Sábado, 14 Diciembre 2013 07:02

Lo que falta aún en derechos humanos

Lo que falta aún en derechos humanos

La casona de la calle Londres número 38, de estilo neoclásico, en pleno centro de Santiago, es un espacio de memoria recuperado por las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura. Fue sede del Partido Socialista hasta el golpe de Estado de septiembre de 1973, cuando el régimen la convirtió en un centro de detención y tortura por el que pasaron 2000 personas entre ese año y 1975. A la entrada se colocaron 98 placas intercaladas entre los adoquines que corresponden a detenidos de ese lugar que fueron ejecutados y desaparecidos. Esas placas de piedra recuerdan a los transeúntes y visitantes curiosos un asunto pendiente: hace falta conocer la verdad pero también es necesario que se haga justicia. Los organismos de derechos humanos esperan que si Michelle Bachelet le gana el ballottage de mañana a su rival de la derecha Evelyn Matthei, la líder socialista lleve adelante medidas significativas para avanzar con las causas vinculadas con los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

 

En la historia personal de la candidata favorita quedaron las huellas de las botas. Tenía poco más de veinte años cuando su padre Alberto Bachelet, un general leal a Salvador Allende, falleció a causa de las torturas que le provocaron sus compañeros de armas. Ella y su madre, Angela Jeria, estuvieron presas en el centro de detención Villa Grimaldi, y tras ser liberadas se exiliaron. El padre de la otra candidata, Fernando Matthei, era amigo de Bachelet pero no hizo nada por salvarlo, siendo que ocupaba el cargo de director de la Academia de Guerra Aérea cuando el lugar funcionaba como un campo de concentración. Como si cuarenta años no fueran suficientes, la candidata de la derecha dijo en el último debate electoral que prefería no usar el término dictadura. "Yo lo llamo gobierno militar, mi padre estuvo ahí (...) la figura de Pinochet es súper rara." Matthei votó por el Sí a la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988 y se manifestó en contra de la detención del general en Londres, diez años después.


Durante el gobierno de Bachelet (2006-2010) se inauguró el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en esta ciudad, un espacio construido especialmente para hacer memoria de lo ocurrido entre 1973 y 1990. Sin embargo, su gestión no terminó de allanar el camino hacia la búsqueda de verdad y justicia, como tampoco lo hicieron anteriores gobiernos de centroizquierda de la Concertación –hoy la alianza incluye al Partido Comunista y lleva el nombre de Nueva Mayoría–. El decreto de Amnistía, aprobado en 1978 y nunca derogado, exime de responsabilidad penal a los responsables de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien la justicia chilena, a partir de fallos de la Justicia internacional, empezó a ignorar el decreto de indulto y encarceló a cientos de militares chilenos por crímenes cometidos durante la dictadura pinochetista, el hecho de que el decreto de indulto no haya sido derogado es incompatible con los tratados internacionales, según denunciaron organizaciones como Amnistía Internacional. En 2006, la CorteInteramericana de Derechos Humanos dictaminó que la mencionada ley va a contramano de las obligaciones del Estado chileno, que debe asegurar que no se obstaculicen las investigaciones, los procesos y los castigos de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

 

En esa línea, Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló a esta enviada la pesada herencia de 17 años de dictadura. "A 40 años del golpe no podemos seguir así, con una cultura que tiende a transgredir los límites en materia de derechos humanos e integridad de las personas. Hay una herencia y una formación dictatorial incólume en las Fuerzas Armadas y policiales; una manutención del Estado extremadamente represivo."


Como muestra de la impunidad con la que actúa, el Ejército chileno actualmente paga sueldos a ex agentes de los organismos represivos que figuran como personal "a honorarios", según se puede comprobar en la página institucional de esa rama y reveló la agencia EFE.


En 1991, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Retting) documentó 2296 casos de asesinados políticos, de los cuales casi mil fueron casos de desaparición forzada. En 2004 y 2005 el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) señaló que 28.459 personas fueron detenidas por motivos políticos y la mayoría de ellas torturadas. El total de personas desaparecidas es de 3216.


En los últimos años varios procedimientos judiciales se transfirieron de los tribunales militares a los civiles, para garantizar mayor independencia e imparcialidad. Hasta la fecha, al menos 262 personas fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos y hay abiertos más de 1100 procedimientos legales. Pero Mireya García no se contenta. "La Justicia empezó a operar tarde, recién hace diez o quince años. Faltan miles de procesos por abrir. Y el tiempo conspira en contra: hay menos antecedentes, represores que mueren, y así se dificulta cada vez más poder establecer la verdad y la justicia."


Por otro lado, para la Justicia chilena los abusos sexuales infligidos a las mujeres víctimas de la represión fueron invisibilizados. "Ni siquiera en los casos en que se identificó y se dio por acreditada la violencia sexual ésta recibe alguna clase de respuesta jurídica", señala un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas y Parque por la Paz Villa Grimaldi. Según el estudio, en ningún caso los tribunales consideraron que se hubiera cometido un delito.


A todo esto, organismos defensores de los derechos humanos calificaron de "chantaje" y rechazaron la oferta de ex jefes de la policía secreta de entregar información sobre los crímenes cometidos durante la dictadura a cambio de la reducción de las penas carcelarias. El abogado de Manuel Contreras (ex jefe de la DINA), René López, propuso una mesa de diálogo entre los familiares de detenidos desaparecidos y los represores condenados. Su cliente acumuló 300 años de cárcel.


En el programa de gobierno de Bachelet figura un camino promisorio. "Estableceremos en forma expresa en la carta fundamental que los crímenes de lesa humanidad cometidos, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía, ni indulto general o particular."


García espera que esta vez se cumpla.


"La derogación del indulto estuvo en todos los programas de la Concertación; se presentaron cinco o seis proyectos y ninguno fue aprobado. Cuando se intentó modificar el Código de Procedimiento Penal la Democracia cristiana se opuso. Esperamos que el próximo gobierno tome decisiones significativas y que Bachelet nos reciba."


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Domingo, 01 Diciembre 2013 12:09

Bachelet en su laberinto

Bachelet en su laberinto

No hubo sorpresas. La candidata de Nueva Mayoría, ex Concertación, Michelle Bachelet, obtuvo la primera mayoría relativa, (46.75 por ciento), insuficiente para ser elegida en primera vuelta, teniendo que volver a presentarse el 15 de diciembre con la representante de la derecha pinochetista, Evelyn Matthei, segunda mayoría relativa. Entre ambas aspirantes hay una horquilla porcentual de 22 puntos. En el camino quedaron cuatro representantes de la izquierda anti-binominal, partidarios de convocar una asamblea constituyente. Esa izquierda no obtuvo más de 15 por ciento. Pero en un sistema proporcional equilibrado, Marco Enrique Ominami y su coalición: Si tu quieres, Chile cambia, hubiese obtenido seis diputados; el pacto "nueva Constitución para Chile (igualdad y ecologistas) tres y el Partido Humanista cuatro.


Lo llamativo ha sido el porcentaje de quienes decidieron no acudir a votar. De un total de 13 millones de ciudadanos convocados concurrieron escasamente 6 millones, poniendo de manifiesto el grado de desafección y la falta de credibilidad en un sistema electoral espurio que impide una representación de las voluntades políticas presentes en la vida pública chilena. La abstención superó 50 por ciento. Y si el sistema binominal dañó a la izquierda, otros tres candidatos de la derecha también se han visto perjudicados.


Si no hay muchas novedades, Michelle Bachelet será relegida en segunda vuelta. Y para ello no necesita nuevas alianzas. Quienes apoyaban a la antigua Concertación en el momento crucial hoy están en sus filas, como el Partido Comunista. Si bien Bachelet ha buscado lavar su cara neoliberal y reinventarse, sus consejeros y equipo económico, salvo excepciones, repiten, compartiendo el ideario social-liberal. Por otro lado, la composición del nuevo Parlamento, ambas cámaras, diputados y senadores, le impide cumplir sus promesas realizadas al partido comunista, tratando de mostrar un giro a la izquierda.


Salvo cambios de última hora, Nueva Mayoría, coalición de Bachelet, obtuvo mayoría simple, Concertación, PC e independientes suman 71 diputados de 120. De ellos, seis pertenecen al Partido Comunista y otros cuatro son independientes, aliados a Nueva Mayoría. El resto son demócrata-cristianos, socialistas, del Partido por la Democracia y del Socialdemócrata radical. En el Senado sus fuerzas suman 21 de un total de 38 escaños.


En Chile, Pinochet y la derecha hicieron una política de amarre que impide cualquier reforma estructural sin tener las 3/5 partes de los parlamentarios. Entre ellas, por ejemplo, derogar la ley de amnistía e impunidad por crímenes de lesa humanidad, modificar la ley electoral binominal, desprenderse de la ley antiterrorista de 1982 o reducir la autonomía de las fuerzas armadas para nombrar sus comandantes en jefe.


Veamos algunos casos concretos. La reforma constitucional requiere una mayoría de dos tercios, 80 diputados y 26 senadores. Bachelet y su coalición no han logrado esta cifra. Así es imposible convocar a una asamblea constituyente. Por otro lado, la reforma electoral, verdadero nudo gordiano del régimen, necesita contar con las tres quintas partes, es decir, 72 diputados y 23 senadores, otro imposible. Y en cuanto a la tan cacareada promesa de reforma educacional, debe aunar un total de 69 diputados y 22 senadores. En este caso, podría llegar a conseguir acuerdos puntuales, pero nuevamente nada garantiza que su contenido sea muy diferente del imperante en la actualidad, siendo un handicap para los cuatro flamantes diputados provenientes del movimiento estudiantil: Camila Vallejo y KarolCariola, dirigentes estudiantiles del Partido Comunista, y Giorgio Jackson y Gabriel Boris, independientes. Ahora tendrán un Congreso poco receptivo a proponer reformas en el sistema educativo que cambien la doctrina neoliberal que le caracteriza.


Con Bachelet en La Moneda habrá más de lo mismo. La única reforma que podrá encarar, su mayoría simple lo permite, es la fiscal, de importancia básica; la duda razonable entra en escena. Chile, el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, debe emprender cambios profundos en la estructura impositiva; sin embargo, tiene poco margen de negociación y entre sus filas no hay acuerdo. Por otro lado, los conflictos étnicos y el genocidio del pueblo mapuche, reprimido, perseguido y expulsado de sus tierras, parece no sufrir modificaciones, mientras no se le reconozca su condición de pueblo originario.


El Partido Comunista, que lleva décadas de lucha criticando los gobiernos de la Concertación, denunciando la corrupción, la impunidad y el déficit de una Constitución antidemocrática, no podrá satisfacer a su electorado hipotecando su futuro. En este contexto, los conflictos se agudizarán en una sociedad excluyente y represiva, sin libertad de prensa y con enormes déficits democráticos. Bachelet seguramente se enrocará. Eso dará lugar no sólo a su muerte política, sino a la emergencia de una alternativa democrática en la mejor tradición del pensamiento socialista de Salvador Allende.

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"Las protestas muestran que salir de la miseria es el inicio de otras demandas"

Casi al final de esta entrevista, que no fue una entrevista sino una conversación cuya duración, sin saber muy bien cómo, se acabó extendiendo más de lo previsto, la presidenta Dilma Rousseff me repitió, entre risas, una idea que ya había esbozado a mitad de la charla y que, según ella, explica extraordinariamente bien algunas paradojas brasileñas.

 

– No te olvides de que por aquí tienes que tener cuidado, porque te detienen por tener un perro y por no tenerlo.


Una de esas paradojas, quizá la más llamativa, se produjo hace unos meses. Brasil vivió en junio pasado una catarsis nacional. Centenares de miles de brasileños ocuparon las calles de las principales ciudades del país, las mayores protestas en una generación, cansados, según coincidieron numerosos analistas independientes, de las deficiencias crónicas de los servicios públicos, educación, sanidad, y la percepción de una clase política plagada por la corrupción y la desidia. Puesto que millones de personas han abandonado la pobreza en Brasil en los últimos años con las políticas primero de Luiz Inácio Lula da Silva y luego de la propia Rousseff, las motivaciones últimas de los manifestantes no resultaban obvias de inmediato. El movimiento sorprendió tanto al Gobierno como al resto del mundo, pese a que protestas aparentemente similares habían estallado también en otros países. Los inversores internacionales agudizaron los oídos, temerosos siempre de la estabilidad institucional. Cierta prensa internacional comenzó a dudar de Brasil como país de éxito. No pocos de los gobernantes cuestionados en otros países por sus ciudadanos, especialmente por los más jóvenes, se mostraban acorralados y desorientados. Rousseff fue la única en advertir de inmediato la importancia de lo que estaba sucediendo, la única en tomar la iniciativa política de escuchar a la calle y la única en remontar en pocos meses el desplome de popularidad que aconteció durante aquellos días extraordinarios. Así que comienzo la conversación preguntándole en qué momento preciso fue consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de reaccionar políticamente.


– Al inicio. Nos dimos cuenta de que había un aspecto importante en las manifestaciones, que era un descontento con la calidad de los servicios públicos. Nadie estaba en esas manifestaciones pidiendo una marcha atrás. Un retroceso. Lo que se pedía era que hubiese un avance.


Estamos sentados en un sofá del amplio y luminoso despacho de la presidenta en el vanguardista palacio de Planalto, en Brasilia, el lunes por la mañana, una visita con motivo de la aparición este martes de la edición de EL PAÍS en portugués para Brasil. Le enseño en el iPad las pruebas que la redacción en São Paulo está realizando.


Pero Rousseff insiste en que no vamos a mantener una entrevista formal –"no, no, yo hoy no voy a hablar; voy a decir la importancia que tiene para Brasil la llegada de EL PAÍS por su calidad editorial, por su posicionamiento internacional; creo que es un gran paso para nuestro país; puedes hacerme dos o tres preguntas, pero no voy a hacer una rueda de prensa hoy"–. Me promete una entrevista en profundidad en un futuro sin determinar, y accede a mantener una breve conversación sobre los dos o tres asuntos que más me interesan y por los que Brasil ha ocupado espacio este año en la prensa internacional: las protestas de junio, el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, en sus siglas en inglés) y la desaceleración económica del país que, hasta que ocurrió, presentaba un crecimiento chino del 7,5% en 2010, la tasa más robusta en el último cuarto de siglo. El año pasado acabó con un crecimiento del 0,9%, que acaba de ser revisado al alza.


Democracia, crecimiento y protestas


Pero de momento, seguimos hablando de las protestas de junio. No pocos las descalificaron como un subproducto de grupos antisistema y aun otros aprovecharon para presentarlas como una desautorización de la presidenta, su Gobierno y sus políticas, aunque pronto quedó claro que era la inmensa clase media de este país de dimensiones continentales, o más bien sus vástagos, comprendidos y no pocas veces alentados por sus mayores, los que reivindicaban un nuevo contrato social pese al fortísimo crecimiento económico de los últimos años, o precisamente a causa de ello. Esta última idea es la que defiende Rousseff.


– Esas manifestaciones fueron fruto de dos procesos: la democratización y el crecimiento. El crecimiento del salario, del empleo, del crecimiento de las políticas sociales que elevaron a la clase media a millones de personas. Esas personas que salieron de la miseria tenían reivindicaciones relacionadas con cuestiones de salud, de educación, de movilidad urbana.


– Usted diría que básicamente se trataba de la clase media.


– ¿La que hizo las manifestaciones? Nuestra clase media no tiene los mismos patrones de renta que puede tener la estadounidense, ¿no?. Hablamos de la nueva clase media. Porque hay una cosa interesante en Brasil. Si sumas la clase media que hoy es mayoritaria en Brasil en términos porcentuales, con las clases alta y media alta, tienes un 60% del país. Nosotros nos centramos mucho en las clases más pobres. Pero también tenemos que tener una política para las clases medias en lo que se refiere a la calidad de los servicios públicos.


– ¿Y qué aprendió usted, como gobernante, de aquellas protestas?


– Dos cosas. Primero, aprendemos que las personas, siempre, cuando tienen democracia quieren más democracia. Cuando tienen inclusión social, quieren más inclusión social. O sea, que en política y en la acción de Gobierno, cuando obtienes una meta, solo es el principio. Salir de la miseria solo es el principio. Es el principio de otras reivindicaciones. Eso es que las protestas muestran. Segundo, que un Gobierno tiene que escuchar la voz de las calles. Un Gobierno no puede quedarse aislado escuchándose a sí mismo. Ser capaz de convivir con manifestaciones es intrínseco a la democracia. No es un episodio fortuito, o un punto fuera de la curva: es la curva.


Rousseff abandona por un momento el aire de seriedad extrema que ha empleado desde que arrancó la conversación. No sé si se dispone a poner fin al encuentro, pero con la idea de la curva sonríe abiertamente mientras se acerca al borde del sillón, parece animarse, y comienzo a albergar esperanzas de que la charla tenga más recorrido del que la presidenta le auguró en el arranque. Mientras, ella continúa de forma decidida.


– Es la curva. Y esa es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque el Estado tiene poder represor y de coerción. Entonces, si no sabe tratar con las manifestaciones, cae en un equívoco político serio. Fueron manifestaciones pacíficas. ¿Que hubo grupos infiltrados que eran violentos? Los hubo. Ahora, esos grupos no pueden ser la razón para descalificar las manifestaciones. Hoy hay en Brasil la conciencia de que esa violencia no tiene nada que ver con la democracia. Esa gente de caras tapadas que destruye propiedades públicas y privadas y hiere a las personas no está ejerciendo la democracia: está ejerciendo la barbarie. Eso es una cosa. Ahora, las manifestaciones pacíficas... ¿sabes lo que hacen? Rejuvenecer al país. Hacen que el país sea más capaz de tratar con sus características, con su diversidad, con sus diferencias... Y ser capaz de tratar con las diferencias, lo quiera o no la gente, es intrínseco a la democracia. Entonces, mirar a las manifestaciones como algo que tienes que escuchar y no reprimir es fundamental.


El 'shock' de la violencia policial


Fundamental o no, lo cierto es que la policía actuó con una cierta violencia no justificada por el transcurso de las manifestaciones, que las imágenes de los agentes golpeando a grupos de jóvenes sorprendieron e irritaron a amplias capas de la población, y contribuyeron a reforzar el movimiento de protesta. No por los hechos en sí, seguramente, sobre todo en un país donde la policía se emplea a fondo y no siempre con la forma debida en las favelas y otras zonas desfavorecidas, sino porque por primera vez muchos ciudadanos veían cómo las víctimas esta vez eran jóvenes de las clases medias urbanas. Eso supuso un shock no menor para muchos, le digo a Rousseff.


– Sí. Hubo, de hecho, momentos de exageración en la represión policial, principalmente al comienzo, ¿no? Hubo también violencia por parte de las manifestaciones. Pero como te he dicho, creo que a partir de un determinado momento, todos intentaron evitar la confrontación. Hubo momentos equivocados, al principio, pero después todo el mundo aprendió.


La que más aprendió fue, sin duda, la propia presidenta, que remontó de forma extraordinaria en la apreciación popular por su reacción ante los acontecimientos de junio y a quien la última encuesta publicada le otorga, ahora mismo, el triunfo en las próximas elecciones presidenciales ya en la primera vuelta. Una capacidad de reacción que a estas alturas de su mandato ya no debería sorprender a nadie, si es que alguna vez alguien dudó, al principio, de las capacidades políticas de Rousseff, que durante años ejerció de eficaz funcionaria pública sin mostrar deseo alguno, al contrario de tantos otros, de lanzarse a una carrera política por el primer sillón de la República.
La oportunidad de las reformas


Al hilo de las protestas, la presidenta propuso al país cinco grandes reformas con la intención de utilizar el clima político generado en el país para sacar adelante su ambiciosa agenda en temas sociales, sanidad, infraestructuras de transporte, así como cambios políticos tendentes a frenar la corrupción, endémica, y favorecer la transparencia. En un sistema político como el brasileño, con una multiplicidad de pequeños partidos (solo la coalición que sostiene a la presidenta, lo que se conoce como la base, cuenta con diez formaciones), cualquier intento de reforma tiene asegurado, para empezar, la oposición de muchos, si no de casi todos. Pero Rousseff no iba a desaprovechar la oportunidad. ¿Se puede arreglar el malestar ciudadano tal como se expresó en junio con estas cinco grandes reformas?, le pregunto.


– Creo que sí. Contribuyó a que hubiera una salida, institucional, a esas manifestaciones. En el caso de la salud, nosotros hicimos el programa Más Médicos. Todo lo que nosotros prometimos en los cinco pactos lo hemos cumplido. Prometimos una mejora considerable en la cuestión de la salud pública. No solo inversiones en centros de salud, puestos de urgencia, atención en hospitales, pero también en médicos. En Brasil teníamos una cantidad inmensa de zonas sin atención médica: las periferias de las grandes regiones metropolitanas, las ciudades del interior... Y en las más lejanas era peor: las situadas en las fronteras, y en el norte y noreste del país. También escaseaban los médicos para determinadas poblaciones: la población indígena, y población quilombola [núcleos rurales formados en el siglo XIX por esclavos negros huidos]. Por el lado de los servicios públicos: el Pacto por la Movilidad Urbana resultó en una inversión de 143.000 millones de reales (45.000 millones de euros) en transporte urbano: metro, VLT [tranvía], BRT [sistema rápido de autobuses, como el Transmilenio de Bogotá], y carriles exclusivos para autobuses. Es la primera vez que un Gobierno federal hace ese volumen de inversiones. Es bueno recordar que en Brasil no se consideraba adecuado invertir en metro en la década de los noventa. ¿Por qué no? Porque se decía lo siguiente: el país no tiene renta suficiente para invertir en metro. [Más] el pacto de educación. Y el pacto por la reforma política, que hemos enviado al Congreso, y que creo que es fundamental, porque implica una reforma electoral que trate de todo: de financiación de campañas, pero también, como consecuencia, una mejora sistemática en la cuestión ética que es la corrupción. Ahora bien, la condición de esos pactos es la estabilidad fiscal.


– ¿Y eso está asegurado?


– La semana pasada, la base de apoyo político que el Gobierno tiene en el Congreso, que es mayoritaria, propuso un pacto por la responsabilidad fiscal, de tal manera que no va a haber ni aumento de gastos ni reducción de ingresos. Todos ellos han firmado un documento.


Disciplina y socios parlamentarios


El compromiso de los socios parlamentarios de la presidenta de no aumentar el gasto es importante, lo que no evita, sin embargo, que afloren las críticas sobre la idoneidad y el equilibrio entre las distintas partidas del presupuesto. Brasil recauda un 36% del PIB en impuestos, pero los servicios que ofrece a sus ciudadanos no son los europeos, al menos en infraestructuras. En pensiones, por el contrario, gasta en proporción igual que algunos países de Europa del sur, en los que la proporción de ancianos es tres veces mayor. En determinados casos, se pueden lograr pensiones elevadas a edades relativamente tempranas, mientras todos los agentes económicos coinciden en la necesidad de invertir más en infraestructuras.


– No debe ser fácil asegurarse la disciplina, con una coalición de gobierno tan amplia y tan dispar.


– Mi base está muy tranquila. Nunca una coalición fue tan activa y proactiva.


– ¿Cómo lo ha logrado?


– Porque nos quedamos afónicos de tanto escuchar y discutir. Yo hoy tengo una reunión a las seis de la tarde, y puede durar hasta las 10 de la noche, el tiempo que sea necesario. Nunca un Gobierno ha conseguido de los parlamentarios en esta época del año, que es cuando más se gasta, una firma colectiva [de compromiso para no gastar].


– Y respecto a las críticas de que con un 36% del PIB de carga fiscal no alcanza para las necesidades más imperiosas, ¿en qué se va el dinero, presidenta?


– No es lo que pasa ahora. Porque ahora, a nosotros se nos critica por haber bajado los impuestos. No sé si usted lo sabe.

– Lo sé.


– Entonces, ellos deben resolver si nos detienen por tener un perro o por no tenerlo. Por las dos cosas no se puede [la presidenta ríe abiertamente]. Tienen que resolver si nos critican por reducir los impuestos o por no reducirlos. Aquí en Brasil es complicado.


— Eso del lado de los ingresos. ¿Y del lado de los gastos, hay algo en lo que deba recortar? Pensiones, funcionarios públicos...

 

– Nosotros no estamos en esa fase, no tenemos una deuda como la de España. Tenemos un 35% de deuda neta [el 58%, según la metodología internacionalmente aceptada]. Tenemos superávit primario. La discusión en Brasil es si el superávit primario será del 1,8%, 1,9% o 2%. Esa es la discusión. No es si aumentamos la deuda. Es diferente, aquí. Yo quiero tener un paro del 5,2%. Y no lo quiero aumentar. Y me dicen que hay que aumentarlo. ¡Que lo aumenten ellos! Nosotros seguiremos evitando que crezca el desempleo. Por eso hemos desgravado las nóminas [las cotizaciones a la Seguridad Social han pasado de retirarse de las nóminas a retenerse de los ingresos brutos de las empresas]. No hemos reducido los derechos sociales. La renta está creciendo. Aquí es así.


– Aunque ahora han pasado unos años de bajo crecimiento, no ve riesgos.

 

– Esta semana han recalculado el PIB. Y el crecimiento del PIB del año pasado, que era del 0,9%, ha pasado a ser de un 1,5%. Y nosotros sabíamos que no era del 0,9%. Que estaba subestimado. Y eso pasa en otros países también. En Estados Unidos siempre están revisando su PIB. Nosotros este año vamos a crecer bastante más del 1,5%.


Nadie discute que Brasil es una historia de éxito y que se trata de una historia de éxito que dispone todavía de mucho recorrido, lo que no quita para que también se escuchen voces de alerta, o de queja, o peticiones de reformas profundas en el complejo sistema burocrático del país, asuntos todos que en conjunto pueden restar atractivo a la afluencia de capital externo, imprescindible para afrontar las enormes obras de infraestructura necesarias para asegurar en el futuro próximo tasas elevadas de crecimiento y riqueza. Un informe del banco central calcula que una empresa promedio necesita unas 2.600 horas al año para calcular el pago de sus impuestos, cinco veces más que la media en América Latina y diez veces más que la media mundial. Por otra parte, basta pasar unos días en el país para comprobar el elevado nivel de precios en las grandes ciudades, en las que los alquileres de oficinas en las mejores zonas no tienen rival en todo el continente, incluido Estados Unidos. Según la revista The Economist, Brasil es el segundo mercado, después de Japón, donde más cuesta encontrar mano de obra cualificada por la enorme demanda, y donde, en las escalas más altas de las empresas, las multinacionales a veces acaban pagando más a los ejecutivos brasileños que a sus jefes en Londres o Nueva York. Antes, hablando de las protestas de junio pasado, la presidenta me aseguró que no cree que el real esté excesivamente sobrevaluado.


Quejas, fundadas o no


Ahora le pregunto por los temores sobre la seguridad jurídica, por la excesiva burocracia o por las condiciones draconianas de algunas licitaciones que airean determinadas empresas extranjeras, que por otra parte ven la inmensa oportunidad de negocio que suponen las decenas de miles de millones de dólares que Brasil va a licitar en obras públicas para los próximos años para asegurarse crecimiento económico y progreso social.


– Pues sí, pero las condiciones se han revelado bastante atractivas. Y mira, no voy a hablar de las [licitaciones] pasadas. Ya habíamos licitado cuatro aeropuertos. Voy a hablar sólo de las más recientes. Nosotros hemos licitado una carretera; el mayor campo de petróleo que jamás ha tenido Brasil, el de Libra, con una participación muy significativa de empresas como Shell, Total y las dos mayores chinas, la CNOOC y la CNPC. Enseguida hemos licitado otros dos aeropuertos [en Río de Janeiro y Belo Horizonte]. Todas las empresas que participaron eran de primer nivel en gestión aeroportuaria. De España, Ferrovial; la que ganó fue una de Singapur, Changi, con la [brasileña] Odebrecht, y la CCR con los aeropuertos de Múnich y Zúrich. Y además estaban Aéroports de Paris, Schiphol [Holanda], Fraport [que opera el aeropuerto de Fráncfort]... En fin, las mayores operadoras del mundo. Nosotros consideramos que tuvimos mucho éxito, fue un resultado muy bueno. Para solo un aeropuerto, 19.000 millones (de reales, 6.090 millones de euros), un 243% o 245% sobre el precio inicial. Entonces, las condiciones de rentabilidad no eran tan malas. ¿Cómo alguien paga un 243%, 245% por encima del precio inicial? La puja mínima estaba en 4.000 millones [de reales, 1.280 millones de euros] y ganó quien pagó 19.000, y entre los cuatro mil y los 19.000, hubo [pujas por] 13.000, 14.000, 16.000 millones. ¿Está bien la historia, no?


–Sí está bien, sí.


–Esta semana tenemos [licitaciones de] carreteras, y campos de gas. En los campos de gas, si no me equivoco, 12 empresas ya han pagado la garantía para participar. Y el de las carreteras, no estaba cerrado, pero creo que hasta hace poco ya había siete grandes grupos interesados. Y creemos que durante diciembre habrá varias subastas. Vamos a terminar este año con un balance muy positivo en las licitaciones. No creo que haya otro país que haya hecho esto. Quisiera saber dónde se han sacado adelante tantas licitaciones. Y eso que no he hablado de las licitaciones de las líneas de transmisión eléctrica, que se subastaron en la semana anterior a la pasada, ni las licitaciones de generación de energía, que siempre ocurren en esta época del año.


– ¿Cómo es en general su relación con los empresarios?


– Yo considero que es muy buena, porque he hablado con la gran mayoría de los que han participado [en las licitaciones].
– Digo con los brasileños.


– ¡Pero si todos los [empresarios] brasileños están en esto!


– ¿Puede que ellos, pese a todo, se llevaran mejor con el presidente Lula que con la presidenta Rousseff? ¿Es usted más exigente?
– No creo que sea así. Creo que hay un poco de leyenda.


EE UU y sus espionajes


El 1 de septiembre pasado, un canal de televisión reveló, basándose en documentos del ex analista de la NSA Edward Snowden, que Estados Unidos había espiado el teléfono móvil particular de la presidenta Rousseff. Dos meses antes, en julio, el diario O Globo ya había detallado la magnitud del espionaje de los estadounidenses en Brasil. La reacción de la presidenta fue contundente, hizo saber su malestar en público, exigió explicaciones y disculpas a Washington y canceló una visita al poderoso vecino del norte. Pasado un tiempo, y calmadas las aguas, le pregunto a Rousseff si el espionaje afectará a medio plazo a sus relaciones con EE UU.


–Esta es una cuestión hoy global. Es evidente que el grado de espionaje hecho por Estados Unidos fue bastante variado y diverso. Nosotros no consideramos que por causa de ese espionaje haya un problema en la relación económica y comercial o de inversiones. No lo vemos así.
La presidenta endurece ahora el tono.


–Creemos que es importante cada vez más la concienciación de que eso no es posible. Una relación como la de Brasil y Estados Unidos, que los dos países quieren que sea estratégica, no puede tener como característica una violación, ni de los derechos civiles de mi población ni de mi soberanía. Lo que nosotros dijimos al Gobierno estadounidense fue justamente eso: que no cabía, en ese momento, una visita. Primero, porque ellos no sabían qué datos tenía Snowden. Ni mucho menos nosotros. Porque nosotros no tenemos la más mínima capacidad de tener esa información. Como ellos no la tenían...


–¿Usted supo del espionaje solo cuando se publicó?


–Nosotros no lo sabíamos.


–No tuvo un informe de sus servicios secretos advirtiéndole...


– No, no. Creo también que en el caso de Angela Merkel debe haber pasado lo mismo, en el caso de Francia, debe haber sucedido lo mismo, no sé lo que pasó en España. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha pasado en cualquier momento, sobre cualquier cosa, puede aparecer otra denuncia. ¿Y qué pedimos al Gobierno de Estados Unidos? Primero, una petición de disculpas formal, y segundo, una declaración de que no volvería pasar. Ellos estaban, te voy a decir, ellos estaban bastante avergonzados, lo lamentaron mucho, no hubo ninguna actitud, diría así, que faltase al respeto de ninguna norma diplomática. Al contrario, hubo una manifestación del Gobierno estadounidense diciendo que lo lamentaba, pero no estaban condiciones de resolver el problema solo con Brasil, ya que el problema afectaba a otros amigos.


–¿Y cómo se siente usted al saber que su teléfono personal había sido espiado?


–Yo, como persona, no tengo lo que los estadounidenses llaman bad feelings, pero como presidenta tengo que indignarme. Porque no se trata de una invasión de mi privacidad; se trata de una invasión de la privacidad de la presidenta de la República. Ahí, el indignarme es una cuestión de honrar a mi país, porque es una violación de derechos personales míos, pero sobre todo de la soberanía de mi país. Eso es algo que no se admite. Que no se puede admitir.


Dura y exigente, con matices


Los 25 minutos acordados han finalizado. Aun así, convenzo a la presidenta, cuyos gestos indican que la conversación ha llegado a su fin, de que aclare una última cuestión. Rousseff tiene fama de exigente con sus subordinados, de que las reuniones con los funcionarios son de una extraordinaria dureza, de que alguno salió de cierta sesión de trabajo con las orejas gachas e incluso con lágrimas en los ojos. En una entrevista hace años, cuando aún era ministra, le preguntaron si era cierto que sus broncas a los ministros eran legendarias, incluso al entonces presidente Lula.


– No, al presidente, no, contestó ella.


Esa capacidad de imponerse con inflexibilidad cuando considera que el trabajo no se ha hecho correctamente o cuando los resultados no son los que espera, se ha constituido, según algunos conocedores del gobierno, en una de las claves del éxito de su gestión, pero contrasta vivamente con la imagen relajada, sonriente, amable y cercana que Rousseff ha ofrecido a lo largo de la conversación. Naturalmente, no es lo mismo sentarse con un periodista que presidir una reunión de trabajo con funcionarios. Así que le pregunto directamente qué hay de cierto en la fama que la precede de ser implacable con sus funcionarios.


– Yo soy muy exigente, sí. Porque yo...


– ¿Porque lo es consigo misma también?


– No, no, no es por eso. Yo no estoy aquí para quedarme eternamente. Yo estoy aquí para hacer un trabajo y marcharme. Vivo en una democracia. Por lo tanto, si no soy exigente, no lograré cumplir en cuatro años lo que debo cumplir. Es una razón política. Y tiene también que ver con el hecho de que soy mujer. Antes se decía que yo era muy dura, no que era muy exigente. Y entonces dije una vez que era una mujer muy dura rodeada de hombres tiernos. Todos los hombres son tiernos.

– ¿Y entonces?


– Exigentes y duras son las mujeres. Tiernos y flexibles son los hombres.


– Pero, ¿es cierto o no que de reuniones que tuvo con funcionarios alguno salió llorando?


– Esa es una historia con [Sergio] Gabrielli...


– ¿Es una leyenda entonces?


– Decían que Gabrielli, que era presidente de Petrobras, fue a llorar al cuarto de baño, y después dijeron que era un señor soberbio. En la misma semana dijeron que fue a llorar al cuarto de baño, y que era un hombre muy soberbio. Y le empezamos a llamar el Soberbio Llorón [ríe abiertamente] ¿Conoces a Gabrielli?


– No.


– Pues fue con Gabrielli. Puedes comprobarlo. Al principio de la semana fue a llorar en el baño, y al final de la semana era un hombre soberbio. Y nosotros le llamábamos ¡Soberbio Llorón! Con su estatura! Y yo le preguntaba: ¿entonces, fuiste a llorar al baño? Se enfadaba mucho.


Y vuelve a reír. La historia es, pues, una leyenda. Pero, pese a los esfuerzos de la presidenta de difuminar con ironías las aristas de su carácter, ello no cambia mi percepción de que, pese al envoltorio, Dilma Rousseff lleva el Gobierno de su país con una determinación, un conocimiento del detalle y una energía que explican sin dificultad su triunfo en las urnas primero, y su sostenida popularidad en el tiempo en una era en la que los liderazgos se deshilachan con facilidad y los gobernantes tienen cada vez más difícil renovar sus mandatos y aun ejercer su poder. Nada de eso, sin embargo, parece estar sucediendo en Brasil en estos momentos.

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Cuba emprende el camino hacia la unificación de sus dos monedas

El Gobierno de Cuba ha anunciado el inicio de un proceso para eliminar la dualidad monetaria que rige en la isla, a fin de restablecer el "valor del peso cubano y de sus funciones como dinero", según informaron fuentes oficiales.

 

"Ha sido acordado por el Consejo de Ministros poner en vigor el cronograma de ejecución de las medidas que conducirán a la unificación monetaria y cambiaria", indica una nota oficial publicada en el diario Granma.


Actualmente en Cuba circulan dos monedas: el peso cubano (CUP), con el que la mayor parte de la población cobra sus salarios y paga productos y servicios básicos; y el peso convertible (CUC), moneda fuerte equiparable al dólar.


Sin precisar fechas concretas, la nota oficial indica que "se dará inicio al proceso por la unificación monetaria para las personas jurídicas y para las personas naturales".


En una primera etapa, los principales cambios serán en el sector de las personas jurídicas, "a fin de propiciar las condiciones para el incremento de la eficiencia, la mejor medición de los hechos económicos y el estímulo a los sectores que producen bienes y servicios para la exportación y la sustitución de importaciones".


El Gobierno cubano aclara que "ninguna medida que se adopte en el terreno monetario será para perjudicar a las personas que lícitamente obtienen sus ingresos" en cualquiera de las dos monedas.


"El proceso de unificación monetaria respeta los principios de que la confianza ganada por las personas que han mantenido sus ahorros en los bancos cubanos en CUC, otras divisas internacionales y CUP se conserve intacta", añade la nota.


También se garantiza que continuará aplicándose la política vigente de subsidios a precios minoristas y personas donde sea necesario, en tanto las condiciones económicas del país lo requieran.


El Gobierno cubano anuncia además que de "forma experimental" y en "lugares seleccionados", que no se precisan, se podrá pagar en pesos cubanos con la tasa de cambio de 25 CUP por 1 CUC.


La unificación monetaria es una de las medidas de mayor envergadura de las previstas en el plan de reformas económicas emprendido por Raúl Castro para "actualizar" el modelo socialista de la isla.


El propio presidente cubano ha reconocido que el actual sistema de doble moneda es uno de los "obstáculos más importantes para el progreso del país", según dijo el pasado mes de julio ante la Asamblea Nacional de la isla.

 

EFELa Habana22/10/2013 17:30 Actualizado: 22/10/2013 17:50

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Martes, 10 Septiembre 2013 06:01

Allende y su “ardiente paciencia”

Allende y su “ardiente paciencia”

En vísperas de elecciones en Chile, las palabras del presidente en sus horas finales evocan resonancias útiles para la reflexión contemporánea, aunque las realidades del siglo XXI en América Latina sean otras
 

Hace 40 años el drama de Chile conmovió al mundo. Terminaba bajo un golpe de Estado el intento nunca antes registrado en la historia: hacer cambios profundos de inspiración socialista, manteniendo el respeto a las normas democráticas. Caían, junto con los muros del palacio de la Moneda bombardeado de tierra y aire por la insubordinación armada, los sueños de una generación que creyó posible avanzar entonces, en tiempos de guerra fría, hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde la libertad también estuviera vigente.


 
Ahora, cuando Chile se encamina hacia una elección presidencial llamada a poner las bases de un nuevo tiempo en su devenir político y democrático, las palabras de Allende en sus horas finales transmiten resonancias que —más allá de sus cuatro décadas— alumbran la reflexión contemporánea. Por cierto, estamos en el siglo XXI y las realidades son otras, pero vemos cómo rige hoy el peso de la desigualdad, de las desprotecciones y las exclusiones que castigan, especialmente, a los jóvenes. Por eso, hay en aquella retórica solemne de Allende una mirada anticipatoria a otros tiempos donde la búsqueda de una vida digna, humana y justa seguirá latiendo como una meta mayor. Una tarea solo abordable con “ardiente paciencia”, al decir de Pablo Neruda cuando recibe su Premio Nobel.


 
Solo 12 días separaron la muerte de Allende y de Neruda en aquel septiembre de 1973. Ya solo eso nos dice por qué el recuerdo de aquella fecha es tan conmocionante para la sociedad chilena y se la rememora en tantas partes del mundo. Allende no fue Neruda, pero cuando hoy leemos sus últimas palabras encontramos en ellas un eco de lo que dijera el poeta en el final de su discurso, en 1971, al recibir el Premio Nobel: “Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres”.


 
Allende terminará de dirigirse a los chilenos y al mundo con una frase que hará historia. Recordémosla: “Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

 


Sin duda, Allende fue el hombre de la “ardiente paciencia” que por décadas buscó cumplir con sus anhelos y entregas, siempre colocando coherencia y consecuencia en la búsqueda de hacer realidad sus sueños. No pudo lograrlo. Los marcos de la guerra fría hicieron que interna y externamente se buscara abortar aquel intento, sofocándolo más allá de sus propios errores y supuestos equivocados. Aquel mundo, de bipolaridad extrema determinado por la tensión entre Washington y Moscú, no tenía espacio para un proyecto de esas características y al final la frontera de la guerra fría cruzó por Chile.


 
Se escucha el último discurso con el corazón apretado porque esas palabras nacen de las entrañas mismas de Allende. Sin un compromiso político con la oposición, el golpe emerge como una posibilidad: ya en junio de 1973 se había dado un intento fallido. Son palabras premonitorias donde prevé que una larga tragedia caerá sobre Chile; por eso siempre he creído que estaban largamente meditadas. Al conversar con él se intuía que, llegado el momento, sus decisiones tendrían un sentido profundo de responsabilidad con Chile, con su pueblo y su historia: no saldría vivo del palacio de la Moneda. “Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, se le oye decir con total tranquilidad, pero sin dejar dudas de que su voluntad es defenderse en el palacio. Lo afirma como algo que está asumido de mucho antes.


 
Pero también en sus palabras asoma dos conceptos esenciales que cruzan toda la búsqueda de nuestro tiempo: construir sociedades donde rija la “libertad” con la misma fuerza que la “igualdad”. Y en quienes vengan después, libres para construir su propia historia, recaerá la tarea de abrirse paso hacia un tiempo donde se abran “las grandes alamedas”, imagen poética que evoca una idea de perspectiva larga, de persistencia en otear el horizonte teniendo clara la meta que se busca. Son alamedas con raíces profundas, derivadas “de la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos”, como también lo dice esa mañana.

 


El siglo XX, el siglo corto según Eric Hobsbawm, es una búsqueda para conciliar libertad con igualdad. Unos por privilegiar la libertad olvidaron la igualdad y otros preguntaron: ¿de qué sirve la libertad si el ser humano se va a dormir con hambre cada noche? Y entonces, en nombre de la igualdad, se extinguió la libertad para pensar, crear, emprender y buscar nuevas ideas y hacer realidad otros sueños. ¡Cuántas guerras se justificaron en nombre de uno u otro principio, como si ellos fueran antagónicos e incompatibles y no complementarios! Esta es la gran lección del siglo XX.


 
Allende vive su tiempo diciendo que la izquierda debe luchar por los cambios respetando la Constitución y las leyes —lo afirma en sus últimas palabras— a la vez que transformándolas para dar garantías a todos. Pero también debe saber oír el sentido de las demandas mayoritarias del pueblo. Por eso levantó su voz cuando los tanques entraron a Budapest en 1956 o en Praga en 1968, poniendo fin a aquella primavera.


 
Si en 1989 caen los socialismos reales con el fin del muro de Berlín, en 2007 y 2008 se derrumba el otro gran andamiaje: el del neoliberalismo extremo. Se viene al suelo esa otra ideología, cuyo dogma ha sido construir sociedades en torno al consumidor como expresión de libertad. En su promesa de privilegiar “el acto de elegir”, creó condiciones para que grandes ganancias y beneficios se concentraran en pocas manos: la libertad económica sin reglas ahogó las posibilidades de una mayor igualdad. Como nos lo recuerda el Banco Mundial, actualmente el 10% más rico del mundo recibe el 56% de la renta, mientras el 10% más pobre recibe el 0,7%. Y esto lo escribimos desde América Latina, no la región más pobre, pero si la región más desigual del mundo.

 


Ante eso, ¿no es válido ver en el discurso de Allende, un brochazo iluminador que llama a crear sociedades donde se garantice la libertad del ser humano para “construir una sociedad mejor”, con más igualdad? La creciente desigualdad de hoy no pueden perdurar, a la larga un sistema democrático no lo resiste. Son los ciudadanos y no los consumidores los que a través del voto exigirán a sus representantes un cambio de políticas y la libertad para luchar por otro orden social. Y Allende advierte que esto tendrá lugar “más temprano que tarde”.


 
Escuchar sus últimas palabras es escuchar un discurso tranquilo, sereno, calmo. Allende habla ya desde y para la historia. Allende está consciente que su sacrificio marcará un antes y un después, entiende que ese después llegará trayendo otros desafíos. Pero nos recuerda que hay un saber persistente y profundo cuando se lucha por una humanidad mejor: “Sigan ustedes sabiendo…”. Allí está la continuidad.


 
Hace 40 años se intuía que la defensa de los derechos humanos era importante, pero hasta no vivir en carne propia su violación se llegó a sentir profundamente su falta. Es como el aire que se respira: solo cuando se convierte en irrespirable extrañamos el cielo azul que tuvimos. Y por eso hoy sabemos que los derechos humanos son un todo: son la vida y su diversidad; son la libertad en todas sus expresiones; son las grandes estrategias y la vida cotidiana; son, en suma, el derecho a ser. Y así surgen los llamados derechos de tercera o cuarta generación, en donde también nos cabe asumir la ecología, el medio ambiente, junto a formas nuevas de democracia donde a la representación cabe dar espacio a formas nuevas de participación. Y con la presencia de las redes sociales por todo el mundo uno vuelve la mirada a Allende y se pregunta: ¿estamos ahora frente a las grandes alamedas virtuales por donde navegue el hombre libre?


 
Hoy, 40 años después, escribo desde otra América Latina. Una América Latina que encontró una senda democrática, que se sabe con otros desafíos y donde se construyen sociedades más justas, más libres y más tolerantes. Falta mucho por hacer, pero si los desafíos son distintos, los sueños y las utopías permanecen. Y hacer realidad estos sueños requiere de esa ardiente paciencia que nutrió la vida de Salvador Allende hasta el último suspiro.

 

Por Ricardo Lagos* 10 SEP 2013 - 00:01 CET
 
*Ex presidente de Chile.

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Viernes, 28 Junio 2013 09:02

El otoño del progresismo

El otoño del progresismo

La presidenta Dilma Rousseff tomó la iniciativa política al convocar el lunes 25, ante los 27 gobernadores y los 26 alcaldes de las capitales estatales, cinco pactos a favor de Brasil: responsabilidad fiscal, reforma política, salud, transporte público y educación. Propuso un plebiscito popular que autorice la convocatoria de una asamblea constituyente para encauzar la reforma política, que es el punto más polémico y más resistido por las instituciones. Aunque al día siguiente debió dar marcha atrás respecto de la constituyente, mantuvo la iniciativa, ya que las reformas se pueden encauzar por la vía parlamentaria.

 

El tiempo dirá si las reformas llegan a concretarse y, sobre todo, si alcanzan para colmar las expectativas de la población, molesta en particular por la corrupción y la desigualdad, viejos problemas brasileños que no han disminuido en la década que lleva gobernando el Partido de los Trabajadores. Por el momento, hay dos cosas que parecen evidentes: las instituciones siguen a la defensiva, pese a las iniciativas tomadas por la presidenta, y la calle sigue siendo el lugar elegido por buena parte de los jóvenes para hacerse escuchar.

 

Asustado por la persistencia de las movilizaciones, el Congreso archivó la propuesta de enmienda constitucional 37 (por 430 votos contra nueve), que promovía una reforma constitucional para retirar al Ministerio Público la posibilidad de realizar investigaciones criminales, que sólo podría hacer la policía, en un país donde sólo 11 por ciento de los crímenes comunes y 8 por ciento de los homicidios son resueltos. La propuesta de enmienda constitucional 37 levantó una oleada de protestas bajo el lema Brasil contra la impunidad. El mismo día la Cámara aprobó un proyecto que destina 75 por ciento de las regalías del petróleo a la educación y 25 por ciento a la salud. Hasta el momento se había registrado un pesado tironeo entre los diferentes estados para hacerse con las ganancias de una de las más prometedoras fuentes de ingresos del Estado, pero la calle logró convencerlos.

 

Las manifestaciones siguen y seguirán durante un tiempo. Pero empiezan a notarse cambios y diferenciaciones. En Sao Paulo el Movimiento Pase Libre (MPL) decidió marchar en las periferias urbanas, mientras grupos como Mudança Já (Cambios Ya), que no aceptan partidos y sólo hablan de la corrupción, tienden a concentrarse en el centro –enclave de las clases medias–, como analiza el sociólogo Rudá Ricci.

 

La calle brasileña está enviando un profundo mensaje no sólo al gobierno de Rousseff, sino al conjunto de los gobiernos progresistas de la región: la pasividad llegó a su fin. Luego de una década de excelentes precios internacionales para las exportaciones y de una evidente bonanza económica –que parece estar llegando a su fin–, muy poco ha cambiado. En particular, no hay cambios estructurales.

 

Incluso un conservador como el ex ministro de Hacienda del régimen militar, Antonio Delfim Netto, comenta una encuesta internacional de Pew Researh Center apuntando que el principal problema es que una economía de mercado controlada por las finanzas es portadora de graves problemas de desigualdad ( Valor, 18 de junio de 2013).

 

La mayoría de los entrevistados en 39 países del mundo sienten que el funcionamiento del sistema beneficia a los más ricos. Esto indica que la población tiene perfecta conciencia de lo que está sucediendo, y podemos concluir que si no ha estallado antes es porque no encontró el momento adecuado.

 

Un estudio de la central sindical uruguaya PIT-CNT revela que la masa salarial en relación al PIB era en 2010 inferior a la de 1998, cuando gobernaba la derecha y campeaba el más crudo neoliberalismo. Los datos lo dicen todo: en 1998 los salarios de los trabajadores representaban 27.2 por ciento del PIB. En 2010, luego de ocho años de gobierno del Frente Amplio y de un crecimiento sostenido de la economía, perciben 23.5 por ciento del producto. Lo que indica un incremento de la porción que se apropian los dueños del capital (Instituto Cuesta-Duarte, diciembre de 2011).

 

El 30 por ciento de los trabajadores uruguayos ganan algo más del salario mínimo, y la mitad de los que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos. La situación no es muy diferente en Brasil y en Argentina. Es cierto que una parte de la población salió de la pobreza extrema, más por el ciclo de crecimiento económico que por las políticas sociales, que siempre tapan problemas pero no resuelven la situación de fondo de las mayorías.

 

Esa mitad de la población que ya no pasa hambre, pero que tampoco puede vivir dignamente, está cansada, y está empezando a perder la paciencia. Hasta ahora los gobiernos progresistas jugaron con dos cartas a su favor: la situación de los trabajadores pobres ha experimentado una mejora relativa, y un triunfo de la derecha podría implicar retrocesos. Pero el fantasma de la derecha ha dejado de operar en el imaginario colectivo. Porque es poco más que un fantasma.

 

Si en alguno de los países mencionados ganara la derecha, los que más perderían serían los miles de militantes y profesionales de izquierda que ocupan cargos de confianza en ministerios, municipios, empresas estatales y gobiernos centrales. La impresión es que buena parte de la gente común, como la que protesta estos días en las calles brasileñas, pero también en las uruguayas, no está dispuesta a seguir dejándose chantajear con el fantasma de la derecha. Buena prueba es lo que sucede en Chile, donde la población ha intensificado sus movilizaciones contra el gobierno derechista de Sebastián Piñera pero no muestra entusiasmo ante el probable retorno de Michelle Bachelet en las presidenciales de noviembre de este año.

 

Las personas quieren soluciones y luego de una década ya no se puede seguir diciendo que no hay recursos. Quienes creen que esto es un sarpullido primaveral, se equivocan. Es el comienzo de algo nuevo. La discusión sobre si la crisis política que se instaló en Brasil, y que se profundiza en Argentina, beneficiará a los partidos de la derecha o a los de izquierda, tiene poca trascendencia. Hoy lo real es la calle, y allí se juega el futuro.

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Lunes, 22 Abril 2013 06:34

Estados Unidos. Otro país

Estados Unidos. Otro país

Una de las razones centrales por las que hay optimismo en que la reforma migratoria podría prosperar este año es que el país está cambiando de manera inevitable. A la vez, lo mismo explica el tono casi histérico contra esta reforma, como también a nivel más general, el temor furioso que tanto marca el debate político y social aquí. Hay un choque en cámara lenta.

 

No se trata de algo coyuntural. Tiene que ver con una transformación tan amplia y profunda que para no pocos es una de las amenazas más graves que se enfrentan: el cambio demográfico del país más poderoso del mundo.

 

Es muy simple resumir los alcances dramáticos de este cambio: dentro de poco más de 30 años los blancos ya no serán mayoría en Estados Unidos, país que se volverá mayoritariamente minoritario, o sea, ningún sector de la población representará más de 50 por ciento de la población nacional.

 

En Estados Unidos literalmente nace un futuro multicolor. Por primera vez en la historia, los nacimientos no blancos –o sea, de las minorías– son mayoritarios en este país. El año pasado la Oficina del Censo de Estados Unidos informó que según sus cálculos 50.4 por ciento de la población nacional menor de un año eran minorías –latinos, afroestadunidenses, asiáticos y de razas mixtas– mientras sus contrapartes blancas conformaban 49.6 por ciento de esta población.

 

Como reportó La Jornada el año pasado, aunque el país permanece mayoritariamente blanco (63 por ciento), los demógrafos señalan que este informe del censo sobre nacimientos entre julio de 2010 y julio 2011 marca exactamente el punto en que este país comenzará su transformación en una sociedad multiétnica en la cual todos serán minorías.

 

Según proyecciones anteriores de la Oficina del Censo, para 2042 el país ya no tendrá mayoría blanca, aunque esta fecha podría postergarse hasta 2050, dadas las tendencias recientes de disminución del flujo migratorio, advierten algunos demógrafos. Pero todos saben que ese momento en que los blancos serán la minoría más grande, seguidos de los latinos, llegará.

 

Hoy día, los latinos o hispanos son la minoría más grande del país, con 52 millones, según el censo. Los latinos ahora conforman 17 por ciento de la población nacional de Estados Unidos. Los afroestadunidenses constituyen 12 por ciento y los asiáticos 5 por ciento.

 

De los latinos, 37 por ciento nacieron fuera de este país, o sea, son inmigrantes (casi 19 millones), según el Centro de Investigación Hispánico Pew. De éstos, 65 por ciento –unos 33.5 millones– son de origen mexicano (tanto de generaciones aquí como recién llegados), con 36 por ciento de éstos nacidos en México. Los otros sectores latinos son: puertorriqueños (9.2 por ciento), cubanos (3.7), salvadoreños (3.6 por ciento), dominicanos (3), guatemaltecos (2.2), seguidos de colombianos, hondureños, ecuatorianos y peruanos.

 

De los más de 40 millones de inmigrantes en este país, casi la mitad (47 por ciento) son latinos.


Todo esto se expresa de mil maneras: más español en el idioma cotidiano y hasta oficial del país, más alimentos latinos y de otras partes del mundo incorporados (y tristemente distorsionados y pervertidos) a la dieta nacional; nuevas influencias en las artes, sobre todo en la música, en el periodismo y, por supuesto, cambios en la política local, estatal y nacional.

 

Es en el ámbito electoral y político donde todo esto tiene implicaciones cada vez más evidentes para la cúpula del país. Vale recordar que el voto latino, afroestadunidense y asiático fue considerado clave para la histórica elección de un afroestadunidense a la Casa Blanca. El voto en 2008 fue el más diverso racial y étnicamente en la historia del país, con casi uno de cada cuatro votos emitidos por no blancos. En 2012, con 71 por ciento del voto latino, 73 por ciento del asiático, y la abrumadora mayoría del afroestadunidense, ayudaron a relegir a Barack Obama.

 

Pero no sólo se registra este cambio a nivel nacional, sino que también está transformando el mapa electoral en algunos lugares sorprendentes, como Texas e incluso Arizona, dos baluartes del poder conservador republicano y con regiones francamente racistas y antimigrantes. En Texas, por ejemplo, los blancos ya no son mayoría, sólo la minoría más grande, 45 por ciento del estado, mientras 38 por ciento se identifica como latino. Por lo tanto, algunos demócratas consideran que para 2016 ese estado podría dejar de estar controlado por republicanos. En Arizona, los latinos hoy representan 30 por ciento de la población, incremento del 46 por ciento en sólo una década. Eso explica, en parte, la ferocidad de las famosas iniciativas antimigrantes en la entidad, que algunos analistas perciben más como medidas para expulsar latinos en general (tanto nacidos aquí como en el extranjero) y tratar de detener un futuro donde los conservadores blancos pierdan el monopolio político del estado. Estos cambios también empiezan a transformar el panorama en lugares como Carolina del Norte y Georgia, entre otros.

 

Ese futuro en el que la mayoría son minorías ya es presente no sólo en Texas, sino también en California (donde los latinos conforman ya casi 40 por ciento de la población estatal), Nuevo México y Hawai.

 

“El Estados Unidos rural, más viejo y blanco, ocupa una tierra; el Estados Unidos más joven, urbano y crecientemente no blanco, vive en otra”, escribe el analista y ex secretario de Trabajo Robert Reich al caracterizar las pugnas sobre asuntos sociales, desde la inmigración a derechos civiles, control de armas y otras que hoy están en el centro del debate político. “Al correr del tiempo este Estados Unidos más viejo, rural y blanco pierde terreno ante una nación cada vez más joven, más urbana y menos blanca” y eso, alerta, provoca tal temor entre los primeros que están dispuestos a hacer todo “contra las fuerzas del cambio”.

 

Pero, quieran o no, este se está volviendo, ahorita mismo, otro país.

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China pone en marcha un ambicioso plan para reducir las desigualdades sociales

El presidente chino, Hu Jintao, cederá la jefatura del Estado al vicepresidente y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, en la sesión anual del Parlamento, que tendrá lugar el mes que viene. La transferencia de poder ya está en marcha, y, con ella, las promesas de mejora del nivel de vida de la población. El Gobierno ha desvelado un ambicioso plan para reducir las desigualdades sociales, que incrementará el salario mínimo y gravará más a las empresas estatales, con objeto de financiar la seguridad social. El programa asegura que el salario mínimo deberá situarse en el 40% del salario medio urbano en la mayor parte de China para el año 2015.


 
La puesta en marcha del plan se produce después de que los líderes chinos dejaran clara su preocupación por el creciente descontento ciudadano con los excesos del partido, la corrupción oficial y las grandes disparidades sociales en sus discursos durante el 18 Congreso del PCCh, celebrado en noviembre. Hu Jintao prometió en el cónclave reformas económicas y mayor riqueza para la gente, y dijo que para 2020 China duplicará los ingresos per cápita de la población tanto urbana como rural con respecto a 2010.


 
El país asiático es uno de los más desiguales del mundo. El coeficiente Gini —que mide las disparidades en una escala de 0 a 1— fue del 0,474 en 2012; por encima del 0,4%, la cifra que los analistas consideran como el punto a partir del cual existe un peligro potencial de disturbios sociales.


 
“La brecha entre las zonas urbanas y las rurales y la diferencia de ingresos entre ciudadanos es relativamente grande, estos están distribuidos irregularmente, hay problemas obvios de ingresos no claros e ilegales, y algunos grupos viven en condiciones difíciles”, señala el documento publicado a última hora del martes por el Consejo de Estado.


 
Reequilibrar la sociedad china ha sido uno de los objetivos declarados por el partido desde que Hu Jintao llegó al poder hace 10 años, aunque ha tenido poco éxito en su cumplimiento. Pekín ha tomado ahora medidas más contundentes, que pasan por una reforma de los impuestos. Empresas estatales, especuladores inmobiliarios y ricos deberán pagar más para intentar disminuir el abismo entre las élites urbanas y los cientos de millones de pobres que viven en las regiones rurales. El plan aprobado por el Gobierno incluye también la reforma de los tipos de interés bancarios para orientarlos al mercado y permitir que los ahorradores obtengan mayores réditos de sus depósitos y más seguridad.

 


Una de las principales medidas adoptadas exige a las empresas estatales para 2015 un incremento del 5% en el porcentaje de los beneficios que deben aportar al Gobierno. Se trata de un paso crucial para financiar el desarrollo de los sistemas de pensiones y seguridad social, sin los cuales las familias se resisten a consumir para disponer de ahorros con los que hacer frente a la vejez o problemas de salud. Además, los aumentos de sueldo de los altos ejecutivos en las compañías estatales deberán ser inferiores a los de los empleados.


 
Los partidarios de las reformas aseguran que reducir la brecha de riqueza requiere no solo gastos sociales, sino cambios fundamentales en la estructura económica, para frenar el dominio de las empresas públicas, que controlan un amplio abanico de sectores, como la banca, el petróleo y las telecomunicaciones, y tienen numerosos apoyos del Estado de los cuales carece el sector privado.


 
Con el incremento del salario mínimo y la mejora del retorno en los depósitos bancarios, el Gobierno da pasos claves en la necesaria transformación del modelo económico para ligarlo más al consumo interno y menos a la inversión y las exportaciones. El plan promete más gasto en sanidad y educación, y crear más oportunidades para que los trabajadores emigrantes de las zonas rurales transfieran su residencia legal a las ciudades, donde los sueldos y los servicios sociales son mejores.
 


Los expertos consideran que incrementar los ingresos de la población rural no solo es necesario para mantener la estabilidad social sino también para impulsar el consumo y garantizar un crecimiento económico continuado a largo plazo.

 

Por Jose Reinoso Pekín 6 FEB 2013 - 08:41 CET

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Hacia un punto de inflexión en América Latina
Los procesos políticos nacen, crecen, se estabilizan y decaen. En ocasiones consiguen fecundar procesos nacientes, mientras otros tienden a la esclerosis. Sin pretender establecer leyes deterministas, la historia de los procesos políticos sugiere que estas etapas o momentos se suceden con cierta regularidad. Una década es un tiempo suficiente para observar las grandes tendencias, al situarse en algún lugar intermedio entre la coyuntura y el largo plazo.


En América Latina, y de modo particular en Sudamérica, conocimos una coyuntura relativamente breve en la que se concentraron novedades que luego pudimos visualizar como un cambio de rumbo. Entre 1999 y 2003, aproximadamente, comenzaron a instalarse una serie de gobiernos progresistas y de izquierda que cosecharon la siembra de resistencias e insurrecciones protagonizadas por los movimientos indígenas, campesinos y populares en su prologando rechazo al neoliberalismo.


Le sucedió una década de inusitada intensidad político-estatal como no había vivido la región desde mediados del siglo XX. Se produjo un fuerte aumento del producto interno bruto con base en la exportación de productos naturales, se implementaron políticas sociales para reducir la pobreza, se comenzó un vasto plan de obras de infraestructura y crecieron de forma sostenida los ingresos de los trabajadores. De modo desigual, los Estados-nación adquirieron mayor capacidad de intervenir en la economía y en las sociedades, y algunos recuperaron su capacidad de planificar a largo plazo.


La región adquirió peso y voz propia en el escenario internacional y adelantó proyectos de integración que le dieron cierta independencia respecto de las potencias del norte. Durante un tiempo se vivió un clima de mayor bienestar material y satisfacción, en particular entre los sectores populares, que mejoraron su situación por lo menos en la mayor parte de los países.


En algún momento este clima comenzó a cambiar. La potencia hegemónica, sobre todo durante el gobierno de Barack Obama, recuperó la iniciativa que había perdido durante la gestión de George W. Bush. Las derechas locales aprendieron a moverse en un escenario desfavorable, utilizando formas de acción que acuñaron los movimientos populares. Una política conservadora sin centro de comando aparente comenzó a ejecutarse en todos los países, siguiendo una partitura similar, a veces casi idéntica, siempre amplificada (cuando no urdida) por los grandes medios de comunicación.


De forma casi simétrica, los sectores populares organizados en movimientos comenzaron a replegarse. En ocasiones por la eficacia de las políticas sociales que resolvieron las necesidades más acuciantes, a veces porque los propios gobiernos desestimularon o institucionalizaron la movilización y otras porque la confusión política reinante paraliza y neutraliza.


La confusión es un arte. Las guerras sin sentido aparente, como la que algunos gobiernos llevan adelante contra el narcotráfico, tienen el objetivo de paralizar y neutralizar la acción colectiva. Pero también se produce un efecto desmoralizador cuando una lucha es acusada de favorecer a terceros (hacer el juego a la derecha, dicen los gobiernos progresistas), sin tomar en cuenta las razones de los que protestan.


El resultado es similar en todas partes. Desmoralización de los que resisten. La principal excepción es Perú, donde pueblos enteros enfrentan la prepotencia de las multinacionales y del gobierno. En general, el fervor popular tiende a desvanecerse. Esta es la principal tendencia que vivimos en la región.


Sobre ese repliegue cabalgan las derechas y el Comando Sur, que han diseñado políticas bien diversas. Golpes “constitucionales” en Honduras y Paraguay. Negociaciones de paz en Colombia. Cooptación de gobiernos progresistas por las mineras. Un diseño para aceitar la acumulación. O sea, desmovilizar a los de abajo, que es el prerrequisito para intensificar la acumulación.


Los procesos de cambio han llegado a una suerte de meseta, mientras las derechas avanzan, en casi todas partes. En Perú recuperaron el timón de mando luego de un brevísimo paréntesis. En Argentina recuperaron las calles con formas muy similares a las protestas de 2001, aunque se expresan con entera libertad cuando una década atrás protestas similares se zanjaban con decenas de muertos.


En Brasil el PT tendrá uno de sus peores desempeños en las municipales, mientras Lula ya no consigue convencer a sus votantes como antaño. En Ecuador y en Bolivia una parte de los luchadores que contribuyeron a llevar a los actuales gobernantes a palacio militan ahora en la oposición. En Uruguay la derecha recurre al plebiscito, como antes los movimientos, con posibilidades de ganar. En Venezuela la derecha crece incluso entre los sectores populares, que siempre sostuvieron el proceso bolivariano.


No es fácil identificar en qué punto estamos. Ciertamente, las primaveras quedaron atrás. Muchos síntomas indican que estamos en un recodo del camino cuando se cierra el ciclo del alza de precios de las commodities. O se avanza o se pierde. Una década de políticas sociales sin cambios estructurales no alcanza para modificar la relación de fuerzas heredada. La profundización de la crisis mundial empieza a erosionar apoyos y lealtades y, sobre todo, abre huecos donde las clases medias juegan su partida.


Hace falta un nuevo ciclo de luchas, como el que barrió el continente desde la segunda mitad de la década de 1990, para dar un vuelco a una situación pautada por el crecimiento del conservadurismo de masas, alentado por el consumismo, la osadía creciente de Washington y la parálisis del progresismo.


Pero los ciclos de luchas no se sacan de la galera. Se construyen contra la corriente, con base en el tesón y la entrega militante de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que dedican su vida a la causa de los de bajo. Lo preocupante es que esa energía ha sido cuestionada y hasta criminalizada estos años, no sólo por las derechas y el imperio.

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Inédito debate en Cuba sobre una agenda de reforma política
La Habana, 23 de septiembre. Bajo el auspicio de una publicación católica, intelectuales de varias generaciones y distintas tendencias debatieron aquí una agenda de reforma política para Cuba, en un acontecimiento poco común en la isla, pero que refleja una creciente discusión sobre la vida pública.


El cambio en Cuba "no se puede limitar al ámbito económico", dijo el académico y ex diplomático Carlos Alzugaray. En el terreno político "es inevitable, va a pasar de una forma u otra".


El punto de partida fue la colección de ensayos Por un consenso para la democracia, que incluye una insólita polémica entre el católico Roberto Veiga y el marxista Julio César Guanche sobre el sistema político cubano.


Publicar juntas las dos posturas, sin insultos ni descalificaciones, "resulta excepcional" en Cuba, expuso el profesor universitario Hiram Hernández. La socióloga Mayra Espina consideró que ese ejercicio "cierra la era de ángeles y demonios" y abre "un nuevo momento de los debates" en el país.


Los textos aparecieron en los últimos dos años en la revista católica Espacio Laical, que para presentar la obra reunida convocó a una discusión abierta en el Centro Cultural Félix Varela (antiguo seminario).


En la sesión, a la que asistió cerca de un centenar de personas, el opositor Reinaldo Escobar pidió que este círculo de discusiones se abra a otras corrientes. El abogado y bioquímico Dmitri Prieto hizo notar que en el intercambio de opiniones aún hay un "gran ausente: el mundo de la vida popular".


En la obra y en el debate que siguió a su presentación emergieron temas álgidos del sistema político cubano, como el partido único, el pluripartidismo, el sistema electoral, el ejercicio del poder, la elección y los atributos del jefe de Estado, las organizaciones sociales, los derechos ciudadanos y la Constitución de 1976, reformada en 1992.


En los textos y en la discusión a viva voz se dibujó un amplio arco de opiniones, incluso algunas que en medios oficiales suelen llevar, al menos, a una irritada descalificación.


En la introducción al texto, el vice editor de Espacio Laical, Lenier González, expuso que esa revista, junto con la Red Protagónica Observatorio Crítico y el proyecto Estado de SATS, son tres nuevas plataformas de debate en el país, que representan al catolicismo, al marxismo y al liberalismo, respectivamente.


Añadió que muchos de los participantes en esos círculos tuvieron su formación política e intelectual en “otro de los más importantes foros de debate en la isla: la revista Temas”.


En sus ensayos, Veiga y Guanche disputan sobre democracia y socialismo y el futuro político de Cuba.


El primero, abogado y editor de Espacio Laical, reconoce "la legitimidad de muchos fundamentos socialistas" sobre la justicia, pero cree "imposible pretender que el ideal de justicia de una sociedad sea el criterio particular de una ideología, por muy sabia y positiva que sea. La vida, la verdad, son muy ricas y poseen todo un universo plural".


"Nos guste o no", añade Veiga, "tarde o temprano Cuba deberá integrarse plenamente a los mecanismos mundiales, los mismos que dan vida a una arquitectura global de tipo capitalista, pues si no asumimos este desafío podríamos llegar a vivir en la más espantosa miseria". Alega que de ahí viene su inquietud por la falta de "canales democráticos" para procesar las demandas de justicia e igualdad.


Guanche, también abogado y profesor de la Universidad de La Habana, replica que "la democracia sirve hasta hoy como mecanismo de legitimación de un tipo particular de acumulación: la de capital", en una forma en la cual se "subordina la democracia a una ideología estrictamente mercantil y restringe la comprensión sobre los derechos humanos. Por todo ello, la democracia necesita al socialismo".


Añade que "el fracaso del socialismo real y del capitalismo redefinen los términos del debate: el socialismo es la democracia. Para ello, los derechos formales son tan básicos como los materiales; los derechos son totales o no son. El socialismo en el siglo XXI, para poder ser la alternativa a la amenaza global que vivimos, ha de ser la afirmación simultánea de ambos. El pan y la libertad o se salvan juntos o se condenan los dos".


Ambos se reconocen sus mutuas aportaciones y discuten también sobre la Constitución. Veiga resalta principios doctrinales del artículo primero (libertad política, justicia social, bienestar individual y colectivo, solidaridad humana), pero dice que aún no se reflejan en la práctica cubana. Guanche apunta que el principal problema de la norma es la falta de mecanismos para proteger al sistema institucional y para la realización más efectiva de los derechos individuales ya establecidos.


En el texto también hay un ensayo sobre la Constitución del vicario de la Iglesia Católica Carlos Manuel de Céspedes, descendiente del homónimo héroe insurgente, así como un debate sobre el mismo tema y otro sobre la reforma al Partido Comunista de Cuba.

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