallido social

Sube a 352 el número de manifestantes con heridas oculares en Chile

Al menos 352 personas han sufrido heridas oculares en Chile por represión policial con balines de goma disparados con escopetas, informó un organismo chileno. Se cumplieron 50 días de estallido social en el país y continúan las manifestaciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) informó este viernes que en 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas. La cifra supone un incremento de 111 personas respecto al anterior reporte del INDH, del pasado 3 de diciembre.

Ayer, la Policía volvió a reprimir luego de que miles de personas volvieran a tomar las calles de Santiago para marcar los 50 días desde el comienzo de la ola más grande de protestas en el país en décadas.

Desde hace semanas, los chilenos protestan por la desigualdad social y económica heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y contra una elite política integrada por un pequeño número de las familias más ricas del país, entre otras cuestiones.

La crisis es la peor en tres décadas de retorno a la democracia y ya ha dejado 26 muertos y más de 12 mil heridos, según la Organización de Estados Americanos (OEA), además de 20.600 detenidos.

Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han dejado al menos 23 fallecidos. Los casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.

El INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de octubre, de las que 1.982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados, informó la agencia de noticias EFE.

Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.

El director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando "conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", algo en lo que dijo coincidir con el informe que este viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sobre la situación en el país.

La CIDH expresó su "condena al uso excesivo de la fuerza" y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la CIDH pidió, además, al gobierno del presidente Sebastián Piñera que ordene "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se defendió de las acusaciones, con el argumento de que su compromiso "ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".

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Francia paró en contra de la reforma jubilatoria

Hasta un millón y medio de personas protestaron en 60 ciudades 

La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. También se sintió en hospitales, la policía y la aeronáutica civil. Sigue hasta el viernes.

 

Francia se quedó de a pie, en el doble sentido del término: caminando por la huelga de los transportes lanzada por los sindicatos contra la reforma de las jubilaciones: y caminando en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, con un punto muy fuerte en París, cuyas cifras todavía se desconocen. Según proyecciones del ministerio de Interior, más de 800 mil personas acudieron a las 242 manifestaciones organizadas en 60 ciudades. Para la CGT, la participación subió a más de un millón y medio. La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. A ella se sumaron sin embargo varios otros gremios que van desde los hospitales, la policía o la aeronáutica civil con un 20% de los vuelos anulados. Sectores público y privado respondieron masivamente a lo que se espera será sólo el comienzo de una protesta que, al menos en la empresa nacional de ferrocarriles, se prolongará en los próximos días. El Ejecutivo calcula que la huelga se extenderá hasta el viernes e incluso que perdure más allá del fin de semana. El paro golpeó el corazón del sistema. Aunque no es una huelga general, la parálisis de los transportes públicos perturbó a todo el país. Sin posibilidad de desplazarse, la gente se movió como pudo o permaneció en casa. Los sindicados, con la excepción de la CFDT, buscan forzar al gobierno a una negociación con el manual de las huelgas de 1995 en la mano. En aquel entonces, la oposición a una reforma similar de las jubilaciones dejó a Francia sin actividad durante tres semanas, hasta que el proyecto fue retirado. Si los paros importantes persisten el lunes, entonces la batalla social tendrá otro perfil. Y como recién el próximo 12 de diciembre se conocerá realmente el contenido preciso de la reforma, es muy probable que de aquí a entonces los sindicatos mantengan la presión social.

La controversia surgió cuando empezaron a trascender algunos detalles del texto prometido por el presidente Emmanuel Macron durante la campaña electoral para las elecciones de 2017. La idea inicial consistió en terminar con los 42 regímenes de pensiones que están en curso y reemplazarlos por otro a través del cual todos los sectores tendrían los mismos derechos. La ausencia notoria de una pedagogía clara por parte del gobierno, las divisiones en la propia mayoría, la presión de la derecha presidencial que introdujo varias modificaciones a la idea inicial, los rumores y la confusión que el Ejecutivo no se ocupó de neutralizar plantearon la perspectiva de que habría que cotizar más años e, incluso, extender la edad legal de la jubilación, hoy fijada a los 62 anos. El líder de la CGT, Philippe Martinez, hizo campaña contra la reforma con el argumento de que, una vez aplicada, esta equivaldría a trabajar más tiempo y cobrar menos. La huelga está determinada por dos paradojas: una, el movimiento social se lanzó sin que se sepa con claridad qué contiene la reforma: dos, la opinión pública respalda tanto a la huelga como la necesidad de una reforma de las pensiones. Ayer, una encuesta realizada por la consultora Odoxa-Dentsu Consulting para el diario Le Figaro y la Radio Franceinfo, mostró que el 68 por ciento de los encuestados respaldaban a los huelguistas al tiempo que 76 considera que una reforma es necesaria. El porcentaje de apoyo a la huelga era menor hace una semana, pero fue creciendo ante la ausencia de explicaciones del Ejecutivo. El tema fue tanto más mal tratado por el gobierno cuanto que, en Francia, tocar la jubilación equivale a trastornar el pasado –lo adquirido--, el presente –lo que se puede formular cara al futuro—y el mismo futuro. Ante la perspectiva de un endurecimiento de la rebelión social, el Primer Ministro, Edouard Philippe, tiene previsto una serie de concesiones cuyo contenido es, igualmente, vagamente misterioso. De allí la sensación global de que el “gobierno esconde el texto porque su único objetivo es engañarnos y hacernos trabar mucho más, ganar mucho menos mientras sus amiguitos liberales se llenan los bolsillos con nuestra pobreza”, según decía iracundo Michel, uno de los manifestantes -educación nacional—que ayer salió a las marchas de París pese al frío. En las calles de la capital francesa había una sinfonía de reclamos, muchos jóvenes, profesiones de todo tipo y una triple inquietud: la jubilación, el planeta y el liberalismo. Un hombre de unos 40 años llevaba una pancarta que decía:” mejor reformemos el sistema de los accionarios”. ”Viva una reforma social del liberalismo”, clamaba una señora recién jubilada. Una pareja de empleados de la educación nacional declaraba:” llegó el momento de que demos vuelta el flujo. Llevamos décadas y décadas pagando por los ricos y ahora que se preparan para exprimirnos hasta en la vejez y es hora de que les digamos basta. ¡Que empiecen a pagar ellos por nosotros !”. Más adelante, un grupo nutrido de ferroviarios con disfraces de Macron con los atuendos del Rey Luis XVI decía: «No queremos a un monarca del liberalismo. Queremos a un hombre que sienta lo que es una vida de trabajo común y que no liquide aquello por lo cual trabajamos toda la vida”.

Había en París bronca por el presente, las privatizaciones de los aeropuertos y la lotería nacional (La Française des Jeux) y miedo por un futuro de privaciones. ”El liberalismo de Macron nos lleva a la exclusión. No les importa lo que suframos, es una aristocracia egoísta y especuladora. Ninguno de esos reyes que aboga por la reforma sabe lo que es vivir con mil euros por mes. Y ni eso nos van a dejar en los bolsillos”, explicaba una empleada del correo francés. ”Fíjese a dónde llegamos. A fuerza de ajustes, desempleo y precariedad hicieron que nuestro presente sea inestable y apretado. Y ahora quieren que nuestra vejez sea una miseria”, decía una pareja del sector bancario privado. En un año, de noviembre de 2018 a diciembre de 2019, el presidente Macron fomentó dos conflictos mayores: el de los chalecos amarillos y, hoy, el de las jubilaciones. En ambos casos se confrontó a una variable que parece desconocer: la voz y el protagonismo del pueblo y su adhesión a la preservación de sus derechos. Francia es un país más bien conservador, pero no liberal. El jefe del Estado tiene una visión financiera de las relaciones y ello choca fuertemente con una sociedad que atraviesa un “malestar democrático” (Luc Rouban, Centro de Investigaciones políticas de Siences-Po) que se fue forjando a través de múltiples decepciones sociales. La reforma de las jubilaciones terminó por aunarlas a todas.

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Viernes, 29 Noviembre 2019 06:03

Botín de guerra y excusa

Botín de guerra y excusa

Es innegable que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales ha habido una notable reducción de la pobreza a través de políticas públicas de redistribución de la riqueza. Asimismo, no se puede negar que, aunque sea de manera limitada y muchas veces simbólica, el Estado hizo un esfuerzo histórico por reconocer a la mayoría aymara, quechua y guaraní del país, transformándose en un Estado plurinacional. Pero la pregunta es: ¿sobre qué modelo económico se sustentan estas políticas redistributivas y antirracistas?

La respuesta a esta pregunta y la mejor guía para entender la situación se encuentran en las potentes intervenciones del movimiento feminista boliviano. Uno de estos grupos es Mujeres Creando. En 2017 este colectivo feminista aceptó una invitación de la bienal de arte de Bolivia para pintar un mural, siempre que pudiera llevarse a cabo en la fachada del Museo Nacional de Arte. En el centro de este “altar profano” aparecía el escudo de Bolivia con el Cerro Rico de Potosí clavado sobre la espalda de un hombre arrodillado en posición de sumisión. El pene del hombre estaba amarrado con una cadena a una pesa de oro. A los lados podía leerse: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista” y “No hay nada más parecido a una machista de derechas que un machista de izquierdas”.

Las feministas ponían así el dedo en la llaga –el mural duró menos de 24 horas sin ser profanado– mostrando que las políticas extractivistas del Estado no se asentaban sobre una lógica de género neutral, sino sobre una solidaridad interna entre el colonialismo y el patriarcado que transforma los cuerpos de las mujeres y la tierra en mercancía y botín de guerra. En efecto, el gobierno de Morales no sólo no modificó la lógica colonial extractiva del país, sino que amplió el extractivismo al otorgar más licencias mineras, intensificar la explotación del litio, ampliar la frontera de los agronegocios y pactar con la oligarquía que ahora lo echa del poder.

La lógica extractivista-patriarcal llega a su paroxismo con el conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en 2010 y 2011. El gobierno del Mas pretendía construir una carretera que cortaría a la mitad este territorio guaraní en pleno corazón de la Amazonia para facilitar la extracción de hidrocarburos en el centro del parque y la extensión de los agronegocios. La oposición de los habitantes del territorio fue duramente reprimida por el gobierno de Morales. Una de las personas que acompañaban la marcha en defensa del Tipnis era Esther Argollo, una de las autoras del mural de Mujeres Creando. En 2017 tuve la oportunidad de entrevistarla y me describió, todavía conmocionada, la brutal represión de la policía de Morales en el pueblo de Chaparina: “Nos invadieron el campamento, nos cercaron, lanzaron gases, sacaron a los indígenas del lugar donde estábamos a patadas, a golpes, les amarraron, les taparon las bocas, tuve que correr con un niño al monte, porque… Era una señora, de las indígenas que estábamos en el campamento, era un domingo… La señora estaba con dos niños, uno se lo dio a uno de los indígenas y corrió al monte y el otro me lo dio a mí”.

UN PROYECTO NACIONALISTA EXTRACTIVISTA. 

El relato de la izquierda –golpe de Estado, Cia, Evo víctima, oligarquía racista, retorno de la Biblia al Palacio– se sutura definitivamente con la aparición del litio como botín de guerra. Bolivia cuenta con grandes reservas de litio en los salares de Uyuni y Coipasa y, en ese sentido, es totalmente plausible que la oligarquía blanca del país, en connivencia con algunas potencias extranjeras (Estados Unidos, pero también China, Rusia o Alemania), esté afilándose los colmillos para subastarse el litio.

Tras la llegada al poder de Evo Morales en 2008, los yacimientos de litio pasaron a ser una concesión de la Comisión Minera Boliviana, y se creó la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, a cargo de Luis Alberto Echazú. El modo en que se realiza la transferencia de los terrenos ya es sospechoso. Tras haber recorrido todas las comunidades que se ubican alrededor del salar de Uyuni, puedo asegurar que en ninguna de ellas hubo consulta previa, libre e informada, como exige el artículo 169 de la Oit para autorizar la explotación de litio en territorio indígena. En lugar de eso, se recurrió al apoyo de una organización masista, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas). Pero este subterfugio legal no significa que todos los ayllus del salar estén de acuerdo con la explotación del litio. Hay comunidades como Llica que están en desacuerdo, y otras que lo aceptaron porque no veían otra opción.

Pero el asunto central es que se trataba nuevamente de un proyecto nacionalista extractivista. Los ingenieros de la planta de Llipi Llipi me explicaron en 2016 que se iba a tratar de un proyecto completamente boliviano, ejecutado con capital boliviano, recursos humanos bolivianos y cuyos beneficios recaerían en el pueblo boliviano. Cuando les preguntaba sobre los potenciales impactos ambientales que iba a provocar la extracción, no solamente por el gasto de agua sino por los residuos que iba a generar la inyección de grandes dosis de cal en el salar para separar el magnesio del litio, respondían de nuevo con el imaginario nacionalista en el que el “oro blanco” prometía sacar, una vez más, al pueblo boliviano de la miseria.

La versión de algunos líderes de Frutcas era todavía más siniestra, pues cuando pregunté a Humberto Ticona, uno de sus líderes, si no veía contradicción entre los artículos de la Constitución en defensa de la Pachamama y la extracción del litio, me respondió: “Claro, por ejemplo, ¿el litio de dónde viene? De las entrañas de la tierra. La Pachamama nos está dando una alternativa a sus hijos para poder sobrevivir”.

El último episodio de la saga se remonta a abril de 2018, momento en el que el gobierno de Evo Morales firma una acuerdo con la empresa alemana Aci Systems Gmbh para su explotación en régimen mixto con el Estado. El acuerdo ha sido finalmente revocado por las presiones de las comunidades circundantes al salar y de miembros del Comité Cívico Potosino. La negativa de las comunidades se debe, en parte, a su deseo de participar más activamente en los beneficios de la explotación, pero también a que, como me fue manifestado en múltiples entrevistas con miembros del pueblo Llica, las comunidades indígenas piensan que el salar es un ser vivo sagrado.

El gobierno de Evo Morales, con toda su retórica pachamámica, jamás se ha planteado escuchar a estas comunidades o repensar la explotación del litio para preservar un espacio sagrado y de alta biodiversidad, ni antes ni ahora; lo que estaba en juego era simplemente el modelo de explotación y la distribución de los beneficios. La izquierda internacional, que tanto se preocupa, y con razón, por la situación en Bolivia, debería escuchar a esta gente y a todos los colectivos de la sociedad civil que no están afiliados con ninguno de los caudillos en pugna, como por ejemplo, Colectivo Curva, Colectivo Ch’ixi, Comunidad Pukara, Nación Qhara Qhara, Nación Yampara, Parlamento de Mujeres, Red Unitas y Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza.

Luis Martín-Cabrera. director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego.

29 noviembre, 2019

 Tomado de La Marea mediante una licencia de Creative Commons. Brecha reproduce fragmentos.

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 Paulo Guedes, ministro de Economía, este lunes en la embajada brasileña en Washington. OLIVIER DOULIERY AFP

El ministro de Economía evoca un brutal decreto de la dictadura ante "la irresponsabilidad" de Lula de convocar a los brasileños a que respondan en la calle al Gobierno

 

La ola de descontento y protestas callejeras que recorre Sudamérica no ha llegado a Brasil, pero el temor y el nerviosismo ante un posible contagio son evidentes. El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, admitió el lunes por la noche en EE UU que el miedo a un incendio en las calles es el motivo por el que el Gobierno ha frenado su ambicioso programa de reformas para abrir la economía y encoger el Estado. El ultraliberal Guedes llegó a evocar el decreto de la dictadura que dio inicio a los años de plomo y supuso el cierre del Congreso porque "es irresponsable llamar a la calle para decirles que tienen el poder”, dijo, en referencia al excarcelado expresidente izquierdista Lula da Silva. Guedes advirtió a sus compatriotas: “No se asusten si alguien pide el AI5”. La indignación fue inmediata.

Guedes explicó con franqueza la situación en una larga conferencia de prensa en Washington tras reunirse con miembros de la Administración Trump. Admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas es el motivo por el que el Gobierno ha aparcado las reformas tributaria y de la función pública, que iba a presentar al Congreso este noviembre: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo”, dijo, según el diario Estadão.

El ministro plenipotenciario en asuntos económicos, un antiguo banquero de inversión con escasa experiencia política, y su agenda reformista son el motivo por el que el empresariado dio desde el principio su apoyo al Gobierno de Bolsonaro. Este Gobierno logró sacar adelante la impopular reforma de las pensiones pero no quiere arriesgar. Guedes recalcó que la economía brasileña empieza a recuperarse, que Bolsonaro mantiene su apuesta por la agenda reformista y quitó importancia a que el dólar esté batiendo récords frente al real. El dólar alcanzó los 4,25 reales en la apertura este martes.

Tras la aprobación de las pensiones, el paquete económico de Guedes consta al menos de cinco propuestas legislativas que requieren enmendar la Constitución. Las aparcadas por el temor a que la izquierda movilice a su militancia con grandes manifestaciones en las calles son la tributaria y la de la administración pública, diseñada una para simplificar el sistema tributario y la otra para reducir los salarios y la estabilidad de los nuevos funcionarios.

El fantasma del peor decreto de la dictadura ya fue agitado el mes pasado por el diputado Eduardo Bolsonaro, que recibió una crítica generalizada. Incluso fue desautorizado por su padre, que, sin embargo, nunca ha ocultado su nostalgia por la dictadura.

En Brasil nadie quita ojo al agitado vecindario. Las manifestaciones que persisten en Chile (el modelo de Guedes en sus reformas brasileñas) y Colombia, las ya amainadas en Bolivia, Ecuador y Perú, la victoria de la izquierda peronista en Argentina e incluso el nuevo recuento en el siempre estable Uruguay preocupan al Gobierno de Bolsonaro e inspiran a la oposición. El discurso duro de Lula tras salir de la cárcel solo ha añadido presión al cóctel. Venezuela y su arraigada crisis son capítulo aparte.

Guedes embistió contra el duro discurso de Lula ahora que ha recuperado la libertad, aunque tiene vetado presentarse a unas elecciones. “Es irresponsable llamar a alguien a la calle ahora para generar una ruptura, para decir que tienes que tomar el poder. Si uno cree en la democracia, espera ganar y ser elegido”, dijo el ministro, que se refirió en dos ocasiones al decreto AI5 (de diciembre de 1968, el quinto de los actos institucionales de la dictadura), que además de clausurar todas las Cámaras legislativas suspendió los hábeas corpus, entre otras medidas. Guedes intentó convencer después a la prensa de que la conferencia de prensa era extraoficial y subrayó que “Planalto (la sede de la Presidencia) jamás apoyaría un AI5, eso es inconcebible”.

Brasil tuvo su gran revolución del descontento a partir de 2013. Comenzó como ahora en los países vecinos, de manera inesperada. La subida del precio del autobús fue la chispa que llevó a los brasileños a tomar las calles contra la corrupción y la clase política. Aquello cristalizó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el encarcelamiento de buena parte de los líderes políticos y empresariales e, indirectamente, en la elección de un presidente como Bolsonaro.

Otras tres propuestas económicas fueron enviadas ya al Congreso pero no han sido analizadas por la crisis que Bolsonaro ha abierto con su grupo parlamentario al abandonar su partido para crear una nueva sigla, Alianza por Brasil, y porque la Cámara ha decidido centrar sus esfuerzos en debatir una propuesta que revierta la decisión del Supremo que permitió excarcelar a Lula y a otros 5.000 presos.

Uno de los proyectos ley de Guedes (denominado PEC de emergencia) que el Gobierno quería aprobar este año pretende recuperar fondos para inversión pública mediante la prohibición temporal de la promoción y contratación de funcionarios o la reducción de jornada (y sueldo) de los actuales. El segundo en trámite (PEC de los fondos públicos) persigue extinguir parte de los 281 fondos públicos que tienen unos 200.000 millones de reales (43.000 millones de euros) para pagar parte de la deuda pública. El tercero (pacto federativo) busca alterar el conjunto de normas constitucionales que determinan cómo se distribuyen y gastan los recursos recaudados por la Unión, los Estados y los municipios.

São Paulo / Brasilia 26 NOV 2019 - 13:01 COT

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Uruguay: cuarto mandato de la izquierda o giro a la derecha

"No perder lo bueno, hacerlo mejor" dice la pintada en una pared por la avenida 18 de julio camino a la Plaza Cagancha. Y, la respuesta debajo: "nosotros podemos". Así conviven las consignas de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA), que gobierna Uruguay desde hace quince años, con la del Partido Nacional (Blanco) en alianza con otras formaciones de derecha y ultraderecha, horas antes del ballottage del domingo 24 de noviembre.

En la Plaza Cagancha, militantes frenteamplistas entregan volantes de la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar sin inmutarse por la presencia a unos pocos metros de un puestito opositor de la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón. Del parlante de los blancos se escucha cumbia: primero Gilda, después Lia Crucet. 

 A esta segunda vuelta el ex senador Lacalle Pou, de 46 años, llega con ventaja frente al ex intendente de Montevideo, Martínez, de 62 años. Según los últimos sondeos, el candidato opositor obtiene entre 49 y 51,5 por ciento de intención de voto y su rival socialista cuenta con un apoyo de 43, 44, 5 por ciento. 

La frase de José "Pepe" Mujica "las izquierdas en el mundo se dividen por las ideas y las derechas se juntan por intereses" sirve para entender el dato novedoso de esta contienda: el neoliberal Partido Colorado junto al ultraderechista Cabildo Abierto y dos formaciones minoritarias (Partido Independiente y Partido de la gente) se aliaron con los blancos en un "compromiso por el país" en el que prometen "hacer más con menos", reducir el déficit fiscal ( 4,9 por ciento del PIB) sin subir impuestos ni tarifas y combatir la inseguridad.

Si Lacalle Pou se impone este domingo, pondrá fin a un proyecto de país de los últimos 15 años que mejoró, aunque con algunas limitaciones, los indicadores económicos. Así lo destacó el candidato oficialista Daniel Martínez en diálogo con Página12. " Somos el país más igualitario de Latinoamérica; el salario real creció un 60 por ciento; la pobreza bajó del 34 por ciento al 8 por ciento; la indigencia del 4,5 al 0,1 por ciento, universalizamos el sistema de salud". 

En un banco de Plaza Cagancha, que es como un retiro del movimiento de la calle central, Maicol Pereira dice que "la promesa de cambio de la oposición es un retroceso". Mate en mano, este trabajador en una empresa de limpieza, de 34 años, explica por qué vota al Frente Amplio. "En 15 años el salario creció siempre por encima de la inflación. La derecha quiere vender que estamos en crisis cuando es record la venta de autos 0km. No ves un ´cachilo´ (como llaman a los autos viejos)".

En este período de tres gobiernos del FA a partir del 2005 se crearon 300 mil puestos de trabajo, pero en los últimos años se perdieron 50 mil y hoy la tasa de desocupación es del 9 por ciento. 

María José Vieitez, de 35 años, está desempleada desde hace más de un año. "Estoy enojada con el Frente Amplio pero le voy a dar el voto igual", dice, y agrega. "Lacalle Pou es un cheto, no sabe lo que cuesta un kilo de arroz". 

Pasa haciendo propaganda con una bandera amarilla (de un sector de los blancos) un señor que se define "de centro". Eduardo Rodríguez, economista jubilado, dice que vota por "la unión de la oposición". "Voto por que el Estado no sea magnánimo, que dé libertad, que no obligue a la bancarización. Que no controle lo que comprás", concluye y entrega un volante.

Una mujer pasa y al rechazarle el papel le dice: "no voto en contra de los trabajadores".  

"No queremos que se venga Venezuela", le retruca Miriam Silva, madre y abuela de 6 niestos. "No quiero que mis nietos se vayan del país, dice esta militante del Partido Nacional y terapeuta con medicina natural. 

El "fantasma del populismo" circula entre los que proclaman un cambio. "¿Sabes lo que acordaron Lula, Chávez y Fidel en el Foro de San Pablo?, se indigna Susana que teme decir el apellido. Y agrega esta jubilada, de 75 años. "Quiero vivir en democracia, sin comunismo". 

El peligro Manini Ríos

De camino al hotel, un taxista y ex jugador de Racing de apellido Falero incomoda cuando dice "se va a terminar el recreo", retomando la frase de Guido Manini Ríos de que "hay que terminar el recreo de todo malandraje".

De las derechas aliadas, la que más preocupa es Cabildo Abierto, liderada por el excomandante en jefe del Ejército.  Manini Ríos fue destituido en marzo por Tabaré Vázquez por no haber denunciado la confesión del represor Nino Gavazzo de que arrojó al Río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. 

"Ya lo conocemos" dice el titulo del editorial de La Diaria repudiando que el electo senador rompiera la veda pidiendo a los militares que no voten al Frente Amplio. "Llama la atención que Manini Ríos decidiera avalar una idea que intentó refutar durante la campaña: la de que Cabildo Abierto es un partido militar", sostiene el diario sobre el video de Manini Ríos que circuló por estas horas en las redes sociales . 

En esa grabación dijo: "Vemos que aquellos que desde el gobierno han atacado sistemáticamente la institucion armada hoy les piden su voto. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas... Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos ´carne con ojos".... Manini Ríos se refería unas declaraciones por las que Mujica en su momento pidió disculpas. 

Cabildo abierto consiguió once bancas en Diputados  y tres en el Senado: Lacalle Pou necesita de los legisladores de los partidos aliados para contar con mayoría parlamentaria. Guido Manini Ríos pone en cuestión la agenda de derechos que aprobó el Frente Amplio en estos 15 años como las leyes de legalización del aborto, marimonio igualitario y regulación del cannabis, entre otras.

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El Partido Laborista lanza el programa electoral más radical de las últimas décadas

Jeremy Corbyn cree firmemente que los votantes británicos están hartos de que el Brexit haya secuestrado el debate político en el Reino Unido en los últimos tres años. Su apuesta electoral es un revulsivo que él mismo definió como el plan laborista más “ambicioso y radical” en décadas y que ha puesto nerviosos a las grandes empresas y al sector financiero. El Partido Laborista ha presentado este jueves su programa para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 12 de diciembre. "En las próximas tres semanas escucharéis que todo lo que contiene este programa es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema funciona perfectamente para todos los poderosos, aunque no funcione para el resto de la gente. Se trata de un programa lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante toda una generación", ha afirmado Corbyn entre los aplausos de los estudiantes y activistas que han acudido al acto en la Universidad de Birmingham.

Cree el laborismo que los votantes británicos están preparados, después de una década de austeridad, para acoger con agrado medidas que hace 10 años habrían resultado desorbitadas. Por ejemplo, la nacionalización parcial de la empresa British Telecom para ofrecer banda ancha gratuita de Internet a todos los hogares británicos; o la renacionalización de los servicios de ferrocarril y de transporte en autobús; o el aumento hasta el 26% del impuesto de sociedades (actualmente en el 19%); o una subida de las cargas fiscales a aquellos que cobran más de 90.000 euros al año.

Pero la medida estrella tiene que ver con una de las principales banderas de la formación: la lucha contra la emergencia climática. De una sola vez, el laborismo pretende recaudar casi 13.000 millones de euros de las grandes compañías petrolíferas y gasísticas. "Ya no podemos negar la emergencia climática. La podemos ver a nuestro alrededor. La hemos visto en las inundaciones de Yorkshire o de las Midlands. No podemos perder más tiempo. Esta crisis exige una actuación urgente. Pero no es justo que los costes de la respuesta recaigan sobre las enfermeras y enfermeros, sobre los trabajadores de la construcción o sobre los operarios de las compañías energéticas", ha justificado el líder laborista.

La cifra total que la formación ha calculado que puede recaudar gracias a los nuevos impuestos supondría casi 100.000 millones de euros anuales, y promete destinar la mayoría de esos ingresos a nuevas carreteras, mejores escuelas y hospitales. El plan también incluye hasta 150.000 nuevas viviendas de protección social. Así como rescatar de este modo, entre los británicos nostálgicos de pasadas eras brillantes, una idea más solidaria y eficaz de su país. "Todavía recuerdo los Ferrocarriles Británicos. Recuerdo que el Gobierno central no invertía en ellos lo suficiente. Y ahora observo cómo gastamos mucho más en subsidiar a compañías privadas de transporte de lo que gastábamos cuando eran compañías públicas", ha dicho.

Corbyn resucita las viejas batallas del laborismo de las décadas de los setenta y los ochenta, pero es capaz de darles un nuevo tono capaz de resonar en el electorado. "Boris Johnson representa un nuevo tipo de thatcherismo atiborrado de esteroides", dice en sus discursos. "Y pretende vender nuestro preciado Sistema Nacional de Salud (NHS) a los estadounidenses a cambio de un nuevo acuerdo comercial", añade.

"Not for sale, not for sale!" (No está a la venta, no está a la venta), han gritado entusiasmados los asistentes al acto.

Corbyn no deja de repetir la idea de que los conservadores tienen un plan oculto para privatizar el NHS, a pesar de que Johnson se desespere por negarlo en cada oportunidad que se le presenta.

Dos eslóganes decoran los actos electorales del laborismo: "It's time for Real Change" (Es el momento de un cambio de verdad) y "Hope" (Esperanza). Este último, un claro intento de transmitir al electorado británico de izquierdas el entusiasmo que el expresidente estadounidense Barack Obama logró infundir en su primera campaña.

La popularidad de Corbyn, según las encuestas, está por los suelos. Pero no así la de la opción laborista. Si en 2017 el veterano líder de izquierdas logró pisarle los talones a su rival, Theresa May, y conseguir prácticamente un empate técnico, las cifras de la formación comienzan a moverse de nuevo en estas elecciones y se achica la distancia con los conservadores, aunque siga siendo de más de 10 puntos.

"Presentamos el programa más radical que se conoce para transformar nuestro país, para resolver de una vez el Brexit y reescribir las reglas de nuestra economía. Como escribió Pablo Neruda: 'Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera'", ha gritado Corbyn a todos sus seguidores.

Llegado el tiempo de las preguntas de los periodistas —Corbyn ha cortado de raíz los abucheos: "En el Partido Laborista escuchamos con respeto las preguntas de la prensa"—, el líder laborista ha vuelto a hacer equilibrios para intentar explicar su posición respecto al Brexit, y de nuevo ha esquivado establecer qué defendería (salir o permanecer en la UE) si se celebrara el referéndum que promete en su programa electoral. Pero daba igual. Los asistentes al acto estaban más interesados en aplaudir las promesas de cambios radicales que ha anunciado el candidato laborista. "Cuando recorres el país, como yo he hecho, y hablas con la gente, entiendes perfectamente que las respuestas radicales son necesarias", ha defendido. 

LOS SINDICATOS APLAUDEN EL PLAN MIENTRAS LOS CRÍTICOS LO CONSIDERAN POCO REALISTA

Los planes laboristas plantean un incremento del gasto público equivalente a casi medio billón de euros a lo largo de la próxima legislatura. Y solo una cuarta parte de esa inyección, según sus propios cálculos, procederá de la subida de impuestos. “Proponen un incremento descomunal en la carga fiscal de las empresas. Si sus planteamientos alcanzan las cantidades que indican, estaremos aplicando el impuesto de sociedades más alto de todos los países del G7, y prácticamente por encima de todos los miembros de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos]. Todo esto supondrá un riesgo muy considerable”, advertía el Instituto de Estudios Fiscales, un centro de pensamiento y análisis de sesgo neoliberal pero bastante respetado tanto por conservadores como por laboristas. “Simplemente, no resulta creíble”, dijo este jueves su director, Paul Johnson.

“Si los banqueros, los multimillonarios y todo el establishment pensaran que no son más que las promesas de siempre, y que al final podrán comprarnos y nada va a cambiar realmente, no estarían atacándonos de un modo tan fiero. Saben que vamos en serio y que sacaremos adelante nuestros planes, y por eso quieren evitar a toda costa nuestra victoria”, afirmó este jueves el líder laborista, Jeremy Corbyn. “Se trata de una fantástica oferta del laborismo a su electorado”, aseguró Len McCluskey, el secretario general de UNITE, la principal confederación sindical.

El programa incluye una subida del salario mínimo hasta los 12 euros por hora, sin distinción de edad (a partir de los 16 años). En la actualidad, la cifra está en los 9,50 euros por hora para los mayores de 25 años, pero puede bajar hasta los cinco euros por hora para los menores de 18 años. Propone reducir la jornada laboral semanal a 32 horas (cuatro días) en un plazo de diez años, y reforzar el poder negociador de los sindicatos con una defensa por todo el país de los convenios sectoriales. Eso supondrá homologar unos mínimos legales en cuanto a salarios y jornada laboral, que serán además vigilados por un nuevo Ministerio de Derechos Laborales que hasta hoy no existe.

Corbyn promete, asimismo, acabar con toda la gestión del Servicio Nacional de Salud trasladada a manos privadas.

El laborismo asegura que negociará un nuevo acuerdo del Brexit más beneficioso para los trabajadores. Por eso su programa evita dar detalles sobre la política migratoria y sobre posibles cambios en la libertad de movimiento de las personas garantizado por la UE; todo ello “será objeto de negociaciones futuras

PorRAFA DE MIGUEL

Londres 22 NOV 2019 - 02:44 COT

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Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

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Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluia “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).

“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones – con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía ”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.

Por Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:55

El acuerdo político no llevó paz a la calle

Una manifestante es llevada detenida por la policía chilena en Santiago.  ________________________________________ Imagen: EFE

El 20 de abril se vota por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente.  Pero sigue la movilización callejera y la represión.

El gran acuerdo nacional parlamentario anunciado a las 3 de la mañana de ayer para escribir una nueva constitución en Chile es, hasta ahora, la única respuesta de peso en los mas de 28 dias de estallido social. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, al principio largó una declaración de guerra, luego un congelamiento de tarifas, después un aumento de pensiones, la anulación del incremento tarifario del subte y hasta un recambio total de su gabinete. Nada de eso detuvo las manifestaciones. 

El anuncio de madrugada tampoco. Ayer seguian llegando de a miles a la Plaza de la Dignidad. Siguen los gases, los camiones hidrantes, las piedras, las barricadas, la pintadas, los cánticos y las comparsas. Antonia es una joven estudiante q lleva un pañuelo verde para protegerse de los gases y una cacerola y una cuchara y dice que ¨la propuesta de una nueva constitución es un buen paso pero que no se habla de la vulneración a los DDHH ni de la necesidad de justicia.¨

La forma en la que se redactará la nueva carta magna encierra dudas y desconfianzas. El partido Comunista fue el único que no firmó el acuerdo. La sociedad también desconfía de una solución elaborada por una clase política duramente cuestionada. Dice Ineés, una mujer de 59 años que movia una bandera mapuche en la enorme marcha de ayer, q la propuesta parlamentaria ¨no tiene nada que ver con las demandas sociales del pueblo, q ellas no están en la constitución y q necesitamos q nos mejoren el sistema de educación y de jubilaciones y pensiones¨.

Al mediodia de ayer el gobierno tapizó el piso de la plaza con sabanas blancas, las estatuas y monumentos también, en señal de ¨la pagina en blanco¨ que proponen para escribir una nueva constitución. Un sospechoso contraste a la arrebatada declaracion de guerra al ¨enemigo poderoso¨. Por eso hay desconfianza. Luego de unas horas quitaron las sabanas blancas por temor a q los manifestantes q llegaban las prendieran fuego. 

Pero, ¿cual es la propuesta? Llamar a un plebiscito para el 20 de abril (no obligatorio) donde se vote por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente. Para ello proponen una integración de 50 por ciento de delegados parlamentarios de todos los partidos políticos y 50 por  ciento de delegados ciudadanos o, la otra opcion, 100 % de delegados ciudadanos constituyentes. Cualquiera sea la formula ganadora (50 y 50 o 100 por ciento) los constituyentes deberán ser votados en la elección ya programada de medio termino en octubre y, a partir de ese mes, tomar 9 meses extensibles a 11 para escribir la nueva constitución que luego será puesta a disposición de lo que llaman Plebiscito de salida, y que será de voto obligatorio. Todo lo que se escriba en la nueva carta magna deberá tener la aprobación de los dos tercios de los constituyentes. La constitución nueva estaría terminada como para el 2021, un extenso tiempo para una sociedad apremiada y dispuesta a encontrarse con soluciones mas veloces.

 Es cierto que sepultar la constitución pinochetista es un gran paso de este proceso pero pareciera q los tiempos propuestos no sintonizan con el hastío y la premura de la sociedad. Matias dice que ¨es una propuesta para el pueblo pero sin el pueblo ¨ y reconoce que ¨puede descomprimir algo pero no soluciona nada ¨ . Mientras tanto ingresa a la plaza un enorme perro de cartón llamado ¨el mata paco¨ , un perro negro que, en las revueltas diarias, ataca a los policias sin temor y se ha vuelto el emblema de la lucha en las calles. Hay hasta un documental sobre el perrito. 

Los musicos se juntan y siguen tocando ¨el derecho de vivir en paz ¨ y los manifestantes saltan y saltan al grito de ¨el que no salta es un paco¨ y ¨Chile despertó ¨. Las distancias entre la clase política y la invasión alienigena que describiera la esposa del presidente Sebastián Piñera en un mensaje de wassap que se filtró hace 25 dias, parecieran no encontrar la sutura que devuelva la paz y la normalidad a las calles. 

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