“Quieren exterminar a la izquierda con vocación de poder”

Correa, quien vive en Bélgica desde hace un año, afirma que en su país lo quieren ver preso o muerto y que Lenin Moreno –hoy su archirrival– pautó con EE.UU. “La CIA actúa con las embajadas. La decisión es exterminar a la izquierda.”

El otoño belga es excepcionalmente cálido. Rafael Correa aprovecha un sábado de octubre a la mañana para ir al mercado de la Place de la Université, en Lovaina La Nueva, el pueblo belga de 29 mil habitantes a 40 minutos en tren del centro de Bruselas, donde desde hace un año vive el ex presidente de Ecuador. Viste elegante sport y calza unos zapatos leñadores gastados. Lleva en el bolsillo un papel arrancado de un cuaderno donde su esposa Anne Malherbe –a quien conoció en una residencia universitaria de esta misma ciudad hace 28 años– le anotó en francés que debe comprar berenjenas, tomates, pepinos, papas y frutas. Gasta 45 euros. Le pide al verdulero que para la próxima reemplace las bananas de República Dominicana por las de Ecuador. Paga con una tarjeta del banco holandés ING. Saluda en quechua a Armando, un ecuatoriano de una comunidad andina que tiene un puesto de ropa en el mercado. Recorre a pie 10 minutos rodeado de verde y regresa a su departamento: un cuatro ambientes con balcón terraza en un segundo piso. Lo alquila a 1250 euros mensuales.

Los Correa se mudaron a Lovaina La Nueva a mediados de 2017 porque les gustó la escuela pública de allí para Miguel, su hijo adolescente. También para estar cerca de sus dos hijas, Anne Dominique y Sofía, que consiguieron becas para estudiar en París. Además, buscaban acercarse a los padres de Anne, oriunda de Namur, a media hora de la nueva casa. Querían, dicen, poder comer juntos los domingos o salir tranquilos a la calle. Este verano fue complicado para la familia: a fin de mayo, a Anne Dominique la atropelló un auto en Ginebra, donde estaba haciendo una pasantía como periodista. Tuvo una doble fractura abierta en el tobillo además de muchísimos golpes. Se está terminando de recuperar.
–¿Fue fuerte el cambio de ser el presidente diez años de un país a ser uno más en un pueblo belga?


–Antes de ser presidente detestaba la rutina o ir al supermercado, ahora lo disfruto. Dijeron ‘Correa es un don nadie ahí’. ¡Eso vine a buscar! Me encanta cocinar. Arroces, ceviche. Me gusta experimentar. Por ejemplo, el otro día inventé la “salsa amatriciana al estilo Rafael”: le pongo chorizos españoles. También soy experto en parrilladas aunque una de mis hijas, vegetariana, me ha convencido de comer menos carne.


Visitas ecuatorianas


En su mano derecha Correa porta una muñequera: se resintió del esguince que se hizo el 8 de julio último tras zamarrear al periodista ecuatoriano Ramiro Cueva, después de que éste lo increpó en la calle mientras el ex presidente caminaba con una de sus hijas. “¿Si te dicen ladrón tienes que decir viva la libertad de prensa? Por ser presidente no dejas de ser humano.” Hace unos días la Justicia belga condenó al periodista por amenazas: debe pagar 1600 dólares de multa si vuelve a Europa.


Hubo otro episodio violento: en agosto dos periodistas del medio ecuatoriano La Posta llegaron para mostrar la vida europea del ex presidente. Se enfrentaron con correístas que viven en Bruselas. Correa denunció acoso a la policía: “Vinieron a buscar una vida de millonario y no pudieron demostrar nada”.


El salario medio en Bélgica es poco menos de 4000 euros por mes. Correa calcula que podría vivir bien con los 4600 dólares de la pensión presidencial más el sueldo como maestra de su esposa: “Pero tengo 13 procesos penales, hace meses que tengo que trabajar para pagar mi defensa”.


Recibe ingresos por dar cursos on line y conferencias. Tiene un salario fijo como presidente del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro y además hace consultorías por su cuenta. Asegura que se ha “comido los ahorros familiares”, que se endeudó, pero que ya equilibró los números porque “por una conferencia pueden pagar 60 mil dólares, no como Obama que cobra 200 mil, pero las pagan bien”.


Lenin Moreno le retiró la seguridad presidencial, ahora tiene un servicio particular. “Es una protección básica, gente desarmada, necesito tener al menos un chofer que sepa conducir en caso de emergencia. Lo paga una institución. No puedo decir cuál. La discusión en Ecuador es tan tonta que dicen ´¿si es tan popular para qué necesita protección?´ Pero además de eso, suponiendo que no tenga ningún enemigo personal, que es imposible, tengo secretos de Estado”

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–¿Es privada o pública esa institución que paga la seguridad?


–Es, digamos, sin fines de lucro.


Judicialización de la política


En Ecuador, Correa tiene una orden de prisión preventiva vigente desde julio de este año. La Fiscalía General del Estado lo acusa de ser el autor mediato del secuestro del ex seguidor suyo Fernando Balda, a quien agentes de inteligencia ecuatorianos intentaron secuestrar en Colombia en 2012. La fiscalía apunta a Correa porque era “el presidente de la república y por lo tanto jefe directo de los servicios de inteligencia”. “A mí me quieren muerto fuera del país o preso en el país y que me maten ahí. Saben que les ganamos cualquier elección si yo estoy”, responde. Una jueza se pronunciará sobre su situación en una audiencia el próximo 23 de octubre. Interpol aún no ha atendido el pedido de captura. Su última opción es pedir asilo en Bélgica. “Es muy difícil que cumplan su sueño de verme esposado volviendo al país. Si voy tendría que ir a probar mi inocencia cuando debería ser al revés. Ya basta, es una locura allá, se vive una dictadura, una falta total de Estado de Derecho.”


–Pero quien lidera ese Estado fue promovido por ustedes mismos para llegar al poder.


–Totalmente, yo soy el principal responsable de lo que está ocurriendo. ¿Cómo pude dejarme engañar por un tipo así diez años? Es un impostor profesional. Me decía que yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ahora dice todo lo contrario. O fue un impostor profesional o algo se le saltó. Es difícil que exista alguien con tanto cinismo, sólo puede mantenerse con la complicidad de la prensa.


–¿Dolió personalmente el cambio de Lenin Moreno?


– No éramos amigos, yo lo apreciaba mucho por su historia, por cómo se recuperó de una tragedia. Pero no era tan cercano como otros que también traicionaron y esos sí desgarra el alma. Debo estar preparado, sé que así es la vida. Pero tú puedes saber que una inyección duele y no por eso cuando te la ponen te va a dejar de doler. Sí me sorprendió la cantidad y magnitud de las traiciones. ¿Quién puede adivinar esas cosas? Caras vemos, corazones no. Hay analistas allá que dicen que la traición es el instrumento tradicional de la política ecuatoriana. ¡Lo banalizan! Como si fuera una opción que tienes la de traicionar ¡por favor!.


–Según la Celag, Lenin Moreno creó una “Oficina para el intercambio de información con EE.UU.” y el Centro de Inteligencia Estratégica, que estarán abiertos a la cooperación con la Casa Blanca, ¿esta nueva política puede explicar su giro?


–Por supuesto, son causa y son consecuencia. Yo creo que el tipo (Lenin Moreno) ha pautado con Estados Unidos

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–¿Antes o después de la elección presidencial?


–Creo que después de la primera vuelta. Pensó que iba sacar más pero era muy mal candidato, si hubiera sido bueno tendría que haber ganado en primer turno. El tipo se acobardó y, por ejemplo, pautó con el Partido Social Cristiano, que son lo peor de la política ecuatoriana y probablemente haya tenido contacto con la Embajada de Estados Unidos pensando en la traición.


–¿Estados Unidos es la mano detrás del lawfare? El lawfare, como escribió José Natanson en línea con Carreiro de Barros Filho, en tanto “utilización de los jueces como herramienta de persecución política a través de la creación de maxiprocesos que involucran un alto nivel de espectacularización” (ver recuadro).


–Las oligarquías nacionales y las internacionales también. No solamente el gobierno de Estados Unidos, hay un sistema que marcha por sí solo, estoy seguro que ni los presidentes de Estados Unidos saben lo que hace la CIA. Pero puedes estar seguro de que la CIA actúa con las embajadas. La decisión es exterminar a la izquierda. No van a permitir que se repita otra época de oro en América Latina: 90 millones han salido de la pobreza. Ahora regresaron 20 millones. Están dispuestos a todo. La orden es exterminar a la izquierda con vocación de poder. No a la izquierda tonta, la del “todo o nada”. Sino a la izquierda de los Lula, Cristina, Chávez, Correa que pateamos el sistema. Van a tratar de exterminarla físicamente también. No se engañen, no exagero.


Política y moral


Para Rafael Correa, no se patea el sistema con demandas como la despenalización del aborto. Discute con el feminismo: “busquemos la igualdad de derechos, salariales, políticos pero no podemos ser iguales en todo, biológicamente no somos iguales”. Cree que antes del aborto “hay mil cosas que pasan antes, como la injusticia o la pobreza. Para llenar un tarro si metes primero arena, lo fino, y luego metes rocas, entra menos que si primero metes lo grande y luego lo fino”.


–Hubo bastantes críticas por esa posición moral, de gente que comparte tus ideas en lo político o en lo económico. ¿Se pueden reconciliar ambas?


–Para mí la cuestión social en el continente más desigual del planeta, es la primera cuestión moral. Pero en Brasil, por ejemplo, hubo una gran marcha antes de las elecciones, contra el moralismo de Bolsonaro y las chicas fueron con el torso desnudo, a pedir el aborto, el matrimonio igualitario. Le subieron 6 puntos a Bolsonaro. Antes de ponernos a discutir estas cosas que están en la frontera del debate, discutamos cosas evidentes como la desigualdad de derechos. El además ha cogido la insatisfacción de la gente en temas que la izquierda nunca habla por purismo, como la seguridad.¿Por qué la izquierda no enfrentó más claramente ese problema para evitarlo? Es una torpeza política. En Ecuador sí lo hicimos, tenemos el sistema de seguridad integrado más avanzado de América latina.


–¿Para poder captar esos significantes vacíos la Iglesia Evangélica le dio a Bolsonaro una llegada a las bases que la izquierda perdió?


–Te diría que la iglesia evangélica encontró esas bases que la izquierda no atendió. Cuando la gente se asusta por ciertas posturas busca otra cosa y cuando ve que no tiene perspectivas de cambio, se deja convencer de que así tiene que ser y encuentra refugio en estas iglesias. Es difícil, a los dirigentes políticos nos acusan de no haber sido dirigentes espirituales. Que no cambiamos los hábitos de consumo, que nos enfocamos en el materialismo y no en lo espiritual del asunto. Pero bueno, sí quizás dejamos espacios para que los ocupen estas posturas radicales, como la de Bolsonaro.


–Cuando ganó Donald Trump se decía que se iba a topar con los frenos y contrapesos del sistema. En Brasil da la sensación de que no hay contención y que Bolsonaro puede parecerse más a Rodrigo Duterte (el líder conservador y autoritario de Filipinas que lleva adelante una sangrienta “guerra contra las drogas”) que a Trump.


–Creo que se parece más a Duterte, sí. Porque ni Trump va a hablar a favor de la dictadura, de la tortura, de la desaparición de 30 mil personas. Sin embargo, mira, soy optimista por naturaleza. Si no hacemos esto con optimismo mejor dedicarse a otra cosa. Y hay que ver las cosas en el largo plazo. Yo no quiero que gane, es difícil pero no imposible. Hay 20 millones que no votaron, esos 20 millones, los necesita la inmensa mayoría Haddad. La prensa juega un rol terrible. Pero si gana Bolsonaro, como cuando ganó Bush en Estados Unidos, puede despertar a los gobiernos progresistas de América latina. Va a ser tan elemental su gobierno que puede provocar una reacción favorable para retomar la vía del humanismo.


–¿A qué plazo hay a la vista algún tipo de cambio de correlación de fuerzas?


–Cualquier cosa puede pasar. Antes de mi gobierno, cada gestión duraba un año y medio. Yo soy optimista de que pronto cambiará la situación política y empezaremos a recuperar lo mucho que hemos retrocedido.


Retiro parcialmente voluntario


Mientras siga vigente la prisión preventiva, Correa no volverá a Ecuador. Igual dice que su objetivo, cuando se fue, no era exiliarse sino retirarse para escribir. En su escritorio, que está en el living de su casa, se sienta cuando todos se van a dormir y solo queda despierto su gato Dobi. Está preparando tres libros sobre el desarrollo latinoamericano. Para eso está revisando bibliografía como “¿Por qué fracasan los países?” de Acemoglu y Robinson o “¿Por qué las naciones latinoamericanas fallan” de Pérez Caldenentey y Vernego. Para Correa “no vamos a alcanzar el desarrollo si no aumentamos la productividad” y para eso hay que superar la “incapacidad para organizarse”. Por eso, también está releyendo la ‘tesis climática’ de David Landes sobre por qué los países con clima cálido nunca lograron desarrollarse


.“Eliminemos los paraísos fiscales” 

¿Cómo fue el choque entre haber teorizado sobre el poder y haberlo tenido? ¿Cuál es el balance?


–Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos o tratamos de hacer. Me hubiera gustado ir mucho más lejos en muchísimas cosas, como con la reforma universitaria. América Latina avanza por impulso cuando se flexibilizan las restricciones nacionales e internacionales. Las nacionales son las oligarquías y las internacionales son, por ejemplo, los países hegemónicos. Las propias independencias latinoamericanas se pueden explicar así. Una nueva ventana de oportunidad se dio a fines de los noventa, principios del 2000. Luego, con la crisis del 2008, el fracaso del neoliberalismo dejó las elites debilitadas y sus medios de comunicación no se esperaban eso. Hasta el 2014 que comenzaron a cambiar las cosas porque llegó un período de recesión.


–También surgieron los casos de corrupción


–Messi es un genio pero si muestras los goles que no hizo lo haces pasar como la peor bestia del mundo. Eso es la manipulación, mostrar solo una parte de la realidad, porque de cada gol que falló convirtió cinco. Eso hacen. Han utilizado la recesión y el discurso anticorrupción. Hacen un trabajo muy de filigrana, la prensa siempre la han tenido, lo peor de América Latina es su prensa. Están sosteniendo a los nuevos gobiernos e invisibilizando a nosotros, a no ser que tengan malas noticias. Han cooptado al poder judicial. En Brasil con cursos en Estados Unidos. En Colombia financiando escuelas judiciales y en Ecuador con la desinstitucionalización total para poner su gente ahí. Con esas dos cosas: poder mediático, que te destroza y te juzga en los titulares y el Poder Judicial que solo aplica los titulares mediáticos se aplica el lawfare.

–¿Digamos que hubo corrupción y también una apropiación del discurso de la corrupción?


–Utilizaron muy bien el discurso anticorrupción. Pero un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, es el que no las tolera. Es imposible en diez años que no haya algún caso, eso no existe. De hecho los dos casos que tuvimos, y nos ocupamos de ellos, fueron a través de paraísos fiscales. Pero bueno, por más atento que estés, ¿cómo descubres una coima en un paraíso fiscal? ¿cómo sabes que un pago de Odebrecht terminó en una cuenta de Andorra? Si quieren luchar contra la corrupción, eliminemos los paraísos fiscales.


 América latina, entre China y el FMI


En un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China hay más presiones para evitar acercamientos con China, pero ese acercamiento ¿no es cambiar de influencer?


–Fuimos el más país exitoso en la relación con China y eso EE.UU. no lo va a permitir. No solo necesariamente a través de los presidentes, hay mandos medios que están preocupados por mantener los intereses de EE.UU. Con China es el hambre y la necesidad. Cuando llegué al Ministerio de Economía en 2005 vi que ellos tenían excedente de financiamiento y nosotros déficit. Ellos tienen necesidad de hidrocarburos. Es lo lógico. Denme financiamiento y le doy hidrocarburos. Es lo obvio a nivel técnico. China es el principal financista del mundo, sobre todo de EEUU. Pero nosotros tenemos que dar explicaciones, hay que superar esos complejos.


–Cuando se fue del Ministerio de Economía en 2005 fue por acercarse a China y evitar la injerencia del FMI, ¿cómo se evalúa el nuevo acercamiento argentino con el FMI?


–Proponía acercarme a China, pero ser multipolares, buscaba también que nos financie Venezuela, que pasaba un buen momento en ese entonces. Pero querían que me sometiera al FMI y al Banco Mundial. El caso argentino o ecuatoriano, es lo mismo. Ecuador ha firmado catorce cartas de intención con el FMI, somo expertos en ajustes. Si eso tuviera éxito seríamos Suiza. Los que han fracasado son ellos, no nosotros. En Argentina, lo mismo, Cavallo el autor de la convertibilidad pero era la corner solution del Fondo Monetario: novelerías de esos burócratas que experimentan con nuestros países, los quiebran y después van a un hotel cinco estrellas a imaginarse la siguiente novelería. Si esa receta fuera exitosa seríamos desarrollados.


–El gobierno de Mauricio Macri afirma que este es un nuevo Fondo Monetario..

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–(Ríe) Son las mismas recetas de siempre. El FMI está cooptado por Estados Unidos y Europa: lo utilizan para defender sus intereses. Las grandes ayudas son para garantizar el pago de la deuda privada. Mira el caso de Grecia. No es para ayudar a los pueblos, es para que les quedemos debiendo. Te imponen los ajustes para asegurarse que todos los centavos que entren sean para pagar.

 

Publicado enInternacional
Caos climático, capitalismo y geoingeniería

Se acaba de hacer público un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, referencia científica de Naciones Unidas en el tema) que alerta sobre la necesidad urgente de cambios y reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para detener el calentamiento global y que no sobrepase 1.5º C respecto de niveles preindustriales. El informe es una advertencia importante e insoslayable en cuanto a la gravedad del cambio climático y las reducciones que son necesarias. Ya con el aumento de 1º C sufrimos extremos climáticos devastadores en muchas regiones del mundo. Cada décima de grado implica nuevos riesgos, amenazando de extinción ecosistemas enteros.

El IPCC señala claramente las causas del cambio climático a escala global: la emisión de GEI debido principalmente a que energía, industria y agricultura industrial se basan en combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, el informe falla en las propuestas sobre los caminos a tomar, ya que no cuestiona el statu quo económico ni la inequidad global sobre quienes han provocado y deben hacer inmediatamente una fuerte reducción de emisiones. Por evitar cuestionar los temas de fondo, incluye en sus propuestas tecnologías de alto riesgo, como las de geoingeniería, que no son ninguna solución e incluso podrían empeorar el desequilibrio climático.

Se evidencia así la relación entre la geoingeniería y la preservación del capitalismo: para poder seguir con el modelo de desarrollo y producción industrial que ha provocado el desastre climático, se plantea usar tecnologías de alto riesgo para que algunos puedan sobrevivir conservando sus privilegios, aunque implique toda una serie de nuevas amenazas ambientales y sociales para millones de otras personas.

Por ello y coincidiendo con el informe del IPCC, 110 organizaciones internacionales y nacionales y seis premios nobel alternativos publicaron un Manifiesto contra la geoingeniería, en el que grandes redes, como Amigos de la Tierra Internacional, Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Alianza de Justicia Climática y Marcha Mundial de Mujeres, exigen un alto a la geoingeniería y a los experimentos propuestos, varios de ellos sobre territorios indígenas, tanto por los impactos en la biodiversidad, las comunidades y pueblos, como por la desviación que significa de la atención hacia soluciones verdaderas. (https://tinyurl.com/yakb6ghb)

Pese a que hay tecnologías de geoingeniería contempladas en tres de los cuatro escenarios planteados por el IPCC, el panel también reconoce en su primer escenario que es posible limitar la temperatura sin usar esas tecnologías, que existen otras vías, como proteger y restaurar ecosistemas naturales y realizar cambios en la agricultura y otros sectores, que evitan emisiones y pueden absorber y retener los gases de efecto invernadero. En ese escenario ¬¬–el único justo– el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de Co2 en 45 por ciento hasta 2030.

Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países, con Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más de 70 por ciento de las emisiones, entre las cuales se mantienen Estados Unidos y las que integran la Unión Europea. Esos 10 países emiten dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175.

Es una imagen clara de injusticia climática global, pero es preciso agregar también la inequidad dentro de los países. Según Kevin Anderson, experto en cambio climático de la Universidad de Manchester, 50 por ciento de las emisiones de carbono provienen de las actividades del 10 por ciento más rico de la población mundial, y si consideramos el 70 por ciento de las emisiones son provocadas por solamente 20 por ciento de la población. Anderson explica que si se estableciera un límite a la "huella de carbono" (consumo y producción) de 10 por ciento de los individuos que son los mayores emisores, para que ésta sea equivalente a la huella de carbono de un ciudadano europeo medio (considerablemente alta para la gran mayoría de países), las emisiones globales de carbono se reducirían en un tercio en uno o dos años. (https://tinyurl.com/yalat5wg)

En lugar de analizar ese tipo de propuestas, el IPCC plantea el concepto falto de lógica de "emisiones negativas". Significa que se pueden seguir emitiendo gases si se contrarrestan con tecnologías de geoingeniería, entre las que incluye bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, captura directa de aire, cambio de la química de los oceános y otras, aunque reconoce que no está probada su viabilidad económica, técnica ni ecológica y que tendrían fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad y seguridad alimentaria, entre otros.

Varios factores, como el hecho de que el IPCC tiene representantes de empresas petroleras entre los autores del informe, explican esta enorme contradicción entre alertar sobre la realidad climática e incluir propuestas que la empeorarán.

Las organizaciones que firman el Manifiesto contra la geoingeniería seguirán en el camino de la resistencia y las alternativas reales.

Por 

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

 

Publicado enMedio Ambiente
El futuro del planeta, en manos de unos ricos que no pagan su deuda

Mientras el informe del IPCC deja claro que los esfuerzos para contener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados deben ser mucho más rápidos y mayores, el principal instrumento económico para la adaptación, el Fondo Verde para el Clima, no tiene apenas fondos. Los países ricos son los que más deben aportar, pero las negociaciones siguen encalladas.

Por si aún no había quedado suficientemente claro, el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) viene a afianzar un hecho que se lleva corroborando año tras año: si queremos limitar el aumento de temperatura medio del planeta por debajo de los 1,5 grados, los esfuerzos a realizar deben ser mucho mayores y más rápidos de lo que hoy tienen acordado las naciones y organizaciones que rigen el mundo. Es más, el documento se ha centrado en las consecuencias que implicaría quedarse en un incremento de 1,5 grados o llegar a los 2. Y este segundo escenario es catastrófico, especialmente, por supuesto, para los más pobres.


“El informe del IPCC ha encontrado que el factor sobre el que más impacta ese aumento de 1,5 grados a 2 es el agua”, señala Alejandro González, responsable de Cambio Climático de InspirAction. Si con 1,5 el nivel del mar subirá entre 26 y 77 centímetros, con 2 grados esa cifra aumentará 10 cm, lo que se traduce, según el informe, en 10 millones de personas más afectadas, básicamente en las zonas más desfavorecidas.


“Ese medio realmente marca una diferencia muy importante, por eso tenemos que ser mucho más ambiciosos”, apunta Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en Greenpeace. Y en lugares como el Estado español es crucial. Como indica Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción , “en los países mediterráneos puede ser la diferencia entre adaptación o pérdidas y daños irreversibles”.


Un cambio tan drástico y una aceleración de los objetivos y ambiciones necesitan de acuerdos políticos y dinero, mucho dinero. “El instrumento clave para la adaptación es el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y por lo que sabemos hasta ahora el dinero no está puesto sobre la mesa”, denuncia Andaluz.


El compromiso adquirido es movilizar 100.000 millones de dólares para conformar este fondo, pero desde el mismo dejan claro que, a día de hoy, solo hay un 10% de esa cifra: 10.200 millones. “El nivel de urgencia que tenemos es tal que los países ricos, que son los responsables de todo esto, no solo tienen que realizar las medidas de mitigación, sino que tienen que contribuir a que no haya emisiones extra en los países más desfavorecidos”, apunta González. Por ello , la demanda por parte del llamado G77 —en el que se agrupan los países con menos capacidad económica y del que forman parte 134 naciones— más China de que haya una inversión mayor por parte de los más poderosos va a ser una de las claves de la próxima Cumbre del Clima (COP24), que se celebrará en diciembre en Katowice (Polonia).


Sin embargo, tal como señala el experto de InspirAction, “no hay un compromiso claro y firme de que esos países ricos vayan a comprometer los fondos que habían acordado para capitalizar el GCF”. La última cumbre preparatoria interseccional con este punto en la agenda tuvo lugar en septiembre en Bangkok y dejaba un panorama oscuro. “Quedó claro que el G77 y China no van a avanzar y a seguir bajo el Acuerdo de París si no está el dinero y las transferencias de capacidades puestas sobre la mesa”, indica Andaluz, “y eso debe salir de los más ricos”. Pero a pesar de la urgencia, las posiciones en cuanto a financiación quedaron enconadas en dos posiciones: la de los que más tienen, básicamente el Grupo Paraguas —que incluye a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y Australia— más la Unión Europea, y la del G77.


Poderosos contaminantes


La responsabilidad histórica de los más ricos no está en duda. Tampoco que, hoy en día, los que más tienen son los que más contribuyen al cambio climático. Un informe de Oxfam International ya indicaba en 2015 que el 10% de la población con más recursos es la responsable de la mitad de las emisiones globales, mientras que la mitad más pobre del mundo en términos de población —3.500 millones de personas— solo producen el 10% de las emisiones. Por ello, como indican desde el colectivo Contra el Diluvio, “con la desigualdad actual, si conseguimos que el 10% más rico del mundo emita al nivel del europeo medio reduciríamos rápidamente las emisiones de CO2 en un tercio”.


En la misma línea, el informe Equidad y aumento de ambición: hacia un Diálogo Facilitado que sea efectivo en 2018 , firmado por más de un centenar de organizaciones de todo el globo en diciembre de 2017, remarca que “los compromisos de los países más enriquecidos no llegan a cubrir lo que sería una contribución justa”. Para no sobrepasar las 450 ppm de concentración de C02 en la atmósfera en 2020 —escenario que se equipara con un calentamiento no superior a 2ºC, siendo actualmente de 405 ppm—, el documento ya resaltaba la necesidad de “destinar más de 375.000 millones de dólares anuales en los países del Sur global, que deberán llegar a 1,3 billones de dólares en 2035”.


Con cifras pero sin fondos


Con estos hechos sobre la mesa, llama la atención la falta de acuerdo sobre los 100.000 millones que el GCF necesitaría para el año 2020, más teniendo en cuenta que esa cuantía es calificada por las organizaciones sociales como arbitraria. “Esa cifra se dice al tran tran, se pone sobre la mesa para encauzar unas negociaciones que ya estaban vendidas”, apunta González, quien destaca que “no se decide si van a ser préstamos, préstamos a fondo perdido, donaciones… cuáles son las características de esos préstamos o de las aportaciones de los países”. Además, el experto recuerda que “enseguida salieron voces como Oxfam o Amigos de la Tierra calculando que esa cantidad debía de ser al menos del doble”.


De hecho, el informe Equidad y aumento de ambición señalaba hace diez meses que un Fondo Verde para el Clima presupuestado con 100.000 millones de dólares se encontraba “muy lejos de las necesidades reales”, y destacaba que la adaptación de los ecosistemas, naturales y humanos “supondrá un coste de entre 140.000 y 300.000 millones de dólares anuales en 2030, y que se multiplicará por cinco en 2050”.


Financiación privada


Con este panorama y la falta de acuerdos, los gobiernos giran la mirada hacia las empresas, lo que tiene sus peligros, según denuncian desde las organizaciones sociales. “Cada vez surge con más interés que las grandes empresas pongan ese dinero que falta en el Fondo Verde para el Clima”, indica Andaluz.


“Las grandes compañías están haciendo un doble juego”, destaca por su parte el responsable de InspirAction. “Por un lado, desde la cumbre de Addis Abeba [para la Financiación del Desarrollo Sostenible de 2015 ] se dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se podían sostener con financiación pública y debía entrar la privada; y no un porcentaje, sino que el grueso debía venir de multinacionales, con la consiguiente desvirtuación de la agenda de desarrollo, con una serie de injerencias de modelos de negocio, etcétera…”. Por otro, la llegada al GCF de “empresas y fondos de inversión para intentar capitalizar iniciativas para desarrollar proyectos”.


Así están las cosas. Multinacionales y sus modelos de negocio en la base de la lucha global contra el clima. El futuro del planeta, en manos del capital y supeditado al beneficio. Lo dice hasta el GCF: “Responder al desafío climático requiere la acción colectiva de todos los países, ciudades, empresas y ciudadanos privados”. Un fondo que busca 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 que puedan llegar “desde diversas orígenes”.


Mientras tanto, el informe del IPCC deja clara la situación: el ritmo actual de emisiones el aumento de 1,5ºC será un hecho en algún momento entre 2030 y 2052. Y la cosa irá a peor. “Estamos en la trayectoria de un aumento de entre 3 y 4 grados”, expone la responsable de Greenpeace, “así que necesitamos transformaciones muy rápidas y muy urgentes en todos los ángulos de gran alcance, donde se incluye el sistema energético, el transporte, el modelo de consumo, al consumir menos carne, la agricultura…

”.
Tras el fiasco de Bonn y el fracaso de Bangkok y del resto de reuniones intermedias, el horizonte está puesto en Katowice.

Por Pablo Rivas
@CeboTwit

publicado
2018-10-13 07:01:00

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 24 Septiembre 2018 06:28

¿Cuándo se jodió el progresismo?

¿Cuándo se jodió el progresismo?

Los progresismos latinoamericanos desestiman la construcción de una nueva ética pública como un problema “liberal” propio de almas bellas o de las agendas imperiales. Pero es posible identificar un tipo de “republicanismo desde abajo” en toda la región, que incluye una cierta economía moral de lo que debe ser la función pública junto con ideas de alternancia en el poder estatal. Las “cruzadas anticorrupción”, el honestismo y el socialismo real.

“Veníamos bien y pasaron cosas”, dijo en una entrevista el presidente Mauricio Macri para explicar una crisis que puso fin a su “utopía gradualista” que, hasta el momento, lo alejaba de la imagen del presidente ajustador con el que buscaba asociarlo la oposición. Pero la expresión podría usarse, también, para reflexionar sobre el cambio de ciclo político en la región: el continente actual está muy lejos de aquellos días en los que Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Lugo y Correa parecían estar construyendo un proyecto regional común con una espalda política que era la suma ampliada de sus propias legitimidades y de los capitales simbólicos que cada uno de ellos movilizaba. Pocos esperaban que, algunos años más tarde, la región se encontrara frente al actual deterioro económico, e incluso democrático, y con sus instituciones de integración en crisis. Pero se podría fácilmente reemplazar la superficial expresión macrista por una pregunta vargallosiana de mayor calado: ¿cuándo –y por qué– se jodió el progresismo?


Después de dos “décadas” de proyectos políticos definidos e intensos –la neoliberal de los 90 y la progresista de mediados de los 2000– el continente entró, más que en un nuevo ciclo, en un proceso de fragmentación y disgregación, que combina la supervivencia de un progresismo que no acaba de morir y de una “restauración conservadora” que no acaba de nacer, al menos en término de un nuevo proyecto hegemónico.


Mientras una Venezuela en caída libre sirve a las derechas continentales como baza de triunfo electoral –por la amenaza de “venezuelizaciones” más imaginarias que reales–, el líder estrella del post-populismo –Mauricio Macri– comenzó a hacer agua y pocos querrían hoy ser los Macris de sus países. Brasil, otro proyecto post-progresista, pero sin elecciones de por medio, se encuentra sumido en la peor crisis en décadas, con un potencial candidato ganador preso (Lula), otro hospitalizado (el ultraderechista Bolsonaro, recientemente atacado con un cuchillo) y un presidente conservador, Michel Temer, cuya aprobación asciende al 3%; el 76% lo considera ruim o péssimo. Entretanto, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México puso en marcha una incierta experiencia de “progresismo tardío” que difícilmente sea suficiente para reeditar el ciclo sudamericano pero alcanza para limitar la consolidación del giro conservador.


Recientemente, el filósofo Slavoj Žižek convocó a “dar vuelta” la famosa Tesis N° 11 de Marx sobre Feuerbach (Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo). “En el siglo XX, tal vez hayamos tratado de transformar el mundo demasiado rápido, sin saber qué estábamos haciendo. Debemos dar un paso atrás y reinterpretarlo”. Y en el caso latinoamericano, no se trata solo de comprender el mundo, sino de sacar conclusiones no autocomplacientes de la agenda y experiencia progresistas y de su agotamiento. La reciente reunión del Foro de San Pablo reunido en La Habana –que articula a las fuerzas de izquierda de la región– es una expresión patente de las dificultades para andar este camino y de un repliegue en la “resistencia” antiimperialista que funciona como un operativo de cierre político/sentimental, cargado de nostalgia hacia el Comandante Fidel Castro, de cualquier perspectiva de lectura (auto)crítica del pasado reciente. “Este XXIV puede tener la misma importancia histórica de los años 90 cuando cayó el Muro de Berlín”, señaló Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro, en una analogía sintomática de las dificultades para pasar del socialismo “del siglo XX” al “del XXI”.


La corrupción está hoy en el centro del debate político y social. Es cierto, como ha apuntado Frederico de Almeida, que asistimos a la expansión internacional de esquemas políticos y legales de combate a la corrupción desde el centro hacia la periferia y que los efectos de las “cruzadas anticorrupción” se vuelven más inciertos cuando se aplican en democracias frágiles, como hoy ocurre en Brasil y podríamos agregar a la Argentina. Pero no es verdad, como se sostiene a menudo, que las luchas anticorrupción sean solo contra gobiernos de izquierda: en Guatemala hubo una lucha de masas contra la descomposición del Estado, hasta niveles de verdadera podredumbre moral, bajo un gobierno de extrema derecha como el del general Otto Pérez Molina; en México, López Obrador ganó con una campaña fundamentalmente “honestista”, y el reciente referéndum anticorrupción en Colombia –boicoteado por Alvaro Uribe– fue motorizado por la izquierda; por no hablar del papel del rechazo social a la corrupción en el nacimiento de fuerzas “amigas” de América Latina como Podemos en España.


A menudo, especialmente en su versión nacional-popular, los progresismos desestiman la cuestión de la construcción de una nueva ética pública como un problema “liberal” propio de almas bellas o de repetidores del discurso de los medios hegemónicos o las agendas imperiales. Sin embargo, es posible identificar un tipo de “republicanismo desde abajo” en toda la región, que incluye una cierta economía moral de lo que debe ser la función pública junto con ideas de alternancia en el poder estatal (como ocurrió en Bolivia en el referéndum de 2016). Que eso sea manipulado por la derecha no puede ocultar que las formas de financiamiento político (y personal) –y los esfuerzos por construir o apoyar a “burguesías nacionales” de maneras opacas y corruptas– debilitaron las credenciales morales de los progresismos y habilitaron que figuras de la “patria contratista” (Macri) o de la banca y las offshore (Guillermo Lasso, en Ecuador) pudieran enarbolar banderas anticorrupción como parte de sus campañas.


En Argentina, Macri ganó; en Ecuador Lasso perdió, pero el vicepresidente correísta Jorge Glas terminó preso por la causa Odebrecht en medio de una guerra política entre Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa –quien, a su vez, habría pedido asilo en Bélgica, donde vive con su esposa–. En Venezuela, a su vez, operó un verdadero saqueo de recursos públicos “por arriba”, reconocido por el propio gobierno y el enraizamiento de una economía política de la ilegalidad “por abajo” que explica, en gran medida, la supervivencia de los sectores populares en medio de la hiperinflación y la escasez. Y en Brasil, Lula Da Silva (casi 40% de apoyo en las encuestas) está impedido de enfrentar en las urnas al neofascista Jair Messias Bolsonaro (alrededor de 22%). La sentencia de 12 años de prisión por el famoso tríplex supuestamente recibido de manos de una constructora es débil y no es difícil percibir en la aversión a su candidatura un antiplebeyismo a flor de piel, sumado al racismo y el clasismo de gran parte de las elites brasileñas. No obstante, como balance político de los gobiernos del PT, no es posible dejar de lado los vínculos opacos con constructoras o frigoríficos, y el papel del propio Lula en la expansión regional de las “translatinas” brasileñas, aprovechando su influencia y prestigio como un soft power –como queda en claro con el reguero dejado por la causa Odebrecht en toda América Latina.


Sin duda, no se puede reducir el ciclo progresista a la corrupción y borrar lo que implicó en el sentido del “derecho a tener derechos” difundido entre los sectores populares. Pero tampoco puede pasarse por alto que, históricamente, el socialismo democrático combinó la demanda de ética pública con la de justicia social y que el desacople de ese binomio terminó por crear un hándicap moral de la izquierda que dificulta seriamente la (re)construcción de alternativas políticas anticonservadoras.


Pero si el “hándicap moral” de la izquierda le lavó la cara a diversos políticos y políticos/empresarios conservadores, existe un “hándicap democrático” que impide denunciar con eficacia los retrocesos democráticos evidentes hoy en la región. Brasil es sin duda un caso alarmante de degradación con consecuencias regionales, como la desaparición de la Unión de Nacionales Sudamericanas (Unasur), e internas, como los crímenes políticos, el aumento de las desigualdades, la pérdida de derechos y la “desdiabolización” de quienes defienden la dictadura militar. El caso de Bolsonaro es un emergente de esta situación, con su discurso fascistizante y discriminador en lo político y ultraliberal en lo económico (lo que atrae a los partidarios de la mano dura y de la destrucción del Estado de bienestar). En Colombia, la violencia estatal y los asesinatos políticos son de más larga data. Pero la falta de crítica a los déficits democráticos de Venezuela –y más aún de Nicaragua– impide construir una vara común para responder ante la politización de la justicia (o judicialización de la política), la represión estatal, los retrocesos institucionales y más en general los recortes de derechos democráticos. Hoy Venezuela es gobernada por una Asamblea Constituyente –por encima de cualquier poder constituido– que opera como un poder de facto sin contrapesos institucionales de ningún tipo. Y el gobierno de Daniel Ortega utilizó grupos parapoliciales para resistir en el poder con un saldo de alrededor de 300 muertos. Todo esto es justificado por la amenaza imperialista.


Es cierto que el imperialismo conspira, pero como lo muestra un reciente artículo de investigación del New York Times, lo hace de manera menos “orgánica”, homogénea y eficaz de lo que parece creer el discurso bolivariano. Lo que no es sorprendente, dado que hoy ocupa la Casa Blanca un presidente acusado de traición a la patria por parte del establishment conservador por su aparente colusión con Rusia en la campaña electoral de 2016 que además está enfrentado con los tradicionales aliados de la OTAN. Denunciar las conspiraciones reales es diferente a utilizar la amenaza imperial como acto reflejo frente a todos los problemas –en su mayor parte de naturaleza endógena–. Por ejemplo, ¿por qué Venezuela está sumergida en caos económico y Bolivia mostró una macroeconomía cuyo desempeño fue elogiado por el Banco Mundial y la prensa económica global? Quizás la gestión de algunas pistas. Pero el actual retroceso de parte de la izquierda hacia la cultura del socialismo real –expresado en simpatías hacia Vladímir Putin– lleva a abandonar la disputa por la democracia contra las visiones que la reducen a la libertad de mercado, la pospolítica o el republicanismo conservador. Y a replegarse en un dudoso y minoritario “pueblo verdadero”.


La ventaja del progresismo es que las derechas regionales carecen de proyectos atractivos para la región, en medio de una incertidumbre global que puso en crisis a los defensores del libre comercio y las modernizaciones neoliberales más clásicas. Pero lo que parece cierto es que el progresismo no “va a volver2 tal como era. Ni el continente es el mismo que el de la “década ganada”. Quizás, el progresismo se jodió cuando dejó de leer bien la realidad. La Tesis 11 invertida.


Pablo Stefanoni
es periodista e historiador, editor de la revista Nueva Sociedad.

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Nadie evalúa aún la gravedad de daños del huracán Trump en EU

Después de advertir a los ciudadanos de las Carolinas que este huracán es "muy mojado desde el punto de vista del agua", rechazar un informe de expertos que calculan que hubo casi 3 mil muertos por el huracán María en Puerto Rico; después de aconsejar a los españoles construir un muro a lo largo del desierto de Sahara; tras arremeter una vez más contra su procurador general, jefes de inteligencia y el fiscal especial que encabeza la investigación sobre la posible colaboración de la campaña electoral del presidente con los rusos, el mandatario estadunidense atacó este jueves a legisladores republicanos por omitir fondos para su muro en la frontera con México, y con ello el huracán Trump sigue golpeando casi todo a su paso sin tregua para evaluar qué tan graves son los daños hasta la fecha.

El nuevo libro de Bob Woodward, Fear, sigue sacudiendo a Washington, no necesariamente porque revele algo desconocido, sino porque intenta resumir lo que se ha vivido durante esta presidencia, sobre todo el temor dentro de la misma Casa Blanca, donde asesores y secretarios del gabinete reconocen que tienen a "un idiota" o un “fucking imbécil” o un "mentiroso" o un "ignorante" como jefe.

"El temor alrededor de su presidencia no tiene nada que ver con su hábil uso de la intimidación, y sí, todo que ver con las consecuencias peligrosas de su comportamiento errático. Al centro de Trump está la necesidad de verse fuerte, lo cual, claro, hace que se vea débil", indica George Packer al comentar el libro en The New Yorker. "Todos los días en la Casa Blanca tienen la sensación de desintegración de los días finales, pero el siguiente día es lo mismo, y el cuento nunca termina".

Vale recordar que Woodward, junto con su colega Carl Bernstein, fueron los reporteros del Washington Post que detonaron el escándalo político conocido como Watergate, que culminó con el fin de la presidencia de Richard Nixon. El fantasma de ese escándalo sigue asustando a Trump y a sus aliados desde que asumió la presidencia.

Este jueves, la versión impresa del New York Times incluye una sección especial de 11 planas llamada El complot para subvertir una elección, un intento de resumir todo lo que se sabe hasta la fecha en torno de la investigación sobre la supuesta intervención rusa en las elecciones estadunidenses y la posible colusión y obstrucción de justicia por el círculo de Trump. En ella se hacen algunas comparaciones con Watergate.

Trump, como Nixon, padece de una creciente paranoia que exhibe casi todos los días al denunciar a los más altos funcionarios de su propio gobierno, casi siempre acusando que son parte de alguna conspiración en su contra. En una entrevista esta semana, afirmó que uno de sus más grandes logros como presidente será revelar lo que llama un "cáncer" de la "corrupción" entre las personas que están investigando su presidencia, y como reportó La Jornada, llegó a decir: "no tengo procurador general", en referencia a Jeff Sessions, quien fue el primer senador en apoyar su campaña, y a quien Trump no perdona por no escudarlo contra la pesquisa federal.

Continuó su ataque contra el fiscal especial Robert Mueller, quien encabeza lo que llamó una "investigación fraudulenta", así como a altos funcionarios de la comunidad de inteligencia y de la FBI, y hasta contra cualquier legislador que se atreva a cuestionarlo.

Los ataques contra su propio gobierno y colegas de su partido ya no son novedosos y este jueves provocó preocupación entre legisladores republicanos al denunciar, en un tuit, que el proyecto de ley del presupuesto elaborado por el liderazgo republicano es "ridículo" por no incluir fondos para su muro fronterizo. El liderazgo de su partido desea evitar un cierre del gobierno –lo cual sucede si no se aprueba la medida sobre gasto federal– antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Mientras tanto, ante tal vez el peor desastre natural en la historia moderna de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, provocado por el huracán Florence, algunos reporteros locales quedaron asombrados por lo que sus colegas a escala nacional han tenido que atestiguar a diario en Washington. Uno reportó que la vista de Trump a Carolina del Norte fue "surrealista", ya que no permitó que ningún funcionario local le informara sobre lo que estaba sucediendo, sino que sólo aceptó las gracias, elogió a encargados de rescate por sus "talentos", afirmó que él había impulsado la economía más dinámica jamás implementada (o sea, no venía al caso) y concluyó preguntando cómo estaba la situación en el Lago Norman, donde tiene uno de sus campos de golf.

Poco antes de viajar a las Carolinas, Trump difundió un videomensaje por Twitter, en el cual declaró que ese huracán es "uno de los más mojados que jamás hayamos visto desde el punto de vista del agua", algo que provocó grandes burlas.

Esto en medio de un estado donde han muerto por lo menos 41 personas, unas 10 mil siguen en albergues, miles de casas han sido dañadas, unas 120 mil familias no tienen electricidad y hay un desastre ecológico con el desbordamiento de desechos tóxicos de la industria agropecuaria por las inundaciones históricas.

Y es justo el primer aniversario de la devastación de Puerto Rico por el huracán María, donde la cifra original de muertes fue de 64, pero los cálculos más recientes de expertos académicos de la Universidad George Washington indican que 2 mil 975 personas perecieron por causas directas e indirectas de la tormenta entre septiembre de 2017 y febrero, pero Trump rehusó aceptar la nueva cifra y acusó que fue fabricada por demócratas para "hacer que me vea mal". Insiste en que la "fantástica" respuesta de su gobierno fue "una de las mejores tareas jamás vistas". Mientras tanto, más de 200 mil puertorriqueños se mudaron a Estados Unidos después de la tormenta, decenas de miles de hogares siguen dañados o destruidos y la infraestructura está más deteriorada que nunca en una isla en bancarrota fiscal, donde la mayor parte de los fondos federales prometidos aún no se entregan.

Los daños del huracán Trump son tema incesante entre las cúpulas y sus observadores en este país, los medios de información están empapados por esta tormenta hasta el punto en que opaca lo que realmente está sucediendo, mientras todos están enfocados en un mandatario que está a veces abiertamente desvinculado de la realidad, y todos los saben.

 

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Costa Rica, atrapada en la mayor huelga en casi dos décadas

Los empleados públicos protestan desde hace 10 días contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Alvarado


La mayor huelga en Costa Rica en 18 años sigue adelante, sin visos de solución a corto plazo. El primer encuentro, este miércoles, entre el Gobierno costarricense y los representantes sindicales de los trabajadores del sector público resultó insuficiente y el movimiento de protesta cumple ya su décima jornada con efectos considerables sobre la prestación de servicios de salud, educación y transportes. Los trastornos también han sido importantes en la distribución de combustible y en la industria turística, motor de la economía costarricense y principal fuente de divisas.


Con los paros, los empleados públicos protestan contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Carlos Alvarado -que limita los beneficios que reciben estos trabajadores, recorta el gasto y aumenta la carga fiscal- y contra el manejo de la política económica, después de que el presidente, del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), lo dejase en manos de figuras conservadoras. Las medidas de presión sindical sobre el Ejecutivo de Alvarado, que solo lleva cuatro meses en el poder, incluye la paralización parcial de servicios públicos y bloqueos esporádicos en distintas carreteras del país centroamericano.


Ante el estancamiento del conflicto, el mandatario costarricense ha decidido este miércoles cancelar su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana para atender la crisis interna y mantenerse al mando del plan fiscal, gran responsable de las iras de los empleados del sector público. Alvarado no se ha movido ni un milímetro de su propuesta fiscal, que continúa su tramitación en el Legislativo. Las medidas son de urgencia: Costa Rica enfrenta su peor crisis tributaria en cuatro décadas y si nada cambia en los próximos meses, el déficit cerrará el año por encima del 7%.


La Unión Sindical, un conglomerado de asociaciones entre las que predominan maestros y trabajadores de los hospitales, ha aceptado sentarse a la mesa con la intercesión de la Conferencia Episcopal. Pero este miércoles por la tarde, el diálogo concluyó temporalmente con un único pacto de ambas partes: volver a reunirse 24 horas después. “Lo más importante es restablecer los canales de diálogo y de comunicación” dijo al acabar el encuentro del ministro de Trabajo, Steven Núñez, en medio de fuertes críticas del sector privado por la supuesta tolerancia del Gobierno ante las medidas de presión sindical y las pérdidas provocadas por la huelga. Las autoridades aún no han cuantificado el efecto económico global de los paros, pero la principal asociación de empresarios ha lamentado los perjuicios “millonarios” causados sobre los transportistas y el impacto en las reservas de hoteles. Las agencias de viajes han reportado hasta un 50% de cancelaciones.


Los mercados, al acecho


El Gobierno de Alvarado reconoce que este no es el proyecto fiscal que desearía, pero sí el que tiene más posibilidades de atender de manera urgente la emergencia fiscal de Costa Rica, a pesar de que solo aportaría una cantidad de dinero equivalente al 1,3% del PIB, un tercio de lo que necesitaría para reequilibrar las finanzas públicas. De no aprobarse, subrayan desde el Ministerio de Hacienda, peligra el pago oportuno de salarios de los funcionarios, la inversión de pública y, por tanto, el ritmo de una economía que se prevé crezca a una nada despreciable tasa del 3% este año.


El plan fiscal gubernamental amplía la cobertura de algunos impuestos y limita ventajas salariales de empleados públicos. El 80% de los efectos recae sobre el 20% más rico de la población, arguye el Gobierno de Alvarado. En esta batalla tiene el apoyo de un sector de la oposición, pero enfrenta el rechazo de otros, incluidos los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN, de base evangélica), que alcanzó la segunda vuelta electoral en abril con el candidato predicador Fabricio Alvarado.


El PAC y sus aliados saben -y repiten- que los mercados financieros miran con lupa las finanzas públicas costarricenses. La deuda supera ya el 50% del PIB, una cifra elevada para la media de los países emergentes. De no tomar medidas, apuntan desde el Gobierno, se puede erosionar gravemente la calidad de vida media de los costarricenses, posicionada entre las mejores de América Latina.


En los 10 últimos días se han registrado brotes de violencia entre manifestantes y policías, incluida una intervención con gases lacrimógenos el martes para reabrir el paso a los puertos del Caribe, vitales para el normal funcionamiento de la economía costarricense. También se han producido intentos de sabotaje de las tuberías de la empresa estatal de combustibles, que han desembocado en el procesamiento judicial de uno de sus empleados. El fin de semana los costarricenses sufrieron desabastecimiento de gasolina en varios puntos del centro del país por el temor de los transportistas de quedar atrapados entre los bloqueos.


“Sabemos que muchos nos critican por los problemas que genera una huelga, pero el Gobierno solo nos ha dejado este recurso. Los empresarios pueden influir sobre los diputados o directamente sobre este Ejecutivo neoliberal. Sin embargo, a nosotros solo nos queda luchar en la calle”, decía, exaltado, el enfermero Marvin Jarquín en declaraciones a EL PAÍS. “Esto lo entienden bien en otros países”. Como él, miles de trabajadores estatales han tomado la calle para protestar por plan de ajustes fiscales que les impone una carga mayor que a otros sectores sociales.

San José (Costa Rica) 20 SEP 2018 - 08:48 COT

 

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Izquierdas y progresismos: la divergencia vista desde allá y desde aquí

Estos son tiempos de perplejidad para muchos. Pocos años atrás se festejaban los avances de gobiernos de una “nueva izquierda” en América Latina, pero ahora hay alarma ante sus derrumbes. En esa perplejidad están inmersos muchos analistas, académicos y militantes, tanto en nuestro continente como en el norte global, que en muchos casos resulta de lo que podrían describirse como miradas “externas” que no siempre logran entender las contradicciones y riesgos que existían “dentro” de nuestros países.

Es necesaria una pausa, retomar análisis que vayan más allá de la superficialidad, sean mas precisos en sus conceptos, entiendan y dialoguen con todo tipo de actores, asumiendo las tensiones, los avances y los retrocesos en los procesos políticos.


El reciente especial de Hemisferio Izquierdo sobre “Bienes Comunes” es una excusa apropiada para un aporte en ese sentido, y en especial la entrevista a Daniel Chávez (1). Este investigador, residente en Holanda y participante del Transnational Institute, reconoce su distancia con los que describe como “críticos al desarrollo” (entre los que incluye a Pablo Solón de Bolivia, Edgardo Lander de Venezuela, Arturo Escobar de EEUU / Colombia, Maristella Svampa de Argentina, y a mí mismo). El cuestionamiento de Chávez apunta a dos componentes de aquella corriente: “su crítica acérrima al rol de Estado y su incapacidad de formulación de propuestas alternativas o superadoras de lo que ellos criticaban”, aunque admite que con los años comprendió que no eran tan “ácidos” y que habían algunas “propuestas”.


Esa entrevista ejemplifica a la corriente de quienes fueron entusiastas defensores de los progresismos, se resistían a entender las contradicciones y en varios casos cuestionaban a quienes elevaban alertas. Ese tipo de posturas prevalecieron por años, y al menos desde mi experiencia, entiendo que en parte se originan desde esa postura de un “exterior” político casi siempre, epistemológico y afectivo muchas veces, y que no lograba reconocer las voces de alerta “internas”. De esa manera no se detectaron a tiempo los problemas, no se corrigieron muchas estrategias políticas, y lo que es peor, de alguna manera, no advirtieron que con eso germinó el regreso de un nuevo conservadurismo en algunos países. El énfasis en defender a toda costa a los progresismos, la disciplina partidaria o la adhesión política acrítica, y los problemas en dialogar con otros actores, seguramente jugó un papel importante en la actual debacle. Por esa razón, esta crisis política está inmersa en otra crisis más amplia, una de interpretación, y que no siempre es reconocida.
Advertencias tempranas


Sin duda los nuevos gobiernos que conquistaron el poder desde 1999, con Hugo Chávez en Venezuela, y que se difundieron en los siguientes años, como Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o el Frente Amplio en Uruguay, implicaron una ruptura con el conservadurismo y las posturas neoliberales. Ese cambio recibió amplios respaldos tanto desde zonas rurales como ámbitos urbanos.


En una etapa inicial, y en especial desde mediados de los años 2000, buena parte de los analistas, militantes e intelectuales del amplio campo de la izquierda celebraron cambios como la reducción de la pobreza o una mayor participación estatal en las estrategias de desarrollo, especialmente vinculada a la administración de recursos mineros o petroleros. Esto es entendible. De todos modos, algunos daban unos pasos más, y sostenían que era próximo el derrumbe de los capitalismos (como se afirmaba al tiempo de la crisis financiera de 2007/8) o que no existía nada a la izquierda de esos gobiernos.


Pero poco a poco comenzaron a elevarse alertas, inicialmente desde algunas minorías y desde localidades rurales (que en varios países correspondían a comunidades campesinas o indígenas). Muchas de ellas expresaban reclamos ante los efectos negativos de ciertos tipos de estrategias, como la explotación minera, petrolero o agrícola. Recuerdo que en año 2007, en el norte de Ecuador, líderes indígenas amazónicos me decían que la contaminación que ellos sufrían era la misma, y nada cambiaba si operaba una empresa estatal o una corporación transnacional. Esos casos mostraban que el desarrollo se organizaba de diferente manera bajo esos gobiernos pero se repetían problemática como los impactos sociales, ambientales y económicos.


Este tipo de circunstancias también se registraba en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil o Uruguay, contradicciones análogas se vivían con la liberalización desenfrenada de transgénicos, la avalancha de agroquímicos, y la proliferación de los monocultivos de exportación.


Cuando se ubica esa problemática en un marco conceptual, se puede argumentar que enfrentamos distintas variedades de desarrollo. En unos casos se organiza de modo conservador, con fuerte participación empresarial y extranjera, tal como ocurría en Chile o Colombia. En otros casos, como Uruguay, Argentina, Brasil o Venezuela, el desarrollo se instrumentaliza en clave progresista, con mayor presencia estatal y un abanico de instrumentos de compensación, sobre todo económicos. Pero en todos los casos se compartían ideas básicas sobre el desarrollo como progreso, crecimiento económico y subordinación exportadora del país como proveedor de recursos naturales.


La obsesión con ciertos parámetros económicos, incluyendo unas ideas simplistas sobre que el mero crecimiento podía generar excedentes que permitirían reducir la pobreza, hacía que incluso aquellos nuevos gobiernos insistieran en profundizar la exportación de recursos naturales para incrementar sus ingresos.


Eran los tiempos de bonanza de los altos precios de las materias primas, como soja, minerales o petróleo, lo que alimentó una notable expansión económica. Bajo esas condiciones se generaban muchos excedentes, y algunos de ellos eran captados por los Estados para, en parte, compensar a grupos afectados. Por ejemplo, si bien el gobierno Lula priorizó el apoyo a la agropecuaria exportadora, especialmente sojera, esa bonanza le permitió proveer de asistencia a pequeños agricultores y movimientos sociales rurales. No resolvió sus problemas estructurales ni avanzó en una reforma agraria, pero apaciguó la protesta en el campo. Algo similar ocurrió en Uruguay. Esas compensaciones disimulaban desarreglos productivos sustantivos, el desplazamiento de prácticas tradicionales de agricultura familiar, y una creciente lista de impactos sociales y ambientales de la agroindustria. Cuando los precios internacionales cayeron, esa compensación económica se resquebrajó, regresaron los cuestionamientos y ya no pudieron disimularse los problemas que permanecían sin resolución.


Los intentos de seguir una senda distinta que podría llamarse un desarrollo de izquierda, que buscara desmontar la dependencia exportadora de materias primas, no fructificaron. Las necesidades de dinero y las tentaciones de aquellos altos precios, reforzó el perfil comercial primarizado en todos los países. La intención de aumentar la captura de excedentes, como ocurrió en la Argentina kirchnerista cuando se elevaron las retenciones a las exportaciones de granos, generó una ola de protestas sociales que forzó a un retroceso gubernamental.


Un caso todavía más extremo ocurrió en Perú, cuando asumió el gobierno Ollanta Humala en 2011 en asociación con varios partidos de izquierda. Su giro progresista chocó a los pocos meses con las exigencias de los sectores empresariales mineros y las necesidades de capital, y al no contar con capacidades para construir una alternativa, terminó recayendo en un extractivismo tan conservador, que se rompió su coalición.

Izquierda y progresismo: dos regímenes


Este breve repaso, sin duda incompleto y esquemático, tiene por finalidad mostrar que esos gobiernos expresaban distintos estilos que de todos modos correspondían a desarrollos capitalistas como proveedores de materias primas. Eso los alejaba de las intenciones defendidas por la izquierda que les dio origen. Las izquierdas latinoamericanas siempre cuestionaron el desarrollo basado en exportar materias primas, y lo concebían como un resabio colonial. El cambio propio de los progresismos es que pasaron a defender esa condición primero como un éxito, y luego como una necesidad. Allí nace en Uruguay, pongamos por caso, la apuesta sojera y luego la obsesión con buscar petróleo, el coqueteo con el fracking o el sueño megaminero del anterior gobierno.


Estas mismas condiciones se repiten en otros terrenos, y como consecuencia se vuelve necesario distinguir entre izquierdas y progresismos. Otra cuestión distinta es si una izquierda crítica del desarrollo hubiese podido ejercer una autonomía frente a ese tipo de desarrollo bajo las condiciones que padecía América Latina; sin duda esto es discutible. Pero mi punto es que esa aspiración dejó de estar en la agenda concreta y real de esos gobiernos, y por el contrario, organizaron justificaciones y explicaciones para seguir siendo proveedores de materias primas. Esa postura, abandonando ese horizonte de cambio, es uno de los elementos específicos del progresismo, y como se dijo arriba ocurre lo mismo en otras cuestiones. Todo ello expresa un regreso a la defensa del “progreso”, por momentos en visiones próximas a las de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.


El desvanecimiento de aquel impulso inicial de izquierda ocurrió de distinto modo y a diferentes ritmos en cada país. Pero en todos ellos la adhesión al desarrollo convencional jugó un papel importante, ya que si, por ejemplo, se persiste en el papel de proveedor subordinado de materias primas, se deben por un lado proteger emprendimientos como minería o petróleo, incluso ante la protesta ciudadana, y por el otro lado, aceptar las reglas de la globalización, el flujo de capital y mercancías, y normas como las de la Organización Mundial de Comercio (2). La viabilidad de ese tipo de exportaciones requiere asumir casi todas las condiciones del capitalismo global.


Ese tipo de factores terminaron conformando lo que hoy conocemos como gobiernos “progresistas”. Por lo tanto, “izquierda” y “progresismo” son regímenes políticos diferentes. Sin duda que el progresismo no es una nueva derecha ni un neoliberalismo, por más que a veces así se lo acusa. Pero tampoco es la izquierda original propia de cada país y del continente. Es también exagerado afirmar que estamos ante un “final” del progresismo (en realidad eso responde casi siempre a una mirada autocentrada de analistas argentinos o brasileños sobre sus propios países, prestándole poca atención a lo que ocurre en Uruguay, Bolivia o Ecuador).


La incapacidad de reconocer a los progresismos como un régimen político distintivo y los análisis incompletos sobre la situación en cada país, debe estar jugando papeles importantes en la perplejidad de muchos analistas, tal como se indicaba al inicio de este artículo. En ellos opera una mirada “externa” que no supo entender los síntomas “internos” que vienen acumulándose desde hace años.
Ese tipo de miradas, sean del sur como del norte, no reconocieran esa divergencia, y siguen insistiendo en que gobiernos como los de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, son la mejor y genuina expresión de una izquierda, y que además es latinoamericana y popular.


Afuera y adentro


La asimilación de los progresismos a una izquierda es esperable por quienes priorizan las adhesiones partidarias, están atemorizados por un retorno de la derecha o se aferran a un cargo en el Estado. Pero más allá de esos casos, se superponen otros análisis donde fallaron los vínculos y diálogos con las comunidades locales. Esto no quiere decir que exista mala intención, pero si es cierto que se desestiman las voces de alerta de ciertos actores.


Siguiendo recorridos como estos, se genera una narrativa sobre el devenir de la “nueva izquierda” latinoamericana que es sobre todo una construcción intelectual basada en artículos y libros, donde la conversación discurre entre las citas bibliográficas. Pero casi no se “escucha” o “entienden” las demandas que vienen desde la base ciudadana, especialmente los más desplazados en sitios marginales, como pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos, indígenas, etc. (y a pesar que buena parte de ellos fueron clave en que esos partidos ganaran las elecciones).


Posiblemente los ejemplos más conocidos de ese tipo de posiciones sean los escritos periodísticos de Atilio Borón o Emir Sader. Lo mismo ocurre con varios análisis producidos desde el hemisferio norte sobre lo que sucede en América Latina. Al leer esa literatura, casi toda escrita en inglés, se tiene la impresión que en nuestros países se vivía algo así como un paraíso de la liberación nacional, y que cualquier crítica era mera expresión de conservadores agazapados que intentaban socavar un experimento popular.


Sea en el norte o en el sur, hay analistas que presentan por ejemplo a José “Pepe” Mujica como el apóstol del ambientalismo por su discurso en las Naciones Unidas, pero nunca entendieron, ni escucharon, pongamos por caso, a las mujeres de la zona Valentines que alertaban sobre los impactos de sus planes de megaminería de hierro. Lo mismo ocurre en los demás países (3).


También se decía que los “críticos del desarrollo” se contentaban con los cuestionamientos pero no ofrecían alternativas. Esa afirmación es otro ejemplo de la escucha incompleta, ya que las alternativas iban de la mano casi desde un inicio con los cuestionamientos a los extractivismos progresistas. Es más, ese esfuerzo, conocido como transiciones post-extractivistas, está en marcha desde hace diez años en los países andinos y ya avanzó hacia otras naciones (4). A diferencia de otras exploraciones, estas alternativas otorgaban especial atención a propuestas concretas, sean en políticas como en instrumentos, desde reformas tributarias a las zonificaciones territoriales. Pero además, esa insistencia en opciones de cambio concreto eran en parte esfuerzos para recuperar una izquierda comprometida con la justicia social y ambiental.


Renovación y raíces


Tanto dentro de nuestros países como a nivel global, hay cuestionamientos al capitalismo global, como los de David Harvey, y defensas de los progresismos criollos, como las de Atilio Borón. Todas ellas pueden tener elementos valiosos. Pero esas miradas a su vez confunden capitalismo con desarrollo, y progresismo con izquierda, y por ello tienen dificultades para entender la crisis actual y para proponer alternativas. Están muchas veces restringidas a los manuales y decálogos políticos europeos o norteamericanos, y no son interculturales.


Constituyen ejemplos de ese “afuera” donde no aparecen los matices o voces interiores, como las de indígenas o campesinos, las de los jornaleros informales en los campos de soja bolivianos, o las de las negras colombianas que resisten la minería de oro. De ese modo, esa “exterioridad” pierde lo específicamente latinoamericano que se esperaría en una crítica desde nuestro continente. Los análisis de coyuntura se han debilitado, y se escapan las particularidades nacionales y locales.


Así se termina confundiendo al progresismo con la izquierda. Del mismo modo, se esquiva el espinoso análisis de cuáles son las responsabilidades de esos progresismos en generar el nuevo conservadurismo que ahora se observa, por ejemplo, en Argentina o Brasil (5). Entonces, no puede sorprender la perplejidad ante la actual crisis.


Una postura muy distinta es la crítica que se hace desde el “adentro”, y que podría describirse como “enraizada”, para tomar una imagen del colombiano Orlando Fals Borda (6). En lugar de excluirlos, se busca un diálogo con las alertas, las visiones o los reclamos locales, especialmente con quienes son directamente afectados por el desarrollo o usualmente marginados cultural y políticamente. Es un “adentro” que acepta la interculturalidad, respetando otros tipos de saberes y otras sensibilidades ante el mundo social y natural. Sin duda habrá posiciones distintas, acalorados debates, y otro tipo de contradicciones, pero será una construcción más cercana a nuestras circunstancias. Por todo esto, una renovación de lo que sería unas “izquierdas” que estén ajustadas a América Latina y al siglo XXI, deben estar social y políticamente situadas, dialogar con todos los actores y sus saberes, y entender los contextos históricos y ecológicos.

Por Eduardo Gudynas*
Hemisferio Izquierdo
*investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.


Notas


1) "El Estado tiene un papel muy importante que asumir en América Latina, pero también ya es ahora de que la izquierda de la región abandone la añosa visión estado-céntrica y que se abra a perspectivas como las de los comunes". Entrevista a Daniel Chavez, Hemisferio Izquierdo, 26 Julio 2018, https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/07/26/El-Estado-tienen-un-papel-muy-importante-que-asumir-en-Am%C3%A9rica-Latina-pero-tambi%C3%A9n-ya-es-ahora-de-que-la-izquierda-de-la-regi%C3%B3n-abandone-la-a%C3%B1osa-visi%C3%B3n-estado-c%C3%A9ntrica-y-que-se-abra-a-perspectivas-como-las-de-los-comunes-entrevista-a-Daniel-Chavez
2) Tan solo a modo de ejemplo sobre los debates acerca de los progresismos, entre las primeras alertas se destaca: El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas Sudamericanas, por M. Saint-Upéry, Paidós, Barcelona, 2008. Más recientemente, ver distintas opiniones en:
El correismo al desnudo, A. Acosta (ed), Montecristi Vive, Quito, 2013.
Mito y desarrollo en Bolivia: el giro colonial del gobierno del MAS, por Silvia Rivera Cusicanqui, Plural, La Paz, 2015.
Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo, por varios autores, Entre Pueblos, Barcelona, 2016.
As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, por A. Singer e I. Loureiro (orgs), Boi Tempo, São Paulo, 2016.
3) En el caso de Uruguay se vaticinaba que la llegada del Frente Amplio lanzaría un nuevo “modelo de desarrollo”, y más allá de la ambigüedad sobre el significado del término “modelo”, es evidente que eso no ocurrió. Véase sobre esa predicción: Tercer Acto. La era progresista. Hacia un nuevo modelo de desarrollo, por A. Garcé y J. Yaffé, Fin de Siglo, Montevideo, 2055.
4) Distintos documentos sobre alternativas a los extractivismos y al desarrollo en el sitio www.transiciones.olrg
5) Una ilustración de esa problemática resulta de comparar dos libros del politólogo argentino José Natanson: en 2008 prevalecía un cierto triunfalismo con lo que denominó como “nueva izquierda”, y en 2018 se analizan algunas razones del colapso kirchnerista y el triunfo del macrismo.
La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Boolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Debate, Buenos Aires, 2008; ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, Siglo XXI, Buenos Aires, 2018.
6) Hacia el socialismo raizal y otros escritos, por Orlando Falsa Borda, CEPA y Desde Abajo, Bogotá, 2007.

Fuente: https://www.hemisferioizquierdo.uy/

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Viernes, 31 Agosto 2018 08:08

Sin vía libre

Sin vía libre

Los cubanos tardaron más de un año en enterarse del decreto-ley que privatiza trenes en su país. Capitales extranjeros podrán explotar el servicio de los ferrocarriles sin exigencias de reinvertir parte de sus ganancias en el mantenimiento de las vías.

 Entre naves solitarias y filas de vagones desvencijados a la espera del desguace, varios hombres desmantelaban, en los talleres ferroviarios de Camagüey, una casilla de tren para el transporte de caña de azúcar. Con las planchas y vigas que de ella obtuvieran, comenzarían luego a reparar un par de coches de pasajeros estacionados en una vía cercana. Tal escena fue presenciada por este corresponsal un año atrás, mas todavía sirve para ilustrar el estado en que se encuentran los otrora poderosos ferrocarriles cubanos.


En los talleres ferroviarios de Camagüey funcionaba en una época el más importante complejo industrial del sector en el país y uno de los más modernos de América Latina. Hoy el sitio semeja un gigantesco cementerio fabril.


GRANDES INVERSIONES, POCOS RESULTADOS.


El 22 de agosto pasado La Habana anunció una profunda reforma de su legislación ferroviaria. “Este reordenamiento legislativo propone que el ferrocarril pueda ser explotado en todo o en parte, por uno o varios operadores (…) pudiendo tratarse de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera”, detalló durante una conferencia de prensa el asesor jurídico del Ministerio de Transporte, Edmundo Ronquillo.


Como en muchos otros asuntos esenciales para la sociedad y la economía nacionales, las nuevas disposiciones fueron emitidas bajo la forma de un decreto-ley (el 348), sin pasar por ninguna de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).


La precipitación por modificar el marco regulatorio del sector ferroviario contrasta con la lentitud de su publicitada “recuperación”. En los últimos 13 años, más de 1.000 millones de dólares se han invertido en la Unión de Ferrocarriles de Cuba (Ufc), sin conseguir un éxito tangible. Más bien lo contrario. De los siete trenes nacionales de pasajeros que recorrían la isla en 2005 hoy sólo permanecen en activo tres, todos con condiciones deplorables en cuanto al estado de sus coches y la calidad del servicio; un viaje desde la ciudad de La Habana a Santiago –puntos extremos del país– demoraba, a mediados de la década de 1980, cerca de 12 horas, en la actualidad salvar esa distancia puede demandar más del doble de tiempo.


Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información dan cuenta del acusado descenso del número de viajeros, que en 2016 se cifró en 7,8 millones de personas, un 11 por ciento menos que el año anterior y lejos del récord de 33 millones de personas trasladadas en 1992. Aunque en el mismo período la transportación de cargas creció un 30 por ciento (hasta alcanzar 16 millones de toneladas), ese monto no basta para justificar el optimismo, pues la demanda nacional exigiría una capacidad de embarques dos veces superior.


POLÍTICA “MILITAR”.


Resulta casi imposible saber cómo se usaron esos 1.000 millones de dólares invertidos como parte de la campaña que lanzó Fidel Castro, a comienzos de este siglo, para el “rescate de nuestros ferrocarriles”. El dinero provino de préstamos a bajo interés otorgados por los gobiernos u organismos paraestatales chinos, rusos e iraníes, pero las negociaciones se realizaron sin que los detalles de los acuerdos fueran abordados por la prensa oficial o informados a los diputados de la Asamblea Nacional, y desde entonces tampoco se ha hecho pública ninguna rendición de cuentas de esas inversiones. Ya en 2010, al expulsar al ministro de Transporte Jorge Luis Sierra Cruz, el propio gobierno reconocía en Granma haber gastado más de 600 millones de dólares en una “recuperación (de la ferrocarrilera) que no había reportado los beneficios esperados”.


“Aun cuando se pudo disponer de recursos financieros para este sistema de transporte a lo largo de estos años, ellos sólo cubrieron una pequeña parte de lo que realmente necesitaba para la total recuperación”, justificaba a comienzos de 2016 Ronald Bofill Peña, entonces director delegado para la Ufc del Ministerio de Transporte y ahora máximo responsable de la Administración del Transporte Ferroviario (Atf). Un año después, en agosto de 2017, al rendir cuentas ante la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, Adel Yzquierdo Rodríguez –actual ministro de Transporte– pasaba página a esos acontecimientos, concentrando sus explicaciones en los nuevos planes que habrían de emprenderse hasta 2028. Ninguno de los diputados le reclamó detalles sobre las finanzas del período precedente.


El crecimiento de la burocracia ha sido otra consecuencia del interminable proceso de reformas que atraviesan los ferrocarriles cubanos. A comienzos de la última década, el sector experimentó dos reorganizaciones profundas y estableció un sistema definido más tarde como “paramilitar” por el general retirado Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe de la poderosa Comisión para la Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido. Uno de sus frutos fue el programa de rescate y conservación de líneas ferrocarrileras, a cargo de unos 2 mil soldados del Ejército Juvenil del Trabajo. Y con ese enfoque castrense fue designado como primer director de la Atf (en 2015) el general de la reserva Antonio Enrique Lussón Battle, propuesta que en su momento levantó no pocos cuestionamientos debido a su mal desempeño como ministro de Transporte, a comienzos de los años ochenta.


CALIDAD MADE IN CHINA.


En 2015 la Ufc calculaba que alrededor del 75 por ciento de sus más de 8.200 quilómetros de vías necesitaba reparaciones de mediana o gran envergadura. Pese a los millones de dólares gastados en la actividad, la mayor parte de la llamada línea central y la casi totalidad de los ramales secundarios siguen en malas condiciones. Una nota reciente de la Televisión Cubana apuntaba que en más de la mitad de los 900 quilómetros de la línea central los trenes no pueden superar los 60 quilómetros por hora. Otros circuitos –como la estratégica línea norte, esencial para la comunicación de la región central de la isla– se encuentran parcial y completamente inutilizados.


“El problema no ha sido tanto la falta de capital como su inadecuado empleo”, explicó a Brecha un ingeniero que lleva más de tres décadas al servicio de la Ufc. “Por ejemplo, hace diez años se compraron unas cien locomotoras en China. En teoría, todas cumplirían exigentes controles de calidad; en realidad, ocurrió todo lo contrario. A muchas de aquellas máquinas hubo que cambiarles las ruedas, pues el acero con el que estaban hechas era de muy baja resistencia y se desgastaban al poco tiempo de uso. Otro ‘error’ parecido ocurrió con las planchas y los vagones de carga adquiridos en Irán, que pudieran haberse encontrado más baratos y con mejores prestaciones en Rusia. Como se supo después, varios de nuestros proveedores ensamblaban sus equipos empleando componentes rusos; es decir, estábamos pagando sobreprecio a unos intermediarios. Ninguno de los representantes cubanos en esas negociaciones rindió cuentas por tamañas irresponsabilidades, que terminaron costándole al país millones de dólares.”


¿PRIVATIZACIÓN O REFORMA?


Más de un año demoró en hacerse público el decreto-ley 348. Pese a contar con la tradicional unanimidad de sus compañeros en el Consejo de Estado, el entonces presidente Raúl Castro esperó por un contexto propicio para anunciar lo que constituye la virtual privatización de los ferrocarriles cubanos.


Lo singular del acontecimiento fue oportunamente solapado por la prensa oficial, que centró sus coberturas en las compras de equipos que se realizarán gracias a un crédito ruso, en los detalles de otra línea de financiación aprobada por Francia (a través de empresa estatal Sncf) y en los cursos de capacitación que comenzarán a impartirse para los más de 21 mil trabajadores de la Ufc.


Ha sido más allá de fronteras donde se ha insistido en las connotaciones privatizadoras del “348”. Hasta ahora, la ley de inversión extranjera cubana sólo otorgaba el derecho de explotación “total” a una empresa foránea cuando la entidad a su cargo radicaba en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (unos 30 quilómetros al oeste de La Habana). Fuera de esa zona franca, los emprendimientos extranjeros se hallaban sujetos al llamado principio del “49 por 51”, con el cual el gobierno cubano se reserva la mayoría en los paquetes accionarios de las empresas con capital mixto. El nuevo decreto ley exonera de tal exigencia a las empresas operadoras del sistema ferroviario.


TRENES PRIVADOS, VÍAS PÚBLICAS.


A la luz de esta reforma cobra sentido la excepcional propuesta realizada en noviembre pasado por la compañía rusa Rzd Internacional (de capital publico y privado), que durante la Feria de Comercio de La Habana ofreció 1.000 millones de euros “para colaborar en la actualización del sector ferroviario cubano”. El director de proyectos de esa entidad europea apuntó (Agencia Cubana de Noticias) que el contrato definitivo debería estar listo para su firma al cierre de 2017, aunque poco más se supo del proyecto. De acuerdo con lo planteado en aquel despacho, el acuerdo podría mantenerse en vigor hasta 2030.


Cualquiera sea el caso, siempre que sea posible el gobierno cubano intentará favorecer a corporaciones de países “afines”, como Rusia, China o Brasil, en la otorgación de permisos para operar los ferrocarriles. Con particular énfasis las autoridades descartaron la posibilidad de que cubanos de dentro o fuera de la isla puedan presentar propuestas que vayan más allá de la operación de coche-motores en recorridos locales. El privilegio otorgado a los capitales extranjeros tiene un trasfondo político: el temor a la naciente burguesía criolla y la diáspora cubana –en especial la radicada en Estados Unidos– que invierte en Cuba.


Todavía es difícil estimar las repercusiones que tendrá la nueva legislación. Pero hay algunos indicios. De momento el único convenio de explotación del que se conocen detalles es el suscrito con la francesa Sncf.

Según la información divulgada por Granma se trata de una inversión de 40 millones de euros destinados a la reconstrucción parcial de los talleres ferroviarios de Luyanó (en La Habana) y Camagüey, y el rescate del llamado “tren francés”, un tren expreso que a principios de los dos mil enlazaba Santiago con La Habana y que fue el único tren que podría considerarse de lujo en Cuba (el único que tenía climatización en los vagones). La empresa francesa recuperaría y explotaría ese servicio que dejó de funcionar a mediados de los dos mil, pero el Estado cubano no le exige ninguna contrapartida a la empresa en términos de reinversión para el mejoramiento de la infraestructura vial, que es patrimonio de los cubanos. La inversión en mejoramiento y mantenimiento de las vías de tren correría por cuenta del Estado cubano, sin que éste pueda reclamar para esta tarea parte de las ganancias que genere Sncf operando las vías. El nuevo decreto-ley no establece ninguna exigencia de reinversión en infraestructura vial a contrapartes extranjeras.
Que parte del capital galo será destinado a la reconstrucción de los talleres ferroviarios de Camagüey no alcanzó para despertar el optimismo de un mecánico de la última de esas instalaciones: “Una parte del problema está en los recursos, pero la mayor tiene que ver con los bajos salarios. Por eso, de los trenes se han ido los que más sabían, y en los talleres sólo vamos quedando los viejos”, confesó a Brecha.

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Siete veces SÍ. Pero no hubo suficiente gente que lo dijera

Era un ejemplo de lo que debe ser la democracia participativa, una oportunidad para darle la voz de los votos a la ciudadanía en un tema tan importante como la lucha contra la corrupción.


El domingo 26 de agosto Colombia ha vivido una jornada especial, más de treinta y seis millones de ciudadanas y ciudadanos colombianos estaban convocados a votar en contra de la corrupción. Pero solamente lo hicieron algo más de once millones y medio de personas, apenas el treinta y dos por ciento. La desidia, la indiferencia, la poca confianza en las instituciones y las dudas sobre la validez de la consulta pueden haber sido algunas de las causas para que la democracia haya perdido el tren en el país con la democracia más antigua de América Latina.


Después de este día no servirá de nada quejarse, ahora tocará “tragar entero” todo lo que nos caiga encima. La tuvieron ahí, como el penalti para ganar la copa del mundo de la participación democrática, y Colombia ni siquiera saltó al campo. Se quedó en los vestuarios esperando que otras y otros hicieran las cosas, y así no habrá manera.


Tal vez pueda parecer un sinsentido que haya que promover una consulta popular para decir NO a la corrupción, que debería estar asumido que la corrupción no puede formar parte de una sociedad democrática, pero no es tan así y por eso se emplazó a la población a decir radicalmente en las urnas que no se acepta la podredumbre de lo público a manos de unos gobernantes que llevan décadas acostumbrados a hacer de la política su cortijo particular para el enriquecimiento ilícito.


Pero visto lo visto, a mucha gente (más de veinticuatro millones de personas que no han acudido a las urnas) le importa un carajo que la estafen, que la roben, que le exijan sacrificios mientras unos cuantos se lucran a su costa. Ha sido un fiasco en toda regla. La ciudadanía no ha ejercido como tal, ha agachado la cabeza, ha metido el rabo entre las piernas y ha dicho adiós a la transparencia, a la honestidad y por ende a la democracia.

En este mundo de memes y de imaginación digital, que parece difícil de llevar a la realidad para que se concreten las acciones, no faltan las referencias a esta debacle del gobierno de la mayoría por medio de un simple y sencillo ejercicio de votación. Uno de esos memes reza así: “Había una vez un país tan corrupto que se necesitaban más votos para tumbar la corrupción que para elegir presidente”.


Eso parece este país, un cuento. Una tragicomedia alrededor de una farsa en la que se culpa a la política y a los políticos de un guion del que tal vez sea más culpable el pueblo por su dejadez, su pasotismo, su “qué más da”. Un pueblo que se flagela para purgar las culpas pero sigue pecando y bajando a los infiernos por su pobreza de espíritu y su falta de compromiso social y político. Colombia parece una fábula escrita para seguir repitiendo los desastres, para mantener la violencia por encima de la paz, la corrupción antes que la honradez, la indiferencia por encima de la solidaridad o la sospecha por delante de la confianza.


Hasta el actual presidente, del que no queremos imaginar qué marcó en el tarjetón, pedía, al momento de ejercer su derecho al voto, unidad a la ciudadanía para combatir la corrupción porque ésta “no es una causa de color político”. Pero la población no le ha hecho caso.


Esta diatriba no va contra aquellas personas que han participado, independientemente de lo que hayan marcado en la papeleta, sino contra la ignorancia y la estulticia de quienes no han sabido ver la importancia de una consulta como la que ha tenido lugar hoy. Porque once millones y medio de colombianas y colombianos, más de los que votaron a favor del actual presidente, sí han creído que era posible combatir la corrupción y defender, de una u otra manera, la paz, la democracia y la posibilidad de cambio.


La llamada consulta anticorrupción nació de una propuesta de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes presentaron la iniciativa tras haber recogido más de cuatro millones y medio de firmas ciudadanas entre enero y julio de 2017. La propuesta había sido sancionada mediante decreto presidencial, después de ser aprobada unánimemente por la plenaria del Senado con ochenta y cuatro votos a favor y ninguno en contra. ¿Cómo puede ser que haya habido más compromiso entre la clase política, con todas sus falencias y corruptelas, que entre la ciudadanía?


Esta convocatoria ha supuesto la primera ocasión en que se realiza a nivel nacional una consulta popular desde que quedara legislada en la Constitución Política de 1991. Eran necesarios un mínimo de 12,1 millones de votos, un tercio del censo electoral, para que tuviera validez. Y cada una de las siete propuestas planteadas requería de seis millones ciento treinta mil papeletas con el “sí” para ser aprobada y convertirse en norma.


La consulta tenía siete preguntas en el tarjetón de votación que había que marcar con un “sí” o un “no” en cada una de ellas. Una era reducir el salario de congresistas de cuarenta a veinticinco salarios mínimos vigentes al mes (en 2018 es de $781.242,- pesos). Es decir, que se pide dejar a estos políticos con un salario mensual de “tan solo” diecinueve millones y medio de pesos.


En días anteriores a la votación, las redes virtuales se habían llenado de falsedades alrededor de la consulta buscando minar la participación y evitar su aprobación. Mentiras como que por cada voto las personas convocantes se llevarán cinco mil pesos, algo que no se da al ser una consulta llevada a cabo sin recursos del Estado, lo que no implica devolución de dinero.


A la legislación colombiana le faltan normas que permitan claramente, por ejemplo, que el Estado pueda dar por terminado un contrato de forma unilateral. Tampoco cuenta con mecanismos de control y sanción a la labor de las y los legisladores. No hay leyes estrictas que condenen a penas de cárcel a corruptos y que se les prohíba seguir contratando con el Estado.


Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, el país perdió por la corrupción, en el período 1991-2011, el 4 % del PIB. Eso supone un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual).


Una vez más ha vuelto a ganar la abstención. Los siete mandatos, que en caso de haberse aprobado hubiesen sido de obligado cumplimiento por parte del Estado estableciendo su aplicación en el plazo máximo de un año, quedarán en los anales de la historia política, y tal vez jocosa, de este país.


De momento, ninguna de esas siete propuestas en forma de preguntas podrán cumplirse. La población no ha aprovechado la ocasión y la corrupción podrá seguir campando a sus anchas. Pero ojalá sea, como ha publicado Daniel Samper Ospina, el comienzo de un “silencioso movimiento ciudadano que se levantó sin ruido para pedir que el país cambie”. La maquinaría sigue siendo la gente, así que seguiremos apostándole a otra Colombia posible.

26AGO2018

J. Ignacio *"Iñaki" *Chaves G.

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A medio siglo del fin de la Primavera de Praga

En la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, hace exactamente 50 años, las tropas del Pacto de Varsovia dirigidas por la Unión Soviética, ponían fin al proceso de reformas checoslovaco. La llamada Primavera de Praga fue el intento de construir, en palabras de su líder Alexander Dubèek, un “socialismo con rostro humano”.


Durante la década del 60 todas las economías de los países del bloque soviético venían enfrentado de manera cada vez más pronunciada una serie de problemas: la prioridad otorgada a la industria pesada exigía posponer otro tipo de inversiones, cada año la producción crecía a menor ritmo a pesar del aumento de las inversiones, los bienes de consumo eran limitados en cantidad y variedad, el nivel de vida empezaba a estancarse en comparación con el de Europa occidental.


La transición de un crecimiento de tipo extensivo a uno intensivo fue un problema que afrontaron todas las economías del bloque soviético en algún momento. Sin embargo, al ser la economía de Checoslovaquia la única altamente industrializada desde antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí el problema se presentó antes que en cualquier otro país.


La reforma checoslovaca buscaba relanzar la economía, evitando la rigidez de la planificación centralizada e incentivando la participación. La burocracia administrativa debía ceder una parte significativa de su poder y las empresas pasarían a ser controladas por los consejos obreros, órganos cuya creación se reglamentó a principios de 1968. Era un proyecto más radical que el realizado en Yugoslavia, donde el Partido conservaba el poder de nombrar y destituir a los directores, y por lo tanto, seguía manteniendo el poder de control sobre las empresas. Se buscaba construir no sólo un modelo económico que tuviera en cuenta las necesidades concretas de la población en el presente sino involucrar a los ciudadanos en una mayor toma de decisiones: el corolario necesario era limitar el poder de censura del partido y otorgar mayores libertades políticas.


Hace cincuenta años también se produjo el Mayo Francés, hecho mencionado recientemente en numerosos medios y ámbitos. Sin embargo, el intento de introducir reformas en uno de los países del “socialismo realmente existente” es prácticamente ignorado. Las razones son múltiples.


Cualquier movimiento en Europa Occidental tiene más repercusiones que en otras partes, incluso que en otra lugar de la propia Europa. Pero no menos importante en esta amnesia selectiva es que recordar estos intentos de reforma implicaría considerar la posibilidad de que el socialismo soviético era capaz de ser reformado y por lo tanto, podría haber existido un modelo viable con un predominio de la propiedad pública.


Hace cincuenta años las tropas de los países del Pacto de Varsovia (la versión comunista de la OTAN) puso punto final al “socialismo con rostro humano”. El único modelo imperante a partir de entonces en Europa Oriental sería el socialismo con rostro de burócrata. Poco más de dos décadas después ni siquiera eso quedaría en Europa Oriental.


A veces se dice que a fines de los 60 hubo una ebullición social en Europa, a ambos lados de las fronteras que separaban a los bloques. Sin embargo no se puede poner como similares el Mayo francés y la Primavera de Praga. En el primer caso, por más impactantes que fueran sus consignas, el movimiento estudiantil en Francia no pudo articular una acción común con los sindicatos: fueron vistos como un reclamo de sectores de clase media, alejados de los problemas reales de la mayoría de la población. Por eso mismo fue un vendaval que removió algunos personajes de la escena política, pero el sistema capitalista siguió poco después por sus cauces naturales.


Por el contrario, el movimiento que se dio en Checoslovaquia no solo llegó a tener amplio respaldo popular sino que se intentó desde los principales puestos del aparato estatal llevar adelante sus propuestas. Era una auténtica revolución en marcha. Por eso la represión de la Primavera de Praga trazó una división tajante entre la burocracia del partido comunista de Checoslovaquia y sus aliados soviéticos de un lado, y la amplia mayoría de la sociedad por el otro.


El temor al contagio de la reforma entre la dirigencia de los otros países socialistas llevó a frenar cualquier intento de cambios que cuestionaran los efectos negativos de la burocratización sobre la economía. Así, mientras en Occidente la crisis del 73 fue de la mano de profundas modificaciones en el aparato productivo (relocalización de empresas, ahorro de energía y mano de obra, producción sectorizada para consumidores con poder adquisitivo diverso, etc) en Europa Oriental se mantuvo la lógica heredada de la planificación centralizada: priorizar las inversiones en la industria pesada, producción estandarizada para un público uniforme, uso extensivo de mano de obra y energía en pos de lograr las cuotas de producción. El conservadurismo ancló la economía a un modelo cada vez más obsoleto.


La invasión se justificó con la Doctrina Brezhnev, la cual sostenía que cualquier país donde el socialismo estuviera amenazado y se pretendiera reinstaurar el capitalismo, sería socorrido por las fuerzas de los demás países socialistas. Fue la misma lógica que llevó a la Unión Soviética a intervenir militarmente en Afganistán. Sin embargo, en Checoslovaquia no era el socialismo lo que estaba en peligro, sino la burocracia que se había consolidado en el poder bajo las banderas del socialismo.


La invasión no sólo alejó a las masas de Europa oriental definitivamente del socialismo sino que alejo a los partidos comunistas también de Moscú y del bloque soviético: el eurocomunismo fue el intento de marcar una distancia con los aspectos cuestionables de los regímenes imperantes en Europa Oriental.


Pero el aplastamiento del experimento representado por la Primavera de Praga también terminó por quitarle respaldo a las propuestas de izquierda en general. El ascenso del neoliberalismo pocos años después está vinculado directamente a la imposibilidad de presentar un modelo más sensible a las demandas que se extendían por Occidente: menos de un cuarto de siglo después del fracaso de la Primavera de Praga, el “socialismo con rostro humano” no fue reemplazado por un socialismo burocrático, sino por un capitalismo hegemónico sin rostro.


* Investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio (Untref) y docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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